Quedarse sin empleo cerca de la jubilación puede cambiar por completo la pensión futura. La clave no siempre está solo en la edad, sino en los años cotizados y en las bases que se arrastran hasta el retiro. Según recoge COPE a partir de un vídeo del experto laboral Juan Ignacio Díez en TikTok, existe una vía para seguir sumando cotización sin tener un trabajo en activo: suscribir un convenio especial con la Seguridad Social.

Pagar la propia cotización para no dejar huecos

Juan Ignacio Díez lo resume como un "secreto para poder cotizar sin trabajar". En realidad, se trata de un mecanismo legal y voluntario por el que el ciudadano asume el pago de sus propias cuotas ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

"Básicamente es que ustedes paguen su cotización. Sí, lo que paga una empresa lo pagarían ustedes", explica Díez en la publicación.

La lógica es sencilla: cuando no hay empresa que cotice por el trabajador, el interesado puede hacerlo por su cuenta para mantener viva su carrera de cotización. Eso puede marcar la diferencia al pedir una pensión de jubilación o incluso una incapacidad permanente.

El coste, según detalla el experto, ronda el 30% de la base reguladora que se elija. Pone un ejemplo claro: con una base de 1.500 euros, la cuota mensual sería de unos 500 euros.

"Con esto lo que están haciendo es cotizar y ampliar su vida laboral de cara a cuando, por ejemplo, van a pedir la jubilación o una incapacidad permanente", señala Díez.

Una vía para quien se queda a las puertas de la pensión

El convenio especial cobra sentido sobre todo cuando una persona necesita completar un periodo mínimo de carencia. El caso más evidente es el de quienes no llegan a los 15 años de cotización necesarios para acceder a la jubilación contributiva.

Díez lo plantea con un ejemplo muy habitual: personas que "no llegan, por ejemplo, a los 15 años de jubilación. Les quedan 14 y unos meses y dicen, '¿Qué hago? No encuentro trabajo?'".

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Ahí aparece el convenio como una solución posible. No es gratis, y ese matiz importa. "Evidentemente cuesta dinero, pero al final es una inversión para después poder obtener una pensión", subraya el experto.

La lectura económica es clara: se trata de comparar el coste presente de pagar cuotas durante un tiempo con el derecho futuro a cobrar una pensión o a mejorar su cuantía. Para algunos perfiles puede ser una herramienta decisiva; para otros, una decisión que conviene calcular bien antes de asumir.

Quién puede beneficiarse de este convenio

Este sistema está pensado para cubrir huecos de cotización y evitar que una interrupción laboral termine castigando la pensión futura.

Entre los perfiles para los que puede resultar útil están los trabajadores que han agotado la prestación por desempleo y se acercan a la edad de jubilación. También quienes han sido declarados en incapacidad permanente total y quieren seguir cotizando pensando en su futura pensión de jubilación.

Otra situación frecuente es la de quienes causan baja voluntaria y no quieren dejar desprotegido su futuro. Además, los cuidadores no profesionales de personas dependientes pueden acogerse a una modalidad específica de convenio.

El problema es que estas decisiones no siempre se toman con tiempo. Por eso, el texto original recuerda la utilidad del simulador de la Seguridad Social, que permite estimar la futura pensión a partir de los datos reales del trabajador. En situaciones complejas, como una empresa que se niega a conceder la jubilación parcial, el trabajador puede verse obligado a buscar alternativas para no perder derechos.

Requisitos, plazos y solicitud ante la Seguridad Social

Para suscribir un convenio especial hay un requisito clave: haber cotizado al menos 1.080 días en los 12 años inmediatamente anteriores a la baja en la Seguridad Social.

También hay plazo. La solicitud debe presentarse dentro del año siguiente a dejar de cotizar. Y hay un punto importante: si se tramita en los primeros 90 días, los efectos de la cotización pueden aplicarse de forma retroactiva desde la fecha del cese.

El trámite se inicia con el modelo oficial TA-0040 ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Ese formulario sirve para gestionar el alta, la baja o la modificación de datos del convenio.

La presentación puede hacerse de forma presencial en una oficina de la TGSS o, preferiblemente, a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, utilizando certificado digital, Cl@ve o DNI electrónico.

El coste final depende de la base elegida. Según el texto original, la cuota mínima arranca en 255 euros al mes y puede superar los 1.300 euros si se elige la base máxima.

En otras palabras, cotizar sin trabajar existe, pero no como una ayuda gratuita, sino como una decisión financiera: pagar ahora para proteger una pensión futura. Y precisamente por eso conviene hacer números antes de firmar.

Foto: Tiktok ampliada con Gemini, Américo Toledano, Matt Bennett.

Después de más de seis décadas recorriendo los cielos, Joan Prince Crandall ha decidido poner fin a una carrera que comenzó en 1959 y que la ha convertido en LA figura más longeva de la aviación comercial.

Con 66 años de servicio ininterrumpido, Delta Air Lines la considera la auxiliar de vuelo con más antigüedad de toda la industria aérea.

Y no es para menos, su trayectoria ha sido testigo de una transformación radical del transporte aéreo. Desde los pequeños aviones de hélice de mediados del siglo XX hasta los modernos gigantes capaces de transportar a más de 300 pasajeros.

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Crandall ha vivido en primera persona algunos de los cambios más importantes de la historia de la aviación. “Esa ha sido mi carrera, de azafata a auxiliar de vuelo”, explicó durante una entrevista a CNN en la que repasó una vida dedicada a conectar personas y destinos alrededor del mundo.

Controles de peso y prohibido casarse

Cuando Joan Prince Crandall inició su carrera profesional, el perfil que buscaban las aerolíneas poco tenía que ver con el actual. La imagen, la edad y la apariencia física tenían un peso determinante en los procesos de selección.

