El sistema público de pensiones en España atraviesa una de las etapas de mayor tensión de los últimos años. La pregunta es, ¿hasta cuándo será viable este aumento de números y estadísticas?

El progresivo acceso a la jubilación de la generación del baby boom está acelerando la salida de trabajadores del mercado laboral y elevando el número de nuevas altas en el sistema. Una tendencia estructural que, sin duda, condicionará las finanzas públicas durante las próximas décadas.

Las cifras acumuladas hasta noviembre de 2025 confirman este cambio de ciclo. El volumen de jubilaciones no solo supera el registrado en ejercicios anteriores, sino que se acompaña de prestaciones iniciales más elevadas, lo que incrementa de manera directa el desembolso destinado al pago de pensiones.

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El efecto combinado del aumento de jubilados y de pensiones medias más altas sitúa al sistema en máximos históricos de gasto.

Un récord de salidas del mercado laboral

Entre enero y noviembre, 342.665 personas abandonaron la actividad laboral tras haber completado los años de cotización necesarios para acceder a la jubilación.

Este dato ya supera el total registrado en todo 2024 y deja atrás con claridad el volumen de 2023, cuando comenzaron a retirarse de forma masiva los primeros nacidos entre finales de los años cincuenta y la década de los setenta.

Si la tendencia observada en los once primeros meses se mantiene, el mes de diciembre sumará algo más de 31.000 nuevas jubilaciones, lo que situará el cierre del año en torno a las 373.800 altas.

El número anual de nuevos jubilados ha crecido de forma sostenida desde mediados de la década de los 2000, con un punto de inflexión claro en los últimos cinco años. Las barras correspondientes a 2024 y 2025 destacan sobre el resto, evidenciando un incremento cercano al 30% en el ritmo de incorporaciones al sistema en un periodo relativamente corto.

El impacto acumulado del baby boom

Los primeros tres años del proceso de jubilación de esta generación ya han incorporado al sistema a 1.037.679 personas. Se trata de una cifra relevante no solo por su volumen, sino por su carácter prolongado en el tiempo.

Las previsiones apuntan a que este flujo continuará durante los próximos 18 años, hasta que los últimos integrantes del baby boom alcancen la edad legal de retiro.

Este escenario introduce una presión constante sobre el sistema, ya que cada ejercicio se suman más jubilados de los que salen por fallecimiento. El crecimiento neto del número de pensiones activas se ha convertido en uno de los principales motores del aumento del gasto.

Pensiones iniciales más elevadas

Otro elemento clave del actual contexto es el importe de las nuevas pensiones. Los datos del Ministerio de Seguridad Social muestran que la prestación media con la que acceden los nuevos jubilados ha aumentado de forma notable.

En 2023 se situaba en 1.453 euros mensuales, en 2024 ascendió a 1.566 euros y en 2025 alcanza una media de 1.621 euros hasta noviembre. En apenas tres años, el incremento acumulado ronda el 11%.

Este aumento se explica, principalmente, por carreras laborales más largas y por bases de cotización más elevadas. Los trabajadores que se jubilan ahora han cotizado durante más años y con salarios superiores a los de generaciones anteriores.

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A ello se suma el retraso efectivo de la edad de jubilación, que ha superado por primera vez la edad legal. La media ha pasado de 64,82 años en 2023 a 65,07 años en noviembre de 2025, un dato que también influye en la cuantía final de la prestación.

El efecto sustitución y la presión presupuestaria

El crecimiento del gasto en pensiones no responde únicamente al mayor número de jubilados. El denominado efecto sustitución, que refleja la diferencia entre las nuevas pensiones y las que causan baja, desempeña un papel relevante.

En el último mes disponible, esta brecha fue de 277 euros mensuales, lo que eleva el gasto incluso aunque el número total de pensionistas creciera de forma más moderada.

Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, el desembolso en pensiones cerrará 2025 con un incremento del 6,2%. De ese aumento, 1,7 puntos porcentuales se explican por el mayor número de prestaciones y 1,3 puntos por la diferencia entre altas y bajas.

