La inflación está oficialmente desatada. En marzo alcanzó la cota del 9,8%, que no se veía en España desde 1985. Esta subida echa más leña al fuego que los españoles estamos soportando desde hace más de un año. El incremento del precio de la energía y los carburantes ya se nota en toda la cadena de consumo, un problema al que se ha añadido la huelga indefinida de transporte.

El Gobierno ha conseguido en Europa un acuerdo histórico para España que le permitirá intervenir el mercado eléctrico para contener los precios del gas (que empujan los de la electricidad hacia arriba), pero desde luego eso no será suficiente para frenar la escalada de los precios.

Cada día que pasa somos un poco más pobres. Es un hecho. Y aunque el Gobierno culpe de más del 70% de este aumento a la guerra en Ucrania, es evidente que tenemos un problema de fondo muy grave.

De momento, ha aprobado una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible al repostar y ha congelado las subidas del precio de los alquileres al 2%, pero son medidas transitorias que no van a aliviar demasiado a los hogares españoles.

En este contexto urgen medidas contundentes, sobre todo porque nos acercamos a la temida recesión. ¿Qué puede hacer más el Gobierno? Si es que puede hacer algo... Algunos expertos nos lo cuentan.

La inflación es un fenómeno monetario que el Gobierno no puede arreglar

Es más que posible que en la revisión del dato de inflación que se hará en abril la inflación quede definitivamente en el 10%, una cifra que los expertos califican de "muy mala".

Manuel Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, prevé que las medidas aprobadas por el Gobierno "como mucho van a bajar la inflación un punto". Para él lo importante será la intervención del precio de la luz, "eliminar esa distorsión, se podría ganar muchísimo". "Si realmente se controla de tal forma que baje 50€ el megavatio, que es lo que dicen que quieren logra, se podría notar mucho, pues podría restar hasta 4 puntos a la cifra de inflación.

Y además, propone una "política de rentas que incluya pensiones". A largo plazo, ya que el problema de la energía no es coyuntural de la guerra (lleva así más de un año), Hidalgo cree que "se deben mantener las inversiones para tener autonomía energética mientras nos convertimos en un hub de suministro para el resto de Europa".

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Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas de la Universidad de Sevilla, aclara que las medidas del Gobierno "no van destinadas a reducir la inflación, sino su impacto en la renta de los ciudadanos, en el poder adquisitivo".

Como señala, "la inflación es un fenómeno monetario, por eso la Fed ya ha empezado a subir los tipos de interés y el BCE se lo está planteando". Así, avisa que reducir la inflación es "enormemente complicado y lleva su tiempo". En cualquier caso, el paquete de medidas gubernamentales se notará en los bolsillos de los consumidores y "se reflejará en el IPC al solucionarse el tema del transporte, que tensaba la cadena alimentaria, y al intervenir los precios de la energía".

Pero, a largo plazo, sigue habiendo problemas, recalca. "A nivel mundial no se ha solucionado la crisis de los microchips, que se producen en China, un país que sigue semicerrado por el COVID. La cadena de suministro, por tanto, sigue tensada".

Por ello, como algo adicional que se podría hacer en una situación tan compleja, indica que "el Gobierno podría bajar los impuestos para que tuviéramos mayor capacidad de compra, el problema es que tiene poco margen, porque ya vamos a tener déficit este año. Está muy atado de manos en este sentido, no como otros países europeos, pero puede reducir gastos sin tener que tocar necesariamente la educación o la sanidad como siempre se dice".

Por lo tanto, la situación va para largo, señores. Lo que ha hecho el Gobierno aliviará la situación a corto plazo pero vamos a seguir sufriendo esta etapa inflacionista bastante tiempo, al menos todo este 2022, lo que pone muy en riesgo la economía.

La reforma laboral ya se ha aprobado. Una de las medidas estrella del Gobierno de coalición ya ha salido después de meses de negociación con los agentes sociales. Un acuerdo que el Ejecutivo celebra como un logro, pero que no es ni de lejos lo que quería.

Se trata de una reforma muy tibia que deja la posición del mercado laboral español prácticamente igual que estaba, siendo las medidas bastante conservadoras para tratarse de un gobierno de coalición de izquierdas.

Y la reforma es solo el primer ejemplo de lo que se viene. Porque nos deja una enseñanza más allá de su contenido: el Gobierno ha fiado sus medidas estrella en materia económica a la negociación colectiva. Algo que, en principio, está muy bien, pero que puede generar un problema social.

Veamos por qué.

¿Qué pasa con los más vulnerables?

En concreto, el Gobierno acaba de anunciar que no va a subir el salario mínimo antes de que acabe el año, algo que también estaba entre sus planes y anunciaba Yolanda Díaz hace unos meses a bombo y platillo.

Sigue estando en sus planes hacerlo, pasando de los 965 actuales a 1.000 euros en 2022 y 1.045 en 2023. Pero no quiere abordarlo por Real Decreto, sino negociando de nuevo con los agentes sociales. Tan contentos están con el resultado de la reforma que no quieren jugársela y prefieren acordarlo con empresarios, por un lado, y sindicatos, por otro.

Y todo eso sería fantástico si estuviesen en ambos bandos bien representados los intereses de uno y otro colectivo. El problema es que esto no es así.

Porque los intereses de los más vulnerables no están representados en estas negociaciones. Si lo estuvieran, la reforma laboral recién firmada no tendría este resultado.

La cuestión es que los afiliados a sindicatos y con acción en este ámbito suelen ser empleados con antigüedad y en puestos que no corren peligro. Bien sabemos con lo que ocurre con los empleados sindicalistas en determinados sectores o empresas, por lo tanto, quienes están afiliados a un sindicato suelen ser trabajadores que no van a perder su trabajo por este motivo.

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Por otra parte, la de las empresas, hablamos de compañías grandes, con músculo, las cuales no tienen tantos problemas en cambiar contratos, subir sueldos o mejorar su burocracia interna. Pero claro, no es lo mismo una multinacional que una PYME, donde quizá solo hay un jefe para ocuparse de todo.

Por lo tanto, negociar no representa a los extremos más vulnerables de la cadena. Esos que el Gobierno siempre ha prometido proteger, pero que con estas negociaciones pueden quedar más desamparados. Al final, la acción sindical en este país es muy tibia si la comparamos con otros de nuestro entorno y muchos trabajadores no se sienten representados por los sindicatos mayoritarios, que son los que negocian.

