La generación ‘baby boom’ o ‘boomers’ alcanzará la edad de jubilación en la próxima década, generando un impacto económico importante con consecuencias directas, especialmente, para el empleo público. Así pues, será una oportunidad única para que los jóvenes de la Generación Z busquen la estabilidad laboral, unas condiciones óptimas y plena seguridad estudiando unas oposiciones.

En un mercado laboral marcado por la rapidez y una serie de cambios constantes, además de la incertidumbre y la precariedad, estudiar unas oposiciones y acceder a un empleo público se convierte en la alternativa más prometedora e ideal para miles de jóvenes.

Con la salida de los empleados que nacieron entre 1958 y 1977, el mercado laboral vivirá una renovación completa. No obstante, habrá áreas en las que será más complicado gestionar el relevo generacional. De ahí que las Administraciones Públicas estén convocando una mayor oferta de plazas.

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De hecho, se estima que para 2025 habrá más de 330.000 empleados públicos que alcanzarán la edad de jubilación. Además, en 2030, casi la mitad de los funcionarios se habrán jubilado y dejarán más de 900.000 plazas libres. Una cifra que aumentará en 2035 hasta los 1.419.600 puestos vacantes.

Una oportunidad para la GenZ

Los GenZ llegan en el momento justo para hacerse con todos los puestos públicos que abandonarán los empleados boomers a punto de jubilarse. Y es que desde el final de la pandemia, las oposiciones se han reactivado y el sector público ha vuelto a convertirse en el verdadero dinamizador del empleo juvenil.

Los GenZ llegan en el momento justo para pillar todos los puestos de los empleados públicos boomers a punto de jubilarse

"Desde el final de la pandemia, las oposiciones se han reactivado y el sector público vuelve a ser un dinamizador del empleo juvenil" pic.twitter.com/XDbtTlHtbW

— Jon González (@Jongonzlz) June 1, 2024

Durante los últimos cinco años, se han ofertado 183.443 plazas, es decir, un 189% más que en el lustro anterior. De este modo, se ha podido crear empleo neto en todas las Administraciones. De hecho, entre enero de 2018 y julio de 2022 se crearon 169.734 puestos de trabajo en el Sector Público del Estado, de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local.

En julio de 2023, el Consejo de Ministros aprobó la mayor oferta de empleo público de la historia con 39.574 plazas, un 15,8% más que en 2022. Además de las Administraciones Públicas, se refuerzan el Cuerpo Nacional de Policía, la Administración de Justicia, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas.

A diferencia de los millenials, afectados de lleno por la crisis económica y la falta de convocatoria de plazas, los miembros de la GenZ vivirán una etapa dulce en la que opositar será sinónimo de estabilidad y de salida laboral.

Aumento, pero con limitaciones

Si se analiza la pirámide de edad del personal al servicio de la Administración del Estado, se puede concluir que aunque aumenten, lo hacen desde una base mínima. Y es que suponen un porcentaje residual del total, concentrado en edades superiores a los 50 años.

Dicho esto, el 4,41% son menores de 30 años, el 11,86% entre 30 y 39 años, el 23% entre 40 y 49 años, el 39,46% entre 50 y 59 años y el 18,08% entre 60 y 64 años. Supera la horquilla de los 64 años el 3,11% del personal de ministerios, organismos autónomos y agencias estatales.

Las áreas con mayor oferta de empleo público

La gran mayoría de los puestos ofertados se corresponden a la Administración del Estado, que contempla 29.818 plazas (709 para Entes Públicos y 1.094 para funcionarios de Administración Local con habilitación nacional). Para la Administración de la Justicia se contemplan 1.907 plazas (la mayor cifra en siete años), para el Cuerpo Nacional de Policía 2.833 plazas y para la Guardia Civil unas 2.875 plazas.

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Hay que reseñar la disponibilidad de más de 27.000 plazas de libre acceso, algo que facilitará el relevo generacional y el rejuvenecimiento de las plantillas, fomentando la consolidación de la era dorada del funcionariado en España.

Además, la promoción interna será importante. Se habilitarán en la oferta pública de empleo mecanismos concretos que fomenten activamente la participación.

