España se encuentra a las puertas de unas elecciones generales que determinarán el destino del país en los próximos años y se celebran el próximo 23 de julio.

En este escenario político trascendental, es esencial realizar un exhaustivo análisis de los programas económicos de las cuatro principales formaciones políticas que se espera obtengan representación parlamentaria. Estos partidos son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP), Vox y Sumar. Cada uno de ellos presenta propuestas y enfoques distintos en materia económica que tocarán en mayor o menor medida el bolsillo de los ciudadanos, ¿qué plantean?

El PSOE y su apuesta contra la competencia fiscal

El Gobierno de coalición encabezado por el PSOE ha experimentado un aumento en la recaudación debido al efecto de la inflación en las principales figuras tributarias, y desde su perspectiva, consideran que es mejor que ese excedente sea gestionado por la Administración en lugar de ser devuelto al ciudadano.

¿Qué podemos encontrar en su programa con relación a las principales figuras impositivas? No esperemos rebajas de los tipos de los principales tributos, ni tan siquiera a las rentas bajas. En cuanto al IRPF, aseguran que mejorarán los incentivos por hijo y por dependencia y cuidados en el impuesto. Además, se coordinarán con los bancos para crear una cuenta destinada a la adquisición de vivienda, cuyas aportaciones (limitadas a 2.000 euros) y rendimientos estarán exentos del pago del IRPF.

En lugar de intentar promover un Impuesto de Sociedades atractivo para atraer inversión extranjera, el programa económico apuesta por evitar la competencia fiscal entre territorios: "Continuaremos impulsando a nivel internacional y en la Unión Europea el establecimiento de una tributación mínima suficiente en el Impuesto sobre Sociedades y una justa distribución de la recaudación entre los países en los que operan los grupos transnacionales".

La propuesta contra la competencia fiscal no es solo a escala supranacional, sino que también PSOE abarca las administraciones intermedias. Por ejemplo, en el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, un impuesto cuyo rendimiento se cede a las Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid mantiene una bonificación del 100% de la cuota establecida. El PSOE prefiere "avanzar en el debate sobre la tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios".

El Partido Popular y su tibieza para bajar impuestos

El Partido Popular (PP) ha hecho de la rebaja de impuestos una de sus promesas más recurrentes. Su programa incluye reducciones en el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto sobre el Patrimonio. Además, plantea la eliminación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para la compra de vivienda habitual por parte de jóvenes menores de 35 años y familias numerosas.

Sin embargo, a pesar de estas propuestas, el programa del PP carece de especificidad en cuanto a la rebaja impositiva. El documento simplemente señala que se corregirán los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF, se reducirá temporalmente el IVA en productos como carne, pescados y conservas, se eliminará el impuesto a las grandes fortunas, y se simplificarán el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades para las pymes, con un enfoque en aquellas empresas con pérdidas y las que aumenten su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos.

En una entrevista, Juan Bravo, responsable del diseño del programa económico del PP, mencionó algunos puntos adicionales. Señaló que las rebajas fiscales no serán indiscriminadas, sino que tendrán un propósito específico, como rebajar el IRPF para fomentar el consumo. También mencionó que habrá una deflactación en el IRPF dirigida principalmente a aquellos que ganan menos de 40.000 euros al año. Aunque el Gobierno ha recaudado 5.000 millones de euros adicionales por el IRPF en los primeros cinco meses, Bravo negó que se vaya a devolver esa recaudación extra, afirmando que la rebaja no estará por debajo de los 1.500 millones de euros y seguramente será incluso superior.

En cuanto a los autónomos y las pymes, el PP se compromete a ampliar la tarifa plana de 50 euros durante el primer año para los nuevos autónomos y a establecer un sistema de aplazamiento automático de cuotas para aquellos que enfrenten dificultades económicas. Además, busca facilitar el acceso a fuentes de financiación alternativas a las bancarias, simplificar los requisitos de cotización y mejorar las condiciones fiscales para las pymes que aumenten su plantilla o realicen inversiones en innovación.

Vox y su atractiva rebaja impositiva (sobre el papel)

En contraste con el Partido Popular, el programa económico de Vox ofrece una mayor precisión en cuanto a cómo se modificarían los principales impuestos. Proponen un tipo único reducido del 15% en el IRPF para bases imponibles inferiores a 70.000 euros, y un tipo ordinario del 25% para bases imponibles superiores a esa cantidad. También plantean exenciones de 22.000 euros anuales en rentas del trabajo, sin importar si se tienen uno o dos pagadores.

Además, proponen tipos reducidos de IVA al 8% y un tipo general al 18%, junto con la eliminación del IVA para la adquisición de la primera vivienda habitual y la eliminación de la doble imposición en artículos ya gravados con impuestos especiales. En cuanto al Impuesto de Sociedades, Vox propone una reducción progresiva y continua del tipo hasta llegar al 15%, además de la simplificación de dicho impuesto.

Aunque bajar los impuestos puede resultar atractivo para muchos votantes, Vox carece de una memoria económica detallada que explique el impacto de estas medidas en las cuentas públicas y en la estabilidad presupuestaria.

Además, en cuanto a la reducción del gasto público, Vox propone medidas generales sin detallar los ahorros que se obtendrían con cada una de ellas, como la revisión y racionalización de las Administraciones Públicas, la supresión de las oficinas de implantación de la Agenda 2030 y la reestructuración de la Administración, incluyendo la eliminación de ministerios, secretarías de estado y direcciones generales que se consideren inútiles.