De esta forma, aunque la voluntad del Gobierno es buena, quizá en algunas cuestiones debería abordar los cambios de motu proprio si quiere que sus medidas lleguen a los colectivos que más lo necesitan.

El precio de la luz en España sigue desbocado y ya cabalga por encima de los 170 euros/megawatio tras el fin de semana con la electricidad más cara en la historia de España. Y no se prevé que vaya detenerse, por lo que es posible que cuando lea esto haya marcado un nuevo máximo.

Parece que nos estamos acostumbrando a que cada semana se bata un nuevo récord, pero sin duda esto puede tener, y va a tener, consecuencias catastróficas para familias y empresas. De momento, en agosto ya disparó la inflación en agosto un 3,3%, es decir, que los precios del resto de productos y servicios se están viendo empujados por la luz.

Por lo tanto, podemos decir que la vida se pone más cara, en un momento en el que la recuperación es solo incipiente y sigue muy ligada al desarrollo de la pandemia.

Pero, ¿hasta cuánto puede subir el precio de la luz? ¿Cuándo va a parar? Y, lo más importante, ¿puede realmente el Gobierno hacer algo para frenarlo? Hemos hablado con varios expertos y esto es lo que nos cuentan.

Un techo que se ve lejano

La realidad es la que es, y tristemente vamos a estar viendo subidas del precio de la luz durante un tiempo indefinido. Al menos eso es lo que opina Francisco Valverde, responsable de renovables de Menta Energía.

Valverde explica que el precio de la luz, actualmente, está muy determinado por el Gas Natural. OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía - Polo Español), el mercado de la electricidad que fija los precios en la Península Ibérica, "está muy influenciado por la cotización del gas natural, el cual actualmente parece no tener techo".

En este sentido, comenta, la única forma de que su precio baje es que Rusia abra el canal NordStream2 y que llegue más gas a Europa, pues actualmente la demanda está por encima de la oferta. Y eso es algo que no se sabe cuándo sucederá y que depende del gobierno ruso.

En la misma línea está Mario Berná, socio de la consultora energética Ingebau, quien señala que vamos a seguir viendo precios máximos unos meses más impulsados por el Gas Natural y el CO2, "aunque ya vamos llegando al límite". "Necesitamos que llueva y haga viendo durante muchos días para que haya una bajada de los precios, pero tampoco sería una bajada enorme, como mucho a 120€/megavatio", avisa.Este experto admite que el mercado mayorista no se puede tocar, por lo que solo queda esperar a que tengamos "agua y viento a raudales".

En este contexto, ¿qué puede hacer el Gobierno para que los ciudadanos no se vean tan afectados? Por el momento, acaba de aprobar una bajada del impuesto especial a la energía del 5,1% actual al 0,5% y detraerá los beneficios extraordinarios a las eléctricas derivándolos al consumidor para frenar el precio del gas. Una medida que costará 1.400 millones de euros al Estado.

Valverde va más allá y propone,"como medidas más urgentes rebajar aún más la carga de impuestos de la factura dejando el IVA al 0% o recortando temporalmente los cargos del sistema".

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"En cuanto a las medidas las medidas estructurales previstas (la creación del fondo nacional de sostenibilidad y el canon por el CO2 a generadores que no lo emiten -hidroeléctricas y nucleares-) requieren de negociación entre partidos este otoño y la verdad, no tengo confianza en el nivel de nuestros políticos", señala.

Por su parte, Mario Berná señala que también se pueden tocar los impuestos a la generación de energía, que son del 7% y cancelar los costes de peajes, "pero entramos en una encrucijada, porque el sistema es el que hay y hay que pagarlo, por lo que o generan déficit en el sistema o se quedan sin beneficio las eléctricas, que es lo que de momento han hecho, y esto a largo plazo no se puede sostener".

Los consumidores piden medidas contundentes

Ante esta 'inacción' del Gobierno con la subida galopante del precio de la luz, que ha situado la factura media en España en septiembre en 105 euros, según comenta Rubén Sánchez, portavoz de Facua, los asociaciones de consumidores exigen medidas contundentes.

Precisamente, Facua ha elaborado un decálogo con 10 reclamaciones que piden una reforma del sistema de fijación de precios del mercado mayorista que ponga fin a los "abusos tarifarios", la creación de una tarifa social nueva que suponga al menos un 50% de descuento en la factura para familias con ingresos que no superen los dos salarios mínimos o una bajada del IVA con carácter permanente para que no vuelva a ser nunca del 21%.

Sea como sea, por el momento el impacto de estas medidas en la factura no se va apenas a percibir, y habrá que esperar a que la meteorología y la geopolítica se pongan de acuerdo para darnos un respiro. Pero será solo eso, un respiro.

Tras meses contemplando como el mercado mayorista de la electricidad nos ofrecía récord sobre récord en el precio sobre el megavatio hora y ver cómo sus medidas previas habían sido estériles, el Gobierno se ha decidido a actuar contundentemente a través de un paquete de medidas que queda abarcado en el último decreto ley.

Este decreto nace en un determinado contexto. Ayer conocimos que el precio de la electricidad en el mercado mayorista para hoy había pulverizado todos los récords anteriores, quedándose en 172,78 euros el mW hora. Y la factura para los consumidores ha aumentado un 35% en los 12 meses hasta agosto.

Hasta la fecha, el movimiento por parte del Ejecutivo para paliar la subida lo vimos el pasado mes de junio que ese trato de amortiguar el impacto de la cotización del gas en electricidad y el conjunto de la economía a través de una rebaja impositiva del IVA pasando del 21% al 10% hasta final del año para los suministros de 10 kW. Y, además, se decidió suspender Impuesto sobre la Venta de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% a la generación durante el tercer trimestre del año.

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En estas nuevas medidas que plantea el Gobierno se rebajaría el Impuesto Especial de la Electricidad hasta llegar al 0,5% (mínimo legal) desde el 5,11% y suspender hasta final de año el impuesto sobre el valor de la producción energética eléctrica que tiene un impacto con el 7% grabado en la generación.

