Nuestro flamante ministro de economía ha empezado afirmando en televisión que el salario medio ha subido gracias al crecimiento del salario mínimo interprofesional y a una economía de mayor valor añadido.  Sin embargo, cuando se analizan los datos con rigor y, sobre todo, cuando se ajustan a la inflación y a los impuestos, la conclusión es mucho menos optimista: el poder adquisitivo de los trabajadores sigue deteriorándose.

El argumento no es muy sencillo pero sí muy contundente. Aunque los costes laborales están aumentando en términos nominales, lo hacen a un ritmo inferior al del IPC. Es decir, los salarios suben, sí, pero los precios suben igual o más rápido. Esto lo podemos ver cualquiera en la web del INE, es muy fácil comparar como el IPC publicado por la propia fuente oficial del gobierno, sube más que el coste de los salarios publicado en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Sin importar lo que pueda afirmar el ministro.

Los datos están disponibles y son claros para quien quiera analizarlos con honestidad. El propio Instituto Nacional de Estadística pública tanto la evolución de los salarios como del IPC.

Los impuestos, cada vez más altos en proporción

A esta pérdida de poder adquisitivo se suma un factor menos visible pero igual de determinante: la fiscalidad. Adicionalmente a esto, los tramos del IRPF llevan sin tocarse desde 2017. Eso hace, que sí los salarios suben, pero también el coste de vida y los impuestos relativos a los ingresos del trabajo.

En España, el IRPF no se ha ajustado de manera generalizada a la inflación. Esto significa que, a medida que los salarios nominales crecen, aunque sea por debajo del IPC, muchos contribuyentes pasan a tramos superiores o pagan más impuestos en proporción a su renta real.

El Estado absorbe una mayor parte de esos ingresos a través de impuestos que no han sido actualizados conforme al contexto inflacionario. En otras palabras, cada vez un porcentaje mayor del sueldo de los españoles se destina a Hacienda, incluso sin una mejora real en su bienestar económico.

Todo esto se añade a lo que muchos vemos, el estado ocupa cada vez más una proporción más grande de la economía, pero sus servicios son iguales o peores. Ni mejora la educación, ni la sanidad y las infraestructuras están cada vez peor (por no hablar de los escándalos de corrupción recientes).

La táctica del avestruz

Lo preocupante no es solo la situación en sí, sino la respuesta institucional ante ella. A pesar de la formación técnica del ministro, no duda en negar o minimizar estos efectos, apoyándose en cifras nominales que, sin el debido contexto, pueden inducir a error. Pero la economía real no se mide en euros corrientes, sino en capacidad de compra.

También el Banco de España ha advertido en varias ocasiones sobre la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación. Con la guerra en Irán, esta pérdida va a ir aumentando a medida que se dispare la inflación.

Ignorar estas evidencias no es una cuestión menor. Cuando se niega un problema, no solo se desinforma, sino que se bloquea cualquier posibilidad de corregirlo. Si no se reconoce que los salarios reales están cayendo y que la presión fiscal efectiva está aumentando, no se tomarán medidas para aliviar esa carga.

Como consecuencia, millones de españoles siguen empobreciéndose en silencio, con menor poder adquisitivo, mientras el discurso oficial insiste en que todo va razonablemente bien. Pero la realidad, como siempre, termina imponiéndose. Negar un problema no hace que desaparezca; simplemente garantiza que empeore.

El mercado laboral español no fue tan brillante en 2025 como se vendió. Por primera vez desde la salida de la pandemia, las subidas retributivas han quedado por debajo de lo acordado en la negociación colectiva.

 En concreto, el salario medio avanzó un 3,2%, mientras que los incrementos pactados entre empresas y sindicatos alcanzaron el 3,5%.

Este desfase rompe con la tendencia observada entre 2021 y 2024, cuando los sueldos crecían por encima de lo firmado en convenios, lo que permitió amortiguar parcialmente el impacto de la inflación.

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Ahora, el comportamiento vuelve a asemejarse al periodo previo a la pandemia, cuando las mejoras salariales efectivas quedaban sistemáticamente por debajo de lo acordado en el diálogo social.

Inflación, impuestos y el desgaste del poder de compra

Aunque el incremento salarial nominal ha superado la inflación media de 2025, situada en el 2,7%, el análisis completo revela una realidad menos favorable para los trabajadores. El poder adquisitivo apenas ha logrado recuperarse respecto a 2019 y, en algunos segmentos, continúa deteriorándose.

El factor clave está en la diferencia entre salario bruto y salario neto. A medida que crecen los ingresos nominales, también lo hace la carga fiscal. La falta de actualización de los tramos del IRPF en línea con la inflación provoca que muchos trabajadores paguen más impuestos sin haber mejorado realmente su capacidad de compra.

A esto se suman mayores cotizaciones sociales, derivadas de mecanismos recientes orientados a reforzar el sistema de pensiones.

El resultado es que, en términos reales, el salario neto medio ha retrocedido cerca de un 3,8% desde 2019. Es decir, los trabajadores disponen de menos capacidad para consumir pese a cobrar más en términos nominales.

Diferencias entre jornada completa y parcial

El impacto no es homogéneo en todo el mercado laboral. Los asalariados a tiempo completo, que representan la mayoría del empleo en España, son los que más acusan la pérdida de poder adquisitivo.