El resto corresponde a la revalorización anual de las pensiones y a otras medidas, como el impacto del complemento de brecha de género.

Un gasto en máximos históricos

El pago total de pensiones alcanzará en 2025 los 189.598 millones de euros, casi 190.000 millones, lo que supone un nuevo récord para la Seguridad Social.

Tres cuartas partes de este importe corresponden a pensiones de jubilación, con un volumen cercano a los 138.000 millones de euros. Estas cifras consolidan una tendencia alcista que se mantendrá en los próximos años.

Las previsiones oficiales anticipan crecimientos del gasto del 5,1% en 2026 y tasas superiores al 4% hasta 2030. Aunque la moderación de la inflación reducirá el impacto de las revalorizaciones, la presión derivada del aumento del número de pensiones seguirá intensificándose.

Las proyecciones apuntan a 12,5 millones de pensiones activas en 2030 y hasta 17 millones en 2050, con un gasto equivalente al 13,4% del PIB a finales de la década.

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Cada vez hay más personas de baja en España. Y esto ocurre en un contexto marcado por la dificultad para aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado donde la Seguridad Social mantiene presupuestos prácticamente invariables desde 2023.

¿Y cuál es una de las consecuencias? que es obligatorio realizar ajustes continuos para cubrir partidas que crecen muy por encima de lo previsto. Entre todas ellas, la prestación por incapacidad temporal destaca y mucho.

El desembolso destinado a cubrir las bajas laborales no solo alcanza cifras récord, sino que muestra una aceleración constante, alimentada tanto por el aumento del número de procesos de baja como por su mayor duración media. 

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El resultado es un trasvase multimillonario que tensiona el sistema contributivo y no contributivo.

Evolución del gasto en incapacidad temporal

La tendencia ascendente del gasto en incapacidad temporal desde 2017, según datos del Ministerio de Seguridad Social, es clara. En apenas ocho años, el desembolso prácticamente se ha duplicado, pasando de algo más de 7.000 millones de euros a rozar los 17.000 millones en 2025, con datos aún parciales hasta octubre.

El salto más significativo se produce a partir de 2020, cuando el gasto supera los 11.000 millones y no ha dejado de crecer desde entonces.

Este incremento sostenido se traduce en un aumento interanual superior al 11% en 2025, situando el gasto acumulado por bajas médicas por encima del total registrado en todo 2024.

La tendencia no muestra signos de estabilización, lo que obliga al Ministerio a introducir modificaciones presupuestarias de gran magnitud.

Un trasvase millonario dentro de la Seguridad Social

Para cubrir el desfase entre el presupuesto inicial y el gasto real en incapacidad temporal, la Seguridad Social ha tenido que movilizar más de 5.300 millones de euros adicionales.

Esta cifra representa el grueso de las modificaciones realizadas en el nivel contributivo, concentrando alrededor del 81% de los ajustes en este ámbito. Si se amplía el foco a todas las prestaciones, incluidas las no contributivas, la incapacidad temporal absorbe casi la mitad de las modificaciones presupuestarias.

Con estos refuerzos, el presupuesto destinado a cubrir las bajas laborales alcanza ya los 17.093 millones de euros, una cantidad que consolida esta prestación como una de las más dinámicas en términos de crecimiento del gasto público.

El peso de las bajas comunes frente a las profesionales

El gasto en incapacidad temporal se reparte de forma desigual entre las distintas contingencias. La mayor parte del desembolso corresponde a las bajas por causas comunes, es decir, aquellas no vinculadas directamente al trabajo.

Enfermedades comunes o accidentes fuera del entorno laboral concentran la mayor presión presupuestaria, con un gasto que supera ampliamente los 15.700 millones de euros y que ha requerido casi la totalidad de los fondos adicionales movilizados.

