Es de sobra conocido que Mercadona lleva años dominando el sector del supermercado español. Pero ahora parece que uno de sus objetivos es seguir escalando cada vez con mayor fuerza en el país vecino, Portugal. Y, a tenor de los datos, parece que lo está consiguiendo.

Todo comenzó con una expansión más bien prudente en el país luso.  Y, sin embargo, esta expansión ya se ha convertido en uno de los movimientos empresariales más exitosos de la cadena valenciana. Hay un dato que resume perfectamente esto: Y es que las tiendas portuguesas ya venden mucho más que las españolas.

En apenas siete años de presencia en Portugal, Mercadona ha construido una red todavía modesta en tamaño, pero extraordinariamente rentable. Mientras otras compañías necesitan cientos de establecimientos para alcanzar determinados niveles de facturación, la empresa de Juan Roig ha conseguido cifras muy difíciles de igualar con un despliegue mucho más reducido.

Portugal se convierte en la joya inesperada de Mercadona

Las cuentas hablan por sí solas. A finales de 2025, Mercadona operaba 69 supermercados en Portugal y registró allí una facturación de 2.092 millones de euros. Traducido al rendimiento medio por tienda, cada establecimiento generó aproximadamente 30,31 millones de euros.

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La comparación con España explica por qué el dato está generando tanta sorpresa. En su mercado de origen, Mercadona alcanzó ventas cercanas a los 41.800 millones de euros repartidas entre 1.603 supermercados.

Esto deja una media aproximada de 24,8 millones por tienda. La diferencia ronda los seis millones adicionales por establecimiento en Portugal, alrededor de un 20% más.

Y ojo porque hay otro elemento todavía más sorprendente: muchas de las tiendas portuguesas son muy recientes.

El calendario comercial puede explicar parte del fenómeno

Uno de los factores que ayuda a entender estas cifras tiene que ver con una diferencia aparentemente sencilla, pero con un importante impacto en euros. En España, Mercadona mantiene desde hace años su política de cerrar domingos y festivos. Portugal funciona de forma distinta.

Allí las tiendas abren los domingos, lo que supone aproximadamente unos 60 días adicionales de actividad comercial cada año.

Disponer de casi dos meses más de ventas anuales modifica considerablemente el potencial de ingresos y permite aprovechar momentos de consumo que en España quedan fuera de su calendario habitual.

Ese mayor tiempo operativo ayuda a explicar parte del éxito, pero claro, no es suficiente para justificar por sí solo el rendimiento alcanzado.

El rendimiento deja atrás a cadenas mucho mayores

Las comparaciones con otros competidores muestran hasta qué punto los resultados portugueses pueden ser competencia o no de la empresa española.  Mercadona superó los 2.090 millones de facturación en Portugal con únicamente 72 tiendas.

La cifra, más o menos, se aproxima a los ingresos que Aldi obtiene en España con una red superior a 500 supermercados repartidos por el país. La diferencia de tamaño es enorme y evidencia dicha intensidad comercial que está logrando Mercadona en territorio portugués.

Lo más llamativo es que todavía queda recorrido

Otro detalle importante es que Mercadona ni siquiera ha desplegado toda su expansión en el país vecino. Actualmente la cadena concentra gran parte de su actividad desde Lisboa hacia el norte. Por lo que muchas áreas del sur portugués siguen prácticamente sin presencia de la compañía.

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Y aun así, ya se ha convertido en la cuarta cadena más importante del país, alcanzando una cuota cercana al 7,2% del mercado.

Los resultados globales del grupo acompañan este milagro. Mercadona cerró 2025 con un beneficio de 1.729 millones de euros en 2025, lo que supone un 24,9% más que en el año anterior, tras subir un 8% sus ventas, que ascendieron a los 41.900 millones de euros.

Imágenes | Mercadona, b1-foto

La brecha educativa en la península ibérica es cada vez más pronunciada. Los últimos análisis basados en los datos de PISA 2022 sitúan a España como el país de la OCDE con mayor distancia socioeconómica entre el alumnado de la red pública y el de la concertada.

En contraste, Portugal presenta un patrón inverso, con una distribución más equilibrada y, en determinados indicadores, con mayor presencia de alumnado vulnerable en centros concertados financiados por el Estado.

El estudio elaborado por Save the Children a partir del índice ISEC de la OCDE permite cuantificar esa fractura. El ISEC mide el estatus económico, social y cultural del alumnado a través del nivel formativo y ocupacional de los progenitores y de los recursos materiales del hogar.

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España y la brecha más amplia de la OCDE

Los datos de 2022 muestran que la diferencia entre el perfil socioeconómico del alumnado de la concertada y el de la pública en España alcanza 0,48 puntos en el índice ISEC, siempre a favor de los centros concertados.

Se trata de la mayor distancia registrada entre los países desarrollados con presencia significativa de este modelo mixto. En términos comparativos, ninguna otra nación con más del 5% de su alumnado en escuelas concertadas presenta una separación tan marcada.

La interpretación de esta cifra revela que los estudiantes con mayor capital cultural y económico tienden a concentrarse en la red concertada, mientras que la pública asume proporcionalmente un porcentaje superior de alumnado con menor renta y menor nivel formativo familiar.

Esta segregación no es neutra, ya que influye en el rendimiento académico medio y en la cohesión social.

Uno de los factores que explican esta dinámica es el sistema de financiación. Aunque la normativa establece que los centros sostenidos con fondos públicos no pueden imponer cuotas obligatorias por la enseñanza reglada, diferentes estudios indican que entre el 81% y el 95% de las familias que escolarizan a sus hijos en la concertada abonan pagos anuales que oscilan entre 680 y 860 euros, dependiendo de la etapa educativa.

Estas aportaciones representan cerca del 20% de los ingresos de muchos centros y actúan como filtro socioeconómico indirecto.

El modelo portugués y la inversión en red pública

El caso portugués ofrece un contraste significativo. Según el mismo análisis, la diferencia en el índice ISEC entre pública y concertada es de 0,29 puntos, pero en este caso a favor de la educación pública.

Esto significa que el alumnado de mayor estatus socioeconómico se concentra en mayor medida en la red pública, mientras que la concertada acoge a un perfil relativamente más modesto.

Este resultado no se debe a la imposición de tasas, sino a la lógica territorial del sistema. Portugal ha apostado por reforzar su red pública y utiliza los denominados contratos de asociación para garantizar la escolarización gratuita en zonas donde no existe oferta pública suficiente.

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Estos centros privados y cooperativos reciben financiación estatal y no pueden exigir pagos a las familias por la enseñanza obligatoria.

La consecuencia es que la distribución del alumnado responde más a criterios geográficos que a barreras económicas. En municipios pequeños o regiones menos favorecidas, los centros concertados cumplen una función de cobertura sin generar una segmentación marcada por renta.

Otros modelos europeos y latinoamericanos

El análisis comparado de la OCDE muestra que la mera existencia de una red concertada no implica necesariamente dualización social.