Sumar y su herencia universal financiada por las grandes rentas y patrimonios

La plataforma que integra Sumar tiene como objetivo principal recaudar más a través de incrementar la presión fiscal para implementar su acción política. El programa propone una serie de medidas fiscales destinadas a aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF). Para lograrlo, se plantea ampliar el número de tramos a partir de los 120.000 euros, aplicando tipos marginales crecientes. Del 45% marginal actual se subirá por tramos hasta llegar al 52% para rentas a partir de 300.000 euros.

Los ahorradores están en el punto de mira. Se propone equiparar los tipos impositivos de las rentas del ahorro a los de las rentas del trabajo, afectando a las rentas del capital a partir de los 120.000 euros, con el objetivo de alcanzar al menos un tipo del 30%.

En el ámbito del IRPF, se plantea evaluar y eliminar aquellas deducciones que carezcan de justificación económica, muchas de las cuales además reducen la progresividad del impuesto. Esta medida busca garantizar una mayor equidad en la tributación y eliminar beneficios fiscales injustificados.

En el impuesto de sociedades, se propone condicionar los beneficios fiscales para las SOCIMIS, EDAVS y las sociedades y fondos de inversión inmobiliarios en función del valor social y la contribución al interés general de los proyectos que realicen. De esta manera, se busca fomentar la inversión con impacto social y promover el desarrollo de proyectos que beneficien a la sociedad en su conjunto.

El programa también contempla la implementación de un gravamen sobre los suelos disponibles para urbanización ociosos, con el fin de incentivar su desarrollo y evitar la especulación. Esta medida busca aprovechar los recursos y garantizar un uso eficiente del suelo.

La única reducción de impuestos en el programa de Sumar la vemos vinculada a la vivienda. Se propone reducir el IVA para proyectos de vivienda destinados al alquiler social y asequible. Esta medida busca favorecer el acceso a la vivienda para aquellos sectores de la población con mayores dificultades económicas, promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Por último, el programa contempla el establecimiento de un impuesto a las grandes fortunas y patrimonios, con el objetivo de reducir la desigualdad y financiar políticas sociales. Aunque no se especifica de manera concreta, el objetivo no es otro que financiar su medida estrella de una «herencia universal» de 20.000 euros, que se hará efectiva al cumplir los 23 años, para ayudar a las personas jóvenes a seguir formándose, iniciar su andadura profesional e independizarse.

En este caso, tampoco se acompaña de una memoria económica que evalúe el impacto aunque las estimaciones apuntan a unos 10.000 millones de euros que supone multiplicar por 15 la recaudación del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas. Hoy el tipo del impuesto es del 1,7% para los patrimonios entre 3 y 5 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5 millones y 10 millones; y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10 millones de euros, ¿cómo lo harán sin provocar un efecto huida?

Empezamos el 2023 con una serie de noticias económicas de importante calado: entre la que destaca la rebaja fiscal del IVA. Desde que el incremento de los precios impactara negativamente en la economía de muchas familias, esta rebaja es uno de los propósitos de año nuevo para que el IVA baje directamente hasta el 0 % en productos básicos. Sin embargo, ¿cuánto le va a costar esto al Gobierno y cómo lo intentará recuperar?

¿Qué productos se benefician de la rebaja fiscal del IVA?

No todos los productos se van a beneficiar de la rebaja fiscal del IVA y es que esto solo comprometerá a aquellos que se consideran básicos. Concretamente a harinas, pan, productos lácteos, huevos, verduras y hortalizas, y cereales. Pero, no solamente esta rebaja fiscal se destinará a los alimentos. Existen otros, relacionados con servicios y cultura, que también serán beneficiarios de este 0 % de IVA.

Asimismo, los productos de higiene femenina experimentarán una reducción del 10 % al 4 %. Esto es algo que se llevaba solicitando desde hace tiempo, pero hasta el momento las peticiones no habían tenido su efecto. Parece que este 2023 es el año de las novedades, aunque hay algunos aspectos interesantes que tener en cuenta.

Pero, esta reducción tan solo estará vigente durante medio año. Así que, se espera que cuando culmine este periodo, los precios vuelvan a como están ahora, aunque los más negativos piensan que pueden incrementarse más. Estas aún son suposiciones que habrá que ir corroborando a medida que pasen los meses. El problema estará en si esta rebaja fiscal se intentará conseguir por otro lado, lo que perjudicará igual a las familias.

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La rebaja le cuesta al Gobierno 661 millones de euros

Lo que le costará al Gobierno esta rebaja fiscal del IVA asusta. La cifra alcanza hasta los 661 millones de euros. Pero ¿cuál es el mayor de los problemas? Que España no puede asumir una pérdida tan elevada. Es por esto por lo que ya se están poniendo en marcha una serie de estrategias para recuperar este dinero que va a afectar a la población igualmente. Y es que ningún tipo de rebaja fiscal sale finalmente gratis.

Además, un aspecto esencial que destaca la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, es que serán las rentas altas a las que más les vaya a beneficiar esto. Esto, sin duda, resulta contradictorio, ya que son las más bajas las que están sufriendo los efectos devastadores de la crisis actual.

Pero, el gasto que hacen las rentas altas en alimentación es superior a las de las rentas medias y bajas. Esto es un problema, puesto que es muy difícil que la rebaja fiscal del IVA se pueda ofrecer solamente a unos contribuyentes y no a otros. Aunque esto ya se pensó en su momento, al final, el control sería complicado de llevar a cabo. Por lo tanto, el coste que tendrá esto se recuperará por otras vías.

¿Cómo pretende recuperar esta pérdida el Gobierno?

El Gobierno ya ha tomado medidas para compensar esta rebaja fiscal del IVA. La primera es la de los autónomos que durante este año, y en los sucesivos, cotizarán en función de sus ingresos reales. La cuota más alta llegará a los 500 euros y, con esto, se espera recaudar bastante dinero. No obstante, hay más cambios para este 2023.

