El cambio climático se ha convertido en los últimos años en una de las principales preocupaciones mundiales. Muchos países han tomado medidas serias para combatirlo, estableciendo récords mundiales en la cantidad de objetivos de reducción de emisiones de carbono que presentaron a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

La estrategia más viable para reducir las emisiones de carbono ha sido reducir el consumo de combustibles fósiles por parte de los países desarrollados y en desarrollo por igual. Así se ha formado la transición energética.

Los países desarrollados han estado alentando a sus contrapartes en desarrollo a adoptar estas industrias menos contaminantes brindando apoyo financiero con miras a promover el crecimiento económico. Además, estos países ya están promoviendo incentivos tanto para las personas como para las empresas.

Pero han surgido varios obstáculos de planteamiento en esta transición energética. El primero era dar como valor seguro la seguridad energética, seguidamente si el ritmo era el adecuado para impulsarla y, por último, las voluntades dispares de los países desarrollados y los que se encuentran en desarrollo.

La seguridad energética ha sido un riesgo que ha disminuido en gran medida en los últimos años. Los shocks energéticos, las dificultades económicas resultantes, el aumento vertiginoso de los precios de la energía inimaginables hace 18 meses y los conflictos geopolíticos han obligado a muchos gobiernos a reevaluar sus estrategias.

Esta reevaluación reconoce que la transición energética debe basarse en la seguridad energética, es decir, un suministro suficiente y asequible, para asegurar el apoyo y evitar graves trastornos económicos y las peligrosas consecuencias políticas que pueden seguir.

La actual crisis energética mundial no comenzó con la invasión de Ucrania en febrero de 2022. En cambio, comienza a finales del verano de 2021. El repunte económico que siguió al fin del confinamiento mundial por la COVID-19 ha provocado que el consumo mundial de energía se dispare.

Hablemos del tiempo. Todas las transiciones anteriores han sido impulsadas en gran medida por ventajas económicas y tecnológicas disfuptivas más que por la política, que es el principal impulsor esta vez. Cada una de las transformaciones anteriores ha llevado más de un siglo o más, pero ninguna ha sido del tipo previsto actualmente. El objetivo de esta transformación no es solo introducir nuevas fuentes de energía, sino cambiar por completo la base energética de la actual economía global, y hacerlo en solo un cuarto de siglo. Esta es una ambición muy ambiciosa, y nunca antes se había intentado un proyecto de esta escala.

En último lugar, existe una división cada vez mayor entre los países desarrollados y los países en desarrollo sobre las prioridades en la transición. Se encuentran obstáculos para expandir la minería y construir cadenas de suministro para los minerales necesarios para el objetivo de cero emisiones netas.

Lo que puede ser una prioridad para las economías desarrolladas quizá no lo sea para las que se encuentran en vías de desarrollo, su prioridad se encuentra en el crecimiento económico para lidiar con la pobreza.

Miles de millones de personas todavía cocinan con madera y desechos, lo que genera contaminación en el interior y problemas de salud. Muchos de estos países buscan aumentar el uso de hidrocarburos como parte integral de la mejora del nivel de vida. Tenemos el casó de India que si bien realiza importantes compromisos con las energías renovables, también está construyendo un sistema de distribución de gas natural valorado en 60.000 millones de dólares. Los países en desarrollo buscan iniciar y expandir el uso de gas natural para reducir la contaminación interior, impulsar el desarrollo económico y crear empleos, en muchos casos.

La subida de tipos de interés que estamos viendo este año por parte de las autoridades monetarias para combatir la inflación, supone un duro golpe para los países altamente endeudados porque en el momento de enfrentarse a los vencimientos de deuda que hay que refinanciar con nuevas emisiones, el coste de la emisión, es más alto.

Durante muchos años el control del déficit ha sido una cuestión menor para muchos países desarrollados y esa carencia de estabilidad presupuestaria ha llevado, en muchos casos, a deudas récord y que, a pesar de los bajos tipos de interés, estuvieran afrontando pagos elevados por el servicio a la deuda.

Desde la óptica del los países de la OCDE, muchos países mantienen una deuda pública superior al 60% del PIB, siendo los más altos los registrados en Grecia (194,63%), Italia (156,14%), Portugal (138,76%), Reino Unido (128,55%), España (122,43%), Bélgica (120,17%) y Francia (118,5%). Entre los 22 países miembros de la OCDE y la UE (OCDE-UE), la deuda bruta de las administraciones públicas aumentó del 97% del PIB en 2019 al 115% en 2020.

Tener una elevada deuda puede ser un problema dependiendo del coste de ella. Y en ese punto entra el riesgo país que mide tanto los riesgos económicos como los políticos. Los riesgos económicos están asociados con la condición financiera de un país y su capacidad para pagar sus deudas. Pero también tenemos los riesgos políticos están asociados con los políticos de un país y el impacto de sus decisiones sobre las inversiones que condicionará la capacidad de pago de la deuda y también la voluntad de afrontar el pago de la misma.

Pero gracias a los prolongados bajos tipos de interés, los gobiernos de la OCDE han pagado menos por su deuda en los últimos años, a pesar de que los niveles de deuda soberana son elevados y presentan una tendencia al alza en muchos países. Incluso, teniendo en cuenta el incremento de los montos de endeudamiento provocado por la crisis de COVID-19, el gasto en intereses de la deuda pública pendiente siguió disminuyendo en la mayoría de los países en 2020.

Según los datos de la OCDE, el país miembro que afonta una mayor carga de intereses en 2021 sería Italia porque está pagando el equivalente al 3,1% de su PIB en intereses. Seguidamente tenemos a Grecia, con el 2,6% y a Estados Unidos con el 2,5%. En el caso de Estados Unidos su coste viene condicionado por una Reserva Federal que tradicionalmente ha mantenido los tipos de interés más elevados que los del BCE.

La media del pago de intereses en relación con su PIB de la OCDE se sitúa en el 1,5%. Y quedan por encima países como Hungría (2,3%), Islandia (2,2%), Reino Unido (2,1%) y España (1,8%).

La sostenibilidad de la deuda

La sostenibilidad de la deuda soberana es un tema que ha ido ganando protagonismo por aumentos masivos de la deuda desde la crisis económica de 2008 y, más recientemente, durante la pandemia de COVID-19. En este contexto, algunos argumentan que los riesgos de sostenibilidad de la deuda se reducen significativamente siempre que el tipo de interés sea inferior a la tasa de crecimiento del PIB.

Si bien es cierto que un diferencial negativo entre los tipos de interés y el crecimiento ayuda a estabilizar la deuda a muy largo plazo, la dinámica de la deuda a corto plazo también depende del saldo presupuestario primario y de un aumento continuo de la deuda.

Con la situación presente, mantener una deuda alta aumenta la vulnerabilidad de los países a los aumentos de los tipos y las caídas del crecimiento, y aumenta los riesgos de refinanciación de la deuda. Esto es aún más importante dada la incertidumbre y la volatilidad que vemos hoy.

Si bien la respuesta fiscal a la crisis de la COVID-19 evitó daños en términos de empleo, al mismo tiempo, la deuda pública en relación con el PIB ha alcanzado los niveles más altos en varias décadas, lo que se suma a una tendencia alcista anterior a la crisis en la deuda soberana.

A pesar del aumento de la deuda y hasta ahora, los pagos de intereses del gobierno han disminuido desde la década de 1980, alcanzando un poco más del 1% del PIB en la economía mediana de la OCDE, siendo ese el principal incentivo para no detener la bola de deuda.

Con tanta deuda, las finanzas públicas hoy son vulnerables a los cambios en las condiciones económicas en general y sobre los tipos de interés en particular. Por ejemplo, las disminuciones en el PIB pueden generar grandes aumentos en la relación deuda/PIB. El riesgo de refinanciación está presente y debería mitigarse gestionando el vencimiento de la deuda para evitar la concentración de grandes refinanciaciones de deuda en un momento de tipos de interés altos. Las compras de bonos del gobierno por parte de los bancos centrales también podrían ayudar a mitigar los riesgos de refinanciación,

Que España tiene un problema con la natalidad es algo que sabemos todos. Llevamos décadas con tasas de natalidad por debajo de la sustitución y cada año que pasa marcamos mínimos en nacimientos. Hace ya unos años (desde 2016) que los fallecimientos superan los nacimientos.

Sin embargo en países de nuestro entorno (y alguno lejano) la situación no es muy distinta. Nos vemos abocados a un crash poblacional sin precedentes y que podría estar detrás de algunos cambios económicos que veremos en en futuro.

Las cifras de España

Por mucho que intentemos adornar las cifras, la realidad es que vamos a un decrecimiento de población general. La tendencia es clara: hemos llegado al pico y de aquí vamos para abajo. La mediana de las predicciones dice que si ahora estamos entorno a 47 millones de habitantes, en 2100 estaremos por los 30.

