El mercado laboral en España ha experimentado una mejora con la recuperación del empleo, y es que los datos hablan por sí solos, la Seguridad Social registra mejores números de los que se tenía a finales del 2019.  Sin embargo, las horas de trabajo efectivas no llegan a alcanzar los niveles de antes de la pandemia de Covid-19.

En este sentido, la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), reveló que la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, no ha dado todos los frutos esperados. Y es que aunque los datos del número de empleados han subido como refleja la Seguridad Social, las horas trabajadas totales han caído considerablemente.

¿A qué se debe que se trabaje menos pese a existir más empleo?

El Banco de España ha publicado un análisis al respecto y de él se deduce que la bajada de la intensidad laboral es algo que viene sucediendo desde los últimos 40 años, pero que ha experimentado una nueva bajada a partir de la crisis sanitaria. La realidad es que hacen falta 9.000 horas de trabajo más a la semana para poder llegar a los números anteriores a la pandemia.

En 2019, la Encuesta de Población Activa (EPA) registró 639.961 horas trabajadas frente a las 630.197 del último trimestre del 2022. Estos datos suponen un retroceso en la fuerza de trabajo independientemente al aumento de los contratos laborales, ya que muchos de éstos pueden ser de jornada parcial, por horas o por meses.

En este sentido, José Luis Fernández Santillana, director del gabinete de estudios de Unión Sindical Obrera (USO), explica que “las horas trabajadas en el conjunto del año 2022 están por debajo de las que se realizaban en 2019, año prepandemia”. Cifras que hablan de la posibilidad de la precariedad laboral en España.

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Fernández Santillana afirma en este sentido que hay más gente trabajando, como así lo muestran los datos recogidos por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con un total de 7.027.160 contratos indefinidos, pero conseguido mediante diferentes contratos laborales, o en palabras del director de gabinete de estudios de USO “troceando el empleo”. Se ha conseguido aumentar el número de ocupados pero no las horas de ocupación, con menos salario, más pluriempleo y menos cotización a la Seguridad Social.

Bajas por enfermedad

Un tercio de la caída en la jornada semanal se ha debido por el aumento de las bajas por enfermedad, algo que se ha visto incrementado a partir de la Covid-19. Así la tasa de absentismo laboral fue de un 6,2%, superándose la registrada en 2019 que se situaba en el 5,8%. Este porcentaje supone que al día sean 1.269.140 empleados que no acudieron a su puesto de trabajo.

Envejecimiento poblacional y la baja natalidad

Entre las causas desarrolladas, el envejecimiento poblacional supone una de las causas primordiales en el descenso de la jornada laboral, y es que el cambio estructural en la demografía por edades ha tenido un llamativo impacto en la evolución de las horas trabajadas. En los últimos años el envejecimiento demográfico y el retraso en la edad de jubilación han provocado que las jornadas más reducidas sean un hecho.

En línea con esto, el estudio realizado por el Banco de España señala que “de cara al futuro, resulta previsible que el perfil de caída de las horas trabajadas por ocupado se prolongue en los próximos años. El progresivo envejecimiento demográfico ejercerá una presión a la baja sobre la jornada laboral media, a medida que aumente el peso de los trabajadores de más edad en el conjunto del empleo”.

Además, el cambio demográfico también se ve alterado por el marcado descenso de la natalidad española, un hecho que limita la mano laboral futura y que hará que la caída se prolongue en el tiempo.

Otros factores

La jornada laboral media en España se redujo ya entre 1987 y 2019 a 31,8 horas semanales, datos que pueden deberse al progreso tecnológico, ya que éste ha permitido mayor productividad en menor tiempo invertido y también por el aumento de los contratos a tiempo parcial elevándose la parcialidad desde el 5,2% en 1987 hasta el 14,6% en 2019. Esta subida supuso cerca del 40% de la reducción de la jornada de trabajo. En este sentido, son las mujeres las que tienen los horarios parciales.

Otra de las razones sería la incorporación progresiva de la mujer al mercado laboral que se ha visto incrementada en las últimas décadas desde el 30% a principios de 1987 hasta alcanzar el 53,3% en 2019; y el elevado número de jubilaciones para los próximos años. La población mayor de 50 años tendrá una prolongación de la vida laboral marcada por el retraso en la edad de jubilación que se derivará de la reforma de las pensiones y por los incentivos a la jubilación parcial.

España tiene más trabajo pero menos número de horas trabajadas, un hecho que es evidencia de la actualidad del mercado laboral en nuestro país, dejando situaciones de precariedad. No todo son los números sino las causas que nos llevan a tales cifras.

En el mes de agosto de 2021 se ha dado en Estados Unidos que han renunciado a su puestos de trabajo en un mes más de 4,3 millones de trabajadores. Es decir, casi el 2,9 por ciento de todos los trabajadores de Estados Unidos.

En el mes de septiembre de 2021 esta cifra subió en 164 mil trabajadores más que dejaron su empelo, subiendo la cifra a niveles record en Estados Unidos de 4,4 millones de trabajadores.

Este hecho que ha pasado en Estados Unidos se ha denominada “Gran Dimisión”, ya que es un fenómeno laboral que ha generado bastantes división entre las causas de por qué se ha producido.

España tiene un mercado laboral muy diferente al de Estados Unidos

El impacto del coronavirus sobre el mercado laboral en España de multitud de sectores ha sido demoledor, pero actualmente se ve una recuperación en la cifras. Pero en España no va a pasar una “Gran Dimisión” como ha pasado en Estados Unidos.

Los trabajadores de Estados Unidos están bastante cansados de las restricciones sanitarias y lo sobrecargadas que se encuentran las empresas, han decidido dejar su trabajo.

En España, según datos de la EPA del tercer trimestre del 2021, los parados fueron de 16,2 millones de personas, siendo menor la cifra que se alcanzó en el segundo trimestre del 2020, pico más alto en España, que superó los 17,5 millones de personas en situación de paro.

En España la causas por los trabajadores dejan la búsqueda de trabajo son las siguientes:

• Estar afectado por una regulación de empleo.
• Estar al cuidado de niños o adultos enfermo, incapacitados o mayores.
• Otras obligaciones familiares o personales.
• Enfermedad o incapacidad propia.
• Realizar cursos de enseñanza o formación.
• O simplemente estar jubilado.

Claramente estos motivos son muy diferentes a los que se da en Estados Unidos con la “Gran Dimisión”, al tener un mejor sistema sanitario, aunque congestionado y a veces considerado lento, pero universal.

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En España los niveles de paro siguen por las nubes aunque se recupere

En España cada mes que pasa se está recuperando el mercado laboral, en septiembre teníamos un descenso de 76.113 personas respecto al mes de agosto, un mes siempre con históricos aumentos por acabar el verano.

En el mes de septiembre, aunque ha sido el séptimo mes consecutivo que ha descendido el paro, el número total de parados en España se situaba en más de 3,2 millones de personas, siendo el más bajo desde febrero de 2020, inicio de las restricciones por el coronavirus en España, sigue siendo bastante elevado.