El nuevo impuesto sobre los plásticos se ha justificado a favor de la sostenibilidad y del cuidado al medioambiente. El impacto parece que será elevado, cerca de los 300 millones de euros, según los datos de un informe de Analistas Financieros (AFI). Por lo tanto, esta es otra manera de compensar esta rebaja fiscal del IVA.

Con todo, se ha creado un tramo nuevo para que tributen las grandes rentas. Aquellas que perciban más de 300 000 euros lo harán en un 28 %. Sin duda, todos estos cambios tendrán un impacto en la economía que paliará esa rebaja fiscal del IVA que le va a costar tantos millones al Gobierno. Y es que la deuda se encuentra en sus máximos.

Todavía hace falta tiempo para medir el impacto que todas estas medidas van a tener y de la propia rebaja fiscal del IVA. Por el momento, hay que esperar para poder opinar sobre si esto facilita el poder comprar productos básicos y que más personas puedan llevar a casa los alimentos que realmente necesitan. No estamos en nuestro mejor momento, pero esperamos que esta crisis tenga pronto una fecha de fin.

Hacienda creó hace diez meses un comité de expertos para estudiar una reforma fiscal y ya tienen sus conclusiones. De entre ellas hay una muy interesante: elevar el IVA. Pero no por una elevación de tipos sino por decrementar drásticamente los bienes y servicios que se ven beneficiados de tipos reducido y superreducido.

Esta es una medida que llevamos analizando años desde estas páginas, por ejemplo cuando hubo un amago de establecer IVA en Sanidad y Educación. Lo interesante de esta medida es su capacidad recaudatoria y la poca distorsión que genera. Lo malo, pero subsanable, es la regresividad del impuesto.

El IVA como herramienta recaudatoria

El IVA es una fortísima herramietna recaudatoria y está claramente infraprovechada en España, con múltiples excepciones que hacen que el tipo general realmente no lo sea tanto. Los políticos siempre han visto con buenos ojos favorecer a ciertos sectores con tipos más bajos.

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Lo ideal para limitar esta distorsión del mercado es que todos los bienes y servicios tengan el mismo tipo impositivo. Y con un IVA igual para todo el tipo podría ser más bajo del 21% y aún así generar mayor recaudación que la actual.

La regresividad del IVA

La principal crítica que se hace al IVA es su regresividad. Al estar todos los bienes gravados por este impuesto por un importe independiente de la renta recibida, las rentas bajas pagan lo mismo que las altas.

Los tipos superreducido y reducido actuales eliminan parcialmente esta regresividad, de hecho en un estudio de 2013 se indicó que existía una cierta progresividad, pero muy ligera, porque las rentas altas consumen bienes y servicios con tipos reducidos (hostelería) y tipo cero (educación y sanidad).

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Pero lo cierto es que la regresividad del IVA no es importante. El Estado puede hacer la redistribución en el gasto y no centrarse tanto en el ingreso. Por ejemplo, las rentas bajas tienen derecho al IMV, si estuviera bien gestionado, y a otro tipo de ayudas públicas. Esto compensaría la regresividad del IVA.

El IVA debe simplificarse... y recaudar más

Ante las presiones de ciertos grupos para obtener favoritismos y lograr una distorsión del consumo de las familias deberíamos plantarnos. Y una forma de hacer esto es con una simplificación del IVA, con menos bienes y productos fuera del tipo general.

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Además, el IVA tiene capacidad de recaudar más. Debemos reducir el déficit y tenemos ciertas obligaciones de gasto que difícilmente van a bajar (envejecimiento de la población, Defensa). Seguir tocando el IRPF no tiene mucho recorrido ya, con unos tipos marginales que superan el 50% en algunas Comunidades Autónomas.

Como digo, este es el punto más interesante del comité de expertos. El resto de asuntos puede que sean más mediáticos pero tendrán mucho menos impacto en las cuentas generales del Estado.

El Brexit es oficial desde hace unos meses y los británicos ya no son ciudadanos de la Unión Europea. La dolorosa separación se hizo realidad y, de momento, el caos que muchos anunciaban que vendría con él no ha sido tal. Aunque también es cierto que demasiado tenemos ya con la pandemia.

De hecho, el Brexit puede traer un beneficio a España vía sector turístico. Desde hace unos días, los esperados turistas British pueden venir a España sin necesidad de guardar cuarentena a su vuelta siempre que tengan la doble pauta de vacunación, algo muy importante para nuestro país.

Porque en 2019 fueron 18 millones los turistas británicos que visitaron España o la eligieron para pasar sus vacaciones. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro de los extranjeros que nos visitaron procedían de Reino Unido, por lo tanto, que puedan volver un año después sin tantas restricciones es un gran alivio para muchas zonas turísticas (Baleares, Alicante o buena parte de Andalucía) que viven de ellos.

Pero, además, este año vienen con un plus el cual muchos desconocen y puede ser un revulsivo para la economía española, tan dependiente del turismo.

El IVA, la clave

Sí, la clave de bóveda de esto es el IVA, de cuya devolución en sus compras pueden beneficiarse los británicos desde este año, al no ser ya ciudadanos comunitarios. Así, al igual que sucede con chinos, rusos o árabes, pueden ahorrar en sus compras en destino, algo que, a la vez puede empujarles a gastar más.

Y eso es sin duda una buena noticia para nuestra economía, porque a pesar de tener que devolverles unos 20 euros de cada 100 que gasten, beneficiarse de esto puede hacer que gasten más en productos más caros. Es decir, que se conviertan en turistas de compras.

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En España, el turismo de shopping no ha parado de crecer en la última década, con los chinos como principal nacionalidad, pero todavía está muy por detrás de otros destinos como Francia o Reino Unido. Por ello, teniendo en cuenta la querencia que tienen los británicos por España, esta medida puede ser definitiva para que España suba posiciones en el pódium de destinos de compras (actualmente es el séptimo de Europa).

