¿España va como un cohete? Para unos sí, pero no para un grueso de la población que aún con un puesto de trabajo no consigue cubrir todos los gastos necesarios del día a día.

Y es que, mientras unos salarios han aumentado a cifras nada desdeñables. Una parte significativa de los trabajadores continúa atrapada en niveles retributivos muy bajos y que dificultan el acceso a una vida económica estable.

En este contexto, la situación de los jóvenes se agrava. Aunque son el grupo sobre el que más se habla cuando se analizan los retos del mercado laboral, los datos muestran que siguen perdiendo poder adquisitivo pese a la mejora del salario medio nacional.

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Todo suma. El encarecimiento de la vivienda, la inflación acumulada y la temporalidad están impidiendo que puedan beneficiarse del crecimiento salarial generalizado.

Un salario medio al alza, pero con desigualdades profundas

Según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística a partir de la Encuesta de Población Activa, el salario bruto medio del empleo principal alcanzó en 2024 los 2.385,6 euros mensuales.

Esta cifra representa un aumento del 5% respecto al año anterior, un porcentaje notablemente superior al ritmo medio de la última década. Sin embargo, el avance supone una ligera desaceleración si se compara con el aumento registrado en 2023, cuando se produjo la mayor subida desde 2008.

El importe medio refleja únicamente el resultado global, pero oculta una realidad de grandes diferencias. Cerca de dos millones de personas cobran alrededor de 1.000 euros brutos, situándose en la franja inferior de la estructura salarial.

Este segmento se compone, sobre todo, de trabajadores jóvenes, mujeres, empleados con contratos temporales y personas con menor nivel formativo. Para ellos, la evolución del salario medio apenas se traduce en mejoras materiales.

El perfil del trabajador con sueldo más elevado

Al desglosar los datos por características demográficas y laborales emerge un patrón muy marcado. El salario más alto se concentra en hombres mayores de 55 años que cuentan con estudios superiores, un contrato indefinido y jornada completa.

Este perfil reúne los factores que tradicionalmente elevan la renta laboral: estabilidad, antigüedad, especialización y una mayor presencia en posiciones de responsabilidad.

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Las diferencias por género continúan siendo especialmente visibles. El salario medio de las mujeres en 2024 fue de 2.163,2 euros mensuales, mientras que el de los hombres alcanzó los 2.593 euros.

La brecha, de aproximadamente 430 euros al mes, se explica no solo por la segmentación en el acceso a ciertos sectores y puestos, sino también por la mayor concentración femenina en trabajos con menos retribución y en modalidades que no siempre ofrecen progresión salarial.

Los extremos de la distribución muestran con claridad esta desigualdad. Un tercio de los hombres percibe salarios iguales o superiores a 2.659,8 euros, mientras que solo una de cada cuatro mujeres se sitúa en ese tramo. En el lado opuesto, casi un 40% de ellas ingresa menos de 1.582 euros mensuales, frente al 20,7% de los hombres.

Jóvenes con salarios estancados y pérdida de capacidad económica

La subida del salario medio no ha beneficiado por igual a todos los grupos de edad. Los trabajadores de entre 16 y 34 años no solo mantienen las retribuciones más bajas del mercado, sino que además han perdido poder adquisitivo en los últimos años.

La inflación acumulada desde 2021 ha reducido su margen económico, mientras que los salarios que reciben no han crecido a un ritmo suficiente.

Este problema se ve amplificado por dos factores estructurales. El primero es la dificultad para acceder a empleos estables: la temporalidad y los contratos de corta duración siguen siendo más frecuentes entre los jóvenes, lo que repercute en peores condiciones económicas.

El segundo es el encarecimiento del coste de vida, especialmente de la vivienda. En la mayoría de grandes ciudades, un salario cercano a los 1.000 euros brutos apenas permite cubrir alquileres que han superado máximos históricos.

Una brecha generacional que se ensancha

Mientras los perfiles con mayor antigüedad y formación pueden beneficiarse de la subida global del salario medio, las nuevas generaciones no encuentran oportunidades que permitan un avance real en sus niveles de ingresos.

Los datos muestran un mercado laboral dividido. La polarización salarial continúa siendo uno de los principales desafíos para España, dado que el crecimiento del salario medio no refleja la situación de millones de trabajadores que no acceden a los beneficios del ciclo económico.

Una situación que también afecta al consumo, al ahorro y a la capacidad de movilidad social de una parte significativa de la población.

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El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de España. Los jóvenes, principales afectados por la precariedad laboral y el encarecimiento del mercado inmobiliario, se enfrentan a serias dificultades para obtener financiación.

Y mientras tanto, un perfil de comprador concreto emerge con fuerza: personas de más de 45 años que buscan una vivienda en propiedad y cuentan con una estabilidad financiera que les permite afrontar el compromiso de una hipoteca.

Durante 2025, el mercado hipotecario español ha experimentado un cambio estructural de calado. Según los últimos datos de Gibobs.com, la demanda de préstamos por parte de mayores de 45 años ha crecido un 25% en el último año, lo que supone un cambio en el mapa tradicional de la financiación inmobiliaria.

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La estabilidad económica, los ahorros acumulados y una menor exposición a la temporalidad laboral convierten a este grupo en el nuevo motor del crédito hipotecario.

¿Por qué los mayores de 45 años solicitan más hipotecas?

En el informe elaborado por esta fintech especializada en asesoramiento hipotecario, se revela que los solicitantes entre 45 y 55 años representan ya el 20% del total, mientras que aquellos entre 55 y 65 suponen un 5% adicional.

La edad, por tanto, ha dejado de ser un obstáculo determinante para acceder a un préstamo de vivienda, aunque sigue influyendo en la duración del contrato y en el importe de las cuotas.

Los bancos valoran especialmente la solvencia, la estabilidad profesional y el historial crediticio de estos perfiles.

A diferencia de los compradores más jóvenes, los mayores de 45 años suelen disponer de mayores ingresos o propiedades previas, lo que reduce el riesgo para las entidades financieras.

No obstante, el plazo de amortización se ajusta para que el préstamo quede saldado antes de los 70 o 75 años, lo que puede traducirse en mensualidades más elevadas.

Jorge González-Iglesias Baeza, CEO de Gibobs.com, explica que la edad no impide acceder a financiación, pero sí condiciona las condiciones de la hipoteca. “Los bancos están abiertos a conceder préstamos a este perfil, aunque los plazos se acortan y se requiere una planificación más precisa. Contar con asesoramiento profesional permite comparar ofertas y estructurar la operación de manera más eficiente”.

