El último barómetro del CIS ha situado a la izquierda con una ventaja de casi 10 puntos frente a la derecha, una estimación que choca con la mayoría de los sondeos privados recientes, que apuntan a una ventaja del bloque de derechas de entre 8 y 10 puntos.

Desde 2018, algunos analistas afirman que las estimaciones de voto del CIS han mostrado un sesgo persistente hacia la izquierda. Estos días, lo comentaba Kiko Llaneras en un reciente artículo para El País. No obstante, más allá del CIS, los sondeos electorales parecen cargar con problemas de fondo que requieren de una exploración sobre las causas metodológicas, las tensiones institucionales y los retos presentes para recuperar credibilidad. 

El espejo que no refleja

Lo que sabemos es que frente a la ventaja del bloque de izquierdas, otros sondeos privados, como el barómetro 40dB, ofrecen ventaja al bloque contrario, el de derechas, sitúan al Partido Popular en primera posición y a Vox como la primera fuerza en intención de voto hasta los 44 años. 

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En este sentido, el alza de Vox se habría empezado a estancar e incluso reducir ligeramente, el PP habría dejado de descender y la intención de voto del resto del bloque de izquierdas se habría estabilizado.

La investigación electoral de Sociométrica daría, hoy, resultados similares: la intención de voto se dividiría entre un 34 % para el PP, 26,9 % para el PSOE y un 16,6 % para Vox. La mayoría de encuestas electorales, con variaciones menores (GESOP, NC Report, SigmaDos) mantienen datos similares.

Lo relevante es el patrón histórico desde 2018, que coincide con la llegada de José Félix Tezanos al frente del CIS, donde la institución ha sobreestimado el voto hacia la izquierda en 41 de 42 convocatorias electorales.

Esto plantea varias dudas recurrentes: ¿por qué el CIS y las encuestas privadas muestran diferencias tan marcadas? ¿se están corrigiendo los sesgos muestrales o más bien introduciendo nuevos? Y ¿qué valor tiene la estadística institucional para la percepción pública de los votantes?

Retos metodológicos

Que los sondeos no coinciden es una realidad. 

En gran parte, esto es debido a la complejidad y volatilidad social. Pocas encuestas lograron anticipar el éxito trumpista, las elecciones colombianas o el Brexit, entre otros, a lo que se suman problemas ya conocidos como el diseño, la forma de hacer las preguntas, las muestras poco representativas o la tasa de respuesta.

Así, entre los problemas clásicos está la dificultad de alcanzar una muestra representativa, debido a la no respuesta de ciertos segmentos (jóvenes, abstencionistas, ciudadanos menos politizados) y el sesgo de localización: los métodos (teléfono fijo, móvil, online) tienen distinta cobertura y captan perfiles diferentes.

Para mitigar estos sesgos, los sondeos privados suelen aplicar ajustes posteriores (ponderaciones adaptativas) según las características demográficas o los modelos históricos. Sin embargo, el CIS aplica el llamado "modelo bidimensional inercia-incertidumbre Alaminos-Tezanos" para sus estimaciones, pero se ha cuestionado que este modelo no corrige suficientemente los sesgos de la muestra original.

Además, la variable “recuerdo de voto en la última elección” se usa para calibrar la muestra hacia los resultados electorales anteriores. Sin embargo, al forzar que los datos de la encuesta se ajusten a los resultados pasados, se ocultan dinámicas reales de cambio.

Un estudio reciente sobre el CIS, que utilizó barómetros y resultados de las elecciones generales de julio de 2023, señala que para los partidos de derecha (PP y Vox) el recuerdo de voto reportado en las encuestas del CIS es significativamente inferior a los resultados reales, mientras que las diferencias para PSOE y Sumar no alcanzan significación estadística.

Ese desequilibrio sugiere que la ponderación mediante el recuerdo de voto puede subrepresentar de forma sistemática a los partidos conservadores en favor de los progresistas: esto es justo lo que comentaba Llaneras tras identificar un ejemplo claro del suceso: en las muestras del CIS, recordar haber votado al PSOE aparece el doble de veces que haber votado al PP, cuando en realidad el PP obtuvo más votos en esa elección.

Este sesgo de recuerdo —o su interacción con la ocultación de voto— es uno de los factores que más erosionan la validez del modelo final del CIS.

Todo ello se suma a otro elemento clave que destacaba Llaneras: los datos brutos del CIS (como matrices de fidelidad de voto entre bloques políticos) sugieren una mayor movilización de la derecha, con más “fugas” de electores de izquierda hacia la derecha (5,3 % vs 0,4 %). Pero la estimación final del CIS asigna un gran avance a la izquierda. Esa contradicción interna muestra que la transformación metodológica (del dato crudo al pronóstico) implica ajustes que no siempre son transparentes ni justificables.

En otras palabras, no basta con tener buenos datos iniciales: el método de interpretación y proyección cambia sustancialmente la fotografía política estimada.

La misión institucional

El enfoque anterior obvia, en parte, el punto más relevante de esta cuestión. El CIS es un organismo público cuya misión oficial (mandato formal) es medir la opinión pública, es decir, las actitudes sociales, valoraciones de política, percepciones ciudadanas...

En este sentido, su rol no es competir con empresas privadas de sondeos en acierto electoral. No obstante, al publicar estimaciones de intención de voto y al figurar en los medios como “la encuesta oficial”, su ámbito de influencia se mezcla con el de las encuestadoras comerciales. Esa ambigüedad puede erosionar su neutralidad percibida.

Para una institución pública con mandato estadístico, la transparencia metodológica es esencial. Eso implica publicar no solo resultados sino también los criterios de muestreo, los métodos de ponderación o corrección de sesgos y las transformaciones intermedias desde datos crudos hasta estimaciones finales.

Sin embargo, al no publicar parte de los procesos de estimación (con los datos presentados, los analistas están de acuerdo en que sería improbable poder replicar el resultado oficial) se abre un espacio para cuestionamientos de sesgo político y manipulación.

Reforzar la credibilidad

Recuperar la confianza en el CIS pasa, ante todo, por reforzar su transparencia metodológica y su sometimiento a estándares comparables con los de otras instituciones estadísticas.

El organismo debería publicar de forma detallada los pasos intermedios que convierten la intención directa de voto en una estimación ponderada, así como los supuestos técnicos del llamado modelo bidimensional inercia-incertidumbre Alaminos-Tezanos (o de su evolución más reciente).

Del mismo modo, sería necesario revisar cómo (y con qué efectos) se incorpora el recuerdo de voto como variable de ajuste, dado que diversos análisis académicos han mostrado un impacto asimétrico entre bloques ideológicos.

Además, el CIS podría contrastar sus resultados con modelos de validación estadística más abiertos, como los que aplican algunas instituciones internacionales (enfoques probabilísticos o técnicas de calibración basadas en grandes bases de datos, por ejemplo), que permiten comprobar la robustez de los márgenes de error y las estimaciones finales.

La creación de mecanismos de evaluación independiente, como auditorías metodológicas o comisiones externas, reforzaría también su credibilidad institucional.

Cabe matizar que las encuestadoras privadas como 40dB, Sigma Dos o GAD3 tampoco publican todos sus microdatos brutos, ya que sus estudios tienen carácter comercial y pertenecen a sus clientes o medios contratantes. Sin embargo, estas firmas no tienen la misma obligación institucional que el CIS, cuya financiación pública y condición de organismo estatal le exigen cumplir estándares superiores de replicabilidad, trazabilidad y transparencia.

En síntesis, el problema no es que otras encuestas sean más opacas, sino que el CIS, por su naturaleza pública, debería ser ejemplar en su apertura técnica. Reforzar esa transparencia, someter sus modelos a evaluación independiente y alinear su funcionamiento con los estándares del INE o Eurostat son pasos imprescindibles para recuperar la credibilidad del dato público y mantenerse como una herramienta de confianza, no de controversia.

