Tras varios años en los que el Gobierno ajustó el mínimo exento del IRPF para evitar que los perceptores del SMI pagaran impuestos, el cambio de estrategia iniciado en 2025 empieza a mostrar sus efectos colaterales.

La nueva deducción diseñada para compensar la tributación del salario mínimo vuelve a dejar fuera a pensionistas y desempleados, un colectivo que crece de forma significativa este año.

El impacto no es menor. La extensión del nuevo umbral ligado al SMI provocará que más de un millón de pensionistas queden excluidos del beneficio fiscal, a los que se suman miles de personas que perciben prestaciones por desempleo.

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En total, el número de afectados aumentará en casi 370.000 personas respecto al ejercicio anterior, ampliando una brecha que ya generó polémica en 2025.

Un cambio de modelo fiscal que amplía las desigualdades

Entre 2022 y 2024, el Ejecutivo optó por elevar el mínimo exento del IRPF de forma paralela a la subida del salario mínimo, de manera que los trabajadores con menores ingresos quedaban automáticamente fuera de la tributación.

Ese umbral pasó de 14.000 euros anuales a 15.876 euros, nivel que se mantiene desde entonces y que afecta por igual a trabajadores, pensionistas y desempleados.

El giro se produjo en 2025, cuando Hacienda decidió no modificar el mínimo exento y, en su lugar, creó una deducción específica para los trabajadores que cobraban el SMI.

Esta deducción permite recuperar lo abonado en el impuesto, pero solo se aplica a quienes mantienen una relación laboral activa. Pensionistas y personas en paro quedaron excluidos desde el primer momento, una situación que ahora se agrava.

El nuevo SMI amplía el número de afectados

Para 2026, el Ministerio de Trabajo ha propuesto una subida del salario mínimo del 3,1 %, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 17.094 euros anuales.

La previsión del Gobierno es mantener la misma fórmula aplicada el año anterior, es decir, compensar la tributación mediante una deducción específica.

Según los cálculos, la deducción ascendería a 591 euros anuales, repartidos entre la parte estatal y la autonómica. Sin embargo, este mecanismo vuelve a dejar fuera a quienes no tengan una relación laboral activa, a pesar de percibir ingresos similares.

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La consecuencia directa es que el tramo de renta en el que unos contribuyentes tributan y otros no se amplía de forma significativa. Con la nueva subida, la horquilla afectada pasará de los 15.876 euros a los 20.049 euros anuales, lo que incrementa notablemente el número de excluidos.

Más de un millón de pensionistas fuera del sistema

Según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, al cierre de diciembre de 2025 existían al menos 1.000.312 pensionistas que perciben entre 1.150 y 1.405 euros mensuales. Todos ellos quedarían fuera de la deducción pese a tener ingresos equiparables a los trabajadores beneficiados.

La cifra real podría ser incluso mayor, ya que no se incluyen los pensionistas que se sitúan entre los 1.134 y los 1.150 euros mensuales, un tramo que no aparece desglosado en las estadísticas oficiales. Solo en esa franja se concentran más de 386.000 personas.

La legislación vigente establece que la deducción se aplica únicamente a los rendimientos del trabajo derivados de una relación laboral o estatutaria, lo que excluye automáticamente a quienes cobran una pensión o una prestación por desempleo, aunque estas también tributen como rendimientos del trabajo.

Los desempleados, también perjudicados

El impacto no se limita a los pensionistas. Los desempleados que perciben prestaciones contributivas dentro del nuevo umbral tampoco podrán beneficiarse de la deducción.

Esto afecta especialmente a quienes cobran el paro máximo, que puede alcanzar los 1.225 euros mensuales sin hijos, 1.400 euros con un hijo y hasta 1.575 euros con dos o más.

Según los datos del Ministerio de Trabajo, la prestación media por desempleo se sitúa en 1.029 euros mensuales, lo que significa que una parte relevante de los beneficiarios quedará dentro del tramo que tributa sin acceso a compensación fiscal.

Críticas y presión para ampliar la deducción

Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda, ha reclamado que la exención del IRPF ligada al salario mínimo se amplíe también a pensionistas y desempleados.

Argumentan que estas rentas tienen la misma consideración fiscal que los salarios y que no existe una justificación técnica para el trato diferenciado.

Desde el Ministerio de Trabajo se ha reconocido la complejidad del asunto, especialmente por el impacto presupuestario que tendría una extensión de la deducción. A ello se suma el desacuerdo con la patronal, que condiciona su apoyo a una reforma más amplia de la normativa y a la modificación de la Ley de Desindexación.

La historia, lejos de terminar, continua…

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Tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo se ha abierto un nuevo debate sobre la coherencia del sistema de cotizaciones español. El fallo en cuestión aclara que los jubilados que realicen actividades económicas por cuenta propia y obtengan rendimientos netos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no están obligados a darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ni a cotizar.

En la práctica, sin embargo, esto se traduce en que un pensionista puede mantener una pequeña actividad (por ejemplo, clases particulares, asesorías o una explotación agrícola) sin pagar cuotas, siempre que sus beneficios netos no superen los 16.576 euros brutos anuales.

Qué dice la norma

El Supremo interpreta así el artículo 213.4 de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) de forma favorable al pensionista, al entender que el límite se calcula sobre rendimientos netos (ingresos menos gastos deducibles) y no sobre la facturación total.

El artículo 213.4 LGSS establece que «el percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual».

Hasta ahora, la interpretación administrativa no precisaba si debía tenerse en cuenta la facturación o el beneficio neto. De este modo, el Supremo resuelve la duda y amplía la exención, lo que permitirá que más jubilados sigan activos sin pagar cotizaciones.