¿Cómo ha cambiado el importe medio y el tipo de vivienda?

El estudio también muestra un aumento del 11% en el importe medio solicitado, que pasa a situarse en torno a los 187.750 euros. El precio medio de las viviendas adquiridas por mayores de 45 años alcanza los 246.670 euros, un 4% más que en 2024.

Este incremento responde tanto al encarecimiento del mercado como a la preferencia de este segmento por inmuebles de mayor calidad o ubicaciones más consolidadas.

En cuanto al tipo de inmueble, el 85% de las operaciones se realizan sobre viviendas de segunda mano, frente a un porcentaje muy reducido destinado a obra nueva.

Este patrón está vinculado a la escasez de promoción residencial y al incremento de los precios en nuevas construcciones. Además, la mayoría de estas hipotecas (78%) se destinan a la compra de una primera vivienda, aunque un 22% corresponde a segundas residencias o inversiones inmobiliarias.

El perfil medio del comprador en este grupo suele ser el de profesionales con estabilidad laboral, que buscan asegurar su patrimonio de cara a la jubilación o mejorar sus condiciones habitacionales tras años de ahorro.

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Este cambio generacional en el crédito hipotecario evidencia que, una vez más, los jóvenes siguen desplazados del mercado debido a los altos precios, la falta de ahorro previo y la dificultad para acceder a contratos indefinidos.

¿Qué papel juega el contexto económico y el Euríbor?

El comportamiento del Euríbor sigue marcando las decisiones financieras de los nuevos hipotecados. Durante 2025, el índice se ha mantenido en niveles moderados tras varios años de subidas, generando cierta cautela entre quienes contratan una hipoteca variable.

En este sentido, los mayores de 45 años tienden a optar por productos a tipo fijo, buscando seguridad y previsibilidad en las cuotas.

La elección entre tipo fijo y variable se ha convertido en una de las decisiones más relevantes al contratar una hipoteca. Para los perfiles de más edad, la estabilidad es una prioridad, ya que los plazos más cortos no permiten compensar posibles subidas de tipos con una reducción significativa del capital pendiente. Sin embargo, quienes planean amortizar el préstamo anticipadamente pueden encontrar ventajas en las hipotecas variables si el Euríbor continúa estable o a la baja.

Según los datos del Banco de España, el porcentaje de hipotecas a tipo fijo se mantiene en torno al 65% del total, lo que refleja la preferencia del consumidor por opciones sin sobresaltos.

¿Qué regiones concentran la mayor demanda?

Las comunidades con más actividad hipotecaria entre mayores de 45 años son Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que suman conjuntamente más del 68% de las operaciones.

Por el contrario, regiones como Castilla y León, Galicia o Aragón presentan una demanda más moderada, pero con un crecimiento sostenido.

En definitiva, los los jóvenes siguen enfrentándose a un escenario que les obliga a posponer la compra de vivienda y a depender cada vez más del alquiler. Todo lo contrario a las personas de más de 45 que han tenido más tiempo para ahorrar.

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Sí, España está mostrando indicadores macroeconómicos positivos, con mejoras en empleo y renta media. Sin embargo, una parte de la ciudadanía percibe que ese avance no se traduce en un mayor bienestar.

Parte de esta explicación reside en la inflación acumulada. Pero también en fenómenos estructurales que afectan de manera desigual a la población. Entre ellos destacan el distinto comportamiento de los ingresos según la edad y el peso cada vez mayor de los gastos relacionados con la vivienda.

El análisis de microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida permite observar que, entre 2018 y 2023, la renta de los menores de 64 años creció con progresividad, aunque a un ritmo inferior al de los mayores de esa edad.

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A la vez, el encarecimiento del acceso a la vivienda y de los pagos asociados ha supuesto una carga que ha limitado la mejora de la renta disponible.

Diferencias generacionales en el crecimiento de la renta

Entre 2018 y 2023, las personas menores de 64 años experimentaron un crecimiento de ingresos más pronunciado en los tramos bajos de la distribución, en torno al 35%, mientras que los percentiles más altos apenas superaron el 20%.

Sin embargo, el grupo de mayores de 64 años registró incrementos generales de entre el 30% y el 35%, superando a la población activa en casi toda la escala de ingresos.

Es importante recordar que parte de la mejora en los tramos más bajos de la población en edad de trabajar se explica por las prestaciones asistenciales, especialmente el Ingreso Mínimo Vital, que ha elevado las rentas en hogares vulnerables.

Aun así, la inflación acumulada del 18% durante el periodo significa que una parte relevante de los menores de 64 años se ha quedado con un crecimiento real muy reducido o incluso nulo.

La vivienda como factor de presión

La subida del precio de la vivienda desde 2018 ha acaparado hasta un 30% del aumento de ingresos de los menores de 64 años. Solo un tercio de este grupo vive en propiedad sin hipoteca, mientras que otro tercio afronta el pago de hipoteca y el resto reside en alquiler o en cesión.

En cambio, entre los mayores de 65 años predomina la vivienda en propiedad ya pagada, lo que reduce de manera significativa su exposición a las subidas.

Esta diferencia se traduce en que los trabajadores jóvenes y de mediana edad han visto cómo su capacidad de mejora real quedaba constreñida. Los pagos por vivienda y suministros han aumentado en paralelo al alza de precios, y los hogares con hipoteca sufren también el impacto del encarecimiento de los tipos de interés tras la pandemia.

Cambios en los regímenes de tenencia

El periodo 2018-2023 muestra una recomposición clara del régimen de vivienda. En los deciles bajos, un 4% de la población ha pasado de vivir sin cargas (en propiedad libre de hipoteca o en cesión) a residir en alquiler o con hipoteca. En los deciles altos, el cambio alcanza el 2%.

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Esto refleja que las familias con menos recursos son las más afectadas, debido a que el alquiler ha crecido con fuerza y concentra a los hogares de ingresos más limitados.

El papel de la inflación y los tipos de interés

Aunque el índice de precios al consumo refleja el encarecimiento general, existen partidas que golpean de forma desproporcionada a determinados colectivos. Los pagos de préstamos hipotecarios, influenciados por la subida de los tipos de interés, no quedan totalmente recogidos en el IPC. Para los menores de 64 años que aún afrontan cuotas, esto ha supuesto un impacto directo en su liquidez mensual.

Además, el encarecimiento de los suministros energéticos durante la crisis de 2022 agravó la situación. Estos elementos explican por qué, pese a la mejora del PIB y del empleo, la percepción de bienestar de muchos hogares se ha mantenido estancada.