En Países Bajos y Reino Unido, donde más del 65% del alumnado asiste a centros financiados públicamente pero gestionados de forma autónoma, la diferencia socioeconómica entre redes es mínima o prácticamente inexistente.

En el caso neerlandés, la financiación pública a escuelas de distinta orientación ideológica está reconocida constitucionalmente, lo que ha integrado la concertada como pilar estructural del sistema.

En Reino Unido, las academias reciben fondos estatales y no pueden cobrar cuotas por la enseñanza básica, lo que reduce la posibilidad de segmentación económica.

Por el contrario, en países como Colombia, donde la concertada y la privada representan un porcentaje reducido del total, la distancia socioeconómica es amplia. Allí, la oferta privada suele concentrar a los estratos de mayor renta, mientras que la pública asume a la mayoría de estudiantes con menos recursos, configurando un sistema altamente estratificado.

Y claro, hay consecuencias

La segregación por nivel socioeconómico no solo afecta a la composición de las aulas, sino también al rendimiento medio y a las expectativas educativas.

Numerosos estudios de la OCDE subrayan que la concentración de alumnado vulnerable en determinados centros puede amplificar las desigualdades de origen. La mezcla social, en cambio, tiende a asociarse con mejores resultados globales y mayor equidad.

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La transición energética europea ha vuelto al primer plano tras las recientes declaraciones del presidente francés.

Según Emmanuel Macron, un sistema con una penetración tan elevada de energías renovables “no es soportable” desde el punto de vista técnico. La afirmación ha generado polémica, pero plantea una cuestión totalmente legítima: ¿existe un límite técnico real al despliegue de renovables en España o se trata de una simplificación política de un problema más complejo?

Qué implica un sistema de muchas renovables

España es hoy uno de los países europeos con mayor peso de generación renovable. En 2024, más del 56 % de la electricidad producida procedió de fuentes renovables, según los datos oficiales publicados por Red Eléctrica de España, con un fuerte crecimiento de la solar fotovoltaica y la eólica.

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Sin embargo, una alta penetración renovable no es solo una cuestión de porcentaje, sino de cómo se integra esa generación en la operación diaria del sistema eléctrico.

Las tecnologías renovables dominantes —solar y eólica— comparten una característica clave: no son despachables. Dicho de otro modo, su producción depende de condiciones meteorológicas y no puede ajustarse en tiempo real a la demanda.

Esta característica obliga al sistema eléctrico a adaptarse en varios frentes: gestión de la variabilidad, equilibrio entre oferta y demanda, estabilidad de frecuencia y tensión, y capacidad de respuesta ante perturbaciones.

Un informe del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia Comillas subraya que el principal reto no es la presencia de renovables en sí, sino la falta de flexibilidad del sistema para absorberlas, una flexibilidad que debe venir del almacenamiento, la gestión de la demanda, las centrales gestionables y unas interconexiones suficientes.

Los cuellos de botella

Entre los principales puntos débiles destaca el insuficiente desarrollo del almacenamiento energético. Tecnologías como las baterías o el bombeo hidráulico permiten desplazar energía desde momentos de exceso de producción a horas de mayor demanda, reduciendo vertidos y tensiones en la red.

Sin embargo, su despliegue avanza más lentamente que el de la generación renovable, como reconoce el análisis de Cajamar sobre la estrategia española de transición energética.

A este desequilibrio se suma el estado de las redes eléctricas. La rápida expansión de renovables ha provocado problemas de saturación en determinados nodos, limitando nuevas conexiones. Reuters se hacía eco de la advertencia actual de las eléctricas españolas sobre una red que necesita inversiones urgentes para absorber nueva capacidad y acompañar la electrificación del transporte y de la industria.

El tercer factor estructural clave es la escasa interconexión de la península ibérica con el resto de Europa. España apenas supera el 2 % de interconexión sobre su capacidad instalada, muy lejos del objetivo europeo del 15 % para 2030, lo que refuerza su condición de “isla energética” y limita la flexibilidad del sistema.

La tensión entre el diagnóstico técnico y las dinámicas políticas se ilustra a las mil maravillas con la contradicción en torno a las interconexiones eléctricas entre España y Francia.

Sin embargo, el desarrollo de infraestructuras clave a través de Francia ha ido muy por detrás de lo previsto, a pesar de las reiteradas llamadas de atención de Bruselas y de los gobiernos ibéricos.

La Comisión Europea ha urgido recientemente a Francia a desbloquear proyectos de interconexión eléctrica con España, señalando que la decisión final sobre permisos depende en última instancia de París y no puede imponerse desde Bruselas.

El propio Ejecutivo comunitario ha admitido que Francia ha sido algo “reacia” a avanzar con rapidez en estas infraestructuras, lo que ha llevado a Madrid y Lisboa a reclamar un compromiso político y financiero firme para superar el tradicional enfoque bilateral y llevar estas conexiones al nivel estratégico europeo que la transición energética exige.

La paradoja es evidente: Francia señala los límites técnicos del sistema eléctrico español derivados de su elevada penetración renovable, pero esos límites existen en parte porque la interconexión con el resto de Europa, que debe atravesar el territorio francés, sigue siendo insuficiente.

Estabilidad del sistema

Más allá del equilibrio energético, existe un reto menos visible pero crítico: la estabilidad dinámica del sistema. Las centrales térmicas y nucleares tradicionales aportan inercia, ayudando a mantener la frecuencia ante perturbaciones. La sustitución de estas tecnologías por renovables conectadas mediante electrónica de potencia reduce esa inercia natural.

Estudios académicos recientes advierten de que esta pérdida obliga a desarrollar nuevos mecanismos de control y servicios auxiliares para garantizar la estabilidad, especialmente en sistemas con baja interconexión y transición acelerada.

¿Un sistema al límite?

Los apagones parciales registrados recientemente en la península han reavivado el debate, aunque no existe evidencia concluyente de que las renovables hayan sido la causa directa. The Guardian advirtió contra la tentación de atribuir estos episodios a la generación renovable, señalando que suelen estar relacionados con fallos de red o planificación.

En este contexto, la crítica de Macron toca un punto real, pero lo formula de manera incompleta. Como apuntaba Le Monde, el problema no es tecnológico, sino institucional y temporal: la generación de renovables avanza más rápido que las infraestructuras necesarias para sostenerla, incluidas aquellas cuya ejecución depende de decisiones políticas más allá de las fronteras españolas.

En conclusión, lo de las renovables en España no es un experimento fallido, sino un anticipo de los retos que afrontará Europa en su transición energética. El dilema no es cuánta energía renovable se instala, sino si redes, almacenamiento y reglas evolucionan al mismo ritmo. 

En ese sentido, la crítica de Macron contiene una advertencia técnica válida, pero pierde precisión cuando se convierte en una enmienda general al modelo de las renovables y se ponen los puntos que faltaban a las íes.

El apagón que oscureció a la Península Ibérica el pasado 28 de abril sigue generando consecuencias y tensiones entre Portugal y España. Aquel día, durante varias horas, amplias zonas de ambos países y del sur de Francia se vieron afectadas por una interrupción del suministro eléctrico, cuyos efectos inmediatos y posteriores han puesto a prueba la cooperación energética entre los dos países.

