¿Se imaginan que existiera una fórmula capaz de asegurar beneficios directos a las empresas por el simple hecho de ponerla en marcha? ¿Creen que podría alguien resistirse a aplicarla en su compañía? Pues, por increíble que parezca, la fórmula se conoce y la resistencia a ponerla en práctica es un fenómeno digno de estudio en pleno siglo XXI. Se trata de la incorporación de mujeres al mundo laboral y directivo para que su presencia esté en línea con el porcentaje de la población que representan. En frente un caduco machismo que todavía veta el libre acceso a la actividad económica y, sobre todo, al poder de la mitad de la población.

El think tank económico FEDEA acaba de publicar un amplio informe sobre la presencia de las mujeres en el mercado laboral español en el que ha calificado la situación de "muy preocupante" y plantea la imposición obligatoria de medidas para acabar con la discriminación de género.

Los economistas José Ignacio Conde-Ruiz e Ignacio Marra han analizado los principales focos de discriminación empresarial: desde las diferencias salariales (de las que os habló mi compañera Verónica Lechuga en su post de ayer), hasta la hora y pico más que ellos disponen para hacer ese networking tan necesario para ascender, pasando por la desigual distribución de los empleos parciales obligatorios. Eso sin olvidar las horas extra que ellas dedican a tareas del hogar.

Para paliar esta discriminación generalizada, los autores del estudio consideran que son necesarias medidas coercitivas. Entre ellas contemplan la puesta en marcha de bajas de paternidad obligatorias e intransferibles para que los hombres afiancen su implicación en el cuidado de los hijos y se evite la discriminación actual entre hombres y mujeres en los procesos de selección.

Además, Conde-Ruiz y Marra han recomendado al Gobierno tomar como referencia el modelo italiano e implantar una política de cuotas obligatoria, temporal y que contemple sanciones para aquellas empresas que se resistan a incorporar mujeres en los consejos de dirección.

La experiencia italiana ha demostrado una alta efectividad. En 2011, se aprobó una ley que obligaba a las empresas a incorporar de forma progresiva mujeres en sus consejos de administración, ligada a sanciones para las que no siguieran la recomendación. La media también tenía carácter temporal, es decir, la imposición dejaría de tener vigencia una vez conseguido el objetivo: un 40% de representación femenina en esos consejos. Gracias a ella, en apenas cinco años el porcentaje de mujeres ha pasado del 5% al 26%.

Esta idea ha vuelto a poner sobre la mesa el manido debate entre los defensores de la discriminación positiva que implica la imposición de cuotas, frente a los lobby empresariales detractores de la misma. Estos últimos defienden que esas políticas pueden distorsionar los procesos de selección e impedir la elección de los mejores candidatos y apuestan por permitir la libre elección de las compañías. Además, justifican la ausencia de mujeres en puestos de alta dirección debido a la escasez de candidatas con el perfil adecuado.

Más allá del ¿cuotas si,cuotas no?, datos y estadísticas sentencian la situación. El argumento de que no hay mujeres con el perfil adecuado queda desmontado en la medida en que, como expone el mencionado informe de Fedea, las mujeres tienen más formación que los hombres. En concreto, asegura que el 43% de las trabajadoras entre 20 y 50 años tiene estudios universitarios frente al 36% de los varones, por ejemplo.

Claro que esas estadísticas también recogen que las mujeres destinan al menos una hora y media menos al ocio y las relaciones de negocio. Es decir, al denominado networking empresarial. Que, por si alguien lo dudaba, está entre las principales vías de selección de talento en los altos niveles de mando de empresas e instituciones.

La experiencia, sobre todo española, también demuestra que las buenas intenciones en esta materia no son suficientes para modificar la tendencia. Nuestro país fue pionero en la implantación de medidas de estímulo para reducir la brecha de género en el mundo laboral. La Ley de Igualdad de 2007 estableció el objetivo de que en 2015 la presencia de mujeres en los consejos de administración debía alcanzar el 40%. Pero se quedó muy lejos de su propósito. Ese año 2015 se quiso dar un nuevo impulso a la situación con la aprobación del Código de Buen Gobierno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En ambos casos, la adopción de las medidas era de carácter voluntario, aunque el Código de Buen Gobierno sí implantó el principio de cumplir o explicar. Una exigencia que ha sembrado de lindezas las memorias de responsabilidad corporativas de las grandes compañías.