¿Hay alguna opción para un cambio?

Lo que sí está claro es que hay una evidencia una fractura generacional. Mientras que los mayores disfrutan de estabilidad en vivienda ya pagada y con pensiones revalorizadas, la población activa debe destinar una proporción creciente de su renta a un gasto ineludible.

Esto limita el ahorro, retrasa proyectos vitales como la emancipación o la formación de familias y reduce la capacidad de consumo. A nivel macroeconómico, frena el dinamismo del mercado interno y amplifica la desigualdad intergeneracional.

Los economistas coinciden: para lograr un crecimiento inclusivo no basta con generar empleo o aumentar la renta media. Es necesario abordar la cuestión de la vivienda como un elemento central de la política económica.

Los datos muestran que, sin medidas específicas, el progreso económico seguirá beneficiando de manera desigual a la población.

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La vivienda es uno de los temas más candentes en la agenda política de cualquier país desarrollado. Mientras los precios de las propiedades continúan disparándose y el acceso a una vivienda digna se convierte en un sueño inalcanzable para muchos jóvenes, los gobiernos parecen estar legislando con una prioridad clara: proteger a los jubilados y a los propietarios actuales, aunque esto signifique perpetuar la precariedad habitacional de las nuevas generaciones.

La mayoría de las políticas relacionadas con la vivienda se diseñan para garantizar que los precios de las propiedades no caigan. Esto tiene sentido desde un punto de vista político, ya que una parte considerable del electorado en países democráticos está compuesta por personas jubiladas o cerca de la jubilación, cuyo patrimonio depende en gran medida del valor de sus inmuebles.

Para ellos, una caída en los precios de la vivienda no es solo una pérdida económica, sino también una amenaza directa a su estabilidad financiera.

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Por otro lado, los jóvenes, que en su mayoría no poseen viviendas y luchan por acceder al mercado inmobiliario, tienen menos poder político. Su situación se agrava por la precariedad laboral, el aumento del coste de vida y la falta de ahorros suficientes para hacer frente a pagos iniciales o hipotecas. En este contexto, la desigualdad generacional se profundiza.

La legislación y el inmovilismo político

En países donde la propiedad inmobiliaria es un pilar de la economía, los políticos suelen evitar cualquier medida que pudiera devaluar los activos de los propietarios. Esto incluye restricciones a la construcción de nuevas viviendas, el mantenimiento de subsidios que benefician a propietarios (como las desgravaciones fiscales por hipotecas) y una resistencia generalizada a introducir reformas fiscales que graven el uso especulativo de la vivienda.

Mientras tanto, los alquileres continúan subiendo, lo que afecta desproporcionadamente a los jóvenes y a las clases trabajadoras. En muchas ciudades, los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios de la vivienda, creando una brecha insalvable.

El equivalente en España 🇪🇸:
🔸Vivienda: 69,9%
🔸Planes de pensiones: 2,9%
🔸Efectivo y depósitos: 9,4%
🔸Renta fija: 0,2%
🔸Acciones y fondos: 7,3%
🔸Otros: 11,4%
(Fuente: Encuesta Financiera de las Familias, 2022) https://t.co/sdJB5mf60Z pic.twitter.com/yhs4YhO2sE

— Jon González (@Jongonzlz) January 4, 2025

Según datos de Eurostat, en la Unión Europea el precio medio de la vivienda aumentó un 38% entre 2010 y 2021, mientras que los salarios sólo crecieron un 19%. En lugar de abordar esta crisis, los gobiernos se limitan a medidas simbólicas, como controles de alquiler poco efectivos o subvenciones que terminan inflando aún más los precios.

Jubilados, el voto prioritario

Los jubilados representan un bloque electoral clave. Son más propensos a votar que los jóvenes y, a menudo, tienen necesidades y prioridades específicas que influyen en las agendas políticas. La estabilidad de sus ingresos, en gran parte vinculados a sus propiedades, hace que los políticos se inclinen por proteger sus intereses.

El resultado es una legislación desequilibrada que perpetúa las desigualdades. En lugar de invertir en vivienda asequible o garantizar que el mercado inmobiliario sea accesible para todos, los gobiernos se concentran en preservar el valor de los activos existentes. Este enfoque beneficia a los que ya están dentro del sistema y excluye a quienes intentan entrar.

Y es que, no cabe duda que uno de los mayores problemas del mercado inmobiliario es la especulación. Inversores nacionales e internacionales compran propiedades no para habitarlas, sino para obtener beneficios a través del alquiler o la revalorización del inmueble. Esto reduce la oferta disponible para quienes buscan una vivienda primaria y aumenta los precios.

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A pesar de las evidencias, las medidas contra la especulación son tímidas o inexistentes. Regular el uso de las propiedades como bienes especulativos podría reducir los precios y aumentar la disponibilidad, pero también podría afectar negativamente a los jubilados que dependen de ingresos pasivos provenientes de alquileres o de la revalorización de sus inmuebles.

En países como Canadá, se han implementado impuestos específicos a las viviendas vacías, lo que ha reducido el número de inmuebles desocupados en ciudades como Vancouver. Sin embargo, estas medidas también enfrentan resistencia de quienes ven sus propiedades como una inversión.

La necesidad de un cambio generacional

La solución a la crisis de la vivienda requiere un cambio en las prioridades políticas.Esto incluye construir viviendas asequibles para alquiler y propiedad podría aliviar la presión del mercado; gravar la especulación inmobiliaria y las viviendas vacías podría desincentivar el acaparamiento de propiedades; permitir más construcción en áreas urbanas densas podría aumentar la oferta; fortalecer los derechos de los inquilinos para evitar abusos y desalojos injustos.

Sin embargo, implementar estas medidas requiere coraje político y una voluntad genuina de enfrentar a los intereses establecidos. La solución no es sencilla, pero es clara: se necesita un enfoque más equitativo que equilibre los intereses de todas las generaciones. De lo contrario, el precio será una sociedad cada vez más dividida, donde la vivienda seguirá siendo un lujo en lugar de un derecho fundamental.

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El sector de la construcción no logra levantar cabeza desde la crisis del ‘boom inmobiliario’ de 2008. Por primera vez en 23 años, el numero de parados en el sector de la construcción ha bajado de los 200.000. A comienzos de siglo, las cifras de paro en España eran escasas y se construían una media de más de 600.000 viviendas al año. De hecho, según cálculos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) faltan unos 700.000 trabajadores en el sector.