Debemos tener en cuenta que estos datos no incluyen los trabajadores que se encuentran en situación de suspensión de empleo o reducción de la jornada laboral como consecuencia de un ERTE, por tanto, podemos considerar que esta cifra puede ser mucho mayor.

Claramente la situación del mercado laboral en España es muy diferente a la situación del mercado laboral que nos podemos encontrar en Estados Unidos que los niveles de paro son muy reducidos en comparación con los que se tiene en España.

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La pobreza castiga a las familias españolas a causa del coronavirus

Alrededor de 5,1 millones de personas en España se encuentran dentro del umbral de pobreza causada por el coronavirus, es decir, viven con menos de 16 euros al día. Durante 2020 y 2021 el valor de umbral de pobreza en España ha aumentado en un 10,9 por ciento.

La tasa de pobreza en España se ha situado en 22,9 por ciento, lo que ha supuesto un millones de personas más , y se puede dar gracias a los ERTES, ya que se estima que más de 710 mil personas han podido sobrevivir, y evitar caer en la pobreza.

Los perfiles que han sufrido más en la crisis han sido las mujeres, los migrantes, y las personas con bajos estudios o los que perteneces a un colectivo racializado. Las mujeres representan el 57 por ciento de todas las personas que están subempleadas en España y son las el 73 por ciento están trabajando a tiempo parcial, según datos de Oxfam Intermon.

Ante esta situación dudo mucho que una familia decida, por muy mal que esté en su empleo, dejar su empleo. Debe tener una situación muy insoportable para que se tire a la piscina como hacen en Estados Unidos.

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España es el país con menos inyecciones públicas de dinero directo a los ciudadanos durante la pandemia del coronavirus

Según datos del Banco Central Europeo (BCE) se calcula que las ayudas españolas en 2020 ha sido del 1,3 por cierto del PIB frente a la media de la zona euro que ha sido del 4 por ciento.

España, sin embargo, en las medidas de liquidez como los créditos garantizados del ICO para las empresas en peor situación. La mayor parte de los fondos de emergencia contra la crisis han sido para apoyar a las empresas y a los puestos de trabajo que corrían peligro.

Por otra parte, en 2009, en lo peor del colapso financiero internacional, las medidas de estímulo aprobadas en la zona euro alcanzaron el 1,5% del PIB, muy lejos de las cotas actuales.

Una situación muy diferente en Estados Unidos, ya que se han aprobado ayudas directas al bolsillo de ciudadanos con un valor mínimo de 1.400 dólares, es decir, alrededor de un 1.200 euros.

Es muy improbable que se dé una “Gran Dimisión” En España

España no se esté produciendo un fenómeno similar al de Estados Unidos, aunque se percibe un cierto desacople entre la oferta y la demanda, porque las empresas de determinados sectores no encuentran a profesionales con la experiencia y competencias que demandan.

Otro motivo, porque hay profesiones que han dejado de ser atractivas para los parados por sus condiciones laborales (salario, estabilidad, tipo de tareas a realizar, etc.). En ese sentido, se puede hablar de una gran dimisión.

Aunque es improbable que se de la “Gran División” en España, sin embargo, la pandemia del coronavirus ha generado un cambio de mentalidad y prioridades en la vida de los trabajadores.

Imagen | Santiago Sito

Uno de los fenómenos socio-económicos más ancestrales que existen, es la inmigración y uno de los más controvertidos por parte de las sociedades que la reciben, ya que no siempre es bienvenida. En este artículo voy a analizar económicamente el impacto que genera, no solo en el país de destino, sino también en el país de origen, y cuales son los motivos de los emigrantes en cambiar de país para poder desarrollar su vida.

Cómo sea, es curioso observar como los flujos de capital son totalmente capaces de moverse libremente, pero no así los humanos en un mundo más globalizado y con unas diferencias económicas cada vez más acusados. Es conocido el amplio desequilibrio entre las rentas per cápita de los países pobre y ricos. En 1960 la renta per cápita de países ricos como EEUU era 10 más grande que la de países pobres como Madagascar. En el año 2000 esa diferencia era prácticamente 50 veces mayor entre ambos países.

Los flujos migratorios

Los flujos migratorios al igual que otros movimientos de carácter social y poblacional, han sido analizados en términos numéricos. De 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo actualmente, 232 millones viven fuera de sus países de origen en 2013, lo que representa en torno a un 3% del total, cuando en el año 2000 representaba unos 175 millones de la población mundial (según datos de la ONU). Los motivos para la emigración aparentemente son claros. El factor económico es la primera fuerza motriz del fenómeno, pero si lo analizamos con más detenimiento, podemos obtener otros motivos. En el gráfico de abajo facilitado por la BBC, se analizan algunos de los flujos más importantes a nivel mundial.

La teoría clásica de la emigración (Sjaastad 1962, Borjas 1989) ha documentado este fenómeno, desde su modelo más sencillo a través de la siguiente fórmula:

di =wf,i -wh,i -zi -c> 0

donde wf,i es la retribución económica del país de destino, wh,i la retribución económica del país origen, zi es el diferencial compensador del país origen sobre el país de destino y c es el coste de la emigración. Básicamente, la fórmula viene a determinar que la inmigración para el individuo que decide cambiarse de país es económicamente rentable si y solo si, el incremento salarial en el país destino sobre el país de origen, compensa la preferencia de quedarse en su país de origen y el coste de la emigración.

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Debemos considerar otros aspectos que inciden en los parámetros de la ecuación:

• Considerar el círculo social del emigrante en el país destino, el efecto de tener amigos y parientes en dicho país, lo que hace que en la fórmula anterior se reduzca la variable zi (habrá menos tendencia a quedarse en el país origen) y reducirá la variable c (el coste de la emigración), lo que en principio permitirá una emigración más barata. Ambos hechos favorecerán a que el proceso migratorio se produzca.

• Por otro lado, en principio la decisión de emigrar en algunos casos, no solo depende del individuo que emigra, sino también del país que acoge. Muchos países están limitando el flujo de emigrantes o haciendo procesos selectivos a la emigración, en virtud a las destrezas y aptitudes profesionales de la masa emigrada, como es el caso de Australia. En este caso el coste de la emigración (ci) se encarece ampliamente, hasta el punto en que hay casos en que profesionales con destrezas demandadas en el país de destino, no les compensa todo el proceso. Obviamente, bajo estas circunstancias, la tendencia a emigrar se retrae.

En principio, todo parece indicar que los flujos migratorios dependen solo de aspectos económicos, y solo si a la población emigrada y/o al país de destino les compensa económica, el proceso se materializa. Bien, un leve análisis sobre los principales flujos migratorios en el mundo, pone de manifiesto que la teoría clásica de la emigración es más que relativa, ya que existen flujos migratorios entre países con niveles económicos similares. Por ejemplo, todo el flujo de emigrantes británicos e irlandeses buscando las soleadas playas de Australia, flujos migratorios cruzados entre países origen y destino (como por ejemplo Rusia y Ucrania, o Rusia y Kazajastán), y flujos migratorios de países más ricos a países más pobres, como es el caso de jóvenes profesionales como médicos, arquitectos o ingenieros de países ricos que buscan desarrollar su carrera en países más pobres o en vías de desarrollo, donde su perfil es mucho más demandado.