Pero para ello, hay que cambiar, o mejor dicho, combinar el turismo de sol y playa que tanto disfrutan aquí los británicos por uno de más calidad, con el aliciente de la devolución del IVA. Es decir, un turismo más cultural y de visitas que, en este caso, se concentra en las ciudades.

Madrid, Barcelona y Puerto Banús son los principales destinos de compras en España, cada vez con más visitantes, lo que hizo que el viajero extracomunitario gastaran un 9% más en 2019, según la firma de pagos internacionales Planet. Por lo tanto, hay que llevar a estos turistas británicos a estos destinos para que la devolución del IVA sea beneficiosa.

Y para ello el sector debe hacer campañas de promoción en origen para incentivar este tipo de turismo con el IVA como gancho. Hasta ahora, lo que se ha vendido son los paquetes de 'todo incluido' en las costas; a partir de ahora, con esta medida, toca cambiar el chip y ofrecerles una experiencia diferente más urbana en la que pueden visitar lugares con un gran valor cultural -por ejemplo, el eje Prado-Retiro es ya Patrimonio de la Humanidad- y hacer sus compras.

De ello dependerá que buena parte de los 40.000 millones de euros que los británicos gastan en sus viajes internacionales cada año puedan quedarse en España. El IVA es la oportunidad.

El próximo jueves, en Consejo de Ministros extraordinario, el Gobierno aprobará una bajada del IVA para la factura eléctrica. La rebaja será del 21% actual al 10% para aquellas potencias contratadas inferiores a 10 KW. Por tanto es una rebaja enfocada a las familias y no a las empresas.

La rebaja durará (como mínimo) hasta el 31 de diciembre de 2023 y se aplicará siempre que el precio del mercado mayorista se sitúe por encima de 45 euros /MWh. Actualmente los precios rondan los 90 euros / MWh pero es cierto que a lo largo del año hemos visto precios por debajo del límite fijados por el Gobierno.

Otra medida que entrará en vigor es la suspensión, al menos durante el tercer trimestre del año, del impuesto a la generación eléctrica que es del 7%.

Así nos afectará en la factura

La medida aliviará la factura de dos formas. Por un lado de forma directa, ya que el actual IVA del 21% pasará a ser del 10% y esto es una rebaja de un 9% en la factura.

Por otro lado el impuesto a la generación eléctrica aparece indirectamente en los precios de la energía, aunque no desglosados como tal en la factura debido a que se cobra a las empresas generadoras que a su vez lo repercuten a los usuarios vía precios energéticos más altos.

Entre estas dos medidas podemos estar hablando de una rebaja de aproximadamente un 12% en la factura. Esto implica un alivio de unos 80 euros al año para el usuario medio, que prácticamente compensaría los precios más altos que tenemos debido a diversos factores.

Esta vez no pasará como con el cine

Uno de los miedos que hay entre los consumidores es que esta bajada de IVA no sea repercutida en el consumidor. Existe un ejemplo muy cercano, cuando se bajó el IVA de los espectáculos culturales y los cines no bajaron los precios.

Sin embargo el mercado eléctrico es algo distinto. Por un lado la mayoría de los consumidores están el mercado regulado y las comercializadoras simplemente cobran lo que les indica el Gobierno. Y por otro, los precios que se negocian en el mercado libre son antes de impuestos, por los que un cambio del IVA tendría un impacto directo.

En el caso del impuesto a la generación estamos ante un mercado competido, donde los precios se fijan en base a una subasta en la que intervienen múltiples factores como la demanda, el clima (para la cantidad de renovables que pueden entrar) y el estado de las centrales. Por lo tanto la rebaja de este impuesto repercutirá a la baja en la factura en los clientes con precio regulado, no así en los que estén en el mercado libre.

Por tanto estamos ante una rebaja de IVA y de impuestos que sí que tendrá una incidencia directa en la mayoría de consumidores, no como en el caso del cine donde se pueden variar los precios a decisión de la empresa en cualquier momento.

Las otras opciones

En general cualquier rebaja de IVA me parece una mala medida. Los tipos reducidos del IVA suelen acabar siendo discrecionales y complicados, no hay más que ver las normas que han puesto a este (solo para potencias menores de 10 KW, solo si los precios mayoristas superan cierto umbral). Y por motivos como este tenemos tantos agujeros en los impuestos.

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Normalmente la redistribución que tiene que hacer el Estado a los más necesitados debe hacerse vía gasto, no vía ingresos. Es decir, en lugar de complicar la recaudación del IVA y además hacerlo de forma indiscriminada (muchos de los que se beneficiarán de esta rebaja de la factura no tienen problemas para llegar a fin de mes), se puede hacer una actuación enfocada a quien más lo necesita.

De hecho ya existe un mecanismo para evitar que los precios eléctricos afecten a los consumidores vulnerables y se llama bono social. Es decir, los consumidores más afectados por estas subidas ya cuentan con un descuento que puede ir desde el 25% al 50%. Si no es suficiente el Gobierno podría simplemente elevar este descuento de forma temporal y sería más barato.

Si el problema es que en el bono social no están todos los que deberían estar, entonces debería reformarse. Pero también es cierto que existen otro mecanismo para llegar a los más vulnerables y es el Ingreso Mínimo Vital.

El problema es que el Ingreso Mínimo Vital no se ha desplegado de forma rápida y ahí deberían ponerse los recursos. En su día ya advertimos que se podría haber optado por un IMV más general, más rápido de desplegar y que luego fuera compensado en el IRPF si alguno lo recibía sin merecerlo pero no se optó por esa estructura.