Por lo tanto, la novedad en materia fiscal es la rebaja del este impuesto especial que lo recauda el Estado pero es para las autonomías que les repotaba alrededor de 1.500 millones de euros al año. Dado que las autonomías son las perjudicadas, se desconoce si recibirían compensación por otra vía.

Debido a que el Gobierno está ganando vía derechos de emisión del CO2, se busca aumentar en 900 millones de euros la aportación de la recaudación de las subastas de CO2 destinada a cubrir costes del sistema eléctrico hasta los 2.000 millones durante el ejercicio.

El Gobierno está jugando con los derechos de C02, pues van a recibir este año una recaudación récord de 2.300 millones de euros, el doble que la recaudación de este impuesto encubierto que condiciona los costes. Este punto recaudatorio no se va a tocar por lo que el impacto real es muy limitado.

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Estas medidas podrían ir en la línea correcta dentro del ámbito de actuación del propio Gobierno. Tarde, poco profundas por la cadena de impuestos del sector que reporta unos 11.000 millones, pero correctas porque implica bajar (insuficientemente) la fiscalidad.

El Gobierno tiene margen dentro de los costes regulados como los vinculados a las redes de transporte y distribución o los costes asociados al fomento de las energías renovables que suponen conjuntamente el 68% de los costes regulados. Son costes políticos que, al igual que sucede las pensiones, se puede imputar parcialmente en los PGE en detrimento de otras partidas presupuestarias.

Más allá de la fiscalidad: beneficios extraordinarios y topar el gas

Ahora entramos en las medidas más controvertidas. Este Decreto quiere minorar temporalmente los ingresos extraordinarios que está provocando la elevada cotización del gas en algunas centrales eléctricas. En principio, esta medida estaría en vigor hasta el 31 de marzo del 2022, en el momento el que se preverá que los precios del gas retornarán a la normalidad. Una medida puramente recaudatoria que vendría a reportar cerca de 2.600 millones.

El problema es cómo valoras ese "ingreso extraordinario" ¿sobre un diferencial de una media histórica? ¿Una estimación política de lo que deberían ingresar y han ingresado de más? La subjetividad solo genera incertidumbre en el sector, con el riesgo jurídico de que sea tumbado por los Tribunales y no tenga válidez en el ámbito europeo.

Este riesgo puede tener efectos no desados en términos de atracción de capital. Se necesita generar un marco de confianza para inversores, en un momento de salida de la crisis en el que España necesita miles de millones de euros de inversión privada para emprender los proyectos detrás de los ambiciosos objetivos de cambio climático.

La valoración que hacen desde el Ejecutivo es que dado que el precio del megavatio hora se está disparando, se benefician las tecnologías que soportan menores costes dentro de un sistema marginalista, principalmente las nucleares o centrales hidroeléctricas ya amortizadas o con bajos costes y las tecnologías limpias como la eólica y fotovoltaica.

Se nos ha tratado de vender que esos dineros irían a "topar el gas" pero realmente no será así. Tenemos que la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural para familias y pymes actualiza aplicando una fórmula matemática trimestre a trimestre. El Real Decreto-Ley aprobado evitaría un crecimiento del 28% en la próxima revisión fechada el mes de octubre, dejándola en un 4,4% pero no se topa el gas... se difiere el pago "la diferencia se recuperará de un modo asumible en próximas revisiones, a partir de marzo". Lo que no paguemos hoy lo pagaremos mañana.

La subida del precio de la luz en todos los horarios es la medida energética del Gobierno para incentivar el consumo en horas distintas a las de punta y así tener una curva de la demanda más plana y sostenible. Esto ha ido acompañado de una rebaja de los costes fijos de la factura que difícilmente compensarán la subida de los variables.

Esta subida beneficiará a los que logren programar sus consumos en las horas valle y a los que consigan reducir sus consumos electricidad. Es decir, es una medida que beneficiará al medio ambiente (pues los picos en la demanda se suelen cubrir con tecnologías que emiten mucho CO2 y porque si reducimos el consumo emitimos menos) pero que es bastante regresiva, ya que los más perjudicados serán los desfavorecidos: gente con menos ingresos que no puedan planificar bien sus consumos (poner la lavadora de madrugada en un chalet no es un problema, hacerlo en un piso pequeño seguramente vaya en contra de la normativa de la Comunidad), que solo tienen una propiedad (esta reforma rebaja la factura de las segundas residencia al tener un fijo más bajo) o que no puede cambiar sus electrodomésticos frecuentemente por unos más eficientes.

Y no es la única reforma que vamos a ver en los años venideros que, intentando beneficiar el medio ambiente, va a perjudicar a las rentas bajas y medias. Veremos más reformas en este sentido que son pro-medio ambiente y claramente regresivas.

Viajes más caros

En los documentos del plan de recuperación enviado por España a Bruselas se indica que habrá nuevos impuestos a los vuelos. Este será el pistoletazo de salida para gravar los viajes en avión, una industria con muchas emisiones de CO2.

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Y esta puede no ser la única medida. En Francia se han prohibido todos los vuelos nacionales que se puedan hacer en menos de dos horas y media en tren. Si se aplicara esta medida en España rutas como Madrid-Barcelona (la de mayor tráfico aéreo) estarían prohibidas y las alternativas exclusivas serían tren o carretera.

La clara alternativa a volar es usar el tren, que ahora mismo tiene unos precios excesivamente altos para rentas bajas, siendo en muchos casos mucho más caros que los vuelos. Está por ver el impacto que la competencia en el mercado de tren puede tener en los precios.

Lo que está claro es que las medidas pro-medio ambiente terminarán con la época dorada de viajar, donde todas las clases sociales se podían permitir (dentro de sus posibilidades) hacer viajes a destinos relativamente lejanos. El turismo para las clases bajas y medias será de menor alcance.

Desplazamientos

En el plan de recuperación también se indica una subida de los impuestos a los carburantes. Aparte, existe un plan para que los coches antiguos no puedan entrar en el centro de las grandes ciudades y que los motores de carburantes fósiles sean cosa del pasado en dos décadas.