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De hecho, dos investigadores del Banco Mundial ya han analizado estos flujos entre el Norte y el Sur, el Sur y el Norte, así como los flujos cruzados, matizando la necesidad de regular e incentivar dichos movimientos migratorios para que el proceso de globalización no se enfoque solamente desde el punto de vista del capital, sino también desde el beneficio de las personas. Desde ancianos del norte, que buscan el buen clima o una sanidad más barata en los países del sur, hasta estudiantes o trabajadores del sur que buscan mejores condiciones laborales en el norte.

Como sea, un estudio hecho por la ONU analiza desde dónde emigran la mayoría de los emigrantes a nivel mundial. La mitad de la masa de población que emigra lo hace solo a 10 países concretos en el mundo. En el gráfico de abajo, muestra que el país que recibe más inmigrantes en el mundo es E.E.U.U con un total de 46 millones de personas.

Impacto económico de la migración

Ante la pregunta que da título a este artículo, hemos visto cómo la economía incentiva la migración, aunque también se desvelan otras motivaciones ¨no económicas¨ para que se produzca. Pero por otro lado, ¿es la emigración buena para la economía?. Un estudio realizado por la OCDE en el 2014, desgrana los beneficios que provoca la emigración en los países de acogida. En dicho estudio desvela los siguientes aspectos:

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1. La emigración ha generado el 47% del incremento total de la fuerza del trabajo en EEUU, y un 70% en la UE, alimentando lo mismo sectores de la economía en auge, como otros en declive, así como un nuevo flujo de población en edad de trabajar en poblaciones cada vez más envejecidas y fuera del mercado laboral.

2. Puede producir una bajada de salarios reales en el mercado laboral de acogida, debido al incremento de la oferta laboral, aunque este efecto solo es cortoplacista, y solo se produce en sectores concretos, muy intensivos en mano de obra, y no en toda la economía. Un incremento de personas trabajando, con ingresos recurrentes, incentiva la demanda agregada de la economía, crecimiento económico y crecimiento de la renta per cápita del país de acogida.

3. El estudio matiza el alto grado de formación de dichos inmigrantes que están favoreciendo al desarrollo tecnológico de la sociedad. La OCDE demuestra que se ha incrementado en un 70% los emigrantes con estudios superiores en países de la OCDE en los últimos 10 años, alcanzando un total de 30 millones en 2010-2011.

4. La mayoría de la masa de inmigrantes que entran en los países de acogida están en edad de trabajar, siendo este uno de los principales motivos de su cambio de residencia, lo cual hace que los inmigrantes que permanecen en el país sea por motivos laborales. Esto se traduce en que son fiscalmente rentables para el país de acogida, esto es, que pagan más impuestos y seguros sociales al Estado que les acoge, que prestaciones sociales del mismo. Cierto es, que el impacto de dichos superávits fiscales tiene un escaso impacto en el PIB de los países de acogida, debido a que son una proporción minoritaria del total de la población. la OCDE mide un impacto medio del 0.5%, incrementándose a un 2% en Suiza y Luxemburgo.

5. Por último matiza, que la entrada de trabajadores inmigrantes complementa el mercado de trabajo de la población autóctona, no lo substituye, y permite una mayor movilidad del mercado laboral en general.

Un estudio económico de estas características no debería omitir en ningún momento el impacto económico de la migración en los países de origen. Podemos encontrar los siguientes parámetros:

1. Se reduce la presión demográfica y libera el mercado laboral al haber menos oferta laboral, pero a costa de perder población probablemente, joven y más cualificada.

2. Disminuye la demanda agregada interna, al haber menos población en el país, pudiendo impactar negativamente en su crecimiento económico.

3. Se produce un incremento de la entrada de divisas enviadas por parte de la población emigrada al país de origen.

4. Por último, una salida masiva de población en edad de trabajar, puede impactar negativamente en el reemplazo generacional y generar déficit fiscal en el país, al generarse menos ingresos impositivos y sociales de la clase trabajadora, y creando más gasto público mediante pensiones y prestaciones de jubilación de una sociedad más envejecida.

En definitiva, la inmigración es un fenómeno cada vez más lógico en un mundo cada vez más globalizado. Globalización que ha generado muchas más diferencias económicas entre los países, incentivando y motivando aún más el proceso. Los flujos migratorios producen reajustes poblacionales en un mundo económico cada vez más dinámico. Los países deberían estar más abiertos a este fenómeno cada vez más global, y así como a una mayor de tendencia a incentivarlo y regularizarlo.

El Gobierno de Sánchez ha enviado a Bruselas su plan para poder gastar 140.000 millones de euros del fondo de recuperación del coronavirus de la UE. Y es que el dinero no era gratis, nunca lo fue, viene a cambio de reformas.

Recibiríamos 70.000 millones de euros de subvenciones que Madrid planea aprovechar entre 2021 y 2023, el gobierno tiene la intención de obtener una cantidad equivalente de préstamos, en condiciones muy ventajosas, entre 2024 y 2026.

El gobierno ha sido criticado por la falta de claridad sobre las tres reformas más sensibles del plan, que afectan las pensiones, el mercado laboral y el equilibrio fiscal del país. Por ello, vamos a explicar qué está prometiendo Sánchez a Europa.

Mercado laboral: el foco centrado en simplificar y la flexibilidad

Para nadie es una sorpresa afirmar que el mercado laboral español destaca por su alta ineficiencia y dualidad, pues existen desequilibrios profundos que agravan los ciclos económicos y terminan lastrando los aumentos de productividad. Todo ello ha ocasionado un elevado desempleo estructural y juvenil.

España presenta una tasa de temporalidad muy superior a la media de los países de la UE, una alta prevalencia del trabajo involuntario a tiempo parcial, y una elevadísima rotación de contratos de muy corta duración. Todos estos factores llevan a la precarización del mercado laboral, y destaca España en 2020 con una temporalidad del 24%.

Por ello se pide, en primer lugar, la simplicidad de las modalidades contractuales de nuestro mercado laboral. Para que se reduzca la temporalidad es necesario simplificar los tipos de contratos, reduciéndolos a tres (estable, temporal y de formación/prácticas), generalizar la contratación indefinida y devolver al contrato temporal la causalidad que se corresponde con la duración limitada.

Por otra parte, se apuesta por la flexibilidad pero sin esos contratos temporales: "la reforma debe garantizar que las empresas pueden adaptarse con rapidez a los cambios en el contexto económico, con mecanismos alternativos a la alta temporalidad y el encadenamiento de los contratos de muy corta duración". Esa flexibilidad vendría de la mano de potenciar el uso del contrato fijo-discontinuo para actividades cíclicas y estacionales y reforzar el control de la contratación a tiempo parcial, en especial en lo relativo a la jornada irregular y las horas complementarias.