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Lo que estamos viendo ahora son parches precisamente porque no todos los consumidores vulnerables están cubiertos. Y estos parches tienen una incidencia fiscal muy importante y estamos con un déficit muy abultado. Las medidas en estos tiempos deberían ser quirúrgicas, gastar el dinero lo mejor posible, no regar de dinero el país sin sentido.

Los Fondos de Recuperación y Resilencia de la Unión Europea parecía una panacea, un pan de ángeles. Sin embargo lo que muchos advertíamos era verdad: con los fondos había compromiso de reformas, por más que desde el Gobierno se insistiera que era dinero caído del cielo.

En las últimas semanas hemos ido viendo un esbozo de lo que estamos diciendo a Europa que vamos a hacer. En el fondo es lo que nos lleva años pidiendo, desde la anterior crisis. Y es muy curioso que mucha de estas reformas las llevaba Ciudadanos en sus programas electorales en el pasado.

Reforma laboral: hacia el contrato único

Ciudadanos propuso en 2015 cambiar radicalmente el modelo laboral español tendiendo a un contrato único, y poniendo fin a la gran de contratos que teníamos entonces y seguimos teniendo en la actualidad.

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La lógica detrás de todo esto es frenar la temporalidad, y que todos los contratos sean indefinidos subiendo los costes del despido poco a poco para evitar efectos barrera. La propuesta, en mi opinión, podría haber sido mejor, penalizando la temporalidad (despidos más caros a contratos más cortos) pero era una buena propuesta para que la transición a un contrato único fuera menos brusca.

Por supuesto esta reforma no llegó a implementarse pero el Gobierno ahora trabaja en una reforma laboral que nos acerca a dicho modelo. En esta ocasión se reducirían los tipos de contratos a tres: estable, temporal y de formación. Pero la idea es acabar con el fraude de puestos fijos que se cubren con temporales y restringir este tipo de contratos a labores realmente temporales (por ejemplo picos de trabajo en turismo).

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Aunque el Gobierno no vaya hacia un contrato único (quizá porque se asocia precisamente a la propuesta de Ciudadanos y fue muy contestado por los partidos que actualmente están en el Gobierno, a pesar de que este modelo laboral no es ni de izquierdas ni derechas) la idea a la que se tiende es la misma: los puestos fijos deben tener contratos estables, no gente rotando. Y para ello los incentivos deben ser los adecuados. Esperemos que la reforma vaya en dicho sentido y no sea una simple aglomeración de los muchos contratos que actualmente existen en tres modalidades para dejar todo igual.

IVA reducido, en entredicho

También en la campaña de 2015 Ciudadanos propuso una simplificación del IVA. En lugar de tres tipos (superreducido 4%, reducido 10% y general 21%) propuso dos tipos (reducido 8% y general 16%) para gravar menos el consumo por un lado y eliminar algunas exenciones por otro.

La idea detrás de esto es que tenemos una lista de exenciones muy abultada. De hecho la Airef ya ha señalado con anterioridad que algunas de las categorías incluidas en el tipo reducido son regresivas y cuestan mucho dinero a las arcas públicas.

El plan del Gobierno es actuar sobre lo que dice la Airef, cambiando categorías de productos entre distintos tipos: seguramente la hostelería y restauración pasarían al tipo general. La idea detrás de esto es efectivamente actuar contra la regresividad pero también aumentar la recaudación. El plan de Ciudadanos solo actuaba sobre la regresividad, ya que al bajar el tipo general la recaudación se hubiera quedado igual.

Mochila austriaca

La mochila austriaca fue propuesta por Ciudadanos en 2017. Curiosamente fue una reforma introducida en 2010 pero que se abandonó sin llegar a implementarse en 2011 por un problema fundamental: decidir quién lo paga.

La mochila austriaca es un fondo de capitalización que acompaña al trabajador en su vida laboral. Cuando es despedido parte de su indemnización sale de allí. Esto tiene dos consecuencias: por un lado reduce la indemnización por despido para las empresas sin afectar al dinero que recibe el trabajador; y por otro permite al trabajador a incentiva a moverse entre empresas si tiene una mejor oportunidad, ya que no pierde la antigüedad.

El que ha vuelto a poner el debate de la mochila austriaca encima de la mesa es el Banco de España, seguramente empujado por Europa. En esta ocasión ha propuesto una solución a la financiación del fondo, que es el principal escollo. El Banco de España propone dotar al sistema con 8.000 millones provenientes de los fondos de Europa.

Como hemos visto todas estas reformas que seguramente lleguen en los próximos años, impuestas por Europa para que España acceda a los fondos Europeos, fueron propuestas en su día por Ciudadanos. Quizá poner estos debates encima de la mesa con anticipación no fue en balde. Lo que está claro es que hubiera sido mucho mejor implementarlas entonces, entre 2015 y 2017, que ahora, ya que hemos perdido unos años bastante valiosos.

El Ministerio de Hacienda está preparando una reforma fiscal para el 2021. En esta reforma se quiere plantear el incremento de los impuestos especiales, una revisión de la tributación por módulos de los autónomos y una revisión de las deducciones en el Impuesto de Sociedades.

El Gobierno después de poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 en plena crisis de la pandemia por coronavirus, ahora se atreven durante este año abordar aspectos importantes de la tributación de impuestos.

Revisión de sistema de módulos para los autónomos, el impuesto de alcohol y tabaco, el impuesto del diésel y gasolina, y el IVA

El Ministerio de Hacienda tiene la pretensión de revisar el sistema de cuotas a través de módulos que pagan algunos autónomos y ya más de una vez se ha pedido que se eliminé.

Lo más conveniente es que el Ministerio de Hacienda aplicará la tributación por beneficios reales, ya que a través del sistema por módulos no se aplica la realidad.