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Además las autovías serán de pago, para quién más use el vehículo pague más por el mantenimiento de las mismas. Esto sin contar que la renovación de los vehículos antiguos por los modernos eléctricos, aparte del coste asociado, dará ventajas a quien tenga garaje para recargarlo, a unos precios muy inferiores que los de las estaciones de carga. No hay que olvidar que unos 2/3 de los vehículos de España duermen en la calle.

Todas estas medidas empujan a las rentas más bajas al transporte público, que efectivamente es más sostenible, pero que impide, por ejemplo, acceder a mejores trabajos más lejos del hogar o que los hijos de estas clases puedan permitirse ir a mejores colegios que no sean el más cercano a casa.

Alimentación

Otra medida pro-medio ambiente que afectará a las clases más desfavorecidas será el encarecimiento de los alimentos. Por un lado está que las nuevas medidas anti-desplazamientos harán que el transporte de los alimentos sea más caro y por tanto su precio final en los supermercados. Pero por otro lado seguramente veamos medidas anti-carne próximamente.

Igual que hemos visto un impuesto especial a las bebidas azucaradas (por motivos de salud, no de medio ambiente) en el futuro puede que veamos impuestos especiales a la carne, ya que la ganadería es especialmente contaminante (aunque tiene sus detractores). De hecho en el documento España 2050 presentado por el Gobierno hace unas semanas ya se apuntaba a un menor consumo de carne en el futuro.

Las clases bajas no podrán permitirse comer tanta carne como ahora. Esto, aparte de bueno para el medio ambiente, quizá incluso sea mejor para la salud, pues la base de la pirámide alimentaria son las verduras, frutas y legumbres. Sin embargo dudo que tenga un impacto significativo, al final la comida más barata es la ultraprocesada y esta es muy dañina. Esperemos que no haya una sustitución de carne y pescado por este tipo de comida.

Lo cierto es que las rentas bajas y medias se van a ver perjudicadas por todas estas medidas. Las rentas bajas no van a poder seguir con su estilo de vida debido a las medidas pro-medio ambiente y las rentas medias quizá sí puedan seguir igual pero con un efecto significativo en las finanzas. Las rentas más altas van a escapar, ya que el impacto de estos nuevos impuestos o precios no va a ser muy alto en sus rentas y van a poder seguir viajando en avión, desplazándose en sus coches eléctricos, programando el lavavajillas de madrugada (en una cocina que está muy lejos de los dormitorios) y comiendo carne cuando quieran.

Durante la semana pasada el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de la patronal de operadores de juego online (Jdigital) contra el real decreto que regula la publicidad del juego online que entro en vigor durante el año pasado.

El recurso se ha basado desde el punto de vista que es desproporcionable y va a suponer indefensión y desprotección de los consumidores del juego y, claramente, el impacto a nivel económico de las empresas de juego online en España.

Aunque aquí el juego online se ha olvidado que otros sectores que el este Gobierno y los anteriores han tenido restricciones de publicidad mucho más duras que las que se le han impuesto.

¿Cuáles son las medidas que tomo el Gobierno contra las empresas de Juego Online?

El sector del juego online no ha parado de crecer en España desde el 2011 y ha visto multiplicar su inversión en los últimos años. Por tanto, al Gobierno le preocupaba el aumento de consumo del juego entre la población de 18 a 25 años.

La primera medida que ha afectado más al sector del juego online es la prohibición de publicidad audiovisual fuera del horario de 1 a 5 de la madrugada, impidiendo la emisión en estos anuncios de bonos de captación de a los jugadores.

En estos anuncios no puede aparecer personas o personajes, reales o ficticios, de relevancia o notoriedad pública, y tampoco se les ha permitido incluir testimonios de personas beneficiarias previas, reales o ficticias, para realizar publicidad.

Por tanto, este tipo de empresas no pueden dirigir sus ofertas a clientes registrados y verificados y a usuarios que hayan mostrado comportamientos compulsivos por el juego, es decir, adicción.

Por otras parte, los clubes deportivos no han podido firmar contratos de patrocinio con casas de apuestas que implique llevar publicidad en sus equipaciones. Tampoco se ha podido tener publicidad en los estadios ni realizar actividades de patrocinio que consisten la utilización de la marca para identificar la instalación deportiva.

También se los prohibió la publicidad por correo ni publicidad a través de Internet, aunque si que pueden utilizar las redes sociales, donde este tipo de empresas solo han podido emitir mensajes publicitarios a sus seguidores.

En los motores de búsqueda, como Google, redes sociales o plataformas de intercambio de vídeo, como Youtube, este tipo de empresas solo han podido contar con instrumentos que no se pueda emitir publicidad dirigida a menores.

¿Cuáles los plazos y las sanciones de aplicar estas medidas?

Desde la aprobación del real decreto en noviembre del año pasado ya no se han podido firmar nuevos contratos contra las medidas planteadas, aunque si el Gobierno estableció unos plazos para que las empresas del sector de juego online se pudieran adaptar a la nuevas condiciones de juego, por eso, estas empresas han podido acudir a los tribunales.

Los plazos que estableció el Gobierno fue el siguiente:

• Para los contratos ya firmados y que estén en vigor en el momento de la entrada de las medidas, se establecen unos plazos que van hasta el verano de 2021, coincidiendo con el final de la temporada deportiva, aunque los convenios privados entre clubes y operadores se hayan firmado por más tiempo.
• Las medidas de prohibición de bonos promocionales o la regulación de la publicidad en Internet, aunque existan contratos más extensos, tendrán un periodo de adaptación menor y entrarán en vigor en su totalidad el 1 de mayo de 2021.
• En el caso de campañas publicitarias con personas o personajes de relevancia que ya hayan sido contratadas, no se podrán seguir emitiendo a partir del 1 de abril de 2021.
• El resto de contratos suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de las medidas, se podrán mantener hasta el 30 de agosto de 2021.

A los operadores que incumplan estos plazos, se les ha establecido una serie de sanciones. Es decir, los incumplimientos considerados graves pueden tener una sanción de entre 100 mil y 1 millón de euros y con la consiguiente suspensión de la actividad en España durante un máximo de 6 meses.

El sector del juego online intenta jugar sus últimas cartas

El sector del juego online piensa que la normativa establecida por el Gobierno puede agravar los problemas de juego que se realizar en un mercado ilegal y que no están sujetos a ningún tipo de normativa.