No todos los jóvenes optan por el empleo público

Muchos miembros de la Generación Z muestran especial interés por las empresas privadas, especialmente en sectores como la tecnología, el entretenimiento o el arte. Un estudio elaborado para Ideed por Kickstand, concluye que el 26% de los trabajadores de la Generación Z considera que una mayor flexibilidad les permitiría cambiar de trabajo, mientras que el 25% cambiaría de empresa a cambio de una semana laboral más corta. Además, el 38% de los jóvenes asegura haber abandonado un empleo por cuestiones personales.

Fuera como fuese, es una era dorada para hacerse funcionario en España. La Generación Z está concienciada plenamente sobre la necesidad de opositar, siendo las de Bomberos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Profesorado y Tropa y Marinería las más recurrentes, en dicho orden.

Las tendencias cambiarán. Igual que actualmente es difícil ver a alguien de menos de 30 años trabajando en la Administración Pública del Estado o a una persona mayor de 50 años en una start-up, se espera que el porcentaje del 5,2% que representan los menores de 30 años aumente considerablemente en el próximo lustro.

Opositar es sinónimo de esfuerzo y sacrificio, pero también de encontrar una estabilidad laboral en un momento de incertidumbre económica y donde la inflación hace tambalear la situación de los hogares españoles. Se calcula que en nuestro país hay casi 7 millones de personas, entre 18 y 55 años, que han hecho alguna oposición, se están preparando o se lo están pensando.

De este modo, uno de cada dos españoles se define como opositor y el 22% se plantea opositar en un futuro próximo. Los andaluces, valencianos y madrileños son los que más optan por este método para acceder a un puesto de trabajo estable. Según la EPA, en el segundo trimestre de 2023 había en España 3.517.700 trabajadores públicos tras la aprobación del Gobierno en junio de más de 37.000 plazas públicas.

Quienes se decidan a opositar deben saber que no siempre se trata de un proceso largo de cuatro o cinco años hasta conseguir una plaza, sino que hay posibilidades de acceso a un empleo público en menos tiempo y destinando menos esfuerzo al ser un temario más liviano.

Oposiciones para Correos

Son una de las más recurrentes entre la población. Quienes decidan presentarse a ellas deberán prepararse 12 temas y demostrar sus conocimientos en un único examen tipo test de 100 preguntas. Bastará con estar en posición del título de la ESO.

Al ser un único examen hay más posibilidades de alcanzar la nota de corte. Además, cada vez se presenta un mayor número de ofertas, que va de la mano de la elevada demanda existente. Quienes logran acceder se garantizan un salario mínimo de 11.800 euros anuales más pagas extras y complementos, dependiendo del tipo de puesto y de la titulación que se posea.

Oposiciones de administrativo y auxiliar administrativo

El único examen que hay que superar se divide en dos pruebas; una teórica y otra de conocimientos ofimáticos. El temario no es demasiado extenso (menos de 30 temas), aunque se recomienda hacer simulacros para ir bien preparados. Consta de un cuestionario de 60 preguntas y de un test de otras 50 preguntas que se encarga de medir los conocimientos ofimáticos.

Recientemente se presentaron 155.000 personas para 27.509 plazas en la Administración General del Estado en toda España. Un total de 13.157 era administrativos y 4.086 como auxiliares administrativos.

Oposiciones para Policía Nacional o Guardia Civil

Son oposiciones anuales y siempre en fechas similares, por lo que resta el grado de incertidumbre. Otro factor clave es que el número de plazas suele ser numeroso, por lo que el ratio de opositor por puesto es menor que en otras convocatorias. Solo se precisa de la ESO para acceder.

No obstante, el proceso selectivo es más complejo, ya que la prueba de conocimientos teórico-prácticos posee cierta dificultad y requiere de habilidad y celeridad para resolverla. A ello se le suman los exámenes psicotécnicos y de aptitud psicofísica. El plan de formación se inicia una vez concluido el proceso, siendo de 1.060 horas y 40 semanas de prácticas.

Al conjunto de 40 temas se le suma la complejidad de las pruebas físicas y el examen de ortografía, así como un reconocimiento médico, una entrevista personal y un test psicotécnico.

Oposiciones para la Policía Local

Su convocatoria anual dependerá de cada municipio, aunque la mayoría suelen compartir el mismo temario y pruebas físicas. No obstante, no requieren de titulación superior. Esto favorece a que se puedan presentar en diferentes municipios en el mismo año.