Desde el punto de vista jurídico, el fallo no modifica la ley, pero sí cambia su aplicación práctica, y por tanto el alcance real de quién debe cotizar.

Pero ¿por qué llama tanto la atención? Principalmente, porque parece crear un doble rasero entre personas en edad de trabajar y pensionistas que mantienen actividades por cuenta propia.

El contraste con los autónomos activos

El criterio contrasta con la situación de los autónomos en activo, que deben cotizar aunque no alcancen el SMI.

El artículo 305.1 de la LGSS y la doctrina del Tribunal Supremo (STS de 29 de noviembre de 1997) establecen que basta con que la actividad sea habitual, personal y directa para que exista obligación de alta, sin relación con los ingresos.

“Esto implica que un autónomo que facture 700 € al mes —unos 8.400 € anuales— debe pagar una cuota mínima de alrededor de 220 € mensuales, mientras que un jubilado con rendimientos similares queda exento.

En términos efectivos, el primero destina más del 30 % de su facturación al pago de cotizaciones, mientras el segundo no aporta nada.”

Difícil de justificar

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) llevan años reclamando un cambio en esta asimetría.

En este caso, la ATA ha denunciado reiteradamente que la normativa penaliza la baja facturación y desincentiva el emprendimiento formal, y su presidente, Lorenzo Amor, llegó a calificar de ‘injusto’ que “autónomos con ingresos similares al SMI sigan soportando cargas fiscales plenas.”

UPTA, por su parte, propone establecer cuotas súper reducidas o exenciones para quienes acrediten rendimientos netos por debajo del SMI, medida que evitaría la actual desigualdad entre jubilados y trabajadores activos.

Ambas organizaciones coinciden en que el nuevo sistema de cotización por ingresos reales sigue generando una brecha entre “autónomos pobres” y “autónomos consolidados”, pese a haberse presentado como una reforma más equitativa.

Asimismo, la interpretación del Supremo pretende favorecer el dinamismo rural y permitir que los jubilados mantengan microactividades —tiendas, talleres, pequeñas explotaciones— que de otro modo desaparecerían.

No obstante, la excepción abre una puerta difícil de cerrar: crea un precedente de desigualdad contributiva en el que dos personas con los mismos ingresos soportan cargas fiscales distintas en función de su edad o situación laboral.

A medio plazo, los expertos alertan de que este tipo de decisiones tensan la sostenibilidad del sistema: más jubilados trabajando sin cotizar, más gasto en pensiones y menos ingresos para la Seguridad Social.

En pocas palabras, mientras el fallo del Supremo aporta seguridad jurídica a miles de jubilados, también deja al descubierto una incoherencia estructural, que penaliza más al que trabaja activamente que al que ya se ha jubilado.

El resultado es un sistema que, en la práctica, premia la inactividad y castiga la iniciativa. Hoy, este doble rasero normativo sigue siendo una de las paradojas más visibles del mercado laboral español.

En España, hay provincias donde la pérdida de poder adquisitivo ya no está ligada a la inflación, al desempleo o a la falta de actividad económica, sino a un factor más silencioso y preocupante: la desaparición de los pensionistas, que sostenían buena parte de la renta local.

El fenómeno es especialmente visible en territorios muy envejecidos como Lugo, Ourense o Zamora, donde la población de más de 83 años supera ya a la franja de entre 60 y 64 años. En Ourense y Zamora, un tercio de los habitantes tiene 65 años o más; en Lugo y León, la proporción también rebasa el 30 % de la población, casi el doble que en provincias más jóvenes como Almería.

Cuando las pensiones desaparecen

Durante dos décadas, las pensiones han sido uno de los motores más estables de renta en muchas provincias. De este modo, mientras los salarios se estancaban y la inversión privada huía, las prestaciones contributivas garantizaban un mínimo flujo de consumo: desde el supermercado hasta el pequeño comercio.

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Sin embargo, la tendencia demográfica está alterando ese equilibrio. A medida que fallecen los pensionistas más mayores, el poder adquisitivo de las provincias envejecidas se erosiona, acelerando un proceso de empobrecimiento relativo.

El contraste con otras áreas es evidente: mientras las grandes capitales concentran la creación de empleo de calidad en provincias despobladas y envejecidas, la desaparición de pensiones significa menos renta disponible, menos consumo y más dificultades para sostener el tejido económico local.

La desigualdad también se aprecia en el valor de las pensiones. En Alicante, por ejemplo, la pensión media es de 1.286 euros, lo que supone 219 euros menos que la media nacional y 580 euros menos que en Vizcaya, la provincia con pensiones más altas. Desde el año 2000, Alicante ha caído tres puestos en el ranking provincial y hoy se sitúa en la posición 45 de 50.

En otras palabras, hay que tener presente que no solo influye cuántos pensionistas hay, sino qué importe reciben: las provincias con carreras laborales más precarias o con sectores peor remunerados acumulan pensiones más bajas y, por lo tanto, un consumo más débil también.

Más allá de la demografía

La cuestión no es solo económica, sino también social y política. El gasto en pensiones y sanidad ya representa más del 13 % del PIB y se espera que siga creciendo en las próximas décadas.

Sin embargo, mientras el debate político se centra en cómo sostener el sistema, en muchos territorios la realidad urgente se traduce en esta desaparición del poder adquisitivo de las familias a medida que los pensionistas fallecen, lo que agrava la brecha territorial y acelera la pérdida de población. Hoy, se lastran las oportunidades de las nuevas generaciones mientras se consolidan las de los mayores, pero ¿qué ocurrirá mañana en todos estos territorios envejecidos a medida que caiga el poder adquisitivo?