En tiempos de crisis, esa flexibilidad vendría a proporcionar flexibilidad interna a las empresas y estabilidad en el empleo ante caídas transitorias en la actividad empresarial, con un foco especial en la formación de los trabajadores. Consistente en reducción de jornada o suspensión del contrato por crisis de empresa, permitiría reforzar la inversión en formación de los trabajadores durante los periodos de baja actividad, minimizar el recurso al despido, salvaguardando el vínculo contractual del trabajador con la empresa.

Y, con el fin de cubrir la financiación de las prestaciones y la compensación de las cotizaciones a la seguridad social, en línea con el modelo de otros países europeos, se creará un Fondo tripartito, cuyo funcionamiento será acordado mediante el diálogo social.

Las políticas activas de empleo han sido un verdadero fiasco en España, y a ello se destinan entre 6.100 y 6.500 millones de euros a Políticas Activas de Empleo y, además, el SEPE solo coloca un 2% de los asalariados. Para tratar de solucionar este problema, se buscará identificar los programas servicios e itinerarios más eficaces para hacer una asignación eficiente de los recursos públicos.

Se sugiere incorporar incentivos orientados al cumplimiento de objetivos en la asignación de recursos en la Conferencia Sectorial y en las retribuciones de los responsables de orientar y formar a los demandantes de empleo. Plantea diseñar una estrategia que involucre a los agentes locales, ya que la dimensión local en España es limitada. Propone incorporar al Sistema Nacional de Empleo (SNE) la mejora del acceso a los datos, incrementar su calidad y adecuar la arquitectura tecnológica.

Las subvenciones y bonificaciones a la contratación suponen alrededor del 25% del gasto total en políticas activas del mercado de trabajo. No sirve para mucho y, de ahí, se simplificará los incentivos y los requisitos de las empresas beneficiarias, mejorar los programas de formación y asegurar una mayor coordinación entre todas las administraciones.

Según lo anunciado, no se ataca al coste del despido, uno de los problemas históricos para nuestro mercado laboral. España destaca por ser uno de los países desarrollados con un coste de despido notablemente más alto que la media de los países de la OCDE, lo que dificulta la plena flexibilidad en la dinámica laboral.

A pagar... Llegan los impuestos

Bajo el eufemismo "modernización del sistema tributario español que permita adecuar este a las tendencias internacionales sobre imposición del siglo XXI", se buscará que el contribuyente medio pague más y el Gobierno ya sabe cómo.

En primer lugar, "lo verde" será la escusa perfecta para que las clases medias españolas paguen más impuestos. Nos dicen que debemos adaptar nuestra sistema fiscal para interiorizar las externalidades medioambientales. Y, de ahí, iríamos a fomentar el uso de energías menos contaminantes. Revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores.

En otras palabras, castigar al diésel y pagar un sobreprecio por viajar en avión. De hecho el gobierno buscó esa subida a los 34,5 céntimos desde los 30,7 céntimos por litro, una medida que no prosperó para integrarse en los PGE2021. Y en el sector de la aviación, un estudio de la Fundación Alternativas, próxima al PSOE,c alculaba un coste adicional de 4,47 euros para los viajes de corta distancia, 23,22 euros para media distancia y 41,99 euros para los trayectos de largo alcance ¿el objetivo? Recaudar 1.300 millones de euros.

Existen una gran variedad de impuestos autonómicos sobre residuos y se busca una estrategia nacional para no dar lugar al "turismo de residuos". De ahí nacería el impuesto sobre el depósito de residuos en vertedero y a la incineración, el impuesto que grave los envases de plástico no reutilizable y una modificación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero

Por otra parte, las carreteras quedan soportadas por todos los españoles a través de los PGE ¿y si solo pagan quiénes las usen? Ese sería el nuevo enfoque: instaurar un sistema de pago por el uso de la red vial para finales de 2023 o principios de 2024.

Además se están estudiando hasta trece beneficios fiscales seleccionados por el grupo de trabajo por su importancia cuantitativa y cualitativa que se realizará a lo largo del período 2021 a 2023. Ya se han modificado los beneficios fiscales de los planes de pensiones en el IRPF, y el tipo reducido de IVA para bebidas refrescantes, zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos. Vamos a más...

Se estima que una parte importante de las políticas de gasto se instrumentan a través de beneficios fiscales. El conjunto de ellos supone una cuantía próxima a los 60.000 millones de euros (5 puntos del PIB) y cubren un amplio espectro de políticas relativas al fomento del empleo, la provisión de servicios sociales, al complemento de las pensiones, etc.

A partir de aquí, en el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024, se presentarán el correspondiente informe y las conclusiones del análisis de los beneficios fiscales analizados en el ejercicio anterior y, en su caso, se tomarán las decisiones de reforma.

Pensiones: Influyendo en el Pacto de Toledo

Las pensiones es el tema que más se ha atascado en la realidad española en los últimos años. Hemos consumido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y ahora el gasto de las pensiones se nutre de los Presupuestos y no sólo de las Cotizaciones Sociales, lo que demuestra la insosenibilidad del sistema, con una alta influencia de os factores demográficos a largo plazo.

Se buscaría una asunción desde el Estado de partidas de gasto que en la actualidad son sufragadas a través de cotizaciones sociales limitando la capacidad del sistema para afrontar el volumen de gasto en pensiones.

Además, se persigue la aproximación de la edad efectiva de jubilación a la edad legalmente establecida. Ahora tenemos el aumento progresivo de la edad de jubilación ordinaria de 65 a 67 años en 2027 (actualmente es de 65 años y 10 meses). Esta reforma de 2011 ya está mostrando resultados pues la edad de jubilación real ha pasado de los 63,8 años en 2010 a 64,1 en 2017, acelerando hasta los 64,6 en 2020. Se modificarian los coeficientes reductores para la jubilación anticipada voluntaria, para incentivar la permanencia en el empleo y eliminar los elementos regresivo.

Desde el punto de vista de los ingresos, los autónomos a pagar. El 85% del colectivo lo hace por la base mínima, del resto, menos del 9% lo hace por bases que no superan 1.964,70 euros. La cotización de los trabajadores autónomos de acuerdo con los ingresos reales derivados del desarrollo de su actividad sería el factor clave para condicionar las cotizaciones.

El mercado laboral español todavía no se había recuperado de la crisis financiera, esto ha sido un nuevo golpe a la situación del empleo en España. En estos meses ha provocado un nuevo hundimiento en el mercado laboral español que ya estaba castigado por sí.

Es una realidad, los efectos de la pandemia de coronavirus ha acusado sólo para jóvenes un paro de más de 1,5 millones que solamente alrededor de 300 mil de ellos tienen estudios universitarios.

Efectos demoledores en un mercado laboral español no recuperado de la crisis financiera

Según los datos de la EPA (Encuesta de población activa) en las crisis financiera del 2008 y la crisis del 2013 se destruyeron de media anual el 3,1 por ciento del empleo en España.

