Nuevo varapalo para los bolsillos de los contribuyentes y, de nuevo, Hacienda como brazo ejecutor.

El Ministerio, que desde hace apenas dos semanas está presidido por Arcadi España, se niega a ajustar la tarifa estatal del IRPF a la evolución de la inflación y los salarios. Una decisión que notarán y mucho, los ciudadanos este 2026

Y es que, aunque los salarios han crecido en los últimos años para hacer frente al aumento del coste de la vida tal y como refleja la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada por el INE, este incremento no se refleja ni se va a reflejar en una mayor capacidad real de gasto.

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En la práctica, muchos contribuyentes están soportando una presión fiscal más elevada. De hecho, en la campaña del IRPF correspondiente a 2026, el sobrepago oscilará entre 250 y 2.160 euros dependiendo, claro está, del nivel de ingresos de cada persona.

¿Qué ocurre con las rentas de 25.000 y 30.000 euros?

El resultado varía según el territorio. Según cálculos realizados por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), para un contribuyente con una renta anual de 25.000 euros, el incremento de la carga fiscal se sitúa entre 250,73 euros en la Comunidad Valenciana y 263,37 euros en Extremadura. 

Este diferencial cuantifica el sobreesfuerzo tributario derivado de la no actualización de los parámetros del impuesto —tramos, mínimos personales y deducciones— conforme a la evolución de la inflación. Es decir, la brecha existente frente a un escenario en el que el IRPF estuviera debidamente deflactado.

En otras comunidades como Madrid o Cataluña, la cifra se sitúa en 253,26 y 252,31 euros respectivamente.

Mientras que si los ingresos alcanzan los 30.000 euros, el impacto sigue creciendo. En Extremadura, los contribuyentes siguen a la cabeza teniendo que pagar 352,03 euros más.

En Cataluña la cifra rondaría los 347,29 euros, mientras en Andalucía, Aragón o Comunidad Valenciana, el sobreesfuerzo se situaría próximo a los 344 euros. También en regiones con menor presión relativa, como Madrid, la diferencia supera los 337 euros.

A partir de 45.000 euros de ingresos, el incremento fiscal supera los 500 euros

Y la cifra sigue subiendo. A partir de los 45.000 euros, el incremento fiscal ya supera sin parangón la barrera de los 500 euros. En Extremadura, este exceso aumenta hasta los 533,71 euros, en Asturias se sitúa en 528,02 euros y en Cataluña en 527,39 euros.

En la mayoría de territorios, incluyendo Andalucía, Aragón, Canarias o Castilla y León, la cifra ronda los 525 euros. Por su parte, en Madrid, el contribuyente paga 522,34 euros más de lo que correspondería si el impuesto estuviera adaptado a la inflación.

Las rentas altas se mueven entre los 700 y los 2.100 euros

El efecto se magnifica exponencialmente en los tramos superiores. Para ingresos de 70.000 euros anuales, el sobrepago se sitúa entre 750,97 euros de Baleares y los 769,93 euros de la Comunidad Valenciana. En la mayoría de regiones, la cifra ronda los 760 euros.

En el extremo más top de 400.000 euros, el impacto supera los 2.100 euros en todos los territorios. Sobresaliendo la Comunidad Valenciana con 2.163,36 euros, La Rioja con 2.155,46 euros y Asturias o Canarias con 2.152,30 euros. Tampoco se libra la capital de España con 2.134,92 euros adicionales.

La llamada “progresividad en frío” que explica el aumento fiscal

Esta subida se debe a un mecanismo conocido como “progresividad en frío”.  Y sucede cuando los tramos del impuesto y los mínimos personales no cambian, a pesar de que aumentan los salarios y los precios.

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O dicho de otra manera, los contribuyentes progresan en la escala tributaria pero con menor capacidad de compra real.

En este sentido, la situación es más llamativa si cabe si se tiene en cuenta que los salarios han crecido un 18,1% entre 2022 y 2026, según datos de la Estadística de Convenios Colectivos del Ministerio de Trabajo.

A este impacto se suma que tampoco se han revisado ni el mínimo personal ni los 2.000 euros vinculados a otros gastos deducibles, pese a que el IPC con base en 2025 acumula un incremento del 15,8%.

España no cuenta con una ley o con un mecanismo automático que deflacte el IRPF cuando el IPC se dispara

Es importante tener en cuenta una cosa. Actualmente, España no dispone de un mecanismo automático que ajuste el IRPF a la inflación, a diferencia de otros países de la Unión Europea como Francia, donde existen fórmulas legales para evitar que el aumento de precios eleve la carga fiscal real. De hecho, las ocasiones en las que sí se ha aplicado la deflactación del impuesto a nivel estatal han sido muy puntuales.

La primera se produjo en 1998, bajo el Gobierno de José María Aznar, con el objetivo de neutralizar el efecto del IPC sobre los tramos del impuesto y evitar que las subidas salariales derivaran en un mayor esfuerzo fiscal.

Posteriormente, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó dos ajustes. El primero con el Real Decreto 2354/2004 del 23 de diciembre en 2005, mediante la actualización de los tramos conforme a una inflación cercana al 2%. Y el segundo en 2007 eon la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, en un contexto de revisión del sistema fiscal y de mejora del poder adquisitivo.

La última deflactación estatal tuvo lugar en 2015, ya con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, a través de una modificación de la escala de retenciones que incorporaba un ajuste aproximado del 2% en los tramos del IRPF.

Desde entonces, no se han vuelto a aplicar medidas similares a nivel estatal, aunque algunas comunidades autónomas han introducido ajustes parciales en sus tramos propios.

Estas tienen capacidad para actuar sobre el IRPF sí, pero de forma limitada, ya que solo controlan el tramo autonómico mientras el estatal depende del Gobierno central. 

Esto les permite ajustar tipos, tramos o mínimos, pero no deflactar el impuesto en su totalidad. Entre 2022 y 2024, varias regiones como Madrid, Andalucía o Galicia aplicaron deflactaciones parciales para mitigar la inflación. Sin embargo, su impacto ha sido reducido porque la mayor carga fiscal sigue vinculada al tramo estatal, sin actualizar desde 2015.

Y sale ganando Hacienda elevando su recaudación

El efecto más inmediato de la progresividad en frío ha sido un incremento significativo de la recaudación fiscal por parte de Hacienda.