En esta misma línea, resultan más sencillas las oposiciones a agente de movilidad, que es un cuerpo vinculado a la Policía Local en el que basta con la ESO y que requiere permisos de conducir. El temario consta de 20 temas, aunque las convocatorias no son tan frecuentes. El salario depende de cada ayuntamiento pero oscila entre los 1.500 y los 1.800 euros.

Oposiciones para Auxilio judicial

Gracias a la ESO se podrá acceder a este puesto, constando el examen de 100 preguntas basadas en un temario de 26 temas. También se incluyen dos casos prácticos sobre los que se realizarán 40 preguntas de tipo test.

Oposiciones para Auxiliar de enfermería

Será necesario contar con el título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería o una formación profesional de grado medio. El examen es tipo test y consta de 30 a 60 temas.

Oposiciones a Celador

Esta tipología de oposición requiere de la titulación de la ESO, siendo su convocatoria por sistema de concurso-oposición. Solo cuenta con un ejercicio obligatorio centrado en unos 15-25 temas. Existen cursos que habilitan profesionalmente para aprender todas las tareas propias del celador.

Oposiciones a Subalterno y ordenanza

Podrán participar todas las personas que cuenten con la ESO. Se trata de un examen tipo test, un test de cultura general y un caso práctico. El temario puede ser de 10 a 20 temas. Estas oposiciones se convocan de manera regular, tanto por parte de los ayuntamientos como de las comunidades autónomas.

Oposiciones del Ejército Español

Podrán opositar todas las personas de entre 18 y 29 años con la ESO y que cuenten con una medida de 1,55 metros (para mujeres) y de 1,60 metros (para hombres). El examen se conforma de test psicotécnicos en diferentes modalidades.

Oposiciones de ayudantes de instituciones penitenciarias

Salen con relativa frecuencia, por lo que son las que cuenta con más probabilidades de aprobar. El proceso selectivo no es tan asequible, ya que son oposiciones C1que exigen contar con el título de bachiller o de técnico de FP como mínimo. El temario consta de 50 temas y el examen de tres ejercicios: un cuestionario de 150 preguntas, un examen con 10 casos prácticos y una prueba de aptitud médica.

Son muchas las posibilidades que tienen los opositores españoles para encontrar una salida laboral estable. Bastará con una importante formación y preparación, así como un esfuerzo considerable, para conseguir el asequible objetivo.

Cada vez son más las personas que deciden prepararse y presentarse a unas oposiciones en nuestro país y es que la difícil situación laboral actual parece ayudar a tomar esta decisión. Muchos son los españoles que deciden dar el paso movido por el deseo de conseguir la ansiada seguridad laboral, y otros tantos lo hacen por verdadera vocación.

Trabajar en la Administración Pública se ha convertido en un reclamo para una parte importante de la población. El interés por opositar en nuestro país crece un 10%, pasando de casi 3 millones de opositores en el último año, a más de 5 millones en la actualidad.

Este año parece ser una de las convocatorias donde más plazas de empleo público se ofertan desde el Gobierno. Sin embargo, llegar al objetivo no es un camino fácil, se necesitan horas de estudio y dedicación, renunciar a la vida social y sobre todo armarse de mucha paciencia y compromiso. Con todos estos ingredientes, las oposiciones parecen ser una dura travesía, pero ¿cómo funciona realmente ese proceso? ¿Cómo es la situación de un preparador de oposición?

Los números de la oposición en España

A través del estudio realizado por Netquest durante el pasado mes de enero y titulado El peso del opositor en España, hemos conocido de primera mano los datos sobre el volumen de opositores en nuestro país, así como la distribución geográfica, el contexto económico y las motivaciones. Un vistazo general de la figura del opositor.

El estudio informa que uno de cada dos españoles de entre los 18 y los 55 años ha preparado alguna vez, o está pensando en preparar, unas oposiciones. En este sentido, un 29% ha opositado o está opositando y un 22% planea hacerlo en el futuro. En cifras generales, un total de 23.216.933 millones de españoles han opositado o están opositando.

