La nueva Ley de la Vivienda, aprobada el pasado 27 de abril por el Congreso de los Diputados y posteriormente por el Senado, se encuentra pendiente de su publicación en el BOE para que comience a actuar y surtir efecto. Este precepto ha modificado aspectos sustanciosos como los relacionados con el alquiler y ha incluido un nuevo concepto como el de las zonas tensionadas.

Con esta nueva Ley de Vivienda se regulan todos los aspectos relacionados con esta, tales como las ayudas de acceso, la regulación de los desahucios, la limitación de los precios de los alquileres, la creación de viviendas asequibles y las zonas tensionadas. Para la reciente ley aprobada, las zonas tensionadas son áreas de las grandes ciudades en las que el coste del alquiler o la hipoteca superan el 30% de los ingresos medios de las familias de esa zona.

En dichas áreas la ley marca que se procederá a un control de los precios del alquiler, pero ¿quién es el responsable de tal comprobación? Según se interpreta de la propia ley, el control se llevará por parte de las administraciones responsables de las zonas, para lo cual deberán realizar un plan de medidas para compensar el desequilibrio existente entre los precios de las viviendas y los ingresos de las familias que allí residen.

Requisitos para ser zona tensionada

En la Nueva Ley de Vivienda se establece que para denominar a una zona residencial como área tensionada deberán darse dos requisitos. Uno de estos será si el coste medio de la vivienda es superior al 30% de los ingresos medios de una persona o de la unidad familiar. Para ello se valorará el importe a pagar por la vivienda en cuestión, incluyéndose los gastos y los suministros básicos, y todos los ingresos medios que tenga el hogar.

El segundo de los requisitos para declarar una zona tensionada será cuando el precio de la compra o del alquiler haya subido al menos tres puntos porcentuales por encima del Índice de Precios de Consumo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre, en los cinco años anteriores a la declaración del área tensionada.

Para poder controlar que se cumplen los límites establecidos en los alquileres en las zonas tensionadas, el nuevo inquilino podrá pedir al propietario que le informe del precio establecido por contrato con el anterior arrendatario.

Con la declaración de estas áreas como tensionadas, los propietarios de las viviendas que reduzcan los precios de los alquileres en estas zonas podrán beneficiarse de desgravaciones fiscales, las cuales podrán alcanzar el 90% en el IRPF.

Regulación del precio de los alquileres

La reciente Ley de Vivienda establece además que los precios de los nuevos contratos de alquiler de viviendas ubicadas en áreas tensionadas estarán regulados con el fin de contener y reducir el precio de éstas. Además se aclara que será el propietario de la vivienda el que pague los honorarios a las agencias inmobiliarias y todos los gastos que se deriven del alquiler y que se prohíbe el aumento del precio del alquiler añadiendo nuevos gastos como la comunidad o la tasa de basura.

Las comunidades autónomas responsables de la nueva Ley de Vivienda

El reciente precepto establece que aunque el gobierno central podrá crear un marco común y mostrar ayuda con diversas medidas, son las diferentes comunidades autónomas las que deberán ocuparse de poner en marcha la ley.

En este sentido, serán las comunidades también quienes se encarguen de establecer en sus territorios las zonas del mercado de la vivienda que se encuentren tensionadas para definir así un límite en los precios. Los ayuntamientos deberán informar a su comunidad autónoma si considera que existen zonas tensionadas para que sea ésta quien lo declare como tal.

Será necesario, que para declarar una zona como tensionada se justifique como tal, para lo cual las comunidades autónomas, y los ayuntamientos si proceden, tendrán que incluir los indicadores de los precios de venta y alquiler de los diferentes tipos de viviendas, los indicadores de nivel de renta de los hogares y la evolución de ambos aspectos en el tiempo.

Sin embargo, la polémica está servida y es que ya hay comunidades autónomas que parecen negarse a tal iniciativa impuesta, tales como aquellas en las que gobierna el Partido Popular como son Andalucía, Castilla y León, Murcia, Madrid y Galicia.

En este sentido, Paloma Marín, consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, ha hecho saber que la Comunidad de Madrid cumplirá la Ley por el Derecho a la Vivienda, sin embargo ha aclarado que todas aquellas materias que van a depender de la actuación directa de la autonomía no se harán, como es el caso de la declaración de las zonas tensionadas.

Por su parte, desde el gobierno no entienden que algunas comunidades autónomas no quieran aplicar las zonas tensionadas para que “las viviendas se referencien a los precios del mercado e incluir beneficios fiscales para los propietarios”.

Durante este mes de julio ha salido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva Ley de la lucha contra fraude en España, Ley 11/2021 de 9 de julio, que también regula las obligaciones de los inversores en caso de invertir en Bitcoin y otras criptomonedas.

La ley indica que se debe informar sobre los saldos en qué se invierten en Bitcoin y otras criptomonedas y los titulares que las criptomonedas que se van a tener en custodia y, por tanto, esto genera realizar más papeleo.

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Bitcoin muy lejos que los usuarios lo vean como una moneda de uso corriente

Las obligaciones establecidas para los inversores de criptomonedas

Las nuevas obligaciones marcadas en la ‘Ley contra el fraude’ están orientadas a tener mayor control tributario sobre la compraventa de criptomonedas.

Además, este control llega hasta a las personas y establecimientos que realicen operaciones dentro del territorio de España o entidades que residan en el extranjero pero que proporcionan sus servicios de salvaguarda de las claves de criptografía dentro de España van a estar obligadas a dar información sobre las criptomonedas que tengan a su posesión a Hacienda.

Por tanto, las tres figuras comentadas anteriormente den presentar información sobre las criptomonedas que estén a su posesión a la Agencia Tributaria. Los exchanges (espacio donde se realizan los intercambios de criptomonedas) deben informar de su domicilio, identificación fiscal, precio y fecha que se ha realizado la compra de la criptomoneda.

Además, las personas y establecimientos españoles y entidades que estén fuera del territorio nacional que proporcionan servicios de intercambio están obligados a informar a Hacienda de las operaciones de compra, venta, transferencia, cobros y pagos, los precios de las operaciones y las fechas que se realizaron las operaciones.