Pero ha llegado el Covid-19, con sus efectos demoledores, y ha conseguido que en este año haya una destrucción de empleo del 3,5 por ciento, y debemos considerar que todavía no hemos acabado el año.

Para analizar los efectos de la pandemia de coronavirus en el empleo se debe toma como indicación, no sólo la ocupación, si no el número de horas que se han trabajado de forma efectiva.

Se cogen el número de horas efectivas para eliminar el efecto que se ha producido con los trabajadores que están en situación de ERTE (empleados ocupado pero con suspensión total o parcial de empleo).

Según este indicar se ha reducido un 25 por ciento de las horas trabajadas según han ido pasando las diferentes restricciones en los diferentes sectores. Ya sabemos que los sectores más castigados por las restricciones han sido el turismo y la hostelería.

Las vacunas decisivas para saber cuando se va a recuperar el mercado laboral

Cuando se inició la pandemia del coronavirus el mercado laboral se estaba recuperación de los efectos de la última crisis financiera del 2008 y de nuevo el mercado laboral ha ido para atrás como los cangrejos.

La situación actual ha hecho que de nuevo el mercado laboral no se pueda recuperar hasta dentro de 5 o 6 años si la efectividad de las vacunas lo hacen posible, y sino pues los efectos van a durar más. El mercado laboral depende de la efectividad de las vacunas para realizar una mayor apertura del mercado laboral y haber nuevas contrataciones.

Una vez que se vaya poniendo y se haga efectiva una inmunidad por parte de la población, se prevé que para el 2022 habrán unos aumentos del 2 por ciento anual en el mercado laboral.

El mercado laboral le afecta para que se recupere que existe una gran incertidumbre acerca la duración de la crisis de la pandemia del coronavirus, que claramente depende de la efectividad de las vacunas.

Por otra parte, también se debe tener cuanto va a durar el dinero de Europa que se dedica para pagar los ERTEs, ya que el dinero europeo no va a durar más allá de abril del 2021.

Los dos colectivos más afectados a nivel de mercado laboral son claramente los jóvenes con menos experiencia y los trabajadores de la PYMES y los autónomos que han tenido que soportar las diferentes restricciones.

El Gobierno tiene que cambiar de estrategia hacia ayuda directas y flexibilización de impuestos

Existen más de 1,5 millones de jóvenes que están en situación de paro, en estos momentos en España, de los cuales más de 300 mil de ellos tienen estudios universitarios, es decir, que el resto de los jóvenes no tienen estudios universitarios y va a ser más difícil su incorporación en el mercado laboral.

Por otra parte, a las Pymes y a los autónomos le falta liquidez, y los sectores más castigados es el sector turístico y el sector hostelero, que han tenido que soportar mayores restricciones por causa de la pandemia.

Pero tampoco debemos de olvidar que las pequeñas empresas de ocio, el comercio y el sector cultural sufren grandes restricciones con aforos limitados y esto no ayuda demasiado al negocio.

El Gobierno debe cambiar su estrategia de ayudas a todos estos colectivos, ya que los créditos sólo han servido para tapar el agujero, pero ahora es el momento de dar ayudas directas a los sectores más necesitados y alguna flexibilidad en los impuestos.

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Imagen | Flickr

El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha demostrado ser un lastre para la buena dinámica del mercado laboral. Y el Gobierno de Sánchez ha sido su verdadero catalizador en el incremento de estos dos últimos años. En su primer año se elevó un 22% hasta los 900 euros y, este año, fue incrementado hasta los 950 euros en 14 pagas con el Real Decreto 231/2020 de 4 de Febrero.

El año pasado, sin crisis de por medio, vimos la fuerte ralentización de la caída del desempleo. Si en los años comprendidos entre 2014 y 2018 veíamos una caída del desempleo con tasas entre el seis y cerca del nueve por ciento, en diciembre de 2019 la tasa interanual se quedaba en poco más del uno por ciento.

La subida del SMI ha impedido que previamente se sacara muchos desempleados de su situación, especialmente aquellas personas que estarían vinculados a la baja productividad. Si en diciembre de 2018 teníamos 247.212 desempleados menores de 25 años, en diciembre de 2019 esta cifra solo bajó unas 500 personas, hasta llegar a los 246.706 desempleados, una caída del 0,20%. En ese mismo período vimos como la agricultura, un sector caracterizado por su baja productividad, incrementaba su desempleo desde 138.771 desempleados hasta 140.960.

Si en una etapa de crecimiento económico el mercado laboral se cebó con los colectivos de baja productividad ¿Qué debemos esperar tras el hundimiento de la economía, unos ERTEs que esconden el desempleo y unas perspectivas inciertas para los agentes económicos?

Desde luego, no ha sido un buen año para el mercado laboral. Hemos alcanzado la cifra de 3.851.312 desempleados oficiales. Pero si sumamos ERTES (746.900) y beneficiarios por cese de actividad (256.000 autónomos) nos acercamos a una cifra de 5 millones.

Si en crecimiento económico fue del todo perjudicial el incremento del SMI para los colectivos más desfavorables, los menos productivos, en la peor recesión de las economías desarrolladas y con las cifras del mercado laboral presentadas, lo mejor sería apartarnos de la idea de subir el SMI pero parte del gobierno de coalición no lo ve así.

Nadia Calviño el contrapeso pragmático del Gobierno

El Ministerio de Trabajo está en manos de Unidas Podemos bajo la dirección de Yolanda Díaz y su objetivo es sí o sí subir el SMI. Y, sobre esta cuestión, opina que "la subida del SMI es una medida efectiva para luchar contra la desigualdad, que ha demostrado su eficacia". Para ella dejar fuera de la revalorización a los que más lo necesitan es quizás una de las mayores injusticias que el gobierno puede cometer. En definitiva... hay que seguir en la línea de los últimos años y proceder a su alza.

Esa posición esta respaldada por los sindicados. Desde UGT apuestan por una subida del 5% del SMI para llevarlo a la cuota de los 1.000 euros porque, según visión, se trata de un instrumento fundamental para impulsar la demanda interna, al elevar las rentas de los trabajadores peor remunerados e iniciando así el tránsito así hacia un nuevo modelo de generación de empleo digno.

Por suerte parece que Nadia Calviño, vicepresidenta económica en el gobierno de coalición, es el contrapeso del Gobierno y quién parece ser más consciente en el Ejecutivo de las consecuencias de una subida del SMI, especialmente, en el contexto delicado que sufre la economía española.

Lamentablemente ninguna posición se ubica en rebajar el SMI (o incluso eliminarlo). Las posiciones que se están debatiendo a día de hoy es **su congelación para 2021 o bien su incremento entre el 0,9%*¿, la misma tasa de revalorización de las pensiones y el 2,5%, que representa el aumento previsto de productividad.