El resultado es que casi 10 años después del primer intento, los avances han sido muy lentos. El porcentaje de mujeres con presencia en consejos de administración de compañías españolas está estancado en un 17%. España ha pasado de ser uno de los países pioneros en estas cuestiones a estar por debajo de la media comunitaria, como ha advertido en varias ocasiones Morten Huse, profesor de la Norwegian Business School y experto en esta materia.

La situación es incluso más extrema si nos fijamos en la presencia femenina en los puestos de mayor responsabilidad de la pirámide de mando. Apenas, el 3% son consejeras delegadas.

La comparativa internacional demuestra que solo la vía obligatoria tiene resultados efectivos. Noruega fue el primer país en demostrar que la discriminación positiva es efectiva. En 2003, ese país aprobó la primera regulación mundial que amenazaba con sanciones a las empresas que no incorporasen mujeres a sus consejos de administración. Como en España, el objetivo fijado fue conseguir la presencia de un 40% de mujeres en esos puestos directivos. El resultado es contundente, las consejeras noruegas han pasado de ser apenas un 3% al 40% actual. Como ha explicado Morten Huse, "el reto ha sido posible solo con la amenaza de sanción", puesto que asegura que nunca se han aplicado las sanciones. Entre otras cosas, porque ninguna empresa está dispuesta a afrontar el coste reputacional que éstas implicarían.

En una línea similar están las experiencias de Francia, Bélgica, Alemania o India, con leyes de cuotas femeninas obligatorias en vigor y ligadas a algún tipo de sanción. En Francia con esta medida se ha pasado de un 20% de representación femenina en los consejos antes de 2011 al 32% actual, y esperan alcanzar el 40% en 2017. En Reino Unido, uno de los 17 países de todo el mundo que tienen ley de cuotas sin sanciones, los expertos aseguran que el avance solo se notó cuando el Gobierno abrió el debate público de la necesidad de poner esas sanciones. Aunque, en todos los casos romper "el techo de cristal" y acceder a cargos de alta responsabilidad todavía es un reto que pocas consiguen.

Más mujeres, más beneficio económico

Por otro lado, los economistas de Fedea también justifican su recomendación de adoptar el modelo progresivo de cuotas obligatorias por el impacto económico que está teniendo en las empresas italianas. Un estudio elaborado por cuatro economistas italianas, publicado el pasado mes de septiembre, ha analizado el efecto del incremento de mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas en la Bolsa de Milán con el comportamiento de las acciones de éstas. La conclusión es que el mercado valora positivamente la presencia de mujeres en las empresas. Además, aseguran que esto no ocurre solo por el hecho de que haya más mujeres sino porque esta forma de selección impone un nuevo proceso de reclutamiento de talento que también permite encontrar candidatos masculinos mejor formados que los nombramientos se producen por el tradicional método de cooptación, colegueo o, en el peor de los casos, prevaricación (también conocida como enchufismo injustificado).

La conclusión está en línea con una tendencia internacional, cada vez más potente, que liga el incremento de la actividad de las mujeres en el mundo empresarial con una mayor creación de riqueza para los países que lo potencian.

La consultora McKinsey ha cuantificado que un avance en la igualdad económica de género podría incrementar el PIB mundial en 12 billones de dólares en 2025. Un estudio similar realizado por el profesor Asa Lofstrom, de la Facultad de Umea de Negocios y Economía de Suecia, asegura que el PIB de la Unión Europea podría incrementarse entre un 20% y un 25% si la composición del mercado laboral fuera más equilibrada en materia de género. Cálculos similares se suceden,para Reino Unido, Japón, etc.

