Hace unas semanas, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) inició investigaciones para ver si las empresas de alimentación han actuado conjuntamente en la fijación de precios. Estas actividades anti-competitivas son ilegales y, si se prueban, como se ha dicho en estas páginas, las multas deberían ser fuertes y bastante por encima de los beneficios generados por esas prácticas. ¿Habrá carcel también?

Desde que saltó esta información las patronales alimentarias han salido criticando esta decisión. Jorge Jordana, secretario general de la Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), ha salido en la prensa más veces estos días denunciando esta decisión que lo que ha hecho en los últimos años.

Ahora vemos que Luis Berenguer, el presidente de la CNC, dice “Sería bueno que alguien nos enviara pruebas contra la distribución”.

No sorprende, ya que es muy difícil probar que empresas están actuando conjuntamente en base sólo a anuncios de movimientos de precios y sin evidencia interna, documentos o que alguien interno que acepte testificar y contar. Por eso la necesidad de la nueva ley que incentiva al quién primero habla.

Vía | Dinero
En El Blog Salmón | ¿Hay un complot para subir los precios? y Los carteles pierden y la competencia gana