El gobierno portugués, a través de su operador eléctrico Redes Eléctricas Nacionales (REN), ha exigido explicaciones a España, señalando de forma implícita a la generación solar como uno de los posibles factores del colapso.

En este contexto, Portugal ha decidido restringir las importaciones de electricidad desde España durante las horas centrales del día, cuando la producción solar alcanza su punto máximo.

El apagón del 28 de abril y sus repercusiones

El fallo eléctrico que afectó a millones de usuarios en la península ibérica dejó en evidencia la fragilidad de las interconexiones y la dependencia mutua en materia energética.

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Aunque la causa técnica exacta aún está, casi un mes después, bajo análisis, en Portugal se ha generado un debate intenso en torno al papel de la energía solar en el sistema eléctrico español, especialmente en horas de alta producción.

REN ha sido clara en su postura: el apagón ocurrió en un momento en que Portugal estaba importando electricidad desde España. Esta situación se debía a que, durante ese período, el precio de la energía española era más competitivo, lo que llevó a las autoridades portuguesas a optar por ese suministro.

Sin embargo, esa dependencia momentánea hizo que el país también se viera arrastrado por el apagón.

Medidas tomadas por Portugal tras el incidente

Después del incidente, Portugal optó por suspender de manera inmediata los intercambios eléctricos con España. Aunque las interconexiones físicas se restablecieron poco después, el comercio energético no se reanudó hasta el 8 de mayo, y lo hizo con restricciones. Esta decisión fue tomada como una medida de precaución, con el objetivo de evitar nuevos riesgos mientras se analizaban los motivos del fallo.

REN anunció la reanudación parcial de las importaciones el pasado jueves. Según el comunicado, entre el 12 y el 19 de mayo, Portugal solo aceptó una capacidad de 1.000 MW de importación entre las 9:00 y las 19:00 horas, una franja que coincide con el pico de generación solar en España. Fuera de esas horas, el límite se elevó a 2.200 MW.

Una estrategia que refleja una desconfianza en la estabilidad del suministro durante los momentos de mayor penetración solar, ya que es precisamente cuando más fluctuaciones puede haber si no se acompaña de una adecuada gestión del almacenamiento y la demanda.

Las renovables en el centro del debate

España ha avanzado de forma significativa en su transición energética, con un crecimiento acelerado de la energía solar fotovoltaica en los últimos años aupado por las apetencias del gobierno de coalición.

Esto ha permitido reducir la dependencia de combustibles fósiles y abaratar el precio de la electricidad en determinados momentos del día. Pero ojo, también ha generado desafíos en términos de estabilidad de la red, especialmente en días de alta producción y baja demanda.

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Portugal, aunque también apuesta por las renovables, ha sido más cauteloso en su implementación. Esta diferencia de ritmo podría estar generando fricciones a nivel técnico y político, especialmente cuando una red depende parcialmente de otra para cubrir su demanda.

El ya famoso apagón ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar la forma en que se gestiona la interdependencia energética entre ambos países. La posibilidad de que una alta producción renovable en un país pueda contribuir a una inestabilidad regional es motivo de preocupación, sobre todo si se combina con factores externos como condiciones meteorológicas extremas o picos de demanda inesperados.

El equilibrio entre integración y seguridad energética

La reacción de Portugal es lógica: no solo busca proteger su red eléctrica, sino también presionar para que se revisen ciertos aspectos del modelo energético compartido. Limitar las importaciones durante las horas solares apunta directamente al corazón de la política energética española, que ha apostado con fuerza por esta fuente limpia pero intermitente.

Este episodio también pone sobre la mesa los retos que supone una transición energética acelerada, en la que la coordinación entre países vecinos se vuelve crucial. Sin una planificación conjunta y mecanismos eficaces de respuesta ante fallos los expertos apuntan: los beneficios de las renovables pueden verse empañados por los riesgos inherentes a su variabilidad.

Tanto España como Portugal han manifestado su compromiso con una red eléctrica moderna, limpia y segura. Pero el país luso es firme. Y ha dejado claro que priorizará la estabilidad de su sistema antes de retomar completamente la normalidad en los intercambios eléctricos, al menos a corto plazo.

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El salario mínimo es un tema controvertido. Cada vez que se sube tenemos a personas celebrándolo y anunciado lo bueno que es el gobierno que nos sube los salarios y a personas advirtiendo de lo malo que es el salario mínimo para el mercado laboral, avisando que será un problema en el país con más desempleo de la UE.

El salario mínimo actual en España está desproporcionado, no es el mismo el coste de vida fuera de las grandes ciudades o ciudades con mayor desempleo. Por otro lado que sea más bajo en Portugal, ayuda a la economía portuguesa, pero perjudica a la española. Especialmente en las regiones fronterizas, dónde es más fácil cruzarla en unos minutos para obtener lo que se quiere más barato si así está disponible.

Portugal se aprovecha del salario mínimo español

El salario mínimo actúa como una prohibición al trabajador de trabajar por menos de una cantidad. Pero estando en el espacio Schengen que, prácticamente, elimina las fronteras entre los países, si uno está dispuesto a trabajar por menos puede encontrar un trabajo peor remunerado en países con un nivel de vida o un salario mínimo más bajo, entre ellos Portugal, sólo tiene que cruzar la frontera. Por tanto los trabajadores podrían dejar España por las mañanas e irse a Portugal a trabajar por una cantidad que están dispuesta aceptar, pero que se les prohíbe cobrar.

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En Elvas, a pocos kilómetros de la frontera con España y a pocos kilómetros de Badajoz nos encontramos con varios call centers en los que el idioma hablado dentro es el español. La españolas Konecta y Marketl, las francesas Sitel y  Teleperformance mantienen presencia en el país luso aprovechando sus menores salarios. Entrevistan a los trabajadores en Badajoz u online y les contratan en origen. Teleperfomance se ha convertido en el tercer empleador privado del país con 14.500 empleados.

¿Por qué? En Portugal no existe un convenio de tele-operadores y el salario mínimo es más bajo que el español. Cientos de trabajadores extremeños y andaluces cruzan la frontera a diario a Portugal donde atenderán a clientes de empresas de telefonía o energía. En algunos casos, cuando los padres trabajan los dos se acaban mudando a Portugal con los hijos.

El caso portugués no es una excepción, otras empresas están llevando sus call centers a Bulgaría, donde el salario mínimo no pasa de 460€/mes. Muchos de ellos dan soporte de empresas tecnológicas. Puede que esta primera fase necesiten ayuda poco especializada, además incluso puede que estos servicios se acaben trasladando de Portugal a Marruecos o que la IA les acabe sustituyendo el trabajo, pero mientras tanto, esos trabajadores españoles cotizan para pagar las pensiones portuguesas, no las españolas.