El objetivo: llegar a un SMI que suponga el 60% del salario medio

Desde que nació el gobierno de coalición, uno de los acuerdos alcanzados era subir el SMI hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea (punto 1.4 del acuerdo de coalición).

En su momento se dijo que para su análisis se tendría en cuenta, entre otras cuestiones, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, y la coyuntura económica general. Pero estas variables parece que se han obviado pues **llevamos una subida acumulada del 28%*¿.

La propuesta de la Comisión Europea es que los trabajadores cobren al menos el 60% del salario medio de cada país. Esta misma referencia es la que persiguen en el Gobierno de coalición para el final de la legislatura. Independientemente de si es positivo o negativo para el mercado laboral, la misión es adecuarse a esos niveles.

Pongámonos en contexto. Dentro de la estrategia Europa 2020 se promueve la reducción de la pobreza, con el objetivo de sacar al menos a 20 millones de personas del riesgo de pobreza y exclusión social. Y uno de los indicadores va referido a las personas con una renta disponible equivalente por debajo del umbral del 60% de la renta disponible equivalente media nacional (después de transferencias sociales).

Para llegar a ese objetivo estaríamos hablando de un SMI de 1.200 euros. Un hecho que parece un absurdo si tenemos en cuenta que las proyecciones actuales, como pronto, España tendrá que esperar a 2023 para recuperar el nivel de PIB anterior a la crisis.

Uno de los problemas existentes de este gobierno es su falta de apego a las reformas necesarias para solucionar los problemas estructurales propios de la economía española. Lo cierto es que desde que España se ha ido adentrando en un panorama político dividido de España, con sucesivos gobiernos minoritarios y cuatro elecciones generales desde 2015, ha dificultado el avance de las reformas estructurales en los últimos años.

Pero, hasta la fecha, hemos visto un Gobierno de coalición del decreto, del gasto, de no cuadrar las cuentas... Poco debe importar si el BCE está detrás respaldando la deuda pública española y rebajando artificialmente su rentabilidad.

Con esta crisis, se ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para que le correspondan 140.000 millones de euros durante los próximos seis años (más del 11% del PIB de nuestro país) de los que 72.700 millones de euros serán transferencias. El resto vendría en forma de deuda que puede o no solicitar el Gobierno.

Muchos pueden pensar que, a diferencia de la deuda, las transferencias son gratis, porque no nace una obligación. Pero, si bien no generaremos un pasivo que atender, estas transferencias sí están condicionadas a unas reformas que debe hacer el Gobierno para enfrentarse a los desafíos más estructurales de la economía.

Si bien hay una posición marcada en que España debe afrontar su déficit estructural, el foco de atención más inmediato es solucionar un alto desempleo estructural con una alta proporción de trabajadores con contratos a corto plazo y un alto déficit estructural en el sistema de Seguridad Social. Bruselas, indica qué reformas se deben emprender, pero es España quién decide cómo hay que abordar las soluciones.

En El Blog Salmón

La mayor preocupación de la CE con España: somos incapaces de atajar el déficit estructural, el más alto de la Eurozona.

La reforma del mercado laboral de 2012 se queda si no hay acuerdo social

En los últimos años habíamos visto una fuerte creación de empleo en el mercado laboral español, acompañada por la reforma laboral de 2012. No obstante, con la subida del SMI vimos una notoria ralentización de la caída del desempleo. A pesar de todo, España ha seguido registrando altos niveles de desempleo y una excesiva segmentación en el mercado laboral antes del coronavirus.

La fuerte crisis que estamos viviendo ha llevado consigo a un repunte intenso en los niveles de desempleo hasta alcanzar una tasa del 16,2%. y 3,7 millones de desempleados. Sin embargo, no es una visión completa del mercado laboral, ni se incluyen los que se encuentran en ERTE ni los beneficios por cese de actividad. Si tenemos en cuenta estas variables nos iríamos a los cinco millones de desempleados.

La Comisión Europea está marcando cuál es camino a seguir de nuestro mercado laboral. En este punto hay que destacar que según ha publicado El País, "el documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, elaborado por el Ministerio de Economía y la Oficina Económica de La Moncloa, apela por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales".

Por lo tanto, no volveremos a convenios supraempresariales que solo hacen que ofrecer rigidez al mercado laboral. Un punto positivo pero que abre fisuras entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo.

El Gobierno se ha comprometido a realizar una reforma laboral previo pacto del diálogo social. A día de hoy, el Presidente de Gobierno ni tan siquiera ha convocado a los agentes sociales para ver qué SMI establecerán en 2021 y, únicamente, hay un globos sonda para sobre la semana laboral de cuatro días. Por lo tanto, si no hay diálogo no los agentes sociales, no hay una propuesta laboral que presentar a Bruselas en sustitución de la reforma laboral de 2012.

España hoy tiene el paro juvenil más alto de la UE. Y desde Bruselas se nos dice que hay que apostar por la flexibilidad en las condiciones de trabajo. También debemos aumentar la proporción de estudiantes en ciencias y tecnologías digitales, hacer que la educación y la formación profesionales sean más atractivas y garantizar oportunidades flexibles de actualización y actualización de competencias para la creciente demanda de las habilidades técnicas necesarias para las transiciones ecológicas y digitales que acompañarán la recuperación.

El éxito de las medidas que puedan adoptarse con miras a lograr estos objetivos dependerá, en gran medida, de que se tome el tiempo necesario para construir un consenso social y político amplio y duradero en torno a las reformas.

Las pensiones vinculadas al IPC hacen que el sistema no sostenible

Desde el año 2011, el debate de las pensiones se han puesto encima de la mesa por el déficit existente en la Seguridad Social que acabó con la hucha de las pensiones y ahora, la Seguridad Social emite deuda que es financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado. Dada la insostenibilidad del sistema actual, el envejecimiento de la población con una de las tasas de reemplazo más altas del mundo (70% sobre último salario) todo ese gasto proyectado hace que sea aun más importante sostenible nuestra Seguridad Social.

Si nos ponemos en antecedentes, la aprobación del presupuesto de 2018 implicó apartarse de dos elementos clave de la reforma de las pensiones de 2013. Estas consisten, en primer lugar, en una suspensión temporal del mecanismo de revalorización anual durante 2018 y 2019 y, en segundo lugar, un aplazamiento de 2019 a 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, un mecanismo por el cual el nivel inicial de la pensión se ajusta a la expectativa de los cambios de vida.

En cuanto a la primera, la Ley de Presupuestos de 2018 contenía una revalorización de las pensiones del 1,6% en 2018, en comparación con el 0,25% implícito en el Índice de Revalorización de Pensiones. Además, el Gobierno de Partido Popular acordó aumentar la pensión mínima en un 3% en 2018 y aumentar las pensiones de los tanto en 2018 como en 2019.

Siguiendo esta estela marcada, si por algo se ha caracterizado el Gobierno de Sánchez es por su afán de revalorizar las pensiones vía el IPC. Independiente de no tener Presupuestos, se ha manteniendo una política de indexación de las pensiones. Este año está siendo duro para las cuentas de la Seguridad Social y arrastra hasta septiembre un déficit del 1,89%.