Esto implica que a partir de ya somos un mercado cada vez menos interesante para las empresas. Un mercado decreciente y un país al que le costará subir el PIB, ya que para lograrlo la productividad debe crecer más rápido que el ritmo al que la población decrece.

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Y esos cambios al mismo tiempo que las pensiones se vuelven un problema para las cuentas públicas, así que los poderes públicos estarán más centrados en salvar la economía personal de un grupo de votantes cada vez más numeroso que en los problemas económicos derivados de esta situación.

Otros países que lo tienen complicado

España no es el único país en esta situación. Por ejemplo Italia ya hace un par de años que tocó el pico y su población ya está descendiendo. Y será más acusado, ya que ahora mismo tiene 60 millones de habitantes y en 2100 prácticamente estará igualado a España.

Otro ejemplo del debacle poblacional es China, que está viendo como su política del hijo único implantada hace 50 años ya está haciendo estragos. Y a eso se le suma la prosperidad reciente, que hace sus tasas naturales, sin presión política, se reduzcan aún más.

También podemos ver que el fenómeno no es solo Europeo o en países que han aplicado políticas disparatadas de control de la natalidad. Corea, un país asiático próspero, tiene también una tendencia que habla por si sola.

Y no hay más que mirar a un mapa de Europa para ver que muchos países van a estar en una situación parecida a la de España. Poblaciones decrecientes, algo nunca visto en la historia de forma sostenida.

Países que se libran de la quema (parcialmente)

Hay algunos países desarrollados que logran mantener una tasa de natalidad decente, no para seguir con aumentos de población, pero al menos para estabilizarse. Tres ejemplos son el Reino Unido, Francia y EEUU.

Estos son países donde los incentivos a la natalidad logran funcionar algo mejor que en el resto del mundo. Y donde la inmigración también logra compensar algo la caída de la natalidad, pues ninguno de estos países logra tener la tasa de natalidad superior a 2 ni mucho menos.

¿Dónde invertirán las empresas?

Este crash poblacional tendrá un gran impacto en el futuro. Primero porque sin aumento de población no hay crecimiento económico. No hay más que ir a zonas envejecidas, pueblos casi abandonados o a un barrio donde hay gente joven e hijos. ¿Dónde hay realmente oportunidades de empleo y vibra la economía? Pues el futuro de España y otros países es más parecido a la "España vaciada" que a un barrio joven.

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La baja natalidad de las últimas décadas trae de cabeza a las empresas, no encuentran trabajadores

Pero es que además este hundimiento poblacional traerá otras consecuencias. ¿Dónde van a invertir las empresas? ¿En zonas donde la población desaparece y le cuesta encontrar a trabajadores o en zonas donde al menos se logra mantener la población? La respuesta es clara.

De hecho uno de los motivos actuales de la escasez de trabajadores cualificados en algunos sectores es simplemente que ya se empieza a notar la disminución de población en algunas franjas de edad. Y ese es el futuro que nos espera.

En unas tres o cuatro décadas vamos a ver un hecho insólito en 60.000 años, una caída sistemática de la población mundial, no provocada por ninguna guerra o enfermedad. Será una noticia cómo afectará a las empresas y cómo se adaptarán, pero es que la caída de la natalidad está afectando ya a las mismas. Los directivos ya están asustados por el cambio poblacional, la disminución de la natalidad está afectando hoy a las empresas.

De hecho se cree que el fenómeno de la “Gran Renuncia” que está sucediendo en EEUU, podría estar relacionado con la escasez de natalidad. Los nuevos trabajadores tienen menos competencia para encontrar un trabajo. Microsoft ya lo ha dicho, la escasez de natalidad es un freno a su crecimiento como empresa. A pesar de la incertidumbre por la recesión, tienen que subir los salarios. Este problema también lo ha experimentado Tesla.

La escasa natalidad, un fenómeno mundial

Se cree que China entre 2023 y 2024 empezará a reducir su población, aunque hay quien afirma que podría estarlo haciendo ya y que está falsificando sus datos de natalidad. Japón lleva años reduciendo su población, al igual que Corea que ha disminuñido un 88% la tasa de nacimientos entre 1960 y 2020 (ajustado a la población). Entre y en Europa y EEUU esta aumenta por la inmigración, pero no por los nacimientos. Turquía ya tiene nacimientos por debajo de la tasa de reemplazo de los 2,1 hijos por mujer.

En EEUU entre 1950 y 2016 se incroporaban cada año unos cinco millones de personas al mercado laboral al alcanzar la edad legal, pero en 2016 estas cantidad empezó a disminuir y se llegó a los tres millones de personas anuales según el presidente de Microsoft. 2016 según los trabajos de Jesús Fernández-Villaverde es posible que fuera el pico histórico de nacimientos en el mundo. Además países como Marruecos, India Túnez están rondando en los 2,1 hijos por mujer, la considerada tasa de reemplazo.

Además, al reducirse la natalidad de países emisores de emigrantes como México respecto a EEUU o Turquía y países africanos respecto a Europa, la inmigración no va a ser una solución, aunque sigan los flujos de inmigración, habrá menos población que quiera emigrar.

Existen excepciones, como Israel donde sus fuertes comunidades religiosas mantienen la tasa alta, las diferencias religiosas se notan cada vez más. Muchos países intentan poner remedio. En China por ejemplo se han prohibido las clases particulares con el objetivo de quitar esta carga económica a los padres y que ellos se animen a tener más hijos.

Las empresas encuentran cada vez más escasez de trabajadores

Ya hemos hablado de Microsoft y Tesla, también hemos hablado sobre como Goldman Sachs, que hace unos años era la meca donde aspiraban a entrar los graduados de MBAs de las mejores escuelas de EEUU, está teniendo que ofrecer más vacaciones a sus trabajadores. En EEUU se habla de “”El Gran Plantón”. Se contrata a una persona y esta no aparece en el trabajo su primer día, ¿una locura? Puede que esté sucediendo a entre el quince y el veinte por ciento de las ofertas de trabajo, es decir, una de cada cinco. En EEUU unos 50 millones de personas renunciaron a su trabajo en 2021, en Italia, lo hicieron menos proporcionalmente, 1,3 millones de personas.

Pero con el alto desempleo que tenemos en España y en países latinoamericanos, ¿no nos pilla un poco lejos? Quizás no tanto. En España una de cada dos empresas tienen problemas para encontrar personal cualificado. La falta de coordinación entre los cursos de formación a desempleados y las demandas del mercado laboral así como la escasez de vivienda en los centros económicos más importantes, hacen que esto sea un problema.

De hecho, por parte del gobierno, se quiere poner remedio a esto. Según declaraciones de la ministra de trabajo Yolanda Díaz que se necesitan 109.000 trabajadores, la mayoría para hostelería, pero muchos para perfiles más cualificados del sector tecnológico. Según el estudio de empleabilidad digital de la fundación VASS, unos 7.000 puestos se quedan sin cubrir al año y el desempleo en los perfiles tecnológicos es de sólo el 3%. También se habla de una "dimisión silenciosa", en la que los trabajadores dejan su trabajo haciéndolo mal.

En México el 41% de las empresas han registrado salidas inusuales, se habla de un posible llegada de la gran dimisión a Latinoamérica. Quizás a esta región llegue un poco más tarde la escasez de trabajadores, pero en 2018 ya empezaban a salir algunas voces que avisaban de una disminución de la natalidad en Latinoamérica, ¿los peores? Brasil y Cuba, ya estaban por debajo de la tasa de reemplazo.

Las empresas van a tener que incrementar poco a poco su lucha para obtener trabajadores y la atención de los consumidores, ambos se están volviendo cada vez más escasos. Los trabajadores empiezan a notarlo. Cuando estudiaba en la universidad en la primera década de este siglo, ya nos avisó un profesor que la menor natalidad de nuestra generación iba a hacer que tuviéramos un mejor mercado laboral. La crisis financiera de 2008, la de deuda pública posterior y la crisis de la pandemia de la covid19, hacen pensar que no es cierto. Pero si volviera la estabilidad económica y de suministro energético, es posible que empecemos a vernos beneficiados de la misma.

Pregunta a los lectores, ¿están experimentando mejores oportunidades o todavía no ha llegado ese momento a donde viven?

Que el 2022 puede ser un año de crisis todos lo tenemos claro, los ingredientes están ahí: alta inflación, problemas con los suministros globales, crisis energética, guerra en el este de Europa... pero algunos países llevan la delantera: Sri Lanka ha colapsado, sin ir más lejos.

Sri Lanka es un país asiático con una historia convulsa desde su independencia parcial en 1949 y total en 1972. Una guerra civil que duró 25 años y terminó finalmente en 2009. Y ahora, apenas una década después, su primer ministro presentó hace dos meses un escenario económico apocalíptico que finalmente se ha cumplido.