Según el sector del juego online la publicidad online siempre ha seguido los marcados por la ley y que siempre estaban supervisadas por los diferentes organismos implicados. Aunque aquí lo que se queja el sector es que les han cambiado las reglas de juego y que esto les ha perjudicado en su bolsillo.

Por otra parte, el sector del juego online no se niega a que haya una normativa sobre la publicidad pero consideran que las medidas han sido desproporcionados en comparación con otros sectores. Pero aquí se olvidan que se puede llegar a niveles de las prohibiciones del sector del tabaco que niega cualquier tipo de actividad publicitaria, a parte, de los puntos de venta.

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Imagen | Flickr

Estamos ya en la parte final del año y es un buen momento para hacer balance de los errores que nos han llevado a ostentar la caída más importante de la economía entre los países desarrollados. Si la caída media proyectada para las economías avanzadas es del 5,8% sobre el PIB ¿Por qué España caería un 12,8%?

En primer lugar, hay que señalar que nunca ha sido cierto el dilema entre salud o economía. La prueba más evidente es España, que se ha visto con unas tasas más altas de mortalidad en la pandemia (620 muertos en el mes de agosto) solo superado por Perú y Bélgica. Renunciando a la salud, deberíamos exponer buenos datos dinámicos en la economía, pero los datos del declive económico del segundo trimestre mostraban una tasa interanual del -22,1% (Perú del -30,2%).

En consecuencia, dada la relación muertes por población frente a la caída del PIB, podemos identificar a España como el segundo país que ha gestionado la pandemia.

Y, muy probablemente, no hemos caído más porque, a diferencia del Perú, contamos con una mayor capacidad de financiación por la intervención del BCE en el mercado de deuda que está respaldando la solvencia de los países de la Eurozona, a pesar de la falta de estabilidad presupuestaria vista en los últimos años y que Sánchez se desvinculó de la senda de reducción del déficit.

Los errores de la pandemia

España se ha caracterizado por una gestión política totalmente errónea vistos los resultados. Hemos visto errores en materia de prevención y detección del coronavirus, una evidente insuficiencia en los recursos hospitalarios y, unos retrasos en la imposición de medidas del distanciamiento personal como mascarillas, limitar la concentración de grandes grupos o prohibición de eventos masivos, así como las correspondientes restricciones de movilidad.

El hecho es que a principios de febrero la comunidad científica advirtió sobre la fácil propagación del coronavirus, y el 28 de febrero la OMS, en su informe tras visitar a China, recomendó que se emulara a los chinos y se adoptaran medidas de bloqueo tan drásticas como las que había emprendido el país de origen del virus.

Si en Alemania inmediatamente tomaron medidas reforzando sus fronteras y la cancelación de eventos multitudinarios, en el caso de España, tuvieron que pasar 10 días para poner coto y, en ese tiempo, se siguieron celebrando todo tipo de eventos multitudinarios.

La desinformación fue la baza que jugó el Gobierno de Sánchez. El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, afirmaba el 29 de febrero que no debíamos caer en el alarmismo y que las mascarillas no eran necesarias en España para ir por la calle. Tuvimos que esperar para que el Gobierno hiciera obligatorias las mascarillas con el Real Decreto-ley 21/2020 del 9 de junio, en la vía pública cuando no se pueda garantizar la distancia.

La acción tardía llevó a que los contagios se dispararan, lo que supuso la saturación de los hospitales que no contaban con una alta experiencia ni recursos para afrontar pandemias y propició al auge de la tasa de mortalidad. Una vez el colapso era evidente, la medida de última instancia para doblar la curva de contagios fue paralizar la economía con el confinamiento de la población, provocando su hundimiento. Ni salvaron la salud, ni salvaron la economía.

Más tarde vino la desescalada. Había que llegar a la temporada de turismo para tratar de reflotar el sector y el 21 de junio se finalizaba el estado de alarma. Las prisas demostraron no ser buenas, entramos rápidamente en la segunda oleada, y el tiempo que duró el estado de alarma no se utilizó para fortalecer el sistema sanitario ni planes para la reapertura de escuelas. Tampoco se implementó el sistema de seguimiento recomendado por todos los expertos para la detección y el rastreo de la epidemia.

Han pasado los meses y los test realizados siguen siendo escasos, lo que impide un óptimo rastreo para su identificación. En el siguiente gráfico se nos muestra el número promedio de pruebas realizadas por caso confirmado y España únicamente efectúa 11,4 pruebas por caso confirmado. Lejos de Japón (20,8 pruebas por caso confirmado), Alemania (27,8 pruebas por caso confirmado) y Corea del Sur (76,9 pruebas por caso confirmado).

Factores que no dependían del Gobierno

Para ser justos, hay factores que no dependían del Gobierno español y que han influido en los números rojos de este año. Los países más afectados tienen características comunes: Elevado envejecimiento de la población, zonas urbanas densamente pobladas y habitantes con gran movilidad, y han exhibido una conducta basada en la proximidad física.

Obviamente estos factores influyen, pero no determinan que la economía se adentre en el caos económico más absoluto. La prueba de ello más palpable es Japón, el país más envejecido del mundo, con una alta densidad de población y bien interconectada con China (el origen de la pandemia), ha registrado muy pocas muertes. Y aunque el distanciamiento social cultural, el uso generalizado de máscaras y las aplicaciones han servido como medidas de protección en los países de Asia oriental, siendo Corea del Sur el abanderado del rastreo.

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Al mismo tiempo, hay que valorar el turismo que se ha tratado de utilizar como la justificación para el hundimiento del PIB por su elevada contribución en la economía española. Según los datos del INE, el turismo aportó el año pasado el 12,3% sobre el PIB, siendo el motor de la economía por excelencia. Este peso está muy por encima de la media de los países de la OCDE, que aporta el 4,4% del PIB.

Con los cierres totales y parciales a los que se ha enfrentado el sector y las medidas de distancia de seguridad impuestas para evitar los contagios, este sector está sufriendo un verdadero varapalo este año. El verano ha registrado unas caídas no vistas jamás en este sector, con una caída del -69,2%. Debido a la pandemia, el verano se ha visto condicionado por una casi desaparición de la demanda extranjera (con caídas superiores al 80% en número de noches y gasto) y una demanda española en niveles un 30% por debajo de la de 2019, a pesar de la libertad de movimiento que teníamos en verano.