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Las contingencias profesionales, asociadas a accidentes laborales o enfermedades derivadas del trabajo, tienen un peso mucho menor en el conjunto, lo que refuerza el debate sobre los factores estructurales que están impulsando el aumento de las bajas no relacionadas con la actividad profesional directa.

Más bajas y más tiempo fuera del trabajo

El incremento del gasto no puede entenderse sin analizar la evolución del número de bajas y su duración.

Las estadísticas más recientes muestran que las horas no trabajadas por incapacidad temporal han aumentado un 73% desde 2019, mientras que el total de horas cotizadas solo lo ha hecho en torno al 17% en el mismo periodo.

Una divergencia similar se observa en los días cotizados y los días de baja, con crecimientos del 16% y del 70% respectivamente.

Estos datos apuntan a un cambio profundo en el patrón de utilización de la prestación, con más procesos de baja y una mayor permanencia en situación de incapacidad, lo que amplifica el impacto económico sobre el sistema.

Un efecto arrastre sobre otras prestaciones

La presión presupuestaria no se limita a la incapacidad temporal. Más del 90% de las prestaciones gestionadas por la Seguridad Social han necesitado ajustes adicionales y, a estas alturas del año, cerca del 80% ya han superado el gasto acumulado del ejercicio anterior.

En total, las modificaciones presupuestarias superan los 11.000 millones de euros, repartidos entre el nivel contributivo y el no contributivo.

Otras prestaciones, como las vinculadas al nacimiento y cuidado del menor, también han requerido refuerzos significativos, en parte relacionados con la ampliación reciente de permisos.

Las pensiones contributivas, aunque siguen siendo la partida más voluminosa, muestran un crecimiento más contenido en términos de modificaciones, pese al inicio de la jubilación de la generación del baby boom.

El contexto macroeconómico del gasto social

En términos agregados, el gasto en protección social ya representa el 18,7% del PIB, con una tendencia claramente ascendente. Dentro de este bloque, las pensiones absorben cerca del 13% del PIB y más del 30% del gasto público total.

En las últimas tres décadas, el peso de las pensiones sobre el PIB ha crecido más del doble de lo que lo ha hecho el conjunto del gasto público.

La evolución de la incapacidad temporal se suma así a un escenario de presión estructural sobre las finanzas públicas, en el que cada vez más recursos se destinan a prestaciones sociales y menos margen queda para absorber desviaciones sin recurrir a ajustes continuos.

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¿Es verídica la imagen que contrapone a jóvenes con salarios bajos frente a generaciones anteriores supuestamente ya más acomodadas? La realidad, en ocasiones, es otra bien distinta.

En 2025, una parte creciente de trabajadores veteranos ha quedado atrapado en un mercado laboral que no les ofrece estabilidad ni acceso a empleos de calidad.

La evolución de los datos demuestra que son precisamente ellos quienes acumulan más dificultades para mantenerse ocupados en su última etapa profesional.

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Uno de cada diez trabajadores en España es pobre: el empleo ya no garantiza llegar a fin de mes

En medio de un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo, la dificultad para acceder a la vivienda y la presión sobre el sistema de pensiones, existe la percepción de que muchos ciudadanos de más edad gozan de completa ventaja. Pero los números revelan lo contrario.

Un volumen cada vez mayor de personas supera los 60 años sin un empleo y subsiste gracias a ayudas de carácter asistencial que apenas permiten cubrir los gastos básicos del día a día.

Un colectivo creciente que depende de ayudas mínimas

De acuerdo con los datos adelantados por el Ministerio de Trabajo, más de 769.000 personas recibían subsidios asistenciales en octubre.

De ellas, un 34,5% pertenece al tramo de edad que supera los 60 años. Se trata de una cifra sin precedentes que refleja cómo quienes nacieron en pleno auge demográfico de los años sesenta han pasado a ocupar una posición de vulnerabilidad laboral muy distinta a la que se puede creer.

La paradoja es, cuanto menos, llamativa. Hace dos décadas, quienes entonces superaban los 40 años y perdieron su empleo durante la Gran Recesión quedaron inmersos en una espiral de precariedad de la que muchos no han logrado salir.