El país no tiene gasolina y las colas se multiplican. Las revueltas han incendiado la casa del Primer Ministro y llegado también a la casa presidencial. El Presidente ha dimitido y el Primer Ministro (que apenas lleva unos meses en el cargo) también. Y no hay soluciones sencillas para esta crisis.

Las cuentas de Sri Lanka

Hace dos meses el que era el nuevo primer ministro no quiso poner paños calientes y tomó el timón presentando unas cuentas absolutamente disparatadas, que no hacen más que mostrar el colapso ante el que están.

1. The next couple of months will be the most difficult ones of our lives. I have no desire to hide the truth and to lie to the public. Although these facts are unpleasant and terrifying, this is the true situation. #SriLankaEconomicCrisis

— Ranil Wickremesinghe (@RW_UNP) May 16, 2022

Por un lado el déficit público está en el 13% del PIB. Las reservas en dólares, que se situaban en 7.500 millones de dólares en noviembre de 2019, se han evaporado totalmente. No tiene petróleo y el que llega se agota inmediatamente. Los combustibles están llegando a cuentagotas, ya que no disponen de dólares para importarlos y las colas para llenar los depósitos son interminables.

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Sectores contracíclicos en los que invertir si la economía se va al garete

Pero es que la generación de electricidad en Sri Lanka se basa principalmente en quemar petróleo. Los apagones duran 15 horas al día. No tienen gas. Tienen escasez de medicinas y equipamiento médico. Es un país al borde del abismo.

Y por supuesto todos los parches temporales aplicados en los dos últimos meses (que no han funcionad) se basan en líneas de crédito. Y el FMI va a entrar a rescatar al país, de lo contrario las consecuencias humanitarias serían catastróficas.

Los motivos

Una crisis tan general no puede tener un único motivo. La crisis empezó a fraguarse en 2019, con unos atentados brutales que espantaron al turismo. A esto se le sumó la crisis del Covid y un clima que no acompañó a la agricultura.

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Una crisis alimentaria mundial viene, y no es sólo por la guerra en Ucrania

Pero no han sido solo eventos externos los que han precipitado la crisis. La gestión de los políticos ha sido pésima. Dos decisiones han arrastrado al país: la primera, la prohibición de usar fertilizantes químicos en la producción agrícola, un desastre para un país exportador de productos agrícolas; la segunda, la rebaja de impuestos del antiguo primer ministro, que hundió los ingresos y disparó el déficit.

¿Veremos más escenarios así en 2022?

Seguramente no sea el último país que veamos colapsar en 2022. Los precios de la energía y los alimentos más básicos (aceites) se están disparando y esto puede afectar gravemente a los países en desarrollo. Si la economía de un país está basada en unos pocos productos y estos no se ven afectados positivamente por las tendencias actuales, el país está condenado.

El FMI va a tener bastante trabajo este año. No perdamos de vista a países como Indonesia que ya tiene revueltas por los precios del aceite de palma, o países muy importadores de trigo como Irán. Por no hablar de algunos países africanos muy dependientes de los precios de los alimentos internacionales.

Uno de los fenómenos socio-económicos más ancestrales que existen, es la inmigración y uno de los más controvertidos por parte de las sociedades que la reciben, ya que no siempre es bienvenida. En este artículo voy a analizar económicamente el impacto que genera, no solo en el país de destino, sino también en el país de origen, y cuales son los motivos de los emigrantes en cambiar de país para poder desarrollar su vida.

Cómo sea, es curioso observar como los flujos de capital son totalmente capaces de moverse libremente, pero no así los humanos en un mundo más globalizado y con unas diferencias económicas cada vez más acusados. Es conocido el amplio desequilibrio entre las rentas per cápita de los países pobre y ricos. En 1960 la renta per cápita de países ricos como EEUU era 10 más grande que la de países pobres como Madagascar. En el año 2000 esa diferencia era prácticamente 50 veces mayor entre ambos países.

Los flujos migratorios

Los flujos migratorios al igual que otros movimientos de carácter social y poblacional, han sido analizados en términos numéricos. De 7.000 millones de habitantes que hay en el mundo actualmente, 232 millones viven fuera de sus países de origen en 2013, lo que representa en torno a un 3% del total, cuando en el año 2000 representaba unos 175 millones de la población mundial (según datos de la ONU). Los motivos para la emigración aparentemente son claros. El factor económico es la primera fuerza motriz del fenómeno, pero si lo analizamos con más detenimiento, podemos obtener otros motivos. En el gráfico de abajo facilitado por la BBC, se analizan algunos de los flujos más importantes a nivel mundial.

La teoría clásica de la emigración (Sjaastad 1962, Borjas 1989) ha documentado este fenómeno, desde su modelo más sencillo a través de la siguiente fórmula:

di =wf,i -wh,i -zi -c> 0

donde wf,i es la retribución económica del país de destino, wh,i la retribución económica del país origen, zi es el diferencial compensador del país origen sobre el país de destino y c es el coste de la emigración. Básicamente, la fórmula viene a determinar que la inmigración para el individuo que decide cambiarse de país es económicamente rentable si y solo si, el incremento salarial en el país destino sobre el país de origen, compensa la preferencia de quedarse en su país de origen y el coste de la emigración.

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Debemos considerar otros aspectos que inciden en los parámetros de la ecuación:

• Considerar el círculo social del emigrante en el país destino, el efecto de tener amigos y parientes en dicho país, lo que hace que en la fórmula anterior se reduzca la variable zi (habrá menos tendencia a quedarse en el país origen) y reducirá la variable c (el coste de la emigración), lo que en principio permitirá una emigración más barata. Ambos hechos favorecerán a que el proceso migratorio se produzca.

• Por otro lado, en principio la decisión de emigrar en algunos casos, no solo depende del individuo que emigra, sino también del país que acoge. Muchos países están limitando el flujo de emigrantes o haciendo procesos selectivos a la emigración, en virtud a las destrezas y aptitudes profesionales de la masa emigrada, como es el caso de Australia. En este caso el coste de la emigración (ci) se encarece ampliamente, hasta el punto en que hay casos en que profesionales con destrezas demandadas en el país de destino, no les compensa todo el proceso. Obviamente, bajo estas circunstancias, la tendencia a emigrar se retrae.

En principio, todo parece indicar que los flujos migratorios dependen solo de aspectos económicos, y solo si a la población emigrada y/o al país de destino les compensa económica, el proceso se materializa. Bien, un leve análisis sobre los principales flujos migratorios en el mundo, pone de manifiesto que la teoría clásica de la emigración es más que relativa, ya que existen flujos migratorios entre países con niveles económicos similares. Por ejemplo, todo el flujo de emigrantes británicos e irlandeses buscando las soleadas playas de Australia, flujos migratorios cruzados entre países origen y destino (como por ejemplo Rusia y Ucrania, o Rusia y Kazajastán), y flujos migratorios de países más ricos a países más pobres, como es el caso de jóvenes profesionales como médicos, arquitectos o ingenieros de países ricos que buscan desarrollar su carrera en países más pobres o en vías de desarrollo, donde su perfil es mucho más demandado.

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De hecho, dos investigadores del Banco Mundial ya han analizado estos flujos entre el Norte y el Sur, el Sur y el Norte, así como los flujos cruzados, matizando la necesidad de regular e incentivar dichos movimientos migratorios para que el proceso de globalización no se enfoque solamente desde el punto de vista del capital, sino también desde el beneficio de las personas. Desde ancianos del norte, que buscan el buen clima o una sanidad más barata en los países del sur, hasta estudiantes o trabajadores del sur que buscan mejores condiciones laborales en el norte.

Como sea, un estudio hecho por la ONU analiza desde dónde emigran la mayoría de los emigrantes a nivel mundial. La mitad de la masa de población que emigra lo hace solo a 10 países concretos en el mundo. En el gráfico de abajo, muestra que el país que recibe más inmigrantes en el mundo es E.E.U.U con un total de 46 millones de personas.

Impacto económico de la migración

Ante la pregunta que da título a este artículo, hemos visto cómo la economía incentiva la migración, aunque también se desvelan otras motivaciones ¨no económicas¨ para que se produzca. Pero por otro lado, ¿es la emigración buena para la economía?. Un estudio realizado por la OCDE en el 2014, desgrana los beneficios que provoca la emigración en los países de acogida. En dicho estudio desvela los siguientes aspectos:

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1. La emigración ha generado el 47% del incremento total de la fuerza del trabajo en EEUU, y un 70% en la UE, alimentando lo mismo sectores de la economía en auge, como otros en declive, así como un nuevo flujo de población en edad de trabajar en poblaciones cada vez más envejecidas y fuera del mercado laboral.

2. Puede producir una bajada de salarios reales en el mercado laboral de acogida, debido al incremento de la oferta laboral, aunque este efecto solo es cortoplacista, y solo se produce en sectores concretos, muy intensivos en mano de obra, y no en toda la economía. Un incremento de personas trabajando, con ingresos recurrentes, incentiva la demanda agregada de la economía, crecimiento económico y crecimiento de la renta per cápita del país de acogida.