Los turistas nos han dado la espalda. El Reino Unido representa el primer emisor de turistas internacionales y su gobierno lanzó la recomendación de "no viajar a España" por el avance de la pandemia en la segunda oleada. Con esa alerta, la variación anual del turismo británico en el mes de agosto fue de −88,2%.

Dicho esto, si la caída del PIB estuviera justificada por el peso de este sector, en los países en los que el turismo tiene un peso mayor en la economía, sus respectivas economías se hubieran desplomado más que la española, lo que permitiría eludir las responsabilidades de la gestión política de la pandemia y atribuirlo todo a un shock externo que ha impactado en un sector altamente dimensionado como el turístico.

Por ejemplo, Islandia, el país desarrollado que tiene un peso del turismo del 33% sobre la economía (más del doble que la española), se enfrentaría a una contracción del PIB del 7,2% para este año. Se trata de una caída elevada y por encima de la media de las economías avanzadas (-5,8), pero no de mayor intensidad que la española que caerá el 12,8%.

El cuadro macroeconómico de España está en números rojos. La administración pública está viendo un desplome de los ingresos públicos por la caída del consumo, la inversión, los beneficios empresariales o las rentas de los hogares. En contraposición, el gasto en prestaciones sociales, fundamentalmente por desempleo, se verá notablemente incrementado.

Gran parte de los países, con mayor o menor intensidad, contemplan un panorama similar, aunque con algunos matices, según la intensidad de la crisis y el punto de partida previo. Pero, independientemente de la situación, la clave es la voluntad política sobre qué estrategia fiscal había que adoptar para enfrentar la crisis.

Si por algo se ha caracterizado el Gobierno es por su fijación en el gasto público, olvidándose de la carga fiscal que soportan las empresas. Pero la empresa está sufriendo y habrá que ver los resultados finales de la segunda oleada. Por ahora, si atendemos al número de empresas inscritas en la Seguridad Social, en el mes ce octubre se habían perdido 32.479 empresas frente al mismo mes del año anterior hasta alcanzar la cifra total de 1.286.436. Sufre la pyme, se han perdido 13.441 empresas de 1 a 2 trabajadores y 7.266 de 10 a 49 trabajadores.

No se ha visto una política business friendly por parte del gobierno de coalición. Como mucho hemos visto medidas relativas al aplazamiento de pagos de impuestos y cotizaciones sociales y liquidez por parte del ICO. Pero dejar de apretar a empresas, autónomos y trabajadores no ha entrado en los planes del Gobierno. A diferencia de otros países que sí han abordado la parte fiscal a través de la bajada de impuestos.

Por ejemplo, Alemania ha impulsado una rebaja impositiva temporal del tipo general del IVA desde el 19% hasta el 16% y del tipo reducido desde el 7% hasta el 9%. El Reino Unido se ha deshecho del impuesto por compra de vivienda y ha bajado el IVA a la hostelería para salir de la crisis (desde 20% hasta el 5%).

Sánchez aprieta tras el fatídico 2020

Con el Presupuesto presentado para 2021, no hay duda, Sánchez apuesta por subir impuestos. Aparecen nuevas figuras tributarias importantes como el Impuesto sobre Transacciones Financieras y del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

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El Gobierno presenta unos Presupuestos anti-austeridad que preparan el terreno para más impuestos

Es del todo un error ambos impuestos. Por el lado del Impuesto sobre Transacciones Financieras, es difícil atraer capitales cuando se ataca al volumen de negociación a través de este impuesto. No es solo el ataque frontal a las empresas de servicios de inversión sino daños colaterales como la liquidez al mercado, afectan gravemente a la toma de decisiones de los inversores que podrían optar en apartarse y reducir su presencia en el mercado.

Quizá, peor aún, sea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, ya que en esta coyuntura determinada de restricciones de apertura y gran incertidumbre muchas empresas tienen la oportunidad de sobrevivir a través del comercio online. Este impuesto no afecta a las grandes tecnológicas por su importante poder de fijación de precios para desviar los efectos negativos del impuesto sobre el flujo de caja y los ingresos operativos. Se les trasladaría el coste del impuesto a los anunciantes, vendedores y, en última instancia, a los consumidores, que tienen pocas alternativas en términos de proveedores de servicios digitales.

Además, tenemos el aumento de la presión fiscal en el IRPF (contribuyentes con rentas altas) y en el Impuesto sobre Sociedades (limitación en la exención de rentas a grupos y grandes empresas). Específicamente, para los "ricos" se impulsaría medidas como la subida de un punto del Impuesto de Patrimonio para las rentas de más de 10 millones de euros y de 3 puntos del IRPF para las rentas de capital de más de 200.000 euros y otros dos puntos adicionales para las rentas de trabajo que superen los 300.000 euros.

Para más inri, ataque vía impuestos indirectos, en los tipos a productos concretos (el IVA en bebidas azucaradas y el Impuesto sobre Primas de Seguro) y de los cambios en la fiscalidad medioambiental (subida de tipos en el gasóleo, creación del Impuesto sobre Productos de Plástico de un solo uso y del Impuesto sobre la Eliminación de Residuos).

¿Ni tan siquiera bajar el IVA a la hostelería?

La hostelería está sufriendo especialmente en esta crisis con intensas restricciones impulsadas por las administraciones públicas. Nuestros vecinos europeos siguen una senda similar, pero con medidas compensatorias para esta industria.

Como relatamos recientemente "según los datos que reporta Hostelería de España, los datos generados por la crisis provocada por la pandemia hacen que a octubre de 2020 se hayan cerrado 65.000 negocios de hostelería, y la pérdida de 350.000 puestos de trabajo y el nivel de facturación se haya reducido en más de un 50% respecto a 2019".

Según un estudio de Competur, con la aplicación de un IVA superreducido del 4% a los productos consumidos en la industria hostelera española se contribuiría a incrementar el gasto, aportando 4.320 millones de euros en 2021 y el gasto pasaría de algo más de 86.000 millones de euros a 90.396 millones de euros.