En conclusión, la mortalidad de los pensionistas se ha convertido en un factor silencioso de empobrecimiento provincial. Allí donde más dependían de sus rentas, su desaparición deja vacíos en la economía local y en la vida comunitaria.

El resultado es una España cada vez más desigual: provincias que crecen gracias al empleo y la atracción de población joven frente a otras que pierden poder adquisitivo a marchas forzadas porque su sostén demográfico y económico se apaga con cada generación que se va.

Los datos lo confirman: el relevo generacional ya no es una previsión, es una realidad que sigue acelerándose en España. La jubilación masiva de la generación baby boom ya ha comenzado, y sus efectos se notan cada vez más en las estadísticas de la Seguridad Social.

Las altas netas de pensionistas se disparan, mientras la brecha entre las nuevas pensiones y las antiguas presiona aún más el sistema, que afronta  así una de sus mayores pruebas de resistencia, en un contexto donde el número de pensionistas, el gasto por pensión y el déficit del sistema avanzan en paralelo.

Las altas netas, en máximos desde 2008

Una de las señales más claras del inicio del cambio es el dato de altas netas: es decir, la diferencia entre personas que entran al sistema de jubilación y las que lo abandonan.

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En los últimos meses, esa cifra ha alcanzado máximos no vistos desde la década de 2000. Según un gráfico difundido por Jon González en X, antes Twitter, las altas netas han superado las 9.000 en febrero de 2025, tras un breve descenso a finales de 2023.

Además, se está consolidando otro fenómeno que añade presión: la diferencia entre la pensión media de alta (las nuevas jubilaciones) y la pensión media de baja (las que salen del sistema) supera ya los 300 euros, una brecha que sigue aumentando y que implica un crecimiento sostenido del gasto por pensionista.

Déficit al alza

El impacto económico de este cambio demográfico sigue traduciéndose en cifras  cada vez más preocupantes. Según las proyecciones de la AIReF, el gasto en pensiones contributivas pasará de 232.760 millones de euros en 2025 a 291.082 millones en 2029, mientras que los ingresos por cotizaciones crecerán mucho más lentamente, alrededor del 4 % anual.

X: @Jongonzlz

Esto genera un déficit estructural creciente: 67.000 millones de euros en 2025, que se prevé que aumenten hasta los 97.166 millones en 2029. A pesar de estos números, el desfase contable se presenta como menor en muchas noticias por una razón clave: las transferencias del Estado a la Seguridad Social.

Los analistas —entre ellos, Jon González— han advertido en reiteradas ocasiones de que el verdadero déficit del sistema es mayor, pero parte del gasto es absorbido por los Presupuestos Generales del Estado, que actúan como colchón financiero: “El verdadero déficit de la Seguridad Social es muy superior, pero queda reducido a medio punto del PIB por las transferencias milmillonarias que le hace la Administración Central.”

Bajas médicas e incapacidad permanente

En este contexto, hay que agregar otros factores clave que están aumentando la presión sobre el sistema, como son los gastos por bajas médicas, que han subido un 12 % en el último año, según fuentes del Ministerio de Inclusión, añadiendo un gasto no previsto y las pensiones por incapacidad permanente, que han aumentado un 8,5% interanual entre enero 2024 y junio 2025, debido a un cambio normativo y al envejecimiento de la población activa.

Estas contingencias se suman al gasto por jubilaciones y aumentan el número total de prestaciones que debe cubrir la Seguridad Social.

Según las proyecciones del propio Ministerio, el número de pensiones podría aumentar en más de un millón en los próximos cinco años, hasta alcanzar los 12,5 millones en 2030. Sin embargo, al mismo tiempo, el número de trabajadores por pensionista ha bajado de forma progresiva, lo que dificulta aún más el equilibrio.

Mientras tanto, la reforma del ministro Escrivá sigue su curso, con medidas que incluyen el aumento progresivo de cotizaciones (como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional) y el impulso de la jubilación demorada, pero el grueso de los efectos aún está por venir y la pregunta en el aire es simple: “¿Puede aguantar el sistema de pensiones o necesitará de un nuevo paquete de medidas?”

O, dicho de otro modo, ¿es sostenible?

Una transición que marca el futuro

La jubilación del baby boom no es una sorpresa y la realidad es que tampoco la velocidad ni la intensidad de su impacto en las cuentas públicas: a la vez que crece el gasto en pensiones y se dispara el gasto público, el sistema afronta limitaciones estructurales y económicas que harán inevitables nuevos ajustes o reformas.

Las opciones son conocidas: aumentar ingresos (vía cotizaciones o impuestos), retrasar la edad de jubilación, impulsar el empleo joven o reformular la estructura del sistema. El tiempo apremia, y lo que durante años ha sido un problema de futuro, ya está ocurriendo.

España no es país para jóvenes. Los mayores mandan. Según el INE, las personas mayores de 65 años representan aproximadamente el 20% de la población total. O lo que es lo mismo, alrededor de 9,5 millones de personas en un país con una población total que prácticamente ya alcanza los 48.

¿Y qué significa esto? Que el tan manido pacto intergeneracional se encuentra en crisis. Un acuerdo tácito que sostiene que los jóvenes financiarán las pensiones de los jubilados de hoy en día con sus contribuciones a la seguridad social. Con la esperanza de que, a su vez, los jóvenes puedan financiar las pensiones de los jubilados cuando sean mayores.

