Mientras España ha aumentado la presión fiscal tres puntos de PIB, la OCDE apenas elevó este indicador alrededor de 1,2 puntos en el mismo periodo. Este dato adquiere especial relevancia al observar el incremento de la carga fiscal relativa en los últimos 14 años.

Pese a lo que puede parecer, esto no se traduce directamente en impuestos más elevados para nuestro país frente a otros miembros de la Unión Europea, pero sí tiene mucha relación con la estructura tributaria española.

España recauda más, pero no por impuestos más altos

España depende más que otros países europeos de las cotizaciones sociales y de un IRPF que ha recaudado más por el efecto de la inflación no deflactada.

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La presión fiscal actual se sitúa por encima del 38 % del PIB, según las estadísticas de la OCDE, lo que reabre el debate sobre la sostenibilidad de un modelo que recauda más… sin haber reformado a fondo su sistema impositivo.

En términos técnicos, la presión fiscal mide el peso de los ingresos tributarios sobre la riqueza nacional. España, con algo más del 38 %, supera la media de la OCDE (34 %) y se acerca a economías con mayor tradición redistributiva como Alemania o Bélgica. 

Sin embargo, la clave no es el nivel absoluto, sino la velocidad de este aumento.Entre 2010 y 2024, la presión fiscal española ha subido más de tres puntos, mientras que la mayor parte de Europa lo ha hecho de forma mucho más moderada. La OCDE recoge esta tendencia en sus estadísticas comparadas, donde España destaca como uno de los países con mayor crecimiento relativo de ingresos públicos.

Este aumento no responde a un gran paquete de nuevas figuras impositivas, sino a pequeñas reformas acumuladas: ampliación de bases, reordenación de tipos, además de la recuperación económica que impulsó la recaudación.

Las cotizaciones sociales: el gran diferencial

Si hay un elemento que explica el comportamiento singular de la fiscalidad española, son las cotizaciones sociales. En España representan una proporción muy elevada del total de ingresos, tanto por la aportación de las empresas como de los trabajadores.

El informe Taxing Wages de la OCDE sitúa a España entre los países con mayores cotizaciones sobre el coste laboral total. Esto tiene varias consecuencias, como la reducción del salario neto disponible, el encarecimiento en la contratación y el gran peso del empleo en la recaudación total.

En este sentido, entre 2014 y 2023, España creó millones de empleos, aunque con salarios contenidos. La creación de empleo, los sueldos moderados y las elevadas cotizaciones explican buena parte del aumento sostenido de ingresos. Lo que se traduce, a su vez, en el aumento de la presión fiscal.

La inflación como “recaudador invisible”

El IRPF ha sido otro de los motores del aumento de la presión fiscal, pero no por una subida de tipos. La clave está en que los tramos no se han deflactado completamente, pese a que la inflación desde 2021 ha sido la más alta en décadas.

El resultado es que muchos trabajadores han pasado a tributar en tramos superiores sin haber ganado poder adquisitivo real. La Agencia Tributaria muestra este efecto en sus estadísticas anuales, donde la recaudación por IRPF se incrementa mucho más que los salarios reales.

La AIReF, en sus informes de evaluación fiscal, lleva varios años advirtiendo de que este efecto empuja al alza la recaudación “sin subir los impuestos”, pero aumenta la presión fiscal sobre las rentas del trabajo.

…y el IVA

Asimismo, el IVA subió tras la crisis y nunca volvió a bajar. Entre 2010 y 2012, España elevó tipos de IVA y realizó cambios estructurales en productos que dejaron de tributar a tipos reducidos.

Aquellas subidas, planteadas como temporales, se consolidaron en la normativa. La recaudación del IVA creció con la recuperación del consumo entre 2015 y 2019, y volvió a hacerlo tras la pandemia. Los datos del Ministerio de Hacienda muestran cómo el IVA es una de las figuras que más ha aumentado su peso en la recaudación total.

Esto no implica un incremento adicional de tipos, pero sí que el diseño del impuesto (amplio y con elevada base) contribuye al aumento estructural de ingresos.

Sin embargo, entre los problemas de fondo destaca la dependencia del empleo en un país que envejece a pasos agigantados. En estos momentos en los que la demografía empuja en la dirección contraria, la Comisión Europea lo refleja en su Ageing Report, o Informe de Envejecimiento, donde prevé para España un fuerte aumento del gasto en pensiones, un menor crecimiento de la población activa y presiones crecientes sobre los ingresos ligados al trabajo.

El Banco de España, en análisis estructurales de hace más de una década, ya insistía en que España necesita un sistema tributario menos dependiente de cotizaciones y más equilibrado entre figuras directas e indirectas.

En 2022, el Instituto de Estudios Fiscales entregó al Gobierno una propuesta de reforma fiscal integral que planteaba reordenar impuestos, ampliar bases, reducir beneficios fiscales y modificar el peso relativo de las cotizaciones. La reforma quedó aparcada.

El resultado es un sistema que ha aumentado su capacidad recaudatoria sin cambios estructurales, apoyándose en la inflación, el empleo y el crecimiento nominal del PIB. Por eso la presión fiscal sube más rápido aquí que en otros países.

El sistema fuerza la recaudación

De este modo, el aumento de la presión fiscal en España no es el resultado de grandes subidas impositivas, sino de una estructura que depende demasiado del empleo, de cotizaciones elevadas y de un IRPF influido por la inflación. El problema no es cuánto se recauda, sino cómo y a costa de qué sectores.

Mientras la OCDE ha aumentado su presión fiscal de forma muy moderada desde 2010, España lo ha hecho más del doble. El debate ya no es si se recauda suficiente, sino si el sistema actual puede sostenerse sin una reforma que reparta mejor las cargas y mejore la eficiencia del modelo tributario.

La OCDE ha lanzado un aviso inesperado en plena escalada proteccionista global: la inteligencia artificial podría compensar parte del daño económico que los aranceles están provocando en el comercio global.

El organismo reconoce que la fragmentación económica sigue intensificándose (con Estados Unidos liderando estas nuevas barreras comerciales), pero afirma que la ola de inversión en IA está sosteniendo el crecimiento y la productividad a un ritmo que sorprende incluso a sus analistas.

Qué dice la OCDE

La conclusión llega en un momento delicado. El comercio mundial crece muy por debajo del promedio de las últimas décadas y las cadenas de suministro siguen reorganizándose tras la pandemia y la guerra en Ucrania.

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En este contexto, la OCDE introduce un matiz que altera el relato dominante: la tecnología está actuando como un amortiguador que evita que el frenazo comercial se convierta en una recesión global más profunda.

En su nuevo informe, el organismo sostiene que la inversión en inteligencia artificial está generando ganancias de productividad “visibles” en las economías que más han apostado por esta tecnología. El avance se concentra sobre todo en Estados Unidos y en ciertos países asiáticos, donde la adopción empresarial es más rápida.