3. El estudio matiza el alto grado de formación de dichos inmigrantes que están favoreciendo al desarrollo tecnológico de la sociedad. La OCDE demuestra que se ha incrementado en un 70% los emigrantes con estudios superiores en países de la OCDE en los últimos 10 años, alcanzando un total de 30 millones en 2010-2011.

4. La mayoría de la masa de inmigrantes que entran en los países de acogida están en edad de trabajar, siendo este uno de los principales motivos de su cambio de residencia, lo cual hace que los inmigrantes que permanecen en el país sea por motivos laborales. Esto se traduce en que son fiscalmente rentables para el país de acogida, esto es, que pagan más impuestos y seguros sociales al Estado que les acoge, que prestaciones sociales del mismo. Cierto es, que el impacto de dichos superávits fiscales tiene un escaso impacto en el PIB de los países de acogida, debido a que son una proporción minoritaria del total de la población. la OCDE mide un impacto medio del 0.5%, incrementándose a un 2% en Suiza y Luxemburgo.

5. Por último matiza, que la entrada de trabajadores inmigrantes complementa el mercado de trabajo de la población autóctona, no lo substituye, y permite una mayor movilidad del mercado laboral en general.

Un estudio económico de estas características no debería omitir en ningún momento el impacto económico de la migración en los países de origen. Podemos encontrar los siguientes parámetros:

1. Se reduce la presión demográfica y libera el mercado laboral al haber menos oferta laboral, pero a costa de perder población probablemente, joven y más cualificada.

2. Disminuye la demanda agregada interna, al haber menos población en el país, pudiendo impactar negativamente en su crecimiento económico.

3. Se produce un incremento de la entrada de divisas enviadas por parte de la población emigrada al país de origen.

4. Por último, una salida masiva de población en edad de trabajar, puede impactar negativamente en el reemplazo generacional y generar déficit fiscal en el país, al generarse menos ingresos impositivos y sociales de la clase trabajadora, y creando más gasto público mediante pensiones y prestaciones de jubilación de una sociedad más envejecida.

En definitiva, la inmigración es un fenómeno cada vez más lógico en un mundo cada vez más globalizado. Globalización que ha generado muchas más diferencias económicas entre los países, incentivando y motivando aún más el proceso. Los flujos migratorios producen reajustes poblacionales en un mundo económico cada vez más dinámico. Los países deberían estar más abiertos a este fenómeno cada vez más global, y así como a una mayor de tendencia a incentivarlo y regularizarlo.

Estonia alcanzó en 2020 un PIB per cápita en paridad de compra de 38.394 dólares, unos niveles que suponen, por primera vez, superar a España que asume unos niveles de 38.334 dólares. Si bien hay una coyuntura determinada por el gran impacto del shock del covid en la economía española, lo cierto es que Estonia ha ido mostrando unos resultados económicos excelentes en su histórico.

Sus datos no vienen condicionados por factores externos que hayan propiciado su auge económico, sino que son el resultado de méritos propios. Hace tan solo 15 años los papeles estaban intercambiados: Estonia ostentaba un PIB per cápita en paridad de compra de 16.624 dólares y España se situaba en 27.606 dólares, una diferencia de 40 puntos porcentuales.

Su secreto se ha basado en una serie de reformas estructurales para alcanzar una burocracia eficiente, un sistema impositivo de bajos impuestos y simplificado, beneficiar fiscalmente los beneficios empresariales destinados a la inversión, su apuesta tecnológica y, esencialmente, una política de estabilidad presupuestaria en sus cuentas públicas.

Estonia ha generado un buen clima para atraer inversores

La fiscalidad es uno de los puntos más interesantes de Estonia. En el ámbito empresarial no se aplica el impuesto sobre sociedades para los beneficios retenidos de las empresas, de tal manera que se favorece la reinversión en bienes de capital lo que favorece en última instancia la mejora de la productividad y los salarios.

Estonia grava el impuesto sobre sociedades del 20% en los beneficios que se distribuyen como dividendos, recompras de acciones, reducciones de capital, ingresos de liquidación o distribuciones de beneficios presuntos (como ajustes de precios de transferencia, gastos y pagos no relacionados con negocios, obsequios, donaciones y gastos de entretenimiento).

A partir del 1 de enero de 2019, entra en juego el tipo de sociedades del 14% que se aplica a las distribuciones regulares de beneficios. Es decir, el tipo impositivo reducido es aplicable a los beneficios distribuidos en un año natural que sean menores o iguales a las ganancias distribuidas promedio de los tres años naturales anteriores en los que una empresa residente haya pagado el impuesto sobre la renta. Los dividendos, que se gravan a una tasa del 14% y se pagan a personas físicas, están sujetos a una retención de impuestos a una tasa del 7%.

Si el sistema fiscal de la república báltica parece interesante para las empresas el ambiente burocrático no podría ser mejor por la alta eficiencia existida a través de un proceso de digitalización. De hecho, con la crisis del covid y sus restricciones, el 99% de los servicios gubernamentales permanecieron disponibles online en Estonia. Y es que, con anterioridad, ya se había impulsado la digitalización para los trámites cotidianos, como el registro de empresas y propiedades y la solicitud de beneficios sociales.

Los costes laborales de Estonia son relativamente baratos en comparación con otros países europeos, pero la calidad del trabajo es suficientemente alta. Los salarios han aumentado, las habilidades de los trabajadores locales han mejorado por el incentivo a la reinversión de beneficios comentada y existen oportunidades para un mayor crecimiento en la eficiencia. La diferencia de salarios, en comparación con los países europeos acomodados, es mayor que la diferencia de habilidades.

Si atendemos a los datos, en 2019 los costes laborales por hora eran de 13,4 euros, mientras que en el global de la Eurozona llegaban a 31,4 euros.

Inicialmente, los inversores extranjeros se vieron atraídos por los bajos costes de producción locales, mientras que el trabajo fue de calidad relativamente alta. Los bajos costes de producción se han convertido ahora en un factor irrelevante, ya que los salarios en Estonia han aumentado con bastante rapidez. Al mismo tiempo, la mano de obra en Estonia sigue siendo bastante barata, teniendo en cuenta la calidad, los salarios y el aumento de la productividad, Estonia ha mantenido su atractivo para los inversores, especialmente en comparación con los países desarrollados. Este es el motivo de una inversión activa en la industria de transformación y el sector del transporte y las comunicaciones.

Además, el hecho de que Estonia sea miembro de la Eurozona hace que la idea de invertir sea más atractiva, especialmente porque el crecimiento económico de Estonia ha sido uno de los más rápidos de los países miembros. La adopción del euro redujo aún más los temores de los inversores y la adhesión de Estonia a la OCDE indicó que el entorno empresarial y económico de Estonia se encontraba entre los mejores del mundo.

Impuesto proporcional y no progresivo en la renta se las personas

Otro punto interesante es cómo han estructurado el impuesto de la renta de los estonios. Se trata de un sistema proporcional y no progresivo con una tasa del 20% para todos.

Un impuesto proporcional se define como aquel cuya tasa del impuesto es la misma cualquiera que sea el tamaño de los ingresos. En este caso, la obligación tributaria aumenta en la misma proporción que el aumento de la renta del contribuyente. A diferencia, Un impuesto se denomina progresivo cuando, con el aumento de la renta, la obligación tributaria no solo aumenta en términos absolutos, sino que también aumenta como proporción de la renta... Cuanto más ganas, pagas marginalmente más.

La principal ventaja del impuesto proporcional es que los contribuyentes pueden calcular fácil y rápidamente la cantidad de impuestos que deben pagar al gobierno. Este impuesto es neutral con respecto a la distribución de la renta y, en consecuencia, no implica ningún cambio estructural en la configuración socioeconómica de la sociedad.

Los sistemas progresivos tienden a desincentivar la formación de capital porque son las rentas altas quienes pueden ahorrar y, por lo tanto, si se les grava más que a los pobres, el potencial de ahorro se perderá por completo o se reducirá sustancialmente.

También, en la modalidad de los impuestos progresivos se ofrece una gran tentación y hay margen para la evasión y elusión fiscales. Los contribuyentes tratan invariablemente de evadir el pago del impuesto ante las autoridades tributarias y también evitan el pago de impuestos encontrando lagunas legales en las disposiciones tributarias.

Estabilidad presupuestaria marcada a fuego

Los gobiernos de Estonia generalmente han perseguido presupuestos equilibrados, por lo que el presupuesto estatal ha estado más o menos equilibrado y, en ocasiones, incluso ha habido superávits presupuestarios. Las reservas presupuestarias generadas por los superávits permitieron al gobierno de Estonia evitar endeudarse durante la crisis de 2008/2009 y en esta última crisis alcanzaron un déficit del 4,9%, el más elevado desde la desintegración de la URSS. Su carga de deuda se encuentra en el 18% del PIB, los niveles más bajos de la Eurozona.