Según los datos disponibles, este colectivo aún no ha recuperado los niveles de capacidad de compra previos a la pandemia y acumula una caída cercana al 2% en términos reales desde 2019.

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Por el contrario, los trabajadores a tiempo parcial han experimentado un comportamiento más favorable, con incrementos reales superiores al 3% en el último año.

Sin embargo, este dato debe interpretarse con cierta cautela. Parte de esta mejora responde a cambios en la composición del empleo, como la desaparición de pequeñas empresas o el aumento relativo de compañías con mayores salarios, lo que distorsiona la estadística.

Además, la subida del salario mínimo interprofesional ha tenido un efecto relevante en este segmento, elevando las bases salariales más bajas y contribuyendo a mejorar los registros agregados.

Sectores ganadores y perdedores

El análisis por sectores muestra una evolución desigual de los salarios. La logística destaca como el ámbito con mayor crecimiento acumulado desde 2019, con incrementos que alcanzan el 46% en jornadas parciales y el 15% en empleos a tiempo completo. Solo en el último año, este sector ha registrado una subida del 5,8%.

También presentan avances significativos las actividades administrativas y los servicios auxiliares, con un crecimiento del 5,4%.

En cambio, el sector artístico y del entretenimiento es el único que refleja una caída, con un descenso cercano al 4%, lo que evidencia la fragilidad de ciertas ramas vinculadas a la cultura y el ocio.

La industria manufacturera, por su parte, mantiene una evolución más moderada, con un aumento del 3,3%, en línea con la media nacional.

La percepción social: más ingresos, menos capacidad real

Más allá de los datos agregados, la percepción de los ciudadanos refuerza la idea de una pérdida generalizada de bienestar económico.  Una amplia mayoría de la población considera que ha visto reducido su poder adquisitivo en los últimos años.

Este sentimiento se explica no solo por la evolución de los salarios, sino también por el encarecimiento de bienes esenciales como la vivienda, la energía o los alimentos. Incluso en un contexto de moderación de la inflación, los niveles de precios alcanzados durante los años anteriores siguen condicionando el gasto de los hogares.

Además, el aumento de la presión fiscal y de las cotizaciones sociales ha reducido el margen disponible en los ingresos netos, lo que intensifica la sensación de pérdida de capacidad económica.

No, no todo ha sido tan boyante como se nos ha vendido.

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Y es que, mientras unos salarios han aumentado a cifras nada desdeñables. Una parte significativa de los trabajadores continúa atrapada en niveles retributivos muy bajos y que dificultan el acceso a una vida económica estable.

En este contexto, la situación de los jóvenes se agrava. Aunque son el grupo sobre el que más se habla cuando se analizan los retos del mercado laboral, los datos muestran que siguen perdiendo poder adquisitivo pese a la mejora del salario medio nacional.

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Todo suma. El encarecimiento de la vivienda, la inflación acumulada y la temporalidad están impidiendo que puedan beneficiarse del crecimiento salarial generalizado.

Un salario medio al alza, pero con desigualdades profundas

Según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística a partir de la Encuesta de Población Activa, el salario bruto medio del empleo principal alcanzó en 2024 los 2.385,6 euros mensuales.

Esta cifra representa un aumento del 5% respecto al año anterior, un porcentaje notablemente superior al ritmo medio de la última década. Sin embargo, el avance supone una ligera desaceleración si se compara con el aumento registrado en 2023, cuando se produjo la mayor subida desde 2008.

El importe medio refleja únicamente el resultado global, pero oculta una realidad de grandes diferencias. Cerca de dos millones de personas cobran alrededor de 1.000 euros brutos, situándose en la franja inferior de la estructura salarial.

Este segmento se compone, sobre todo, de trabajadores jóvenes, mujeres, empleados con contratos temporales y personas con menor nivel formativo. Para ellos, la evolución del salario medio apenas se traduce en mejoras materiales.

El perfil del trabajador con sueldo más elevado

Al desglosar los datos por características demográficas y laborales emerge un patrón muy marcado. El salario más alto se concentra en hombres mayores de 55 años que cuentan con estudios superiores, un contrato indefinido y jornada completa.

Este perfil reúne los factores que tradicionalmente elevan la renta laboral: estabilidad, antigüedad, especialización y una mayor presencia en posiciones de responsabilidad.

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Las diferencias por género continúan siendo especialmente visibles. El salario medio de las mujeres en 2024 fue de 2.163,2 euros mensuales, mientras que el de los hombres alcanzó los 2.593 euros.

La brecha, de aproximadamente 430 euros al mes, se explica no solo por la segmentación en el acceso a ciertos sectores y puestos, sino también por la mayor concentración femenina en trabajos con menos retribución y en modalidades que no siempre ofrecen progresión salarial.

Los extremos de la distribución muestran con claridad esta desigualdad. Un tercio de los hombres percibe salarios iguales o superiores a 2.659,8 euros, mientras que solo una de cada cuatro mujeres se sitúa en ese tramo. En el lado opuesto, casi un 40% de ellas ingresa menos de 1.582 euros mensuales, frente al 20,7% de los hombres.

Jóvenes con salarios estancados y pérdida de capacidad económica

La subida del salario medio no ha beneficiado por igual a todos los grupos de edad. Los trabajadores de entre 16 y 34 años no solo mantienen las retribuciones más bajas del mercado, sino que además han perdido poder adquisitivo en los últimos años.

La inflación acumulada desde 2021 ha reducido su margen económico, mientras que los salarios que reciben no han crecido a un ritmo suficiente.