Según el organismo, esto está compensando el deterioro del comercio provocado por los aranceles. Si bien las subidas de tarifas tienden a reducir intercambios, frenar la inversión extranjera y encarecer la producción, la IA está introduciendo mejoras de eficiencia capaces de neutralizar parte de ese impacto.

La OCDE ha bautizado el fenómeno como “desconexión parcial” para explicar cómo el comercio se debilita, pero la economía no cae al mismo ritmo de antes, porque la productividad tecnológica sostiene el crecimiento.

La nueva geopolítica

La afirmación anterior, no obstante, no se entiende sin el contexto actual ni evita otros problemas como el debate sobre la "burbuja de la IA". La Administración estadounidense ha reforzado los aranceles sobre sectores estratégicos como los vehículos eléctricos, los paneles solares o los productos tecnológicos procedentes de China.

Europa se prepara para responder con sus propias medidas defensivas o para acelerar su política industrial, mientras que China reorganiza sus cadenas de valor para sortear restricciones. El resultado es un comercio global más lento, regional y vulnerable a tensiones geopolíticas. La OCDE advierte de que esta tendencia corre el riesgo de convertirse en estructural: menos comercio implica menos competencia, menos innovación y más inflación.

Frente a este panorama de incertidumbre, el comportamiento de la IA destaca por contraste: mientras el proteccionismo tira hacia abajo, la tecnología tira hacia arriba. 

La IA está amortiguando el golpe, según la OCDE, por varios factores combinados: en primer lugar, permite reducciones de costes significativas en sectores como la logística, las finanzas, la manufactura y los servicios profesionales. Automatiza tareas, acelera procesos, optimiza producción y reduce errores.

A su vez, está impulsando nuevos modelos de negocio, desde la automatización avanzada al diseño de productos, que aumentan el valor añadido por trabajador. Así, incluso en estos momentos, las empresas que adoptan IA mantienen o aumentan su productividad.

Además, la tecnología permite relocalizar parte de la producción sin que ello suponga una pérdida masiva de competitividad. En pocas palabras, la IA hace posible que las empresas acerquen fábricas a sus mercados sin depender tanto de la eficiencia derivada de las grandes cadenas globales de suministro. Esto suaviza el impacto de los aranceles y favorece la resiliencia.

La cara B: no llega a todos

Probablemente, no nos sorprenda, pero la OCDE también aclara lo siguiente: este efecto no es global. Las ganancias de productividad impulsadas por la IA se concentran en un pequeño grupo de países y grandes empresas, lo que puede aumentar las brechas entre economías avanzadas y emergentes.

Tampoco elimina la fragmentación económica, solo la amortigua. Si los aranceles siguen aumentando, el comercio podría debilitarse hasta niveles que ni siquiera la tecnología sería capaz de compensar. Y el riesgo de fondo es evidente también: si la IA acelera la eficiencia más rápido en unos países que en otros, la desigualdad global puede intensificarse.

En el caso europeo, los países parecen rezagados frente al nuevo equilibrio global. Si bien la inversión privada en IA está creciendo, lo hace a un ritmo muy inferior al de Estados Unidos: España no está en el grupo de países que la OCDE identifica como capaces de compensar con IA los efectos de los aranceles.

Esto abre un escenario incierto: mientras que EE. UU. y algunos países asiáticos podrían amortiguar el impacto del proteccionismo gracias a su músculo tecnológico, Europa corre el riesgo de sentirlo con más fuerza. La brecha de inversión en IA se convierte así en una brecha de resiliencia económica. En el caso de los países emergentes, la respuesta es evidente: si las zonas menos desarrollados del norte no consiguen compensar, el Sur global menos.

La OCDE dibuja un panorama paradójico: dos fuerzas opuestas que coexisten y moldean la economía global. Por un lado, los aranceles y las tensiones geopolíticas frenan el comercio y encarecen la producción. Por el otro, la IA mejora eficiencia, impulsa productividad y sostiene el crecimiento.

En ese equilibrio inestable se juega buena parte de la economía de los próximos años. La gran pregunta para Europa y España es si están invirtiendo lo suficiente como para que la IA actúe como un verdadero amortiguador económico. Por ahora, confirmamos que la IA es más que innovación, puede ser clave frente a las nuevas medidas proteccionistas que reinauguró EE. UU.

En España, el ascensor social funciona cada vez peor. Y esta no es una percepción subjetiva, sino que así lo ha confirmado el último informe de la OCDE, To Have and Have Not: How to Bridge the Gap in Opportunities (Tener y no tener: cómo superar la brecha de oportunidades), que señala que más del 35 % de la desigualdad de ingresos en nuestro país se explica por circunstancias heredadas.

La media europea está en torno al 25 %, lo que coloca a España en el grupo de países ricos donde el origen familiar y el territorio condicionan más el futuro económico que el esfuerzo individual.

España está entre los países ricos con menos movilidad

El estudio, que analiza a casi 30 países, sitúa a España por encima de la media y en niveles similares a los de Estados Unidos, Portugal o Rumanía, todos ellos países donde la movilidad intergeneracional es limitada y el peso de los antecedentes familiares resulta determinante. En este grupo, la educación y la ocupación de los padres se convierten en auténticos predictores de la posición que alcanzará una persona en la edad adulta.

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Solo economías como Bulgaria (50 %) superan esas cifras de forma clara, reflejando la magnitud de las barreras estructurales en ciertos países del Este. En contraste, en el extremo opuesto se encuentran Islandia (11 %), Dinamarca (13 %) o Finlandia (15 %). En estos casos, los sistemas educativos inclusivos, la fuerte inversión en infancia y una fiscalidad más redistributiva permiten que el origen familiar apenas condicione la trayectoria vital.

La comparación deja un mensaje evidente: mientras que en los países nórdicos las políticas públicas logran compensar gran parte de las desigualdades iniciales, en España el punto de partida sigue siendo decisivo para el punto de llegada. La posibilidad de ascender socialmente depende, en gran medida, del nivel cultural y económico del hogar de origen y, en menor medida, del esfuerzo o talento individual.

Desigualdad de oportunidades

La OCDE identifica que el grueso de la brecha proviene del nivel educativo y la ocupación de los padres. Estos factores pesan mucho más que el sexo, la presencia de los progenitores en el hogar o incluso el país de nacimiento. En España, además, el territorio amplifica la desigualdad: el lugar de residencia afecta en el cálculo con diferencias que aumentan hasta ocho puntos porcentuales.

Dicho de otro modo: el código postal importa casi tanto como el apellido. Las diferencias de empleo y renta entre comunidades autónomas explican por qué, dentro de un mismo país, las oportunidades de progreso pueden variar de forma drástica.