Por comunidades autónomas, Andalucía con un 21,6%, Comunidad Valenciana con 11,2% y Madrid con un 10%, son las que mayor número de opositores tienen; mientras que La Rioja y Melilla con un 0,8%, y Ceuta con un 0,4% es donde menos presencia se registra.

El estudio desvela también cual es la causa del interés por optar a una plaza de empleo público, afirmando que seis de cada 10 opositores confían en que el examen les permita optar a un puesto de empleo que aumente sus ingresos. Del mismo modo, el 65% de los españoles encuestados afirman que ser funcionario les permitirá tener una mejor calidad de vida y estabilidad laboral. En este sentido, el 74% de los españoles considera que ser funcionario permite tener una mejor calidad de vida, por encima de la que ofrecen la mayoría de los empleos.

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Estos días se están celebrando las oposiciones de profesorado de secundaria, formación profesional y de régimen especial, en la que según el sindicato ANPE se ofertan 29.479 plazas, divididas entre 11.603 de reposición por jubilaciones y 17.876 de estabilización de puestos.

La otra cara de las oposiciones

Sin embargo, dentro de este atolladero de apuntes, ejercicios prácticos, número de plazas y fechas de exámenes, entran en juego otros elementos que no hacen más que crispar el ambiente. Las recientes noticias sobre posibles situaciones de fraudes dentro del marco de las oposiciones, o todo lo que rodeada a las propias oposiciones, han puesto en tela de juicio un sistema que cada vez parece más demandado.

El negocio de los preparadores

Aunque se trata de un asunto que cuesta esclarecer, son muchas las denuncias realizadas desde el anonimato que afirman que los preparadores en muchos de los casos son los propios funcionarios, la gran mayoría en activos aún, que saltándose la ley realizan malas praxis.

El negocio de preparar las oposiciones parece que forma parte de nuestro día a día. Aprovechando su posición, tienen acceso a los exámenes, a los propios tribunales y a quienes realizan y diseñan los propios documentos. El negocio ya está hecho, con toda esta información y ofertando sus servicios por internet mediante anuncios, pueden garantizar el éxito de sus alumnos.

Otros casos si están incluidos dentro de la legalidad, como ocurre con los tecos (Técnicos Comerciales del Estado), cuerpo que tiene una academia pública que prepara para sus exámenes, el CECO.

Un negocio libre de impuestos

La preparación privada de opositores es un asunto que está escasamente regulado, y que genera una gran cantidad de ingresos para quienes realizan estas labores. Dentro del cuerpo del Tribunal Supremo también se produce, donde los propios magistrados cobran por dar clases a sus alumnos.

Se tratan de profesionales del Estado que en su vida privada y desde sus casas realizan estos trabajos extras. Jesús Martínez, director del Área de Oposiciones de la Academia CEF, afirmó que “donde hay más preparadores privados es en el carrera judicial, alrededor del 80 y 90% son particulares.

El precio que un aspirante a funcionario paga por ser formado por estas personas ronda los 200 euros, por lo que estos preparadores adquieren un cuantioso sobresueldo que puede incluso llegar a duplicar su salario como funcionarios del Estado.

Desde el Consejo General del Poder Judicial se requiere que quienes quieran dedicarse a preparar oposiciones pidan un permiso de compatibilidad si van a dar más de 75 horas al año de clases, sin embargo, de los 5.502 jueces en activo, un escaso número de profesionales lo había solicitado.

El sueño por alcanzar para muchos es encontrar el trabajo de su vida. Un empleo que les dé estabilidad, buenos ingresos, la ansiada conciliación familiar y sobre todo, sin el temor a levantarse mañana y verse en las listas del paro. En busca de este anhelo son muchos los españoles que llevan toda la vida estudiando, formándose y preparándose para en algún momento alcanzar ese objetivo.

Sin embargo, tener un currículum extenso a nivel formativo no siempre es sinónimo de éxito en nuestro país y las oficinas nacionales de empleo están atestadas de españoles ampliamente cualificados que buscan incansablemente un trabajo digno a su nivel. Ahora que la situación se vuelve cada vez más complicada con el encarecimiento del nivel de vida y el estancamiento de los sueldos, se abre una alternativa cada vez más extendida, la oposición.