Al crecer los salarios en términos nominales sin que el impuesto se adapte, la Administración obtiene mayores ingresos sin introducir cambios explícitos en los tipos impositivos.

De hecho, una parte relevante de los máximos históricos de recaudación registrados en los últimos años, especialmente en 2025, se explica por este mecanismo.

A este contexto se añade un giro importante que tiene que ver con las diferentes autonomías: la deflactación del IRPF prácticamente ha desaparecido. En los momentos más duros de la inflación, muchas comunidades -en su mayoría gobernadas por el Partido Popular- ajustaron sus tramos para aliviar la carga fiscal.

Sin embargo, esa estrategia se ha abandonado. Con un IPC más moderado en 2025, los territorios dejaron de aplicar estas medidas y, en 2026, según los datos más recientes del REAF, la tendencia se ha consolidado sin apenas excepciones.

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Los datos son claros: España se sitúa en 2026 entre los países desarrollados con mayor presión fiscal sobre las rentas más elevadas. El tipo marginal máximo del Impuesto sobre la Renta alcanza el 54% si se suma el tramo estatal y el autonómico en determinadas comunidades.

Se trata de una cifra que coloca al país claramente por encima de la media europea y también por encima de los estándares habituales de la OCDE.

La distancia respecto al promedio continental, que ronda el 38% en los tipos más altos, supera los veinte puntos porcentuales.

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En el entorno de la Unión Europea, solo Dinamarca, Francia y Austria presentan tipos máximos superiores o similares al español.

Sin embargo, el grueso de economías del continente aplica gravámenes claramente inferiores en el tramo más alto. Entre los miembros europeos de la OCDE, la media del tipo máximo se sitúa en torno al 43,4%, aproximadamente diez puntos por debajo del que se registra en las comunidades españolas con mayor carga.

Un diferencial que supera el umbral recomendado por la OCDE

La propia OCDE ha señalado en distintos informes que cuando la carga fiscal marginal supera determinados umbrales puede situarse en una zona de presión excesiva.

En su análisis comparado, se considera que porcentajes superiores al 52% entran en un espacio de tributación especialmente intenso. España, con un máximo del 54% en algunas regiones, rebasa ese límite teórico.

Este nivel de gravamen tiene implicaciones económicas relevantes. Las tasas marginales elevadas afectan principalmente al último tramo de ingresos, pero influyen en las decisiones de inversión, de localización profesional y de planificación fiscal.

La comparación con Europa y los países emergentes

La brecha es todavía más evidente cuando se observa el mapa fiscal europeo en su conjunto. Países como Hungría aplican un tipo único del 15% sobre la renta, mientras que Estonia sitúa su máximo en el 22% y la República Checa en el 23%.

En Europa del Este y en economías que no forman parte del núcleo de la OCDE, las tasas máximas suelen ser aún más reducidas y, en muchos casos, se estructuran bajo modelos de tipo plano.

Bulgaria y Rumanía gravan la renta con un 10%, Moldavia aplica un 12% y Georgia un 20%. Aunque estas economías tienen estructuras productivas distintas, el contraste refleja la amplia dispersión de políticas fiscales en el continente. 

En comparación, el 54% español destaca como uno de los porcentajes más elevados del entorno desarrollado.

Un sistema descentralizado con grandes diferencias territoriales

El diseño del IRPF en España combina un tramo estatal común con un tramo autonómico cuya regulación corresponde a cada comunidad. Esta estructura genera diferencias notables entre territorios. El tipo máximo del 54% se alcanza en la Comunitat Valenciana, que suma el tramo estatal al autonómico más elevado del país.

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Otras regiones también superan o rozan el 50%. Navarra alcanza el 52%, La Rioja el 51,5% y comunidades como Asturias, Canarias, Cataluña y Aragón aplican tipos que se sitúan en el 50%. Por debajo de ese umbral se encuentran Cantabria y el País Vasco con el 49%, Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia con el 47%, Castilla y León con el 46% y Madrid, que fija el máximo en el 45%.

Estas diferencias no son menores. La dispersión territorial implica que un mismo nivel de renta puede soportar cargas fiscales distintas en función del lugar de residencia.

En un país con libertad de circulación interna, la variable fiscal adquiere un peso creciente en la toma de decisiones de profesionales y directivos.

Competitividad fiscal y rankings autonómicos

El debate sobre la presión fiscal no se limita al IRPF. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, muestra cómo las distintas comunidades configuran entornos más o menos atractivos desde el punto de vista tributario.

En la edición más reciente, Madrid encabeza el ranking con una puntuación superior a siete sobre diez, aunque con una ligera reducción respecto al año anterior.

La capital destaca por su menor carga en el tramo alto del IRPF y por bonificaciones amplias en figuras como Sucesiones y Donaciones. Además, ha anunciado medidas de deflactación de los tramos del impuesto sobre la renta para ejercicios futuros, lo que podría mejorar su posición relativa.

En el extremo opuesto se sitúa Cataluña, que acumula un número elevado de tributos propios y mantiene una presión significativa sobre patrimonio y transmisiones patrimoniales.

Aunque ha introducido ajustes en algunos tramos bajos del IRPF y ha deflactado parcialmente las tarifas iniciales, el conjunto de su sistema fiscal continúa siendo uno de los más exigentes del país.

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Tras varios años en los que el Gobierno ajustó el mínimo exento del IRPF para evitar que los perceptores del SMI pagaran impuestos, el cambio de estrategia iniciado en 2025 empieza a mostrar sus efectos colaterales.

La nueva deducción diseñada para compensar la tributación del salario mínimo vuelve a dejar fuera a pensionistas y desempleados, un colectivo que crece de forma significativa este año.

El impacto no es menor. La extensión del nuevo umbral ligado al SMI provocará que más de un millón de pensionistas queden excluidos del beneficio fiscal, a los que se suman miles de personas que perciben prestaciones por desempleo.

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En total, el número de afectados aumentará en casi 370.000 personas respecto al ejercicio anterior, ampliando una brecha que ya generó polémica en 2025.

Un cambio de modelo fiscal que amplía las desigualdades

Entre 2022 y 2024, el Ejecutivo optó por elevar el mínimo exento del IRPF de forma paralela a la subida del salario mínimo, de manera que los trabajadores con menores ingresos quedaban automáticamente fuera de la tributación.

