El caso de un septuagenario que factura miles de euros mensuales como autónomo evidencia las costuras del modelo asistencial actual. Según los datos del testimonio televisivo recogidos por Antena 3, la brecha entre tener un inmueble en propiedad o carecer de ingresos mínimos es insalvable.

La precariedad económica en la tercera edad está empujando a ciertos perfiles a ensayar fórmulas de autoempleo tan imprevistas como complejas. Mientras el imaginario colectivo asocia el retiro con prestaciones de hasta 2.000 o 3.000 euros, la realidad para quienes no alcanzan los 1.000 euros al mes es crítica. El problema es que la falta de recursos arrastra a algunos mayores a compartir piso con estudiantes o a depender de la caridad y otro tipo de ayudas, convirtiendo la jubilación en una extensión de la vida laboral activa para lograr una existencia digna.

Del retiro obligado a la cabina de una excavadora

El ejemplo de Ángel Martín ilustra a la perfección este fenómeno de retorno laboral forzado. A sus 77 años, este pensionista rompe cualquier estereotipo sobre la vejez. Lejos de resignarse a una situación económica asfixiante, cuando tenía 73 años decidió formarse técnicamente para conducir una excavadora.

Para reactivarse en el mercado, Ángel asumió un notable riesgo financiero al adquirir una máquina por un valor de 50.000 euros. Esta inversión se financió mediante un préstamo bancario que el jubilado todavía continúa amortizando en la actualidad con sus ingresos mensuales.

Las cuentas del autoempleo en la tercera edad

La radiografía financiera de su situación previa justifica la decisión. Ángel percibía una pensión inicial de 850 euros, mientras que el coste de su alquiler se elevaba a los 800 euros mensuales. La viabilidad de subsistir con la diferencia era inexistente. Al dar el paso hacia el régimen de autónomos, su prestación de jubilación experimentó un recorte de 350 euros. Sin embargo, los rendimientos de su nuevo desempeño profesional compensan sobradamente la pérdida de ingresos públicos.

Actualmente, su cuota de autónomos que abona mensualmente no llega a los 150 euros. En contraposición, su volumen de negocio se ha incrementado sustancialmente: "La media es de unos 3.000 o 3.500 euros al mes", puntualiza el profesional sobre sus ingresos actuales. Estos recursos extraordinarios le permiten ir pagando la deuda de la maquinaria de forma sostenida.

La paradoja de trabajar para poder descansar

A pesar de que estas ganancias mensuales resulten muy atractivas para cualquier trabajador en activo, este escenario dista mucho de ser una elección idílica o un retiro deseado. Regresar al entorno laboral a una edad avanzada responde a la necesidad imperiosa de asegurar unas condiciones materiales mínimas, no a un deseo de prolongar la carrera profesional de forma voluntaria.

Ángel Martín confirma que preferiría disfrutar de un retiro convencional si las condiciones estructurales del sistema se lo facilitasen. Como bien admitió el propio protagonista durante su intervención televisiva: "Si tuviera una pensión digna para poder vivir con un apartamento chiquitito, tendría suficiente".

En definitiva, la historia de este operador senior deja una lectura económica profunda sobre el impacto del mercado inmobiliario en las prestaciones públicas. Cuando las pensiones mínimas son devoradas por los precios de los arrendamientos, el autoempleo en la tercera edad deja de ser una opción de emprendimiento para convertirse en la última red de seguridad frente a la exclusión.

Imágenes | Antena 3 - Y ahora Sonsoles

Esta semana, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto 402/2025, que establece un procedimiento para permitir la jubilación anticipada para actividades peligrosas.

El sistema funcionará mediante la aplicación de coeficientes reductores en la edad de jubilación para actividades laborales de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, con elevados índices de morbilidad (altas probabilidades de enfermar relacionadas con la actividad) o mortalidad.

A quién afecta la medida

Esta medida está dirigida a trabajadores por cuenta propia o ajena, incluidos en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, que acrediten haber desempeñado, durante un tiempo mínimo, actividades laborales que impliquen un gran esfuerzo físico o psicológico y que no puedan beneficiarse de una mejora de sus condiciones de trabajo.

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Según fuentes del Gobierno: “La penosidad incluye elementos como la exposición a ruidos o el uso permanente de fuerza física; la toxicidad se refiere a la exposición a agentes físicos, químicos o biológicos; la peligrosidad contempla las actividades más susceptibles de causar accidentes laborales o una enfermedad profesional, y la insalubridad supone la exposición a un ambiente susceptible de perjudicar a la salud.”