Sindicatos y patronal ven el problema en la dificultad para atraer a los jóvenes. Unas nuevas generaciones más formadas que no ven en la construcción un sector en el que crecer y desarrollarse, pese a sus buenas condiciones económicas. De hecho, los jóvenes apenas representan el 9% de los trabajadores del sector.

La población española sigue creciendo, pero ante la escasez de oferta, el precio de la vivienda se sigue disparando. Las nuevas generaciones y las clases medias ven casi imposible poder acceder al alquiler o compra de un inmueble con unos sueldos que no suben.

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El Banco de España es claro y aseguró, a mediados de abril, que hasta 2025 habría un déficit de 600.000 viviendas nuevas. Este dato es cuanto menos llamativo si se tiene en cuenta que en España hay cuatro millones de viviendas desocupadas. Además, el 90% está en poblaciones de menos de 250.000 habitantes. Por tanto, el problema reside en que, en las grandes ciudades, donde se concentra la formación de nuevos hogares, hay solo 400.000 pisos vacíos y no cuatro millones. Una cifra insuficiente frente a una elevada demanda.

Los jóvenes no quieren el ladrillo

El 75% de los directivos del sector de la construcción consideran que la falta de mano de obra es la principal responsable de los retrasos en los proyectos. Esto repercute no solo en tiempos de entrega, sino también en la rentabilidad de los proyectos y en su viabilidad. Todo ello en un contexto cada vez más competitivo y exigente.

Solo hay que ver que el 42,8% de las compañías denuncian falta de mano de obra, según la última encuesta elaborada por el Banco de España, pero España es el país con mayor tasa de paro y el menor porcentaje de vacantes por cubrir de la zona euro.

El cambio demográfico y la falta de incentivos para atraer a los jóvenes profesionales son dos elementos clave. El 68% de las empresas de construcción dicen que faltan trabajadores jóvenes y lo citan como un problema preocupante a corto y a largo plazo.

Tan solo el 9,2% de los trabajadores tienen 29 años o menos (datos de 2022), frente al 25,2% que había en 2008, cuando estalló la crisis financiera.

España es el tercer país más afectado por esta problemática, por detrás de Polonia y Austria. Los jóvenes no quieren la construcción porque la asocian a un sector duro y exigente, que prefiere puestos de trabajo relacionados con la tecnología, la creatividad y un menor esfuerzo, aunque el salario no siempre fuese mayor.

Preocupación generalizada en el sector

El 90% de las empresas de construcción españolas aseguran que el precio de los materiales se ha incrementado en casi 20 puntos con respecto a la media global. Además, hay que tener en cuenta el impacto moderado que ha tenido el ascenso del precio de la energía.

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La falta de mano de obra no es solo local. El 65% de las empresas españolas ven en la inmigración una solución para cubrir estos puestos y precisan de una revisión de las políticas migratorias para poder facilitar la contratación de trabajadores cualificados. Preocupa que, en términos generales, los dos sectores más afectados en España sean la hostelería y la construcción. Sus tasas de desempleo se disparan al 64% y al 56%, respectivamente.

No solo en España la demanda de trabajadores cualificados en la construcción supera a la oferta. Para aportar mayor competitividad al sector y mitigar los problemas de escasez de mano de obra, la tecnología se presenta como una aliada.

Quizás para atraer a las nuevas generaciones todo pase por incorporar tecnologías como software de gestión de obras, lo cual permitiría la evolución del sector. Esto ayudaría a contribuir en pro de la sostenibilidad y de la competitividad a largo plazo en un mercado global cada vez más exigente.

Otros problemas que afectan directamente al sector serían la incertidumbre en torno a las políticas gubernamentales, así como las limitaciones financieras. Esa espiral de incertidumbre política influye en las políticas económicas y en la posibilidad de que las empresas más pequeñas del sector puedan acceder a incentivos o a condiciones de créditos favorables.

Otro problema que encuentra el sector de la construcción es la sostenibilidad. Los nuevos requisitos en materia de ESG (ambiental, social y gobernanza) hace que se dificulte la expansión de este tejido productivo.

La demanda de vivienda sigue siendo sólida y las herramientas digitales una solución para marcar la diferencia en materia de eficiencia y rentabilidad, logrando así atraer a las nuevas generaciones al sector. La modernización estructural podría ayudar a solventar los problemas de mano de obra.

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Lejos de reducir la tensión que existe con respecto a la vivienda en España, el Gobierno de Sánchez sigue con sus propuestas de regulación. La realidad es que resulta más sencillo regular y poner límites a las medidas que se han tomado con anterioridad que rectificar y apostar por la construcción de nuevas viviendas y, en concreto, de suelo público.

El pasado martes, el Pleno del Congreso debatió la proposición de ley de Sumar, Podemos, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y BNG para regular los alquileres de temporada y habitaciones. El objetivo no era otro que ejercer más presión sobre los propietarios y otorgar estabilidad a los locatarios.

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Esta nueva reforma o regulación se encaja dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos con el objetivo de equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual, desincentivando su uso y evitando fraudes que busquen sortear la Ley de Vivienda o subir los precios constantemente.

Finalmente, no ha salido adelante. A pesar de que Junts había anunciado su abstención, definitivamente han decidido posicionarse en contra. La votación ha quedado con 172 votos a favor (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria y José Luis Ábalos, exdiputado socialista ahora integrado en el Grupo Mixto) y 178 votos en contra (Junts, PP y Vox).

Propuestas para la regular el mercado de la vivienda

El partido de Yolanda Díaz confíaba en acabar con los vacíos legales de la ley, pues considera que este tipo de contratos se han convertido en un vacío legal que emplean los propietarios para esquivar la Ley de Arrendamientos Urbanos.

Contrato de temporada de máximo seis meses

En lugar de fomentar la oferta, se trabaja desde los aliados del Gobierno por regular la demanda en la mayor medida posible. La propuesta legislativa contemplaba un artículo bis en la Ley de Arrendamientos Urbanos que limitase el contrato temporal a seis meses. Si el alquiler se pactó con una duración inferior y se cumple el plazo, si continuase existiendo el motivo de temporalidad, se podrá prorrogar por acuerdo exprés entre ambas partes, pero nunca superando el medio año.

Si se encadenan más de seis meses o dos contratos consecutivos se trataría de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual. En los contratos temporales, el locatario podría desistir el contrato de arrendamiento siempre y cuando haya transcurrido, al menos, un mes desde su formalización. Para ello, deberá comunicarlo al arrendador con diez días de antelación, sin derecho a indemnización..