Ese umbral pasó de 14.000 euros anuales a 15.876 euros, nivel que se mantiene desde entonces y que afecta por igual a trabajadores, pensionistas y desempleados.

El giro se produjo en 2025, cuando Hacienda decidió no modificar el mínimo exento y, en su lugar, creó una deducción específica para los trabajadores que cobraban el SMI.

Esta deducción permite recuperar lo abonado en el impuesto, pero solo se aplica a quienes mantienen una relación laboral activa. Pensionistas y personas en paro quedaron excluidos desde el primer momento, una situación que ahora se agrava.

El nuevo SMI amplía el número de afectados

Para 2026, el Ministerio de Trabajo ha propuesto una subida del salario mínimo del 3,1 %, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros anuales.

La previsión del Gobierno es mantener la misma fórmula aplicada el año anterior, es decir, compensar la tributación mediante una deducción específica.

Según los cálculos, la deducción ascendería a 591 euros anuales, repartidos entre la parte estatal y la autonómica. Sin embargo, este mecanismo vuelve a dejar fuera a quienes no tengan una relación laboral activa, a pesar de percibir ingresos similares.

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La consecuencia directa es que el tramo de renta en el que unos contribuyentes tributan y otros no se amplía de forma significativa. Con la nueva subida, la horquilla afectada pasará de los 15.876 euros a los 20.049 euros anuales, lo que incrementa notablemente el número de excluidos.

Más de un millón de pensionistas fuera del sistema

Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, al cierre de diciembre de 2025 existían al menos 1.000.312 pensionistas que perciben entre 1.150 y 1.405 euros mensuales. Todos ellos quedarían fuera de la deducción pese a tener ingresos equiparables a los trabajadores beneficiados.

La cifra real podría ser incluso mayor, ya que no se incluyen los pensionistas que se sitúan entre los 1.134 y los 1.150 euros mensuales, un tramo que no aparece desglosado en las estadísticas oficiales. Solo en esa franja se concentran más de 386.000 personas.

La legislación vigente establece que la deducción se aplica únicamente a los rendimientos del trabajo derivados de una relación laboral o estatutaria, lo que excluye automáticamente a quienes cobran una pensión o una prestación por desempleo, aunque estas también tributen como rendimientos del trabajo.

Los desempleados, también perjudicados

El impacto no se limita a los pensionistas. Los desempleados que perciben prestaciones contributivas dentro del nuevo umbral tampoco podrán beneficiarse de la deducción.

Esto afecta especialmente a quienes cobran el paro máximo, que puede alcanzar los 1.225 euros mensuales sin hijos, 1.400 euros con un hijo y hasta 1.575 euros con dos o más.

Según los datos del Ministerio de Trabajo, la prestación media por desempleo se sitúa en 1.029 euros mensuales, lo que significa que una parte relevante de los beneficiarios quedará dentro del tramo que tributa sin acceso a compensación fiscal.

Críticas y presión para ampliar la deducción

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, ha reclamado que la exención del IRPF ligada al salario mínimo se amplíe también a pensionistas y desempleados.

Argumentan que estas rentas tienen la misma consideración fiscal que los salarios y que no existe una justificación técnica para el trato diferenciado.

Desde el Ministerio de Trabajo se ha reconocido la complejidad del asunto, especialmente por el impacto presupuestario que tendría una extensión de la deducción. A ello se suma el desacuerdo con la patronal, que condiciona su apoyo a una reforma más amplia de la normativa y a la modificación de la Ley de Desindexación.

La historia, lejos de terminar, continua…

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La subida del salario mínimo para 2026 llega envuelta en un mensaje optimista, pero la realidad es mucho menos amable: la mayor parte del incremento no irá al bolsillo de los trabajadores, sino directamente a Hacienda.

Mientras el Gobierno presume de un aumento que debería mejorar la vida de quienes menos ganan, los cálculos de los sindicatos revelan un panorama difícil de justificar: dos de cada tres euros de esa subida acabarán en manos del Estado.

Para cientos de miles de personas que dependen del salario mínimo, la mejora real será mínima, casi simbólica, pese a los titulares triunfalistas.

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La propuesta que presentan CCOO y UGT busca cerrar definitivamente un debate que lleva años generando tensión: si el SMI debe tributar o no. Los sindicatos defienden que sí debe hacerlo, pero siempre garantizando que el salario neto alcance el 60% del salario medio neto del país.

Sin embargo, la fórmula escogida para lograrlo implica que una parte muy relevante del aumento mensual se pierda antes incluso de llegar al poder adquisitivo de quienes más lo necesitan.

Un aumento que beneficia más al Estado que al trabajador

El planteamiento sindical elevaría el salario mínimo desde los actuales 1.184 euros brutos al mes hasta 1.273 euros en 14 pagas, lo que supone un incremento de 89 euros. Pero los cálculos realizados por las organizaciones revelan que, para un perfil de contribuyente sin cargas familiares, unos 57 euros de ese aumento se destinarán al IRPF.

Esto deja una mejora neta de apenas 32 euros al mes. El contraste entre el incremento anunciado y la subida real es tan llamativo que ha generado un profundo malestar entre los trabajadores afectados.

Los sindicatos explican que han tomado como referencia la situación de quienes tributan más, lo que implica que otros perfiles familiares podrían ver una mejora algo mayor. No obstante, el mensaje principal no cambia: una gran parte del esfuerzo económico se la quedará Hacienda.

Un desencuentro prolongado entre Hacienda y Trabajo

El tratamiento fiscal del salario mínimo ha sido un foco recurrente de fricción entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. Durante 2023 y 2024 se adoptaron medidas para impedir que quienes perciben el SMI tuvieran que pagar IRPF, ampliando mínimos deducibles y ajustando deducciones específicas.

Pero en 2025 el Ejecutivo dejó entrever que no volvería a adaptar el mínimo exento, generando incertidumbre. Finalmente, optó por introducir una deducción de 340 euros que permite a quienes cobran el salario mínimo recuperar lo retenido durante el año, e incluso ofrece una reducción progresiva para quienes ganan hasta 18.276 euros.