Datos que debilitan, aún más si cabe, las reticencias masculinas a permitir el acceso de las mujeres al sistema de producción y a la dirección económica y que despeja cualquier duda de que hacerlo implicaría un incremento de la riqueza de todo el planeta.

Incluso, las estadísticas son machistas

En este sentido, diversos organismos internacionales incluso han cargado las tintas con la concepción machista de la configuración estadística. Sobre todo, en la medida en que los indicadores macroeconómicos desprecian, sin justificación aparente, la contribución del trabajo no remunerado que principalmente suelen realizan las mujeres en todo el planeta. En 2015, Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, aseguró que si se tuviera en cuenta la aportación del trabajo realizado por las mujeres indias a la actividad del país, el PIB aumentaría un 60% llegado el año 2025.

La Organización de Naciones Unidas también ha tratado en diversas ocasiones el tema de la errónea medición del trabajo femenino. "El tiempo dedicado al trabajo sin remunerar tiene un valor económico real, y este valor no está recogido ni en los conceptos macroeconómicos ni en los sistemas de contabilidad", ha denunciado el organismo. Y esta afirmación no solo es aplicable a la realidad en países en vías de desarrollo. En el mundo occidental, las estadísticas también hacen caso omiso a estas circunstancias. Por ejemplo, nadie cuantifica el ahorro que supone para las arcas públicas de cualquier estado el tiempo que se dedica al cuidado de los enfermos fuera de los hospitales. Una actividad que, si no estuviera a cargo de familiares (normalmente mujeres), tendría que ser realizado por profesionales especializados cuyo coste debería ser asumido, bien por los Estados o bien por los seguros de salud de los afectados, (ambos contribuyentes del PIB).

Lo mismo ocurre con el trabajo doméstico o el tiempo destinado al cuidado de los hijos. En México, por ejemplo, el valor de estas actividades no remuneradas se estimó, en 2013, en un 21% del PIB (ver imagen superior). De momento, nadie ha abogado por un cambio obligatorio de estas mediciones, pero vista la tendencia todo apunta que si se quiere cambiar tendrá que hacerse, también por imperativo legal.

En cualquier caso, habrá que esperar y mucho, según los cálculos del World Economic Forum, nada menos que 170 años.

Imagen I| CC flickr

Imagen II| CC Shestheorientexpress

Tras la visita de Estado que El Gadafi realizó a España en el año 2007, cuando se firmó un importante contrato de provisión de material bélico a Libia, pocos pudieron imaginar que parte de ese mismo armamento fabricado en España, y en particular las mortíferas ‘bombas de racimo’, fuesen empleadas para atacar a la población civil en la guerra que se sucede en el país libio. 

El negocio armamentístico, desde sus inicios, ha reportado unos cuantiosos beneficios a aquéllos países que fabrican armas, utilizando como vía de escape los conflictos armados en algunos países árabes y en el continente africano para dar salida su terrorífica producción.

En mi opinión, los gobiernos que se frotan las manos cuando firman contratos armamentísticos con otros países, como en el caso de la venta al régimen de El Gadafi entre otros, solo se piensa en el corto plazo, ignorando si esas armas que se pretenden vender pueden ser utilizadas en nuestra contra, o perjudicar a los intereses generales de la humanidad.

Por el momento, la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha demostrado que dicho régimen está utilizando el armamento ‘made in Spain’ para atacar a la población civil de Misrata, dentro de un conflicto en el que curiosamente nos hemos posicionado como contrarios a El Gadafi. ¿Debemos seguir permitiendo que se negocie con algo delicado como es la vida de los inocentes?

Vía | Expansión
En El Blog Salmón | España juega una importante carta económica en Libia
Imagen | agecombahia

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha acordado con las empresas Google y Cisco una página web que nos permitirá ver el desarrollo del proceso que se está siguiendo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, lanzado hace tiempo con el objetivo de terminar con la pobreza en el mundo.

Esta página es una iniciativa muy interesante que permitirá a cada uno de nosotros seguir la extensión de esto y cómo vamos en el camino a nuestro objetivo, un objetivo muy ambicioso.