Esta medida permitiría paliar el enorme impacto de la pandemia en bares y restaurantes españoles, lo que supone concederles capacidad para mantener el empleo y el negocio a través de un mayor consumo. Esta medida está avalada por un total de ocho países europeos que reconocen los efectos positivos de esta medida, y ya han aprobado la reducción del IVA en todo su territorio (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Reino Unido y Lituania).

España y el resto de países europeos están sufriendo la segunda ola, con un incremento de los datos de contagios de coronavirus a medida que pasan los días. De nuevo, se están poniendo a prueba los respectivos sistemas de salud y los países han comenzado a imponer nuevas medidas de bloqueo. Una decisión que supone un severo golpe que impacta específicamente a las empresas de servicios, especialmente la hostelería.

Si nos vamos a los datos económicos del segundo trimestre del año, el conjunto de países que forman parte de la Eurozona vieron una contracción de un 11,8% en el segundo trimestre, ya que los cierres para detener la primera ola de la pandemia paralizaron la actividad. Más tarde, con la apertura del tercer trimestre, vimos un crecimiento del PIB trimestral del 12,7%.

España es el país desarrollado que peor lo ha hecho, ya que arrastra la contracción económica más severa. Los datos de la evolución de la actividad económica que tenemos, es que el PIB se expandió un 16,7% en el tercer trimestre desde el segundo. Pero, a pesar de esto, la economía sigue siendo un 8,7% más pequeña que hace un año.

Y debido a que estamos de lleno en la segunda ola, nos movemos al escenario más preocupante que valoraba el Banco de España que pronosticaba una caída del 12,6% en 2020 si se daba el actual escenario.

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Siete gráficos que explican la evolución macroeconómica de España

Los números de esta segunda oleada

Los datos acumulados que tienen en cuenta la primera ola de la pandemia nos muestran la pésima gestión realizada. Atendiendo al número de contagios acumulado por millón la cifra española llega a 26.935, mientras que la UE alcanza una ratio de 15.168. Los peores datos los tenemos en el número de fallecidos por millón de habitantes, España alcanza un récord de 780 fallecidos, mientras que la UE llega a una posición relativa de 400 muertos.

A pesar de lo comentado, si España en la primera ola lideraba los contagios de la UE, en esta ocasión, lo está haciendo mal pero únicamente solo un poco peor que la media de la UE. Si nos vamos a los datos, el promedio móvil de los últimos siete días, muestra que la Unión Europea alcanza los 429 nuevos casos por millón de habitantes. Bajo esta referencia, España estaría algo peor con 436 nuevos casos.

Lo cierto es que España lo está haciendo mal pero, a partir del mes de octubre, Francia lo estaba haciendo peor si cabe. Hoy el país que lidera Macron, se enfrenta a 665 nuevos casos por millón de habitantes, una de las cifras más altas de la UE (Bélgica lidera con 1.200 contagios por millón de habitantes), lo que le llevó a ordenar un nuevo confinamiento a partir del 30 de octubre hasta el 1 de diciembre, caracterizado por el cierre de la actividad no indispensable, incluyendo los bares y restaurantes y elevadas limitaciones a la movilidad.

Italia recientemente ha avanzado a España en el promedio en los últimos siete días de nuevos casos hasta alcanzar los 446 nuevos casos por millón de habitantes. El país transalpino establece un toque de queda como España y está clasificando a sus 20 regiones en tres zonas según la gravedad epidemiológica. Para el próximo viernes el motor industrial (Lombardía, Piamonte, Valle de Aosta y Calabria) serán declaradas zonas rojas que se traduce en cerrar todos los bares, restaurantes y los comercios, salvo los de primera necesidad y solo se podrá salir de casa para ir a trabajar o al colegio.

Alemania presenta unos números relativos mejor que las otras tres economías líderes en Europa. Pero eso no le ha impedido que, desde el 2 de noviembre, se impulsaran nuevas restricciones que incluyen los cierres de cines, teatros, gimnasios, piscinas y saunas, así como restaurantes y bares, excepto para comida para llevar. También se une limitaciones de contacto social como un máximo de dos hogares con un máximo de 10 personas y los grandes eventos han sido cancelados y no se permiten multitudes en los partidos deportivos.

Sánchez no aguanta un nuevo confinamiento total

A partir del 25 de octubre, el Gobierno de Pedro Sánchez declaró un Estado de Alarma a nivel nacional que incluye un toque de queda nocturno obligatorio a nivel nacional (los horarios específicos varían, comenzando entre las 22:00h y la medianoche y durando hasta las 6:00h). Al mismo tiempo, proporciona a los Gobiernos autonómicos poderes legales para imponer más restricciones de movilidad en su región si se considera necesario. Como medidas de distanciamiento social, se ha limitado la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.

El número de nuevos casos no ha parado de incrementarse desde el mes de julio y, a pesar de las medidas tomadas, no se está poniendo freno al auge de la segunda ola, lo que hace más probable la intensificación de las medidas. Se está tratando de encontrar el equilibrio y llegar a Navidades para tratar de salvar el comercio minorista, aunque el riesgo claro es que si la acción se dilata, en última instancia, vayamos a confinamientos como los de marzo que destrocen económicamente lo que queda del año y parte del primer trimestre del 2021.

La desastrosa gestión realizada durante la primera ola, lleva a que el Gobierno simplemente no puede permitirse otro confinamiento que suspenda toda actividad económica no esencial. Desde el punto de vista del comercio, la única esperanza que tiene para sacar el cuello de este fatídico año es la Navidad que concentra el 23% de las ventas. Según la Confederación Española del Comercio, un total de 67.500 establecimientos, lo que representa el 15% de todos los existentes en España, se han visto ya obligados a cerrar sus puertas.

Si vamos a un confinamiento total, sería asestar un golpe de gracia que llevaría al cierre definitivo de muchos locales en España, lo que llevaría a más desempleo no recuperable para el próximo año.

El Gobierno ya está reconociendo que sus previsiones iniciales estaban erradas y, según los Presupuestos Generales del Estado presentados para 2021, la contracción económica sería del 11,2% para este año. No hay precedente desde que el INE recopila los datos de un destrozo económico similar.

El escenario de actual es el que describió el Banco de España como "Escenario 2". Se describe como un escenario en el que exista una mayor intensidad de los rebrotes y el retorno a la aplicación de medidas de contención más severas, que perjudican especialmente a las ramas de servicios sometidas a mayor interacción social y que afectan también de forma directa a otras ramas productivas.