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Ante este escenario lleno de parches temporales, los sindicatos sostienen que ha llegado el momento de establecer una regla clara y permanente, evitando que cada año se reabra la discusión. Su propuesta parte de mantener el mínimo exento en 15.876 euros y conservar la deducción especial que afecta al SMI vigente.

Cómo se calculó la cifra propuesta

La cuantía del nuevo salario mínimo no es arbitraria. La comisión asesora del Ministerio de Trabajo —integrada por representantes de diversos departamentos, expertos académicos y sindicatos— utilizó datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2022 y proyecciones basadas en la Encuesta Trimestral del Coste Laboral para estimar el salario medio actualizado.

Con estas cifras, la comisión concluyó que el SMI debía subir un 2,7% para mantenerse en el nivel del 60% del salario medio. Sobre ese porcentaje se añadió un 4,8% adicional para compensar la pérdida derivada del IRPF.

El resultado final es un incremento notable que, paradójicamente, apenas se traducirá en una mejora neta tangible.

La posición del Gobierno y lo que puede suceder

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre ha rechazado que los salarios más bajos deban soportar tributación. Sin embargo, en septiembre pidió a la comisión que incorporara la tributación en su recomendación para 2026, lo que se interpreta como un cambio de enfoque.

Ahora se espera que el grupo de expertos presente sus conclusiones en las próximas semanas. A partir de ahí comenzará el proceso de consulta con la patronal y los sindicatos, con el objetivo de dejar cerrado el nuevo salario mínimo antes de que termine el año y aprobarlo en enero.

Mientras tanto, la polémica crece. El mensaje oficial habla de una mejora salarial significativa, pero la letra pequeña apunta a algo muy diferente.

El incremento nominal es real; el incremento útil, mucho menos. Y en el centro del debate se encuentra una pregunta incómoda: ¿puede considerarse una subida del SMI como un avance para los trabajadores si la mayor parte del dinero termina en Hacienda?

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Lo que debía ser una transición gradual de nueve años va camino a convertirse en un ajuste exprés.  El nuevo cuadro de cotización que la Seguridad Social ha propuesto a los agentes sociales elevaría las cuotas de los autónomos hasta niveles previstos originalmente para 2032, acelerando cuatro años el calendario diseñado por el exministro José Luis Escrivá.

El objetivo oficial es garantizar la sostenibilidad del sistema y reforzar las contribuciones del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Sin embargo, la lectura política y económica es más amplia: el Gobierno busca aumentar ingresos con rapidez en un momento en que el gasto en pensiones y prestaciones sociales (por ejemplo, los reiterados aumentados del salario mínimo) crecen a un ritmo récord.

Adiós a la progresividad

El nuevo esquema de tramos, que abarca el periodo 2025–2028, propone una revisión generalizada al alza en prácticamente todos los niveles de ingresos. Según los cálculos difundidos por la Federación ATA, los autónomos con rendimientos inferiores a 8.000 euros anuales pasarían de pagar 2.400 euros al año en 2025 a 2.608 en 2026, un incremento del 8,7 %.

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En los tramos medios, donde se concentra la mayor parte del colectivo (entre 18.000 € y 32.000 € de rendimientos netos), las subidas se mueven entre el 9 % y el 12 %, mientras que los autónomos con rentas superiores a 72.000 € llegarían a pagar 1.208 euros al mes en 2028, prácticamente el mismo nivel que el plan Escrivá preveía para 2032.

Según el cuadro publicado por la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), las cuotas anuales crecerían entre un 11 % y un 100 % respecto a las actuales, dependiendo del tramo. El salto más llamativo está precisamente en el ritmo: el modelo inicial diseñado por Escrivá en 2022 preveía incrementos anuales del 2–5 % para alcanzar las cuotas definitivas en nueve años.

El nuevo borrador las concentra en apenas tres, con un calendario más agresivo y menor margen de adaptación para los trabajadores por cuenta propia. 

Según el portal especializado Infoautónomos, el plan original fijaba para 2032 una cuota mínima de 230 euros y una máxima de 1.267 euros mensuales, partiendo de los 200–590 euros previstos para 2025.

La nueva propuesta del Gobierno alcanzaría esos niveles ya en 2028, lo que supone acelerar cuatro años el horizonte de cotización previsto en la reforma de Escrivá.

Sostenibilidad y presión presupuestaria

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ahora dirigido por Elma Saiz, justifica la reforma como una actualización técnica por inflación y evolución salarial, destinada a mantener el equilibrio financiero del RETA.

En 2024, el sistema registró un déficit estructural cercano al 0,7 % del PIB, según la AIReF, debido a la combinación de mayores prestaciones y menor recaudación por cotizaciones.

El Ejecutivo defiende además que las nuevas cuotas reforzarán el fondo para cese de actividad, que actualmente deniega seis de cada diez solicitudes, y permitirá consolidar un sistema “más equitativo y contributivo”. Saiz ya avanzó en septiembre que “el sistema debe acompasar sus bases mínimas a la evolución del SMI y de los ingresos medios”.

La estrategia también responde a los compromisos adquiridos con Bruselas, por los cuales la Comisión Europea ha instado a España a reforzar la contributividad del sistema antes de 2030 como parte del programa de estabilidad fiscal asociado a los fondos Next Generation EU.

Quién gana y quién pierde

La reforma mantiene la filosofía progresiva (quien más gana, más cotiza), pero acelera el esfuerzo en los tramos medios, que agrupan al grueso del tejido productivo: un autónomo con 30.000 euros de ingresos netos pasará de abonar 4.680 euros en 2025 a más de 5.142 en 2026, unos 460 euros adicionales al año.

Para los profesionales con ingresos más altos, la subida puede alcanzar los 2.500 euros anuales, mientras que los que declaran menos de 8.000 euros apenas notarán un aumento de 200 euros al año.

© ATA

En términos comparativos, el nuevo sistema adelanta cuatro años las cuotas previstas por el plan Escrivá. Lo que debía alcanzarse en 2032 se logrará en 2028.

La falta de previsibilidad se une a los aumentos en las cotizaciones sin progresividad: los autónomos con ingresos irregulares (como los del comercio, la cultura o el turismo) se enfrentan a un calendario de subidas aceleradas sin margen de planificación, lo que puede reducir liquidez y aumentar la economía sumergida.