Es muy loable ver a estas empresas utilizar sus fondos para fomentar iniciativas sociales muy beneficiosas para el mundo.

Por otra parte, seguro que incluirán estos gastos, o estas inversiones, en sus informes de responsabilidad social, demostrando lo buenos que son como empresas en su entorno social.

No obstante, cuando se visita la página, se ve que han integrado estas herramientas dentro de Google Earth y que hay que descargar este programa para hacer el seguimiento que queremos.

¿Están siendo muy buenos nuestros amigos en Google con esta iniciativa o es una forma más de utilizar un proyecto muy loable, e incluso con el fomento de la ONU, para conseguir más descargas y así desarrollar aún más su negocio?

Un ejemplo más de que las empresas hacen bien mejor cuando es bueno para su negocio.

Vía | Público Más información | MDG Monitor ,Nota de Prensa de la ONU y Nota de Prensa de Google (estos en inglés)

Por segundo año consecutivo el Nobel de la Paz tiene un componente muy económico.

Recordamos que el año pasado el Premio Nobel de la Paz se concedió a Muhammad Yunus y su Banco Grameen por su labor innovadora en el mundo de los microcréditos. ¿Podría haber sido Premio Nobel de Economía?

Este año han concedido el Premio Nobel de la Paz conjuntamente al anterior vicepresidente de los Estados Unidos, Albert Gore, y al Grupo Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC, en inglés), la organización establecido por las Naciones Unidas en 1988, con el objetivo de poner un poco de orden en esto de los estudios medioambientales y su impacto, para ofrecer a los gobiernos unas bases comunes para la toma de sus decisiones.

El trabajo de la IPCC contribuyó a los acuerdos de Kyoto aunque, viendo que no todos los gobiernos han suscrito a Kyoto, su labor todavía no está totalmente aceptada en todos los ministerios del mundo.

El cambio climático se ha establecido como uno de los temas más importantes a nivel mundial y, su impacto sobre las economías lo hace un tema muy económico, no sólo científico.

Lo dejaré a nuestros lectores si piensan que Albert Gore, que con su documental ganó dos Oscars, ha hecho lo suficiente para merecer la mitad de este premio.

Vía | ABC y La Crónica de Hoy En El Blog Salmón | Premio Nobel para Muhammad Yunus y Banco Grameen, Incentivar es mejor que imponer, Mejorar el medio ambiente es rentable y Carbon Footprint: mide el tuyo Más información | Nota de Prensa de la Fundación Nobel (en inglés)

Las Naciones Unidas (ONU) y el Banco Mundial (BM) acaban de anunciar una iniciativa conjunta muy importante denominada la Iniciativa para la Recuperación de Bienes Robados (STAR, en inglés).

Esta iniciativa tiene el objetivo de identificar el dinero robado en los países menos desarrollados, prevenir estos robos y recuperar lo robado. Y son cifras importantes con el flujo transfronterizo mundial que puede llegar a superar los €1.000 millones y estimando, por ejemplo, que los estados africanos pierden anualmente, debido a la corrupción, el 25% del PIB. ¡25% del PIB!

Los pobres no se pueden permitir el lujo de sufrir estas pérdidas que van a los bolsillos de los que se aprovechan y hay urgencia para eliminar esta carga.

Todavía hay demasiada gente en los países en desarrollo que pueden aprovechar sus puestos para robar, y lo hacen. Además, todavía hay demasiadas personas fuera que les ayudarán a robar, con sobornos y las otras cosas que hacen, para conseguir los contratos y otros negocios que buscan.

Lo que resaltan en su nota de prensa son las siguientes medidas:

Las siguientes son algunas de las medidas concretas previstas en la Iniciativa para la recuperación de activos robados (Iniciativa StAR):

• Dotar a los países en desarrollo de capacidad institucional para solicitar asistencia técnica que les permita fortalecer sus fiscalías y hacer que sus leyes estén en consonancia con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

• Fortalecer la integridad de los mercados financieros. Entre otras cosas, se procurará que los centros financieros cumplan la legislación sobre lavado de dinero, lo que permitiría detectar el lavado del producto de ilícitos y disuadir a los infractores, y fortalecer la capacidad de las unidades de inteligencia financiera de todas partes del mundo de reforzar su mutua colaboración.