Aproximadamente la mitad de estos préstamos han sido contratados por el gobierno central, siendo los prestamistas el Banco Mundial, el Banco Europeo de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones. En 1996, el gobierno pidió prestado al Banco Mundial, en 2000 al Banco Europeo de Desarrollo y en 2009 al Banco Europeo de Inversiones. La República de Estonia no tiene bonos.

En el período de declive económico de 2009, el gobierno se vio obligado a aumentar los impuestos y recortar el gasto para controlar el déficit. Como resultado, el déficit presupuestario fue muy pequeño en comparación con el resto de Europa, alrededor del 2% del PIB, en contraste España empezó a asumir déficits del 10% de manera reiterada. Por lo tanto, Estonia no tiene el mismo tipo de problemas que acechan a la mayoría de los países de la Unión Europea y la zona euro.

Los gobiernos de Estonia han tenido políticas económicas bastante similares, sin importar la composición del gobierno. Por supuesto, los diferentes partidos no siempre tienen los mismos enfoques en materia de impuestos y políticas sociales. Pero Estonia siempre ha tenido gobiernos de coalición, por lo que los partidos gobernantes se ven impulsados ​​a encontrar compromisos.

Para tiempos difíciles, el Estado ha ido acumulando el superávit presupuestario y los ingresos obtenidos de la privatización en una Reserva de Estabilización especial que puede utilizarse en casos específicos y para llevar a cabo importantes reformas a largo plazo (por ejemplo, reforma de pensiones).

Si algo fue difícil de medir, en parte por la terrible novedad, y en parte porque a determinados políticos mundiales tampoco les interesaba en absoluto tener sonrrojantes cifras de calidad, ha sido las estadísticas de la afectación de la pandemia, donde realmente por ejemplo en España todavía “oficialmente” no sabemos a ciencia cierta ni cuántos muertos llevamos por el COVID-19. Pero hay otro tipo de cifras econométricas que también está resultando harto difícil de interpretar para tratar de dilucidar la gravedad de la otra gran pandemia de nuestro tiempo: la pandemia socioeconómica, esa que ya les advertimos el 3 de febrero de 2020 que irrumpiría a nuestro mundo junto con el virus para degenerar gravemente nuestras vidas y nuestras socioeconomías.

Pues bien, en ese plano económico, resulta casi imposible conocer el impacto real de la pandemia sobre el empleo en forma de destrucción real. Pero por mucho que las estadísticas del empleo puedan resultar engañosas si no se saben leer entre líneas, por mucho que los políticos jamás vayan a admitir la gravedad extrema por la que están pasando nuestra socioeconomía, y por mucho que tampoco sepamos a ciencia cierta ni cuántos nuevos afectados laboralmente tenemos padeciendo los estragos del COVID-19, algo se puede dilucidar.

Y para ello, como siempre, contra las sombras de las cifras econométricas poco precisas, contra las palabras vagas, contra los que eluden las preguntas más incómodas, pues tenemos en nuestra mano los datos objetivos, las cifras contrastables, y los argumentos coherentes. Así se combaten los procesos de destrucción socioeconómica, sean fortuitos o provocados: ciencia económica contra inconsciencia decimonónica.

Del ERTE al ERE, acabando con el PIB, y pasando por el teletrabajo: aquí se está destruyendo empleo a espuertas más allá de las cifras “oficiales”

Pues bien, como les decíamos, hoy por hoy la tasa de desempleo está en todos los telediarios casi a diario, pero por muy nefasta que ésta sea, realmente no alcanza ni de lejos a la realidad de todo el empleo que se está destruyendo en términos reales. Obviamente hay que empezar por hablar de los ERTES, esa suerte de situación de desempleo temporal que desde aquí fuimos los primeros en proponer como herramienta idónea para un evento masivo y coyuntural como era la pandemia. El problema es que la mala gestión pandémica ha hecho que la pandemia tenga en países como España mucho menos de coyuntural y mucho más de enfermedad crónica. Así, aparte de todos los innumerables nuevos parados (alrededor del millón, que se dice pronto), en España tenemos alrededor de medio millón más de trabajadores en situación de ERTE, que no cuentan como desempleados por estar en un limbo econométrico. Y lo peor es que esos trabajadores en situación de ERTE siguen siendo a día de hoy tantos cientos de miles como ya eran el pasado verano: la cifra no cede, y va tomando toda la apariencia de haber tocado ya un nivel de carácter crónico con tintes estructurales.

Estos ERTEs son una auténtica bola de nieve que nadie sabe bien como deshacer, y que tampoco nadie quiere que acabe por llegar ladera abajo al pueblo del valle e impacte en la delegación del gobierno, lo cual les forzaría a contabilizar todos esos nuevos parados finalmente, evidenciando así la crisis en toda su crudeza y toda la magnitud del descomunal desastre. Y desde aquí siempre hemos abogado por que la mejor gestión económica de cualquier crisis es dejar de barrer debajo de la alfombra escondiendo las vergüenzas, y que lo mejor siempre es levantar la sábana y mostrar con transparencia la gravedad del paciente, para poder a partir de ese punto justificar y aplicar la terapia de choque más eficaz para lo muy avanzado de la enfermedad. Pero no, aquí algunos dirigentes mundiales optan no sólo por no permitir valorar correctamente el estado de salud del afectado, sino incluso por coger y empezar a amontonar directamente cadáveres socioeconómicos en el armario, como si en un futuro no fuesen a empezar a apestar toda la estancia.

De hecho, en el primer trimestre la bola de nieve de los ERTEs ya ha empezado a estallar, y las cifras de EREs ya han empezado a repuntar con inusitada fuerza, revelando la gravedad de una situación sin mucha salida. Por supuesto que una tercera cifra que ha venido evidenciando la magnitud del desastre es la contracción del PIB, que en el caso de España hemos estado lamentablemente entre los líderes mundiales más deprimidos. Pero no queda ahí la cosa de la realidad más realista de la destrucción de empleo más real, que estamos padeciendo entre telediarios que sólo hablan de recuperación y de la lluvia de millones de Europa, de la que realmente se debería estar hablando en términos de la solución de “escopeta con un solo tiro” que tenemos para matar a la bestia de la crisis y sólo gracias a la gran solidaridad de nuestros hermanos europeos. Y el hecho es que tras los ERTEs, los EREs, y el PIB, la cuarta cifra laboral en discordia son las horas de trabajo destruidas por la pandemia. Incluyendo en la ecuación esta tercera variable ahora sí que podemos llegar a ser capaces de apreciar en toda su extensión este proceso de destrucción laboral masivo.

Las horas de trabajo destruidas por la pandemia: el último en llegar de los cuatro jinetes del Apocalipsis

Para tratar de arrojar algo de luz sobre esta cuarta cifra de evidencia de la crudeza de la crisis en forma de desempleo, les saco a colación la siempre interesante Guía del Mercado Laboral 2021 de la consultora de RRHH Hays que aporta algunas cifras muy reveladoras. Para empezar, el Coronavirus ha hecho que la jornada laboral del “españolito” medio se incremente en un 54% de los casos, mientras que un 42% la ha mantenido estable, y un 4% ha visto una reducción de las horas que trabaja. Pero lo interesante no viene en lo anterior, sino en que el informe evidencia que sin embargo paradójicamente las horas extra se han reducido, aumentando hasta el 60% la proporción de empleados que acaba trabajando más de lo estipulado en su jornada pero sin cobrar por ello. Además, un 58% de los trabajadores que han visto incrementarse su jornada laboral lo atribuye directamente al teletrabajo.

Los datos objetivos desde luego que aportan mucho en el artículo de hoy, pero realmente este es un tema que ya les pusimos de relieve cuando analizamos el tema del teletrabajo recientemente, y exponiendo que no sólo es un problema estrictamente empresarial (que mayormente lo es), sino que también hay una dimensión de carácter inevitablemente más personal. El hecho es que, dados los datos anteriores, si ha habido un alargamiento de la jornada laboral, pero sin embargo éste no ha venido acompañado de un incrementos de las horas extras trabajadas, ya directamente nos vamos a uno de esos escenarios econométricos de luces y sombras en los que hay que encender la linterna. Y es que las horas trabajadas fuera de horario puede que sean horas durante las cuales usted haya trabajado duramente, pero econométricamente esas horas literalmente no existen.

Y lo que es peor: puede que econométricamente no existan, pero están ahí y ejecutan factor trabajo sí o sí. Ello quiere decir que, si con esas horas de trabajo “alargadas” (que no extras) usted está ejecutando más trabajo de forma importante, eso significará que habrá otros empleados que no será necesario contratar para ejecutar con luz y taquígrafos esas horas laborales, que en su naturaleza “alargada” no acaban por salir a la luz. Es decir, aunque inevitablemente sea un imponderable porque no hay datos objetivos disponibles, dado el cómputo tan relevante de horas “alargadas” que podemos estar viendo actualmente en nuestras socioeconomías, tenemos que por ahí se está destruyendo también empleo o, en el mejor de los casos, dejándolo de crear. Y este es un cuarto dato del mercado laboral muy a tener en cuenta cuando pasa de un cierto margen de seguridad en su “contención”, y que solo apunta a que se está destruyendo mucho más trabajo también por esta otra vía, al menos del que aflora a la luz de las estadísticas corporativas y macroeconómicas.