Fractura en el diálogo social

La propuesta ha reavivado la fractura entre el Gobierno y las principales organizaciones del sector. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, denunció que “ni los que apenas facturan 300 euros al mes se librarán de pagar más” y calificó la medida de “nuevo sablazo” para el colectivo.

En este sentido, la ATA ya ha advertido que no respaldará ninguna reforma mientras no se corrijan los errores de regularización ni se amplíe el acceso al cese de actividad. Por el contrario, UPTA y UATAE se muestran favorables a una actualización de las cuotas “para garantizar la sostenibilidad del sistema”, aunque piden más progresividad y medidas transitorias para autónomos con ingresos variables.

En el plano político, partidos como PP y Junts han avanzado que no apoyarían la medida si llega al Congreso sin consenso previo, según Europa Press.

En pocas palabras, el Ministerio prevé aprobar el nuevo cuadro de cotizaciones mediante Real Decreto antes del 1 de enero de 2026, con revisiones automáticas en 2027 y 2028. A partir de ahí, el sistema se estabilizaría en función de la evolución de precios y salarios, aunque sin descartar nuevos ajustes si la inflación se mantiene por encima del 2 %.

El horizonte final es claro: en apenas tres años, los autónomos estarán pagando las cuotas que el plan original reservaba para dentro de una década. En términos macroeconómicos, la reforma refuerza la sostenibilidad del sistema de pensiones y mejora la equidad contributiva.
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Un asalariado con 17.500 euros brutos anuales paga hoy unos 600 euros más en impuestos que en 2018, según cálculos del economista Jon González. 

Esta noticia choca frontalmente con el auge recaudatorio que se anunciaba, una vez más, por parte del Ministerio de Hacienda, así como las dudas de mejora de la economía familiar española pese a los datos macroeconómicos presentados.

Qué es la progresividad en frío

Aquí hay una clave para entender la realidad fiscal, que pasa inadvertida para buena parte de los contribuyentes: el incremento de la carga fiscal, fruto de un fenómeno conocido como progresividad en frío y la negativa del Ejecutivo a deflactar el IRPF que ya anunciaba este redactor a finales del año pasado.

El término describe lo que ocurre cuando la inflación empuja los salarios nominales hacia arriba, pero los tramos del IRPF se mantienen congelados.

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En este sentido, si bien el sueldo real disponible (el poder adquisitivo) no mejora, el trabajador salta a un tramo superior y termina pagando más impuestos por ganar lo mismo en términos reales.

Gráfico @jongonzlz, en X (enlace al tuit en el texto de la entrada).

La no deflactación es una forma silenciosa de aumentar la recaudación, al no ajustar el IRPF a la inflación, sin necesidad de aprobar nuevas subidas fiscales.

Desde 2018, España no ha deflactado de forma general los tramos del IRPF, pese a que la inflación acumulada supera el 23 %. El resultado es que millones de trabajadores pagan más al Estado simplemente por la actualización salarial ligada a convenios o al incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha pasado de 10.302 € a 16.576 € anuales en el mismo periodo.

La subida silenciosa

Según los cálculos de González, un trabajador con un sueldo bruto de 17.500 € paga hoy 600 € más de IRPF y cotizaciones que hace siete años, pese a que su poder adquisitivo apenas ha variado.

Asimismo, los efectos no son lineales: cuanto más se acerca el salario a los tramos medios del impuesto (entre 20.000 € y 35.000 €), mayor es el salto efectivo.

Este fenómeno explica parte del aumento de la recaudación récord por IRPF, que cerró 2024 con más de 129.400 millones de euros, el máximo de la serie histórica según la Agencia Tributaria. Además, se consiguió sin una modificación de los tipos nominales: ni el Congreso aprobó nuevas subidas ni el Gobierno anunció una gran reforma.

Cotizaciones más altas y menor renta neta

La progresividad en frío se agrava por la subida paralela de las cotizaciones sociales. Por ejemplo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) —una cotización adicional del 0,7 % sobre la base— se suma a la actualización anual del tipo general, que en 2025 se aproxima ya al 37 % del coste laboral total (contando las cotizaciones de la empresa y el trabajador).

De este modo, en la práctica, cualquier aumento salarial destinado a compensar la inflación termina repartido entre Hacienda y la Seguridad Social, y no en el bolsillo del trabajador. Así, la renta disponible real per cápita, aunque creció un 9 % entre 2018 y 2025 según la OCDE, lo hizo principalmente por el empleo y las transferencias, no por la mejora de los sueldos netos.

El resultado es una paradoja: la economía crece y el empleo resiste, pero la sensación de empobrecimiento se intensifica.

Por qué el Gobierno no lo corrige

Vista la situación, deflactar el IRPF (actualizar los tramos en función de la inflación) sería la opción lógica si el Ejecutivo busca aliviar la presión fiscal de las rentas del trabajo y mejorar el bienestar ciudadano.

Sin embargo, como no se trata de una medida obligatoria (los gobiernos rara vez lo hacen anualmente) y, además, supone renunciar a la recaudación, es poco probable que se realice. Se suma, además, que se trata de un fenómeno relativamente técnico y que gran parte de la ciudadanía desconoce.

En teoría, el Ejecutivo podría ajustar los tramos cada año mediante una simple orden ministerial, manteniendo la progresividad, pero evitando la subida encubierta. 

Fuentes del Ministerio de Hacienda alegan que los aumentos del mínimo personal y familiar o las rebajas puntuales para rentas bajas compensan en parte el efecto, aunque los analistas discrepan: “Los tramos no se han movido, y eso implica que la progresividad actúa como un impuesto automático sobre la inflación”, apunta González.

La consecuencia real

En un contexto de pérdida de poder adquisitivo, la progresividad en frío se convierte en un mecanismo de ajuste invisible: los salarios suben nominalmente, pero la renta neta disponible se estanca.

A largo plazo, erosiona la credibilidad del sistema fiscal y agrava la desconexión entre la percepción ciudadana y los datos macroeconómicos. Mientras tanto, el IRPF recauda más que nunca.

Sin una deflactación general de los tramos o una revisión automática vinculada al IPC, los asalariados seguirán pagando más cada año sin que nadie apruebe una subida de impuestos. En paralelo, el Gobierno saca pecho sobre el crecimiento de la economía española y el alza de las cotizaciones; por desgracia, desde bambalinas, el escenario se ve más sombrío.