Las estimaciones del CIS no son simplemente “equivocadas”: en varios niveles metodológicos y estructurales hay decisiones que favorecen sistemáticamente una desviación hacia la izquierda. No se trata necesariamente de manipulación deliberada, sino de un marco metodológico que no corrige sesgos conocidos.

¿Ocurre justo lo contrario en otros sondeos y barómetros que miden la intención de voto? Hay indicios claros de que así es, sin duda, pero la discusión que prima aquí es otra: para que una institución pública siga siendo útil y respetada, debe demostrar que su estimación política no obedece a intereses partidistas, sino a una lógica técnica transparente. Recuperar ese capital de credibilidad es tan importante como medir datos correctamente.

 Foto: El País, Wikimedia Commons.

El lema de la campaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid que ha trascendido y que ha impregnado al resto de fuerzas políticas has sido el elaborado por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso: Socialismo o Libertad.

Dada la imposibilidad de implantar el socialismo en la Comunidad de Madrid, se trata de un reduccionismo que puede ser eficaz como eslogan, pero tiene una mirada más profunda para identificar qué modelos se confrontan para proteger o no el derecho de los madrileños a poder desarrollar sus planes de vida sin verse interferido por terceros.

Al final se pretende vincular aquellas posiciones que amplían ese los derechos individuales de los ciudadanos junto al lema "Libertad" frente a aquellas que los reducen bajo el lema "Socialismo". Siguiendo con esta definición, veamos cuáles son las posiciones de los programas económicos de las fuerzas con posibilidades de sacar resultados en la Asamblea de Madrid: Partido Popular, PSOE, Más Madrid, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos.

Libertad o Socialismo en impuestos

La Comunidad de Madrid establece un gasto público del 9% sobre su PIB, mientras que la media nacional se encuentra en el 17,5%. Madrid puede presumir de un modelo de amplia libertad económica, con una baja influencia de la administración intermedia en la presión fiscal.

Fijémonos por ejemplo en el IRPF. Para salarios brutos de 20.000 euros se pagaría por IRPF 2.269,46 euros, para los que alcanzaran 70.000 euros se elevaría hasta los 18.835,18 euros, ambos casos el segundo pago más bajo por detrás del País Vasco. Los salarios brutos de 160.000 euros alcanzan un pago de IRPF de 59.669,16 euros, el pago más bajo en España.

Las propuestas que se enmarcan bajo el paraguas de la libertad, en este caso libertad fiscal, las proponen Partido Popular y Vox. Ambos están de acuerdo en que hay que bajar impuestos, lo que podría suponer una rebaja recaudatoria que, en un marcó de estabilidad fiscal, debe ser compensada por la disminución del gasto público.

En este caso, en ese eje de "Libertad", el Partido Popular y Vox que pretenden, ambos, bajar medio punto del IRPF en todos los tramos y los populares proponen ampliar la bonificación del impuesto de Donaciones y Sucesiones entre tíos y sobrinos (del 10% al 20%) y entre hermanos (del actual 15% al 25%).

PSOE y Ciudadanos podrían entrar en ese esquema de "Libertad" pero con matices, ya que ambas formaciones coinciden en no subir impuestos en la Comunidad de Madrid. Pero, en el caso del PSOE, hay que decir que desde Moncloa presionan para armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que, en la práctica, supondría una subida para los madrileños. Por su parte, la formación naranja propone el fin de ese impuesto que ya está ampliamente bonificado en la autonomía.

Alejándose de la libertad, y acercándose al "Socialismo" veríamos a Más Madrid y Unidas Podemos. Se pretende dejar de bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio para quienes disfruten de un patrimonio de más de un millón de euros, dejar de bonificar el impuesto Sucesiones y Donaciones, crear impuesto a las viviendas vacías y subir el IRPF hasta el 27% a las bases liquidables superiores a 150.000 euros. Todo no es socialismo en materia de impuestos, algo de libertad podemos encontrar, coinciden con Partido Popular y Vox en bajar medio punto a las rentas bajas, en este pasar el tipo medio autonómico del 9% al 8,5% en el primer tramo (hasta 12.450 euros).

Vivienda y el socialismo de planificar la oferta

La vivienda es uno de los problemas de la Comunidad de Madrid. Según los datos aportados por el portal idealista, en el cuarto trimestre del 2020, el precio del metro cuadrado de la oferta residencial es de 2852 euros, máximos en los últimos doce años.

Las formaciones políticas suelen tener un sesgo planificador por parte del mercado de la vivienda, asumiendo que hay que dirigir el mercado de la vivienda, la libertad tiende a brillar por su ausencia. Incluso Vox, que propone liberalizar todo el suelo que no esté especialmente protegido, añade seguidamente: Construcción de viviendas sociales para garantizar que los jóvenes y familias puedan tener un hogar.

Nadie está dispuesto a deshacerse liberalizar plenamente el suelo en la Comunidad de Madrid y neutralizar la oferta de vivienda pública en favor del sector privado. El Partido Popular apuesta por el Plan “VIVE MADRID”, promoviendo la construcción de hasta 25.000 viviendas en suelo público. Desde Ciudadanos, se dice que entre las nuevas promociones, nos aseguraremos de destinar un número suficiente a la vivienda pública en alquiler.

El PSOE propone 15.000 nuevas viviendas públicas para el alquiler social o asequible y garantizará por Ley que ningún ayuntamiento de la Comunidad de Madrid podrá vender viviendas públicas a fondos de inversión. La izquierda se suma al carro de la planificación más allá de la oferta pública de viviendas como Más Madrid que propone las promociones de nueva vivienda tendrán que destinar el 30% de los pisos construidos en zonas urbanas a vivienda en alquiler social y asequible. Una medida que supone rebajar la rentabilidad de construir viviendas y por lo tanto, supone todo lo contrario a cultivar la oferta.

Por parte, desde Unidas Podemos apuesta el control de los precios. Específicamente, los precios de los alquileres para que la renta mensual no supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de la zona donde se ubique el inmueble. Elaborar un índice público de precios de referencia para el alquiler.

El modelo de libertades ante la gestión del covid

Dentro del ámbito español, los últimos datos de la Comunidad de Madrid reflejan que no ha sido la peor comunidad autónoma en materia de la gestión del covid, a pesar de un nivel de restricciones notablemente menor. Para ello utilizaremos la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid ha sumado hasta la fecha 249 muertes por 100.000 habitantes, una relación que queda por debajo de: Castilla y León (449 muertes), Cataluña (286 muertes) y Aragón 257 (muertes).

Estos datos requieren una matización previa y es que 130 muertes por 100.000 habitantes se produjeron en la primera ola, en el momento que las competencias estaban en el Gobierno de Sánchez. De hecho, en la segunda y tercera oleada las cifras quedaron alrededor de 40 muertos, en ambos casos por debajo de la media nacional.

El Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos se ha caracterizado por un nivel de restricciones mucho más laxas a pesar de que la incidencia acumulada de la región estuviera mucho más alta que en otras partes de España. Otros grandes núcleos poblacionales de Europa como Londres, con uno de los confinamientos más estrictos, lo mantuvo todo cerrado, al igual que París, Berlín y Atenas.

Aunque tanto los grandes almacenes como las pequeñas tiendas han tenido restricciones de capacidad, las tiendas están abiertas hasta las 9:00 pm. Por otro lado, en lugares con confinamiento más estricto, como Londres, Berlín, Lisboa o Atenas, solo abrieron tiendas para productos básicos, como supermercados. En Bruselas, las tiendas están abiertas hasta las 8:00 pm. En París y Roma, los centros comerciales han sufrido las restricciones.

