Existe un consenso global manifestado en el Acuerdo de París que ha fijado un marco global que busca combatir el cambio climático y manteniendo el calentamiento global, muy por debajo de los 2 °C, para limitarlo a 1,5 °C.

La gran relevancia de este acuerdo es que se trata del primer acuerdo universal y con una vinculación jurídica sobre el cambio climático, y parte como resultado de la Conferencia sobre el Clima de París (COP21) en diciembre de 2015.

Desde la UE se ratificó formalmente el Acuerdo a finales de 2016, lo que permitió que entrara en vigor el 4 de noviembre de 2016. Para que el Acuerdo entrara en vigor, al menos 55 países que representasen al menos el 55% de las emisiones mundiales debían depositar sus instrumentos de ratificación.

Ante los desafíos medioambientales planteados por las autoridades nacionales y supranacionales, en los últimos años en el campo de la especulación financiera, los derechos de emisión de CO2 han adquirido un papel protagonista. Estos derechos de emisión nacen a través de un permiso otorgado a determinadas instalaciones afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión con la autorización a emitir gases a la atmosfera.

Con los derechos de emisión, una instalación afectada por este régimen, asume la capacidad de emisión de cierta cantidad de gases a la atmósfera. Y gran parte de derechos de emisión tiene un carácter transferible, lo que implica que puede comprarse y también venderse.

El sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea limita las emisiones de unas 12.000 centrales eléctricas, fábricas y compañías aéreas, exigiéndoles que entreguen un derecho de emisión de carbono por cada tonelada de CO2 emitida anualmente antes de finales de abril del año siguiente.

Y estos derechos no han parado de subir en el último año. Los factores de apoyo son la recuperación de la economía tras el COVID, el renovado interés de los inversores financieros, el optimismo sobre el objetivo climático a largo plazo de la UE y la falta de voluntad de los industriales para vender derechos de emisión.

Al mismo tiempo hay una tendencia de fondo a tener en cuenta, la reducción de la oferta de derechos de CO2 concedidos. De 2013 a 2020 el volumen de permisos emitidos se redujo un 1,74% anual, y a partir de este año caerá un 2,2%. En diciembre, los dirigentes de la UE aprobaron un objetivo revisado para 2030 de reducir la contaminación en al menos un 55% respecto a los niveles de 1990.

Al reducirse el número de permisos, las empresas tendrán que elegir entre invertir en una producción más limpia -el verdadero objetivo del programa- o comprar más derechos, lo que seguirá presionando al alza los precios.

Su cotización ha ido a más y los analistas han aumentado significativamente sus previsiones sobre el precio del mercado europeo del carbono ante la expectativa de que el endurecimiento de los objetivos climáticos de reducción de gases de efecto invernadero en el bloque haga subir el coste de los permisos. Concretamente se espera que los derechos de emisión de la UE alcancen una media de 37,86 euros por tonelada en 2021 y 41,61 euros/tonelada en 2022, un aumento del 18,2% y del 31,3%, respectivamente.

La UE quiere reforzar su objetivo climático para 2030 con el fin de dirigir su economía hacia la "neutralidad climática" para 2050, lo que significa que se impondrá una mayor carga a las empresas incluidas en las emisiones de estos derechos e, incluso, se incluirían otros sectores.

Las medidas más agresivas que se están estudiando podrían elevar el coste de las emisiones a 80 euros por tonelada en 2024. Pero ese escenario es poco probable, porque los gobiernos europeos se resistirían a poner a sus empresas en desventaja competitiva frente a rivales de lugares sin límites de carbono. La clave para la Comisión Europea es tratar de endurecer los objetivos de emisiones al tiempo que disuade a las empresas de trasladar su producción a lugares con normas climáticas más laxas.

El mercado del carbono de la UE ya ha impulsado una importante reducción de las emisiones en el sector eléctrico, donde la contaminación por CO2 se redujo un 15% en 2019, ya que la electricidad procedente de energías renovables desplazó a los combustibles fósiles.

La modificación del estatuto del trabajador autónomo aprobada ayer incluye varios puntos que deberán estudiar con detalle los trabajadores autónomos dependientes, es decir, aquellos que obtienen un 75% o más de sus ingresos de la misma empresa. Entre ellos, uno de los puntos más llamativo es el derecho a 18 días de vacaciones frente a los 15 de los que disfrutaban hasta ahora. Pero tampoco echemos las campanas al vuelo: las vacaciones siguen siendo por cuenta del autónomo, es decir, se trata de vacaciones no pagadas. Tras la aprobación, los autónomos dependientes tienen tres meses para comunicárselo a su principal empleador.

También se introducen una serie de mejoras que equiparan prácticamente a este colectivo con los asalariados en materia de permisos y prestaciones por maternidad, y se han incluido los accidentes de camino al trabajo en la categoría de accidente laboral de cara a las prestaciones por incapacidad.

Me alegro de corazón por todas estas mejoras que se me antojan insuficientes, la verdad, pues si queremos promover el espíritu emprendedor deberemos proporcionar no solo una mayor cobertura a los autónomos, sino facilitarles los trámites legales y fiscales (algo que no he visto por ningún lado en el nuevo estatuto). Sin embargo, me sigue pareciendo cuestionable la figura del "autónomo dependiente", ya que podría parecer que lo que se está favoreciendo es que los empresarios se deshagan de empleados comunes y los pongan a tributar como autónomos, de forma que el empresario se ahorra impuestos y el gobierno presume de los muchos autónomos que se han creado... Y no es eso, miren ustedes.

Vía | Cinco Días