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En España, pocas ideas están tan arraigadas como la creencia de que si uno gana más dinero, Hacienda se lleva una gran parte del pastel. Sin embargo, esta percepción, aunque muy popular, es errónea.

El sistema tributario español, a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se basa en un esquema progresivo que no castiga a quienes aumentan sus ingresos, sino que grava de forma proporcional cada tramo de renta.

Creer que una subida salarial puede hacerte perder dinero es un mito que distorsiona la comprensión de cómo funciona realmente la fiscalidad.

El mito más repetido sobre Hacienda

El error habitual consiste en pensar que al pasar a un tramo superior, Hacienda aplica ese tipo impositivo más alto a todos los ingresos, reduciendo drásticamente lo que finalmente se cobra.

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En realidad, el IRPF solo grava con el porcentaje más elevado la parte de la renta que supera el límite de cada tramo, manteniendo los anteriores con los tipos que les corresponden.

Este malentendido provoca decisiones financieras poco lógicas. Hay trabajadores que llegan a rechazar una subida salarial o una promoción con el convencimiento de que terminarán cobrando menos. Sin embargo, nunca es así: una mejora en el salario siempre supone un aumento del ingreso neto, aunque el avance sea moderado.

Cómo funcionan los tramos de IRPF

El IRPF en España se organiza en varios tramos que se actualizan periódicamente. Cada tramo aplica un porcentaje distinto sobre la parte del salario que entra dentro de ese rango. Esto significa que el sistema es acumulativo y progresivo, no absoluto.

Por ejemplo, si el tipo marginal máximo aplicara un 45%, no se aplica ese 45% sobre el total del salario, sino únicamente sobre la fracción que supera el umbral correspondiente. Antes de llegar a esa cifra, los ingresos han sido gravados en tramos anteriores con porcentajes menores.

Caso práctico para desmontar el mito

Imaginemos a una persona que gana 30.000 euros brutos al año y recibe una oferta para aumentar su sueldo a 32.000 euros. El miedo de muchos es que al superar cierto umbral, Hacienda se quede con casi toda la diferencia. Pero la realidad es otra.

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Si el tipo marginal que empieza a aplicarse a partir de 30.000 euros fuera del 30% (ejemplo aproximado), ese porcentaje solo afectaría a los 2.000 euros adicionales, no a todo el salario. Los primeros 30.000 seguirían tributando según los tramos previos, con porcentajes inferiores. En la práctica, el trabajador ganaría más dinero neto, aunque la diferencia final después de impuestos no sea de 2.000 euros exactos, sino algo menor.

Este ejemplo evidencia lo absurdo del mito. Nunca un incremento salarial hará que el ingreso neto baje. En todo caso, la subida puede parecer más modesta porque una parte se destina a impuestos, pero el resultado siempre es positivo para el bolsillo.

Hacienda y la progresividad fiscal

El principio detrás de este sistema es la progresividad fiscal. Quien más gana, más aporta en términos relativos, pero siempre mantiene una renta neta superior. Este diseño responde a un objetivo redistributivo: equilibrar el esfuerzo contributivo sin desincentivar la generación de ingresos.

Los informes de la Agencia Tributaria muestran que los tramos más altos de renta concentran una parte significativa de la recaudación del IRPF. Según datos de 2023, los contribuyentes con ingresos superiores a 60.000 euros aportaron más del 40% de la recaudación total de este impuesto, aunque representan un porcentaje mucho menor de la población.

Este dato refleja cómo el sistema busca proporcionalidad en el esfuerzo fiscal.

Y claro, importancia de la educación financiera

Combatir este mito requiere, como siempre, educación financiera y fiscal. Entender cómo funcionan los impuestos no solo ayuda a tomar mejores decisiones personales, sino que también contribuye a un debate público más riguroso.

Las herramientas de simulación de la Agencia Tributaria, disponibles de forma gratuita, permiten calcular cuánto se pagará de IRPF en función de diferentes escenarios de ingresos.

Además, los asesores fiscales recomiendan planificar con antelación las decisiones económicas, ya sea en materia de ahorro, inversión o cambios profesionales.

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Los datos hablan por sí solos. El sistema tributario español ha experimentado en los últimos años un crecimiento histórico récord en los niveles de recaudación.

Pese a la situación económica global, la aportación fiscal de ciudadanos y empresas se ha incrementado hasta niveles sin precedentes. Ahora bien, esta histórica tendencia alcista, aunque ha mejorado levemente la renta entre los hogares, no se ha traducido automáticamente en una mejora proporcional en la redistribución de la riqueza.

Es decir, a pesar de que la presión fiscal haya subido y el Estado disponga de más recursos, hay una brecha entre la eficacia recaudatoria y la capacidad real del sistema en corregir desigualdades.

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Tanto desde el punto de vista del diseño de los impuestos como desde el efecto de prestaciones y mercado laboral, se ha dibujado un complejo escenario en el que recaudar más no nos lleva a redistribuir del todo mejor.

Auge histórico en la recaudación tributaria

Durante 2024, nuestro país logró recaudar 281.174 millones de euros gracias a cuatro figuras tributarias: IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades e Impuestos Especiales.

Un aumento respecto al año anterior de un 8,1 % y situando el peso de estos tributos en el 17,7 % del PIB, frente al 17,4 % registrado en 2023.

La subida se apoyó, sobre todo, en el IRPF, que acumuló el 40 % del aumento total. Le sigue el IVA, con el 29,1 %; luego el Impuesto de Sociedades con el 17,7 %; y los Impuestos Especiales, con el 6,6 %.

Si sumamos las cotizaciones sociales, la presión fiscal aumenta hasta el 30,9 % del PIB. Unas cifras que ponen sobre la mesa una consolidación del sistema recaudatorio, que logra sostener buena parte del gasto público gracias al aumento del ingreso fiscal.

Crece la recaudación sí pero también se debilita la redistribución

Pese a este aumento en ingresos, los efectos de restribución del sistema se han visto afectados. Según datos del informe del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestacioneselaborado por Fedea, en 2022 la intervención pública pudo reducir la desigualdad un 32,5 %, el dato más bajo desde 2017. Un retroceso que partía en un punto álgido desde 2020, cuando las medidas excepcionales por la pandemia elevaron la reducción al 38,1 %.