“Las aerolíneas quieren a mujeres jóvenes con una apariencia glamurosa”, recordó. En aquella época, los uniformes seguían las tendencias de moda del momento y las compañías ponían especial atención en la imagen que proyectaban sus tripulaciones.

Su primer destino fue Pacific Airlines, una compañía regional estadounidense que operaba aeronaves como el Martin 404, el Fairchild F-27 y el legendario Douglas DC-3, un avión con capacidad para apenas 24 pasajeros que marcó una época en la aviación comercial.

Sin embargo, detrás de aquella imagen elegante existían numerosas limitaciones para las trabajadoras. Algunas compañías imponían estrictos controles de peso, prohibían el matrimonio y obligaban a retirarse a edades que hoy resultarían impensables. “En esta era, esas políticas nunca habrían sucedido”, afirmó Crandall al recordar aquellos años.

Joan Prince Crandall cuando era una joven auxiliar de vuelo. Cortesía de Joan Prince Crandall para CNN

Los cambios que revolucionaron la aviación

La veterana profesional fue testigo de la transición más importante del sector: el paso de los aviones de hélice a los reactores comerciales.

Durante las décadas de 1960 y 1970, las aerolíneas comenzaron a incorporar aeronaves mucho más rápidas, silenciosas y eficientes. Aquella evolución transformó completamente la experiencia de vuelo y permitió conectar ciudades que hasta entonces requerían escalas y largas horas de viaje.

Para Crandall, aquellos avances siguen siendo algunos de los momentos más emocionantes de toda su carrera. La evolución tecnológica permitió ampliar rutas, aumentar la seguridad y multiplicar el número de pasajeros transportados cada año.

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También fue testigo de la llegada del Boeing 747, un modelo que revolucionó el transporte aéreo internacional y abrió la puerta a la expansión masiva del turismo mundial.

La lucha por los derechos de las mujeres

Más allá de los cambios tecnológicos, la auxiliar de vuelo destaca otro acontecimiento que marcó profundamente su profesión: la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 en Estados Unidos.

La incorporación de la protección frente a la discriminación por razón de sexo modificó las condiciones laborales de millones de mujeres y tuvo un impacto directo en el sector aéreo. “Cambió la vida para ti y para mí, y para las mujeres en el país, pero fue un gran cambio para las auxiliares de vuelo”, señaló en su entrevista.

Gracias a esta evolución legislativa, las trabajadoras dejaron de enfrentarse a restricciones relacionadas con el matrimonio o la maternidad.

El papel de la azafata de vuelo ahora es más importante

Aunque muchos pasajeros siguen asociando el trabajo de los auxiliares de vuelo al servicio en cabina, la realidad es mucho más compleja.

Durante sus más de seis décadas de experiencia, Crandall ha visto cómo las funciones de estos profesionales adquirían una importancia creciente en materia de seguridad operacional.

Hoy los auxiliares son responsables de gestionar evacuaciones, coordinar emergencias médicas, controlar situaciones de riesgo y garantizar que los procedimientos de seguridad se cumplan correctamente. “El trabajo es más difícil, es más largo”, explicó al comparar las condiciones actuales con las de sus primeros años.

La diferencia también se aprecia en el tamaño de las aeronaves. Mientras que los aviones de hélice en los que comenzó apenas transportaban unas pocas decenas de pasajeros, un Airbus A350 de Delta puede superar los 300 ocupantes en determinadas configuraciones.

El relevo para una nueva generación

Antes de su retirada, Crandall tuvo la oportunidad de conocer a nuevas profesionales que comienzan ahora el mismo camino que ella inició hace más de medio siglo.

Ahora, tras 66 años surcando los cielos, su próximo proyecto será escribir un libro y seguir viajando por placer. Eso sí, esta vez lo hará sentada entre los pasajeros y no al frente de la cabina.

Imágenes | CNN

El caso de un septuagenario que factura miles de euros mensuales como autónomo evidencia las costuras del modelo asistencial actual. Según los datos del testimonio televisivo recogidos por Antena 3, la brecha entre tener un inmueble en propiedad o carecer de ingresos mínimos es insalvable.

La precariedad económica en la tercera edad está empujando a ciertos perfiles a ensayar fórmulas de autoempleo tan imprevistas como complejas. Mientras el imaginario colectivo asocia el retiro con prestaciones de hasta 2.000 o 3.000 euros, la realidad para quienes no alcanzan los 1.000 euros al mes es crítica. El problema es que la falta de recursos arrastra a algunos mayores a compartir piso con estudiantes o a depender de la caridad y otro tipo de ayudas, convirtiendo la jubilación en una extensión de la vida laboral activa para lograr una existencia digna.

Del retiro obligado a la cabina de una excavadora

El ejemplo de Ángel Martín ilustra a la perfección este fenómeno de retorno laboral forzado. A sus 77 años, este pensionista rompe cualquier estereotipo sobre la vejez. Lejos de resignarse a una situación económica asfixiante, cuando tenía 73 años decidió formarse técnicamente para conducir una excavadora.

Para reactivarse en el mercado, Ángel asumió un notable riesgo financiero al adquirir una máquina por un valor de 50.000 euros. Esta inversión se financió mediante un préstamo bancario que el jubilado todavía continúa amortizando en la actualidad con sus ingresos mensuales.

Las cuentas del autoempleo en la tercera edad

La radiografía financiera de su situación previa justifica la decisión. Ángel percibía una pensión inicial de 850 euros, mientras que el coste de su alquiler se elevaba a los 800 euros mensuales. La viabilidad de subsistir con la diferencia era inexistente. Al dar el paso hacia el régimen de autónomos, su prestación de jubilación experimentó un recorte de 350 euros. Sin embargo, los rendimientos de su nuevo desempeño profesional compensan sobradamente la pérdida de ingresos públicos.

