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En los últimos meses se ha hablado mucho sobre la ‘necesaria reducción’ que debe afrontar la administración del Estado en general, y la administración local en particular. Por ello, el tamaño necesario que ha de tener un municipio para ostentar un ayuntamiento se está cuestionando.

Los municipios de nuestra geografía han tenido un crecimiento muy desigual, de modo que localidades que han perdido habitantes han mantenido una estructura administrativa propia de municipios de mayor tamaño, y otros más grandes en los que dicha estructura ha crecido más que lo que le correspondería teniendo en cuenta las ‘necesidades del servicio’.

Es una realidad que existen muchos puestos directos e indirectos que genera una casa consistorial, y aunque en en muchos de los casos los puestos se obtienen por oposición, hay una gran mayoría que son decididos ‘a dedo’ por políticos, creando puestos que reservan para sus ‘amiguetes’ como moneda de cambio a un conjunto de actividades privadas y ajenas a los intereses de la localidad.

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La agencia EFE ha reunido los sueldos de los Presidentes Autonómicos y de los principales alcaldes de España (con la notable excepción del de Valladolid, que no quiere decirlo). Lo más sorprendente es la disparidad que hay, cuando muchas Comunidades o ciudades son bastante parecidas.

Por ejemplo, Montilla gana como Presidente de Cataluña 144.030 euros, mientras que Esperanza Aguirre en Madrid 89.643 euros. Siempre por encima, por cierto, del sueldo de Zapatero, que cobra 78.185,04 euros al año. Pero es también bastante rentable ser alcalde.

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En plena crisis económica con ajustes constantes sobre el gasto público, el Ministerio de Cultura ha librado una partida de 5,7 millones de euros para subvencionar las fundaciones de los partidos políticos con representación parlamentaria, según cuadro superior. De estas subvenciones, destacan las partidas destinadas a las fundaciones ligadas a los partidos mayoritarios:

• Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) con 2,38 millones de euros y dependiente del PP, creada en 1989 y presidida por José María Aznar y

• Fundación Ideas para el Progreso con 2,25 millones de euros, dependiente del PSOE, creada en 2007 y cuyo presidente es Jose Luis Rodriguez Zapatero.

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Las manifestaciones en contra de las medidas aprobadas por el gobierno en materia laboral y social no son exclusivas de España, sino que también las están secundando nuestros vecinos europeos, que se están echando a la calle. Francia por las diferencias con el gobierno de Nicolas Sarkozy que pretende elevar la edad de jubilación más allá de la barrera psicológica de los 60 años, en Bélgica por los recortes sociales, en Italia por las deficiente estructura de garantías públicas y la dejadez del gobierno de Silvio Berlusconi, y en nuestro país por el giro antisocial de la política del gobierno.

Estas protestas sitúan a los gobiernos europeos entre las peticiones de sus ciudadanos y la presión de las máximas instituciones europeas que sancionarán a aquellos países con un déficit excesivo superior al 3% del PIB. Además de ser seguidos muy de cerca por los analistas en los mercados financieros, que tal y como está la situación, cualquier noticia negativa sobre sus grado de solvencia o estabilidad puede tener unas consecuencias muy negativas sobre su salud financiera.

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A raíz del debate del Estado de la Región de Castilla-La Mancha, en el que la candidata del PP, María Dolores de Cospedal, propuso al presidente Barreda que se privatizara la televisión pública manchega, se ha generado un debate muy interesante. Barreda contestó que por qué no empezaban por privatizar las regiones gobernadas por el PP. Y Rajoy lo va a llevar al Parlamento español, para que sea legal privatizar las televisiones públicas.

Es un debate que parece muy político. Un toma y daca. Deberías hacer esto. Pues tú también. ¿A qué me atrevo a llevarlo al Parlamento? Todo muy bonito pero nadie privatiza las televisiones públicas. Y debería hacerse.

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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de dictar un auto de embargo contra los bienes personales de un alcalde al no pagar en tiempo y forma a los proveedores del ayuntamiento. Esta sentencia es pionera y en caso de no prosperar el recurso que ha interpuesto la alcaldía, sentará un precedente judicial muy importante para la esfera de gestión política de los ayuntamientos y resto de entes públicos.

La ley reguladora del procedimiento contencioso-administrativo contempla el caso de responsabilidad de los funcionarios o políticos que no acaten una ejecución de sentencia de pago como es el caso. Esta modificación, introducida en la ley antimorosidad, puede generar que los ayuntamientos comiencen a gastar lo que realmente pueden y más importante aún, que comiencen a pagar su deudas en tiempo y forma.

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Estos días se ha hablado mucho en los medios sobre la detención del Presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, sobre una presunta malversación de fondos públicos y cohecho en la construcción de una planta de tratamiento de residuos, próxima a la ciudad de Alicante.

Esta operación que se le ha denomiado ‘Brugal’, pasa a engrosar la larga lista de políticos con el único objetivo de lucrarse con la función pública, y en definitiva de la corrupción en nuestro país. Ripoll es una de las personalidades políticas más destacadas en la Comunidad Valencia, y uno de los mayores detractores de la política practicada por Francisco Camps.

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Miguel Boyer se desmarcó ayer con unas declaraciones de las que hacen pupa dentro del panorama político. A la pregunta sobre su hipotética vuelta a la política o algún ministerio, su negativa fue rotunda; en primer lugar por edad, lógico cuando se acaban de sobrepasar los 70 años, en segundo lugar por dinero, dado que afirmó que los políticos cobran poco y a este paso sólo vamos a tener analfabetos dentro de la política.

En este sentido, Boyer pide que se equiparen los salarios de subdirectores de las grandes empresas con las retribuciones de los altos cargos de la administración pública o incluso los ministros. Ahora es cuándo yo me pregunto; si para entrar a un alto puesto en una empresa se exigen unos conocimientos, una formación, unos idiomas… ¿estas normas no entran en juego dentro de los políticos? Recordemos que tenemos un presidente y un expresidente que su inglés brilla por su ausencia o un Ministro de Fomento que pasó por la facultad de Derecho, al menos el primer año, presentando de muestra un botón.

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La mesa del Congreso de los Diputados se está planteando renovar la equipación de los terminales móviles de sus señorías; se están planteando darle un iPhone 4 a cada diputado. Me he llevado dos sorpresas al leer esta noticia en El Pais; la primera que no sabía que el Congreso les proporcionara un terminal móvil a cada diputado, la segunda que sus señorías sepan manejar un iPhone, partiendo de la base que se tienen que poner un papelito en los botones de las votaciones para no equivocarse.

El coste del terminal va desde los 160 a los 250 euros a precio de mercado, pero el problema de fondo no se crea por el desembolso inicial en terminales, sino en las tarifas mensuales. Cogiendo la calculadora, en el mejor de los casos el Congreso ´realizaría un desembolso de 70.000 euros en los terminales y unos 210.000 euros anuales en facturas de teléfono ¿Realmente es necesario este despilfarro?

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