Este problema se ve amplificado por dos factores estructurales. El primero es la dificultad para acceder a empleos estables: la temporalidad y los contratos de corta duración siguen siendo más frecuentes entre los jóvenes, lo que repercute en peores condiciones económicas.

El segundo es el encarecimiento del coste de vida, especialmente de la vivienda. En la mayoría de grandes ciudades, un salario cercano a los 1.000 euros brutos apenas permite cubrir alquileres que han superado máximos históricos.

Una brecha generacional que se ensancha

Mientras los perfiles con mayor antigüedad y formación pueden beneficiarse de la subida global del salario medio, las nuevas generaciones no encuentran oportunidades que permitan un avance real en sus niveles de ingresos.

Los datos muestran un mercado laboral dividido. La polarización salarial continúa siendo uno de los principales desafíos para España, dado que el crecimiento del salario medio no refleja la situación de millones de trabajadores que no acceden a los beneficios del ciclo económico.

Una situación que también afecta al consumo, al ahorro y a la capacidad de movilidad social de una parte significativa de la población.

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En España, hay provincias donde la pérdida de poder adquisitivo ya no está ligada a la inflación, al desempleo o a la falta de actividad económica, sino a un factor más silencioso y preocupante: la desaparición de los pensionistas, que sostenían buena parte de la renta local.

El fenómeno es especialmente visible en territorios muy envejecidos como Lugo, Ourense o Zamora, donde la población de más de 83 años supera ya a la franja de entre 60 y 64 años. En Ourense y Zamora, un tercio de los habitantes tiene 65 años o más; en Lugo y León, la proporción también rebasa el 30 % de la población, casi el doble que en provincias más jóvenes como Almería.

Cuando las pensiones desaparecen

Durante dos décadas, las pensiones han sido uno de los motores más estables de renta en muchas provincias. De este modo, mientras los salarios se estancaban y la inversión privada huía, las prestaciones contributivas garantizaban un mínimo flujo de consumo: desde el supermercado hasta el pequeño comercio.

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Sin embargo, la tendencia demográfica está alterando ese equilibrio. A medida que fallecen los pensionistas más mayores, el poder adquisitivo de las provincias envejecidas se erosiona, acelerando un proceso de empobrecimiento relativo.

El contraste con otras áreas es evidente: mientras las grandes capitales concentran la creación de empleo de calidad en provincias despobladas y envejecidas, la desaparición de pensiones significa menos renta disponible, menos consumo y más dificultades para sostener el tejido económico local.

La desigualdad también se aprecia en el valor de las pensiones. En Alicante, por ejemplo, la pensión media es de 1.286 euros, lo que supone 219 euros menos que la media nacional y 580 euros menos que en Vizcaya, la provincia con pensiones más altas. Desde el año 2000, Alicante ha caído tres puestos en el ranking provincial y hoy se sitúa en la posición 45 de 50.

En otras palabras, hay que tener presente que no solo influye cuántos pensionistas hay, sino qué importe reciben: las provincias con carreras laborales más precarias o con sectores peor remunerados acumulan pensiones más bajas y, por lo tanto, un consumo más débil también.

Más allá de la demografía

La cuestión no es solo económica, sino también social y política. El gasto en pensiones y sanidad ya representa más del 13 % del PIB y se espera que siga creciendo en las próximas décadas.

Sin embargo, mientras el debate político se centra en cómo sostener el sistema, en muchos territorios la realidad urgente se traduce en esta desaparición del poder adquisitivo de las familias a medida que los pensionistas fallecen, lo que agrava la brecha territorial y acelera la pérdida de población. Hoy, se lastran las oportunidades de las nuevas generaciones mientras se consolidan las de los mayores, pero ¿qué ocurrirá mañana en todos estos territorios envejecidos a medida que caiga el poder adquisitivo?

En conclusión, la mortalidad de los pensionistas se ha convertido en un factor silencioso de empobrecimiento provincial. Allí donde más dependían de sus rentas, su desaparición deja vacíos en la economía local y en la vida comunitaria.

El resultado es una España cada vez más desigual: provincias que crecen gracias al empleo y la atracción de población joven frente a otras que pierden poder adquisitivo a marchas forzadas porque su sostén demográfico y económico se apaga con cada generación que se va.

La clase media española enfrenta una paradoja económica que la coloca en una situación mucho más precaria de lo que sus ingresos podrían sugerir. Se podría resumir en que alguien no es igual de rico en Barcelona que en Granada, ni si consulta la nómina mirando o sin mirar lo que cuesta la cesta de la compra.

Hoy día, ¿consideramos clase alta a una persona con más de 2.000 euros netos de ingresos mensuales? ¿Deberíamos hacerlo? ¿Cuál es el límite entre clase media y clase baja y qué peso tiene la inflación en todo ello?

De la clase media a la supervivencia

Juan Ramón Rallo, reconocido economista, ha expuesto en X, antes Twitter, este desajuste con claridad. En el tuit, presenta un estudio de CaixaBank Research que ha definido la clase media como los hogares cuyos ingresos oscilan entre 1.000 y 2.000 euros mensuales, y como clase alta a aquellos que superan los 2.000 euros.

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El profesor de Economía de la UAM, Nacho Álvarez, había hecho un primer análisis del estudio, en el que afirma que la clase media se está ensanchando, considerando que los hogares con ingresos medios y altos son, hoy día, un 67 % frente al 57 % en 2019, habiéndose reducido también aquellos sin ingresos.