Actualmente, su cuota de autónomos que abona mensualmente no llega a los 150 euros. En contraposición, su volumen de negocio se ha incrementado sustancialmente: "La media es de unos 3.000 o 3.500 euros al mes", puntualiza el profesional sobre sus ingresos actuales. Estos recursos extraordinarios le permiten ir pagando la deuda de la maquinaria de forma sostenida.

La paradoja de trabajar para poder descansar

A pesar de que estas ganancias mensuales resulten muy atractivas para cualquier trabajador en activo, este escenario dista mucho de ser una elección idílica o un retiro deseado. Regresar al entorno laboral a una edad avanzada responde a la necesidad imperiosa de asegurar unas condiciones materiales mínimas, no a un deseo de prolongar la carrera profesional de forma voluntaria.

Ángel Martín confirma que preferiría disfrutar de un retiro convencional si las condiciones estructurales del sistema se lo facilitasen. Como bien admitió el propio protagonista durante su intervención televisiva: "Si tuviera una pensión digna para poder vivir con un apartamento chiquitito, tendría suficiente".

En definitiva, la historia de este operador senior deja una lectura económica profunda sobre el impacto del mercado inmobiliario en las prestaciones públicas. Cuando las pensiones mínimas son devoradas por los precios de los arrendamientos, el autoempleo en la tercera edad deja de ser una opción de emprendimiento para convertirse en la última red de seguridad frente a la exclusión.

Imágenes | Antena 3 - Y ahora Sonsoles

Durante décadas, la jubilación se entendió como un punto final: dejar de trabajar y empezar a vivir de la pensión. Es más, la propia etimología es clara: del latín iubilatio, que significa “griterío de alegría” o “júbilo”, un periodo de descanso o regocijo.

Sin embargo, esa frontera empieza a difuminarse en España y en otros países. Cada vez más personas que ya han alcanzado la edad legal de jubilación siguen activas en el mercado laboral mientras cobran, en parte (e incluso en la totalidad), su pensión.

Qué es la jubilación activa y por qué crece

Los datos lo confirman. En 2025, más de 76.000 personas compatibilizaban salario y pensión, un 9,4 % más que el año anterior, un crecimiento muy superior al del conjunto de las pensiones, que avanza a un ritmo cercano al 1,5 % anual.

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Hoy, la tendencia es clara: trabajar después de jubilarse ya no es una rareza estadística, sino un fenómeno en expansión. La principal vía para compatibilizar empleo y pensión es la jubilación activa, una modalidad que permite seguir trabajando una vez alcanzada la edad legal de retiro y cobrar, simultáneamente, parte de la pensión. A ella se suma la jubilación flexible, menos extendida, pensada para quienes regresan al trabajo tras haberse jubilado, normalmente con jornadas parciales.

El auge reciente no se explica solo por un cambio de mentalidad. Desde abril de 2025, la normativa se ha flexibilizado de forma notable. Se han eliminado requisitos que limitaban el acceso, como la exigencia de haber cotizado lo suficiente para cobrar el 100 % de la base reguladora en el momento de jubilarse, y se han ampliado las combinaciones posibles entre trabajo y pensión.

Como resultado, más y más perfiles pueden acogerse a estas fórmulas, incluidos los trabajadores asalariados y autónomos aunque, como suele ser común, con reglas distintas a las de los trabajadores por cuenta ajena.

Cómo se calcula la pensión en la jubilación activa

Una de las dudas razonables es cómo se calcula la pensión en un supuesto de jubilación activa, ya que la pensión compatible depende del tiempo que se retrase el acceso efectivo a la jubilación.

En términos generales, el esquema funciona de forma progresiva: quien accede a la jubilación activa tras un año de demora cobra el 45 % de su pensión. El porcentaje aumenta con los años de actividad adicional hasta poder alcanzar el 100 % tras cinco años. 

Este diseño busca incentivar que las personas prolonguen su vida laboral de forma gradual, combinando ingresos salariales y pensión, en lugar de abandonar el mercado de trabajo de manera abrupta.

En el caso de los autónomos, la regulación es más restrictiva. Para acceder a los porcentajes más altos de compatibilidad, deben cumplir condiciones adicionales, como al menos tener un trabajador asalariado indefinido, lo que introduce diferencias relevantes entre colectivos.

Más allá de los números

Hay que hablar, no obstante, de demografía, mercado laboral e ingresos, pues sin este trasfondo no se comprende el crecimiento de la jubilación híbrida.

La esperanza de vida ha aumentado de forma sostenida y una parte creciente de la población llega a la edad de jubilación con buena salud y capacidad para seguir trabajando. Al mismo tiempo, el sistema de pensiones soporta una presión cada vez mayor, en un contexto de envejecimiento acelerado.

Asimismo, hay un factor económico menos ventajoso sobre el que hablar: para muchos hogares, la pensión no garantiza por sí sola el nivel de ingresos suficiente. La necesidad de compatibilizar trabajo y pensión se convierte así en una estrategia para complementar rentas, especialmente entre autónomos y profesionales con trayectorias laborales irregulares.

En ese sentido, la jubilación activa funciona como una válvula de ajuste entre un mercado laboral que expulsa pronto a los trabajadores de más edad y un sistema de pensiones diseñado para carreras profesionales más estables y cortas.

Aquí aparece el debate de fondo. Si bien las cifras crecen con fuerza, las personas que compatibilizan salario y pensión siguen representando una minoría dentro del conjunto de jubilados. Además, las fórmulas híbridas alivian tensiones a corto plazo, pero no resuelven problemas estructurales como el bajo empleo sénior, el edadismo en las empresas o la falta de itinerarios laborales adaptados a trayectorias largas.

Algunos análisis subrayan que estas modalidades son útiles, pero insuficientes si no van acompañadas de cambios más profundos en el mercado de trabajo y en el propio diseño del sistema de pensiones.