• Contribuir al proceso de recuperación de activos de los países en desarrollo otorgándoles préstamos o donaciones para financiar los costos iniciales, brindarles asesoramiento sobre contratación de asesores jurídicos y facilitar la mutua colaboración de los países.

• Realizar el seguimiento del uso de los activos recuperados , para que los fondos repatriados se utilicen con fines de desarrollo, tales como programas sociales y mejoras en materia de educación e infraestructura.

Uno de los problemas hasta ahora es que los profesionales de las organizaciones multilaterales no siempre han trabajado conjuntamente, incluso dentro de las mismas organizaciones.

Esta es una iniciativa muy importante y ya era hora, aunque mejor ahora que nunca. Los millones que se mueren de hambre y de enfermedades lo agradecerán.

Vía | BBC Mundo En El Blog Salmón | El mundo rico cree que debe ayudar al mundo pobre Más información | Nota de Prensa del Banco Mundial

Eramos pocos y parió la abuela...de todas las organizaciones internacionales. Hace ya unos meses comentábamos que el FMI había sido muy crítico sobre la situación de la economía española en el sentido de que el crecimiento experimentado es muy frágil al estar orientado principalmente hacia el interior a través del mercado inmobiliario, y al mismo alertaba sobre la subida del precio de la vivienda y el aumento de los tipos de interés, que hacen crecer el endeudamiento de las familias españolas, por lo que se observa ya una cierta desaleceración del consumo. A los bancos tampoco les gusta nada el cariz que están tomando los acontecimientos, y algunos de los que han criticado la situación del mercado inmobiliario español incluyen al Banco de España, el BBVA, el Deutsche Bank, Bancaja...

Pues bien, hoy es nada más y nada menos que la ONU la que advierte que España se enfrentará en unos años a una grave crisis inmobiliaria que afectará a buena parte de la población. Y atención a las palabras escogidas: nada de "podría enfrentarse" o "situación de inestabilidad". Se enfrentará (sí o sí) a una grave crisis.

Ha sido el relator especial de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, y ha instado al gobierno a intervenir más en el mercado inmobiliario. Claro que para eso los sucesivos ejecutivos deberían haber intervenido "algo", digo yo (y no, el portal Keli Finder no puntua como intervención en el mercado inmobiliario). Kothari también recomienda al ejecutivo advertir a la población de la llegada de esta crisis y sus consecuencias. Según las conclusiones de su informe, realizado tras haber estudiado la situación del mercado inmobiliario en varias ciudades españolas de diferentes perfiles, el número de familias que dedican más del 40% de sus ingresos a vivienda es preocupantre, e incluso ha ligado el problema de la violencia doméstica con la dificil accesibilidad de la vivienda, ya que las mujeres tienen muy dificil independizarse de un entorno hostil. Control de la especulación, ocupación de viviendas vacías (15% según las estimaciones) y bajada del precio de las viviendas sociales son otras de las recomendaciones del informe.

Y a todo esto, la respuesta del ejecutivo a través de Trujillo ha sido que las competencias en vivienda son también de las comunidades y se ha limitado a recalcar la parte del informe en la que se reconoce el esfuerzo que el gobierno está realizando. Triste consuelo el del esfuerzo para un Ministerio creado ex-profeso y que cuenta con muy poquitos resultados, si es que alguno, para poner en la balanza de la opinión pública.

Pero lamentablemente parece que por mucho que suenen las campanas y los pastores adviertan que viene el lobo, en España seguimos pensando que la vivienda nunca baja, que comprar es una inversión, que alquilar es tirar el dinero y que si los tipos de interés suben "el gobierno tendrá que intervenir, porque no puede dejar que todo se vaya al garete". Arrieritos somos.

Vía | Cinco Días, Euroresidentes, El Pais En El blog Salmón | El FMI alerta sobre España