Brecha generacional

El informe también advierte de que la desigualdad de oportunidades se ha intensificado para las nuevas generaciones. En la mayoría de los países de la OCDE, quienes nacieron después de los años setenta se enfrentan a un mercado con menos rutas para progresar: empleos inestables, menores márgenes de ahorro y una economía que premia menos la movilidad ascendente.

En nuestro país, esta tendencia se refleja en cifras relevantes. Según ASEMPLEO, la tasa de paro juvenil se mantenía en el 26,9 % hasta finales de 2024, la segunda más alta de Europa, lo que indica un enquistamiento estructural del desempleo entre menores de 25 años. Además, aunque en los últimos meses se ha conseguido reducir de desempleo juvenil por debajo del 25 %, la recuperación es tenue frente a los niveles estructurales persistentes.

A todo ello, se suma la sobrecualificación, que evidencia un desajuste entre formación y empleo: un 36,2 % de los jóvenes ocupados en España están sobrecualificados, lo que es un síntoma claro de que muchos deben aceptar trabajos para los que sus estudios no están diseñados.

Por otro lado, el acceso a la vivienda actúa como un bloqueo práctico: los jóvenes españoles se emanciparon en 2024, en promedio, a los 30 años, casi cuatro años después que la media europea (26,2 años). Esto tiene consecuencias tangibles: en muchos casos resulta necesario destinar el 92,3 % del salario al alquiler, y reunir la entrada de una hipoteca implica dedicar cuatro años de sueldo íntegro.

Esta combinación es un bloqueo estructural: los jóvenes pueden tener estudios, pero se topan con un mercado laboral precario y una barrera inmobiliaria alta. En pocas palabras, pese a una mayor formación, su capacidad de ascenso social está frenada por obstáculos presentes en el propio sistema.

Como consecuencia directa, cada vez hay más voces críticas frente a la narrativa de la meritocracia. En sociedades donde las circunstancias heredadas pesan tanto, crece la percepción de que el éxito depende más de los contactos o de la suerte que del esfuerzo individual. Estudios como los de ESADE EcPol (El ascensor social en España) ya habían advertido de que el ascensor social español estaba atascado, y el informe de la OCDE refuerza esa conclusión con evidencia comparada.

¿Y los países que mejor funcionan?

En los países donde los factores heredados no pesan tanto, la OCDE subraya que existen políticas públicas capaces de mitigar la transmisión intergeneracional de la desigualdad.

Entre las más efectivas destacan la inversión en la primera infancia, clave para compensar desventajas desde los primeros años y los sistemas fiscales progresivos sobre renta y riqueza, junto con prestaciones bien diseñadas, que ayudan a reducir las brechas de origen.

No es casualidad que países como Islandia, Dinamarca o Finlandia, que lideran en igualdad de oportunidades, también destaquen por su gasto en educación temprana y redes de protección social.

En este sentido, el mensaje del informe es claro: en España, donde naces y vives pesa más que el esfuerzo individual. Frente a ello, el reto no solo está en crecer en renta, sino en hacerlo de manera que se reduzca la transmisión de desigualdades.

El Gobierno ha lanzado medidas como la ampliación del bono de alquiler joven a 300 euros mensuales y hasta cuatro años o la ayuda de 30.000 € para el alquiler con opción a compra de vivienda protegida. También se enmarca en esta estrategia la Estrategia de Juventud 2030 y programas de empleo como la Garantía Juvenil Plus 2021-2027, que buscan mejorar la cualificación y la empleabilidad de las nuevas generaciones.

Si bien estos pasos pretenden aliviar los obstáculos de emancipación y movilidad social, todavía queda por ver si tendrán un impacto suficiente. La pregunta es si estas políticas públicas —junto con la educación, la inversión en infancia, la cohesión territorial y una fiscalidad más redistributiva— podrán reequilibrar la balanza o si, como advierte la OCDE, el ascensor social seguirá averiado para las próximas generaciones.

El número de bajas laborales en España se ha disparado en la última década. Según datos de la Seguridad Social, en 2024 se registraron más de 9 millones de bajas anuales adicionales respecto a 2016, un aumento del 88 %.

El fenómeno no es aislado: la OCDE, en su Employment Outlook 2025, lo describe como un problema global que afecta a buena parte de las economías avanzadas. En lo que se refiere al caso español confluyen factores propios que ayudan a explicar el incremento, que se acerca a los niveles de Alemania y Francia.

Un absentismo en máximos

El dato no se explica únicamente por el récord de empleo alcanzado en los últimos años. Si bien hay más afiliados en el sistema, la tasa de bajas por cada 1.000 trabajadores también ha escalado: en 2016 eran 278, y en 2024 ya superan las 430, según cálculos de la Seguridad Social.

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La duración media de las bajas, sin embargo, se ha reducido un 19 % en la última década, lo que indica que el problema no es tanto que las bajas duren más, sino que hay más personas que acuden al sistema.

Los expertos consultados por organismos como la OCDE y el Adecco Institute apuntan a un conjunto de causas, entre las que destacan el envejecimiento de la población activa (la fuerza laboral es cada vez mayor en España, lo que se conecta con un aumento de patologías crónicas y más tiempos de recuperación), el aumento de la ocupación (tras la crisis de 2008 y la pandemia del Covid-19, se ha incrementado la base de trabajadores) y condiciones laborales más precarias (jornadas intensas, temporalidad, poca conciliación) que contribuyen a problemas de salud, tanto físicos como mentales.

De igual modo, los informes destacan cómo la pandemia marcó un punto de inflexión en lo que a salud mental se refiere: depresión, ansiedad y otros problemas emocionales suponen, hoy día, causas habituales de incapacidad temporal.

Asimismo, hay comunidades autónomas en las que el absentismo es mucho más notable, como Navarra (68 % más bajas), Canarias (106 %) o Cataluña (95 %); no obstante, la variación menor en esta década la tienen Asturias y Aragón con un 53 y 64 % más de bajas, respectivamente, lo que muestra la tendencia. Sí es cierto que su duración ha decrecido, con especial énfasis en Cataluña (un 40 % más breves) frente al periodo anterior.

Por último, en lo que se refiere a rangos de edad, se ve una tendencia acusada en los extremos de la tabla: se ve una tendencia acusada en los extremos: en la franja más joven (16-25), las bajas crecieron un 199 %, mientras que entre los 46-55 (2.241.805 casos, +96 %) y los 56-65 (1.418.294 casos, +128 %) también se registraron fuertes incrementos.

Según Raúl Sánchez, periodista de El Diario, esta dinámica se conecta con una saturación del sistema, cambios sociales claros a raíz de la pandemia y un relevo generacional en el ámbito laboral: aquellos que tienen gripe (enfermedades respiratorias e infecciosas), ya no van al trabajo y cogen la baja; a esta nueva tendencia, se suman las bajas por salud mental y la mayor prevalencia de las enfermedades musculoesqueléticas asociadas a la edad.