Sin embargo, si compramos la Comunidad de Madrid con las grandes regiones europeas, no se sitúa en una posición cómoda. Con la región de Lacio, capital Roma, va muy por delante, ya que suman 128 muertes por 100.000 habitantes. Lo mismo sucede con la Isla de Francia, capital París, con 151 muertos y alejada de Berlín con 87 muertes por 100.000 habitantes.

El próximo domingo diez de noviembre, los electores son llamados a las urnas para manifestar sus preferencias políticas. Si anteriormente analizamos las propuestas económicas de los partidos nacionales que se sitúan en el eje izquierda, hoy toca analizar el eje ideológico de la derecha.

La economía adquiere una mayor importancia en el contexto actual de desaceleración. Los datos avanzados del INE, nos muestran que, en términos interanuales, el crecimiento del PIB es del 2%, tasa similar a la del segundo trimestre de 2019, niveles relativamente bajos que no se veían desde 2014.

También lo vemos en los datos vinculados al empleo. La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre refleja una creación de 69.400 empleos, el peor dato desde 2013, y el paro solo se reduce en 16.200 personas.

Con estos "nubarrones" económicos que estamos viendo, analizamos qué propuestas económicas ofrecen Partido Popular, Ciudadanos y Vox ¿Existen notables diferencias?

Bajada de impuestos

Una de las banderas del eje ideológico de derechas es la bajada de impuestos. En mayor o menor medida, Partido Popular, Ciudadanos y Vox proponen una menor fiscalidad al contribuyente. Así que vamos a ver qué propuestas recaen sobre los principales impuestos.

El Partido Popular propone bajar impuestos en su programa. Pero la pregunta que muchos electores se hacen es si es real o como en 2012, que en medio de las dificultades económicas, se dudó entre subir el IRPF y el IVA, terminando subiendo ambos.

Sea como fuere, para la próxima legislatura inciden en la aprobación de una rebaja fiscal del IRPF que afectará todos los contribuyentes y el tipo máximo se situará por debajo del 40%, cico puntos porcentuales menos que el actual IRPF. También crear un Blindaje Fiscal del ahorro para la jubilación que extienda los beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro.

Sobre el Impuesto de Sociedades, buscan que el tipo máximo caiga 5 puntos hasta el 20% y ampliar los convenios internacionales para evitar la doble imposición internacional.

Desde Ciudadanos, tambien afirman que quieren seguir bajando el IRPF en la siguiente legislatura, y, también, no hablan de ningún tramo salvo el máximo que lo situarían en el 44%, un punto porcentual por debajo del marginal superior.

Pero el punto más llamativo en Ciudadanos es el que hace referencia al tipo efectivo del Impuesto sobre Sociedades. Dicen lo siguiente:

"Bajaremos al 15% el Impuesto de Sociedades a las pymes que reinviertan sus beneficios para estimular su crecimiento y que puedan hacer frente a la próxima desaceleración. Haremos el Impuesto de Sociedades más justo y eficiente para que las pymes no paguen tipos efectivos superiores al de las grandes empresas y aproximar la recaudación a la media de la zona euro".

En este punto aparece la clásica trampa del tipo efectivo, que compara resultados antes de impuestos globales frente a la cuantía del Impuesto de Sociedades pagado en España. De ahí, que las grandes empresas internacionalizadas paguen un 7%, ya que no se tiene en cuenta los impuestos de sociedades que se paga allí donde ejercen la actividad sus filiales.

Si dice "que las pymes no paguen tipos efectivos superiores al de las grandes empresas" encubiertamente se está presentando una subida en el tipo efectivo de sociedades para las grandes empresas.

El esquema más revolucionario en cuestiones fiscales lo presenta Vox. Para el IRPF, la apuesta es la reducción de los tramos del IRPF a dos: hasta 60.000 euros con un tipo aplicable del 22% y a partir de esa base imponible, el 30%, lo que implica un descenso de 15 puntos porcentuales partiendo de los actuales niveles.

Para el Impuesto sobre Sociedades, el objetivo sería un tipo general del 22% -niveles por encima que la oferta del Partido Popular- y añaden que dependiendo de la capacidad presupuestaria de los futuros ejercicios se buscará un tipo general del 12,5%.

¿Y el IVA? Parece que el tipo general del 21% sobre el impuesto al consumo ha venido para quedarse. En el Partido Popular no se ofrece nada. Desde Ciudadanos se propone que los autónomos y pymes no tendrán que adelantar nunca más el IVA por facturas que no hayan cobrado. Y Vox señala que su objetivo sería algún tipo de reclasificación como en determinados productos farmacéuticos y hasta la eliminación para la adquisición de la primera vivienda.

¿Y el gasto público?

Toda bajada de impuestos debe cubrirse con un recorte de la misma proporción si el objetivo es un escenario de estabilidad presupuestaria que no impida, en el largo plazo, refinanciar los vencimientos de deuda en un Estado cuyo volumen pesa el 100% de la economía.

Probablemente este sea el talón de Aquiles del eje ideológico de derechas ya que los recortes son tremendamente impopulares de expresar abiertamente.

El último Gobierno Partido Popular mantuvo una gestión nefasta de la estabilidad presupuestaria, logrando ser el país con mayor déficit de la UE. En contra del modelo alemán, en España no se cuadraron las cuentas a la vez que se popularizaba el término "austericidio".

El Partido Popular persigue "afianzar la viabilidad el Estado del Bienestar". Este concepto puede tener diferentes interpretaciones. Por ejemplo, una preservación puede ser ajustar el presupuesto vía IPC, como peso específico sobre el global de la economía -actualmente el gasto público pesa el 41,3% sobre el PIB- o simplemente que los cambios nominales sean diferentes al avance de los ingresos.

Quizá Ciudananos sea el partido dentro de ese eje más favorable al gasto público y por ello, el menos ambicioso en bajadas de impuestos.

Entre otras medidas, proponen diferentes medidas vinculadas al gasto como que familias con 3 o más hijos y las monoparentales con 2 o más hijos tendrán los beneficios de las familias numerosas de categoría especial y recibirán 2.400 euros al año. También una plaza de Educación Infantil de 0 a 3 años gratis para todos los niños de España.

Desde Vox dicen "no se trata de gastar más sino gastar mejor". Su oferta parte de una reducción del gasto público 24.236 millones de euros. Dos terceras partes sería por reducir la capa estatal del Estado y el resto se derivarían de las instancias autonómicas y municipales. De llevarse a cabo esta medida nos iríamos a un peso del Estado equivalente al 36% sobre el PIB, niveles por debajo del sector público estadounidense o inglés.

Modelo centralizado vs descentralizado

Uno de los grandes debates que se extienden más allá del eje ideológico es el eje centralización o descentralización ¿Qué administración debe hacerse cargo de una competencia determinada la central o la autonómica?

Desde los partidos del eje izquierda se reivindica el "federalismo" y a su vez que determinados impuestos como el de sucesiones y donaciones se centralice, para evitar la competencia fiscal entre las autonomías que conforman el Estado.

Lo mismo le sucede a los partidos del eje ideológico derecha nacional, en el que hay una disputa sobre si el papel de las autonomías es positivo y hay que preservarlo o más bien negativo y hay que derrocarlo.

Por un lado, tendríamos a Partido Popular y Ciudadanos que, a pesar de que el conflicto en Cataluña les lleve a discursos de centralización -aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o el artículo 155 de la Constitución-, son partidos abiertos a la descentralización característica de España. Es decir, que la administración intermedia tenga un peso significativo en la gestión de los ingresos públicos y el gasto público sobre el total.