Sin embargo, cada vez son más los expertos que denuncian que este sistema se ha convertido en un sistema viciado que tiene como víctima a los más jóvenes. Y con el objetivo de que las generaciones mayores puedan extraer todo lo posible de dicho sistema sin dejar nada para el futuro de las generaciones jóvenes actuales.

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La razón es simple: los mayores han logrado a través de su poder político -ya que tienen un mayor peso demográfico-, políticas públicas que aseguran sus intereses a costa de los trabajadores jóvenes.

Un primer problema del sistema de pensiones: el envejecimiento de la población

En España el número de personas mayores de 65 años no ha dejado de crecer, y por el c contrario el número de que nacimientos se encuentra en mínimos históricos. Se espera que para 2050, las personas mayores de 65 años signifiquen el 30 % de la población.

Una situación que tendrá, como es lógico, aún un mayor impacto en la sostenibilidad del sistema de pensiones hoy ya insostenible.

En la actualidad, hay aproximadamente 2,5 cotizantes por cada pensionista, pero esta proporción bajará a 1,5 en las próximas décadas. En parte porque la esperanza de vida ha aumentado aún cuando la edad de jubilación legal en España es de 66 años.

Esto significa que los jóvenes de hoy se verán forzados a destinar más dinero del que generan a los jubilados mientras que sus propias pensiones seguirán estando constantemente puestas en entredicho.

El enorme poder político de la tercera edad

Los mayores de 65 años son el grupo de mayor número y, por ende, influyen sobremanera en los parámetros de participación electoral. Para cualquier partido político lo importante que es encontrar aquellas promesas electorales que satisfagan a esta enorme base de votantes.

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Según el CIS, más del 80% de los mayores de 65 años suelen acudir a las urnas, una tasa que apenas supera el 60% en el caso del electorado menor de 35 años más proclive a ni tan siquiera acercarse a un colegio electoral.

Este desequilibrio electoral es también consecuencia de un diseño de políticas públicas que ha beneficiado la posición dominante del jubilado en detrimento de la posición de los más jóvenes.

Los pensionistas han encontrado su poder adquisitivo protegido al revalorizarse sus pensiones según el nivel del IPC , en cambio, los más jóvenes todavía tiene dificultades de encontrar trabajos de calidad y acceder a la vivienda.

De este modo, el actual sistema de pensiones aparte de ser injusto para los jóvenes es también insostenible a largo plazo.

Según diferentes estimaciones, se estima que el gasto en pensiones supere el 15% del PIB en 2050 si no se llevan a cabo reformas adicionales. Esta cifra supondría una presión insostenible para las finanzas públicas, que ya se encuentran tensas en gran parte debido al envejecimiento de la población y el elevado coste sanitario.

¿Cuánto ha variado la renta real (euros constantes) media por persona entre 2007 y 2023?

Mientras que la de los jóvenes todavía no se ha recuperado, la de los mayores de 65 años estaba ya en 2023 un 15% por encima de antes de la crisis financiera. pic.twitter.com/aAFxpvKRQo

— Jon González (@Jongonzlz) February 17, 2025

Además el sistema de reparto, donde pagan las cotizaciones de los trabajadores en activo financiando las pensiones de los jubilados, está obsoleta. Ideado para una época en la que las poblaciones no dejaba de crecer y la esperanza de vida era más corta.

No obstante, cada intento de reformar el sistema choca con el rechazo de los jubilados, preocupados por la posibilidad de perder sus privilegios.

¿Y cuáles son las consecuencias para los jóvenes?

Qué duda cabe que los jóvenes parten hacia un futuro incierto donde podrían no llegar tener derecho a una pensión digna. Un estudio llevado a cabo por la OCDE afirma que los jóvenes de hoy en día podrán recibir pensiones un 30% más bajas respecto a las actuales sino se realizan reformas profundas.

¿Esta el actual sistema generando jubilados felices pero jóvenes y futuros jubilados dentro de unas décadas con pensiones irrisorias que no puedan llegar a final de mes? ¿Por satisfacer a los jubilados de hoy, se están creando futuros pensionistas pobres?

¿Hacia un nuevo pacto intergeneracional?

Ante este panorama, resulta urgente repensar el pacto intergeneracional para hacerlo justo y sostenible para todas las generaciones. En otras palabras, reequilibrar las cuentas.

Y ello conlleva adoptar medidas tan impopulares como elevar la edad de jubilación, estimular la previsión individual mediante incentivos fiscales, o implantar sistemas de capitalización para anticipar parte de los beneficios que hoy se aseguran a la fecha de jubilación.

Asimismo, no se deben olvidar los incentivos políticos para que los jóvenes tomen más parte en el proceso. Su voto debería valer tanto como el de los mayores. El problema es que cualquier reforma en este sentido se da de bruces con la barrera de los jubilados: son ellos quienes ahora tienen los votos y quienes decidirán si las cosas cambian.

El sistema de pensiones del futuro, y por tanto la sociedad que heredaremos, dependen de los cambios que los políticos sin miedo realicen en el presente.

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La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha confirmado que devolverá a algunos pensionistas cantidades que pueden alcanzar los 4.000 euros tras reconocer un error en la tributación de sus pensiones.

Los afectados deberán solicitar la devolución a través de su declaración de la Renta y no mediante otros procedimientos, como se permitió hasta el ejercicio anterior (con un formulario específico de la Agencia Tributaria). De igual modo, La Disposición Final 16 de la Ley 7/2024 establece que estas reclamaciones solo podrán realizarse hasta 2028.