El papel del desempleo

Un factor menos visible, pero fundamental, es la evolución del paro. Durante la Gran Recesión, cuando la tasa de desempleo superaba el 25 %, el absentismo cayó a mínimos históricos. Entre 2008 y 2013, las bajas por incapacidad temporal se redujeron casi un 46 %.

La razón era clara: el miedo a perder el empleo contenía la demanda de bajas médicas, incluso cuando la salud lo exigía.

Con la recuperación económica y la progresiva caída del paro, esa restricción invisible ha ido desapareciendo. A partir de 2014, el absentismo empezó a subir de nuevo, primero lentamente, y después de manera más acusada tras la pandemia.

Para resumir, el actual récord de bajas refleja también un ajuste tras años de “infraabsentismo” forzado por la crisis.

Una tendencia internacional

En cualquier caso, España no es una excepción. La OCDE constata que en la mayoría de los países miembros las ausencias laborales han crecido en la última década, ligadas al envejecimiento, la precariedad y la salud mental.

En algunos casos, como Alemania o Países Bajos, las cifras de absentismo por enfermedad común también están en máximos históricos.

La diferencia es que en España la tendencia se combina con un mercado laboral que todavía arrastra tasas de paro muy superiores a la media europea, lo que amplifica el contraste entre épocas de crisis (absentismo bajo por miedo) y fases de crecimiento (absentismo alto).

Una década de cambio

El absentismo en España ha pasado de mínimos históricos tras la Gran Recesión a máximos históricos en la actualidad. No es solo un efecto del envejecimiento o la precariedad, sino también un reflejo del ciclo económico: cuando el miedo al desempleo se desvanece, aflora la realidad de una fuerza laboral con más problemas de salud de los que parecía en la década anterior.

La cuestión es si España podrá equilibrar este fenómeno con políticas de prevención y bienestar, o si seguirá cargando el coste sobre las empresas y, sobre todo, los trabajadores por cuenta propia y ajena.

Entre bastidores, surgen varias preguntas extra.

A bote pronto, se me ocurren dos relevantes: ¿qué hacemos con el envejecimiento de la fuerza laboral que está llegando a toda Europa? ¿Y se están tomando las medidas adecuadas para reducir las bajas por cuestiones de salud mental?

La OCDE en su informe es clara: el discurso optimista del Gobierno sobre la evolución económica del país es, cuanto menos, discutible. Y uno de los aspectos que más llama la atención es la trayectoria del salario medio real en España.

No todo son alegrías para el ejecutivo. Los salarios, en vez de presentar un crecimiento sostenido, evidencia una preocupante tendencia al estancamiento.

Según los datos del organismo internacional, el salario medio real de los españoles en 2023 y prácticamente en 2024 fue idéntico al registrado tres décadas atrás.

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Una información que pone en duda la narrativa institucional progresista sobre el avance salarial y resalta el retroceso de España en comparación con otros países europeos. Especialmente con las economías emergentes del Este del continente.

Una evolución salarial plana durante tres décadas

La evolución del salario medio real en España desde 1993 hasta 2023 refleja un crecimiento de apenas el 3,6%. Esto implica una variación anual promedio inferior al 0,15%, un ritmo que en términos prácticos equivale a una paralización del poder adquisitivo de los trabajadores.

Mientras tanto, factores como la inflación, el aumento del precio de la vivienda o los nuevos impuestos han deteriorado aún más la capacidad de compra de los ciudadanos.

a consequence of spain's stagnant wage growth is that many central and eastern european economies are rapidly catching up

in ppp terms, the average employee in the capital regions of prague, bucharest, bratislava, ljubljana and warsaw now earns more than the spanish average pic.twitter.com/Gd5CtT7bx3

— pablo (@pablogguz_) June 21, 2025

La comparación visual de los datos confirma lo evidente: el estancamiento salarial de España es un fenómeno de larga duración. A pesar de haber atravesado etapas de crecimiento económico, la mejora del salario real ha sido casi imperceptible. Esta debilidad estructural se agrava al contrastarla con el rendimiento de otros países europeos, donde las mejoras salariales han sido más consistentes.

Europa del Este acelera mientras España se queda atrás

Una de las tendencias más destacables en la comparativa internacional es el crecimiento de los salarios reales en países del Este de Europa. Economías como Polonia, Estonia, Letonia y Lituania han registrado avances importantes desde la década de los noventa, reduciendo drásticamente la brecha salarial con las naciones de Europa Occidental e incluso comenzando a superar a países como España.

En términos relativos, el crecimiento salarial en estas economías ha sido superior al 30% en las últimas tres décadas. Aunque partían de niveles bajos, han logrado un avance sostenido gracias a la inversión extranjera, políticas fiscales más competitivas y una mejora paulatina en productividad.

Mientras tanto, el estancamiento salarial de España ha permitido que estas naciones igualen o incluso superen nuestro nivel salarial en determinadas industrias o regiones.

Este cambio de escenario está reconfigurando el mapa de atracción de talento y de inversión en Europa. Empresas multinacionales están considerando destinos del Este con costes más bajos, pero con capital humano cada vez más cualificado. Frente a este panorama, la falta de dinamismo en el mercado laboral español supone una desventaja competitiva significativa.

Factores estructurales que explican el estancamiento

Varios elementos explican el escaso crecimiento del salario medio real en España. En primer lugar, la baja productividad ha sido un lastre constante. Sectores como la hostelería, el comercio minorista y otros servicios han dominado el tejido empresarial sin mostrar mejoras tecnológicas o de eficiencia. A esto se suma un modelo fiscal que, lejos de incentivar la creación de empleo de calidad, ha penalizado a las rentas medias con una presión impositiva creciente.

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Además, la temporalidad y la alta rotación laboral continúan afectando a una parte importante de la población activa, dificultando la consolidación de carreras profesionales estables que permitan una progresión salarial real.

Este escenario contribuye directamente al estancamiento salarial de España, impidiendo que el crecimiento macroeconómico se traduzca en una mejora tangible para los trabajadores.

Un desequilibrio que afecta a la calidad de vida

El impacto del estancamiento salarial de España se refleja en múltiples ámbitos de la vida cotidiana. El acceso a la vivienda, la planificación familiar, el ahorro para la jubilación o la capacidad de consumo se ven mermados por una renta que no ha crecido al ritmo de los precios.

Esta desconexión entre salarios y coste de vida alimenta la desigualdad y reduce las oportunidades de progreso en España casi más que en países del este del continente.

Comparado con el crecimiento experimentado por Francia o Alemania, que han visto aumentos salariales del 20 al 28% en tres décadas, la posición de España se ha debilitado notablemente. Lo más preocupante es que incluso países como Portugal o Grecia, que partían de niveles más bajos, han mostrado mejor desempeño en el mismo periodo.

Los expertos señalan: son precisas reformas en cuanto a políticas laborales, fiscales y productivas. La pregunta es, ¿dónde están?