En el lado opuesto tenemos a Vox. Su apuesta es la eliminación del estado de las autonomías basado en dos argumentos: el ahorro en costes, que los impuestos bajos una vez centralizados beneficiarían al conjunto se los ciudadanos.

Recientemente, hemos visto como desde Bruselas se ha alertado del carácter restrictivo y fragmentado de la regulación en España que pone trabas a las empresas aprovechar las economías de escala. Esto se traduce en que en determinadas actividades para operar en otra autonomía es necesaria otra licencia.

Tanto Partido Popular, Ciudadanos y Vox, en mayor o menor intensidad, defienden el concepto Unidad de Mercado. Se trata que desde la administración central se abra una legislación que establezca normas armonizadoras en todo el territorio. Esta armonización supone la centralización de determinadas competencias reguladoras, aunque sea para en última instancia una eliminación.

Ayer 28 de abril, se celebraron las elecciones en España con un claro vencedor, el PSOE, que se alzó con la primera posición con 123 escaños de los 350 de la Cámara, lo que supone 38 más frente a los anteriores comicios y una amplia diferencia a su inmediato rival, el Partido Popular, que con 66 escaños sufre una debacle electoral, perdiendo 71 escaños frente a 2016.

Ante este escenario se plantea una clara gobernabilidad para que Pedro Sánchez alcance la presidencia. El PSOE tiene dos opciones para sacar adelante la próxima legislatura para lograr una mayoría de 176 escaños: La primera, con Ciudadanos, que obtiene 57 escaños (+25 escaños) con claras discrepancias entre ambos programas económicos o bien con Unidas Podemos que suma 42 escaños (-20 escaños) y con los partidos nacionalistas/independentistas vascos y catalanes.

Entre ambas posibilidades, ha afirmado que considerará la posibilidad de entablar conversaciones para formar un nuevo gobierno solo con partidos que respeten la Constitución y promuevan la justicia social.

La participación en la votación del domingo ha sido del 75%, más de 8 puntos más que en las elecciones anteriores de 2016. El aumento de la participación se ha visto liderada por un gran impulso de Comunidad Autónoma de Cataluña, que se ha visto envuelta en un enfrentamiento político desde el fracaso de su intento de secesión en 2017, que llevó en prisión a varios líderes separatistas mientras son actualmente juzgados.

El eje socialista se impone al liberal

Por primera vez en una década, la economía española se ha visto relegada a un segundo plano en una campaña electoral como principal eje de debate. Aun así, con estos resultados, el global de partidos que apostaban programáticamente por reducir impuestos, han sido castigados en las urnas, con la pérdida de representación parlamentaria. En otras palabras, Partido Popular, Ciudadanos y Vox no han presentado la batalla como bloque.

Cierto es que Vox se incorpora en el Congreso de los Diputados con 24 escaños y Ciudadanos ha subido fuertemente, pero, todo ello, a costa del hundimiento de los conservadores. Por lo que, en su conjunto, la apuesta por una mayor libertad individual ha sido rechazada por los electores españoles, en favor de programas económicos más intervencionistas en la economía.

Si repasamos los datos de la última convocatoria celebrada en 2016, Partido Popular y Ciudadanos sumaron 7,94 y 3,14 millones de votos, es decir, algo más de 11 millones. En esta ocasión, se repite el total de 11 millones entre Partido Popular (4,36 millones), Ciudadanos (4,13 millones) y Vox (2,68 millones).

Entonces, ¿Qué ha sucedido?

Ante la expectativa de la irrupción de Vox, un partido que se situaría en el eje de la extrema derecha, se ha movilizado el votante de izquierdas, principalmente a través de la candidatura socialista. De hecho, la participación ha subido desde el 66,48% de las anteriores elecciones hasta el 75,75%. A ello, fruto de la ley electoral, la fragmentación de la derecha ha sido duramente penalizada con la pérdida de escaños en provincias pequeñas.

Como vemos, en ningún caso ha sido penalizado por parte de los electores que el Gobierno del PSOE fuera incapaz de sacar adelante los Presupuestos Generales para el actual año, o que su diseño no fuera creíble para los objetivos del déficit público. El próximo Gobierno del PSOE, lo tiene más fácil para la acción de Gobierno en la próxima legislatura.

Reacción de los mercados

Es interesante comparar cómo han ido evolucionando los resultados durante la noche de ayer y al mismo tiempo, examinar los movimientos del cruce euro/dólar para conocer el sentimiento de los inversores. Como vemos en el siguiente gráfico, hasta las 22.30h se produjo una ligera bajada del cruce hasta los 1,1142 dólares, pero a partir de ese momento, hemos visto cierta estabilización en el tipo de cambio hasta los 1,1150 dólares.

Curiosamente este movimiento se ha visto impulsado a raíz de que el grupo Ciudadanos conseguía ir ganando poco a poco mayor representación parlamentaria, haciendo posible un pacto PSOE-Ciudadanos como fórmula de Gobierno lo que se traduciría en una estabilidad parlamentaria de dos partidos pro europeos.

Por otro lado, en las semanas previas hemos visto una gran tranquilidad en los mercados referentes para España. Su bolsa, el Ibex 35, ha subido durante el mes de abril del mismo modo que lo han hecho el resto de índices europeos hasta situarse en los 9.500 puntos. Por lo tanto, no se ha visto penalizado por las encuestas que diseñaban un escenario, en mayor o menor medida, similar al que finalmente hemos asistido.

No obstante, la resaca electoral tiende a ser roja para el selectivo bursátil, siendo especialmente negativa en los supuestos de cambio de gobierno como en los años 1996, 2004 o 2011:

• 7 junio 1993: -1,75%.
• 4 marzo 1996: -5,22%.
• 13 marzo de 2000: -1,23%.
• 15 marzo 2004: -4,15%
• 10 marzo 2008: -0,29%
• 21 noviembre 2011: -3,48%
• 21 de noviembre de 2015: -3,62%.
• 27 de junio de 2016: -1,83%.

Si nos dirigimos al mercado de la deuda, también se aprecia esta tranquilidad. El bono español a diez años está rindiendo tan solo un 1,02%, mientras que al iniciar este año la rentabilidad se encontraba en el 1,42%. Y si desde 2014, la prima de riesgo oscila en una horquilla de 100-130 puntos, actualmente nos encontramos en la parte baja con 104 puntos en el diferencial frente al bono alemán.

Retos económicos para el próximo Gobierno del PSOE

En los últimos años hemos visto como la fuerte recuperación economía española se ha visto acompañada por una reducción de los desequilibrios macroeconómicos, incluidos los déficits de cuenta corriente sostenidos, el desapalancamiento continuo del sector privado y la reestructuración del sistema financiero (a cargo del contribuyente).

Sin embargo, hay un contrapunto que no debemos olvidar y es la gran cantidad de deuda que han ido acumulando en las administraciones públicas, debido a un débil ajuste fiscal estructural. De hecho, España no se ha caracterizado por los recortes para cuadrar las cuentas sino que el crecimiento de España ha sido el gran catalizador para mejorar el déficit. Hemos sido (y somos) el país con mayor déficit de la UE durante estos años.

Pero actualmente nos encontramos en un proceso de desaceleración de la actividad económica, y por ello, el crecimiento del PIB español avanzó un 2,6% en 2018, alejándose del promedio del 3,1% que se había visto en los años 2015 y 2018. Para este año también seguirá el proceso de desaceleración con las previsiones del 2,3% para este año y del 1,9% para 2020.

La falta de estabilidad presupuestaria y la moderación del crecimiento económico tiene un impacto directo en el empleo, por lo que el otro gran reto del PSOE será mantener las tasas de creación de empleo sólidas que hemos visto en los últimos años con medio millón de empleos creados anualmente.