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La inestabilidad laboral la principal causa

El pensamiento más generalizado para plantearse preparar unas oposiciones es la crudeza de la empresa privada, con sueldos insuficientes, impagos, abusos horarios con horas extras que no se pagan y en definitiva un nivel de decepción y agotamiento abismal.

También son muchos los ciudadanos que aspiran a tener mejores condiciones laborales con jornadas de 8 horas, fines de semana y festivos libres, sueldos dignos, posibilidad de permisos y excedencias, y sobre todo estabilidad laboral. Además el tiempo en situación de desempleo les hace tomar una decisión que les permita cambiar su destino o al menos probar suerte.

Objetivo a la vista, ser funcionario

La tranquilidad económica y emocional que ofrece el empleo público lo convierte en un sueño por alcanzar para una gran parte de la población. El 74% de los españoles cree que ser funcionario permite tener una mejor calidad de vida que el resto de empleos. Tal es este pensamiento, que los números hablan por sí solos, y es que seis de cada diez españoles de entre 18 y 55 años de edad se decantan antes por un puesto en el Estado que convertirse en trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia.

Ser funcionario es un objetivo para muchos, y esto se refleja en que 6.800.000 millones de españoles (un 29% de los ciudadanos) ha declarado haber opositado o estar en ello, mientras que 5.100.000 millones piensa hacerlo (un 22% de la población). El número de españoles que quieren opositar ha crecido un 10% respecto al pasado año 2022, donde la cifra de opositores era de 2.900.000 millones.

El funcionariado se ha convertido en el trabajo más deseado, y es que más de siete millones de españoles se encuentran ya opositando o al menos se lo plantea. Prueba de ella es el incremento de estudiantes que están experimentando las academias formativas, donde algunas declaran ya estar preparando a un 60% más de personas que años atrás.

Por Comunidades Autónomas, las regiones con mayor número de opositores en este 2023 son Andalucía con un 21,6% de éstos, Comunidad Valenciana con un 11,2% y Madrid con un 10%. Por debajo quedan Castilla y León (6,8%), Castilla La Mancha (6,4%) o Cataluña (6%). Las que menos opositores presentan son Ceuta y Melilla con un 0,4% y 0,8% respectivamente, y La Rioja con un 0,8%.

A nivel poblacional, donde mayor número de opositores hay es en Canarias con 44%, Aragón con un 42%, Castilla La Mancha con un 37%, Castilla y León con un 33%, Andalucía con un 33% y Galicia con un 31%. Por debajo de la media nacional se sitúan Cataluña y Madrid con un 17% y un 23%.

La oferta de plazas públicas

En los próximos meses el Estado tiene en proyecto sacar un número importante de plazas públicas en todo el territorio nacional, y es que ha llegado el momento de cubrir los puestos vacantes que llevan tantos años esperando y empezar a hacer frente a las jubilaciones que están por llegar.

Las oposiciones se dirigirán a todos los sectores, pasando por médicos y enfermeros, a ingenieros, arquitectos, científicos, investigadores, bibliotecarios, profesores, veterinarios, administrativos, informáticos, contables, auditores, inspectores de Hacienda y de Trabajo, astrónomos, farmacéuticos, traductores o letrados entre otros.

Los españoles buscan que una de esas más de 21.000 plazas para nuevos funcionarios sean suyas. Estas plazas cubrirán ofertas de empleo pertenecientes a los años 2020, 2021 y 2022. A esa cuantiosa cifra, habrá que incluirle las cerca de 9.000 plazas correspondientes al Ministerio de Justicia del pasado año, repartidas en Gestión Procesal con 2.038 plazas, Tramitación Procesal con 3.656 plazas y Auxilio Judicial con 3.091 plazas; y los 7.687 puestos para Correos.

En cuanto a Hacienda, a las más de 4.000 plazas pendientes de años atrás, hay que sumar las del año en vigor, repartiéndose entre Cataluña (240 plazas), Comunidad de Madrid (217 plazas) y Castilla La Mancha (84 plazas).

En lo referente a Educación, Primaria prepara más de 32.000 plazas, siendo Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía las regiones con mayor número de vacantes; Secundaria llegará a las 47.000 plazas, destacando las comunidades de Cataluña, Andalucía y Madrid como las que más oferta tendrán; y el Técnico Superior de Educación Infantil contará con más de 4.000 plazas.