En pocas palabras, la pregunta no es tanto si habrá más jubilados trabajando (pues el propio sistema parece estar obligando a ello), sino si España está preparada para integrar de verdad a los mayores en el empleo o si se limita a ofrecer soluciones parciales ante un problema que seguirá creciendo en los próximos años.

Cada vez que Elon Musk habla, sube el pan. El archiconocido empresario ha asegurado recientemente que, en un futuro dominado por la inteligencia artificial, ahorrar para la jubilación dejará de ser necesario. Así, tal cual.

Su argumento se apoya en una visión de abundancia tecnológica en la que la productividad, la automatización y la energía barata transformarían por completo el modo en que las personas viven y trabajan.

Las palabras del fundador de Tesla y SpaceX llegan en un momento especialmente delicado para casi todo el mundo, independientemente del país donde uno viva. La inflación acumulada, el encarecimiento de la vivienda y la presión sobre los sistemas públicos de pensiones han reducido la capacidad de ahorro de millones de hogares.

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Y, cómo no, han sido recibida con escepticismo por buena parte de los expertos en economía y finanzas personales.

Una visión futurista que choca con la realidad actual

Musk defendió su postura durante una intervención en el pódcast Moonshots, donde afirmó que “no tiene sentido preocuparse por ahorrar para dentro de diez o veinte años”.

Según explicó, los avances en inteligencia artificial, robótica y generación energética crearán tal nivel de prosperidad que el concepto mismo de jubilación quedará obsoleto. En sus palabras, el ahorro será “irrelevante” en un mundo donde los bienes y servicios serán prácticamente ilimitados.

El mensaje, sin embargo, llega en un momento en el que los datos apuntan en la dirección contraria. La deuda de los hogares en Estados Unidos alcanzó en 2025 un máximo histórico de 18,59 billones de dólares, más de un cincuenta por ciento superior a la registrada una década antes.

A ello se suma un entorno de tipos de interés elevados y salarios que no han crecido al mismo ritmo que el coste de la vida.

Para muchos especialistas, el optimismo de Musk ignora estas tensiones estructurales. Geoffrey Sanzenbacher, investigador del Center for Retirement Research del Boston College, fue especialmente crítico al señalar que “la mayoría de los estadounidenses debería ignorar por completo estos comentarios”. En su opinión, la idea transmitida por el empresario es “peligrosa y engañosa”, especialmente cuando el sistema de Seguridad Social afronta problemas de sostenibilidad a medio plazo.

El ahorro sigue siendo una red de seguridad imprescindible

Desde el ámbito académico, las reacciones han sido mayoritariamente prudentes. Alicia Munnell, asesora sénior del mismo centro y exdirectora de la institución, afirmó que no otorgaría credibilidad a las palabras de Musk fuera de su campo de especialización. “No tiene una visión realista de cómo vive la mayoría de la población ni del papel que juegan los planes de pensiones en la estabilidad financiera”, explicó, subrayando que el magnate debería centrarse en sus proyectos tecnológicos.

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Olivia Mitchell, directora del Boettner Center on Pensions and Retirement Research de Wharton, reconoció que la inteligencia artificial puede impulsar la productividad y reducir determinados gastos. Sin embargo, advirtió de que confiar el futuro financiero personal a esa hipótesis es “arriesgado”.

Según Mitchell, incluso en un escenario de mayor riqueza global, los beneficios no se distribuirán de forma uniforme, por lo que el ahorro individual seguirá siendo un pilar esencial.

Las dudas no se limitan al ámbito académico. Kristin Pugh, gestora de patrimonios privados en Creative Planning, señaló que la historia demuestra que los avances tecnológicos rara vez reducen el tiempo de trabajo o garantizan una mejor calidad de vida para todos. “Antes de renunciar a la planificación financiera, deberíamos exigir explicaciones claras sobre cómo se cubrirán las necesidades básicas de la población”, afirmó, recordando que el progreso no siempre implica equidad.

La inteligencia artificial no garantiza igualdad

Otros expertos insisten en que el optimismo de Musk se apoya en supuestos difíciles de cumplir. Ekaterina Abramova, profesora de la London Business School especializada en aprendizaje automático, ha explicado que un futuro de abundancia dependería más de decisiones políticas que de avances tecnológicos. Según ella, solo una redistribución consciente de los beneficios permitiría reducir la desigualdad, algo que no está garantizado en el contexto actual.

John Nosta, fundador de NostaLab y analista de innovación, fue aún más contundente al señalar que la visión del empresario descansa sobre una “cadena frágil de suposiciones”.

En su opinión, confiar en que la tecnología resolverá por sí sola los problemas estructurales ignora factores clave como la gobernanza, la fiscalidad o la cohesión social. “No es un reto tecnológico, es un desafío de coordinación a escala civilizatoria”, afirmó.

Desde una perspectiva histórica, James Ransom, investigador de University College London, ha recordado que este tipo de predicciones optimistas no son nuevas. Citó el caso de algunos analistas de la Guerra Fría que dejaron de ahorrar convencidos de que no llegarían a jubilarse. “En su momento parecía lógico, pero el tiempo demostró lo contrario”, explicó, advirtiendo contra el peligro de tomar decisiones financieras basadas en escenarios idealizados.

Entre la utopía tecnológica y la prudencia financiera

La visión de Musk conecta con una narrativa muy extendida en Silicon Valley, donde la inteligencia artificial se presenta como una fuerza capaz de eliminar la escasez. 

Sin embargo, los datos actuales muestran que la riqueza generada por la tecnología tiende a concentrarse y que los sistemas de protección social siguen siendo fundamentales para garantizar estabilidad a largo plazo.