El problema de deuda está ahí... Las previsiones actuales dibujan un contexto en el que se producirá una reducción gradual en la ratio deuda pública, del 97,1% del PIB en 2018 al 94,5% en 2020.

Para gestionar este alto volumen de deuda, hay que mencionar un dato: El vencimiento promedio relativamente largo de la deuda pública de 7,5 años, en comparación con 6,8 en 2016, significa que el supuesto aumento constante en los rendimientos marginales (impulsado por la normalización de la política monetaria) llevará tiempo hasta el coste promedio de servicio de la deuda.

Sin embargo, el riesgo más identificado con la deuda es un shock externo que lleve a una nueva recesión y los inversores dejen de acudir a las emisiones de deuda, disparando así su coste, lo mismo que le sucedió a Grecia que le supuso la solicitud de hasta tres rescates auqnue de por medio, vivió un duro ajuste con la caída del 25% del PIB.

Este fin de semana el Partido Popular ha culminado su proceso de liderazgo, llevando a Pablo Casado a la presidencia del partido. Su candidatura ha sumado 1.701 apoyos de los compromisarios al Comité Ejecutivo Nacional, mientras que 1.250 dieron su apoyo a la lista presentada por la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.

La candidatura de Pablo Casado ha incluido la batalla ideológica en el foco del debate, girando hacia un liberalismo que durante los últimos años ha brillado por su ausencia en el Partido Popular. Como resultado del Congreso, se obtiene un partido con unos principios más claros, aunque veremos si este posicionamiento se traduce en una mayor competitividad electoral en el momento de dirigirse a las urnas.

La etapa de Rajoy: El PP socialdemócrata

El liderazgo de Mariano Rajoy al frente del Gobierno de España se ha caracterizado por hundir las clases medias mediante el efecto confiscatorio de las subidas de impuestos que protagonizó. El PP llegó al Gobierno a finales de 2011, con un programa de bajada de impuestos pero hicieron caso omiso al abarcar la mayoría absoluta en el Parlamento y [vimos al PP más socialdemócrata que se recuerda](Este fin de semana el Partido Popular ha culminado su proceso de liderazgo, llevando a **Pablo Casado a la presidencia del partido).

En tan solo un año y medio ya habían ejecutado una treintena de subidas de impuestos: Cinco revisiones del IRPF, cuatro del Impuesto de Sociedades, dos del IVA, dos del Impuesto de Bienes Inmuebles o la renovación del Impuesto de Patrimonio y 12 nuevas figuras tributarias más que repercutían al sector eléctrico, depósitos bancarios, cobrar el 20% de los premios de las loterías, hidrocarburos y medioambiente.

Al finalizar el mandato de Zapatero, el tipo general del IVA era del 18% y el tipo marginal máximo del IRPF era del 45%. Pues bien, al finalizar el la etapa de Rajoy, el tipo general del IVA ha subido al 21% -con la reclasificación de diversos productos a tipos más altos- y el tipo marginal del IRPF ha quedado en el 45% pero en los años 2012, 2013 y 2014 se alcanzó un tipo marginal máximo del 52%.

Según se desprende del informe "Día de la Liberación Fiscal 2017" de Think Tank Civismo, el contribuyente medio necesita trabajar 178 días para pagar impuestos. Más específicamente: 102 días en el pago de las cotizaciones sociales, 36 para el IRPF, 25 en hacer frente al IVA, 11 vinculados a los Impuestos Especiales, y los 5 restantes para otros gravámenes (IBI, Patrimonio, Matriculación…).

Si bien el día de la Liberalización Fiscal ha descendido en los últimos años -a medida que se han ido acercando las elecciones generales-, con el Gobierno del PP de Rajoy, se llegó a un máximo de 183 días en los años 2013 y 2014.

Se abre la etapa Casado: ¿Liberalismo en el PP?

En el primer discurso en el Congreso, antes de la votación de los compromisarios, Casado nombró una serie de principios de su candidatura de referencia. El primero de todos fue el de la libertad, más específicamente, la libertad individual: "Somos el Partido de la libertad individual".

La libertad individual es uno de los símbolos ideológicos del liberalismo económico más representativos. De hecho, este concepto confronta directamente con el colectivismo que ha criticado duramente en su discurso. Este punto aporta una visión más enfocada al debate ideológico que probablemente la etapa de Mariano Rajoy había quedado abandonado.

A pesar de que el tiempo dirá si este enfoque ideológico se traduce un programa económico, por el discurso de Pablo Casado, el Partido Popular dará un giro económico importante, más liberalismo económico se traduce en una predisposición en fomentar los bajos impuestos. Este fue el mensaje de Casado en el primer discurso como Presidente del Partido Popular sobre cuestiones fiscales:

"Nuestro contrato con España pasa también por la competitividad; por la competitividad de bajar impuestos mientras ahora el Gobierno quiere subirlos; de suprimir los impuestos que no son justos, como los de doble imposición, los de Patrimonio, el de Donaciones, el de Sucesiones; con bajar el Impuesto de Sociedades y el IRPF".

En materia de estructura de la Administración Pública también puntualizó lo siguiente:

"Actualizar la Administración en plena era digital; hacer que la eficiencia, la meritocracia, la retribución incluso manteniendo ahora mismo los derechos adquiridos por los funcionarios -sólo faltaba-, pero que pueda ser también un aliciente a una Administración moderna y del siglo XXI en el desempeño laboral que tenga cada uno de los excelentes servidores públicos que tiene España".

No obstante, Casado no esbozó crítica alguna al Estado del Bienestar, un concepto muy identificado en la socialdemocracia europea en el que el gasto público pondera altamente en la economía. En la Unión Europea el gasto público ha sido del 47% del PIB, una cifra sustancialmente elevada durante este siglo, aunque España se situaría por debajo (gasto público español medio del 42% desde principios de siglo).

No podemos tolerar que se siga haciendo una agenda de ruptura con nuestro pasado, con nuestros sentimientos más hondos, con nuestra economía, con nuestro Estado de bienestar, por nuestra posición internacional, incluso con la división que genera el proceso independentista.

Este punto sería el más delicado de todos... Un Estado del Bienestar exige altos tipos impositivos, lo que no encaja especialmente bien con el discurso de libertad económica con el que se ha posicionado Casado en su candidatura. Por lo tanto, o su enfoque de libertad económica no es contundente o su defensa del Estado del Bienestar quedará en palabras -soplar y sorber al mismo tiempo no se puede-.

Cuidado con el déficit y la deuda ¿Bajada de impuestos sin recortes?

España es, a día de hoy, el país con mayor déficit público de la UE y con una deuda pública del 98,3% del PIB. Si no se recorta el nivel de gasto público (o su tasa de crecimiento es inferior al de los ingresos públicos de manera constante), una bajada de impuestos agresiva se traduce ampliar el diferencial entre ingresos y gastos, añadiendo más déficit público que en las cuentas públicas.

Actualmente tenemos el paraguas del BCE que está manipulando la curva de rendimientos del bono español para que el Tesoro obtenga mayores facilidades para financiarse en el mercado primario. Gracias a la política del BCE, el Estado puede refinanciar su deuda sin demasiadas complicaciones. Incluso, vemos una anomalía nunca vista... Hasta tres años los bonos españoles cotizan con una rentabilidad negativa y a diez años sólo ofrecen una TIR del 1,32%.

Obviamente esto carece de lógica pues los riesgos de una deuda pública cercana al 100% del PIB y del país con el mayor déficit público de la UE no se está teniendo en cuenta en las cotizaciones de los bonos soberanos, pero esto no significa que los riesgos no existan.