El Bitcoin y otras criptomonedas deben aparecer en la renta

Si durante el 2021, tienes en tu posesión Bitcoins y otras criptomonedas en monederos que estén dentro del territorio nacional de España se establece que existe la obligación de informar sobre las criptomonedas que posees.

Esto quiere decir que se debe declarar dentro de la renta todas las criptomonedas como si fuera un bien de inversión. Aquellos Bitcoins y otras criptomonedas que tenga el declarante se deben incluir en el modelo 720 ‘Declaración Informativa sobre Bienes y Derechos en el extranjero’.

Si no se realiza dicha declaración la ley establece que se pueden aplicar sanciones hasta los 5 mil euros por cada uno de los datos que cada una de las criptomonedas que se tendrían que haber declarado.

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Las exigencias de la nueva ley para regular el fraude del Bitcoin y otras criptomonedas

La nueva ley establece un listado de los sujetos obligados y la obligación que tiene cada uno de ellos a la hora de implantar las medidas de prevención para el blanqueo de los capitales.

Esto supone que estas empresas deben establecer procedimientos documentados para poder identificar a todos sus clientes, y les deben exigir la documentación acreditadora de su DNI, NIE o pasaporte.

Por otra parte, la justificación de procedencia de los fondos que van a invertir en Bitcoin o criptomonedas, y están obligados a guardar toda la información para disposición de Hacienda durante al menos 10 años.

Si la operación de compraventa de Bitcoin y otras monedas se realice entre empresas, las operaciones se deben registrar con una persona física, es decir, identificar al propietario real y, por tanto, quien va a tomar las decisiones sobre esa criptomoneda.

Exigencias del registro en el listado del Banco de España

Se está obligado de inscribirse en el Registro del Banco de España para todos los inversores que son personas físicas o empresas que ofrezcan servicios en España, con independencia de sí sus servicios se hacen en España o no.

Los requisitos obligatorios para inscribirse en el registro son los siguientes:

• Demostrar delante el Banco de España que se han implantado sistema de control y medidas preventivas para evitar el blanqueo de capitales.
• Acreditar que se cumplen los requisitos establecidos en la ‘Ley de Ordenación de Entidades de Crédito.

Los inversores que son personas físicas y los directivos de empresas deben acreditar que prestan los siguientes servicios:

• Trayectoria profesional sin antecedentes y sin despedidos irregulares.
• No tener sanciones penales o administrativas.
• No estar en proceso de investigación de los anteriores casos.

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Estos son los argumentos de los partidarios de Bitcoin para apostar a que su precio va a seguir subiendo

El inversor se debe asegurar que su proveedor de Bitcoin y otras criptomonedas sea de fiar

En este momento para el inversor va a ser sencillo que un proveedor de Bitcoins y otras criptomonedas se ha haya inscrito dentro del Registro del Banco de España y, por tanto, da más confianza a la hora que no tenga sanciones o investigaciones.

Por otra parte, para el inversor a partir de ahora le van a pedir la documentación que autentifique y así identificarse como una persona física, independientemente que la compraventa de las criptomonedas las realice una empresa.

Por tanto, el aumento de papeleo por parte de los inversores de criptomonedas ha aumentado considerablemente.

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El Gobierno ha presentado, después de mucho tiempo prometiéndolo, el anteproyecto de la ley de startups. El objetivo de la ley es fomentar la creación y relocalización de este tipo de empresas en España, haciendo nuestro país un sitio atractivo para atraer el talento y la inversión.

El sector esperaba con ansia esta nueva ley, ya que son múltiples las quejas que hay sobre la dificultad para crear nuevas empresas en España. Y hay que tener en cuenta que hay estudios que indican que la creación de nuevo empleo se realiza fundamentalmente en nuevas empresas y no en empresas ya establecidas.

Las medidas de la ley

Aunque lo presentado es un anteproyecto, que puede sufrir modificaciones en el Congreso y el Senado, las líneas maestras están claras y no habrá muchas variaciones.

Por un lado se reduce el impuesto de sociedades del 25% al 15% durante los tres primeros años que una startup tenga beneficios. Esta es la medida estrella del plan, ya que lleva un coste asociado.

También se favorece la tributación del impuesto de la renta de no residentes, un rescate de la ley Beckham, reduciendo al 15% esta tributación, y favoreciendo el asentamiento en España a los llamados "nómadas digitales".

También se favorece el régimen fiscal de las stock options, elevando la exención de 12.000 a 45.000 euros anuales. La tributación de estas opciones para acciones era una de las críticas más importantes del sector.

Además, se favorece la inversión en este tipo de empresas, elevando la base máxima de la deducción de 60.000 a 100.000 euros y el tipo de la deducción de 30% al 40%.

Por último se mejoran algunos trámites administrativos, como la posibilidad de realizar pagos fraccionados del impuesto de sociedades, se elimina la obligatoriedad de consignar el número de identificación de extranjeros para no residentes y se facilitan los trámites para la disolución de una empresa.

La medida estrella: reducir el impuesto de sociedades

Dentro de la batería de medidas, el Gobierno destaca especialmente la de reducción del impuesto de sociedades. Entrando en detalle de esta medida, la reducción se aplicaría en el primer ejercicio que la empresa obtenga beneficios y durante los tres siguientes ejercicios. Por otro lado esta medida sería de aplicación siempre que la empresa siga siendo calificada como emergente.

Viviendo de un Gobierno que tiene como bandera la subida de impuestos y gasto, esta medida parece un gran gesto. Sin embargo su efectividad está en entredicho. No es lo que pedía y necesita el sector.

La realidad: esta medida no ayuda a la creación de startups

Para una empresa de nueva creación llegar a rentabilidad en sí es un verdadero reto. Lo difícil es crecer lo suficientemente rápido antes de que se acabe el capital. Y una vez que se llega a la rentabilidad los problemas casi se podría decir que han pasado.

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Ayudar a estas empresas una vez que han llegado a rentabilidad, con una rebaja del impuesto de sociedades, no sirve para nada. El problema es el camino hacia la rentabilidad, y hay que recordar que mientras la empresa no sea rentable, mientras no tenga beneficios, no paga impuesto de sociedades.

El problema del inicio de las startups es principalmente la burocracia y los costes laborales. La burocracia de crear una empresa ni se menciona en el anteproyecto de ley, excepto para facilitar la llegada de inversores internacionales.