Mantener el alquiler temporal por obligación

El artículo 21 bis contemplaba la conservación de la vivienda temporal, aunque el arrendador debería conservarla en condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, incluyéndose las pequeñas reparaciones. Así pues, el locatario no tendría obligación de arreglar ningún desperfecto de la vivienda que se saliese del desgaste normal de cualquier piso habitado.

El arrendatario debería ponerel problema en conocimiento del arrendador en el más breve plazo desde su detección o conocimiento, quien estará obligado a responder en el plazo máximo de cinco días hábiles. De hacer las reparaciones el arrendatario, el coste se descontaría del precio de la renta del mes siguiente.

Tope al precio de la vivienda en alquiler en zonas tensionadas

Sumar quiere mantener el contrato indefinido en las viviendas, tal y como ocurre en el ámbito laboral. Para ello, su intención era fijar un régimen sancionador en la Ley de Vivienda. El problema es que el 50% de las personas que tienen contrato de arrendamiento en España tienen riesgo de acabar en exclusión social, según argumenta la propia líder de Sumar.

De este modo, el tope sería el 30% de la renta de los hogares que alquilan. De igual modo, se prohibirá la compra de vivienda en zonas tensionadas para usos diferentes a la vivienda habitual o el alquiler asequible.

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Se hablaba de la posibilidad de mejorar el Índice de Precios de Referencia, recogido en la propia Ley de Vivienda, considerando la media de precios como referencia e incluyendo elementos ‘objetivables’ en los datos de las viviendas.

Aumento del IVA a los pisos turísticos

Para acabar con el alquiler turístico ilegal, Sumar planteaba apoyar, con recursos condicionados para hacer cumplir la normativo. Para ello, se elevaría la fiscalidad y tributarían al 21% de IVA y que en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades se suprimiesen en el cálculo de sus rendimientos la deducibilidad de los gastos financieros, de amortización y de mejora de la vivienda turística en zonas tensionadas.

De igual modo, se planteaba elevar la imputación de rentas inmobiliarias al 20% en el IRPF, especialmente en los periodos de no ocupación en el IRPF. La formación abogaba, además por revisar la fiscalidad de las socimi para fomentar el alquiler permanente.

Ampliación de la oferta de alquiler asequible

El objetivo de los socios del Gobierno es destinar el 1% del PIB anual a la inversión en parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable. Su financiación, durante los primeros años, correría a cargo de un fondo estatal dotado con 40.000 millones procedentes de créditos blandos, que parten a su vez de fondos europeos.

Díaz plantea que se construyan 500.000 viviendas de alquiler social (entre 400 y 600 euros) en zonas tensionadas, donde la movilización de la vivienda vacía es suficiente. También propone cambiar el objeto social de la Sareb con el fin de emplear preferentemente sus activos en la creación del parque público de vivienda para el alquiler asequible.

Durante el debate, el portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha defendido que se trata de una propuesta de ley "solvente", "justa" y "precisa, ya que en España no se está cumpliendo con la Ley de Vivienda.

Por su parte, la portavoz de Vivienda del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha expuesto que el voto a favor de su grupo se debe a la necesidad de solventar el problema para encontrar una vivienda "accesible y digna", pero también ha avanzado que se presentarán enmiendas en la tramitación parlamentaria para reformular su redacción original.

En este sentido, Junts fue muy crítico y su diputada Marta Madrenas alertó sobre los efectos nocivos que puede tener la limitación en ciudades universitarias como Girona, pues la Ley de Vivienda ya ha reducido un 31% la oferta de pisos de alquiler. Ahora, son varias las voces de sindicatos que se han posicionado en contra, reclamando una solución urgente a un problema que podría explotar en cualquier instante.

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La generación Z (nacidos entre 1996 y 2012) es increíblemente rica, en EEUU. En España no les va tan bien. Dentro de que la economía en España anda a trancas y barrancas eso empobrece a uno de los sectores más débiles de la fuerza lhumaaboral, aquellos que apenas tienen experiencia que se encuentran con uno de las tasas más altas del mundo de desempleo juvenil.

En cambio la generación Z es la más rica en EEUU que sus antecesoras. Tiene valores diferentes (propiedad de la vivienda y salud mental) frente a los millenials y se ha criado en unas circunstancias diferentes que marcan sus aspiraciones laborales. Las empresas van a tener que empezar a trabajar con una generación distinta a las anteriores y va a ser un desafío para ellas.

La pobre Gen Z Española

La generación Z en España se está enfrentando a una de las circunstancias más duras de la economía española. Se encuentran con que la tasa de desempleo juvenil es la más alta de la UE. Es incluso peor que la de Grecia, un país que siempre había evitado que España apareciera en el peor lugar posible del ranking europeo.

Esto es un grave problema, primero porque la productividad de un trabajo se alcanza a partir de cierto tiempo trabajando, por lo que ese retraso se puede acabar arrastrando de por vida. Además es un problema porque impide mucho desarrollo profesional y personal, no hay más que ver las cifras de natalidad recientes.

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Este desempleo juvenil récord no es raro en un país en el que el desempleo general también está dentro de los más altos de la UE. Es decir, que esta tendencia es el problema general, Además no tenemos intención de resolver el problema del empleo en España, toda las medidas se centran en tener unas fuertes pensiones para aquellos que las reciben y aquellos que están a punto de recibirlas.

En cambio en EEUU y otros países como Gran Bretaña la situación es muy diferente

La rica Generación Z de EEUU

La generación Z está ganando más que las generaciones anteriores en su misma época. Esta generación en EEUU ha abandonado las humanidades y se ha centrado en estudios con mayor rendimiento económico como ingenierías y economía (algo que no sucede con los Gen Z españoles, que han optado principalmente por las carreras de letras).

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Además sus sueldos suben más que en otros grupos de edad. En EEUU los sueldos subieron un 13% en el segmento de edad entre 16 y 24 frente al 6% para los trabajadores entre 25 y 54. En Gran Bretaña subieron los sueldos un 15% para aquellos entre 18 y 21 y en Nueva Zelanda un 10% para aquellos entre 20 y 24 frente a una subida media en el país del 6%.