Doble tributación

A finales de 2024, el Tribunal Supremo confirmó que la AEAT aplicó incorrectamente la tributación sobre las pensiones de jubilados que realizaron aportaciones a antiguas mutualidades laborales entre 1967 y 1978. En estos casos, se gravó el 100 % de la pensión en lugar del 75 %, generando una doble imposición para estos contribuyentes.

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Para corregir este error, se establece un procedimiento escalonado de devolución, permitiendo que los afectados reclamen la cantidad pagada en exceso en sus declaraciones de IRPF de los próximos años.

La medida afecta, principalmente, a jubilados que hayan sufrido una doble tributación: en su momento, no pudieron deducirse dichas aportaciones y, hoy, han sido gravadas de nuevo en los últimos ejercicios fiscales con el cobro de las pensiones.

Los sectores más afectados incluyen la banca, la construcción, los astilleros, la pesca, el comercio, la metalurgia y las empresas eléctricas. Estos trabajadores tributaron dos veces y, en un porcentaje superior al establecido, por las aportaciones realizadas en su etapa laboral.

Cómo solicitar la devolución

Los jubilados afectados deberán presentar un formulario específico junto con su declaración de la Renta en los plazos establecidos.

La devolución se aplicará de forma progresiva según el siguiente calendario:

• 2025: solicitud para el IRPF de 2019 y ejercicios anteriores no prescritos
• 2026: solicitud para el IRPF de 2020
• 2027: solicitud para el IRPF de 2021
• 2028: solicitud para el IRPF de 2022

Por el contrario, la Agencia Tributaria ha advertido que no será posible solicitar devoluciones fuera del plazo correspondiente a cada ejercicio fiscal, por lo que es fundamental respetar el calendario.

No obstante, no todos los jubilados podrán beneficiarse de esta devolución, quedando excluidos aquellas personas beneficiarias de pensiones de viudedad, los perceptores de pensiones no contributivas y los funcionarios adscritos durante toda su carrera al régimen de clases pasivas, ya que no realizaron aportaciones a las mutualidades laborales afectadas.

De media, 3.000 a 4.000 euros

El importe de la devolución dependerá de cada caso, pero se estima que la media se sitúa entre 3.000 y 4.000 euros por jubilado. Además, para garantizar una tramitación eficiente, se recomienda presentar la documentación dentro de los plazos establecidos.

La AEAT ha habilitado un apartado específico en su web para resolver dudas frecuentes y facilitar el proceso a los antiguos mutualistas. La corrección de este error responde a la necesidad de ajustar la carga fiscal aplicada a las pensiones, garantizando el cumplimiento de los principios de equidad tributaria.

No hay duda. El sistema de pensiones en España es uno de los pilares del Estado del bienestar, pero también uno de los mayores desafíos económicos del país. Un tema siempre controvertido, donde los políticos intentan hacer malabares para contentar a millones de votantes de más de 65 años.

En un contexto en el que el déficit de las pensiones sigue aumentando y las arcas públicas se enfrentan a tensiones cada vez mayores -y nada indica que éstas vayan a rebajarse-, la posibilidad de no incrementar las pensiones en 2024, aunque políticamente impopular, podría ser un alivio a corto plazo para la economía.

En las últimas semanas, el Gobierno ha avanzado en la negociación de un decreto ómnibus que incluye diversas medidas económicas, entre ellas, el aumento de las pensiones en línea con el IPC.

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Sin embargo, el Ejecutivo depende de una votación parlamentaria en la que cada voto cuenta. Según las últimas noticias, el Gobierno parece haber alcanzado un acuerdo con Junts, una alianza clave para garantizar la aprobación del decreto, pero todavía queda el paso decisivo: que el texto sea votado en el Congreso.

Un déficit insostenible que sigue creciendo

El sistema público de pensiones en España se encuentra en una situación de preocupante vulnerabilidad.  Según datos oficiales, el déficit de las pensiones ronda los 30.000 millones de euros, un problema agravado por factores estructurales como el envejecimiento de la población y la baja natalidad.

Por cada pensionista, hay cada vez menos trabajadores cotizando. Esto genera una presión insostenible sobre las cuentas públicas, especialmente cuando las pensiones se actualizan conforme al IPC, como ocurrió en 2023, con un aumento cercano al 8,5%. Si bien estas subidas son esenciales para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas, incrementan el gasto público de forma considerable, dificultando la reducción del déficit fiscal.

Si el decreto ómnibus no se aprueba, la actualización de las pensiones podría retrasarse o incluso cancelarse este año. Aunque esto sería políticamente controvertido y un mazazo para Pedro Sánchez, podría ofrecer cierto alivio a las tensiones financieras que enfrenta el sistema.

El acuerdo con Junts, ¿un respiro para el Gobierno?

La aprobación del decreto ómnibus es un tema prioritario para el Gobierno, que necesita asegurarse de que los pensionistas reciban el aumento prometido. El reciente acuerdo con Junts es una señal de que el Ejecutivo está dispuesto a hacer concesiones importantes para garantizar los apoyos necesarios en el Congreso.

Sin embargo, el camino no está completamente despejado. Aunque Junts ha mostrado disposición para respaldar el decreto, los márgenes son ajustados, y cualquier discrepancia de última hora podría poner en riesgo su aprobación. Si el decreto no logra salir adelante, el Gobierno no solo enfrentaría un golpe político, sino también críticas por no haber cumplido con su compromiso con los pensionistas.

¿Por qué congelar las pensiones podría ser positivo para la economía?

Desde un punto de vista económico, evitar la actualización de las pensiones en función del IPC podría tener beneficios a corto plazo para la estabilidad fiscal.