Ampliando la comparativa a lo largo del ciclo vital de los hogares, la capacidad redistributiva mengua más, un 25,5 %. O lo que es lo mismo: la desigualdad corregida en un año se aplaca con el tiempo lo que vislumbra limitaciones estructurales en el sistema.

El IRPF pierde fuerza como herramienta redistributiva

El IRPF siempre ha sido pilar de la progresividad fiscal en España, sin embargo su papel ha disminuido levemente. En 2021, el IRPF ayudo a bajar la desigualdad en un 4,3 %, mientras que en 2022 lo hizo en un 4,1 %.

Mientras por otro lado, la carga real del IRPF sigue subiendo. En 2024, el índice de carga tributaria sobre la renta escaló hasta los 114,4 puntos respecto a la base de 2008, y la renta neta media por hogar fue del 95,7.

Un desajuste que muestra cómo el peso del tributo ha aumentado más que la capacidad adquisitiva real de los hogares.

Los impuestos indirectos amplifican la desigualdad

Asimismo, tributos sobre el consumo, tales como el IVA o el ITP, siguen desmantelando la equidad del sistema.

Dado su carácter regresivo, las familias con menos ingresos tributan con un porcentaje de su renta significativamente mayor que los más afectados. Por ejemplo, en 2022 se acentúo la desigualdad en un 2,47 % adicional.

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Si bien en parte se contrarrestó con la medidas sobre el precio de la energía a través de acciones como rebajas fiscales, esto no fue suficiente. Los hogares más vulnerables continúan asumiendo una mayor carga relativa del gasto para su consumo básico.

El impuesto de sociedades y las limitaciones del patrimonio

En 2022, el Impuesto de Sociedades aumentó su recaudación en un 29,7 %, con un tipo medio efectivo que subió ligeramente hasta el 0,9 % sobre la renta bruta de los hogares. Sin embargo, su capacidad para reducir la desigualdad sigue siendo modesta: apenas contribuyó con una mejora del 1,01 %.

Más llamativo aún fue el comportamiento del Impuesto sobre el Patrimonio, cuyo efecto fue incluso negativo. En lugar de amortiguar las diferencias de renta, contribuyó a aumentarlas de forma marginal. Este comportamiento desafía el propósito redistributivo que debería acompañar a este tipo de figuras tributarias.

Las prestaciones también reducen su efecto corrector

El otro gran canal de redistribución, el de las prestaciones monetarias, también ha perdido poder. Éstas frenaron un 23,4 % la desigualdad en 2022, por el 24,9 % que lo habían hecho en el 2021.

La media de los subsidios de desempleo, un 27,8 % menos, explica en gran parte este descenso en el impacto redistributivo. Las pensiones de jubilación, sin embargo, se mantienen como el pilar más sólido, sobre el que se sustenta un 60 % del total de la corrección de desigualdad atribuible a las transferencias públicas.

Aun así, su peso cada vez más predominante dentro el gasto social sirve para desplazar otras ayudas más centradas en la reducción directa de la pobreza.

En definitiva, el sistema público ha logrado reducir las diferencias económicas en España, pero no es suficiente. Los hogares situados en el 60 % inferior de la escala de ingresos siguen siendo beneficiarios netos de la intervención pública, mientras que el resto asume una mayor carga impositiva sin una compensación directa.

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¿Quién forma parte del 10% más rico? Depende, y mucho, de dónde vivas. Según un análisis reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), el umbral para situarse entre el 10 % de mayores rentas varía hasta 20.000 euros entre comunidades autónomas.

Este dato oculta una realidad clave para entender uno de los grandes puntos ciegos del IRPF en España: un impuesto común aplicado con tramos estatales a realidades económicas profundamente distintas.

Desigualdad territorial

Mientras en Madrid o Cataluña se necesitan más de 60.000 euros brutos anuales para entrar en ese segmento (rentas altas), en regiones como Extremadura basta con superar los 41.000 euros.

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La razón principal está vinculada con el IRPF, que es un tributo progresivo, pero cuya progresividad no se traduce de igual manera en todos los territorios. En pocas palabras, la estructura salarial y los precios de la vivienda y servicios hacen que 60.000 euros en Madrid no tengan el mismo poder adquisitivo que en Zamora o en Badajoz. 

Sin embargo, el tratamiento fiscal sí es el mismo: una persona con ese sueldo tributará igual viva donde viva, salvo por los pequeños ajustes autonómicos. Por lo tanto, el resultado es que, en términos efectivos, el IRPF penaliza más a los contribuyentes de comunidades con salarios más altos.

Es paradójico, sin duda, debido a que la mayoría de estas comunidades (en especial, capitales de provincia como Barcelona, Madrid o Valencia, entre otras) son también las que más aportan al sistema en términos absolutos.

Vivir en capitales, caro en impuestos

La comparación se vuelve más llamativa si atendemos a otro dato del informe: el 25 % más rico de Extremadura empieza en apenas 27.600 euros, frente a los 42.400 euros de Cataluña.

Esto significa que un madrileño con 40.000 euros anuales no es considerado "rico" en su comunidad, pero sí lo sería en la mayoría del país… sin que eso tenga ningún reflejo fiscal compensatorio.

Según el análisis de la Agencia Tributaria, las comunidades con mayores ingresos medios declarados en 2022 fueron Madrid (31.393 euros), Cataluña (29.693 euros) y Baleares (28.956 euros), mientras que en el otro extremo se sitúan Extremadura (22.647 euros), Castilla-La Mancha (23.256 euros) y Andalucía (23.420 euros).

La diferencia supera los 8.700 euros brutos anuales entre la primera y la última. Estas brechas no solo reflejan distintos niveles de renta, sino también distintas realidades de gasto: desde el precio del alquiler al coste de servicios básicos.

Una realidad que genera tensión frente al principio de justicia redistributiva, que nos dice que los impuestos deberían ajustarse no solo a la renta, sino también al contexto económico y social en que esa renta se produce.

Teletrabajo, oportunidad

En este contexto, el auge del teletrabajo no es solo una cuestión de conciliación o productividad: puede ser también una herramienta redistributiva para algunos.

Las diferencias territoriales en umbrales de renta alta evidencian que vivir en Madrid y trabajar para una empresa en remoto puede implicar pagar más impuestos sin tener un mayor nivel de vida. Y al revés: mudarse a una comunidad más barata puede suponer conservar ingresos altos con un tratamiento fiscal más favorable.