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Por otro lado la reducción de los costes laborales, vía cotizaciones sociales reducidas o con salarios mínimos especiales o fuera de convenio, ni está ni se lo espera. Y es ahí donde el sector necesita ayudas, en costes que realmente tiene que afrontar en los primeros años, los más duros. En el impuesto de sociedades ni piensan al principio.

Pero claro, es más fácil cambiar la ley tocando el impuesto de sociedades, que deja una foto bonita, que facilitar los trámites para crear empresas o bonificar las cotizaciones sociales durante los primeros años, cosa que tendría un coste importante pues afectaría a todas las empresas de nueva creación. La medida del impuesto de sociedades solo afectará a las empresas que logren ser rentables.

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El Gobierno, por tanto, erra en su propuesta. Debería escuchar más al sector y entender de verdad cuales son los problemas que impiden la creación de empresas en España. Esperemos que el trámite en el Congreso y Senado mejoren la ley pero soy escéptico.

Desde que se aprobó en Cataluña la ley para regular el precio del alquiler y después de hacer la propuesta para el resto del España de una ley de regulación del alquiler, siempre ha surgido la duda si de verdad puede funcionar este tipo de control.

En Suecia ya se está aplicando una ley para regular el precio de alquiler en el mercado residencial desde los años cuarenta, y se puede analizar cómo ha funcionado durante todos estos años.

En Suecia la ley de regulación del precio del alquiler existe desde la década de los 40

Suecia implantó la ley de regulación del alquiler en el mercado residencial con el objetivo de garantizar que todo el mundo pudiera optar a una vivienda, pero su aplicación ha tenido resultados pocos esperados.

Los precios se contuvieron como se esperaba con la regulación, pero no se contó que pudiera haber una falta de oferta, una exclusión social por algunos grupos o el bloqueo de residencias existentes en el mercado.

Desde la década de los 1990, el sistema de regulación del precio de alquiler en el mercado residencial en Suecia es de manera indirecta que se fundamente en la procedimiento de negociación de arrendatarios y los arrendadores y los arrendatarios pactar de libre voluntad el precio.

El precio de la vivienda de alquiler se negocia con representantes de arrendadores y arrendatarios

El primer punto es que los arrendadores y los arrendatarios se encuentran condicionados por el procedimiento de negociación en que participan un conjunto de representantes de los arrendatarios, las empresas municipales de la vivienda y representantes de los arrendadores.

Por tanto, se hace un proceso de negociación en que se establece un precio de referencia de alquiler atendiendo a lo que puede ofrecer la vivienda y según el precio que tienen las viviendas similares en el mismo barrio.

Con esto se consigue que las viviendas de las mismas o parecidas características se ofrezcan al mercado por el mismo precio y que puedan ser accesibles por parte de los arrendadores, ya que no puede ser superior al 30 por ciento de los ingresos del arrendatario.

En Suecia existe el Tribunal regional del alquiler

Los arrendatarios y los arrendadores, por su parte, pueden pactar el precio inicial de alquiler de la vivienda que se encuentra en alquiler.

Por su parte, el arrendatario puede pensar que el alquiler supera el precio de referencia de la negociación colectiva. En este caso, el arrendatario puede dirigirse a un tribunal denominado ‘tribunal regional del alquiler’ que se utiliza para discutir los precios negociados de forma colectiva.

Este tribunal se utilizar para establecer el marco de referencia para establecer los precios de alquiler de la vivienda en Suecia.

Se controla el precio del alquiler pero existen inconvenientes por su aplicación

La regulación del precio del alquiler del mercado residencial ha sido efectivo, ya que ha contenido el aumento de los precios del alquiler, pero ha traído ineficiencias económicas y resultados sociales que se pueden considerar negativos.

El primer inconveniente ha sido la falta de oferta en el mercado residencial de alquiler, ya que en la gran parte del país existe una déficit de vivienda en alquiler, mientras que se van acumulando solicitudes para acceder a vivienda pública.

El segundo inconveniente ha sido el incremento de endeudamiento de las familias, ya que los diferentes gobiernos suecos han vendido la vivienda pública a pequeños propietarios para conseguir financiación para la construcción de nuevas viviendas para mejorar la oferta de vivienda y renovar las viviendas existentes en el mercado.

La principal consecuencia de esta venta ha sido aumentar el problema de la situación de la vivienda pública en el mercado, ya que ha ido disminuyendo la vivienda, y al reducirse la oferta ha obligado a las familias suecas a endeudarse para comprar su vivienda.

Las rentas más altas siempre pueden acceder a las viviendas alquiladas de mayor calidad

El tercer inconveniente ha sido un bloqueo de las viviendas existentes en el mercado, ya que los contratos de alquiler de la vivienda pública en Suecia se hacen para toda la vida del arrendatario, además hay lista de espera para acceder a la vivienda, por tanto, hay muy poca rotación de arrendatarios en las viviendas.

Además, la población las viviendas del centro de las poblaciones son de aquellos suecos que tienen una capacidad adquisitiva más alta, y por tanto, menos atractivas para inmigrantes y jóvenes, dándose una exclusión social.

Todo esto provoca que exista una economía sumergida de contratos de alquiler de la vivienda pública, cómo he comentado estos contratos son vitalicios, juntándose al exceso de demanda, provoca que los arrendatarios estén dispuestos a pagar más y no ir a la listas.

Una vez aplicada la ley al mercado es difícil desregularizarlo

El control del precio de alquiler a través de la ley no hace más asequible el acceso de la vivienda de los ciudadanos de un país o región donde se este aplicando dicha ley, ya que se convierte una herramienta ineficiente e contraproducente.

Por tanto, los beneficios que se pueden obtener del control de precio de la vivienda en alquiler llega a que las personas con más recursos puedan obtener los mejores lugares para vivir, y excluye a las personas que no tienen rentas tan altas por hecho de subarrendar.

Por otra parte, una vez que se empieza con la regulación del precio del alquiler es complicado realizar el proceso inverso.

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El pasado 22 de septiembre entró en vigor la ley 11/2020, de 18 de septiembre, cuyo objetivo final es regular la contención y moderación de las rentas en los contratos de arrendamiento de viviendas cuando su finalidad sea la residencia permanente del arrendatario y se identifique en una área declarada con un mercado de la vivienda tensionado.