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Con la inflación aún elevada, una subida de las pensiones alineada con el IPC podría aumentar el gasto en miles de millones de euros. Al congelar o limitar ese incremento, se reduciría la presión sobre el presupuesto del Estado.

El déficit estructural de las pensiones es un problema de largo plazo. Cada aumento significativo del gasto sin ingresos suficientes para financiarlo lo agrava. Controlar estos incrementos permitiría ganar tiempo para abordar reformas necesarias.

También, en un momento en el que los mercados observan con lupa las cuentas públicas, contener el gasto en pensiones enviaría una señal de compromiso con la sostenibilidad fiscal, ayudando a mantener la confianza de los inversores.

No obstante, estas ventajas económicas deben sopesarse frente al impacto social de congelar o reducir las subidas de las pensiones, especialmente para los jubilados con ingresos bajos, quienes dependen en gran medida de esta fuente para cubrir sus necesidades básicas.

Reformar el sistema es una urgencia ya ineludible

Más allá del decreto ómnibus y de las decisiones a corto plazo, la sostenibilidad del sistema de pensiones exige reformas estructurales. Entre las opciones planteadas por expertos y organismos internacionales están, cómo no, adaptar la edad de retiro a la esperanza de vida. Lo que permitiría reducir el tiempo que los pensionistas reciben pagos y aumentar los años de cotización.

Reducir la dependencia del sistema público y promover el ahorro individual podría aliviar la presión sobre el gasto público. Y, aunque impopular, esta medida aportaría ingresos adicionales al sistema.

La difícil aprobación del decreto ómnibus, con su impacto en las pensiones, es un reflejo de la complejidad de gobernar en un entorno político tan fragmentado como el de España y con una situación económica delicada.

Si no se aprueba el decreto, los pensionistas podrían enfrentarse a una congelación de sus ingresos este año, algo que sería políticamente controvertido, pero que podría aliviar temporalmente el déficit fiscal del país.

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La reforma del sistema de pensiones en España, liderada por el ministro socialista José Luis Escrivá, ha generado una mezcla extraña entre alivio y preocupación.

Por un lado, busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados vinculando las pensiones al IPC, lo que garantiza que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Sin embargo, esta medida también plantea dudas sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo y su impacto en la competitividad internacional de España. ¿Juega en nuestra contra?

Las claves de la reforma de Escrivá

La reforma impulsada por Escrivá tiene como objetivo principal garantizar la estabilidad de los ingresos de los pensionistas, especialmente en un contexto (aún) de inflación elevada.

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Entre las medidas claves se encuentra la revalorización anual de las pensiones según el IPC. Es decir, partir de 2022, las pensiones se ajustan automáticamente al IPC medio anual, eliminando el factor de sostenibilidad introducido en reformas anteriores.

Las cotizaciones sociales han aumentado, con una subida anual progresiva hasta 2050, lo que incrementa los ingresos de la Seguridad Social a corto y medio plazo.

Otro punto clave es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que sustituye al factor de sostenibilidad y añade un 0,6 % adicional en las cotizaciones sociales, con un 0,5 % a cargo del empleador y un 0,1 % del trabajador.

Además, el cálculo de las pensiones ya no penaliza automáticamente los años adicionales de jubilación.

El impacto positivo para los jubilados

El cambio más relevante de esta reforma es la vinculación de las pensiones al IPC. Esto significa que los pensionistas no perderán poder adquisitivo, incluso en un entorno inflacionario como el de 2022-2023, cuando la inflación en España superó el 8%. En 2023, las pensiones contributivas subieron un 8,5%, beneficiando a más de 9,8 millones de jubilados.

Este enfoque busca aliviar el impacto económico sobre los jubilados, un colectivo que en su mayoría depende exclusivamente de estas prestaciones para cubrir sus gastos básicos.

Según datos de la Seguridad Social, en 2023, la pensión media se situó en 1.377 euros al mes, un 60% superior al salario mínimo interprofesional de 1.080 euros.

Los retos de sostenibilidad financiera

Aunque la reforma protege a los jubilados, plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema. Según el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el gasto en pensiones podría aumentar del 12% del PIB en 2022 al 15% del PIB en 2050, superando la media de la eurozona.

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Este incremento está impulsado, entre otros, por el lógico envejecimiento de la población. En 2050, España tendrá uno de los mayores porcentajes de población mayor de 65 años en Europa, con un 30 % de su población en esta franja etaria. La esperanza de vida en España es una de las más altas del mundo, lo que prolonga el período de percepción de las pensiones.

A lo que hay que sumar que, según el INE, la población activa disminuirá un 10% para 2050, reduciendo las cotizaciones sociales.

El impacto en la competitividad internacional

El aumento del gasto en pensiones está teniendo un efecto directo en las cotizaciones sociales, que en España son de las más altas de Europa, representando un 36 % del salario bruto.

Este incremento dificulta la creación de empleo y afecta negativamente a la competitividad de las empresas españolas frente a otros países con cargas laborales más bajas.

También hay que tener en cuenta que España ocupa el puesto 34 en el ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial, habiendo caído varios lugares en los últimos años.

Por su parte, las empresas enfrentan una mayor presión fiscal, con un coste laboral total que supera en un 20 % la media de la OCDE.

Según datos de Eurostat, el crecimiento de la productividad laboral en España ha sido del 0,3 % anual entre 2010 y 2022, muy por debajo del 1 % de la media europea.

Estas cifras reflejan un entorno menos atractivo para la inversión extranjera directa (IED), que en 2022 se redujo un 15 % respecto al año anterior.