No obstante, la baja tasa de paro no hace que sea fácil cambiar de trabajo, eso ha hecho que muchos Gen Z estén resentidos con sus empresas y haya movimientos como la renuncia silenciosa o hacer lo mínimo los lunes que estén triunfando. Además los Z creen que su prioridad es la salud mental y que el trabajo no es una parte central o fundamental de su vida, de hecho se habla de la “ambición silenciosa”, los Z no aspiran tanto a obtener puestos de gerencia sino a equilibrar su vida privada y evitar situaciones de estrés, algo que hace que vaya a ser un problema para los empresas que ven como se desmoronan los escalones más bajos de la escalera laboral. Al contrario con los millenials que se encontraron con un horrible mercado laboral al acabar sus estudios, algo que les ha marcado y se sienten agradecidos por tener un trabajo. Los Z en cambio consideran que su trabajo es un derecho.

Además los Z están comprando vivienda antes que lo que hicieron los millenials en su momento. Después de que los millenials pareciera que no tenían intención de comprar una vivienda y preferían alquilar, no es lo mismo para los Z que tenían la compra de vivienda como una de sus prioridades. En ese sentido, los Z se están encontrando un peor y más caro mercado inmobiliario, unido a que muchos de sus préstamos universitarios y lo que pagaron por esta formación fue más alto, consideran que no son tan ricos cuando se enfrentan al mercado inmobiliario y les toca pagar sus estudios.

Otra cosa que se está viendo de los Z es que tienden menos a emprender y a solicitar patentes que las generaciones anteriores. Es decir, que igual su prosperidad no es lo que pensaban que fuera a ser.

Por supuesto si la generación Z española comparte valores con la generación Z de otros países occidentales, lo va a tener difícil en las duras circunstancias económicas a las que se enfrenta el país.

No es un momento sencillo para los jóvenes. La elevada inflación, la dificultad para acceder a una vivienda o la precarización laboral son las principales causas del estado de crispación que sufren actualmente los miembros de la Generación Z. Es por ello que ahora, antes de mirar la compatibilidad física o de gustos, los nacidos entre 1990 y el inicio de los 2000 dan más valor a la compatibilidad financiera.

Esta conclusión puede extraerse de un estudio realizado a 2.700 personas; el Planning & Progress 2023. Con ello, se prueba que los tiempos han cambiado, no solo en los métodos para conocer a una pareja, que suelen ser en su mayoría a través de Internet y las redes sociales, sino también en cuanto a lo que se valora. En concreto, la seguridad económica a largo plazo y la toma de decisiones financieras preocupa a los jóvenes estadounidenses especialmente.

Las claves del estudio

Para las generaciones más jóvenes, en el 49% de los casos, valoran más la compatibilidad financiera. Los millennials la valoran en el 40%, los de la Generación X en el 35% y los baby boomers en el 30%.

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La explicación reside en que estamos ante una generación que ha tenido que luchar, y sigue luchando, por obtener oportunidades laborales, superar una crisis económica y esforzarse por perfeccionar sus estudios. Esa latente inseguridad económica les lleva a buscar a alguien con sus mismos valores e inquietudes, ya que consideran que una pareja debe ser un apoyo real para salir adelante como familia.

Es curioso, pero el 32% de los encuestados de la Generación Z piensan que se debe hablar de dinero antes de que la relación se vuelva seria, subiendo esta cuestión al 40% en el caso de los millennials.

Una situación preocupante para España

El estudio ‘Presente y futuro de la juventud en España’, realizado por la Fundación BBVA, demuestra que la precariedad y la temporalidad laboral preocupan a los jóvenes. Solo hay que ver que, en España, un 25,4% de los trabajadores entre 16 y 29 años tienen un contrato a tiempo parcial, 12 puntos más que el conjunto de la población.

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Y es que España cerró 2023 con una tasa de paro juvenil del 28,36%, según el INE. Esto se traduce en que hay unos 481.500 jóvenes, de entre 16 y 24 años, que están en disposición de trabajar pero que no consiguen un empleo. Los datos oficiales reflejan la realidad, la cual especialmente afecta al sector femenino.

Todo ello conlleva a que antes de sumergirse en una relación sea importante valorar la viabilidad de una relación, es decir, si esa persona puede compartir los gastos de una casa o afrontar el reto de formar y mantener a una familia.

La transparencia para hablar de asuntos financieros en una cita se ha generalizado. De hecho, más de 1 de cada 3 (36%) de los españoles están dispuestos a hablar de dinero de forma natural en estos encuentros y esto sucede aún más entre las mujeres (41%) y la Generación X (40%).

Desaparece el mayor tabú

Antes, hablar de dinero en una relación estaba mal visto, era señal inequívoca de que esa pareja no funcionaría. No obstante, en la actualidad, nadie la considera una conversación descabellada, ya que se está mirando por la estabilidad financiera y, por ende, sentimental.

Para que una relación de pareja funcione en la actualidad, y esta es una idea que comparten los propios psicólogos y terapeutas de pareja, debe existir un entendimiento en todos los aspectos.

Por consiguiente, es importante fijar cómo se deben dividir los gastos y pensar en si estaríais de acuerdo en ayudar a familiares en un futuro si lo necesitaran o qué condiciones pondríais para ello. Las parejas que son precavidas y que hablan de hipotéticas situaciones controvertidas del futuro, luego experimentan un mayor grado de satisfacción.

Otra pregunta clave, a la hora de entablar una relación de pareja, especialmente para la Generación Z, es saber cómo maneja esa persona las deudas y qué opina sobre ellas.

Algunos expertos, como Alba Durán (directora de marketing de Bumble España), señalan: "No hay nada de malo en decir que tienes un presupuesto limitado, en sugerir que dividáis la cuenta u optar por una cita más discreta. Ser más transparente al hablar de dinero puede que ayude a tener una mejor cita, ya que te sentirás menos presionado a gastar por encima de tus posibilidades, y también entenderás si compartís los mismos valores cuando se trata de dinero y gastos".

La clave para que una relación funcione, especialmente para la Generación Z, es que se hable con plena claridad y transparencia de los objetivos y metas financieras. Una proyección de futuro que termine por consolidar las relaciones. Aunque conlleva una inversión de tiempo y esfuerzo, seguir unos sencillos pasos puede marcar una gran diferencia.

Durante los últimos tiempos, las nuevas generaciones no han parado de escuchar frases como “Los jóvenes no quieren trabajar”, “Solo piensan en salir y no se privan de nada”, “Renuncian por cualquier cosa” o “No están dispuestos a esforzarse”. La mentalidad generalizada de los boomers (los nacidos entre 1958 y 1975) es precisamente esa, cometiendo un grave error: comparar las circunstancias de hace cuarenta años con las de ahora.