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El discurso público sobre el peso de los funcionarios en la economía española es siempre el mismo: el elevado coste que suponen para las arcas del Estado.

Pero ojo, hay una sorpresa. Los datos comparativos con otros países de la OCDE revelan una realidad algo diferente. España tiene una proporción de empleados públicos respecto al total de trabajadores inferior a la media de la OCDE, aunque eso sí, lo que se gasta en salarios está por encima del promedio.

A partir de los datos publicados en el informe Government at a glance 2025 de la OCDE, se puede observar que España mantiene una ratio de empleados públicos un 17% inferior a la media ponderada de los países desarrollados.

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Sin embargo, el gasto público destinado a retribuir a este personal es un 18% mayor. Este aparente desequilibrio puede deberse a distintos factores, algunos estructurales y otros relacionados con cómo se mide el empleo público en España.

España por debajo en número, por encima en gasto

España presenta un nivel inferior a la media en cuanto al porcentaje de empleados públicos sobre el total de trabajadores. Mientras la media se sitúa en torno al 100, el valor español es de 83, uno de los más bajos entre los países analizados.

Sólo Japón, Corea del Sur y Suiza presentan proporciones menores. Esto contrasta con países como Noruega, Dinamarca o Suecia, donde el porcentaje de empleados públicos se sitúa muy por encima del promedio, con valores superiores al 140.

España tiene una proporción de empleados públicos sobre el total de trabajadores por debajo de la media de la OCDE, un 17% inferior.

Sin embargo, tiene un gasto público en salarios de empleados públicos un 18% superior a la media ponderada de la OCDE. pic.twitter.com/HTCO579dl8

— Jon González (@Jongonzlz) June 24, 2025

No obstante, cuando se analiza el porcentaje del PIB que España dedica a los salarios de estos empleados, la cifra sube hasta 118, claramente por encima del umbral medio de la OCDE. Este contraste pone de manifiesto que, aunque España no cuenta con una plantilla pública tan numerosa, el dinero que se invierte en retribuirla es considerable.

O dicho de otra manera: los funcionarios de aquí están mucho mejor pagados que los de fuera.

La clave puede estar en la subcontratación

Una de las explicaciones posibles a esta aparente paradoja es que España utiliza con frecuencia la figura de la subcontratación para cubrir necesidades estructurales de la administración pública.

Es decir, en lugar de incorporar directamente a trabajadores como funcionarios o personal interino, muchas administraciones optan por contratar servicios a empresas externas. Estas compañías privadas emplean a trabajadores que, aunque prestan servicios públicos, no figuran como empleados públicos en los registros oficiales.

Estudios recientes apuntan a que podría haber hasta dos millones de personas trabajando de forma indirecta para el sector público en España. Si se incluyeran en el cálculo, el porcentaje de empleados públicos sobre el total de trabajadores podría alcanzar el 25%, situando a España por encima de la media de la OCDE. Sin embargo, al no figurar en las estadísticas, esta realidad queda diluida y sólo se refleja de forma indirecta a través del gasto en salarios, que sí incluye pagos por contratos de servicios y concesiones.

Salarios más altos o estructura más cara

El hecho de que España tenga un gasto público en salarios un 18% superior a la media OCDE, a pesar de tener menos empleados públicos, indica que los sueldos son relativamente más altos, o bien que los costes laborales por empleado están inflados por una estructura más ineficiente.

Este aspecto, eso sí, no está del todo claro, ya que no se dispone de información detallada sobre los salarios medios del sector público en comparación internacional, ni sobre el coste total asociado a subcontrataciones y concesiones.

Según el INE, en 2022 había alrededor de 3,5 millones de empleados públicos directos en España, incluyendo funcionarios de carrera, interinos y personal laboral. En 2024, se aprobaron más de 40.000 nuevas plazas, lo que evidencia una apuesta continuada por reforzar la administración pública (y las continuas jubilaciones)

La falta de datos opaca el análisis

Uno de los grandes problemas a la hora de evaluar con precisión el número real de trabajadores vinculados al sector público en España es la falta de datos oficiales claros sobre los empleados indirectos.

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No existen registros completos sobre el personal de empresas subcontratadas, ni sobre los trabajadores de concesiones o de entidades públicas con financiación mayoritaria del Estado. Esta falta de transparencia complica el análisis comparado y dificulta el diseño de políticas de racionalización del gasto.

Aunque es habitual utilizar la media ponderada de los países para evitar distorsiones debidas al peso de economías muy grandes, si se aplicara una media simple —que da el mismo valor a cada país independientemente de su tamaño— el lugar de España en el gráfico anterior cambiaría. Aun así, seguiría destacando por su gasto elevado en relación al número de empleados públicos directos.

¿Modelo sostenible o problema estructural?

Lo que muestran los datos de la OCDE es una administración pública que, al menos en apariencia, no está sobredimensionada en número de empleados, pero sí en términos de gasto.

Esto puede reflejar salarios más competitivos, una estructura jerárquica más cara o un uso intensivo de fórmulas indirectas de contratación que elevan el coste final del servicio sin aumentar oficialmente la plantilla.

La pregunta es: ¿Debería repensar España el modelo de gestión de recursos en el sector público español?

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Durante años, la narrativa económica sobre España ha estado marcada por cifras que la situaban por debajo de la media europea en renta per cápita. Sin embargo, los datos más recientes apuntan a una recuperación estructural que va más allá del crecimiento del PIB agregado.

Según los datos de Eurostat, en 2024, España ha alcanzado el 92 % del PIB per cápita medio de la Unión Europea, ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA). El dato confirma la tendencia iniciada tras la pandemia: España ha superado ya a República Checa y Eslovenia, y se consolida como una de las economías que más ha reducido la brecha con el núcleo europeo en los últimos cinco años.

Más renta, no solo más PIB

Si bien parte de la mejora se explica por el rebote económico postpandemia, otros factores estructurales han contribuido a consolidar el crecimiento.

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Todo el mundo piensa que es más pobre de lo que realmente es. Por eso sorprende ver la distribución de ingresos de un país

No se trata solo de un crecimiento macroeconómico. Según la OCDE, España lideró el aumento de los ingresos reales de los hogares en el tercer trimestre de 2024, con un crecimiento del 2,2 %, el mayor entre las economías desarrolladas.

Este avance se explica, en gran parte, por la mejora de las rentas de propiedad, que pasaron del 6,6 % al 10,4 % en cinco años, reflejando una mayor capacidad de ahorro, inversión y retorno para las familias.

Además, la economía española sigue creciendo un 3,2 % en 2024, impulsada por el consumo de los hogares, principalmente, y apoyada por el consumo interno, el turismo y la llegada de inmigración cualificada, según el INE. En paralelo, el Banco de España también mejoró sus previsiones, con un recimiento de más de un 2,5 % para 2025.

El largo camino...