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¿Tiene solución esto? Va a ser difícil repatriar los trabajos, especialmente ante la llegada de los modelos de las IA, pero hay que empezar a dejar de pensar de que subir el salario mínimo con el objetivo de que un trabajador cobre lo mismo, acaba siendo contraproducente para el empleo, que nunca lo tuvo tan fácil para no trabajar, especialmente si algún día le dice nque sustituya a una IA.

El salario mínimo debería ser ajustable por provincia

Lo cierto es que el SMI pensado como un modo de dar un mínimo de remuneración a los trabajadores no tiene sentido que sea igual en todas las provincias independientemente de su coste de vida y de los salarios en la misma. De hecho los políticos hablan del coste de vida pensando en Madrid, que es donde residen, pero el coste de vida es más bajo en otras provincias.

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De hecho el salario mínimo si lo que queremos es que se sitúe al 60% del salario medio de la provincia, el salario mínimo es demasiado alto en la mayoría de las provincias, y un poco más bajo de la cuenta en lugares como Madrid o Navarra.

En general esto se considera un tabú porque muchos opinan que el trabajador de fuera de Madrid vale lo mismo que el madrileño. Podemos estar de acuerdo, pero olvidan que ante igualdad de salarios, una empresa va a preferir poner sus instalaciones en Madrid o Barcelona, ya que ofrecen un aeropuerto con conexiones internacionales, vías de tren con buenas conexiones nacionales, cercanía a los clientes, más posibles candidatos para cualquier puesto, mayor facilidad de encontrar trabajadores con habilidades escasas, etc.

Si el salario mínimo fuera ajustable por provincia, se incrementaría la capacidad de competir de geografías subnacionales (ya sea la provincia o la Comunidad Autónoma). No tiene sentido que creamos que una región puede tener idioma, costumbres, sistema educativo, parlamento, sistema sanitario, política de turísmo diferencial, policí y otras muchas más cosas, pero no regular su salario mínimo.

El Gobierno de Pedro Sánchez logró un hito la pasada semana en Europa en un momento muy complicado para la economía española y la mundial por las consecuencias de la guerra en Ucrania. La UE le ha dado luz verde, junto con Portugal, para intervenir temporalmente el mercado energético con el objetivo de dar un respiro a los ciudadanos, que estamos pagando la electricidad más cara de la historia.

Se trata de un acuerdo histórico que permitirá a España y Portugal tener unas reglas de juego diferentes al resto de los 27 para poder regular el mercado eléctrico y que la factura empiece de una vez a bajar. Eso sí, no será ya. Primero España debe enviar sus medidas a la UE y esta debe aprobarlo, por lo que el Ministerio de Transición Ecológica estima que se puedan poner en marcha las medidas en un plazo de un mes.

Europa ha tratado a España y Portugal como la "excepción ibérica", pues son los países cuyos ciudadanos más están pagando por la energía debido al encarecimiento del precio del gas (que marca el precio de la electricidad en nuestro mercado).

Pero, ¿por qué esto es así? ¿Por qué? se considera que ambos países forman una "isla energética"?

Lo que implica ser una isla energética

Como hemos escuchado estos días en los medios y tanto se ha repetido, la UE considera a España y Portugal una "isla energética", una excepción respecto al resto del continente. Pero, ¿cuál es el motivo?

Y esto es porque la Península Ibérica tiene muy poca capacidad para intercambiar energía con el resto de países europeos, es decir, es como si estuviera aislada. Y esto es porque geográficamente solo está conectada con el resto por los Pirineos, lo que hace que el intercambio de gas y energía sea complicado.

Además, escasean las líneas y subestaciones eléctricas que facilitan el intercambio, es decir, las vías de llegada de la energía a España, por lo que aunque tecnológicamente está preparada para ello, le falta infraestructura. De hecho, España solo tiene cinco enganches eléctricos con Francia, muy por debajo del nivel de interconexión del 15% respecto a su nivel de producción eléctrica que recomienda la UE.

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Un mercado interconectado es mucho más seguro y, además -y aquí está la clave-, con más competencia, lo que permite que se puedan tener precios más bajos. Pero como estamos en una isla energética, la competencia es menor y los precios más elevados.

Y, para rematar, solo tenemos un gaseoducto que conecta con los Pirineos. Por lo tanto, vemos claramente que estamos en una situación de "aislamiento" que nos deja en peores condiciones energéticas que al resto.

Por lo tanto, es de evidente necesidad una solución ad hoc para este problema, la cual debe bajarnos los precios eléctricos sin alterar el libre mercado de la UE. Las próximas semanas, pues, serán decisivas para dar con medidas que cumplan con ambas cosas.

Y no solo eso, España debe buscar medidas a largo plazo que integren realmente nuestro mercado eléctrico al europeo para que esta situación tan penosa que ahora vivimos no se repita.

La izquierda europea tiene puesto los ojos en el modelo portugués. En los últimos años el Gobierno de socialista de Antonio Costa ha conseguido buenos resultados económicos para el país, lo que le ha llevado a revalidar el Poder Ejecutivo el pasado domingo, con un eje de gobernación entre partidos de izquierda en la anterior legislatura.

Se está mitificando a Portugal y no es para menos. Las condiciones económicas en Portugal han mejorado notablemente en los últimos años. El PIB ha vuelto a su nivel anterior a la crisis y la tasa de desempleo ha descendido 10 puntos porcentuales desde 2013 hasta situarse por debajo del 7%, una de las mayores reducciones de los países de la OCDE en la última década.

El socialismo portugués y la reducción de deuda pública sobre PIB

Probablemente el dato más significativo que podemos encontrar en Portugal dentro de la esfera pública, está vinculado a la evolución de la deuda pública sobre PIB. La ratio se encontraba en el 130,6% en 2014 y cayó alrededor del 121,5% en 2018. Estamos hablando de una caída de casi 10 puntos porcentuales en tan solo cuatro años.

Si miramos la evolución del déficit público se entiende rápidamente esta disminución. Tras alcanzar un máximo del 11,2% del PIB en 2010 y situarse en el 7,2% en 2014, el déficit fiscal disminuyó gradualmente hasta el 0,5% del PIB en 2018.

Por el contrario, España, de la mano del gobierno del Partido Popular, no consiguió estos resultados ni de manera muy remota y eso que la palabra favorita de los más críticos era "austericidio". En 2014, la relación de la deuda pública sobre PIB era del 100,4% y, cuatro años más tarde, la ratio se situaba en el 97,1% del PIB. En otras palabras, se redujo tan solo algo más de tres puntos porcentuales del PIB la deuda pública durante el mismo período.

La razón que subyace a estos diferenciales es que España, a pesar de mostrar un crecimiento económico notorio muy por encima de los principales países de la Unión Europea, y superior a Portugal, no mantuvo las cuentas cuadradas, siendo el país con mayor déficit de la Unión Europea.

Pensemos que si el crecimiento económico español estaba siendo de alrededor del 3% y con una inflación de algo más del 1%, en un escenario de estabilidad presupuestaria, sin déficit, nos estaríamos quitando de encima alrededor de 4 puntos porcentuales en la ratio de deuda pública sobre PIB. Pero es elevado déficit que hemos mantenido nos ha impedido un ajuste correcto.