En este entorno, de aplicarse un programa de bajada de impuestos intenso, sin la contrapartida adecuada de menor gasto público, supondría incrementar el riesgo del emisor... En este caso el Estado. Más riesgo implica a largo plazo más dificultades para encontrar inversores y pagar por las emisiones más intereses.

Con una deuda pública cercana al 100% del PIB, hay que ser especialmente cuidadoso en la política de estabilidad presupuestaria porque una bajada de impuestos sin menor gasto o un shock externo puede romper la confianza de los emisores para financiar la deuda que sostiene el gasto público español.

Después de que la moción de censura derribara al Gobierno del Partido Popular, Mariano Rajoy renunció a seguir liderando el partido, abriendo así una carrera de diferentes aspirantes que pretenden presidir el partido.

El proceso se basa en unas primarias de doble vuelta: Primero votan los afiliados y si no hay un candidato que reúna más del 50% de los votos, obtenga más de la mitad de los votos en 30 circunscripciones, o que tenga una diferencia superior a 15 puntos sobre el siguiente candidato, se pasará a una segunda vuelta en la que los compromisarios elegirán entre los dos candidatos más votados en primera vuelta.

Dado que presidir el Partido Popular implica señalar al próximo candidato para las elecciones generales, nos preguntamos ¿Qué propuestas económicas están haciendo los precandidatos? ¿Difieren de la línea anterior o son continuistas?

Maria Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría: Las favoritas no hablan de economía

Las grandes favoritas para alcanzar la presidencia del Partido Popular son María Dolores Cospedal -actual Secretaría General del Partido Popular y expresidenta de Castilla la Mancha- y Soraya Sáenz de Santamaría -Vicepresidenta en las dos últimas legislaturas del PP-. A día de hoy, ambas están liderando las encuestas con una distancia importante frente al resto un de candidatos.

Curiosamente las grandes favoritas son las mismas que, durante la campaña, no han hecho mención alguna a las medidas económicas, que a su entender necesita el país. En sus respectivas webs como precandidatas -primeroelpp y sorayayapp- no figura ni tan siquiera a unas líneas generales mínimamente analizables.

En la web de comunicación de la precandidata Cospedal se esboza una lista de prioridades bajo el título "Qué es para mí lo primero". Se habla de la importancia de los afiliados del partido, del propio partido, de volver a gobernar y de España como concepto, pero en unas líneas muy generalistas sin marcar un posicionamiento claro sobre los principales retos del país.

Sáenz de Santamaría sigue una línea parecida a Cospedal, tampoco hace mención alguna de las políticas que pretende emprender como candidata a un futuro Gobierno. El único contenido de su precandidatura se centra en una serie de "compromisos con las nuevas generaciones", medidas en favor de la regeneración y dar más transparencia... pero el pensamiento económico brilla por su ausencia tanto en su web de comunicación como en las entrevistas realizadas.

A diferencia de Sáenz de Santamaría, Cospedal ha presidido una comunidad autónoma, Castilla la Mancha, desde junio de 2011 hasta julio de 2015, por lo que se le puede vincular perfectamente a una gestión económica bajo su tutela y unos resultados. Probablemente el punto más destacable de su gestión es que consiguió doblar la deuda, desde los 6.965 millones de deuda viva en 2011, a los 13.426 millones con los que finalmente se cerró 2015 y todo ello, a pesar de las supuestas medidas de austeridad aplicadas.

Esto llevó a Castilla la Mancha de ser una de las comunidades menos endeudadas a una con una mayor deuda relativa a su PIB, sólo superada por Cataluña y la Comunidad Valenciana. Una línea de falta de control de las finanzas públicas muy acorde con la presidencia de Rajoy, que abandonó el país con el mayor déficit de toda la Unión Europea.

Ambas tienen algo en común, ninguna públicamente ha esbozado alguna crítica a la línea económica que ha desarrollado el Partido Popular, por lo que se presume una línea más continuista que rupturista si optaran a presidir el país. Recordemos que el Partido Popular alcanzó el Gobierno a finales de 2011 con un programa económico de bajada de impuestos, pero se dedicaron a machacar a la clase media con subidas de IRPF, IVA, Especiales y demás figuras tributarias. De hecho, el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha pasado a la historia como el ministro que más ha subido los impuestos en democracia.

Pablo Casado y José Manuel García-Margallo: Los que más hablan de economía

Seguidamente tenemos a Pablo Casado que ocupa el cargo de Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y José Manuel García-Margallo, que se puso al frente del Ministerio de Exteriores desde 2011 hasta 2016.

Siguiendo la tradición de las grandes favoritas a presidir el Partido Popular, sus respectivas webs de comunicación tampoco hablan de economía. No obstante, en estos días de campaña, sí han expuesto unas líneas económicas más o menos detalladas y muy especialmente en el caso de Margallo.

Pablo Casado carece de un programa económico pero sí se ha posicionado en las diferentes entrevistas en una línea más liberal que la que presenta actualmente el PP, incluso ha señalado al economista Daniel Lacalle como persona a la que "encargaría el programa económico".

En las diferentes entrevistas ha apuntado diferentes medidas de intensa bajada de impuestos como: tramo máximo del IRPF por debajo del 40%, Impuesto de Sociedades al 10%, la supresión de sucesiones, donaciones y patrimonio, diferentes desgravaciones para impulsar la innovación y el emprendimiento y tramos para autónomos para para potenciar esta figura.

La bajada de impuestos está muy bien para como medidas disruptivas a la tradición del Partido Popular de subidas de impuestos, pero, por ahora, no ha detallado en ningún momento en qué partidas recortaría para alcanzar una estabilidad presupuestaria sostenida en el tiempo -A no ser que espere que la curva Laffer lo compense todo y no haya que recortar gasto público-.

La web de Margallo presenta el programa más detallado sobre qué medidas específicas debe adoptar el Partido Popular desde un punto de vista organizativo, un documento informativo muy amplio para los afiliados del partido, que aporta más información frente a los discursos de "brocha gorda" del resto de precandidatos.

Margallo es el único precandidato que ha presentado un proyecto amplio: Reforma de la Constitución, reforma de la Administración pública en todos los niveles que incluye un nuevo sistema de financiación para las Comunidades Autónomas, un pacto para la regeneración democrática buenas prácticas y gobernanza y un proyecto para Europa tras el Brexit (España ganaría peso político en ese nuevo escenario). Además ha publicado varios libros donde se profundiza en los retos necesarios para España.

Desde el punto de vista económico, se ha destacado como un crítico a la contención del gasto público, afirmó "Nos hemos pasado cuatro pueblos con la austeridad" y ha sido partidario de blindar las pensiones en una Reforma Constitucional. A pesar de ello, el gran puntal económico de su programa se basa en una mayor descentralización de España para trazar perfectamente las competencias de ingresos y gastos entre las diferentes entidades públicas -Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Seguridad Social.

Para ir más en detalle, una mayor descentralización del Estado en la parte de los ingresos como por ejemplo, transferir prácticamente la totalidad del IRPF a todas las CCAA, con la única excepción del ahorro y a los rendimientos empresariales. El Estado tendría la potestad de recaudación del IVA e Impuesto de Sociedades.

Esta medida puede ser muy interesante para España, pues es uno de los países con mayor descentralización del gasto público, en el que las regiones subordinadas al Estado controlan el 40% del gasto público. Que los ingresos no están descentralizados puede inducir a fricciones entre los diferentes niveles de la Administración Pública. Bajo esa reforma se alcanzaría una mayor responsabilidad fiscal entre administraciones... Si una autonomía quiere mayor gasto público deberá responsabilizar a sus ciudadanos con más impuestos.