Bruselas nos pide acabar con este déficit y arreglemos los desajustes estructurales de la Seguridad Social. Si la reforma laboral dependía de si se sacaba algo en claro del diálogo social, la reforma de las pensiones entra en el marco del Pacto de Toledo. Aquí sí tenemos avances, buscando acabar con el déficit de la Seguridad Social en 2023 y tratando de seguir con pensiones vinculadas al IPC.

Una de las claves sería acercar la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida. Se buscará generar incentivos para que los trabajadores sigan activos para prolongar su vida laboral y sacar partidas de gasto de la Seguridad Social y ponerlas en los Presupuestos como las prestaciones por nacimiento, los incentivos a las contrataciones o los complementos de maternidad.

Ayer el INE publicó los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre que son de suma importancia para evaluar cómo está evolucionando el mercado laboral y que nos puede dar una idea del impacto de la pandemia en el trimestre del confinamiento.

En primer lugar, nos observamos que la ocupación se ha reducido en 1.074.000 personas durante el segundo trimestre del año, lo que representa una disminución del 5,46%, dejando la ocupación final en 18.607.200. Esa reducción es histórica, el récord anterior correspondia al primer trimestre de 2008 (-771.000 ocupados).

Esta reducción está justificada porque se ha producido mayoritariamente un aumento del número de "inactivos" ya que les ha caído encima abandonar el mercado laboral y tener que buscar empleo en una situación de pleno confinamiento, un hecho imposible y de ahí que entren en esta categoría específica y no la de "parados" que pueden buscar activamente empleo. Estas personas inactivas que habrían abandonado el mercado laboral se cuantifican en 1.062.800, 12.000 menos que todo el descenso de la ocupación.

Desde abril hasta junio, vemos que el número de parados ha subido únicamente en 55.000 personas hasta situarse finalmente en 3.368.000, un incremento trimestral del 6,03% y un incremento anual del 4,25%. Aportando estos datos, la tasa de paro final se situaría en el 15,33%, una subida de 0,92 puntos más frente al primer trimestre del año.

Pudiera parecer un dato positivo... el desempleo sube pero no se dispara en los meses de confinamiento, quizás la crisis no es tan grave. Pero el dato del paro hay que matizarlo y mucho ¿Qué está sucediendo realmente?

Por un lado, valoran como un flujo de "no parados" la pérdida de ocupados pasando a inactivos, aquellos que han abandonado el mercado laboral y el confinamiento les ha impedido buscar empleo. Otros "no parados" son los ocupados que están afectados por ERTE (no están trabajando pero se encuentran dentro de los ocupados). En este último grupo, se aglutina un volumen de 4.706.200, lo que supone un incremento de 2.739.300 frente al trimestre anterior.

Ambas cifras permiten maquillar la realidad del mercado laboral. Pero si queremos analizar el problema real del paro, deberíamos sumar el total de identificados como parados (3,37 millones), el flujo en este trimestre que han pasado de ocupados a inactivos (1,06 millones) y los ocupados que no han trabajado por el ERTE (4,7 millones).

La cifra resultante es de 9,13 millones de personas que están apartados de la actividad productiva, nuestro stock listo para entrar a producir inmediatamente. Si entenderíamos ese dato como los parados reales, la tasa de paro que es la relación de parados frente a la población activa (21,975 millones) sería del 41,5%, un dato que le separan 26 puntos de la tasa de paro oficial.

La actividad productiva se está destruyendo a marcha forzadas y más allá de la tasa de paro que tal y como está diseñada no permite enfocar la realidad existente en el mercado laboral, podemos poner los ojos en el número de horas efectivas de trabajo realizadas que incluye la toda la pérdida de fuerza laboral. En este caso, se tiene en cuenta el grupo de afectados por ERTE y otros tipos de ausencias como el paro parcial por razones técnicas o económicas, enfermedad, accidente o incapacidad temporal.

Las horas efectivas de trabajo realizadas se han reducido un 22,59% frente al primer trimestre del año. Esta caída de horas efectivas realizadas nos permite entender qué ha sucedido en el mercado laboral este trimestre y anticipar el hundimiento del PIB español en el segundo trimestre alrededor de un 20%. Aunque debemos tener en cuenta que la pérdida de horas será de mayor o menor importancia según la productividad que esté asociada a estas pérdidas.

Desde hace unos días tenemos un hito histórico en la UE. Por primera vez ha creado un fondo para financiar una crisis a los países miembros, y parte de este fondo será en forma de subvenciones. Para ello se emitirá deuda, los primeros "eurobonos" de la historia.

Eso sí, estos fondos que irán recibiendo los Estados miembros, entre ellos España, irán condicionados a realizar reformas. Aunque no habrá "hombres de negro", los países más reticentes podrían tener derecho a vetar las transferencias si no se cumplen las reformas prometidas.

Pero seamos sinceros: independientemente de los fondos, España necesita realizar reformas que nos permitan progresar como país, no acabar en bancarrota. Y estas son las tres reformas que deberíamos acometer.

Reforma de las pensiones

Las pensiones es uno de los grandes problemas que tiene España, aunque apenas se habla de ello. La población está envejeciendo y cada vez estamos más cerca de tener problemas de presupuesto muy serios por este motivo. No es la primera vez que lo comentamos por estas páginas.

En 2007 las pensiones suponían el 33,85% del gasto público. En 2018 el 44,16%. En 2007 había superavit de la Seguridad Social. En 2019 el déficit rondó los 22.000 millones de euros. Es decir, de todo lo que se gasta España las pensiones cada vez son más, y la caja única (que se supone que separa las cuentas de las pensiones del resto del gasto público) ya está perforada por las transferencias que recibe año a año del resto del Presupuesto.

En 2013 se hizo una reforma buena, aunque lenta. Se quería que a largo plazo las pensiones fueran sostenibles. Es decir, se crearon mecanismos automáticos que hicieran que lo recaudado por la Seguridad Social y lo gastado por la misma tendieran a converger. Sin embargo no se hizo caso del todo a las recomendaciones del Comité de Expertos y se fijo una revalorización mínima de las pensiones del 0,25% al año (esto no contiene el gasto sino que lo hace crecer) y a la mínima que salimos de la crisis también saltó por los aires y volvimos a los incrementos por el IPC.

¿Qué reforma deberíamos hacer? Lo primero, recuperar el espíritu de la reforma de 2013: el gesto en pensiones tiene que estar equilibrado con lo recaudado, y cuanto antes mejor. Si no las pensiones se van a comer todo el Presupuesto (como ya lo está haciendo) y básicamente esto implica recortar en Sanidad y Educación (los otros dos pilares del gasto público).

¿Cuál sería una reforma adecuada? Primero, del lado de los ingresos, eliminar las bonficaciones a la Seguridad Social y reformar el sistema de cotizaciones. Seguramente habría que implementar, de una vez por todas, el que los autónomos coticen por sus ingresos reales (para así fomentar la creación de empresas, pero sin bonificar). Quizá habría que eliminar los topes y subir las cotizaciones por parte del empleado.