El equilibrio presupuestario de la mano del Partido Socialista portugués

Un presupuesto contempla una proyección de los ingresos de las Administraciones Públicas y el total de gastos proyectados que se pretende asumir. Si existe una diferencia negativa, con mayores gastos que ingresos hay que endeudarse para atender las necesidades presupuestarias.

Si bien es cierto que se ha incrementado los impuestos en algo más de 2 puntos porcentuales de PIB en 8 años, la causa real del equilibrio presupuestario se encuentra en unos profundos recortes que se han dilatado, en gran medida, en la etapa del crecimiento económico portugués.

Por el lado de los ingresos, los ingresos totales de las administraciones públicas portuguesas aumentaron del 40,4% del PIB en 2009 al 42,7% del PIB en 2017. Las recientes medidas de recaudación de ingresos han incluido un impuesto sobre las bebidas azucaradas y un impuesto adicional sobre bienes bienes inmuebles.

Por el lado del gasto, Portugal ha visto como el gasto público llegó a representar el 51,7% del PIB en el año 2014 y, en 2018, se bajó hasta una relación del 44% del PIB, una reducción en términos de PIB de más de siete puntos porcentuales en solo cuatro años**.

Es curioso este hecho porque los partidos políticos españoles PSOE y Unidas Podemos proponen acercarse a la media del gasto público de la Unión Europea y, a su vez, alaban el gobierno portugués. Sin embargo, no tienden a comentar que el modelo socialista portugués ha pasado de situarse por encima del gasto público sobre PIB en la Unión Europea a situarse por debajo, con una reducción histórica del gasto público en términos relativos a su economía.

La clave para entender resta rápida reducción en términos relativos al PIB es que la economía ha avanzado mucho más rápido que la evolución del gasto público nominal de la mano del gobierno de Antonio Costa.

Por ejemplo, los profundos recortes temporales de los salarios del sector público en el período 2010-2015 se empezaron a invertir con Costa y el empleo público empezó a incrementarse de nuevo. Pero la prima en el sector público que se paga a los funcionarios altamente calificados también es relativamente baja, lo que permite controlar este gasto en estos años.

Se ha incidido en la productividad de la sanidad pública. Costa ha introducción la remuneración en función de los resultados en la atención primaria, lo que ha fomentado el aumento de la eficiencia de los proveedores de servicios de salud.

Por otro lado, se ha priorizado dentro del presupuesto el gasto social frente la inversión pública que ha caído a los niveles históricamente bajos y se ha mantenido en estos años.

Y, aunque es más mérito del Banco Central Europeo que del propio gobierno socialista, la política monetaria ultra laxa del Banco Central Europeo ha reducido notoriamente el coste de la deuda portuguesa. En una administración pública que está especialmente endeudada, una reducción de la partida del servicio de la deuda tiene una mayor repercusión.

Un contexto económico de auge

Mientras que el Gobierno español no supo aprovechar el fuerte crecimiento de la economía, Portugal sí. La economía de Portugal se beneficio de la recuperación más amplia en Europa, alcanzando un crecimiento del PIB real de hasta el 2,8% en 2017, el más alto en 17 años.

Es interesante la composición del crecimiento, la inversión ha hecho una contribución sostenida desde mediados de 2016, con evidencia de que la recuperación se extiende más allá de la construcción para incluir el gasto en maquinaria y equipo.

Además, al igual que en España, la recuperación del empleo, que se beneficia en parte de las reformas anteriores para mejorar la flexibilidad en el mercado laboral, ayudó a garantizar una contribución constante del consumo en estos años.

La apertura económica de Portugal es otra de las claves de su crecimiento. La ampliación de la base de exportaciones, con exportaciones que ahora representan el 43% del PIB a finales de 2017, lo que se traduce en 13 puntos porcentuales más que en 2010, y ha ayudado a reorientar la economía hacia sectores comercializables, que están ayudando a impulsar las mejoras en el empleo y la inversión.

Las exportaciones de bienes se han beneficiado de un cambio desde los sectores tradicionales hacia mercados fuera de la UE. Mientras que las exportaciones de servicios han sido respaldadas por un auge del turismo que ayuda a compensar las importaciones relacionadas con la inversión.

Como resultado, la posición externa de Portugal ha mejorado estructuralmente con superávit en cuenta corriente desde 2013, con un promedio de 0,6% del PIB, en comparación con un déficit promedio de alrededor del 10% entre 2001 y 2010.

Según se desprende de una encuesta de ElectoPanel, la mitad de los españoles serían partidarios de emprender un proceso de unión con nuestra vecina Portugal. Los resultados de esta encuesta han sido los siguientes: Formar una confederación ibérica (48%), más colaboración pero independientes (28%), seguir igual (11%) y NS/NC (13%).

En primer lugar, debemos definir el término confederación. Una relación de esta índole mantiene la soberanía de los estados que la integran y la relación de su existencia viene dada por la persecución de ciertos fines comunes. Se acuerdan ciertas limitaciones en su libertad de acción y establecen un mecanismo conjunto de consulta o deliberación.

A partir de este punto, nos preguntamos qué sucedería en este tipo de relación política entre ambos países ¿Y si nos dirigimos hacia la Confederación Ibérica? ¿Cuáles serían los puntos a favor y en contra a partir de los actuales diseños de los respectivos países?

Para hacer un ejercicio de supuesta Confederación Ibérica podemos reflejarnos en el sistema político de Suiza y sus competencias que son tan altamente descentralizadas, o incluso más, que las de España. Suiza se forma por tres entidades político-administrativas: la Federación, 20 cantones y 6 semicantones, y unos 2.255 municipios, denominados “comunas”. En este caso la Confederación Ibérica estaría formada por dos cantones/estados: el Reino de España y la República Portuguesa.

La Confederación Ibérica y sus impuestos

La Constitución de Suiza confiere a los cantones plenos poderes en materia de impuestos, con excepción de aquellos casos que expresamente se reserva para la Federación. La Administración cantonal/estatal recauda los impuestos estatales y aquellos federales que les han sido encargados. Esta técnica se utiliza para todos los impuestos directos y para los impuestos federales sobre el consumo (IVA y otros), la Administración federal se ocupa de la recaudación y administración.

Adoptando este modelo, la Confederación Ibérica diseñaría y recaudaría los impuestos indirectos, especialmente el IVA, impuestos sobre gasolina, alcohol, tabaco, etc. En el caso del IVA, **los tipos generales para España y Portugal están fijados en el 21% y el 23% respectivamente. Los tipos reducidos y superreducido son para España del 10% y del 4% y para Portugal del 13% y del 6%.

Por lo tanto, para los españoles y con un sistema confederal equiparable a Suiza, cederían a la Confederación Ibérica el diseño de los tipos del IVA que se mantendrían igual o bien se incrementarían (en ningún supuesto se reduciría).