Asimismo, quedarán excluidos aquellos trabajadores cuyas actividades ya tienen reconocida la aplicación de coeficientes reductores o una edad mínima de jubilación establecida por otras normativas, como los trabajadores del mar o los mineros.

Requisitos mínimos

Para poder acceder a esta jubilación anticipada, los trabajadores deberán acreditar que han desempeñado durante un tiempo significativo una actividad considerada penosa, peligrosa, tóxica o insalubre, con un alto impacto físico o psicológico.

El periodo exigido será similar al necesario para acceder a la jubilación ordinaria. Además, la norma fija una edad mínima de 52 años para poder beneficiarse de este adelanto, y establece que la pensión no será compatible con continuar ejerciendo la misma actividad que justifica la jubilación anticipada.

El procedimiento para determinar aquellas profesiones que pueden acogerse se iniciará con una solicitud conjunta de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, o de las asociaciones profesionales en el caso de trabajadores autónomos y empleados públicos.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social elaborará un informe estadístico de morbilidad y mortalidad, que será complementado con evaluaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Estos informes serán analizados por una Comisión de Evaluación, que emitirá un informe sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores.

El informe final de una comisión especializada determinará si procede aplicar coeficientes reductores. Además, cada diez años se revisarán estos criterios para adaptarlos a los avances tecnológicos o mejoras en las condiciones laborales.

El Real Decreto no detalla las profesiones específicas, pero se espera que puedan acogerse trabajadores de sectores como la construcción, transporte de mercancías, personal sanitario, camareras de piso, bomberos forestales y empleados de la industria química, entre otros.

Financiación de la medida

La aplicación de los coeficientes reductores lleva aparejada una cotización adicional a cargo de los trabajadores afectados y sus empleadores, establecida anualmente en los Presupuestos Generales del Estado.

Así, el sistema prevé un recargo en las cotizaciones para cubrir el coste de estas jubilaciones anticipadas, que será compartido entre el trabajador y el empleador, y dependerá del número de años que se anticipe la jubilación.

Por último, la norma también tiene presente posibles revisiones periódicas (cada diez años) de los coeficientes reductores, para evaluar si continúan existiendo las condiciones que justificaron la reducción de la edad de jubilación o si han desaparecido por avances tecnológicos o mejoras en las condiciones laborales.

Este nuevo marco legal puede suponer un avance importante en la justicia del sistema de pensiones, especialmente si se aplica con criterios rigurosos y objetivos. Resta por ver qué profesiones podrán acogerse al sistema y si se traduce en un verdadero alivio para los ciudadanos que han sostenido trabajos especialmente duros durante décadas.

Muchos norteamericanos se jubilan antes de lo que les gustaría. Son datos del Centro Transamericano para Estudios de Jubilación compartidos con CBS News, donde se afirma que seis de cada diez dejan de trabajar antes de lo que tenía planeado y por circunstancias ajenas a su control.

Un problema que choca, de frente, con las dificultades para cubrir un seguro médico y contar con una buena pensión de jubilación, así como hacer frente a las limitaciones físicas o las enfermedades propias de la tercera edad.

Jubilación forzosa

La edad promedio de jubilación en EE. UU. está en los 62 años. Una tendencia sorprendente, teniendo en cuenta que sus ciudadanos cada vez trabajan hasta más mayores, si pueden; también las mujeres, que están retrasando más y más la edad de jubilación.

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Sin embargo, el estudio vincula esta jubilación temprana con los problemas de salud, que obligan a retirarse del mercado laboral alrededor de los 60 años, debido a limitaciones físicas, enfermedad e incluso discapacidades surgidas o agravadas.

En menor medida, se encuentran los despidos y la restructuración de las plantillas norteamericanas, que han tenido un impacto importante, y, sobre todo, la posibilidad de cobrar el seguro social cuanto antes. Una opción que, para la mayoría, resulta casi obligatoria, pese a perder un 30 % los pagos mensuales que recibirán hasta sus últimos días.

Cobrar desde ya, pero menos

Los analistas y expertos en finanzas consideran que, hoy día, el norteamericano medio debería esperar hasta los 66 o 67 años para jubilarse (igual que aquí, depende un poco de los años cotizados), y ya no es extraño encontrar especialistas que aconsejen retrasarla hasta los 67-70 años (lo que aumentaría los beneficios un 30 % extra).