Imágenes | Pixabay, Wired

La pensión de jubilación no es la misma para todos. Depende del sitio donde hayas trabajo. Y es que, aunque el sistema de pensiones es estatal y se rige por normas comunes, la cuantía que perciben los jubilados varía de forma notable según la comunidad autónoma en la que hayan desarrollado su vida laboral.

En la práctica, esto significa que dos personas con trayectorias laborales similares pueden recibir ingresos mensuales muy distintos simplemente por haber trabajado en regiones diferentes, lo que plantea interrogantes relevantes sobre cohesión territorial y equidad social.

Una diferencia que se ha consolidado con el tiempo

La pensión media de jubilación en España se sitúa en torno a los 1.512 euros mensuales, una cifra que esconde fuertes contrastes internos.

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El País Vasco encabeza el ranking con una prestación media cercana a los 1.841 euros al mes, mientras que Extremadura se sitúa en el extremo opuesto, con algo más de 1.279 euros.

La distancia entre ambos territorios supera los 560 euros mensuales, lo que supone una brecha cercana al 44%.

Si se analiza la evolución de los últimos cinco años, el desfase se ha incrementado en unos 100 euros mensuales, lo que equivale a más de 1.300 euros anuales.

El origen laboral de las desigualdades

La explicación principal de estas diferencias se encuentra en el mercado de trabajo del pasado. Las pensiones contributivas reflejan los salarios percibidos, los años cotizados y la estabilidad laboral que tuvieron los actuales jubilados.

En este sentido, los territorios con mayores niveles de renta y empleo de calidad durante décadas presentan hoy pensiones más elevadas.

El País Vasco ha mantenido históricamente una de las remuneraciones netas más altas del país, mientras que Extremadura ha registrado ingresos medios sensiblemente inferiores. La distancia salarial anual entre ambas regiones ronda los 11.700 euros, lo que supone más de un 26% de diferencia.

Estas condiciones laborales, combinadas con la edad efectiva de retiro y las carreras de cotización, determinan de forma directa la cuantía final que recibe cada pensionista.

Pensiones por debajo del SMI: un fenómeno desigual

Otro indicador revelador es la proporción de jubilados que cobran menos que el Salario Mínimo Interprofesional. De media, cerca del 58% de los pensionistas españoles se sitúan por debajo de este umbral, una cifra que se eleva considerablemente en las comunidades con pensiones más bajas.

En Extremadura, aproximadamente tres de cada cuatro jubilados perciben ingresos inferiores al SMI. Galicia, Andalucía, Murcia y Canarias también presentan porcentajes superiores al 65%, lo que evidencia una mayor concentración de pensiones reducidas.

En contraste, en territorios como el País Vasco, Navarra o Madrid, esta proporción es mucho menor, situándose entre el 40% y el 47%, lo que refleja un mayor nivel de protección económica en la vejez.

El papel del complemento a mínimos

Las diferencias territoriales también se observan en el uso del complemento a mínimos, una ayuda destinada a garantizar un nivel mínimo de ingresos cuando la pensión contributiva no alcanza el umbral legal establecido.

En 2025, este límite se sitúa en torno a los 9.193 euros anuales para hogares unipersonales y supera los 10.700 euros en el caso de unidades familiares con cónyuge a cargo.

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Mientras que en Extremadura alrededor del 33% de las pensiones de jubilación requieren este complemento, en el País Vasco el porcentaje apenas supera el 9%.

La media nacional se sitúa cerca del 18%, aunque en comunidades como Galicia o Castilla-La Mancha más de una cuarta parte de los jubilados dependen de este refuerzo para alcanzar un nivel básico de ingresos.

Envejecimiento y dependencia territorial

El peso de las pensiones en la economía regional también varía de forma significativa. En provincias como Ourense, Lugo, León o Asturias, más del 30% de la población percibe una pensión contributiva, muy por encima de la media nacional, que ronda el 21%.

A nivel autonómico, el País Vasco y Castilla y León presentan una proporción de pensionistas cercana al 26%, un porcentaje estrechamente vinculado al envejecimiento demográfico.

Los indicadores del Instituto Nacional de Estadística muestran que Asturias, Castilla y León y Galicia lideran tanto el índice de envejecimiento como la tasa de dependencia de mayores de 64 años.

Estas regiones concentran un elevado número de pensionistas en relación con su población activa, lo que añade presión sobre el sistema y condiciona el equilibrio económico a medio plazo.

Productividad, salarios y pensiones

La relación entre productividad y pensiones es directa. Las comunidades con mayor eficiencia productiva suelen registrar salarios más altos y, en consecuencia, prestaciones de jubilación superiores. 

Los análisis sobre productividad regional confirman que, tras la pandemia, la mayoría de comunidades autónomas han experimentado mejoras, con la excepción de Extremadura, donde la productividad muestra una evolución negativa en el periodo más reciente.

Las regiones que más han contribuido al crecimiento de la productividad en los últimos años incluyen Baleares, Canarias, País Vasco y Cataluña. En

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El sistema público de pensiones en España atraviesa una de las etapas de mayor tensión de los últimos años. La pregunta es, ¿hasta cuándo será viable este aumento de números y estadísticas?

El progresivo acceso a la jubilación de la generación del baby boom está acelerando la salida de trabajadores del mercado laboral y elevando el número de nuevas altas en el sistema. Una tendencia estructural que, sin duda, condicionará las finanzas públicas durante las próximas décadas.

Las cifras acumuladas hasta noviembre de 2025 confirman este cambio de ciclo. El volumen de jubilaciones no solo supera el registrado en ejercicios anteriores, sino que se acompaña de prestaciones iniciales más elevadas, lo que incrementa de manera directa el desembolso destinado al pago de pensiones.

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El efecto combinado del aumento de jubilados y de pensiones medias más altas sitúa al sistema en máximos históricos de gasto.