Esto refuerza los argumentos a favor de proteger el teletrabajo, evitar trabas burocráticas o normativas y fomentar políticas de atracción de talento hacia zonas con menor densidad económica.

Sin embargo, hoy por hoy, los empleos de alta presencialidad (incluso en modelos híbridos) y la dificultad de encontrar trabajos 100 % remotos en España —donde el teletrabajo ha crecido, pero sigue muy debajo de la media europea— dificultan esta posibilidad.

Un IRPF ajustado al territorio

Como pregunta final, nos surge una duda difícil de resolver. ¿Tiene sentido mantener un IRPF con tramos únicos a nivel nacional? ¿Es una medida equitativa cuando las realidades económicas son tan dispares? 

Algunas voces abogan por una revisión del sistema que tenga en cuenta el coste de vida, o al menos por corregir el sesgo de los tramos autonómicos, que actualmente apenas compensan la desigualdad territorial. Por ahora, Madrid, Cataluña y Baleares seguirán siendo las comunidades que más aportan y más tributan… aunque no necesariamente donde se vive mejor.

El sistema tributario español ha sido objeto de numerosos debates, especialmente en torno al reparto de la carga fiscal. Uno de los datos más incomprensibles por el público general es que alrededor del 70% de la población en España no contribuye con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o IRPF.

Esto no significa que no presenten declaración de la Renta, sino que, por ingresos bajos, deducciones o exenciones, su aportación efectiva al impuesto es nula.

Este `fenómeno´ se ha intensificado en los últimos años debido a reformas fiscales que han elevado los mínimos exentos y ampliado deducciones, especialmente dirigidas a rentas medias y bajas.

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Aunque esto puede parecer una medida progresista, también está concentrando aún más el peso del sistema fiscal sobre una minoría de contribuyentes. Una total paradoja.

Cómo se reparte realmente el IRPF en España

Según los últimos datos oficiales, el 40% de los declarantes del IRPF —lo que equivale a casi el 70% de la población total— no pagan realmente este impuesto. Esto quiere decir que su resultado fiscal es cero o incluso negativo (es decir, reciben devoluciones).

En cambio, el 10% más rico de los contribuyentes asume el 57% del total recaudado por IRPF. La concentración es aún más marcada si se observa que el 1% más rico paga el 21% y el top 0,1% contribuye con el 7% del total.

Este reparto genera una estructura fiscal donde una parte muy reducida de la sociedad está soportando el grueso del sistema, mientras que la mayoría queda fuera de la obligación de contribuir de manera directa al sostenimiento del Estado vía IRPF.

Para España:

El 40% de declarantes (≈70% de la población, comparable a su tuit) no contribuyen al pago del IRPF.

El top 0,1% paga el 7% del IRPF.

El top 1% paga el 21% del impuesto.

El top 10% paga el 57% del total. https://t.co/YqaE6ZnShw pic.twitter.com/7bitxRZkOP

— Jon González (@Jongonzlz) April 22, 2025

¿Y cómo es la situación en otros países desarrollados?

Este fenómeno no es exclusivo de España. De hecho, la mayoría de las economías desarrolladas con sistemas fiscales progresivos presentan una concentración similar en la recaudación del impuesto sobre la renta.

En Estados Unidos, por ejemplo, el 40% de la población no paga impuestos federales sobre la renta, y la tasa marginal máxima del 37% se aplica a ingresos superiores a los 609.000 dólares.

En Reino Unido, la situación es aún más llamativa: el 44,7% de los ciudadanos no paga ningún tipo de impuesto sobre la renta, mientras que el 10% más rico aporta el 69% de los ingresos fiscales totales.

Un trabajador británico con un sueldo de 150.000 libras paga 53.460 libras en IRPF, en contraste con otro que gana 25.000 libras, quien paga apenas 2.486 libras. A pesar de esta evidente progresividad, el discurso político aún gira en torno a la idea de que “los ricos deben pagar más”, cuando ya son ellos quienes soportan la mayor parte del peso fiscal.

En Alemania, el 37,4% de la población no paga impuestos sobre la renta, mientras que en Australia la cifra es del 58,5%. Estas proporciones confirman una tendencia generalizada en los países desarrollados: la carga del impuesto sobre la renta recae de forma muy significativa en las rentas más altas.

Las reformas fiscales en España amplían el número de no contribuyentes

Durante los últimos años, distintas reformas impulsadas tanto por gobiernos de izquierda como de derechas han buscado aliviar la presión fiscal sobre las clases medias y bajas.

Esto se ha hecho principalmente a través del aumento de mínimos personales y familiares exentos, así como mediante deducciones específicas por maternidad, alquiler, familia numerosa o discapacidad.

El resultado es una creciente proporción de ciudadanos que, aunque presentan la declaración de la renta, no terminan pagando el impuesto, o incluso reciben devoluciones superiores a sus retenciones.

Esta dinámica se ha intensificado con la inflación, ya que muchos salarios han subido, pero no lo suficiente como para generar una aportación neta al IRPF tras aplicar las deducciones vigentes.

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Además, algunas comunidades autónomas han implementado reducciones adicionales en el tramo autonómico del impuesto, lo que aumenta aún más el número de personas que quedan fuera del sistema de contribución efectiva.

El eterno debate sobre la justicia fiscal

La idea de que “los ricos deben pagar más” sigue siendo una de las banderas principales del discurso fiscal progresista. Sin embargo, los datos muestran que ya existe una profunda progresividad en el IRPF, tanto en España como en otros países desarrollados.

Cargar aún más al 10% que ya sostiene más de la mitad del sistema puede tener consecuencias negativas, como la desincentivación del esfuerzo, la inversión o la atracción de talento. A largo plazo, esto puede debilitar la base imponible total y, paradójicamente, reducir la capacidad recaudatoria del Estado.

Por otra parte, la desconexión de una mayoría social respecto a la contribución fiscal directa puede erosionar el contrato social. Si la mayoría no paga IRPF, pero exige servicios públicos de calidad, la tensión entre derechos y deberes se vuelve más evidente.

Con las actuales tendencias demográficas y económicas, es probable que esta dinámica se mantenga o incluso se acentúe.

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