Con esta ley se permite a Cataluña contar con una regulación propia de contratos sobre los arrendamientos urbanos. Aunque, actualmente, existen dudas sobre la competencia de Cataluña para poder legislar sobre en esta materia específica.

La ley califica como mercado de la vivienda tensionado si se cumple una de las siguientes tres condiciones: que existan subidas de precios claramente superiores a la media de Cataluña cómo que las familias destinen más de un 30% de sus ingresos el pago del alquiler coma y que el precio del alquiler recibido en los cinco años anteriores tres puntos más que el IPC catalán.

Una vez se ha calificado como un mercado tensionado, entra en juego el índice de referencia de precios del alquiler en los contratos de esa área y aquellos nuevos contratos no podrán superar, en ningún caso, los precios de referencia al del índice oficial de una vivienda, ni las renovaciones de la renta del anterior contrato de alquiler que fue firmado durante los últimos cinco años.

Como era de esperar las consecuencias no están siendo positivas y ya era lo que le faltaba a Cataluña tras perder su característico dinamismo económico en los últimos años.

En El Blog Salmón

Cataluña busca regular los precios del alquiler por ley ¿funcionará?

Si atendemos a los datos del portal Idealista, presenciamos una curiosa anomalía, mientras que en la Comunidad de Madrid vimos una variación negativa del 0,4% en el mes de septiembre, en Cataluña, la variación mensual fue positiva, del 1,1%, hasta alcanzar los 14,8 euros por metro cuadrado.

Curiosamente, en el cómputo del tercer trimestre del año, Madrid veía cómo los precios del los alquileres cayeron un 2,5%, mientras en Cataluña han subido un 0,1%.

En las provincias de Barcelona y Tarragona, los territorios en los que se encuentran más municipios afectados por la aprobación de la ley, habían subido un 1,1% y un 1,4% respectivamente.

La ley es del todo contraproducente, su principal aportación ha sido conseguir** revertir una tendencia de caída de los precios del alquiler** que habíamos visto en los últimos meses, llevando a los precios de los alquileres a niveles anteriores a la de la pandemia.

Este tipo de medidas solo contribuyen a amenazar la construcción de viviendas, con el riesgo de provocar una contracción de la oferta. Y es ese el problema previo, una falta de oferta desincentivada desde la administración pública que permita relajar los precios de los alquileres.

Este ha sido todo un golpe a la seguridad jurídica y la confianza que deberían tener los inversores. Se está penalizando a todas aquellas empresas que tienen capacidad para poner en el mercado promociones de viviendas en alquiler. Además, en la práctica, esta medida impacta directamente sobre el valor de los activos inmobiliarios residenciales libres, desincentivando a la rehabilitación del parque edificado.

La Generalitat no tenía suficiente con las viviendas, ahora acechan a los locales

Por si el mercado del alquiler catalán no tenía suficiente con la puesta en marcha de la regulación del alquiler en las viviendas, la pasada semana aprobó un decreto ley con el que se rebaja hasta un 50% el alquiler de aquellos establecimientos y locales comerciales que tengan prohibido poner en marcha su actividad por las restricciones.

Esta medida significa la intervención del mercado del alquiler, alterando la mediación entre las partes porque se está fijando el importe del alquiler de los negocios cerrados o limitados en su actividad comercial quedará automáticamente rebajado al 50% desde el día en el que el arrendatario notifique la voluntad de negociar.

A nadie se le escapa que esta medida viene para suavizar el golpe que están viviendo bares, restaurantes, gimnasios, centros de belleza y demás comercios. Pero el problema que nos encontramos es que ya se parte de un nivel diseñado, cuando deberían ser las partes interesadas, arrendador y arrendatario, los que pacten las nuevas condiciones en forma de condonaciones, pagos fraccionarios o aquellas que consideren más oportunas.

Y es que ninguna de las partes desea que la actividad comercial de ese establecimiento se vea obligada a cerrar porque no salen los números con el actual precio del alquiler.

El anteproyecto de ley para la transformación digital del Sector Financiero se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Es decir, que el anteproyecto de ley irá a las Cortes para su tramitación y así convertirse en proyecto ley.

Este proyecto ley incluye la creación de un Sandbox español donde se trabajarán proyectos financieros, aseguradores y mercado de capitales.

Es decir, las empresas españolas del sector Fintech van a tener un espacio regulado donde se puedan probar innovaciones de forma controlada. Pero como siempre existen dudas que después de su creación se doten los recursos presupuestarios necesarios para que funcione de forma adecuada.

Nos podemos preguntar:¿En qué va ayudar al sector Fintech que evolucione el antreproyecto de transformación digital del Sector Financiero?

El entorno Sandbox sirve para dar licencias a los proyectos fintech

Cómo he comentado anteriormente, al Sandbox se harán pruebas con productos y servicios que ya se consideren viables que se consideren lanzarlos al mercado. Esto no se hace por las dudas legales que se pueden generar, sino se debe a las carencias de garantías jurídicas del marco legal que tienen muchos de estos proyectos.

Muchos de estos proyectos no reciben inversiones de capital por la falta de seguridad de las que se ofrecen en un proyecto tradicional. Los proyectos que surjan de este entorno de Sandbox podrán llegar estar regulados por exención o por no sujeción.

Por tanto, el objetivo de que los proyectos entre en el entorno del Sandbox es que se puedan operar en el mercado, esto quiere decir que hayan obtenido una autorización o licencia por parte del gobierno español. Para esto se han configurado unos regímenes de salida del entorno del Sandbox para que sean regulados.

Las empresas Fintech y empresas de tecnología blockchain están esperando probar sus diferentes innovaciones en este entorno Sandbox para poder hacer sus pruebas y así tener un espacio legal para que puedan comercializar sus productos.

La previsión del Sandbox era que se pusiera en marcha en 2019

El anteproyecto para la creación del Sandbox data del año 2017. Su aprobación se ha ido dilatando en el tiempo con los diferentes cambios de gobierno y otros problemas que han surgido por el camino.

El anteproyecto de ley estuvo disponible para consultas a los ciudadanos y asociaciones interesadas, principalmente para las empresas del sector Fintech y banca digital, para la realización aportaciones hasta el 7 de septiembre del año pasado.