Un récord de salidas del mercado laboral

Entre enero y noviembre, 342.665 personas abandonaron la actividad laboral tras haber completado los años de cotización necesarios para acceder a la jubilación.

Este dato ya supera el total registrado en todo 2024 y deja atrás con claridad el volumen de 2023, cuando comenzaron a retirarse de forma masiva los primeros nacidos entre finales de los años cincuenta y la década de los setenta.

Si la tendencia observada en los once primeros meses se mantiene, el mes de diciembre sumará algo más de 31.000 nuevas jubilaciones, lo que situará el cierre del año en torno a las 373.800 altas.

El número anual de nuevos jubilados ha crecido de forma sostenida desde mediados de la década de los 2000, con un punto de inflexión claro en los últimos cinco años. Las barras correspondientes a 2024 y 2025 destacan sobre el resto, evidenciando un incremento cercano al 30% en el ritmo de incorporaciones al sistema en un periodo relativamente corto.

El impacto acumulado del baby boom

Los primeros tres años del proceso de jubilación de esta generación ya han incorporado al sistema a 1.037.679 personas. Se trata de una cifra relevante no solo por su volumen, sino por su carácter prolongado en el tiempo.

Las previsiones apuntan a que este flujo continuará durante los próximos 18 años, hasta que los últimos integrantes del baby boom alcancen la edad legal de retiro.

Este escenario introduce una presión constante sobre el sistema, ya que cada ejercicio se suman más jubilados de los que salen por fallecimiento. El crecimiento neto del número de pensiones activas se ha convertido en uno de los principales motores del aumento del gasto.

Pensiones iniciales más elevadas

Otro elemento clave del actual contexto es el importe de las nuevas pensiones. Los datos del Ministerio de Seguridad Social muestran que la prestación media con la que acceden los nuevos jubilados ha aumentado de forma notable.

En 2023 se situaba en 1.453 euros mensuales, en 2024 ascendió a 1.566 euros y en 2025 alcanza una media de 1.621 euros hasta noviembre. En apenas tres años, el incremento acumulado ronda el 11%.

Este aumento se explica, principalmente, por carreras laborales más largas y por bases de cotización más elevadas. Los trabajadores que se jubilan ahora han cotizado durante más años y con salarios superiores a los de generaciones anteriores.

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A ello se suma el retraso efectivo de la edad de jubilación, que ha superado por primera vez la edad legal. La media ha pasado de 64,82 años en 2023 a 65,07 años en noviembre de 2025, un dato que también influye en la cuantía final de la prestación.

El efecto sustitución y la presión presupuestaria

El crecimiento del gasto en pensiones no responde únicamente al mayor número de jubilados. El denominado efecto sustitución, que refleja la diferencia entre las nuevas pensiones y las que causan baja, desempeña un papel relevante.

En el último mes disponible, esta brecha fue de 277 euros mensuales, lo que eleva el gasto incluso aunque el número total de pensionistas creciera de forma más moderada.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el desembolso en pensiones cerrará 2025 con un incremento del 6,2%. De ese aumento, 1,7 puntos porcentuales se explican por el mayor número de prestaciones y 1,3 puntos por la diferencia entre altas y bajas.

El resto corresponde a la revalorización anual de las pensiones y a otras medidas, como el impacto del complemento de brecha de género.

Un gasto en máximos históricos

El pago total de pensiones alcanzará en 2025 los 189.598 millones de euros, casi 190.000 millones, lo que supone un nuevo récord para la Seguridad Social.

Tres cuartas partes de este importe corresponden a pensiones de jubilación, con un volumen cercano a los 138.000 millones de euros. Estas cifras consolidan una tendencia alcista que se mantendrá en los próximos años.

Las previsiones oficiales anticipan crecimientos del gasto del 5,1% en 2026 y tasas superiores al 4% hasta 2030. Aunque la moderación de la inflación reducirá el impacto de las revalorizaciones, la presión derivada del aumento del número de pensiones seguirá intensificándose.

Las proyecciones apuntan a 12,5 millones de pensiones activas en 2030 y hasta 17 millones en 2050, con un gasto equivalente al 13,4% del PIB a finales de la década.

Imágenes | Pixabay, Instagram

El futuro de las pensiones en España es siempre un tema a debate. A la preocupación expresada por la Comisión Europea sobre la suficiencia de las prestaciones futuras se ha sumado recientemente la OCDE, que ha señalado de forma directa los riesgos que amenazan la viabilidad financiera del sistema público si no se acometen nuevos ajustes estructurales.

Estas advertencias llegan en un momento de aparente fortaleza macroeconómica. La economía española ha mostrado un crecimiento superior al de muchos socios europeos, apoyado en la inversión, el dinamismo del sector servicios y el aumento del empleo.

Sin embargo, el buen comportamiento coyuntural no oculta un problema de fondo: la presión demográfica sobre las cuentas públicas y, en particular, sobre el sistema de pensiones.

Un sistema tensionado por la demografía y el envejecimiento

España se enfrenta a uno de los procesos de envejecimiento más acelerados de la OCDE y de la Unión Europea. La combinación de una esperanza de vida elevada y unas tasas de fertilidad persistentemente bajas está modificando la estructura poblacional con rapidez.

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Este cambio reduce la población en edad de trabajar, limita el crecimiento potencial del PIB y eleva el gasto asociado a pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.

Las estimaciones de la OCDE son contundentes. El gasto en pensiones podría incrementarse en torno a 3,2 puntos de PIB hasta 2050, mientras que el conjunto del gasto vinculado al envejecimiento aumentaría más de cinco puntos.

En paralelo, los ingresos del sistema no crecerían al mismo ritmo, ampliando una brecha que las reformas recientes no consiguen cerrar por completo. El desequilibrio entre ingresos y prestaciones amenaza con hacerse estructural.