Por otra parte, otro impuesto que quiere revisar es el impuesto de alcohol y tabaco, ya que el Ministerio de Hacienda considera que el precio que tiene en España respecto al resto de la Unión Europea es bajo y se debe aumentar para que menos personas consuman.

Otro impuesto que el Ministerio de Hacienda quiere revisar es el impuesto del diésel y la gasolina, ya que considera, que como pasa con el impuesto de alcohol y tabaco, se está pagando menos que en la Unión Europea.

Otro tema delicado es el Impuesto del Valor Añadido (IVA), el Ministerio de Hacienda quiere analizar los diferentes tipos, ya que considera que se utilizan más los tipos reducidos en los productos que en el resto de la Unión Europea.

Armonización de los impuestos entre las diferentes comunidades autónomas

El Ministerio de Hacienda quiere establecer los mismos criterios para determinados impuestos entre todas las comunidades autónomas. En concreto, el impuesto de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto de Patrimonio, y además de esto revisar las figuras de tributación para gravar la riqueza.

El Ministerio de Hacienda lo que quiere es que todas las comunidades autónomas tengan la misma capacidad de recaudación sin que se vean obligadas a aumentar la presión fiscal de sus ciudadanos, ya que tienen más empresas que pueden recaudar sus impuestos.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda quiere revisar la presión fiscal en temas de impuestos medioambientales, ya que considera, de nuevo, que se está pagando menos de lo que está pagando en la Unión Europea. Además, se pretende crear nuevos impuestos sobre los envases de plástico de un único uso y el impuesto de residuos.

Hacienda y la Seguridad Social se unen para la lucha contra la economía sumergida

Además de la reforma fiscal que se plantea por parte del Ministerio de Haciendo también se quiere crear un equipo dentro de la Seguridad Social para combatir la economía sumergida en España.

La población de España está distribuida de manera diferente según donde la región donde vive y la concentración de la mayor parte de la población está en 5 grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia y Sevilla). Por tanto, se considera que pueden establecer más esfuerzos en estas comunidades autónomos para sacar a la luz está economía sumergida.

Por tanto, el Ministerio de Hacienda y la Seguridad Social van a desarrollar de forma conjunta un plan de lucha contra la economía sumergida, en que van a trabajar diferentes inspectores, es decir, los inspectores de inspección laboral y los inspectores de la agencia tributaria.

En El Blog Salmón | Soluciones que podría aplicar el gobierno para salvar la economía de España en 2021

Imagen | LaMoncloa

El cuadro macroeconómico de España está en números rojos. La administración pública está viendo un desplome de los ingresos públicos por la caída del consumo, la inversión, los beneficios empresariales o las rentas de los hogares. En contraposición, el gasto en prestaciones sociales, fundamentalmente por desempleo, se verá notablemente incrementado.

Gran parte de los países, con mayor o menor intensidad, contemplan un panorama similar, aunque con algunos matices, según la intensidad de la crisis y el punto de partida previo. Pero, independientemente de la situación, la clave es la voluntad política sobre qué estrategia fiscal había que adoptar para enfrentar la crisis.

Si por algo se ha caracterizado el Gobierno es por su fijación en el gasto público, olvidándose de la carga fiscal que soportan las empresas. Pero la empresa está sufriendo y habrá que ver los resultados finales de la segunda oleada. Por ahora, si atendemos al número de empresas inscritas en la Seguridad Social, en el mes ce octubre se habían perdido 32.479 empresas frente al mismo mes del año anterior hasta alcanzar la cifra total de 1.286.436. Sufre la pyme, se han perdido 13.441 empresas de 1 a 2 trabajadores y 7.266 de 10 a 49 trabajadores.

No se ha visto una política business friendly por parte del gobierno de coalición. Como mucho hemos visto medidas relativas al aplazamiento de pagos de impuestos y cotizaciones sociales y liquidez por parte del ICO. Pero dejar de apretar a empresas, autónomos y trabajadores no ha entrado en los planes del Gobierno. A diferencia de otros países que sí han abordado la parte fiscal a través de la bajada de impuestos.

Por ejemplo, Alemania ha impulsado una rebaja impositiva temporal del tipo general del IVA desde el 19% hasta el 16% y del tipo reducido desde el 7% hasta el 9%. El Reino Unido se ha deshecho del impuesto por compra de vivienda y ha bajado el IVA a la hostelería para salir de la crisis (desde 20% hasta el 5%).

Sánchez aprieta tras el fatídico 2020

Con el Presupuesto presentado para 2021, no hay duda, Sánchez apuesta por subir impuestos. Aparecen nuevas figuras tributarias importantes como el Impuesto sobre Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

En El Blog Salmón

El Gobierno presenta unos Presupuestos anti-austeridad que preparan el terreno para más impuestos

Es del todo un error ambos impuestos. Por el lado del Impuesto sobre Transacciones Financieras, es difícil atraer capitales cuando se ataca al volumen de negociación a través de este impuesto. No es solo el ataque frontal a las empresas de servicios de inversión sino daños colaterales como la liquidez al mercado, afectan gravemente a la toma de decisiones de los inversores que podrían optar en apartarse y reducir su presencia en el mercado.

Quizá, peor aún, sea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, ya que en esta coyuntura determinada de restricciones de apertura y gran incertidumbre muchas empresas tienen la oportunidad de sobrevivir a través del comercio online. Este impuesto no afecta a las grandes tecnológicas por su importante poder de fijación de precios para desviar los efectos negativos del impuesto sobre el flujo de caja y los ingresos operativos. Se les trasladaría el coste del impuesto a los anunciantes, vendedores y, en última instancia, a los consumidores, que tienen pocas alternativas en términos de proveedores de servicios digitales.