Al contrastar estos tramos con el coste de vida y la inflación, surgen importantes contradicciones. De acuerdo con Rallo, los ingresos de 1.000 a 2.000 euros al mes son la base de la clase media teórica en España. No obstante, en un contexto de inflación persistente y aumento del coste de vida, estos tramos resultan insuficientes para cubrir gastos esenciales como vivienda, alimentación y transporte.

Por contextualizar las definiciones:

- Clase media: Ingresos entre 1.000 y 2.000 euros al mes.
- Clase alta: Ingresos de más de 2.000 euros al mes.

HT: https://t.co/NXTHmoQ5tH https://t.co/UfsZtVRFvZ

— Juan Ramón Rallo (@juanrallo) December 18, 2024

En grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde el alquiler promedio supera los 1.000 euros mensuales, un hogar clasificado como “clase media” apenas puede llegar a fin de mes. Una crisis que se agravará este próximo año también.

La inflación, determinante

La inflación es un agravante que erosiona el poder adquisitivo de las familias. Según datos recientes, el índice de precios al consumo (IPC) en España ha aumentado significativamente en los últimos dos años, afectando especialmente a bienes básicos y consumo de energía.

En otras palabras, con los mismos ingresos, las familias pueden adquirir menos bienes y servicios que hace una década. Así, el coste de vida no solo ha crecido, sino que lo ha hecho de manera desigual en el territorio español.

Mientras que los ingresos teóricos de la clase media parecen razonables en regiones rurales o ciudades pequeñas, en áreas metropolitanas estos son insuficientes para mantener un nivel de vida digno. Por ejemplo, el coste de la energía y los alimentos ha subido cerca de un 30 % en promedio desde 2020, agravando aún más la situación de las familias de clase media.

El gran problema, en este sentido, es que si bien los indicadores de CaixaBank Research, como señalaba Álvarez, muestran datos actualizados y reflejan un cambio real en las rentas (un aumento de las mismas), estas no tienen presente la inflación que afecta a las familias y definen una clase media y alta que nada tiene que ver con la realidad.

De este modo, la definición teórica de la clase media parece haberse desconectado aquí de la realidad económica actual. En lugar de proporcionar un marco claro sobre las condiciones de vida, está generando una percepción falsa de estabilidad y bienestar: con 2.000 euros, en Barcelona o Madrid, uno apenas puede vivir de forma independiente, por lo cual resulta absurdo considerar a esa persona clase alta.

¿Crece la clase media en España?

Parece que sí. La Encuesta de Condiciones de Vida refleja un mayor aumento de la renta real (una vez restada la inflación) de los hogares con menos ingresos. Todos los deciles crecen, pero los de bajos ingresos más.

Abro hilo, explico y matizo👇 pic.twitter.com/2JS8Arsf8v

— Nacho Álvarez (@nachoalvarez_) December 19, 2024

El problema, como se puede apreciar en The Objective por ejemplo, es que existe una percepción obscura sobre lo que significa clase baja (menos del 75 % de lar enta mediana, se estima), clase media, que parece oscilar entre el 75 % y el 200 % y clase alta, cuyos ingresos deberían, por lo menos, duplicar las rentas medias.

El debate abierto por Rallo apunta, por lo menos, hacia la necesidad de redefinir estos tramos de ingresos, cómo la clase media y alta se hallan vinculados o no a un trabajo remunerado u a otros activos, e incorporar factores esenciales, como la inflación y las desigualdades regionales para reflejar mejor las verdaderas condiciones de vida.

De otro modo, la clase media española, lejos de ser una base económica estable y definitoria, se encuentra en una situación frágil, acentuada por el aumento del coste de vida y la inflación. Si perdemos esto de vista, el propio concepto seguirá siendo, en la mayoría de los casos, una mera ilusión.

La revalorización de las pensiones con el índice de precios al consumo ha sido una medida ampliamente celebrada como un mecanismo para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Sin embargo, existe un problema estructural que está afectando a este grupo: el impacto del IRPF.

Aunque las pensiones aumenten al ritmo de la inflación, el hecho de no deflactar las tablas del IRPF provoca que muchos pensionistas terminen perdiendo poder adquisitivo.

En 2023, las pensiones en España se incrementaron un 8,5% en base al IPC medio del año anterior, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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Las pensiones subirán en 2024 alrededor de un 3%. Y seguirán perdiendo poder adquisitivo los pensionistas

Esto significa que millones de pensionistas recibieron un aumento proporcional a la subida de los precios, algo crucial en un contexto de inflación elevada. Sin embargo, este aumento nominal no se traduce necesariamente en una mejora del poder adquisitivo debido a la estructura del IRPF.

El problema del IRPF y la falta de deflactación

El IRPF, el principal impuesto sobre la renta en España, tiene tramos fijos que no se actualizan automáticamente con la inflación. Esto genera un fenómeno conocido como "progresividad por inflación", donde los ingresos de los contribuyentes aumentan en términos nominales, pero no reales, y terminan pagando una mayor proporción de su renta en impuestos.

En el caso de los pensionistas, este problema se agrava debido a que sus ingresos suelen situarse cerca de los límites de los tramos inferiores del IRPF.