Reformas en marcha, pero insuficientes

En los últimos años se han adoptado medidas relevantes, como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el retraso gradual de la edad efectiva de jubilación o la reforma del régimen de cotización de los autónomos.

Estas iniciativas avanzan en la dirección correcta, pero los analistas coinciden en que su impacto será limitado a medio y largo plazo.

La OCDE advierte además de los riesgos de seguir cargando el ajuste sobre las cotizaciones laborales. Un incremento excesivo de estas aportaciones elevaría la cuña fiscal del trabajo y podría afectar negativamente al empleo, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

Por ello, el organismo sugiere introducir ajustes automáticos ligados a la esperanza de vida y ampliar los periodos de cálculo de la pensión, además de fomentar una mayor participación laboral de los trabajadores de más edad.

Suecia como referencia de sostenibilidad

Frente a este escenario, el modelo sueco suele aparecer como un ejemplo de equilibrio entre sostenibilidad financiera y aceptación social.

Suecia reformó su sistema de pensiones a finales de los años noventa con un objetivo claro: asegurar prestaciones suficientes sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo.

El núcleo del sistema se apoya en un esquema de cuentas nocionales individuales. Cada trabajador dispone de una cuenta virtual en la que se registran sus cotizaciones, que se revalorizan en función del crecimiento de los salarios.

Aunque sigue siendo un sistema de reparto, la relación entre lo cotizado y lo percibido es clara y transparente, lo que refuerza la percepción de equidad contributiva.

Ajustes automáticos y menor dependencia política

Uno de los elementos más valorados del modelo sueco es su mecanismo de equilibrio automático. Cuando la relación entre ingresos y compromisos futuros se deteriora por razones demográficas o económicas, el sistema ajusta de forma automática la actualización de las pensiones.

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Este diseño reduce la dependencia de decisiones políticas discrecionales y permite reaccionar antes de que aparezcan déficits persistentes.

Gracias a este enfoque, Suecia ha logrado mantener una tasa de sustitución relativamente estable y preservar la solvencia del sistema a lo largo del tiempo. La previsibilidad y la disciplina financiera han sido claves para consolidar la confianza social en el modelo.

Capitalización obligatoria y flexibilidad

El sistema sueco incorpora además un componente obligatorio de capitalización individual, financiado con un porcentaje del salario e invertido en fondos supervisados.

Este pilar complementa el reparto y aporta diversificación, reduciendo la dependencia exclusiva de las cotizaciones futuras.

A ello se suma una elevada flexibilidad en la edad de jubilación. No existe una frontera rígida, sino un rango en el que la pensión se ajusta de forma actuarial según el momento efectivo de retiro.

Este planteamiento alinea incentivos entre trabajadores y sistema, fomentando carreras laborales más largas sin recurrir a penalizaciones abruptas.

Transparencia y cultura financiera

Otro rasgo distintivo es la comunicación constante con el ciudadano. Cada año, los trabajadores reciben información detallada sobre su situación y su pensión estimada, lo que facilita la planificación y reduce la incertidumbre. La transparencia institucional se convierte así en una herramienta de estabilidad social.

España y Suecia parten de realidades distintas, pero la experiencia sueca demuestra que es posible combinar sostenibilidad, suficiencia y legitimidad social.

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Una vez más. El calendario de jubilación en España volverá a modificarse. También en 2026.

Y aunque el debate suele centrarse en las pensiones ya reconocidas, los mayores cambios van a afectar a quienes todavía están en activo y deberán adaptarse a un sistema cada vez más exigente con los años cotizados.

La reforma aprobada hace más de una década continúa desplegándose paso a paso, y sus efectos serán muy visibles a partir del próximo enero.

La transición hacia edades de retiro más elevadas fue diseñada para fortalecer la sostenibilidad financiera del sistema en un contexto de envejecimiento demográfico.

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Ese ajuste, iniciado hace más de diez años, avanza de forma gradual: cada ejercicio se incrementan tanto los requisitos de cotización como la edad necesaria para jubilarse. En 2026 se da un nuevo salto en esa dirección, que afectará de forma distinta según la trayectoria laboral de cada persona.

Un sistema con dos edades legales de jubilación

Desde la entrada en vigor de la Ley 27/2011, España convive con dos edades ordinarias de jubilación.

La razón es sencilla: se premia a quienes acreditan trayectorias laborales extensas y se retrasa el retiro para quienes no alcanzan determinados periodos de cotización.

El modelo, recogido en la disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social, fija un calendario progresivo que culminará en 2027.

Para 2026, este mecanismo supondrá un cambio relevante. Quienes hayan cotizado lo suficiente mantendrán la posibilidad de retirarse a la edad anterior a la reforma. Por el contrario, quienes no alcancen ese umbral deberán trabajar más tiempo.

Esta diferenciación, que se amplía cada año, refleja el objetivo de vincular más estrechamente la edad de retiro con la vida laboral efectiva.

Cómo queda la edad de jubilación en 2026

En 2026 se consolidan dos escenarios. Las personas con trayectorias largas, es decir, quienes alcancen 38 años y tres meses cotizados, podrán retirarse a los 65 años. Sin embargo, quienes no lleguen a ese nivel deberán esperar a los 66 años y 10 meses, lo que supone dos meses más de trabajo respecto al calendario vigente en 2025.

Este desfase se amplía progresivamente y marca una diferencia significativa entre trabajadores con carreras estables y aquellos cuyas cotizaciones han sido más irregulares.

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La distancia entre ambos grupos refleja además un desafío estructural: muchos ciudadanos no alcanzan las cotizaciones necesarias debido a periodos de desempleo, parcialidad o interrupciones laborales.