José Ramón García Hernández y Elio Cabanes Sanchís: Los grandes desconocidos

Los precandidatos José Ramón García Hernández y Elio Cabanes Sanchís son las apuestas más 'outsiders' que cuenta el Partido Popular. El primero ocupa el cargo de Portavoz de Asuntos Exteriores, mientras el segundo es concejal de la Font de Figuera, un pequeño pueblo de la provincia de Valencia.

Si Margallo apuesta por una mayor descentralización de España, su némesis sería José Ramón García Hernández que apuesta por una mayor recentralización. En este caso apuesta que el Estado se haga cargo de las competencias de Educación y Sanidad que son los dos pilares básicos de gasto público para las Comunidades Autónomas.

El precandidato Elio Cabanes Sanchís ha mantenido una línea muy crítica con las decisiones de Mariano Rajoy al frente de la presidencia del Gobierno, la última crítica fue derivada de la moción de censura, que comentó llegó a acusa al Presidente Rajoy de dejar a España ante "la peor izquierda que ha existido en nuestro país".

Sin embargo, más allá de la crítica, no hay propuestas de fondo en sus candidaturas. Nada que pueda ser sometido a debate para valorar los puntos positivos y negativos desde un punto de vista meramente económico.

Siguiendo con el detalle de los diferentes partidos políticos que concurren a las Elecciones al Parlamento Europeo del 25 de mayo, hoy vamos a ver el programa del Partido Popular. El PP ha presentado un programa general por un lado y una serie de programas autonómicos en los que detalla las inversiones y efectos que ha tenido la UE en cada comunidad. (Véase aquí por ejemplo el programa de Cantabria).

El programa nacional del PP destaca por haber separado bloque específico para el aspecto económico a partir del centro del programa y lo ha titulado "Crecer con más y mejor empleo", en línea contraria a lo que por ahora han realizado todos los partidos que ya hemos comentado, que han arrancado hablando de crisis y de medidas económicas o de regeneración política. En líneas generales, el programa destaca por las generalidades y ambigüedades en todos los puntos que tocan, no comprometiendo información o "promesas electorales" más allá de lo necesario.

Medidas para crecer con más y mejor empleo

Después de dos páginas hablando sobre el desempleo generado hasta 2011 y una frase que extraigo para remarcar y analizar posteriormente ("En el último año el número de personas desempleadas se ha reducido en casi 240.000 personas y hay 115.000 personas más trabajando"), las medidas que se proponen son las siguientes:

• Trabajar conjuntamente con Europa para crear un marco de relaciones laborales competitivo que priorice crear empleo y de calidad.

• Dar respuesta a la evolución del empleo fomentando la movilidad, la formación y la empleabilidad.

• Impuso del diálogo social.

• Movilizar instrumentos para luchar contra el desempleo juvenil.

• Fomento del acceso al mercando laboral de jóvenes, minmigrantes, trabajadores con baja cualificación para alcanzar una ocupación del 75% en 2020

• Promover la conciliación de la vida profesional y familiar.

• Creación de un Estatuto Básico del Empleado en el exterior.

• Promoción del empleo por cuenta propia y el espíritu empresarial.

• Impulso de un marco de calidad para las prácticas en el empleo juvenil y desarrollo de medidas tempranas para su incorporación al mercado laboral.

• Puesta en marcha de asignaturas de emprendimiento con aplicación práctica en empresas.

Medidas para el Mercado Unico y libre comercio

• Fomento de políticas que integren el mercado interior europeo con especial atención al sector servicios y la economía digital.

• Diseño de estrategias para asegurar la ventaja competitiva con empresas de Brasil, India, China... (si, sobre los mercados emergentes)

• Instar a terceros países a que cubran los derechos sociales de los trabajadores para que las empresas puedan competir entre ellas.

• Apoyo a la internacionalización promoviendo la eliminación de barreras técnicas y arancelarias.

• Promoción de políticas comerciales basadas en la reciprocidad.

• Estímulos a la apertura comercial, la inversión, la eficiencia y la innovación.

• Creación de un reglamento sobre la normativa de la compraventa europea eliminando los costes auxiliares de información.

• Impulso a un marco institucional sólido que permita tomar decisiones de manera rápida.

• Impulso al establecimiento de un área de comercio e inversión libre de barreras entre EEUU y UE.

• Negociaciones con los BRICs y países emergentes para mejorar la posición de España.

Completar la unión económica y monetaria

En todo este bloque, se pasa de puntillas por las acciones del MoU / MEDE para hablar siempre de la unión monetaria y se apoya la idea de que la estabilidad financiera tendrá su solución en un mercado financiero con la unión bancaria. Para esto, las medidas que proponen son:

• Completar la unión bancaria para acabar con la fragmentación financiera y que se reactive el crédito a las empresas.

• Avanzar en la aplicación del Mecanismo Único de Resolución con una única autoridad y un Fondo Unico de Resolución (medidas ya aprobadas)

• Promoción de nuevas normas de buen gobierno económico relativas a la disciplina presupuestaria por parte de todos los Estados

• Desarrollo de una capacidad fiscal en la zona euro para absorber los shocks asimétricos (párrafo que realmente no se sabe qué quieren decir si se lee completo)

• Aplicación de reformas estructurales para reducir los desequilibrios de la zona euro y mejorar la flexibilidad de las economías

• Refuerzo del proceso de consulta y participación de los interlocutores sociales en el Gobierno de la Unión

• Concluir la directiva y reglamento de los mercados e instrumentos financieros así como la directiva de Pagos a cuenta.

Otras medidas a nivel económico en todos los sectores

El resto del programa se sitúa en el aspecto industrial, en aspectos de energía, ganadería y pesca junto con medidas específicas para el turismo o para el medioambiente. Dado que tampoco destacan por una gran concreción y siguen una línea muy similar a las expuestas hasta ahora, extraigo las que me parecen más interesantes de estos bloques:

• En materia de propiedad intelectual, se hace especial hincapie en perseguir la piratería y defender los derechos de autor y a los creadores.

• En materia de energía, búsqueda de soluciones que amortigüen los costes energéticos.

• Apoyo de "instrumentos novedosos" para aumentar la inversión en tecnologías de la comunicación e información y un nuevo marco de calidad para la economía digital (¿quizá se refieren a la Ley sinde, Canon AEDE y resto de materias legisladas en este área?)

• En materia de agricultura, la defensa de la PAC, básicamente como está diseñada ahora y búsqueda de la estabilidad de precios en los productos agrícolas y ganaderos.

• En materia de infraestructuras y transportes se aboga por las mejoras con las conexiones con Europa, la liberalización del sector del ferrocarril y el cielo único europeo.

• Y finalmente, unas pocas anotaciones sobre el turismo, la innovación del sector y el apoyo a la creación de una Marca Europa.

De todos los programas que llevamos comentados, el programa del Partido Popular es el más extenso en número de páginas (119 aunque con bastantes fotos) pero mi opinión es que es el más ambiguo, menos concreto y que menos se moja en todos los frentes. Hace una barrida tal que parece la crisis del euro y deuda no ha pasado en Europa y que siquiera está ahí y a nivel económico, vosotros mismos podéis juzgar las principales líneas que se proponen.

Más Información | Programa del Partido Popular para las Elecciones Europeas En El Blog Salmón | Elecciones 25M

El Partido Popular se acaba de cubrir de gloria en twitter con el gráfico que acompaña al post. El objetivo de dicho gráfico es demostrar cómo con su gobierno sube mucho menos la luz que con los gobiernos del PSOE.

El gráfico rompe con toda la lógica de un gráfico serio y que no haya sido manipulado, porque durante el año 2013, muestran los datos trimestrales rompiendo la serie de la representación gráfica de los datos anuales. Veamos cómo queda el asunto si realizamos el gráfico con los datos anuales y considerando la última subasta:

Actualización (20/12/2013 //07:00): Tal y como comentáis algunos, el gráfico anterior era erróneo. Al comprobar los datos del primer gráfico del PP para el año 2011 t 2012, me equivoqué en los cálculos y me salía que habían tomado las subidas generadas durante el año en curso, midiendo del 01/01 al siguiente. Disculpas por el error que ya se ha corregido en el gráfico que muestra el post y que incluye el 2014 con la furuta subida del 11%.