El Ministerio de Economía solicitó a las empresas interesadas en participar en el campo de pruebas que lo solicitaran antes de la finalización del 2019, aunque el Sandbox no hubiera sido puesto en marcha.

Por fin España se une a los países más avanzados a nivel regulatorio para las empresas más tecnológicas que tienen un sistema parecido al acompañamiento de la transformación digital del sistema financiero.

El Ministerio de Economía avanzó que el proyecto se llevaría a cabo bajo la vigilancia de las autoridades, en particular de los supervisores financieros, lo que involucra al Banco de España como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

¿Qué es un sandbox regulatorio?

Como comentamos en el artículo ‘"Sandbox" para Fintech: así pretende el Ministerio de Economía impulsar la innovación del sector financiero’ de ‘El Blog Salmon’ el día 19 julio de 2018 un Sandbox es uno de los términos más escuchados dentro del sector de las Fintech.

Se definió como el mecanismo de finanzas para responder a la necesidad de impulsar la regulación al ritmo que necesita el sector Fintech y, por tanto, que realizan las innovaciones.

Por tanto, el Sandbox en inglés, es una caja de arena, y hace referencia a un arenero. Es aquel espacio pequeño donde los niños pueden jugar y experimentar en un entorno controlado por los padres.

Como se comentó, el concepto se había trasladado a la economía digital en forma de Sandbox regulatorio. Es decir, un campo de pruebas para nuevos modelos de negocio que aún no están protegidos por una regulación vigente, supervisados por instituciones regulatorias.

En España existe una gran necesidad para desarrollar este marco regulatorio para los modelos emergentes que surgen del sector Fintech.

El objetivo del Sandbox financiero es acompañar el cumplimiento de las regulaciones financieras al crecimiento y a las innovaciones, de manera que no presiona con normas al sector financiero, pero tampoco se descuide la protección de los derechos de los consumidores.

Reacciones del sector Fintech en España

Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) desde hace muchos meses está presionando y reclamando para el 2020 que se apruebe de forma definitiva y puesta en marcha del Sandbox de pruebas regulatorias.

La Asociación Española de Fintech e Insurtech (AEFI) agrupa casi 140 empresas tecnológicas que venden productos financieros (Fintech) y del sector asegurador (Insurtech).

Ha presionado para que el Consejo de Ministros apruebe durante el mes de febrero de 2020 el anteproyecto de ley para la transformación digital del sector financiero y asegurador.

Otra de las reclamaciones es conseguir avanzar en un entorno regulatorio que sea adecuado, para poder fomentar el desarrollo y la creación de Startups Fintech e Insurtech y acelerar la transformación digital en el sector financiero y de seguros en nuestro país.

Por otra parte, siempre han solicitado una mejor relación entre el sector de las Fintech y el sector de las entidades financieras, consideras tradicionales, para conseguir y potenciar sinergias entre los diferentes proyectos que surgen. Es decir, conseguir acuerdos de colaboración y potenciar las inversiones.

En El Blog Salmón | "Sandbox" para Fintech: así pretende el Ministerio de Economía impulsar la innovación del sector financiero

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El 14 de septiembre entra en vigor la ley que aplica la directiva de la Unión Europea contra el fraude y el uso de información sensible en los pagos a través de Internet. La nueva ley es poco conocida entre los usuarios y los comerciantes, que son los principales afectados.

La ley obliga a las entidades bancarias a realizar el proceso de 'open banking', es decir, ofrecer medios técnicos a través de software a terceros para que puedan acceder a los datos de pago de sus clientes.

Para esto, establece un sistema de seguridad con el fin de controlar el proceso de acceso a dicha información a través de la 'Autentificación Reforzada de Cliente' (ACR).

Nos podemos preguntar: ¿Cómo nos va afectar la nueva ley de pagos si somos usuarios o si somos comerciantes?

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En España cada vez pagamos más con tarjeta, toda la información

Los afectados por la ley son las pymes que tengan tienda online

Por parte de los comerciantes, el sistema de autentificación funcionará a través del pago de una compra superior a 30 euros y que habrá que solicitar al cliente la identificación a través del DNI o pasaporte, una contraseña que solo sabe el comprador, o algo que sirva para identificarle, como una huella digital o un rasgo biométrico.

Las entidades bancarias deben disponer de una API, es decir, de un protocolo informático o especificación sobre como el software se comunica con otro software, que sirva de enlace entre los clientes y los comerciantes sin necesidad de tener ningún objeto físico o tarjeta.

Esta doble autentificación ya se pedía en las compras sin efectivo en los comercios físicos. A quien va a afectar la ley es a las pymes de comercio que tengan también tienda de venta online. Este tipo de empresas se tendrán que adaptar, ya que tendrán que recoger de los clientes más datos para compartir con las entidades bancarias.

La implicación de la nueva ley para las pymes que tengan tienda online

El impacto para las pymes comerciales con tienda online va a ser importante. La primera consecuencia es cuando se den las transacciones comerciales fallidas, es decir, cuando el cliente cambie de página y pueda abandonar la que está viendo, cancelando las posibles compras si se presentan dificultadas a la hora de realizar el pago, o irse directamente a la competencia.

Claramente este tipo de negocios necesitan ayuda y va a ser decisivo, ya que que tendrán que conseguir estos negocios una licencia de proveedor de pagos, lo que tiene un coste bastante elevado y ocasionando problemas de adaptación.

Por otra parte, para los comerciantes es una buena noticia a largo plazo porque se van a constituir negocios más sostenibles en el tiempo, pero a corto plazo supone una obligación más a las empresas que venden bienes y servicios a través de Internet.

Las entidades bancarias emisoras son las que deciden si el cargo va a tener que pasar o no por la doble autentificación. A partir del 15 de septiembre, van a decidir si se aplica o no según el tipo de operación de comercio online.

En el caso de las exenciones de la doble autentificación establecidas por la ley, como es la aplicación de las compras inferiores a 30 euros o si se realizan menos de 5 pagos en 24 horas, y puede pasar que los comercios online pasen todos los pagos por la doble autentificación, lo cual va a ser un error porque la tasa de conversión les va a disminuir.

Otro error es que el comerciante de la tienda online es quien decida la exención que aplica hacia la entidad bancaria emisora y que gestione de forma interne este asunto para así evitarse problemas. Esto es factible que lo realicen las grandes empresa de comercio online, pero no es buena para un pequeño negocio decidir que pagos se aplica a través de la doble autentificación.