El impacto en quienes aspiran a jubilarse de forma anticipada

Las modificaciones en la edad ordinaria tienen efectos directos en la jubilación anticipada, ya que los adelantos permitidos dependen de ese umbral de referencia.

La normativa busca evitar que los adelantos reduzcan excesivamente la vida laboral total, por lo que los ajustes en la edad ordinaria repercuten automáticamente en la anticipada.

En 2026, la modalidad de carácter voluntario permitirá el retiro desde los 63 años para quienes hayan alcanzado los 38 años y tres meses de cotización. En cambio, quienes no cumplan ese requisito deberán esperar hasta los 64 años y diez meses.

La diferencia ilustra cómo la cotización acumulada condiciona cada vez más la flexibilidad para adelantar el retiro. La reducción máxima sigue siendo de dos años sobre la edad ordinaria.

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, vinculada a despidos o reestructuraciones empresariales, se mantiene un adelanto máximo de cuatro años.

Esto implica que los trabajadores con cotizaciones extensas podrán retirarse desde los 61 años, mientras que quienes no alcancen la cifra exigida deberán esperar a los 62 años y diez meses. Esta modalidad, aunque más accesible, también se ve condicionada por la evolución del calendario de reformas.

Una reforma que avanza hacia 2027

Lo que ocurrirá en 2026 no es un punto final, sino una etapa más dentro de un proceso que culminará en 2027, cuando se estabilizará la nueva arquitectura del sistema.

Ese último hito establecerá de forma definitiva la edad legal en 67 años para quienes no cumplan los requisitos de cotización y mantendrá los 65 años para quienes acrediten una carrera laboral suficientemente prolongada.

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¿Es verídica la imagen que contrapone a jóvenes con salarios bajos frente a generaciones anteriores supuestamente ya más acomodadas? La realidad, en ocasiones, es otra bien distinta.

En 2025, una parte creciente de trabajadores veteranos ha quedado atrapado en un mercado laboral que no les ofrece estabilidad ni acceso a empleos de calidad.

La evolución de los datos demuestra que son precisamente ellos quienes acumulan más dificultades para mantenerse ocupados en su última etapa profesional.

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En medio de un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, la dificultad para acceder a la vivienda y la presión sobre el sistema de pensiones, existe la percepción de que muchos ciudadanos de más edad gozan de completa ventaja. Pero los números revelan lo contrario.

Un volumen cada vez mayor de personas supera los 60 años sin un empleo y subsiste gracias a ayudas de carácter asistencial que apenas permiten cubrir los gastos básicos del día a día.

Un colectivo creciente que depende de ayudas mínimas

De acuerdo con los datos adelantados por el Ministerio de Trabajo, más de 769.000 personas recibían subsidios asistenciales en octubre.

De ellas, un 34,5% pertenece al tramo de edad que supera los 60 años. Se trata de una cifra sin precedentes que refleja cómo quienes nacieron en pleno auge demográfico de los años sesenta han pasado a ocupar una posición de vulnerabilidad laboral muy distinta a la que se puede creer.

La paradoja es, cuanto menos, llamativa. Hace dos décadas, quienes entonces superaban los 40 años y perdieron su empleo durante la Gran Recesión quedaron inmersos en una espiral de precariedad de la que muchos no han logrado salir.

Hoy forman parte del grupo que registra mayores dificultades para acceder a un contrato y que depende en gran medida de un subsidio que rara vez supera los 480 euros mensuales.

La persistencia del desempleo entre los más veteranos

Las encuestas de población activa confirman la tendencia. Mientras otros grupos de edad han recuperado o incluso mejorado sus niveles laborales respecto a 2008, quienes superan los 50 años siguen arrastrando tasas de paro superiores a las registradas en los momentos más críticos de la crisis financiera.

En el caso de quienes ya han cumplido los 60, la cifra se ha disparado más de un 270% respecto a aquel periodo.

No se trata de personas inactivas a la espera de poder jubilarse. De hecho, las cifras de quienes podrían considerarse prejubilados se encuentran en mínimos históricos.

La inmensa mayoría continúa buscando empleo porque su situación económica no les permite vivir sin ingresos propios. Esa decisión habla de las dificultades que afrontan para sostenerse con la ayuda que reciben y del riesgo de precarización en su futura pensión si no logran cotizar más años.

La trampa del paro de larga duración

Solo unas 90.000 personas mayores de 60 años perciben una prestación contributiva. Representan un porcentaje muy inferior al peso que tienen en el total de parados registrados.

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El grueso depende de subsidios, especialmente del destinado a mayores de 52 años. Este esquema refleja que las prestaciones ligadas a la cotización se agotan antes de que puedan reincorporarse al mercado laboral, lo que los empuja al nivel asistencial.

A partir de los 50, las oportunidades de encontrar empleo disminuyen progresivamente. Cuando se consume el tiempo máximo de la prestación contributiva, la única vía de protección es el subsidio.

La mayoría de quienes lo perciben recibe el importe mínimo, que puede mantenerse hasta alcanzar la edad legal de jubilación, pero no garantiza estabilidad económica ni la posibilidad de mejorar la base reguladora futura.

Un fenómeno que no responde solo al ciclo económico

La evolución de los datos desde 2009 deja claro que este aumento no es únicamente consecuencia de crisis puntuales. Mientras otros grupos de edad han reducido de forma notable su dependencia de subsidios, los mayores de 60 no han dejado de crecer.

El cambio demográfico, la ampliación progresiva de la edad legal de jubilación y las condiciones más estrictas para acceder a la jubilación anticipada explican parte del fenómeno.

La menor presencia de prejubilaciones forzosas confirma que muchos optan por mantenerse como demandantes de empleo mientras esperan una oportunidad laboral que les permita mejorar su futura pensión.

Y es que, la precariedad no distingue edades y golpea con intensidad creciente a quienes se aproximan al final de su vida profesional.

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