Por otro lado habría que contener el gasto. Las nuevas pensiones y la revalorización de las mismas deberían estar ligadas a lo que se recauda (a medio plazo). Y sí, habría que incluir revalorizaciones negativas, como proponía el Comité de Expertos en 2012-13.

Por último, las pensiones deberían ser más proporcionales a lo cotizado. Moverse a un sistema de cuentas nocionales como en otros países y que se tuvieran en cuenta todo lo aportado durante la vida laboral sería una buena idea.

Reforma del mercado laboral

El segundo problema que tenemos en España es nuestro disfuncional sistema laboral. Miles de tipos de contratos y una alta temporalidad. Es normal que en España haya temporalidad ya que tenemos sectores muy potentes (turismo, agricultura) con picos y valles de trabajo. Pero lo que no puede ser es que sectores que no tienen temporalidad abusen de la contratación temporal.

Lo ideal aquí sería fijar un contrato único y que la indemnización por despido sea independiente de si la labor es estable o temporal. Así las empresas que tienen trabajadores temporales simplemente por el hecho de tener menores costes de despido por si acaso y rotan cada pocos meses o como máximo dos años a sus trabajadores dejarían de hacerlo.

La establidad en el empleo implica mayor productividad, con lo que los beneficios empresariales son claros, pero también un mayor consumo por parte del trabajadores, ya que la estabilidad da tranquilidad.

También vendría bien un verdadero sistema de formación de trabajadores, y para evitar los múltiples fraudes que se han ido viendo en el pasado los cheques formación serían una buena idea, como ha sido propuesto en el pasado.

Dejar de tener déficit a largo plazo

La tercera gran reforma debería ser controlar el déficit a largo plazo. No es casualidad que desde Europa nos vengan poniendo este requisito desde hace años. La única forma de ser prósperos es con una deuda pública que no crezca de forma indefinida y se coma el Presupuesto.

Para ello la reforma de las pensiones es fundamental, pues ya se come una buena parte del Presupuesto. La reforma del mercado laboral también, pues si logramos que el nivel de paro estructural baje esto implica menos gasto público. Pero no es suficiente.

Desde hace poco la AiREF está haciendo una evaluación del gasto público y se debería profundizar en sus recomendaciones. El equilibrio presupuestario debe ser la base de las políticas públicas, pues la sostenibilidad del Estado de Bienestar se basa en que podamos pagarlo.

Son las más importantes pero hay otras

Las tres reformas mencionadas son fundamentales y cuanto antes de se hagan mejor. Pero hay otras como simplificación de procesos administrativos, los sistemas de oposiciones, la Universidad Pública y un largo etcétera que requieren revisión.

Lo fundamental es que ha habido algún momento, a finales de los años 90, en que hemos sido incapaces de seguir haciendo reformas. Las estructuras de España de principios de los 80 y de finales de los 90 se parecía muy poco. Pero la de principios de 2000 y de ahora se parecen mucho. Y el mundo ha cambiado mucho.

Las reformas pueden ser duras a corto plazo pero a la larga funcionan. No hay más que ver cómo las reformas que hizo Alemania a principios de la década de 2000 convirtieron a un país que estaba atascado en una integración con unos costes muy altos en un país de nuevo puntero. Y no son los únicos.

Los llamados países "frugales" que en realidad tienen un gasto público mucho más alto que España realizaron sus reformas hace tiempo y por eso están en una posición cómoda. Habría que recuperar esa capacidad de hacer reformas, que la tuvimos en el pasado y que ahora hemos perdido, pues las reformas que hicimos en la época de 2010-2013 fueron tímidas para lo que necesitábamos y empujados por Europa, sin convicción.

El coronavirus ha desmontado a casi todos los sectores de la actividad económica en España. Los más afectados, como siempre, ha sido el mercado laboral de todas las comunidades autónomas que se compone España.

La Comunidades Autónomas que más han sufrido los efectos del coronavirus son aquellas que tienen más dependencia del sector servicios y, más concretamente, que dependen del turismo.

El impacto del coronavirus en el mercado laboral ha llegado a más de un tercio en las Islas Baleares y Canarias

Según datos del Ministerio de la Seguridad Social el mes de marzo y abril, meses que se ha iniciado el confinamiento de casi toda la población en España, el impacto sobre el mercado laboral fue del 23,1 por ciento de trabajadores afectados por despidos y por ERTES.

Las comunidades más afectadas han sido las comunidades que más dependen del turismo que son las Islas Baleares y Canarias con un impacto del 38,6 por ciento y del 37,1 por ciento, respectivamente.

Es decir, el impacto ha sido superior del 30 por ciento, siendo las únicas Comunidades Autónomas que llegan a este nivel de afectación, como se puede observar en la gráfica “Empleados afectados por despidos y ERTES en abril sobre la media de afiliados de enero-febrero 2020”:

Andalucía, Valencia y Cataluña han sido las más afectados por su dependencia al turismo

En la Península de España, las Comunidades Autónomas con mayor incidencia en el mercado laboral por culpa del coronavirus ha sido Andalucía, con un 26,5 por ciento, la Comunidad Valenciana, con un 25,3 por ciento, y Cataluña, con un 25,1 por ciento.

Estas 3 comunidades, como les pasa a las Islas Baleares y a Canarias, basan parte de su economía en el sector turístico, por tanto, el impacto ha sido considerable en su mercado laboral.

El resto de comunidades están por debajo de la media nacional del impacto en el mercado laboral del 23,1 por ciento como es el caso de la Comunidad de Madrid, con un 22,6 por ciento.

Los trabajadores en ERTE pueden pasar a ser despidos

Los datos guardan relación correlación con el peso del sector servicios, y más concretamente con el sector turístico, con la actividad económica de cada una de las Comunidades Autónomas, aquellas que dependen más la actividad económica de restaurantes, hoteles, etc. han sufrido más.

El coronavirus ha provocado que alrededor de 4 millones de empleos en España estén en ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), ya que han suspendido de forma total o reducción parcial la jordana laboral.

Hasta el día de hoy, se han podido a volver a reincorporar 700 mil trabajadores a sus puestos de trabajo, pero es más que posible el despido llegue en caso que la empresa por falta de actividad llegue a presentar un concurso de acreedores o un despido por causas disciplinarias.

La empresa puede despedir a un trabajador afectado por ERTE si está en riesgo de concurso de acreedores y puede acreditar está situación, o puede aplicar un despido objetivo por causas económicas, organizativas y de producción.

En caso que se aplicará un despido disciplinario por faltas repetidas e injustificadas de asistencia o impuntualidad, la indisciplina o desobediencia en el trabajo, las ofensas verbales o físicas al empresario o personas que trabajen con el despedido, etc. según lo contempla en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores.

En El Blog Salmón | Así es la falta de inversión en salud, educación y protección social de España respecto a sus socios europeos

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