Aunque mis ideales se alejan de la defensa del empleo público he de reconocer que lo que le ha hecho el Estado y la Junta de Andalucía a los opositores de Secundaria andaluces no tiene perdón de Dios. Primero cambian el temario, tirando horas de trabajo, estudio y academias a la basura, y ahora bloquean la convocatoria mediante un recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, dejando a los opositores literalmente con el culo aire, si me permiten la expresión.

El Gobierno, se escuda para llevar a cabo este “recorte” en el real decreto aprobado el pasado diciembre, el cual ignoró la Junta de Andalucía al convocar las 2.389 plazas un par de meses después, y que bajaba la tasa de reposición del 30% al 10%. Sin embargo, los opositores no lo tienen nada claro. De hecho, nadie lo tiene claro, ni siquiera los sindicatos, que a día de hoy no se han manifestado con una postura clara respecto a este asunto.

A partir de aquí pueden pasar dos cosas: que las oposiciones queden paralizadas indefinidamente, lo cuál sería catastrófico para el opositor que ha invertido los últimos meses de su vida en prepararlas, o bien que el número de plazas convocadas se reduzca de 2.389 puestos a sólo una tercera parte, con lo que las posibilidades de conseguir una de estas plazas se reduciría considerablemente. Si una opción es mala, la otra es peor.

Como digo, mi postura respecto a este tijeretazo es un tanto confusa, ya que por un lado lo considero un recorte necesario, pero por otro no estoy de acuerdo con la forma en la que han procedido a llevarlo a cabo. Con la que está cayendo, la gente no está para demasiadas tonterías y el tiempo es un bien demasiado importante para que Gobierno y Junta de Andalucía decidan trasladar el problema de sus desacuerdos a los opositores.

Otro asunto que está generando bastante polémica es el que se refiere a las tasas. Cada uno de los 32.721 aspirantes a las oposiciones de Secundaria convocadas por la Junta de Andalucía ha pagado alrededor de 70 euros en concepto de tasas. Aunque a título individual la cantidad no es muy significativa, en su conjunto suma más de 2,2 millones de euros.

Muchas de estas personas han acudido a recuperar su dinero y la postura oficial, bastante confusa por cierto, es que no se efectuará el reintegro hasta que no se anule definitivamente la convocatoria, lo que ha sembrado aún más nerviosismo entre unos opositores que se sienten engañados y con la sensación de haber perdido energías, tiempo y dinero en preparar unas oposiciones que no llegarán a ningún sitio.

Vía | Sur
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En la presentación de su recién creado Informe Económico del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se mostró totalmente partidario del acuerdo entre sindicatos y empresarios como vía para realizar reformas económicas, e incluso se comprometió a que "no embarcará al Gobierno en ninguna reforma económica de calado que no cuente con el aval del diálogo social".

Sin duda, el acuerdo entre sindicatos y empresarios es fundamental para que cualquier reforma importante llegue a buen puerto. No en vano son ellos los encargados de llevarlas a la práctica sobre el terreno y un desacuerdo de base asegura muchas tensiones que acaban por erosionar la eficacia de dichas reformas.

Sin embargo, yo echo en falta en esa promesa de diálogo y de pacto un actor fundamental: el principal partido de la oposición.

Y es que, en condiciones normales, en una democracia como España la alternancia política es algo que se produce más pronto que tarde, algo que de hecho es sano. Y lo cierto es que las reformas importantes suelen tener un impacto en un periodo superior al de una legislatura. Por lo tanto, si no hay consenso entre los dos grandes partidos en condiciones de formar gobierno, cualquier reforma acabará siendo contrarrestada por un posible gobierno entrante.

El problema es que, según leí en algún sitio, la diferencia entre un estadista y un político es que mientras el primero piensa en las siguientes generaciones, el segundo sólo piensa en las próximas elecciones. Y aquí andamos escasos de estadistas. "Al adversario, ni agua". Y en estas condiciones, en las que el consenso y el acuerdo es visto como una concesión y una debilidad, es muy difícil encontrar espacios de acuerdo que aseguren la estabilidad a medio y largo plazo de las medidas adoptadas.

Gobierno y oposición, sindicatos y empresarios, todos deberían tener unas miras superiores cuando piensen en reformas importantes.