Las horas trabajadas que se vaporizan: “aquí hay tomate” del de verdad, y no sólo de simulacro gore con Ketchup va la cosa

De hecho, fijándonos en otro tipo de estadísticas alternativas, podemos observar cómo parece que se confirma que detrás de las cifras más aparentes tenemos el mismo escenario de destrucción de trabajo por la cuarta vía. Como publicó La Vanguardia, en 2020 el funesto COVID-19 hizo esfumarse al 3% del empleo, pero al mismo tiempo hizo desaparecer de las cifras oficiales nada más y nada menos que el doble de horas trabajadas. Como ven, “aquí hay tomate”, al menos mucho más del que parecía. Con ello, el paro “oficial” se catapultó hasta el 16%, dejando un reguero de 600.000 ocupados menos, incluso contando con la mejora de final de año. Las cifras “oficiales” más superficiales dejaron por el camino una terrible destrucción de nada más y nada menos que 622.600 puestos de trabajo (y recuerden que eso es sólo lo “aparente”), haciendo saltar por los aires la buena racha de creación de empleo en la que veníamos instalados desde 2013. Casualmente, y como bien apuntaba La Vanguardia, ese hundimiento de las horas de trabajo de un 6% está mucho más en línea con las previsiones de decrecimiento del PIB correspondientes al año 1 de la pandemia. Pues va a ser que esas cifras sí que van a estar revelando mucho mejor la crudeza de la pandemia, al menos en términos de destrucción de empleo real (que no “visual”).

Y eso sin contar con las personas que están disponibles para trabajar sin estar haciéndolo, pero que debido a la pandemia no han podido ponerse manos a la obra con su sufrida búsqueda de un nuevo empleo. Entre octubre y diciembre este (a)colectivo laboral alcanzó un volumen de nada más y nada menos que 933.000 ciudadanos, y decimos (a)colectivo laboral porque macroeconómicamente no contabilizan tampoco como desempleados, sino como simplemente inactivos. Sólo vienen a ser más cifras que siguen apuntando a que la situación laboral y del (des)empleo es todavía mucho peor de lo que las cifras “oficiales” están mostrando de forma tan parcial, y que el “dramita” que nos pintan algunos en los televisivos seriales de los Telediarios, en realidad es todo un “dramón” a pie de calle.

Y no quedan ahí las malas noticias (¡Ojalá!). Como ya les hemos venido analizando en diversos artículos desde la irrupción de la pandemia, ésta se ha venido cebando especialmente con las clases más desfavorecidas, un motivo que explica el porqué de que las bolsas hayan experimentado unas subidas tan fuertes con la que teníamos encima. En su momento lo vinimos analizando especialmente acerca del mercado laboral de EEUU por sus implicaciones de estabilidad social al haber allí menores coberturas sociales y peores redes de contención social, pero el hecho es que la siniestra tendencia ha acabado por evidenciarse también en otros lugares, sin ir más lejos en la propia España.

En el conjunto de 2020 la crisis ha golpeado en España con mucha más dureza a los trabajadores más humildes, arrojando que dos tercios de los empleos vaporizados se correspondieron a trabajadores con contratos temporales, tan precarios ya de por sí. Por otro lado, otra estadística muy dolorosa y descorazonadora es que el número de hogares con todos sus integrantes en situación de desempleo creció en casi 184.000 más (y recuerden que este dato no son personas, sino hogares con varias personas dentro), con lo que ya el cómputo total se sitúa cerca de los 1,2 millones. Casi nada. Y siguiendo con la precarización del empleo de los menos favorecidos, las estadísticas siguen haciendo saltar las lágrimas (que no los colores de algunos), con una destrucción del empleo que se ensaña especialmente sobre todo con los menores de 25 años, y todavía con más violencia con quienes ni siquiera han cumplido la veintena, que han visto desaparecer para siempre el 40% de los puestos de trabajo de este rango de edad. Si esto es “una España más social”, que baje quien sea (del púlpito) y lo vea.

En el conjunto del mundo, las estadísticas también tienen lo suyo de dramático

Según publicasen en “Visual Capitalist”, volviendo al tema de la destrucción de horas de trabajo, los datos a nivel mundial también han de ser calificados de todo un drama. En términos globales, el funesto COVID-19 ha tenido un impacto sobre las horas trabajadas cuatro veces más severo que el que causase la crisis subprime en 2009. Y eso contando con que aquella crisis ya fue terrible se mirase por donde se mirase; pues bien: ésta es todavía peor, y lo va a seguir siendo como nuestros gobernantes sigan sin saber hacerla coyuntural, en vez de permitir que se vaya cronificando. Eso sí, en este sentido llama la atención cómo en esos “vacunados” Estados Unidos que no han exportado ni una sola vacuna al resto del mundo disfrutan de un rebote en el crecimiento del PIB vigoroso, al menos mucho más que la doble recesión que atenaza a una Europa que sin embargo ha exportado en torno a la mitad de las vacunas que se han producido en suelo europeo.

En la misma tendencia que la vista en España, y salvando la diferencias en intensidad, a nivel mundial los beneficios empresariales se han desplomado en muchos sectores, al tiempo que una mayoría de empresas han optado por tratar de evitar despedir a sus empleados. Está claro que las empresas han confiado en lo coyuntural de la crisis, y que quieren retener a sus plantillas a la espera de que la tempestad amaine. Pero ello no ha evitado que un 64% de las empresas hayan llevado a cabo una reducción salarial, de horas, o hayan prescindido de trabajadores de formar temporal. Todo ello ha tenido como resultado que en 2020, y comparativamente con el cuarto trimestre de 2019, las horas trabajadas a nivel global se hayan reducido un noqueante 8,8%. Para ser globales, esta cifra es muy muy muy relevante, demostrando la globalidad del efecto devastador que la pandemia está teniendo sobre buena parte de las economías del planeta, aunque algunos países (y no miro a nadie) “se lleven la palma” (que no las palmas). Ese 8,8% de despeñe de las horas trabajadas tiene obviamente su derivada en términos de empleo, y equivale a la destrucción de nada más y nada menos que 255 millones de empleos. De nuevo: casi nada, y es que esta crisis pandémica está batiendo todas las marcas (a peor).

La intensidad de esa destrucción de horas trabajadas, también en términos globales muestra una mayor severidad en ciertas regiones, como son la Europa del sur, también el sur pero de Asia, y América en general, pero con mucha mayor intensidad en el Caribe. El nexo común a todas estas socioeconomías es la dependencia del turismo y de la hostelería como motores de su economía, unas actividades económicas que prácticamente han sido borradas del mapa socioeconómico por el Coronavirus. España en concreto se sitúa en términos de esa destrucción de horas trabajadas en la posición 32 de 188, con una reducción “oficial” del 13.2%, y compartiendo cartelazo con países tan avanzados como Cabo Verde o Georgia. Pero los vendedores del clásico consuelo de perdedor de "mal de muchos, consuelo de tontos" siempre podrán agarrarse a que Italia y Portugal son países desarrollados que también salen muy mal parados en la clasificación: de hecho, peor que España (al menos en lo “oficial”).

Pero con Italia y Portugal paramos de contar países desarrollados entre las primeras posiciones del despeñe, porque el resto de países que lideran la funesta lista son como para necesitar seguir desarrollándose antes de poder ser calificados como países plenamente desarrollados. Y no como nosotros, que podríamos estar subdesarrollándonos a pasos agigantados, y corremos el riesgo cierto de poder llegar a dejar de ser avanzados de seguir instalados en esta terrible tendencia de destrucción socioeconómica, que nuestros gobernantes ya han demostrado ser totalmente incapaces de revertir. Y a ello no sólo estaría contribuyendo su manifiesta incapacidad para hacer una correcta gestión preventiva de la pandemia, única fórmula demostrada de éxito como en Mongolia o Corea del Sur, sino que también hay que tener en cuenta la ultima tendencia ejecutiva imperante en nuestro país. Esta tendencia consiste en recurrir a la más terrible omisión del deber de gobernar, y pasar a dedicarse a abstenerse de legislar en un desesperado intento que parece intentar dejar que simplemente las culpas recaigan sobre otros.