Según un análisis reciente, el aumento del 8,5% en las pensiones ha llevado a muchos pensionistas a cambiar de tramo en la escala del IRPF, lo que ha resultado en una carga fiscal adicional de hasta 602 euros anuales para algunos beneficiarios. Este impacto es especialmente relevante en pensiones que oscilan entre los 22.000 y los 30.000 euros anuales, donde la progresividad del IRPF se hace más evidente.

Impacto en cifras

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, el 60% de los pensionistas españoles tiene ingresos que los sitúan en los tramos inferiores del IRPF. Sin embargo, con las recientes subidas del IPC, se estima que un porcentaje significativo de estos contribuyentes ha pasado al siguiente tramo impositivo. Esto significa que una parte considerable del aumento nominal de las pensiones termina siendo absorbida por Hacienda.

Por ejemplo, un pensionista con una pensión anual de 22.000 euros podría haber visto un aumento de aproximadamente 1.870 euros en 2023 debido a la revalorización con el IPC. Sin embargo, este aumento podría suponer una carga fiscal adicional de unos 300-400 euros dependiendo de su situación personal y del tramo del IRPF en el que se encuentre.

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Algo es seguro en España en 2025: el gobierno volverá a subir los impuestos a todos al no deflactar el IRPF

Según el Consejo General de Economistas, la recaudación fiscal adicional por esta falta de deflactación podría superar los 1.200 millones de euros anuales, lo que refuerza la idea de que Hacienda está utilizando esta situación para aumentar sus ingresos a expensas de los pensionistas.

Enésimo choque entre los grupos políticos

En febrero de 2023, el Senado aprobó una propuesta para instar al Gobierno a deflactar las tablas del IRPF, una medida que permitiría ajustar los tramos impositivos a la inflación y evitar esta pérdida de poder adquisitivo. Esta medida beneficiaría no solo a los pensionistas, sino también a otros colectivos con ingresos bajos y medios.

Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio de Hacienda no ha implementado esta reforma. Esto se debe en parte a que la falta de deflactación genera ingresos adicionales para las arcas públicas, en un momento en que el Gobierno necesita equilibrar sus cuentas tras los gastos extraordinarios derivados de la pandemia y las medidas para paliar la crisis energética.

En países como Alemania y Francia, los sistemas fiscales incluyen ajustes automáticos para evitar la progresividad por inflación. Esto significa que los tramos del impuesto sobre la renta se actualizan regularmente en función de la inflación, protegiendo el poder adquisitivo de los contribuyentes. En España, la falta de este mecanismo coloca a los pensionistas en una situación de desventaja comparativa.

La combinación de una inflación alta y la falta de deflactación del IRPF no solo afecta el poder adquisitivo inmediato de los pensionistas, sino que también tiene implicaciones a largo plazo. Los ingresos netos de los pensionistas pueden disminuir progresivamente en términos reales, lo que podría aumentar la desigualdad económica y reducir el consumo en este segmento de la población, afectando al conjunto de la economía.

Según el Banco de España, el consumo de los hogares con pensionistas representa un 20% del PIB, lo que indica que cualquier reducción en su poder adquisitivo puede tener un impacto significativo en el crecimiento económico general.

¿Qué soluciones podrían implementarse?

Para abordar este problema, sería lógico implementar una serie de medidas como ajustar los tramos impositivos en función de la inflación, lo permitiría que los aumentos nominales no se traduzcan en una mayor carga fiscal.

También, introducir deducciones o exenciones fiscales adicionales para los pensionistas, lo que podría mitigar el impacto del IRPF. O llevar a cabo una revisión integral para garantizar que el sistema sea más equitativo y que no penalice a los contribuyentes por efectos inflacionarios.

La subida de las pensiones con el IPC es una medida necesaria para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas en un contexto de inflación elevada. Sin embargo, la falta de deflactación del IRPF introduce una "trampa" que puede erosionar esos beneficios, llevando a una pérdida real de ingresos para muchos.

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Si todos los indicadores muestran que el PIB seguirá creciendo, ¿por qué, una amplia mayoría, no lo notamos en el bolsillo? Esta pregunta, puede parecer capciosa, pero la realidad, una vez más, se muestra compleja.

La economía española va como un cohete, las previsiones de crecimiento del PIB superan el 2 % para los próximos cuatro años, se puede llegar a acariciar el pleno empleo español (por debajo del 9 % de paro), el turismo supone ingresos como nunca antes, las exportaciones van bien y la inversión ha repuntado con menores tasas de inflación y un euríbor más controlado.

Todo parece ir por buen camino, pero el bolsillo no lo nota. La mayoría de los trabajadores llevan dos décadas perdiendo poder adquisitivo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Son los indicadores macroeconómicos un triste consuelo?

España va bien

A diferencia de economías como la alemana, cuyo plan de inversión integral en energía y comercio parece haber fracasado, España arroja cifras prometedoras y buenas perspectivas en el corto plazo.

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La burbuja de los festivales de música y los conciertos caros empieza a pincharse. Cancelaciones, Bertín Osborne y regresión a la media

El año pasado, la economía aumentó a un ritmo seis veces mayor que en el resto de los países europeos, y se espera que el PIB siga creciendo por encima del 2 % hasta 2027.

El análisis del Gobierno, además, plantea la posibilidad de reducir el paro por debajo del 9 % antes de 2027 (de facto, esto significará pleno empleo en España), algo que Pedro Sánchez tratará de conseguir (o, por lo menos, afirmar), peleando con uñas y dientes, en esta legislatura.