Lo mejor para los comercios que venden por Internet que se esperen hasta el último momento para implantar el nuevo método con la excuso que en España no trabaja nadie en Agosto.

La implicación de la nueva ley para los consumidores

Los consumidores tienen que tener en cuenta que la nueva ley de servicios de pago también implica derechos para ellos. A partir del 15 de septiembre, estará prohibido realizar cargos adicionales en los pagos con tarjetas de débito o de crédito.

A los consumidores les va a beneficiar antes los bancos, dado que rebaja su responsabilidad económica por el uso fraudulento o no autorizado de su tarjeta, de los 150 euros a los 50 euros. Asimismo, se establece que las reclamaciones a los bancos por pagos se tienen que resolver en un plazo de 15 días.

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Pedro Sanchez prometió que los ciudadanos no iban a pagar los impuestos de las hipotecas, sino que iban a ser las entidades bancarias. Sin embargo, el Banco de España ha advertido que las entidades bancarias están encareciendo el precio de sus hipotecas, y claramente es consecuencia de la nueva ley hipotecaria.

En los últimos meses, el coste de la financiación de las entidades bancarias ha continuado a niveles mínimos. No obstante, durante el último año, los tipos de interés medios aplicados a los nuevos préstamos para la compra de vivienda han aumentado en 30 puntos básicos.

Nos podemos preguntar: ¿Los usuarios están pagando los gastos hipotecarios con el tipo de interés que se aplica en los préstamos?

Las hipotecas han aumentado de media 0,30 puntos

El aumento de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios no se ha observado en otros sectores ni en el resto de los países de la Unión Europea. Por tanto, este cambio podría estar relacionado con los cambios normativos de la ley hipotecaria.

Según datos de la 'Asociación Hipotecaria Española', el aumento en 0,30 puntos el coste de una hipoteca media de 125.000 euros, teniendo en cuenta el actual Euribor, el -0,134 por ciento, aumenta el coste de la hipoteca en 211 euros al año.

Es decir, sin ese aumento el cliente pagaría 5.582 euros durante el primer año y con el aumento pasa a pagar 5.793 euros al año. Si el tipo de interés de las hipotecas no cambiara durante 12 años, el coste que está pagando el cliente es de 2.532 euros, y si la hipoteca es de 24 años, el cliente pagaría de más 5.064 euros.

De estos 0,30 puntos, 0,20 corresponde al aumento de tipos de interés y 0,10 corresponden a las comisiones bancarias aplicadas. Tras este aumento, el tipo de interés medio de las nuevas hipotecas está en 2,4 por ciento.

La nueva ley hipotecaria establece que las entidades bancarias soportan los gastos de constitución menos la tasación

Según la nueva ley hipotecaria, se determinó que las entidades bancarias soportarían los gastos de constitución salvo el gasto de la tasación del inmueble.

El impuesto sobre los Actos Jurídicos Documentales (AJD) es un impuesto que se genera por firmar ante notario e inscribirlo en el registro. El tipo de gravamen se determina según la comunidad autónoma, que normalmente se sitúa entre el 0,5 y el 1,5 por ciento del importe de la compraventa.

Antes de la crisis financiera, el mercado hipotecario en España se caracterizaba por ofrecer en las nuevas operaciones uno de los tipos de interés más bajos de Europa, y esto se debía a que el principal negocio de las entidades bancarias consistía en vincular a los clientes hipotecarias a otros productos bancarios, como sería el seguro de hogar, y así se conseguía rentabilizar.

En el mercado español ha entrado con más fuerza la hipoteca de tipo fijo

Sin embargo, a partir del 2008, el precio de las hipotecas se encareció y supero la media europea. Entre 2009 y 2011, el tipo de interés volvió por debajo de la media europea, ya que no había mercado hipotecario y quien pedía una hipoteca era solvente, así que las entidades bancarias se peleaban por los clientes solventes con bajos precios.

A partir del 2013, los tipos de interés de las hipotecas españolas estaban en la misma consonancia que nuestros vecinos europeos. Desde la mitad del 2017 empiezan a aumentar ligeramente por encima.

A la hora de estimar el coste de la hipoteca española hay que tener en cuenta factores como la prima de riesgo, la tasa de morosidad, la litigiosidad o el porcentaje de vivienda en propiedad... En los últimos años ha influido la mayor entrada de hipotecas a tipo fijo, con un precio algo más elevado.

Sólo suben el tipo de interés los préstamos hipotecarios

Las entidades bancarias tampoco han aumentado el pago que ofrecen a los depósitos, por tanto, esto significa que no ha habido ningún cambio en el sector financiero que haga que aumenten los tipos de interés.

Este cambio de las hipotecas de España y el resto del mercado evidencia una situación diferente para los préstamos hipotecarios. Además, este cambio se ha producido durante los últimos meses, todo apunta que este aumento de los tipos de las hipotecas como consecuencia de los cambios de la normativa.

Por tanto, se puede considerar que algunas entidades bancarias están trasladando los costes que antes pagaban los clientes, lo que supone que las entidades bancarias tratan de hacer frente a estos nuevos costes por la vía del aumento de los precios, y esto es consecuencia de la alta competencia del sector.

En El Blog Salmón | Así nos afecta la nueva ley hipotecaria

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A finales del año pasado se aprobó la Ley de información no financiera y diversidad. La información es un factor clave para implantar políticas en responsabilidad social y esta ley quiere contribuir a la implantación.

Por una parte, la ley obliga a cerca de 2.000 empresas a informar sobre la responsabilidad social y presentarlo en el Registro Mercantil junto con las cuentas anuales de la sociedad. El hecho de informar ya supone mostrarse y posicionarse ante el mercado. La opinión pública lo que tendrá consecuencias sobre la reputación y valoración de las empresas cotizadas.

Nos podemos preguntar: ¿En qué consiste los estados de información no financiera? ¿Qué aspectos deben reportar las empresas en los estados de información no financiera? ¿Se trata de una traba más para las empresas o puede ser una oportunidad?

¿En qué consiste los estados de información no financiera?