Al igual que en lo epidemio-preventivo, también en lo económico la clave está en tener buenos gestores

Lo de gestionar correctamente la pandemia parece que no está entre las prioridades de algunos, entre otras cosas porque ya advertimos que ahora la prioridad número uno deberia ser rediseñar un plan de vacunación que hace abundantemente aguas por varias vías, y aquí nadie hace nada en este sentido. Y no sólo eso, sino que además hemos de asistir atónitos a ver cómo, en vez de invertir una mínima fracción del injustificado dispendio de 53 millones de Plus Ultra en una vacuna española innovadora y realmente necesaria, pues va y otra "genialidad" de nuestros gobernantes ha sido decidir dejar morir el estado de alarma, sin diseñar ningún tipo de mecanismo legal alternativo que dé cobertura legal unificada y homogénea a las autonomías para seguir combatiendo la pandemia.

El resultado, como no podía ser de otra forma, ha sido todo un caos legal monumental en el país, donde cada Tribunal Superior de Justicia autonómico se ve abocado a ir haciendo la guerra por su cuenta. Y es que la pandemia NO ha acabado aquí ni mucho menos, y nuestros gobernantes tienen la obligación moral y profesional de seguir gestionándola por muy desagradecido que sea, y no dejar que se sucedan terroríficas escenas como las presenciadas en Madrid ante la impotente mirada de la policía y de las autoridades locales. Todo este caos podemos acabar pagándolo muy muy muy caro; sí, otra vez, por si las manifestaciones y eventos multitudinarios de Marzo de 2020 no fueron suficientes para aprender una lección tan vital, que deberíamos llevar grabada a fuego hasta que los nieles de vacunación garanticen la ansiada inmunidad de rebaño.

Todo apunta a que, si antes ya importaba más bien poco ese pueblo que sin embargo está permanentemente en boca de algunos, parece que aquí ahora nada importa ya especialmente tras el resultado de las elecciones madrileñas. Y es que esas elecciones vinieron a demostrar contundentemente que ese pueblo quiere menos palabrería hueca, menos superproducciones mediáticas, y más gestión eficaz de la de verdad. Efectivamente, el pueblo mayormente ilustrado de un país (todavía) desarrollado como es España aún es capaz de exigir a sus gobernantes la que debe ser su prioridad socioeconómica número uno: una buena gestión. Y es que los gobernantes, si algo deben ser, es buenos gestores de lo público, que es algo de todos (y no "de nadie" como decía aquella), y que además legisla sobre todo lo demás.

Y los políticos que no valgan para gestionar, pues simplemente que se dediquen a otra cosa, y que se busquen otra ocupación (o pasatiempo, según sea el caso) más acorde a sus capacidades, que nadie duda de que tener alguna tendrá todo político, más allá del papel de protagonistas que algunos de ellos tienen en la interminable película que nos proyectan todos los días en los Telediarios. Queremos gestores de películas de acción basadas en hechos tangibles y reales, y no actores que hacen apariciones estelares en la gran pantalla tras efectistas cortinas de humo, ni vendedores de bálsamos milagrosos que nunca acaban curando nada, y que sólo hacen empeorar a los pacientes afectados. Gestores, gestores, y gestores. Pero no lo olviden: no que sean gestores porque hagan grandes gestos “cara a la galería”, sino porque sean competentes y eficaces a la hora de gestionar.

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Con la globalización el número de multinacionales que operan en muchos países se disparó. Y junto con ello la posiblidad de que estas grandes empresas localizaran sus beneficios donde más les convenía. Es por ello que los distintos Gobiernos del mundo llevan años rebajando el impuesto de sociedades para atraer a estas multinacionales, pero parece que esto está apunto de cambiar.

Janet Yellen, la nueva Secretaria del Tesoro de EEUU, anteriormente Presidenta de la Reserva Federal, ha abogado por fijar un impuesto de sociedades mínimo. Y lo normal es que si EEUU presiona, obtiene lo que quiere.

El acuerdo dentro de la OCDE y los problemas de EEUU

Las negociaciones entre países de la OCDE para fijar un impuesto de sociedades mínimo en todos los países llevan bastante tiempo estancadas. Y algunos países (España, Reino Unido, Turquía, entre otros) han decidido romper la baraja fijando un impuesto a los servicios digitales que sea un porcentaje de la facturación y no del beneficio.

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¿Cómo sería el mundo si no hubiese paraísos fiscales?

Pero este impuesto se ve con malos ojos desde EEUU porque afecta principalmente a sus empresas de Silicon Valley. Y está respondiendo fijando aranceles a los países que aprueben este tipo de impuestos.

Esta es una situación que no es buena para nadie. Por un lado se estima que las estructuras fiscales de las multinacionales logran ahorrar entre 100.000 y 240.000 millones de dólares al año, por lo que es un pastel muy grande como para ignorarlo. Y por otro lado que haya rivalidad en materia de impuestos y esto implique contestaciones en base a aranceles (guerra comercial) desde luego no es una situación ideal.

La nueva propuesta de Biden

La administración Biden parece dispuesta a atajar este problema. Primero, con una propuesta interna: elevará el impuesto de sociedades del 21% al 28% (en realidad lleva en el 21% muy poco tiempo, fue una rebaja de Trump que se apuntó a la tendencia a rebajar este impuesto para atraer los beneficios). Por otro a gravar los beneficios de las empresas americanas en el extranjero con un 21% en lugar del 10,5% actual.

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España lo tiene todo para ser la gran potencia atractriz de teletrabajadores, pero nuestro impuesto al patrimonio les da mucho miedo

Esto implica que las empresas americanas que tributan actualmente en Irlanda al 12,5% tendrían que pagar un 8,5% más en EEUU, con lo que la ventaja de Irlanda sobre otros países se disiparía.

La reforma tiene complicado prosperar, ya que el Senado de EEUU en la práctica tiene que aprobar todo con mayoría de 3/5 y actualmente los republicanos no parecen muy partidarios de elevar los impuestos. Aún así puede haber alguna triquiñuela legal para que la votación sea por mayoría simple y entonces ahí Biden podría salirse con la suya.

Armonización global del impuesto de sociedades

Pero la verdadera solución sería una armonización global del impuesto de sociedades. Que la OCDE se ponga de acuerdo en una tasa mínima y en unas normas comunes en lo que es deducible y lo que no. Que deje de haber agujeros para que los países más afectados no tengan que inventarse cosas raras como el impuesto a servicios digitales.

Y un impulso de EEUU podría ser la clave para que haya acuerdo. Tiene mucho poder de negociación, por lo grande de su economía. Y solucionaría la espiral de bajadas de impuestos y excepciones que al final acaban con una factura fiscal menos abultada y con los Estados con problemas para financiar sus servicios públicos.

Pero la armonización no soluciona todo

Sin embargo sigue habiendo un problema con las multinacionales. Incluso si los impuestos son similares en todos los países, las multinacionales siguen teniendo un problema a la hora de localizar los beneficios. Empresas que tienen el I+D en un país, la fabricación en otro y las ventas en un tercero, ¿dónde cargan la parte del beneficio de la venta en dicho tercer país?

Ahora mismo la respuesta normalmente es fiscal. Las empresas crean matrices en países con bajos impuestos y ahí meten la mayoría de los beneficios. Pero si incluso esto no existiera no es una pregunta fácil de responder. Si una empresa lanza un nuevo producto al mercado ese I+D debe representar una parte importante del beneficio de la venta. Pero el país que lo fabrica dirá que lo fundamental es su fabricación. Y el país que lo compra dirá que no, que lo importante es quién lo compra.

Así que incluso con una armonización fiscal seguirá habiendo roces, inspecciones y amenazas de tasas sobre facturación (sobre todo en los paises donde se venden los productos pero que no tienen ni I+D ni fabricación, como muchos en Europa).

“La confianza engendra confianza." - James Cash Penney

Después de unas semanas desconectado por razones laborales, toca retomar nuestro seguimiento periódico de coyuntura económica en tiempos de coronavirus. En este sentido, estamos tal y como les anticipaba en mi anterior entrega: todavía renqueantes y con un primer trimestre de 2021 que ya damos por perdido, en el que hemos conjugado un temporal paralizante, unas respuestas descoordinadas y confusas, y una vacunación esperanzadora pero todavía insuficiente para impulsar la tan necesitada recuperación de nuestra actividad.

Previsiones en revisión

Con este arranque de año, no es de extrañar que las previsiones económicas sobre España para 2021 de diversos organismos e instituciones se hayan ajustado a la baja con respecto a lo estimado a finales del año pasado. La OCDE, por ejemplo, presenta un panorama en el que nuestro país seguirá en la cola de la recuperación si no cambian mucho las cosas:

Fuente: OCDE

Por su parte, el Banco de España ha empeorado las previsiones de la economía española, estimando un crecimiento del 6% frente al 6,8% anticipado en diciembre. Esta reducción del crecimiento se debe al mal arranque de año que acabamos de describir. Se espera que en los próximos meses haya rebrotes víricos y nuevas restricciones que impactarán en la actividad económica. En su escenario central, el Banco de España prevé también que el PIB crecerá el 5,3% en 2022 (la estimación anterior fue del 4,2%) y el 1,7% en 2023. Esto es: en ese escenario, la recuperación de los niveles de PIB pre-pandemia tendría lugar en el 2023. Y todo ello, contando con los fondos europeos. Las implicaciones para nuestro país son muy serias, en todos los ámbitos.