Y a no ser que en 2021 se finalicen las oleadas de contagios y volvamos a la normalidad, bajo el contexto de "Escenario 2", el crecimiento esperado de la economía española para 2021 sería de un 4,1%. El problema inmediato para el Gobierno es que está presentando unos Presupuestos con unos ingresos estimados bajo el paraguas de un crecimiento excesivamente optimista, apuntando a un avance de la economía del 7,2%. Eso supone más de tres puntos de crecimiento esperado, y repercute en un mayor déficit de lo estimado (previsión del 7,7% sobre PIB) y potenciales situaciones de falta de liquidez que lleven a dilatarse los pagos a los que se ha comprometido.

China está sorprendiendo satisfactoriamente como país capaz de combatir al coronavirus y evitar la recesión. En los dos primeros meses del año, la economía china experimentó una fuerte contracción, pero los recientes datos apuntan a una sólida recuperación.

Si nos ponemos en antecedentes, su economía había vivido los últimos años una tendencia del desaceleración y el crecimiento del PIB se había reducido hasta el 6,1% el año anterior, en medio de una demanda interna mucho más suave y la escalada de las tensiones comerciales con Estados Unidos. El año 2019 ya fue un año muy débil en cuanto a los resultados comerciales, ya que el crecimiento de las exportaciones y las importaciones disminuyó considerablemente.

A raíz del brote del coronavirus, se emprendieron estrictas medidas de salud pública para atenuar sus efectos que aplicaron las autoridades chinas y permitieron invertir por completo la tendencia de mayores contagios. Se produjo una caída de la economía del PIB de China cayó un 6,8% en base interanual en el primer trimestre de 2020, la primera contracción desde el final de la Revolución Cultural en 1976.

Con la reanudación gradual de la economía, las empresas empezaron a reabrir y levantaron progresivamente las medidas de confinamiento. Según las estimaciones oficiales, la gran mayoría de las empresas ya han reanudado su actividad, aunque la utilización de la capacidad sigue estando por debajo de los niveles normales, en particular en las PYME. En general, la producción industrial parece recuperarse mucho más rápidamente que la demanda de los consumidores. En particular, los servicios de venta al por menor y de recreación siguen siendo limitados, ya que se mantienen varias medidas de distanciamiento sanitario y social.

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Así puede ser la China post-coronavirus

China demuestra su fuerza ante las economías occidentales

China técnicamente no ha entrado en recesión ya que ésta se define como dos trimestres consecutivos de contracción del PIB. Mientras el mundo sigue luchando con el impacto de la pandemia, la economía de China se recuperó con fuerza en el segundo trimestre, superando las expectativas de los economistas al crecer un 3,2% con respecto al año anterior, siendo la primera economía importante en mostrar una recuperación de los daños causados por la pandemia del coronavirus.

Unos 11 meses después del brote de Wuhan, las cifras oficiales del PIB de China reflejan que no solo que la economía está creciendo, con un aumento del 4,9% para el tercer trimestre en comparación con el año anterior, sino también que los chinos están lo suficientemente seguros de que el virus ha sido vencido como para ir de compras, cenar y gastar con gusto, esa es la clave... No hay que escoger entre sanidad y economía, apostando por la sanidad se crean las condiciones para el desarrollo económico.

Las exportaciones de China han sido más fuertes de lo esperado, reforzadas por la demanda de productos médicos en el extranjero. Mientras que el FMI prevé que el volumen del comercio mundial se reducirá en un 10,4% en 2020, la participación general de China en el comercio mundial ha aumentado.

Por ello, China será probablemente la primera gran economía en lograr un crecimiento económico positivo este año con un crecimiento económico del 1,8% según el FMI, mientras que los Estados Unidos o la Unión Europea están afrontando una segunda oleada de nuevos casos más importante que la de marzo, lo que puede que, en última instancia, lleve a medidas más contundentes para combatir la pandemia y ampliar las diferencias de expansión-recesión entre China y el resto de bloques económicos.

Incluso, depende de cómo evolucione este último trimestre, el PIB de todo el año de China en 2020 podría ser ligeramente inferior al de los Estados Unidos. Pero en un escenario de mayor intensidad del caos interno en los Estados Unidos, el PIB de todo el año de China podría superar el de los Estados Unidos este año, marcando un hito histórico.

Las medidas de China para salvar la economía

Mientras en España tenemos el IVA al 21% en las mascarillas, no se ha invertido fuertemente en medidas sanitarias para controlar la pandemia y ni se habla de bajar impuesto para las empresas, en China, en el plano fiscal, los gobiernos central y locales han prestado más apoyo, en particular en forma de gastos sanitarios adicionales, prórrogas del pago de impuestos, reducción de los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social para las empresas, subsidios de empleo o salariales y garantías financieras para las pymes.

Durante el curso del año se han impulsado más estímulos fiscales y monetarios para seguir apoyando el consumo, impulsar las inversiones en infraestructura, estimular el crecimiento del crédito y alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza. Sin embargo, el espacio de políticas disponible es limitado debido a la elevada carga de la deuda pública (en particular a nivel de los gobiernos locales) y a los graves problemas de estabilidad financiera.

El déficit fiscal de China para 2020 se expandirá en 5,6 puntos porcentuales hasta alcanzar el 11,9% del PIB, un aumento a menor escala que el estímulo masivo que se desplegó durante la crisis financiera de 2008-2009. Por el contrario, los Estados Unidos verán un aumento de 12 puntos porcentuales en su déficit fiscal para 2020 como proporción del PIB, hasta casi el 19%.

Pero hay que tener claro que el éxito de China no está en sus estímulos, sino en su sagacidad para abordar el choque en primer lugar y ese fue el principal foco de los esfuerzos del gobierno en los primeros meses de 2020. Y luego, al contener la crisis, fueron capaces de utilizar herramientas de política, fiscales y monetarias, para luego estimular la demanda agregada después de que la crisis fuera controlada.

Se trata de una lección importante para otras economías del mundo porque en el caso específico de Europa se está acuñando el estímulo fiscal y monetario masivo y podría verse socavado si no se tiene un control efectivo de la enfermedad.