Actualmente se da una tesitura compleja, marcada por una elevada inflación y unos tipos de interés disparados que no solo dificultan la capacidad de acceder a una vivienda para los más jóvenes, sino incluso el simple hecho de tener poder adquisitivo. La solución no es que salgan menos o se quiten de Netflix, como muchos pensionistas han llegado a expresar públicamente. Al final, los datos de muestran que la juventud sale menos y que cuando sale gasta menos optando por fórmulas más económicas. Y con respecto a plataformas online de como Netflix, recurren a métodos de compartición de la suscripción para ahorrar costes.

Que los jóvenes no quieren trabajar ni tienen capital para acceder a una vivienda es un cliché que perdura. Pero no se entra a analizar con detalle que el precio de una vivienda en España está disparado, tanto para compra como para alquiler, así como que las ofertas laborales son precarias, superando la demanda a la oferta con creces. España cuenta con la generación más preparada y formada de todos los tiempos, pero con menos oportunidades, más obstáculos y contratos más precarios.

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Llama la atención la opinión ofrecida recientemente por Francisco, un jubilado que en el programa laSexta Xplica explicó que en su momento él pudo comprar su piso cuando ganaba solo 1.800 pesetas y pagaba 800 pesetas de letra, lo que pasa es que los jóvenes no quieren sacrificarse como él hizo, que estuvo cuatro años sin salir, argumentó.

El problema es que como Francisco hay otros muchos boomers que ponen el foco del problema en los jóvenes, en lugar de la situación precaria del mercado que asfixia a las nuevas generaciones y que les imposibilita independizarse.

Poniendo el foco en el problema

Desde el inicio de la crisis económica, se ha percibido un descenso acelerado de los jóvenes propietarios, pasando del 54% de 2008 al 26% de 2020. Y es que a día de hoy, para que un joven pueda acceder a una vivienda en propiedad, tendría que destinar más del 60-70% de sus ingresos mensuales a pagar el préstamo hipotecario.

Los estándares empleados por las entidades financieras recomiendan no dedicar más del 30-35% de los ingresos mensuales a afrontar un préstamo hipotecario. No obstante, hoy en día el salario neto de un hogar unipersonal destina más del 60% a pagar la primera cuota hipotecaria.

El salario medio anual para una persona de 16 a 29 años es de 11.161 euros. Con un préstamo bancario a 30 años y a un interés del 2,35%, dedicando además el 30% aconsejable del salario medio neto al crédito, una persona podría optar a una vivienda de 78.289 euros, mientras que un hogar joven con dos salarios a una de 143.595 euros. No obstante, el precio medio de la vivienda supera con creces esas cifras y se sitúa en los 175.000 euros. Así pues, la única solución que les queda es compartir piso y depender de sus padres.

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Según datos del segundo trimestre aportados por el INE, el paro juvenil se situaba en el 27,94%, la cifra más elevada de toda la UE. Los datos ponen el foco en zonas como Extremadura, Canarias o Andalucía, donde superan con creces el 30%.

Comparativa con los años 80

Si se echa la vista atrás, en los años 80 se podía comprar un piso de unos 100 metros cuadrados de media por un precio inferior a un millón de pesetas (6.000 euros), siendo el salario mínimo en España en 1980 de 25.000 pesetas (154 euros). De este modo, la vivienda podía ser asumida con un único sueldo y la deuda se abonaba en un plazo máximo de 10 años, por lo que muchos patrimonios se compraban dos casas.

A esta circunstancia se suma la elevada tasa de inflación de la época, en torno al 25%, lo que derivó en que las viviendas no fuesen tan caras pese a que los intereses a pagar por los préstamos hipotecarios fuesen mayores.

A diferencia de los años 80, la tasa de temporalidad actual es mucho mayor, lo que dificulta seriamente el acceso a la vivienda en propiedad. De ahí que se pueda concluir que el precio de los pisos hace 40 años era bastante más comedido y acorde con los sueldos de la época.

Los sueldos medios llevan décadas estancados

El impacto de la inflación en los precios ha generado una demanda social que reclama la subida del SMI, consiguiéndose en 2023 un aumento del 5,1% hasta los 1.920 euros mensuales. No obstante, el salario medio varía en función de la comunidad autónoma.

Pese a todo, la capacidad de compra del salario medio en España ha disminuido en 2023 por segundo año consecutivo, situándose en un -2,6%. Todo ello supone una pérdida de 610 euros al año, pese a la ligera mejoría apreciada en la segunda mitad del año. De ahí que la capacidad de compra sea un 8,8% inferior al pico histórico de 2009 y muy inferior a la del 2000.

La brecha salarial entre las comunidades con salarios más altos (País Vasco, Madrid y Cataluña) y las de menor salario (Andalucía, Canarias y Extremadura) ha crecido en 2023 hasta los 749 euros.

De hecho, la OCDE certificó en julio de 2023 que los salarios reales han venido cayendo en España un 4% desde los momentos previos a la pandemia, siendo el doble de lo acumulado en la media de los países más ricos del mundo.

El problema del alquiler

Acceder a una vivienda en régimen de alquiler es complejo, pues a cierre de septiembre de 2023 suponía un coste de 11,8 euros por metro cuadrado, un 9,3% más que en 2022. De ahí que, pese a la recomendación del Banco de España de no destinar más del 35%, los jóvenes se vean obligados a pagar más del 70% para acceder a una vivienda.

Existe un desequilibrio significativo entre la oferta y la demanda, pues los inquilinos representan el 80% de la participación y los propietarios el 16%, lo que genera el aumento desorbitado de los precios.

Hay que tener en cuenta que las regiones más costosas para vivir de alquiler son actualmente: Baleares (15,91 €/m²), Madrid (15,01 €/m²), Cataluña (12,34 €/m²), País Vasco (10,22 €/m²) y Canarias (10,11 €/m²), todas ellas con una tasa de paro juvenil por encima del 19%.

Se trata de un problema difícil de atajar si no se toman medidas urgentes por parte del Ejecutivo. De lo contrario, los jóvenes solo podrán independizarse compartiendo piso. Si quieren vivir solos, tendrán que destinar casi la totalidad de su sueldo (el 80%), viviendo en una situación prácticamente de pobreza. Todo ello sin tener en cuenta los gastos de la cesta de la compra y el pago de suministros. Irse de casa supone, a día de hoy, una quimera, y no porque los jóvenes no quieran.

La campaña electoral parece centrada en la ayuda de 20.000 euros para todos los jóvenes que cumplan 18 años que ha hecho Yolanda Díaz, candidata de Sumar. Las críticas y halagos llegan a derecha e izquierda, como no podía ser de otra forma.