No obstante, el principal problema detrás de esta tendencia es la incapacidad para seguir trabajando. La edad promedio en la que se empieza a reclamar el seguro son los 63, casi inmediatamente tras el retiro, y se juntan varios puntos clave. Por un lado, la idea de que quizá uno no viva suficiente y el miedo a perder ese dinero; por otro lado, el estado de salud físico y, en tercer lugar, la falta de liquidez para hacer frente a los gastos.

Sin Medicare, hasta los 65

Todo ello, se suma a la difícil atención sanitaria para los norteamericanos, que pueden encontrarse en "tierra de nadie", y quedar durante alguna etapa previa a la jubilación sin cobertura con ningún plan de salud. En el caso de Medicare A (seguro hospitalario) o Medicare B (seguro médico), se necesitan 24 meses de cobertura con el seguro social para poder empezar a recibir los beneficios.

Por esta razón, jubilarse antes de tiempo, puede suponer la pérdida de otras coberturas vinculadas al puesto de trabajo, así como caer en una situación en la cual  la única opción sea recurrir al seguro social, ya que la persona no puede trabajar, no tiene ahorros y el tiempo de espera para aprovechar otras coberturas todavía no se ha cumplido.

El seguro social, además, puede pedirlo una gama enorme de ciudadanos, aunque no hayan contribuido de forma directa en el sistema, como a las personas con discapacidad, supervivientes de un accidente, cónyuges, así como varía notablemente en lo que se refiere a cantidad en función de la edad, vínculo y situación de la persona beneficiaria.

Coge el dinero y corre

Todo ello, se resume en un "coge el dinero hoy, mañana puede ser tarde." Sin embargo, con una esperanza de vida entorno a los 79 años, muchos nortamericanos no están preparados para afrontar un shock financiero grave, según Catherine Collinson, CEO del Centro Transamericano.

Además, si bien hay un porcentaje elevado de jubilados que tienen un plan de ahorro (un 40 %), la mayoría depende solo del seguro social como fuente de ingresos, siendo los más vulnerables ante gastos imprevistos.

Por último, aunque hay un alto porcentaje que afirma ser feliz jubilado (y haber tenido que adaptar sus gastos, también), hay un enorme agujero de incertidumbre económica que no siempre se puede cubrir con más trabajo, previsión o planificación. En cualquier caso, estos son los grandes desafíos del trabajador que busca un retiro tranquilo en el país de la libertad. Como en la mayoría de democracias liberales de Occidente, no hay una solución rápida, ni fácil.

Hay leyes no escritas de la gestión empresarial que se resisten a morir. Son como los viejos rockeros. Y al igual que muchos de ellos no dejan de quedar sistemáticamente en evidencia. Una de ellas es la Ley del embudo. Ya sabéis, ancho para mi y estrecho para los demás. Pues creo que en España hay un caso evidente en el BBVA. Un caso que clama al cielo.

El Presidente del BBVA, Francisco González, ha impulsado una reforma en los Reglamentos del Consejo de Administración. Su finalidad, elevar a 70 años la edad máxima de los Consejeros. Esto significa que FG, con 63 años, aun tiene 7 años más para poder seguir ejerciendo el cargo, estirando así los dos años que le quedaban actualmente. Resulta sumamente curiosa esta noticia:

• El BBVA se ha caracterizado por una fuerte política de prejubilaciones. En cuanto sobrepasaba los 50 años, al empleado del BBVA se les ponía cara de medio parado medio jubileta, y era invitado a abandonar la entidad financiera vía prejubilaciones (aviso a navegantes, las prejubilaciones como figura legal no existe, se trata de un despido más o menos pactado, de unas indemnizaciones complementarias, de aprovechar los resquicios legales). Y esa tendencia recorre de arriba a abajo el escalafón del BBVA (ay de quien se oponga), desde el currito de a pie hasta el director general. Curiosamente en el caso del Sanedrín directivo, y especialmente en el de su Presidente la tendencia es la contraria. Amplían sus plazos de permanencia, nos hacen participes de su brillante gestión por más tiempo. ¿Por qué las prejubilaciones son buenas para unas pero no para otros?

• Los medios relevantes (léanse los viejos dinosaurios de papel) nos venden la noticia como un ejemplo más de las aplicaciones del Código del Buen Gobierno. Impresionante. .

Y es que alguno pensará que FG hará con su empresa lo que quiera. Ahí esta la clave precisamente, que no es su empresa. ¿Cuántas acciones tiene el Sr. Presidente?