¿Cómo podría darse un equilibrio sostenible?

Aunque proteger a los jubilados es una prioridad, es fundamental encontrar un equilibrio entre el bienestar social y la sostenibilidad económica. Expertos indican que es imprescindible introducir incentivos para retrasar la edad de jubilación más allá de los 67 años, vinculándola al aumento de la esperanza de vida.

También es importante contemplar las pensiones públicas con planes privados de ahorro, como los planes de empleo promovidos por empresas y sindicatos, o fomentar sectores de alto valor añadido, como la tecnología y la innovación, que puedan generar empleos bien remunerados y aumentar la productividad.

La reforma del sistema de pensiones diseñada por José Luis Escrivá ha garantizado sí que los jubilados no pierdan poder adquisitivo, lo que representa un avance social importante. Sin embargo, esta protección tiene un coste significativo para la sostenibilidad financiera del sistema y para la competitividad internacional de España. ¿Cómo conseguir dicho equilibrio?

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La vivienda es uno de los temas más candentes en la agenda política de cualquier país desarrollado. Mientras los precios de las propiedades continúan disparándose y el acceso a una vivienda digna se convierte en un sueño inalcanzable para muchos jóvenes, los gobiernos parecen estar legislando con una prioridad clara: proteger a los jubilados y a los propietarios actuales, aunque esto signifique perpetuar la precariedad habitacional de las nuevas generaciones.

La mayoría de las políticas relacionadas con la vivienda se diseñan para garantizar que los precios de las propiedades no caigan. Esto tiene sentido desde un punto de vista político, ya que una parte considerable del electorado en países democráticos está compuesta por personas jubiladas o cerca de la jubilación, cuyo patrimonio depende en gran medida del valor de sus inmuebles.

Para ellos, una caída en los precios de la vivienda no es solo una pérdida económica, sino también una amenaza directa a su estabilidad financiera.

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Por otro lado, los jóvenes, que en su mayoría no poseen viviendas y luchan por acceder al mercado inmobiliario, tienen menos poder político. Su situación se agrava por la precariedad laboral, el aumento del coste de vida y la falta de ahorros suficientes para hacer frente a pagos iniciales o hipotecas. En este contexto, la desigualdad generacional se profundiza.

La legislación y el inmovilismo político

En países donde la propiedad inmobiliaria es un pilar de la economía, los políticos suelen evitar cualquier medida que pudiera devaluar los activos de los propietarios. Esto incluye restricciones a la construcción de nuevas viviendas, el mantenimiento de subsidios que benefician a propietarios (como las desgravaciones fiscales por hipotecas) y una resistencia generalizada a introducir reformas fiscales que graven el uso especulativo de la vivienda.

Mientras tanto, los alquileres continúan subiendo, lo que afecta desproporcionadamente a los jóvenes y a las clases trabajadoras. En muchas ciudades, los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios de la vivienda, creando una brecha insalvable.

El equivalente en España 🇪🇸:
🔸Vivienda: 69,9%
🔸Planes de pensiones: 2,9%
🔸Efectivo y depósitos: 9,4%
🔸Renta fija: 0,2%
🔸Acciones y fondos: 7,3%
🔸Otros: 11,4%
(Fuente: Encuesta Financiera de las Familias, 2022) https://t.co/sdJB5mf60Z pic.twitter.com/yhs4YhO2sE

— Jon González (@Jongonzlz) January 4, 2025

Según datos de Eurostat, en la Unión Europea el precio medio de la vivienda aumentó un 38% entre 2010 y 2021, mientras que los salarios sólo crecieron un 19%. En lugar de abordar esta crisis, los gobiernos se limitan a medidas simbólicas, como controles de alquiler poco efectivos o subvenciones que terminan inflando aún más los precios.

Jubilados, el voto prioritario

Los jubilados representan un bloque electoral clave. Son más propensos a votar que los jóvenes y, a menudo, tienen necesidades y prioridades específicas que influyen en las agendas políticas. La estabilidad de sus ingresos, en gran parte vinculados a sus propiedades, hace que los políticos se inclinen por proteger sus intereses.

El resultado es una legislación desequilibrada que perpetúa las desigualdades. En lugar de invertir en vivienda asequible o garantizar que el mercado inmobiliario sea accesible para todos, los gobiernos se concentran en preservar el valor de los activos existentes. Este enfoque beneficia a los que ya están dentro del sistema y excluye a quienes intentan entrar.

Y es que, no cabe duda que uno de los mayores problemas del mercado inmobiliario es la especulación. Inversores nacionales e internacionales compran propiedades no para habitarlas, sino para obtener beneficios a través del alquiler o la revalorización del inmueble. Esto reduce la oferta disponible para quienes buscan una vivienda primaria y aumenta los precios.

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A pesar de las evidencias, las medidas contra la especulación son tímidas o inexistentes. Regular el uso de las propiedades como bienes especulativos podría reducir los precios y aumentar la disponibilidad, pero también podría afectar negativamente a los jubilados que dependen de ingresos pasivos provenientes de alquileres o de la revalorización de sus inmuebles.

En países como Canadá, se han implementado impuestos específicos a las viviendas vacías, lo que ha reducido el número de inmuebles desocupados en ciudades como Vancouver. Sin embargo, estas medidas también enfrentan resistencia de quienes ven sus propiedades como una inversión.