La evolución del PIB per cápita sigue sin colocar a España en el grupo de cabeza de Europa, pero sí acorta distancias como no ocurría desde antes de la crisis financiera de 2008.

Como muestra el gráfico elaborado por el usuario @combarro a partir de datos oficiales, España se sitúa en 2024 más cerca que nunca del promedio europeo en términos de renta por habitante.

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Siempre preguntáis por los valores Per cápita. Tomando la última información disponible EPA y CN.

. PIB real
. Población total
. PIB real per cápita

Todo referenciado a 2019=100 pic.twitter.com/8fM4JzjFUN

— Combarro (@_combarro_) May 2, 2025

Esta mejora, aunque significativa, todavía convive con retos estructurales como el desempleo juvenil o la dualidad del mercado laboral. No obstante, los datos muestran que el crecimiento no es solo nominal, sino también tangible para un amplio porcentaje de los hogares

En términos de PIB per cápita en PPA, España sigue por detrás de potencias como Alemania (115 %) o Francia (106 %), pero ha recortado distancias. Además del sorpasso a Chequia y Eslovenia, la brecha con Italia también se ha estrechado, situándose por primera vez en años dentro de un margen de dos puntos porcentuales. Esto sugiere que España está abandonando el vagón de cola de Europa Occidental para consolidarse en un bloque medio-alto de convergencia.

A pesar de los avances, algunos analistas advierten que el crecimiento del PIB per cápita puede verse limitado a medio plazo si no se abordan cuestiones clave, como la baja inversión en I+D, la escasa productividad de buena parte del tejido empresarial y la desigual distribución territorial de la renta.

Además, fenómenos como el envejecimiento poblacional y la dependencia del turismo también podrían afectar a la sostenibilidad del modelo. El reto no es solo crecer más, sino mejor y de forma más equitativa.

Parafrasenado aquel famoso "España va bien", hoy, parece un poco más cierto que nunca. Y no solo lo dicen los grandes números del PIB, sino también el avance en renta per cápita, la mejora del poder adquisitivo de los hogares y la consolidación de una tendencia que reduce la brecha con Europa. Por primera vez en tiempo, el país crece, y los datos acompañan.

España tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de toda Europa. No es casualidad. Las políticas públicas que deberían facilitar la conciliación o aliviar el coste de tener hijos están prácticamente ausentes. Las comparaciones internacionales lo dejan claro: apenas existe alivio fiscal para las familias con hijos, incluso en hogares con salarios medios.

Ese abandono institucional no solo afecta a los ciudadanos españoles. También está teniendo impacto en las mujeres inmigrantes, que tradicionalmente contribuían a mitigar el declive demográfico. Ahora, incluso entre ellas, la natalidad se hunde. Un fenómeno que ocurre en toda Europa, pero que está siendo especialmente duro en nuestro país.

Apoyo fiscal, a la cola

El informe Taxing Wages 2023 de la OCDE deja clara la magnitud del problema fiscal. Para un hogar con dos hijos y un salario medio, la diferencia fiscal respecto a un trabajador soltero sin hijos es prácticamente nula.

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En España, un trabajador soltero tiene, en la práctica, la misma presión fiscal que otro con dos hijos a su cargo. La cuña fiscal —la proporción del coste total del trabajo que se va en impuestos y cotizaciones sociales— es del 39,4% para el primero, mientras que solo se baja hasta el 38,9% para el segundo. España está entre los siete países con mayor cuña fiscal de toda la OCDE, lo que no ayuda a revertir la situación.

¿qué pasa cuando analizamos la cuña fiscal en el caso de una familia con salario medio y con dos hijos?

Que España pasa a ser el 7º país con una cuña fiscal más elevada para el salario medio. 9,8 pp por encima de la OCDE

España maltrata fiscalmente a las familias con hijos https://t.co/LWQccOdLTH pic.twitter.com/wq3YaofE1u

— Jon González (@Jongonzlz) March 20, 2025

Esta escasa diferencia contrasta con lo que ocurre en países como Polonia o Luxemburgo, donde el sistema fiscal premia notablemente a las familias. En Polonia, por ejemplo, un trabajador soltero con salario medio soporta una cuña fiscal del 34,8%, pero si tiene dos hijos, esa cifra cae hasta el 13,6%.

En Luxemburgo, la diferencia es aún mayor: del 36,7% al 11,2%. En ambos casos, hablamos de una reducción de más de 20 puntos porcentuales, frente al simbólico 0,5 de España.

El sistema alemán, pese a tener una notable presión fiscal para los trabajadores, también reduce en consecuencia (17,7 puntos). La cuña fiscal para un trabajador soltero es del 47,8 %, pero se reduce hasta el 30,1 % en el caso de una familia con dos hijos.

La conclusión es clara: en España apenas se reconoce la carga económica que supone tener hijos, mientras que en otras economías europeas el alivio es significativo.

La tasa de natalidad más baja de la UE

Todo ello, apunta a que estas políticas pueden relacionarse de forma directa con la bajísima tasa de fertilidad que enfrenta España (la más baja de la UE, solo por encima de Malta, según Birth Gauge).

Además, esta caída no se limita a las mujeres nacidas en España, también ha descendido de forma drástica entre las mujeres migrantes, lo que daría fuerza al argumento de la cuña fiscal. En cambio, en Francia o Alemania, las tasas de natalidad se han sostenido de forma parcial, gracias a los ciudadanos extranjeros.

Impresionante gráfico: España es el país con menor tasa de fertilidad de toda la UE (tras Malta). Pero es que en los últimos 15 años ha caído para todas las mujeres de las naciones de donde recibimos inmigración (en algunos casos drásticamente).

Autor: @pablogguz_ pic.twitter.com/6afgPLTtbp

— Juan Luis Jiménez (@JuanLuis_JG) March 23, 2025

Un estudio publicado en 2024 en Journal of International Migration and Integration confirma que los inmigrantes tienden a ajustar su comportamiento reproductivo a las condiciones del país de acogida.

Las condiciones españolas no favorecen la crianza. Estamos hablando de altos precios de la vivenda, inestabilidad laboral, pocos servicios públicos gratuitos orientados a la infancia y escasas políticas de apoyo familiar. Las  prestaciones de ayuda son mínimas y dispersas. Como consecuencia, las mujeres inmigrantes tienen menos hijos en España que en su país de origen, y el descenso es más acusado que en otros países europeos receptores de población migrante.

En conclusión, la  natalidad no depende solo de decisiones individuales, sino que sigue estando influida por las condiciones que cada sociedad ofrece para criar hijos. En España, estas brillan por su ausencia. Y aunque se suele culpar al cambio cultural, lo cierto es que las políticas públicas hacen muy poco por favorecer un cambio de rumbo.

Si el país con la segunda tasa de natalidad más baja de Europa quiere revertir la situación, se requieren políticas activas, inversión pública y un sistema fiscal que realmente apoye a las familias. Hoy, claramente, no lo hace.