Y es que la situación es todavía muy delicada: en números redondos, cerramos febrero (el peor de toda la serie histórica) con 4 millones de parados (+44.400), casi 910.000 de trabajadores en ERTE (+91.500) y 600.000 autónomos en situación de cese de actividad. En el ámbito corporativo, la creación de empresas sigue un 4% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia; la hostelería ha perdido ya a una de cada cuatro empresas y las actividades artísticas una de cada cinco. La destrucción empresarial ha alcanzado niveles similares a la anterior crisis. En cuanto a su situación financiera, aproximadamente un 18% de las compañías del país se consideran ahora mismo insolventes, y de ellas, la mitad son inviables (con una deuda de 53.000 millones de euros). Las empresas insolventes pero viables acumulan, por su parte, una deuda con la banca de unos 51.000 millones de euros en créditos, de los cuales 27.000 millones corresponden a deudas de pymes y autónomos.

A todo ello debemos sumar otras muy importantes debilidades estructurales, como la deuda pública (117,1% del PIB en 2020), el déficit (en el entorno del 11%) y la delicada situación de la Seguridad Social, con un déficit contributivo que roza el 3% del PIB y que afronta 2021 con una deuda acumulada de más de 100.000 millones de euros con el Estado, un pasivo que impactará directamente en los Presupuestos Generales del Estado de los próximos años.

Fuente: Cinco Días

El problema de las ayudas

Las cuatro mayores economías del euro, Alemania, Francia, Italia y España gastaron en conjunto durante 2020 unos 3,1 billones de dólares (un tercio de su PIB), en ayudas, ERTES y mecanismos similares, préstamos y garantías para sostener la situación creada por el COVID-19. Pero en muchos casos, y debido a la extensión de la pandemia en el tiempo, esas medidas de emergencia ya no son suficientes para cubrir las pérdidas empresariales, especialmente en la PYMES y en los sectores más afectados. Tales medidas estaban diseñadas para dar respuesta a una crisis sanitaria de mucha menor duración. Como acabamos de ver, las empresas están pasando de sufrir problemas de liquidez a tener dificultades serias de solvencia. Y ello podría implicar una grave cadena de quiebras. Ahora el desafío es identificar a las empresas viables de las inviables (una tarea compleja y delicada) para permitir la supervivencia de las primeras mediante ayudas directas, facilitar la liquidación de las segundas y tratar de limitar daños más generalizados.

En El Blog Salmón

2020: recapitulación y coyuntura

España se ha sumado tarde a estas ayudas, y lo ha hecho además con un paquete económico bastante más modesto que el de los países de su entorno, debido a su mucho menor margen fiscal, ya evidente antes de la pandemia. Se han movilizado 11.000 millones de euros, de los cuales 7.000 son ayudas directas. Hay 3.000 millones de euros para reestructurar la deuda contraída por las empresas con el ICO y 1.000 millones de euros que servirán para recapitalizar PYMES.

El momento temporal tardío de estas ayudas, su dimensión y condiciones de acceso han suscitado no pocas dudas en empresarios y analistas. La reciente experiencia con el Ingreso Mínimo Vital nos demuestra que el diseño de una medida, la burocracia que ésta pueda llevar aparejada y los medios para su implantación determinan en gran medida su efectividad final. Por de pronto, sólo un 8% de empresas serán elegibles para recibir las ayudas directas. En primer lugar, las subvenciones sólo contemplan 95 de las 538 ramas de actividad que hay clasificadas. Las empresas tienen que haber conseguido además un resultado positivo en 2019, haber registrado una caída del 30% de sus ingresos en 2020, estar al día de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, no haber declarado el concurso de acreedores y seguir activas hasta junio de 2022. Ahí es nada.

Fuente: El País

En el mismo sentido se expresa Funcas, que acaba de publicar un muy interesante análisis comparativo con Alemania, Francia e Italia, en el que se apunta:

"La normativa española llega varios meses más tarde que los otros tres países. Por otra parte, su cobertura es relativamente reducida, por aplicarse solo a los sectores más perjudicados por la pandemia. Pero el principal riesgo atañe a la puesta en marcha, más complejo que en los otros países, algo que podría retrasar significativamente la llegada de las ayudas además de plantear desafíos de gestión y de disparidad entre las diferentes comunidades autónomas."

Fuente: FUNCAS

Fuente: FUNCAS

En cuanto al empleo, el recorrido de los ERTES parece estar llegando a su fin. Como ha apuntado también el Banco de España, hay algunos sectores en los que será muy difícil recuperar a los trabajadores en ERTE tras la nueva recaída habida a finales de 2020 y principios de 2021.

Fuente: Banco de España

Los deseados fondos europeos

En este contexto tan delicado, el gobierno y todos los actores económicos parecen encomendarse al prometido acelerón de la vacunación, cuyo objetivo de alcanzar al 70% de población en verano no se percibe todavía claro y, por supuesto, a la llegada de los fondos europeos, a los que en noviembre dedicamos una entrada en este blog. No obstante, el retraso en su tramitación arroja nuevas incertidumbres que complican las previsiones de 2020.

Ocho meses después de la aprobación del Next Generation EU, sólo 13 países han ratificado la Decisión sobre recursos propios (ORD), imprescindible para librar los fondos. Y para colmo, el pasado viernes 26 de marzo, el Tribunal Constitucional alemán ordenó al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, no firmar la ratificación de la ORD, que había sido aprobada la jornada anterior por el Parlamento y el Senado, lo que amenaza todavía con más demoras.

Recordemos que en los actuales Presupuestos Generales del Estado se incluyó una partida de 27.000 millones de euros a cuenta de dichos fondos europeos, pero la realidad es que, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, esa partida no se podrá ejecutar en su totalidad. La previsión oficial del Ejecutivo de un crecimiento del 9,8% en 2021 se basa precisamente en la plena absorción de esos 27.000 millones. Sin embargo, el Banco de España calcula que este año apenas podrá ser absorbido el 55% de esa cantidad; el resto se trasladará al 2022 en forma de un mayor rebote de la actividad. No es una cuestión menor, ya que puede ralentizar nuestra recuperación y desequilibrar todavía más nuestras maltrechas cuentas públicas.

Confianza

Debemos ser conscientes de que las previsiones mencionadas anteriormente están sometidas a un muy elevado nivel de incertidumbre, y que no tienen del todo cuenta el importante potencial de despegue la economía española. Un ejemplo de ese potencial lo tenemos la tasa de ahorro de los hogares, que se ha situado en el 14,8% de su renta disponible en el año 2020. Es la más alta desde que comenzó la serie histórica y un indicador que podríamos ver transformado en consumo tan pronto como regrese con fuerza el más importante activo intangible para una economía: la confianza. Y lo mismo ocurre con la inversión empresarial. Lo pudimos ver en el tercer trimestre del año pasado: en cuanto se abrió una ventana de esperanza y oportunidad, el consumo rebotó, el ahorro empezó a movilizarse y la actividad se recuperó muy significativamente. Porque la economía es un reflejo de la vida y, por encima de todo, queremos vivir lo más plenamente posible. Esto volverá a pasar, sin duda, pero deberíamos conseguir que pase mucho antes, y por ahora no lo estamos haciendo, especialmente con la vacunación. Y los retrasos se miden en vidas perdidas, debilidad y ruina económica.

Fuente: INE

Además, una vez hayamos conseguido agilizar la vacunación, recibido la deseada ayuda externa y recuperado movilidad y actividad, para que dicho entusiasmo vital se sostenga en el tiempo y no se derrumbe a las primeras de cambio, debemos asegurar un marco político, institucional, fiscal y normativo robusto y estable. Porque la confianza tiene muchas dimensiones: confianza en las instituciones nacionales e internacionales, y en su buen funcionamiento; confianza en que nuestros dirigentes perseguirán bien de los ciudadanos y no su propia supervivencia política; confianza en el futuro; confianza en el valor del dinero y en el mercado financiero; confianza en los pactos y contratos firmados; confianza en nuestra capacidad de cooperación y convivencia cívica... Y todo ello no ocurre de la noche a la mañana, como si fuera algo mágico que se produce sólo por anunciarlo en una rueda de prensa o por desearlo muy fuerte. La confianza se gana con hechos constatables por quienes deben otorgarla. Y la necesitaremos para superar las enormes heridas económicas y sociales que ha dejado y dejará la pandemia.

En este punto, cabría preguntarnos si en la actualidad estamos propiciando tales mimbres y, si no es así, qué deberíamos hacer para conseguirlo. Pero este será el tema de la próxima entrega. Hasta entonces, cuídense mucho, sean responsables, mantengan una sana distancia crítica ante los vendedores de humo y nunca se rindan.