Las entidades afectadas son las entidades de interés público cuyo número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500 y, además, durante 2 ejercicios contables consecutivos reúnan, al menos 2 de las circunstancias siguientes:

• Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20 millones euros.
• Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40 millones euros.
• Que el número medio de trabajadores sea superior a 250.

Tras 3 años de transición: podrá aplicar también a las empresas de más de 250 trabajadores y que cumplan los requisitos, exceptuando a las empresas que tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas. Estos requisitos deben analizarse a nivel de cada sociedad y a nivel consolidado.

Los contenidos que deben incluir los estados de información no financiera:

• Breve descripción del modelo de negocio del grupo.
• Descripción de las políticas de las cuestiones a reportar, incluyendo los procedimientos de diligencia debida, y las medidas adoptadas.
• Los resultados de dichas políticas debiendo incluir indicadores clave de resultados no financieros.
• Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo, y la gestión de dichos riesgos.

La información no financiera deberá incluirse en el informe de gestión o en un informe separado que cumpla con los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación.

Asimismo, el estado de información no financiera se pondrá a disposición del público de forma gratuita y será fácilmente accesible a través de la página web corporativa dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de finalización del ejercicio y por un período de 5 años.

Es obligatorio verificar la información no financiera del informe de gestión consolidado a través de un prestador independiente de servicios de verificación, es decir, auditor.

¿Qué aspectos deben reportar las empresas en los estados de información no financiera?

Los aspectos que deben reportar las empresas en los estados de información no financiera son los siguientes:

• Información sobre cuestiones medioambientales: contaminación, economía circular y prevención y gestión de residuos, uso sostenible de los recursos, cambio climático, y protección de la biodiversidad.
• Información sobre cuestiones relativas al personal: empleo, organización del trabajo, salud y seguridad, relaciones sociales, formación, accesibilidad universal e igualdad.
• Información sobre el respeto de los derechos humanos: procedimientos de diligencia debida, prevención de los riesgos de vulneración, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos, denuncias por casos de vulneración, promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil.
• Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno: medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno, medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
• Información sobre la sociedad: compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible, subcontratación y proveedores, consumidores, información fiscal.

¿Se trata de una traba más para las empresas o puede ser una oportunidad?

La ley está planteando nuevas oportunidades para establecer mejoras en la información no financiera, más allá de lo recogido en el Real Decreto que se aprobó en 2017 y que tenía bastante deficiencias para que la información presentada por las empresas.

Por esto, durante el tiempo de las enmiendas se ha incidido dentro del procedimiento legislativo para que sean consideradas cuestiones importantes, como quién debe informar, qué contenidos deben reflejarse, quién debe ser el responsable de esa información y el nivel de credibilidad en base del proceso de verificación.

Muchas de estas cuestiones se han incorporado dentro de la ley, todavía existen carencias que hacen necesario un desarrollo mayor de la normativa.

Entre las debilidades estaría la no existencia de un régimen disciplinario con sanciones para el incumplimiento, la no previsión de un órgano de control que cuente con funciones de monitoreo y supervisión de la obligación de presentación de la información, la no definición de la figura del verificador independiente y la aclaración de ciertos conceptos claves e indicadores de resultado.

La ley plantea oportunidades para avanzar en la incorporación de la empresa en los objetivos de la agenda de desarrollo global, no obstante hay elementos de preocupación, entre ellos el margen de interpretación que pueden generar algunos aspectos recogidos en la ley.

Esto plantea la necesidad de un desarrollo reglamentario que aborde y clarifique elementos recogidos en la ley y que no están suficientemente desarrollados.

Oportunidad para competir entre las grandes empresas

Las empresas españolas deben tomar la nueva ley de información no financiera como una oportunidad para competir mejor. Se vive actualmente en un entorno difícil, donde las empresas no se pueden permitir generar impactos que no puedan compensar.

Por eso, las políticas de sostenibilidad de las empresas deben ser consideradas como una oportunidad de negocio, para aumentar la competitividad, de mejorar su posición frente a otras que no lo hagan.

Ahora, las empresas no están compitiendo con la sostenibilidad y mucho menos con la competencia económica. Pero los inversores y proveedores miran los aspectos no financieros e incluso las entidades financieras utilizan herramientas de exclusión si no se cumplen estos requisitos.

Ante esta situación, la duda que surge entre los altos directivos es si hay empresas de menor tamaño que se sientan presionadas, ya que las entidades ya ven que la sostenibilidad en realidad compensa, porque generan más confianza sobre las empresas.

Las empresas se deben plantear la sostenibilidad por supervivencia. La sociedad española prefiere tener empresas sostenibles y, por tanto, van a comprar ese tipo de productos. A nivel de costes, tienen menos presión del mercado de capitales y el talento lo retienen a menor coste, ya que los empleados millennials prefieren trabajar en empresas sostenibles.

Por tanto, ha llegado el nivel que la normativa también apoya y, por tanto, las empresas deben actuar por responsabilidad y gobernanza. Por que sin apoyo de las empresas no se puede cumplir los propósitos medioambientales marcados por el Gobierno.

Es evidente también que existen riesgos, la visión implica una transición y el cambio, por lo que hace falta que las condiciones sean favorables, ya que es fundamental que se entienda como una colaboración pública-privada, por tanto, la normativa se debe adaptar al desarrollo real, estable, predecible y sostenible.

En El Blog Salmón | ¿Y si vuelven las nucleares?

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El Gobierno del PSOE ha aprobado, durante la semana pasada, por decreto la ley de alquiler que alarga los contratos de 3 a 5 años, o si el arrendador es una empresa a 7 años, e impide las subidas de la cuotas por encima del IPC.

La que entra en vigor por decreto ley es la tercera normativa que regula el alquiler en España que estará vigente en menos de 3 meses.

Nos podemos preguntar: ¿En qué consiste el nuevo decreto del alquiler? ¿En qué nos va afectar?

¿Cuándo entra en vigor este decreto ley del alquiler? ¿A qué ley va estar sujeto mi contrato de alquiler?

Los decretos ley se activan 1 día después de su publicación en el Boletín Oficial de Estado (BOE). Por tanto, el decreto ley ha entrado en vigor el pasado domingo y los contratos que se hayan firmado el lunes 4 de marzo ya deben adaptarse a las condiciones del nuevo reglamento.

Los alquileres en España están sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) con las condiciones que están vigentes a la hora de la firma.