Además, tenemos el aumento de la presión fiscal en el IRPF (contribuyentes con rentas altas) y en el Impuesto sobre Sociedades (limitación en la exención de rentas a grupos y grandes empresas). Específicamente, para los "ricos" se impulsaría medidas como la subida de un punto del Impuesto de Patrimonio para las rentas de más de 10 millones de euros y de 3 puntos del IRPF para las rentas de capital de más de 200.000 euros y otros dos puntos adicionales para las rentas de trabajo que superen los 300.000 euros.

Para más inri, ataque vía impuestos indirectos, en los tipos a productos concretos (el IVA en bebidas azucaradas y el Impuesto sobre Primas de Seguro) y de los cambios en la fiscalidad medioambiental (subida de tipos en el gasóleo, creación del Impuesto sobre Productos de Plástico de un solo uso y del Impuesto sobre la Eliminación de Residuos).

¿Ni tan siquiera bajar el IVA a la hostelería?

La hostelería está sufriendo especialmente en esta crisis con intensas restricciones impulsadas por las administraciones públicas. Nuestros vecinos europeos siguen una senda similar, pero con medidas compensatorias para esta industria.

Como relatamos recientemente "según los datos que reporta Hostelería de España, los datos generados por la crisis provocada por la pandemia hacen que a octubre de 2020 se hayan cerrado 65.000 negocios de hostelería, y la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y el nivel de facturación se haya reducido en más de un 50% respecto a 2019".

Según un estudio de Competur, con la aplicación de un IVA superreducido del 4% a los productos consumidos en la industria hostelera española se contribuiría a incrementar el gasto, aportando 4.320 millones de euros en 2021 y el gasto pasaría de algo más de 86.000 millones de euros a 90.396 millones de euros.

Esta medida permitiría paliar el enorme impacto de la pandemia en bares y restaurantes españoles, lo que supone concederles capacidad para mantener el empleo y el negocio a través de un mayor consumo. Esta medida está avalada por un total de ocho países europeos que reconocen los efectos positivos de esta medida, y ya han aprobado la reducción del IVA en todo su territorio (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Reino Unido y Lituania).

Actualmente la educación y la sanidad en España están exentas de IVA (en educación hay algunas excepciones, pero en general es así). Es algo habitual en los países de nuestro entorno, ya que se trata de dos actividades fundamentales en la economía y no se quieren desincentivar con precios más altos.

Sin embargo, en el borrador de los Presupuestos Generales para 2021 el Gobierno quiere establecer un IVA del 21% en ambos sectores. La idea es polémica: en una situación de crisis por una pandemia, desincentivar el uso de la medicina o educación privada podría empeorar la situación sanitaria y de formación de trabajadores para reciclarse ante el alto paro. Sin embargo también tiene algunos puntos positivos, el aumento de recaudación.

Razones para establecer IVA en sanidad y educación

El principal motivo para establecer impuestos donde actualmente no hay es claro: aumentar la recaudación. Se estima que la exención de IVA en estos dos sectores cuesta a las arcas públicas unos 3.500 millones de euros al año.

Además, en estos sectores hay alternativas públicas gratuitas o muy baratas. En sanidad toda la atención sanitaria es gratuita (excepto copagos en medicinas), mientras que en educación todo el tramo obligatorio es gratuito (salvo materiales) y la post-obligatoria muy económica (a pesar de la elevación de los precios públicos universitarios que hemos visto la última década).

Existe, además, otro motivo por el que imponer IVA a estos dos sectores podría ser una buena idea. Y es que el IVA es un impuesto indirecto y por tanto algo regresivo. Pero en el fondo es progresivo porque las rentas más altas consumen más bienes gravados con el tipo general y menos del tipo reducido o superreducido. Eso sí, hay una excepción: las rentas más altas consumen más sanidad y educación privadas y por tanto la progresividad del IVA se ve truncada.

En un análisis detallado del gasto de IVA en 2013 en España se puede ver como el IVA medio pagado por los hogares del decil más bajo de ingresos es del 12,3%, mientras que en el decil más alto es del 13,7%.

El motivo de esta pequeña progresividad es precisamente que los bienes exentos de IVA (sanidad y educación) suben con los deciles, al igual que se reducen los bienes reducidos y superreducidos. Es decir, estamos incentivando fiscalmente a los más pudientes, lo cual nunca es una buena idea.

El último motivo para apoyar esta subida es que en una situación en la que el Gobierno quiere aumentar la recaudación fiscal, si no lo recauda en el IVA seguramente lo hará en el IRPF, con lo que se desincentivará el trabajo en sectores seguramente cualificados.

Motivos por los que es mejor no tocar el IVA en estos sectores

Sin embargo hay razones también para no tocar el IVA de estos sectores. Lo primero, lo ya comentado: en una crisis como en la que nos encontramos es mejor no desincentivar el consumo sanitario o la formación. Además se calcula que el efecto en las familias no es menor, serían 1.300 euros al año por familia.

Otro aspecto importante es que, aunque es cierto que existen alternativas públicas y gratuitas a la mayor parte de los servicios ofrecidos, están dimensionados para la demanda actual. ¿Qué pasaría si hubiera una desbandada del sector privado al público? ¿Podría el Estado absorber esta demanda? ¿No acabaría siendo más caro por la poca recaudación y la subida del gasto público?

Sobre la progresividad del IVA hay también un argumento en contra: lo que tiene que ser progresivo es el gasto y no la recaudación. Es decir, no pasa nada si los impuestos no son progresivos siempre que el gasto público se dedique principalmente a los deciles más bajos. Con el Ingreso Mínimo Vital aprobado en primavera por fin vemos políticas en este sentido en España, donde el gasto tenía olvidados a los sectores más desfavorecidos.