Durante muchos años, el denominado trabajo por cuenta ajena a tiempo completo y con una duración indeterminada, ha sido la característica más notoria del mercado laboral en los países desarrollados que forman la OCDE. A esta modalidad laboral la han denominado el trabajo estándar.

No obstante, se ha observado que el trabajo denominado "no estándar" está ganando peso y es relativamente frecuente en estas economías. Nos encontramos con que en los países de la OECD, cerca del 15% de los trabajadores eran autónomos en el año 2013, el 13% y el 15% de los empleados dependientes tenían respectivamente contratos temporales o bien trabajaban a tiempo parcial, lo que implica menos de 30 horas semanales y la mitad de ellos por debajo de las 20 horas semanales.

Nuevos modelos laborales se abren paso

Hay una nueva realidad que se extiende en los países desarrollados. Se observa que algunos trabajadores están combinando diferentes dimensiones de trabajo no estándar, trabajando a tiempo parcial y con contratos temporales.

En muchos países que conforman la OCDE el trabajo a tiempo parcial ha ido en auge estos años. Las últimas cifras muestran que dos de cada tres países de la OCDE el empleo a tiempo parcial es hoy mayor que hace 20 años.

Además, el trabajo a tiempo parcial de corta duración (es decir, el trabajo de 20 horas o menos por semana) también ha aumentado del 6% del empleo dependiente en 1985 al 9% en 2005 en los 13 países para los que se dispone de datos, y se ha mantenido prácticamente estable desde entonces.

Hay que recalcar una realidad entre los países de la OCDE: los trabajos a tiempo parcial son tres veces más frecuentes en las mujeres que en los hombres mientras que el trabajo por cuenta propia es especialmente habitual en los trabajadores de mayor edad. Esa parcialidad está estrechamente vinculada a que la flexibilidad de la carga familiar recae especialmente en las mujeres.

Los trabajadores no estándar tienen, en promedio, ingresos más bajos que los empleados a tiempo completo con contratos indefinidos. En los 19 países de la OCDE de los que se dispone de datos, los trabajadores a tiempo parcial y temporales ganan alrededor de un 50% menos al año que los trabajadores a tiempo completo, siendo la diferencia mucho mayor en algunos países como Letonia y España.

La diferencia se debe a un menor salario por hora, un menor número de horas trabajadas (por ejemplo, los trabajadores a tiempo parcial) y a las interrupciones en el empleo (por ejemplo, los trabajadores temporales). Al controlar las características de los empleados y los empleadores, la OCDE encuentra una penalización salarial por hora del 12% para los trabajadores temporales.

El empleo temporal ha seguido una tendencia ascendente a largo plazo. Entre los 14 países de la OCDE de los que se dispone de datos, pasó de aproximadamente el 10% del empleo dependiente a mediados de los años 80 al 13% en 2000 y al 14% en 2017. También se observa un aumento medio de un punto porcentual entre 2000 y 2017, del 11% al 12%, en un grupo más amplio de 27 países de la OCDE. Esta tendencia a largo plazo se debió tanto a una evolución gradual como a cambios rápidos.

En el caso de España, ya ha sido explicado en reiteradas ocasiones. El 26% de los contratos son temporales fruto de una dualidad intensa dentro del mercado laboral entre el contrato indefinido y el contrato temporal, que fruto del blindaje del primero se ha sobreponderado el segundo en el mercado laboral.

Estos aumentos a largo plazo fueron impulsados por varios factores, entre ellos, el aumento del número de mujeres que se incorporaron al empleo a tiempo parcial, la modificación de las opciones de estilo de vida y, la evolución de la demanda de mano de obra a modalidades más vinculadas a la flexibilidad.

Los cambios en los modelos productivos impulsan los cambios laborales

La globalización, la automatización y los cambios demográficos transforman los mercados laborales a un ritmo rápido, lo que puede dar lugar a una expansión del trabajo no estándar. Existe un alto grado de incertidumbre sobre cómo se verán los mercados laborales en el futuro, pero un posible resultado es que habrá un número creciente de estos trabajadores.

Los países deben prepararse para esta posibilidad porque los mercados laborales están cambiando rápidamente, mientras que las respuestas de política, especialmente en el ámbito de las pensiones, suelen ser procesos difíciles y puede pasar mucho tiempo hasta que sus efectos se hagan evidentes.

El surgimiento de "nuevas" formas de trabajo suscita preocupación sobre la forma en que los trabajadores que participan en tales actividades están cubiertos por las futuras pensiones. Las "nuevas" formas de trabajo se refieren al trabajo de la economía colaborativa, a los contratos de muy corta duración, a los llamados contratos de cero horas, es decir, a los contratos sin garantía de horas de trabajo y, más en general, a otros tipos de trabajo por cuenta propia.

Muchos trabajadores con este tipo de contratos tienen un alto grado de flexibilidad en la organización de su trabajo, pero un bajo grado de seguridad laboral y bajos ingresos.

El trabajo no estándar está experimentando una transformación sustantiva. En los últimos años, la disminución de algunos tipos de empleo por cuenta propia, incluso en la agricultura, se ha visto compensada en parte por la aparición y la expansión de nuevas formas de trabajo, en particular los empleos que dependen de las nuevas tecnologías, como los taxistas de plataformas como Uber o Cabify.

Si bien hoy en día este tipo de trabajo representa sólo el 0,5-3% del empleo total en los países desarrollados, tiene una importancia considerable para los jóvenes que dependen de nuevas formas de trabajo con mayor frecuencia que las generaciones más antiguas y algunos de los cuales parecen valorar más la autonomía laboral.

Las nuevas modalidades de trabajo hacen que la frontera entre el trabajo por cuenta ajena y el autoempleo sea aún menos clara de lo que solía ser. Por ejemplo, algunos trabajadores por cuenta propia son muy similares a los empleados por cuenta ajena en el sentido de que solo tienen un único cliente, carecen de independencia financiera y tienen un control limitado sobre sus condiciones de trabajo, incluido su horario de trabajo.

En promedio, en la OCDE, el 16% de los trabajadores por cuenta propia tienen un cliente predominante, con una tasa que oscila entre el 6% en Dinamarca y el 29% en la República Eslovaca. Si bien el hecho de tener un solo cliente no significa necesariamente que una persona sea clasificada erróneamente como trabajador por cuenta propia, existe el riesgo de que el falso autónomo sea común entre estos trabajadores.

Una nueva realidad que supone un desafío para los futuros pensionistas

Los contratos temporales suelen ofrecer una protección laboral menos amplia que los contratos de duración indefinida y los trabajadores temporales no suelen alcanzar la permanencia en el empleo necesaria para beneficiarse de la plena protección.

Por lo general, es relativamente fácil y barato para las empresas poner fin a un contrato de duración determinada al término de su vigencia - es decir, no renovarlo - mientras que tienen que cumplir con los plazos de preaviso y pagar indemnizaciones cuando despiden a trabajadores con contratos indefinidos.