Podemos diferenciar los siguientes períodos:

• Hasta mediados de diciembre del año pasado, el día 19, esta en vigor la ley de 1994 (reformada por el PP el 2013) que reduce la duración de los contratos de alquiler hasta los 3 años.
• Entre el 19 de diciembre del año pasado y el 23 de enero de este año. El 19 de diciembre entró en vigor un decreto del Gobierno del PSOE que reformaba la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y que el Congreso de los Diputados rechazó.
• A partir del 24 de enero del 2019 la ley que volvió a estar vigente fue la reforma del 2013, que estuvo vigente hasta el decreto que se aprobó el viernes pasado por el Consejo de Ministros.

¿Qué duración va a tener mi contrato?

Ninguno de los decretos aprobados durante el último mes tenía carácter retroactivo por que eso plantea problemas jurídicos. Así que va a depender de cuándo se firma el contrato de alquiler:

• Si el contrato es previo al 19 de diciembre de año pasado o posterior al 23 de enero de este año, la duración mínima va a ser de 3 años. Si finalizado estos 3 años ninguna de las partes indica que quiere extinguir el contrato, este se va a prolongar un 1 año más.
• Si el contrato se ha firmado ente el 19 de diciembre del año pasado y el 23 de enero de este año, el contrato de alquiler tiene que tener una duración mínima de 5 años si el propietario es una persona física. Si la propiedad pertenece a una empresa la duración mínima debe ser de 7 años. La prórroga va a ser de 3 años si ninguna de las partes dice nada.
• Para los contratos de alquiler que se han firmado a partir de la aprobación del último decreto ley de alquileres hay que tener en cuenta que no basta un 1 mes como hasta ahora para que el casero o el inquilino comuniquen la finalización del contrato o la prórroga. Ahora el dueño deberá comunicarlo con 4 meses antes de la finalización y el inquilino con 2 meses de antelación.

¿El casero puede subir la cuota de alquiler lo que quiera?

Los contratos de alquiler firmados antes del actual decreto de alquiler, la actualización anual de la cuota de alquiler se debe ajustar a lo que establece el contrato de alquiler (normalmente es el IPC). En ausencia de un índice de referencia marcado por el contrato, se aplica el 'Índice de Garantía de Competitividad'.

El nuevo decreto de alquiler establece una salvedad, que es la actualización anual dentro del contrato del alquiler no puede ser en ningún caso superior a lo que marca el IPC.

El artículo 17 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) no se ha modificado, por tanto, el precio del alquiler es que se acuerde entre las dos partes. El nuevo decreto no pone ninguna limitación formal a que el dueño del inmueble pida por el alquiler.

Pero para aportar transparencia al mercado, lo que sí incluye el nuevo decreto ley es establecer un índice de precios de referencia que deberá ponerse en marcha dentro de 8 meses y que anualmente establecerá qué vale como media el alquiler hasta de un barrio determinado.

Este índice sólo tiene valor informativo para que las administraciones públicas locales lo utilicen. En futuro se prevé, si el Gobierno sigue siendo del PSOE, aplicar una serie de medidas fiscales para incentivar una bajada de los precios.

¿El dueño del inmueble puede solicitar un aval al inquilino? ¿Quién debe asumir el pago de los costes de la inmobiliaria?

El dueño del inmueble puede solicitar al inquilino un aval, pero con ciertas limitaciones. El nuevo decreto ley establece que los avales o garantías adicionales a la fianza que pida el propietario no pueden suponer para el inquilino un desembolso a más de 2 meses de la cuota del alquiler.

A esto se debe sumar la fianza obligatoria, que el nuevo decreto no ha modificado y se mantiene en 1 mes. Así que, a la firma del contrato de alquiler, el dueño del inmueble necesita disponer como máximo de la cantidad de 4 meses de alquiler, es decir, el mes corriente, fianza y 2 meses como máximo de aval. Pero a todo este desembolso se le debe añadir los gastos de la inmobiliaria.

Antes quien asumía los gastos de la inmobiliaria era el inquilino. Con el nuevo decreto el dueño del inmueble diferencia entre persona física o empresa. En el caso de la persona física, las cosas siguen como estaban, el inquilino debe pagar los gastos. Pero si el inmueble es propiedad de una empresa, esta se deberá hacer cargo de los gastos.

¿Qué pasa con el inquilino cuando el dueño vende el inmueble?

El nuevo decreto ley establece 2 medidas para reforzar el derecho de los inquilinos en el caso de la compra del inmueble. Por una parte, el nuevo dueño estará obligado a asumir las condiciones del contrato en vigor aunque este no se encuentre registrado. Hasta este momento, la ley solo obligaba la protección a los contratos depositados en registro público.

La segunda novedad que trae el nuevo decreto ley es el derecho de tanteo y retracto. Cuando un dueño vende un inmueble que tiene alquilado, el inquilino tiene derecho preferente para comprar esa vivienda si iguala la oferta del potencial comprador.

La anterior ley establecía una excepción cuando una empresa compra todos los inmuebles de un inmueble entero, de manera que los inquilinos no puedan ejercer ese derecho. La excepción se mantiene en este nuevo decreto ley, pero en estos casos las administraciones públicas pueden ejercer el derecho de tanteo y retracto.

Es decir, que si un fondo intenta comprar un inmueble entero, los inquilinos no pueden comprar esos pisos, pero alguna de las administraciones públicas locales, si puede optar a comprar todo el inmueble con preferencia sobre la comprador privado.

Si no se puede pagar las cuotas del alquiler, ¿se puede echar al inquilino del inmueble?

Cuando el inquilino no paga la renta, el dueño puede recurrir al juzgado para solicitar el desahucio. Pero en el nuevo decreto se establece una modificación en el procedimiento, ya que el juzgado está obligado a pedir un informe de vulnerabilidad que del inquilino a los servicios sociales.

Si los servicios sociales determinan que se da la situación de vulnerabilidad, el procedimiento se paraliza 1 mes para buscar al inquilino donde alojarse. Cuando el dueño es una persona jurídica, la paralización es de hasta 3 meses. Además, desde ahora los jueces deben señalar el día y hora exactos en que se produce el lanzamiento.

En El Blog Salmón | Medidas para frenar las subidas de los alquileres

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