En relación a los impuestos directos, la competencia para recaudar impuestos directos es una competencia paralela. Tanto la Confederación como los cantones y las municipalidades tienen capacidad para recaudar impuestos directos sobre la renta, por lo que previsiblemente parte del IRPF y del Impuesto de Sociedades de los Presupuestos Generales del Estado iría a parar al presupuesto de la Confederación.

Es no significa que los actuales tipos del IRPF y el Impuesto de Sociedades se modificaran finalmente para el contribuyente. En Suiza, La Confederación puede percibir impuestos directos de una tasa máxima de 11,5% sobre los ingresos de las personas físicas y de una tasa máxima de 8,5% sobre el beneficio neto de las personas jurídicas, el resto está corresponde a los cantones y municipios.

Mirándonos en el espejo de Suiza, los tipos generales del Impuesto de Sociedades probablemente se mantendrían. Desde la Confederación podría establecerse un mínimo del 15% y un máximo del 30%. Hoy por hoy, ambos países tienen tipos generales superiores al 20%: España (25%) y Portugal (21% para empresas residentes y 25% para no residentes).

También se establecen tarifas, la Confederación toma en consideración la carga constituida por los impuestos directos de los cantones y municipios.

¿Cómo se utilizarían los dineros recaudados por la Confederación Ibérica?

Asimilando la relación descentralizada en Suiza, uno de los puntos más importantes es la compensación financiera vertical (Federal-Cantones) y horizontal (entre cantones). Se establecen reglas para las transferencias de la Federación a los Estados. En este caso los Cantones con pocos medios propios reciben importantes transferencias federales.

Estas transferencias tienen dos atribuciones: Compensación de cargas y compensación de recursos. Las transferencias por la compensación de cargas vienen dados por motivos sociodemográficos (edad de la población) y por motivos geográficos (Cantones con importantes regiones alpinas en sus territorios). La compensación de recursos básicamente se trata de distribución de la renta para reducir las desigualdades.

También hay otro ejemplo que puede ser una referencia a tener en cuenta. Con la reunificación de Alemania se emprendió una serie de transferencias desde la Alemania Occidental y la Alemania Oriental fruto del notable atraso económico por la implantación del modelo soviético y para su reconstrucción. Por esas razones, se puso en marcha el llamado Impuesto de Solidaridad, que supone un 5,5% del impuesto sobre la renta.

El nivel de salario en España y Portugal muestran un amplio diferencial. Atendiendo al coste laboral estimado de ambos países que refleja el Eurostat, el coste laboral hora sería 21,2 euros, mientras que la vecina Portugal mantiene sus costes laborales en 14,1 euros. La diferencia en términos absolutos es de 7,1 euros y en términos relativos un 50%.

Como hemos visto en los ejemplos, uno de los objetivos de la Confederación sería hacer frente a las diferencias existentes, la Confederación utilizaría su recaudación para realizar transferencias a Portugal y reducir la disparidad de rentas que puedan existir entre ambos países.

Si bien en la encuesta se refleja un apoyo a la Confederación con Portugal, probablemente si en este planteamiento se viera una pérdida importante de los ingresos en especie que realiza el Estado en forma de servicios públicos o bien un incremento notable de impuestos, quizá las percepciones se alterarían sobre los beneficios de la Confederación Ibérica frente el actual Reino de España.

España y Portugal ya se encuentran integradas dentro de una Confederación

A pesar de que pueda ser deseada por muchos, una confederación formada por España y Portugal se enfrentaría hoy a diversas dificultades para su formación, pues existe un marco superior, la Unión Europea. Por ello, los objetivos comunes no deberían presentar choques de legislaciones pues prevalece la legislación supranacional.

Actualmente tanto España como Portugal ya forman parte de una Confederación, la Unión Europea. Y ya han cedido un buen grado de soberanía dentro del marco europeo, que ha suscitado muchos recelos entre los socios y ha aupado los populismos en Europa. Con el inicio del euro, ambos países renunciaron a la soberanía monetaria en favor de las políticas diseñadas por el BCE, en favor de cumplir una estabilidad presupuestaria y unos límites en la relación deuda pública sobre PIB.

Todos esos objetivos que se han terminado incumpliendo y fruto de las tensiones presupuestarias se ha rescatado a Portugal e intervenido a España (sector bancario español) a cambio de ciertos cumplimientos de objetivo déficit y reformas estructurales.

Sobre la redistribución de renta comentada en una supuesta Confederación Ibérica, cabe recordar que desde Europa, ya existe una redistribución de la renta amplia. Por ejemplo, en el caso de España tiende a recibir más de lo que aporta. Según los datos de 2016, la contribución total de España al presupuesto de la UE es de 9.564 millones de euros, mientras que el gasto total de la UE en España es de 11.593 millones de euros.

De ponerse en marcha la Confederación, el PIB resultante sería de algo más de 1,3 billones de euros, España no mejoraría su posición política dentro de la UE, pues seguiría siendo el cuarto socio. Pero la Portugal integrada en esta nueva administración política tendría una mejor capacidad para los planteamientos políticos de la UE ya que actualmente es la decimocuarta economía de la UE.

Tras la catástrofe de la pasada depresión inmobiliaria española, muchos creían que este tipo de cisnes negros económicos son inevitables. Pero lo cierto es que, inevitables o no, en el caso español poco se hizo desde instancias oficiales para evitar la crisis.

Y no se puede recurrir al socorrido consuelo del "mal de muchos, consuelo de tontos": los españoles (o más bien nuestros políticos) quedan en sonrojada evidencia ante los políticos de otros países. En otros lugares (que no todos ni mucho menos) tratan al menos de legislar para cortar de raíz las situaciones que potencialmente pueden dar lugar a un desastroso estallido inmobiliario.

Esas burbujas inmobiliarias: inevitablemente evitables (al menos en su máximo esplendor)

Las burbujas inmobiliarias (y mobiliarias) han sido incontables a lo largo de la Historia de la Economía. La española fue realmente virulenta, pero no es ni mucho menos un caso aislado (con las estadounidenses "subprime" como excelente ejemplo). La existencia de estas "fiebres del oro" inmobiliarias se deben más a la naturaleza humana de los algunos (o más bien de los muchos) que acaban corriendo detrás de los precios, pero que casi siempre acaban con los precios cayendo a plomo sobre sus cabezas.

Pero las burbujas inmobiliarias son especialmente dañinas. Este hecho ocurre porque, primeramente, su mercado es masivo, y en él participa la práctica totalidad de la población de cualquier socioeconomía. Pero además también su alto impacto viene de la naturaleza de bien de primera necesidad que tiene la vivienda: uno puede invertir o no en bolsa, pero de una manera u otra todos estamos obligados a tomar parte en el mercado inmobiliario (salvo los que se echan al monte para buscar refugio natural).

Realmente, lo importante (y lo que se puede paliar) de dichas burbujas ya no es que ocurran o no ocurran (son inevitables en alguna medida), sino cómo se actúa ante ellas, y, especialmente, cómo los políticos actúan ante ellas.