El turismo, a su vez, está catapultando la economía española (pese a cierto discurso institucional con ambivalencias), y seguirá "tirando del carro", sobre todo, gracias al turista extranjero. Sin embargo, la exportación de servicios no turísticos (consultoría, telecomunicaciones, informáticos) está despegando a toda velocidad, según las cifras del Banco de España (2023).

A todo ello se suma un mayor control de la inflación y los tipos de interés, que empezaron a arrojar resultados positivos a principios de año: más compraventas de pisos, concesión deh ipotecas, mejores condiciones financieras, un euríbor menos descontrolado...

Los españoles, regular

Todo lo anterior, no obstante, no cala en el día a día de los españoles. A finales del año pasado, se cerraba el ejercicio con una inflación media en un 3,55 % (2023), con un retroceso importante en los sueldos de trabajadores públicos y del 55 % de los empleos privados. Se salvaban los pensionistas y los boomer, y lo seguirán haciendo.

El pico de inflación de 2022 (8,4 %) y el auge sostenido en el precio de los alimentos y los productos de primera necesidad suponen un grave escollo para la mayoría de los españoles.

Algunos datos básicos para bajar estas cifras al suelo: el precio de los alimentos ha aumentado un 84 % en 20 años, los sueldos de los españoles solo han crecido un 58 %. O sea, se ha perdido, por lo menos, un 15 % de poder adquisitivo para alimentación básica.

Si bien la inflación interanual (2023) es de las más bajas de la zona euro (2,6 %, frente al 5,2 % de media europea) venimos de una evolución descontrolada del IPC desde 2020, donde creció sin control hasta finales de 2022, con el agregado de un menor aumento de los salarios.

A grandes rasgos, los empleados españoles llevan 16 años perdiendo poder adquisitivo, donde la inflación acumulada agrava el problema y los puestos intermedios todavía lo sufren más.

Todos perdemos, menos los pensionistas

Los jubilados, y los más recientes pensionistas (baby boomers) se mantienen mejor posicionados, tanto por ahorro, como por vivienda en propiedad y mejores rentas medias: quizá pierdan poder cierto adquisitivo, pero el golpe es mucho menor frente al resto.

El resto de trabajadores, no solo no estamos notando el crecimiento del PIB español, sino que cada vez somos más pobres.

La actual generación entre 65 y 75 años, tiene un nivel de riqueza algo menor que las anteriores, pero unas rentas medias superiores, por lo que la situación suele quedar compensada; en cambio, los menores de 35 años, apenas tienen ahorros (en comparación) ni vivienda en propiedad, con una riqueza media mucho menor.

En resumen: en una panorámica general, todos perdemos, menos la generación de nuestros abuelos. El poder adquisitivo de la generación boomer puede que esté aguantando, pero también mostrando la fragilidad del sistema de pensiones.

Buenos indicadores macro, el resto está por ver.

El principal problema de la inflación es la pérdida de poder adquisitivo a la que se ve sometida la sociedad, los trabajadores. Y por tanto, ante una situación como en la que nos encontramos, con tasas de inflación cercanas al 10%, la demanda de los trabajadores es que haya subidas de sueldo para compensar esta pérdida de poder adquisitivo.

Sin embargo, una subida generalizada de los sueldos debido a la alta inflación podría llevarnos a una espiral inflacionaria sin fin: suben los precios, luego suben los salarios y debido a estas subidas, vuelven a subir los precios. ¿Cuál es la salida? Asumir que hay que perder, al menos de forma temporal, poder adquisitivo.

De momento las rentas no están subiendo

Lo cierto es que de momento no estamos viviendo esta espiral inflacionaria. Los sueldos no está aumentando, a pesar de los elevados niveles de inflación. A pesar de las demandas, parece haber un consenso en que las fuentes inflacionarias son exógenas, es decir, vienen motivadas principalmente por los elevados precios de las energías y por la escasez de ciertos materiales derivados por una mayor demanda, no por mayores salarios

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Siete medidas que puede tomar España para parar la inflación

Esto no es así en todos los sectores, es cierto, pero por lo menos se puede decir que no hay una subida generalizada de los salarios que nos arroje en una espiral inflacionaria. Cosa que es buena, pero por otro lado son los trabajadores quienes estamos sufriendo los efectos de la inflación con una pérdida de poder adquisitivo.

La productividad tiene que aumentar

Para que los salarios puedan aumentar, por tanto, no podemos fijarnos únicamente en la inflación. Lo que tiene que pasar es que la productividad aumente, y así puedan subir los salarios sin que los precios suban. Y sí, la productividad puede subir, de hecho lo hace de forma constante en la economía mundial. Aunque normalmente en España cae en épocas como la actual, cuando hay una expansión del empleo.

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Un 3% de inflación en un mes hace 20 años que no lo veíamos, ahora sí que todas las alarmas para España están encendidas

La única forma de que los trabajadores recuperemos el terreno perdido en esta época inflacionaria es que seamos más productivos. De lo contrario acabaremos cayendo en una espiral inflacionaria que, en último término, también acabaremos pagando los trabajadores.

¿Tienes el dinero en tu cuenta parado sin invertir? En ese caso estás perdiendo dinero, no sólo por las ganancias que no estás obteniendo, sino por la inflación que no para de limar poco a poco nuestros ahorros.