En muchos países, las personas desempleadas siguen adquiriendo derechos de pensión mientras reciben prestaciones de desempleo. Si bien este instrumento amortigua el efecto de la pérdida de empleo en las pensiones, solo es parcialmente efectivo para los trabajadores temporales.

Los períodos de empleo cortos conllevan el riesgo de que los trabajadores no cumplan el número mínimo de días de trabajo necesarios para acreditar los períodos de trabajo (a menudo un mes o un trimestre) para tener derecho a las prestaciones de pensiones basadas en las cotizaciones.

Debido a la falta de portabilidad, los períodos de trabajo en diferentes empresas no siempre se suman, y los frecuentes cambios de trabajo dan lugar a una reducción de los derechos de pensión. Además, los derechos pueden pagarse en forma de suma global al término del contrato, lo que contradice el propósito de ofrecer protección en la vejez.

El trabajo a tiempo parcial también plantea problemas en materia de pensiones. En algunos casos, el trabajo a tiempo parcial conduce a la acreditación total de los períodos de cotización. En otros, los períodos de trabajo a tiempo parcial no se tienen en cuenta para calcular los derechos de pensión y, en particular en algunos países, la validación de un período específico requiere trabajar un número mínimo de horas o ganar un nivel mínimo de ingresos.

Estas exclusiones aumentan el riesgo de que los trabajadores no cumplan las condiciones de elegibilidad tanto para las pensiones contributivas de primer nivel como para las relacionadas con los ingresos, o que sólo las cumplan si se jubilan a una edad más avanzada. Tanto el trabajo temporal como el trabajo a tiempo parcial se asocian a menudo con bajos ingresos, por ejemplo, debido a un mayor tiempo fuera del empleo o a menos horas trabajadas. Los bajos ingresos durante la vida laboral se extienden a los bajos ingresos de la vejez.

Si repasamos a los autónomos, en promedio, en los 15 países de la OCDE, los trabajadores autónomos jubilados reciben, en la mediana, pensiones públicas un 22% más bajas que los empleados jubilados. La diferencia es mucho menor, normalmente inferior al 10%, en países con pensiones básicas sustanciales, como la República Checa, Dinamarca, Israel y Suiza.

Por el contrario, los jubilados que trabajaban por cuenta propia en Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y Polonia tienen pensiones medias que son más de un 30% inferiores a las de los antiguos empleados.

La OCDE en su informe 'Going for Growth 2019' ofrece unas recomendaciones para llegar a un crecimiento sostenible a nivel económico, inclusivo y respetando el medio ambiente.

El informe aconseja realizar una mejora de los mercados y potenciar las políticas educativas así como establecer un sistema fiscal y un mercado laboral más inclusivo que favorezcan la movilidad social de los ciudadanos.

Nos podemos preguntar: ¿Qué recomendaciones está dando la OCDE a España en tema laboral e impositivo para tener un crecimiento económico sostenible, inclusivo y respetuoso?

OCDE propone reducir la desigualdad económica mejorando las oportunidades laborales

La existente desigualdad económica es un aspecto mejorable dentro de la sostenibilidad de las economías, pero la OCDE recomienda que se dirijan de forma específica al igualar las oportunidades de sus ciudadanos y establecer un crecimiento económico de manera sostenible.

La OCDE ha reconocido en el informe, que países como España, la mejor manera de reducir la desigualdad económica es mejorar las oportunidades laborales de sus ciudadanos. Es decir, disminuir el desempleo y aumentar la productividad en el trabajo, es la manera más viable para conseguir aumentar la salarios.

Para mejorar el capital humano la OCDE propone en el informe un aumento de la calidad y la especialización de la enseñanza superior así como potenciar la formación profesional dual, involucrando más a las empresas en el proceso de formación y en el diseño de los estudios. Respecto al ámbito laboral se sugiere acercar los costes de despido de contratos permanentes y los temporales.

La OCDE propone potenciar el IVA sobre otros impuestos

Otro aspecto que tiene en cuenta el informe de la OCDE es el problema del diseño de un sistema fiscal, recomendando reformas favoreciendo el procrecimiento.

La OCDE recomienda cambiar el mix de impuestos, desplazando la carga fiscal desde impuestos que recaen sobre la rentas y beneficios hacia otros impuestos menos distorsionados, como los que gravan al consumo, la propiedad de bienes o emisiones contaminantes. Es decir, la OCDE propone menos IRPF, menos impuestos de sociedades y más IVA e impuestos especiales.

En España no se parece captar el mensaje, ya que el problema es la amplia y subjetiva percepción social que existe sobre la equidad vertical del IVA, estando muy implantada la idea que los impuestos sobre el consumo son regresivos. Es decir, las familias con menor capacidad económica soportan mayor carga de IVA.

Pero en España, el IVA es progresivo, debido que las rentas más bajas consumen una mayor proporción de bienes de tipos reducidos que las familias con más recursos, que gastan más en bienes y servicios que tienen tipos impositivos más altos en IVA.

El informe de la OCDE propone a España quitar los tipos reducidos de los bienes o servicios consumidos más intensamente por las rentas más altas, lo que exigiría, eliminar la bajada de tipo de IVA a la cultura, cine y otros espectáculos. También se propone a España un aumento de los impuestos especiales sobre carburantes de emisión contaminantes y otros contaminantes.

En España, el IRPF no se está aplicando de forma correcta según la OCDE

Por otra parte, la OCDE da un toque de atención sobre los efectos desincentivadores que tiene sobre la oferta y la demanda, por parte de los altos tipos impositivos del IRPF.

En España, las cotizaciones a la Seguridad Social son bastante elevadas y se propone reducir las cotizaciones del empresario, al menos para los trabajadores peor pagados, como manera de incentivar la contratación de jóvenes y trabajadores de poca cualificación.

Dentro del IRPF, se establece la necesidad de aumentar la definición de la base imponible, eliminando deducciones y exenciones. Sin embargo, no se tiene en cuenta uno de los problemas más importantes que sufre el IRPF en España, que es el deterioro de la aplicación del impuesto.

En España, el IRPF es un impuesto que se paga de forma directa desde la nómina, pero a la hora de realizar la declaración de la renta de forma anual a la gran mayoría se le devuelve parte del impuesto que había adelantado con su nómina.

Es decir, alrededor de 8 millones de contribuyentes no están pagando ni por nómina ni por la declaración de la renta. Además, de los 3 millones de contribuyentes que son eximidos de la obligación de la presentación de la renta, en el cual caso, se les aplica una mínima retención.

Es decir, existe una falta de generalidad en la aplicación del IRPF en España que está dañando a la capacidad recaudatoria como la distribución de la carga fiscal, convirtiéndolo en un impuesto que soporta la clase media.

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