El caso español fue un espectáculo lamentable

El caso español fue una lamentable exhibición de garrafales errores encadenados, especialmente graves en los casos en los que éstos venían desde instancias oficiales. Primeramente, asistimos a una negación del inflado de la burbuja con aquel "los precios de los pisos suben porque la gente puede pagarlos". Cuando la burbuja ya estaba mayormente inflada, pero aún había opciones de paliar su pinchazo llevando acabo una explosión de forma controlada, asistimos expectantes a cómo se negaba su mera existencia por la mayor.

Como parte de ese cegato negacionismo, se decía con triunfalismo que "No hay atisbo de recesión económica. La economía española tiene muy buenos fundamentos", se prometía sin vergüenza que se iban a "Crear 2 millones de nuevos empleos", y se afirrmaba con contundencia e irresponsablemente que "España está en condiciones para llegar al pleno empleo".

Posteriormente, cuando la evidencia y la virulencia de la terrible crisis ya empezaban a morder con dureza el tejido socioeconómico nacional, tuvimos que aguantar que se nos dijese impunemente que "Nosotros no hemos negado nunca la crisis". Para luego asistir al lamentable espectáculo que suponía ver cómo se tiraba dinero a espuertas con el mal diseñado y peor ejecutado Plan E, en un momento en que la inversión estatal (eficaz y eficiente) era más esencial que nunca para reactivar la economía (o más bien: para restar virulencia a la debacle).

Cuando ya estábamos en lo peor del fragor de la funesta batalla, tuvimos que ver cómo no se cortaba de raíz absolutamente todo el gasto superfluo e ineficiente, cómo no se cerraban sin excepción todas las empresas sin apenas actividad conocida que se utilizaban para colocar amiguetes y familiares, cómo no se eliminaban las partidas destinadas a la parte de las subvenciones que no tenían sentido ni razón más allá de satisfacer estómagos (y votos) agradecidos.

En vez de eliminar primero de la faz de los presupuestos todo este gasto socioeconómicamente inútil para el interés general, lo que tuvimos que sufrir es unos recortes que se cebaron especialmente con la educación y la sanidad. Eso por no hablar de cómo aquella "devaluación interna" (que el común de los ciudadanos veía con esperanza sin saber qué significaba exactamente), acabó por hacer honor a su definición, y diligentemente despeñó los salarios del común de los españolitos.

Y, por último, ahora empezamos a ser atónitos testigos de cómo en España, tan sólo apenas diez años depués del letal desastre, parece que somos perfectamente capaces de volver a repetir todo aquello a la voz del cinematográfico "Volver a empezar" (que nunca fue más basado en hechos reales).

No todos los países (ni todos los políticos) son iguales: hay grados

Pero hay esperanza más allá de todas estas patrias decisiones mal tomadas, al menos allende nuestras fronteras. En otros países tal vez sean mucho más diligentes y previsores a la hora de prevenir estas burbujas inmobiliarias, o tal vez le han visto las orejas al lobo y han aprendido de casos como el español (y también de sus propias penurias deudoras en la pasada crisis). El tema es que tenemos muy muy cerca uno de estos ejemplos (o al menos pretendido candidato a ello).

Sin ir mucho más lejos del Duero, está nuestro querido vecino ibérico: Portugal. Este atlántico país vive desde hace algunos trimestres una situación que potencialmente puede estar formando una efervescente burbuja inmobiliaria. Pero la noticia no es ésa ni mucho menos. La gran (y envidiable) noticia es que las autoridades lusas están haciendo algo por evitar el desastre, o al menos están tratando de hacerlo (que ya es mucho para los estándares nacionales españoles allá por 2007).

En Portugal se niegan a quedarse de brazos cruzados, o tal vez se niegan incluso a quedarse de bolsillos abiertos con las administraciones lucrándose de los impuestos a la vivienda y las recalificaciones de suelo. Ni cortos ni perezosos, los portugueses han decidido que deben tomar cartas en el asunto para evitar posteriores males mayores, y han optado por aprobar una batería de medidas específicamente concebidas para apaciguar el boom inmobiliario.

Las medidas en cuestión tratan de echar agua fría sobre el recalentado mercado inmobiliario

Dado el carácter político de izquierdas del actual gobierno portugués, era de esperar que algunas de estas medidas tuviesen un marcado corte social. Como habrán leído en el enlace anterior, la principal medida del ejecutivo luso es su "Programa de Alquileres Accesibles". Este programa incentiva los alquileres a precios contenidos, y lo hace ofreciendo ventajas fiscales a los propietarios.

De cumplir ciertas condiciones (bastante poco estrictas), el propietario tendrá derecho nada menos que a una reducción del IBI de al menos el 50%, y además estará exento del impuesto sobre los alquileres de espacios residenciales. Pero esto no es todo. Para plazos de arrendamiento más largos, el propietario se beneficiará de una disminución en el IRPF del 28 al 14%, y para contratos de duración máxima (20 años o más), el IRPF quedará tan sólo en torno a un 10%.

Adicionalmente, las nuevas medidas establecen una renovación automática del contrato de alquiler para todos los mayores de 65 años, y también para personas con cierto grado de discapacidad. A todo lo anterior, le acompaña además la prohibición de los deshaucios por obras, y también las ayudas para repoblar el interior del país. Este último punto es especialmente relevante en un contexto de fuerte inversión inmobiliaria extranjera, principalmente destinada a las zonas turísticas, lo cual hace más lacerantes y crecientes las grandes diferencias entre el Portugal costero y el interior.

Pero no se vayan todavía, aún hay más (y ésta va directa al corazón de la bestia)

Para algunos estas medidas serán apropiadas, para otros no seran correctas. El caso es que no vienen solas. Hay otra medida tomada recientemente que confirma lo resuelto que está el ejecutivo luso a evitar una posterior debacle inmobiliaria. Y resulta una medida mucho más agresiva (y tal vez más certera) que la de fomentar el alquiler, proteger a los más desprotegidos, o re-equilibrar las diferencias territoriales.

La medida está diseñada para ir dirigida al corazón de una burbuja inmobiliaria. Por todos es sabido el gran protagonismo que el crédito tiene en todas las burbujas, pero especialmente en las inmobiliarias por la necesidad de pedir una hipoteca en muchos casos para afrontar un gasto tan importante. De hecho, así ocurrió tristemente en España con aquellas histéricas hipotecas a 40 años y por el 120% de la tasación, con las que los endeudados (de por vida) conseguían las llaves, amueblaban el piso, y se compraban dos berlinas de lujo.

Y a ese tipo de desmanes y despropósitos es hacia donde el gobierno de Portugal ha decidido dirigir su misil anti-burbuja más efectivo. Sí, Portugal ha optado por limitar la concesión de hipotecas. Por ahora, tal y como habrán leído, se trata de unas meras recomendaciones, siendo la principal que el crédito concedido no debe superar el 90% del valor de la vivienda, y además el plazo de la hipoteca será como máximo por 30 años.