En El Blog Salmón | Tarifazo eléctrico: la factura de la luz se incrementará un 11% a partir de enero

Desde hace unos meses, anda circulando por la red la contabilidad del Partido Popular bastante detallada, filtración que realizó Anonymus y que el PP le da carta de validez al presentar la denuncia de los hechos.

Pues bien, basta con echar una ojeada a esta "contabilidad oficial" para descubrir algunos puntos interesantes de todo el embrollo judicial que se le viene encima al PP y a Unifica con las obras de la sede de Génova, empresa que realizó estas reformas como contratista principal.

Los apuntes contables de 2006/2007

Tal y como podemos ver en las capturas adjuntas de la cuenta del proveedor, según la contabilidad del PP, en el año 2006, tenemos el primer apunte anulado contra partidas pendientes por importe de 580.000 euros y que no tiene rastro en contabilidad, sobre todo en las cuentas de tesorería. Esto podría ser un error salvo que exista contrapartida de pago, claro está. En la contabilidad oficial, este pago, no aparece.

No obstante, el primer dato significativo lo tenemos en el año 2007, cuando el PP paga 522.000 euros en concepto de pagos a cuenta sin que se emita la correspondiente factura obligatoria por parte de la empresa. Estos pagos se realizan contra la cuenta del PP del Banco Popular 600062947.

Este descuadre, se arregla el 14/01/2008 con la contabilización de correspondiente factura por importe de 988.195,90 euros. A 12/02/2008, la cuenta con el proveedor está saldada, pero claro, aquí entra en juego el auto de Ruz.

La contabilidad del 2008 de Unifica

Tal y como ha señalado Ruz en el auto, existe una factura por importe de 195.000 euros con fecha de 14/01/2008 y su correspondiente recibí, ambos con un sello posterior de anulación y que tal y como podemos apreciar en la contabilidad del PP, no tenemos rastro, dado que la cancelación de la factura del día 14/02/2008 de 988.195 euros estaba pagada parcialmente en 2007 y el resto se paga desde la cuenta del Popular el 17/01/2008.

Eso si, tenemos un ingreso bastante curioso en la cuenta del Popular un par de días antes por importe de 180.000 euros imputado al Grupo de Senadores. De esta contabilidad, no hay detalle, pero se ha usado una cuenta puente del BBVA para meter este ingreso que no aparece reflejado ni como donación ni como nada en la propia contabilidad del 2008. Sólo movimientos financieros contra las cuentas de patrimonio.

Ahora, si miramos el total de saldos del 2008 de la cuenta de Unifica, podemos ver cómo existe un pago por banco de 200.000 euros el 27/10/2008 que según el juez Ruz difiere con el recibí en metálico de 200.000 euros de la misma fecha. Llama bastante la atención de los últimos apuntes del ejercicio 2008, cómo cómo los pagos del 27/10 y del 14/11 aparecen contabilizados como pagos a cuenta cuando en teoría, existe una factura emitida posterior y estos pagos cancelan dicha factura. Si la audiencia demuestra que el pago de 200.000 euros en metálico está duplicado, quedaría claro que han existido pagos en B, al igual que el pago anterior de 195.000 euros.

Aparte, muy curioso el mecanismo de pagos de la cuenta 551 contra patrimonio que se detalla, cuenta que tiene toda la pinta de ser una cuenta puente para justificar ingresos en banco que no pasan por donaciones o trapicheos variados.

El detalle de las cuentas de Unifica en 2009

Aqui es dónde tenemos el cúmulo de pagos sin facturas, puesto que tal y como podemos ver, según la contabilidad del 99, durante el año 2009 se pagaron a Unifica 859.140,07 euros sin que existan las facturas oportunas por dichos pagos.

Recordando el funcionamiento de la LGT y sobre todo la Ley del IVA, los anticipos o entregas a cuenta, tienen que sujetarse a IVA, pero este es un punto que repercute a la empresa prestadora del servicio, no al propio PP de manera directa.

Por desgracia, no tenemos la contabilidad del año 2010 para ver cómo se cierra esta cuenta de proveedor, pero si me quedo con los siguientes hechos: Al Tribunal de Cuentas le han colado como mínimo 859.000 euros de gastos en la sede sin facturas a cierre del 2009 Llama poderosamente la atención la imputación de costes en la partida de Equipos de Aire Acondicionado de la Sede de Génova, por importe total de 1.157.906 euros. De estas partidas, se imputan a Unifica 197.300 euros en 2009 contra facturas pendientes de recibir, 269.051 euros en el año 2008, 178.705 euros en el año 2007 contra facturas pendientes de recibir y pago cruzado con Unifica y 97.039 euros en el año 2006.

El juez Ruz y los peritos de la Audiencia Nacional, deberían comprobar el detalle de las contrapartidas de las cuentas no financieras del PP (grupos 551 de contabilidad), sobre todo, aquellas que no tienen correlación directa con desglose contable y que se imputan a los grupos parlamentarios y grupos de senadores. En todos los casos, aparecen ingresos en las cuentas por importes superiores a los 4 millones de euros que no tienen contrapartida en subvenciones ni en donaciones.

Cospedal afirma que toda la contabilidad del PP está en A y que la B no existe. Aún así, la contabilidad A del PP, tiene ciertas lagunas bastante turbias en relación a los pagos por anticipos, entregas a cuenta y facturas diferidas de ejercicio con este proveedor determinado.

En El Blog Salmón | Sr. Montoro: las facturas de las obras de Génova ¿con IVA o sin IVA?, Los papeles de Bárcenas Imagen | Partido Popular

Al Partido Popular lo han vuelto a coger metiendo la mano en el carrito de los helados porque el culebrón de los papeles de Bárcenas (esos que unos días son falsos y al siguiente no, según el punto que se trate) siguen dando sorpresas.

Tal y como podemos leer en estas diligencias previas, el análisis de la información contable de la empresa que contrató la reforma de la sede de Génova, muestra argumentos de bastante peso para demostrar que el Partido Popular ha sido colaborador necesario de fraude fiscal. Está claro que a la hora de pagar obras, los Rajoy´s Boys prefieren las facturas sin IVA.

Si finalmente se demuestra que todos estos indicios han devenido en pagos en negro por importe superior al millón de euros, el fraude en cuotas tributarias que esto supone supera los 350.000 euros y evidentemente, el Partido Popular es el colaborador necesario para perpetrar este fraude. Recordemos que para que una empresa cobre en negro, alguien le tiene que pagar en esta vía.

La Audiencia Nacional los tiene cogidos por los tipos impositivos y pocas explicaciones o argumentaciones caben cuando existen emisión de facturas, anulaciones de las mismas y recibís firmados por parte del arquitecto que realizó dicha obra. Ahora sólo falta que en la empresa que ha realizado estas obras, tenga ingresos en banco sin justificar y ya tenemos el puzzle completo.

Es realmente vergonzoso que tengamos que soportar que el Partido que Gobierna en España sea tan defraudador y delincuente como cualquiera de los que ellos persigue, que veamos cómo se han financiado a base de donaciones bastante oscuras y cómo son los primeros que no cumplen con las leyes tributarias. ¿Qué legitimidad tiene este Gobierno para sancionar e inspeccionar a ninguna empresa cuando ellos son los primeros presuntos defraudadores y colaboradores?

En El Blog Salmón | Los papeles de Bárcenas