La inflación es ese aumento de precios que devalúa el poder adquisitivo del dinero. Se considera que un poco de inflación es sano, y en la Eurozona el objetivo del Banco Central Europeo es mantenerla por debajo del 2%. Pero aun así una inflación moderada es capaz de acabar con el poder adquisitivo de nuestros ahorros si los dejamos parados en el banco.

Un millón de pesetas en 1990

En 1990, un millón de pesetas (6010 euros de hoy en día) era una cantidad bastante respetable de dinero. Había caído el muro de Berlín, se desmoronaba la Unión Soviética y China hacía sus tímidos avances en el capitalismo. El Euro todavía no existía y la Unión Europea se llamaba Comunidad Europea. El Salario Mínimo interprofesional para mayores de 18 era de 300,57 euros (50.010 pesetas). Un trabajador que lo percibiera tenía entonces que trabajar 20 meses para haber ganado el millón de pesetas, antes de impuestos.

En 1990 el precio de la leche acordado entre patronal y ganaderos en Asturias era de 37 pesetas, con lo cual con un millón de pesetas se podían adquirir 27.027 litros de leche. Un billete de diez viajes en el metro de Madrid en 1990 se vendía por 410 pesetas, con el millón podíamos invitar a 24.930 personas a un viaje en metro.

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En juguetes en 1990 el Fuerte de Playmobil (con el que yo jugaba de pequeño) se vendía por 3.995 pesetas (aunque he encontrado una oferta por 3.550) y el barco pirata por 4.705 pesetas. Es decir, en 1990 con un millón podíamos comprar aproximadamente 250 fuertes de playmobil o 210 barcos piratas.

En 1990 con un millón de pesetas se podían adquirir varios modelos de coches económicos. Por ejemplo el más barato que se vendía en España, el Seat Marbella se podía adquirir por 699.000 pesetas. Si queríamos un coche más grande, el Seat Ibiza se vendía por alrededor de 1.000.000 de pesetas y el primer Renault Clio se anunció por 1.323.000 pesetas, poco después surgió una versión más económica 200.000 pesetas más barata.

Un millón de pesetas en 2021

En 2021, con un millón de pesetas, si queremos un Seat Ibiza tendremos que ir al mercado de segunda mano

En 2021, 6010 euros siguen siendo una cantidad de dinero respetable, pero su poder adquistivo ha disminuido mucho. El salario mínimo de un trabajador es de 950 euros, con lo que con el millón de pesetas, equivale a 6,32 salarios mínimos. El precio de la leche se situó en 35 céntimos, por lo que con 6.010 euros compraríamos 17.171 litros de leche en el mercado asturiano a ganaderos. El precio de un billete de diez viajes en metro Madrid es de 11,20, con lo cual con el millón de pesetas tendremos sólo 5.366 viajes.

El fuerte de playmobil se vende por 59,99 en la web oficial, sin muñecos, por lo que en 2021 tendremos para sólo 100 fuertes, unos cuentos menos si lo queremos con soldados e indios. El barco pirata “calavera” de playmobil actual de 89,99 euros hace que con el millón de pesetas sólo podemos comprar 66 barcos piratas. Este si trae muñecos.

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Respecto a coches, no hay ningún coche en España nuevo disponible por 6.010 euros, como sí lo había en 1990. Sí es cierto que podemos encontrar un Dacia Sandero por cerca de 9000 euros, 1.500.000 pesetas. No está mal., si recordamos es equivalente al precio al que se pasó a vender el Renault Clío en 1990.

¿Y si invertimos?

Si invertimos, en 2021 puede que nos llegue a dar para comprar un Seat León (superior al Ibiza)

Supongamos que hubiéramos invertido estos 6010 euros al 4%. Hoy en día en los tipos de interés bajo nos puede parecer una cantidad alta, pero en 2012 los depósitos bancarios ofrecían incluso más. Además a partir de la entrada en el euro se multiplicaron las posibilidades de inversión. Según esta calculadora, un millón de pesetas en 1990 equivaldría a 12.814,46€, es decir invirtiendo a una rentabilidad inferior a la de la bolsa, habríamos ganado poder adquistivo.

En treinta años tendríamos 19.942 euros, aproximadamente. ¿Tenemos el mismo poder adquisitivo? Podríamos pagar también 20 salarios mínimos, 56.977 litros de leche asturiana a ganaderos, 17.805 viajes de metro, 332 fuertes de playmobil, 221 barcos piratas de la misma marca. Respecto a coches, podríamos encontrar no sólo el Seat Ibiza de 2021, que es mucho mejor, sino incluso el Seat León que es el segmento superior al Seat Ibiza.

Esta tabla muestra si hemos ganado o perdido poder adquisitivo, si no invertimos claramente hemos perdido poder adquistivo, si en cambio invertimos, salvo en el metro de Madrid, en 2021 podríamos comprar lo mismo o más que en 1990. Es cierto que no está considerado el factor del IRPF, pero estamos hablando del poder adquisitivo que tendría la inversión. Aún así, el IRPF aplicaría sólo a las ganancias, no al capital invertido. Tampoco estamos considerando el tiempo que tendríamos que dedicarle a mantener la inversión, pero desde que tenemos la banca online, este es muy poco.

Pregunta a los lectores, ¿han ganado o perdido poder adquisitivo desde 1990? ¿Podrían haber conseguido el mismo invirtiendo?