Si el sector hace caso omiso de estas recomendaciones, éstas pasarán irremediablemente a ser de obligatorio cumplimiento. Una aproximación que a un servidor en concreto le parece muy apropiada, y no sólo pues por lo certero de la medida dado el problema que trata de atajar, sino también por el carácter preventivo de la que sería una posterior regulación: el gobierno luso ha dado ni más ni menos que un primer e inteligente aviso previo a navegantes.

Las diferencias con la burbuja española claman al cielo

Se debe reconocer como mínimo a nuestros hermanos lusos que han optado con decisión por atacar la raíz del problema antes de que explote: debe ser que tienen interés de verdad por cortar radicalmente la futura sangría. Y este extremo llama poderosamente la atención cuando es comparado con aquello de matar moscas a cañonazos que supuso el fracasado y peor concebido plan E.

Algunos no dudarán en afirmar airosamente que este tipo de medidas suponen un intervencionismo económico imperdonable, y que entran en el pantanoso terreno de la sobrerregulación. Estos sectores olvidan el verdadero papel del Estado: un estado está precisamente para esto, para regular y corregir los excesos del mercado (sólo cuando sea necesario y sin excesos regulatorios e intervencionistas, eso sí). Y la verdad es que, lejos de sobrerregular, las medidas portuguesas prometen y, en todo caso, al menos nadie podrá acusar al gobierno portugués de la inacción y de haber negado taxativamente los peligros de la burbuja (e incluso su mera existencia, como pasó en España).

En el fondo, este tipo de regulación preventiva y no excesivamente intervencionista les interesa a todos los agentes socioeconomicos, incluso a la banca a la que le impacta: más vale hacer un poco menos de negocio hoy, para ganar en sostenibilidad y seguir pudiendo hacer negocio el día de mañana, y no como pasó en España. Y si algún ejecutivo agresivo busca desaforadamente cobrar un cuantioso bonus más, sin reparar en riesgos inasumibles, y sin querer ver apenas límites racionales, digo yo que alguien deberá ponérselos. Si no, luego pasa lo que pasa: España en 2007 o las mismas hipotecas subprime de EEUU. Porque el mercado se autorregula, salvo cuando deja de hacerlo.

No es la primera vez que les hablamos bien del desempeño económico portugués. Ahora vemos que Portugal siempre podrá sacar también pecho por haber tomado acción a tiempo, antes de que fuese demasiado tarde para sus ladrillos. El tiempo dirá ya si las acciones tomadas evitaron un desastre inmobiliario épico como fue el español, que literalmente lo enseñan ya en las universidades. Suerte a los hermanos portugueses desde estas líneas: el mundo económico debe siempre alegrarse de que cualquier país escape de un desastre socioeconómico, sea cual fuere la ideología del gobierno que lo consiga. Aquí analizamos ideas, medidas y políticas socioeconómicas, no colores. Los colores los dejamos para el fútbol, donde irremediablemente unos ganan y otros pierden. Con la verdad por bandera para poder aprender de los aciertos (y errores) propios y ajenos, aquí ganamos todos.

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Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística publicó un informe titulado "La Península Ibérica en cifras - 2017" en el que se hace una comparación muy pero que muy interesante de España y Portugal respecto a cuestiones como educación y cultura, salud y protección social, condiciones de vida, tecnología, servicios, turismo o mercado laboral, entre una larga lista.

En este artículo nos vamos a centrar en analizar cómo es el mercado de trabajo español comparado con el portugués y para ello tendremos en cuenta variables como las horas trabajadas a tiempo completo y a tiempo parcial, la tasa de paro, el salario mínimo y la formación de los trabajadores. Todos los datos corresponden al año 2016.

Horas semanales trabajadas a tiempo completo

En la gráfica se ve claramente el comportamiento desigual de esta variable en España y Portugal tras la crisis económica de 2008. Mientras que en España el número de horas trabajadas a tiempo completo se ha reducido en los últimos 8 años, no ha ocurrido lo mismo en Portugal.

En cifras, de 2008 a 2016 en España el número de horas trabajadas full time ha disminuido de 41,8 horas a 41,2 horas. Es poco, pero es significativo. En el país vecino, mientras tanto, han pasado de 41,3 horas en 2008 a 42,1 horas en 2016 (con un máximo de 42,8 en 2014). Para terminar la comparativa, la media de la Unión Europea fue de 41,4 horas.

Horas semanales trabajadas a tiempo parcial

En lo que respecta al número de horas trabajadas a tiempo parcial, los valores en España y Portugal son muy parecidos. Por sexos, en 2016 en España los hombres trabajaron de media 18,8 horas a la semana y las mujeres 17,2. En Portugal, mientras tanto, 18,9 horas los hombres y 17,2 horas las mujeres.

Como vemos en la imagen de arriba, en ambos casos estamos por debajo de la media de la UE, que fue de 19,2 horas para hombres y 20,6 horas para mujeres.

Tasa de paro: el mapa de la vergüenza

La tasa de paro siempre ha sido la asignatura pendiente de la economía española. Nuestro bulímico mercado laboral es capaz de absorber a muchísimos trabajadores cuando la economía va bien. Sin embargo, los vomita sin compasión al SEPE a poco que se cruza en su camino una pequeña recesión.

En cifras, nuestro país cerró 2016 con un desempleo del 19,6%, uno de los más altos de la UE (solo superado por el 23,6% de Grecia). Esta tasa llega a valores verdaderamente dramáticos en regiones como Melilla (30,8%) o Andalucía (28,9%). Frente a esto, en Portugal la tasa de paro se situaba en valores que, aún siendo elevados, no dan tanto vértigo: un 11,2%.

La tasa de paro media de la UE fue del 8,6%, pero es una media engañosa porque España y Grecia, principalmente, tiran de los datos para arriba. La mayoría de los países de la UE se encuentran por debajo o muy por debajo de este valor medio. República Checa el que más, con solo un 4% de paro.

Salario mínimo mensual

El salario mínimo mensual se ha incrementado tanto en España como en Portugal durante el período 2013-2017. Si tomamos como referencia doce pagas, en Portugal pasó de 566 euros al mes en 2013 a 650 euros al mes en 2017. Mientras tanto, en España hubo un incremento desde 753 euros hasta 826 euros.

Aunque la diferencia entre países vecinos es significativa, más lo es aún si extrapolamos las referencias al resto de países de la Unión Europea que regulan el salario mínimo. Así, en un extremo nos encontramos con Bulgaria, que pasó de 159 euros a 235; en el extremo opuesto se situaría Luxemburgo, que pasó de 1.874 euros a 1.999.

Nivel de formación de los ocupados

Otra cosa no, pero en España tenemos títulos superiores como para poner un mercadillo. Nos dijeron que había que sacarse una carrera para poder presumir ante las empresas de un título hortera firmado por el rey y nos lo creímos. Íbamos a tener trabajos como churros, ¿verdad? Pues no.

Como veis, en España hay un 43,2% de ocupados con formación superior, frente a solo el 27,8% de nuestro país vecino. Comparados con la UE, también estamos por encima de la media (34,1%). Curiosamente también estamos por encima de la media europea en ocupados con estudios básicos (32,6% frente al 16,9% de la UE).