Y sobre el esquema impositivo (si no se sube aquí irá a IRPF), lo cierto es que hay otras reformas pendientes: recategorizar algunos productos y servicios que actualmente están en IVA reducido y superreducido seguramente sea más prioritario que tocar el IVA de sanidad y educación, tendría más lógica y cerraría el gap que tenemos de recaudación respecto a Europa en impuestos indirectos.

¿Qué pesa más?

Sinceramente, los dos posturas tienen buenos argumentos. Personalmente creo que la subvenciones encubiertas a ciertos sectores por una u otra razón (hostelería al 10%, sanidad y educación al 0%) tienen más de intereses específicos que generales y sería buena idea tener un único IVA en España. Si se quitaran los tipos exentos, reducidos y superreducidos se podría tener un tipo general más bajo (por ejemplo un 16-18%) que recaudaría incluso más que ahora. Hace unos años hubo una propuesta similar y sigue teniendo validez.

Por otro lado no es el momento de subir impuestos. La crisis que viene es fuerte y mientras el BCE siga ayudando para la deuda no se dispare de precio hay que centrarse en la recuperación. Se podría cerrar la puerta a algunas deducciones del IPRF que cubren ciertos intereses particulares, pero al igual que antes, si esto se traduce en una reducción de tipos para mantener la recaudación sería positivo.

Imagen | Presidencia de la República Mexicana, medea_material

El Gobierno ha estado dando vuelta a ver como ayudar a los inquilinos que debido a la reducción de sus ingresos como consecuencia del coronavirus no pueden hacer frente al pago de sus alquileres.

El plan para el mercado del alquiler prevé una línea de microcréditos avalados de manera pública, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante 6 meses una vez que el estado de alarma sanitaria finalice, con una dotación de 700 millones de euros.

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Alquileres y coronavirus: así son las medidas del Gobierno para aliviar a los inquilinos

Con el plan del Gobierno para el alquiler sigue la obligación de pagar IVA e IRPF

Algunas empresas que se dedican al arrendamiento de inmuebles ya han empezado a aplicar a sus arrendatarios moratorias en el pago de las rentas por alquiler e incluso en algunos casos la condonación de la cuota del alquiler.

Aunque el propietario de un inmueble no consiga cobrar la cuota del alquiler durante un periodo determinado de tiempo, este debe seguir pagando los impuestos como si lo hubiera cobrado la renta del inquilino.

Los acuerdos a los que llegue el arrendador de un inmueble y el inquilino de este inmueble, sea cual sea la medida del Gobierno, se recomienda que el pacto entre las dos partes se documente de forma escrita, ya que a efectos fiscales existe diferencia entre el impago de la renta y el acuerdo de exoneración o moratoria de la renta de alquiler es importante.

Según estableció ayer el Gobierno de coalición para quienes tengan un piso alquilado a particulares o pequeño propietarios una línea de créditos con avales públicos y una moratoria de hasta 6 meses en el pago de la renta para los inquilinos de grandes propietarios de viviendas.

¿Qué pasa si el inquilino no me paga el alquiler con el IRPF y el IVA?

El impago del alquiler por parte de un inquilino no hace que el propietario deje declarar y pagar el IRPF o el IVA correspondiente.

Aunque luego es posible deducirse ante la Agencia Tributaria los impagos en el IRPF y modificar la base de pago del IVA para compensar este impagado.

Por tanto, es importante demostrar ante la Agencia Tributaria que no es un impagado, sino que es un acuerdo que se ha llegado entre las 2 partes.

¿Qué pasa con los impuestos cuando se ha acordado una exoneración del pago del alquiler?

El propietario de un inmueble debe tributar la exoneración del pago del alquiler, en el caso de local, que está sujeto a IVA, como si fuera una suspensión temporal de pago de la renta de alquiler, a lo que equivale a una cesión gratuita por actividad económica.

Por tanto, el propietario se podría verse liberado de pagar el IVA correspondiente que no ha cobrado ante la Agencia Tributaria.

En el caso que el inmueble no se local y sea una vivienda, el arrendador no tiene que pagar por el IRPF, que si se ha realizado el acuerdo, no se lo ha cobrado al inquilino.

¿Qué pasa cuándo se realiza una moratoria en el pago de la renta con el IVA y el IRPF?

En el caso de una moratoria en el pago de la renta, el propietario del inmueble no dejará de cobrar del inquilino las rentas acordadas en la moratoria, sino que las rentas se aplazan temporalmente, y la renta de alquiler sigue siendo una deuda por parte del inquilino.

Este retraso del cobro no deja libre al arrendador del pago del IRPF, ni del pago del IVA y, por tanto, el arrendador deberá pagar los impuestos en el momento que se lo exige la Agencia Tributaria.

¿Qué pasa con el IVA y el IRPF si se hace un pago parcial de la renta?

Si es un pago parcial de la renta de alquiler según acuerdo con el inquilino y, por tanto, se aplaza parte de la renta, el arrendador deberá pagar IRPF y el IVA en el momento que el pago de la renta sea efectivo.

Es decir, si acuerda pagar el 30 por ciento ahora y el 70 por ciento dentro del 3 meses, se deberá el pago a Hacienda del 30 por ciento correspondiente de IRPF e IVA, y el resto dentro de 3 meses.

En el caso que el inquilino sea una empresa o un autónomo profesional, el inmueble está sujeto a un IRPF del 19 por ciento y esta retención no se tiene que hacer efectiva hasta que no se haga efectivo el cobro, ya que la retención se realiza una vez que se ha efectuado el pago.

En El Blog Salmón | El expediente a Idealista da pie al PSOE y Podemos a regular el alquiler

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