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Ayer en el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el indicador adelantado del IPC que mostró una variación anual en el 1,1% para el cierre del mes de febrero. Es un dato adelantado y por lo tanto no está confirmado aún, pero, de confirmarse, supondría una subida de cinco décimas frente a la tasa anual del mes de enero que ofreció una variación del 0,6%.

Según comenta el INE, la razón subyacente de este repunte la encontramos en el incremento de los precios de la electricidad, frente a la bajada que experimentaron durante el ejercicio del 2017.

Si bien se confirma este dato sería considerado como un fuerte repunte, no obstante, la tendencia generalizada durante los últimos 12 meses ha sido de una desaceleración la evolución anual del IPC. Cabe recordar que en enero de 2017, el IPC llegó situarse en el 3%, un dato que disparó las alarmas.

La inflación al consumidor en España y en la Eurozona

En febrero del año 2017 vimos como el IPC de Eurozona mostraba un dato del 2%, mientras que el dato de España se situaba en el 3%. Ambos indicadores se han desacelerado en los últimos meses, mostrando una tendencia a la baja en los precios al consumidor. Actualmente, la inflación de precios al consumidor de la Eurozona se sitúa en el 1,30% y en España en el 0,60%.

En enero, los productos energéticos disminuyeron un 1,7% en base interanual, después del diciembre de 2017 experimentaron una subida del 2,6%, debido principalmente a la caída de los precios de la electricidad, que pasaron de una tasa del -0,2% interanual diciembre al menos 13% en enero. También hay que tener en cuenta, en menor medida, la desaceleración de los precios de los carburantes y lubricantes del medio hasta el 2,5%.

Por su parte, la inflación de la alimentación se situó en el 1,3% en enero, lo que suponía cuatro décimas menos al mes anterior. Los precios de los alimentos no elaborados crecieron el 1,6%, 1,2 puntos menos del mes anterior, por la caída de productos como legumbres y hortalizas frescas.

Si obviamos los productos de alimentación no elaborada y los productos energéticos obtenemos la inflación subyacente descuenta los elementos más volátiles para el cálculo del índice. En el mes de enero, la inflación subyacente se mantuvo en el 0,8% por tercer mes consecutivo, situándose por encima de la inflación por primera vez desde noviembre de 2016.

La baja inflación no invita al BCE a modificar sus políticas

Asimismo, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, afirmaba recientemente que prevé una inflación baja durante los próximos meses, asegurando que la Eurozona sigue dependiendo del programa de flexibilización cuantitativa que está desarrollando.

Draghi ha comentado que se espera que el crecimiento de la Eurozona se ralentice y en consecuencia, esto podría desacelerar el incremento de la inflación aunque sea temporalmente, para que después sigan subiendo. También ha comentado que Factores como la tengo logía, la demografía y la globalización poder a ver “reducido la capacidad de respuesta de la inflación” a los ciclos económicos internos.

Recordemos que en la actualidad, la autoridad monetaria compra 30.000 millones de euros al mes en bonos de la Eurozona hasta al menos el mes de septiembre, lo que eleva el valor del programa de compras hasta 2,55 billones de euros.

Este programa de compras ha hundido las rentabilidades de los títulos de deuda, Lo que supone una manipulación de facto, de las rentabilidades a largo plazo a través de la creación de base monetaria. Un claro síntoma de esta manipulación es que recientemente el Tesoro Español ha emitido un bono a 30 años con una rentabilidad del 2,726% -la menor rentabilidad de su historia- y la mayor demanda de la historia este plazo.

A pesar del parón puntual del avance de los precios, los comentarios de Draghi sugieren que el BCE sigue confiando en que la inflación finalmente estará en una trayectoria ascendente, acercándose al objetivo de medio plazo de una inflación cercana pero inferior al 2% anual.

El problema para los depositantes

Si bien un dato del IPC al consumidor del 0,6% correspondiente al cierre del mes de enero o bien del 1,10% según anticipa el INE se considera unos niveles de inflación al consumidor baja, lo cierto es que los depositantes actuales que tienen su dinero en el banco están perdiendo poder adquisitivo con estos niveles de inflación raquítica -aunque esta pérdida de poder adquisitivo no tiende a importarle a los políticos-.

Según los últimos datos del Banco de España correspondientes al mes de noviembre, los tipos de interés pasivos aplicados por las entidades de crédito para depósitos a la vista fueron del 0,04%. Para los depósitos a plazo hasta un año y dos años el tipo de interés incrementa al 0,09%. En ambos casos son intereses que quedan muy por debajo de la inflación al consumidor y por lo tanto, representan una pérdida de poder adquisitivo para los ahorradores.

Para evitar la pérdida de poder adquisitivo y combatir los bajos tipos del BCE, estamos viendo como los inversores están acudiendo cada vez a productos de mayor rentabilidad y riesgo como pueden ser la adquisición de viviendas, debido a que los bienes raíces tienden a ser activos que protegen a su titular de la evolución de la inflación. Con este contexto es normal que el año pasado los compraventas de viviendas se incrementaron un 9,2%.

No solo en ladrillo es u objetivo válido para protegerse de la baja inflación sino que muchos inversores están acudiendo a la renta variable a través de fondos de inversión. Un dato revelador es que, según recoge Inverco, en 2017 el patrimonio de la inversión colectiva (fondos y sociedades de inversión colectiva) experimentó un crecimiento del 14,9% (58.685 millones más) hasta alcanzar los 452.883 millones de euros.