La propuesta tiene cosas interesantes y también errores. Pero lo cierto es que pese a todo es interesante que se hable de propuestas económicas en campaña electoral, ya que es lo que rige principalmente nuestras vidas.

Dar ayudas directas es un acierto

El primer acierto de la medida es que es una ayuda directa. Muchas veces estamos acostumbrados a ayudas específicas para algo en concreto: becas comedor, bono social para electricidad, dinero para comprar cultura y un largo etcétera.

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Pero realmente está demostrado que quien determina mejor para qué necesita el dinero son los propios beneficiados. Una persona puede recibir los 20.000 euros de Sumar y dedicarlos a formarse para obtener un mejor empleo, a comprarse un coche para poder acceder a un mercado laboral más grande o simplemente a dar la entrada para una vivienda y tener más estabilidad.

El que mejor sabe lo que necesita es el beneficiario. Y no porque lo digamos nosotros sino porque cada vez hay más estudios que indican que dar dinero directo a los que lo necesitan es la mejor y más efectiva forma de ayudar.

El dinero incondicional es una buena idea

Otro acierto de esta medida es que es dinero incondicional. Puede sonar a regresivo (y en parte de lo es) pero hay muchas ayudas que no llegan a los que más lo necesitan por el papeleo que requieren. Y no es casualidad: normalmente quien más necesita una ayuda son los que menos preparados están para solicitarlas.

No hay más que ver el IMV, una buena medida puesta en marcha esta legislatura. La AiREF ha publicado que solo el 40% de los posibles beneficiarios han solicitado la ayuda, y la Seguridad Social no lo ha desmentido. Estamos hablando de millones de personas.

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La mejor alternativa a este problema es hacer las ayudas completamente universales e incondicionales. ¿Cómo evitar la regresividad? Hay una forma que es que estas ayudas paguen IRPF, pero normalmente como una persona de 18 años, por mucho que venga de buena familia, no tiene ingresos y por tanto no pagaría nada. La otra es no hacer nada, una persona a la que le vaya bien en la vida ya pagará más impuestos.

Es una idea viable

Otro punto importante de la medida es que es viable. Al contrario que la idea de una renta universal, que no hay por dónde cogerla desde el punto de vista de financiación, esta propuesta tendría un coste de unos 10.000 millones de euros al año. No es caliderilla pero dentro de los 634.000 millones que se gastan las administraciones al año no es algo que destaque mucho.

Por tanto es una idea que requiere una búsqueda de financiación pero que se puede implementar. No es una idea loca inviable, es algo que puede requerir refinarse pero implementable si una mayoría de los españoles lo creen conveniente.

La primera pega es de dónde sale el dinero

Sin embargo no estamos ante una medida que no tenga ninguna pega, ni mucho menos. La primera es que, aunque sea viable, hay que buscar financiación para ella. Y decir que se va a financiar con un impuesto a los ricos es absurdo, como pretenden vender desde Sumar.

Si consideramos que un impuesto a los ricos es el de patrimonio hay que tener en cuenta que el impuesto de patrimonio de España, incluso siendo uno de los impuestos más raros de nuestro país en comparación con otros países, apenas recauda algo más de 1.000 millones de euros al año. Multiplicarlo por diez es una locura.

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Si hablamos de IRPF, las cosas no mejoran: la gente que declara ganar más de 60.000 euros al año ya paga 33.000 millones de euros de los 90.000 que recauda el IRPF. Es decir, más de un tercio siendo solo un 4% de los contribuyentes. Aumentar de dicho grupo en 10.000 millones (sería un 30% de aumento) es una barbaridad, teniendo en cuenta que dicho grupo ya soporta tipos marginales muy altos, del 45%.

Por tanto la financiación de la medida tendría que venir de otro sitio: o un aumento generalizado de impuestos (no solo a los más ricos) o de un recorte de otro sitio. Sí, es algo menor en el prespuesto de gasto del Estado pero eso no implica que se pueda aumentar el gasto sin buscar nuevos ingresos.

La cuestión clave: ¿es el mejor uso para el dinero?

Pero lleguemos a la cuestión clave: ¿estamos ante el mejor uso para el dinero? Es decir, si logramos recaudar 10.000 millones de euros para una partida extra, ¿debemos darle 20.000 euros a cada persona que cumpla 18 años? ¿No hay un mejor uso para el dinero?

Sin pensarlo mucho se me ocurren mejor usos para 10.000 millones al año. Por ejemplo reforzar el sistema de salud que cada vez tiene más presión del envejecimiento de la población y ha soportado una grave crisis por el covid-19; también tendría más sentido darle estos 20.000 euros a las parejas que tengan un hijo, el coste de la medida sería el mismo aproximadamente y quizá lograríamos aumentar la natalidad.

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También se podrían hacer ayudas algo más generales. Por ejemplo repartir los 10.000 millones al año entre toda la población (aproximadamente 200 euros al año por persona, incluyendo niños y jubilados; 250 euros al año por persona si quitamos a los jubilados que ya cobran una pensión; 320 euros al año si quitamos a menores de edad y pensionistas).

Otra opción es hacer las ayudas enfocadas a las personas que más lo necesitan, aunque aquí tenemos el mismo problema que venimos diciendo que soluciona esta propuesta: el dinero incondicional llega mejor. Pero si simplificamos el sistema de petición (solo por pedirlo se concede y es la administración quien comprueba a posteriori si se cumplen los requisitos y se retira la ayuda en caso negativo) se puede hacer una ayuda muy focalizada y sencilla. Simplemente viendo que los beneficiados del IMV son cerca de 2 millones, el impacto de 10.000 millones sobre este número de personas son 5.000 euros al año.

Pero este dinero también se podría dedicar a I+D para mejorar el futuro industrial o tecnológico de España y así lograr una mejor empleabilidad en nuestro país.

Es decir, el principal problema de la medida es que no está nada claro que sea el mejor uso del dinero. Y por eso la mayor crítica que se le puede hacer es que no está suficientemente reflexionado si es la mejor forma de mejorar el país, de reducir la desigualdad y de que todos tengamos un futuro mejor.

Y, sinceramente, esta pega invalida todos los aciertos que hemos comentado al principio. Las buenas intenciones y algunos detalles buenos no deben ser árboles que impiden ver el bosque: estamos ante una medida que no tiene sentido. Hay muchos mejores usos para el dinero público que esta ocurrencia.