La necesidad de un cambio generacional

La solución a la crisis de la vivienda requiere un cambio en las prioridades políticas.Esto incluye construir viviendas asequibles para alquiler y propiedad podría aliviar la presión del mercado; gravar la especulación inmobiliaria y las viviendas vacías podría desincentivar el acaparamiento de propiedades; permitir más construcción en áreas urbanas densas podría aumentar la oferta; fortalecer los derechos de los inquilinos para evitar abusos y desalojos injustos.

Sin embargo, implementar estas medidas requiere coraje político y una voluntad genuina de enfrentar a los intereses establecidos. La solución no es sencilla, pero es clara: se necesita un enfoque más equitativo que equilibre los intereses de todas las generaciones. De lo contrario, el precio será una sociedad cada vez más dividida, donde la vivienda seguirá siendo un lujo en lugar de un derecho fundamental.

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Pese a saber que se encamina hacia la quiebra del sistema de pensiones, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue dando pasos de gigantes y haciendo promesas a sus pensionistas. España se debe a los jubilados en lo que actualmente se denomina como ‘deuda implícita’, promesas que no se reconocen oficialmente y que no suponen la emisión de bonos, pero que deben cumplirse.

Si se toma como referencia el estudio de Eurostat, en el año 2021, la cifra de deuda implícita superaba el 500% del PIB. Esto supone cinco veces más que la deuda oficial que se vincula a la prima de riesgo.

El desequilibrio es latente. En el gráfico de Eurostat se aprecia que la deuda implícita gana peso (franjas doradas), son el compromiso del Gobierno a responder a unos pagos tirando únicamente de los impuestos. Por su parte, las casi inexistentes franjas azules representan el ahorro privado, la parte de capitalización.

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En los países con mayor equilibrio, como Islandia, Países Bajos, Suecia o Dinamarca, las pensiones no dependen del relevo demográfico, del número de inmigrantes o del crecimiento del país.

Y es que desde que se iniciase, hace tres años, la jubilación de la generación baby boom, las arcas públicas estatales están percibiendo un notorio e inevitable desequilibrio de bajas y altas. Al final, supone para el Estado financiar el gasto en pensiones contributivas; el 16% o 17% del PIB, aproximadamente.

En España, la deuda pública no para de crecer. En 2023 se registraron 326.949 altas de pensionistas frente a tan solo 265.060 bajas. Una diferencia del 23,4% que se considera la más elevada de la serie histórica registrada.

El compromiso de España con los pensionistas

La brecha llega a duplicar la diferencia del 9% registrada en 2022 y a superar la media de los años previos a la pandemia, que era del 15%. El Gobierno sigue endeudando al país, a costa de las nuevas generaciones que, a su vez, no tienen acceso a un puesto de trabajo estable o a una vivienda digna.

El Estado español ha manifestado su compromiso con el poseedor de un bono de abonarle un tipo de interés y devolverle el principal cuando pase un tiempo determinado; la duración de un bono. Si mañana cambiasen las reglas de la Seguridad Social, las pensiones comenzarían a cobrarse a los 75 años y serían equivalentes al SMI.

En cada reforma de las pensiones se modifican las condiciones de acceso o cobro de la prestación, con peores condiciones para el pensionista, pero se mantienen intactas. El pensionista se siente desvalido en este aspecto y no tiene derechos. Contractualmente, el bono es obligatorio de abonar, pero desde el punto de vista político ganan peso las pensiones.

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El estado lleva 10 años tratando mejor al pensionista que a los jóvenes. Aun así, los jubilados planean protestas

Datos oficiales demuestran que solo en junio de 2024 se registraron 10,16 millones de pensiones, con una variación del 1,22% con respecto al mismo mes de 2023. Para ser más exactos, las Comunidades Autónomas donde más se ha tensado la balanza y más ha crecido la variación mensual han sido: Baleares (0,30%), Canarias (0,29%), Murcia (0,24%), La Rioja (0,22%), Comunidad Valenciana (0,21%) y Navarra (0,20%).

España, la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) refleja el porcentaje que se lleva un jubilado de más con el cobro de su pensión, tomando como referencia lo cotizado. En determinados sectores, el Estado suele ser más generoso. Es el caso de los trabajadores que han tenido cortas carreras de cotización (de menos de 25 años), cuyo TIR es del 6,04%, frente al 3,26% de aquellos que cotizaron 45 o más años.

Además, el sistema es más generoso con quienes se jubilan a la edad ordinaria, pues reciben una rentabilidad en sus pensiones del 4,03%, en comparación con los que se jubilan anticipadamente (3,52%) o los que se jubilan de manera demorada (2,68%).

La deuda implícita con los pensionistas: al detalle

La situación de España es compleja. La inflación es un alivio y a la par una carga extra. El Gobierno pretende blindar el poder adquisitivo de los pensionistas y, con cada subida del IPC, subir de manera equivalente las prestaciones por jubilación. El efecto sería neutro sobre el papel, pero la realidad es bien distinta, y siempre suele beneficiar a la parcela político-social, es decir, a quienes cobran. Una estrategia por mantener contento a la mayoría poblacional española en la actualidad; los jubilados.

El peso de la deuda implícita acabará influyendo en la economía en los próximos 30 años. La relación deuda pública/PIB supera el 100%, con el correspondiente pago de intereses en el presupuesto. Cada vez se pagan más impuestos y existen menos inversiones porque se dedican más recursos, no solo a pagar compromisos adquiridos previamente, sino también a multiplicarlos por cinco, hasta el 500% del PIB.

El temido 500% del PIB podría evitarse con un recorte del actual sistema de pensiones y de los pronósticos futuros. No obstante, lejos de suprimirse y de contraer una crisis político-social, todo indica que la cifra podría, incluso, ascender por encima del 600% en España.

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