Hoy forman parte del grupo que registra mayores dificultades para acceder a un contrato y que depende en gran medida de un subsidio que rara vez supera los 480 euros mensuales.

La persistencia del desempleo entre los más veteranos

Las encuestas de población activa confirman la tendencia. Mientras otros grupos de edad han recuperado o incluso mejorado sus niveles laborales respecto a 2008, quienes superan los 50 años siguen arrastrando tasas de paro superiores a las registradas en los momentos más críticos de la crisis financiera.

En el caso de quienes ya han cumplido los 60, la cifra se ha disparado más de un 270% respecto a aquel periodo.

No se trata de personas inactivas a la espera de poder jubilarse. De hecho, las cifras de quienes podrían considerarse prejubilados se encuentran en mínimos históricos.

La inmensa mayoría continúa buscando empleo porque su situación económica no les permite vivir sin ingresos propios. Esa decisión habla de las dificultades que afrontan para sostenerse con la ayuda que reciben y del riesgo de precarización en su futura pensión si no logran cotizar más años.

La trampa del paro de larga duración

Solo unas 90.000 personas mayores de 60 años perciben una prestación contributiva. Representan un porcentaje muy inferior al peso que tienen en el total de parados registrados.

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El grueso depende de subsidios, especialmente del destinado a mayores de 52 años. Este esquema refleja que las prestaciones ligadas a la cotización se agotan antes de que puedan reincorporarse al mercado laboral, lo que los empuja al nivel asistencial.

A partir de los 50, las oportunidades de encontrar empleo disminuyen progresivamente. Cuando se consume el tiempo máximo de la prestación contributiva, la única vía de protección es el subsidio.

La mayoría de quienes lo perciben recibe el importe mínimo, que puede mantenerse hasta alcanzar la edad legal de jubilación, pero no garantiza estabilidad económica ni la posibilidad de mejorar la base reguladora futura.

Un fenómeno que no responde solo al ciclo económico

La evolución de los datos desde 2009 deja claro que este aumento no es únicamente consecuencia de crisis puntuales. Mientras otros grupos de edad han reducido de forma notable su dependencia de subsidios, los mayores de 60 no han dejado de crecer.

El cambio demográfico, la ampliación progresiva de la edad legal de jubilación y las condiciones más estrictas para acceder a la jubilación anticipada explican parte del fenómeno.

La menor presencia de prejubilaciones forzosas confirma que muchos optan por mantenerse como demandantes de empleo mientras esperan una oportunidad laboral que les permita mejorar su futura pensión.

Y es que, la precariedad no distingue edades y golpea con intensidad creciente a quienes se aproximan al final de su vida profesional.

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Los ERTE han sido la dinámica laboral de mayor influencia en los meses de la pandemia, ya que han sido una de las soluciones ofrecidas para tratar de proteger los puestos de trabajo porque, en este caso, la empresa se compromete a una vez superada la circunstancia de fuerza mayor, recuperar los asalariados con las condiciones laborales previas.

La empresa consigue una medida de flexibilidad para encauzar la reducción de costes laborales y no irse a la quiebra, el trabajador no pierde la perspectiva de seguir trabajando en la empresa y obtiene una prestación y, desde el punto de vista del Gobierno, los trabajadores en ERTE no figuran en los niveles de desempleo del país, son ocupados, por lo que el ejecutivo puede presentar mejores cifras relativas que si fueran contabilizados como desempleados.

Parece que todos ganen con los ERTE, y de ahí se derivan todas las prórrogas que estamos viendo, cuatro hasta la fecha, pero es una figura laboral presenta un lado oculto: la fuerte tensión experimentada en las arcas públicas.

Y no es para menos, se deja de percibir gran parte de las cotizaciones, bonificadas hasta el 80%, y se asume el coste de las prestaciones porque afrontan el 70% de la base reguladora del sueldo en los primeros seis meses y más adelante el 50%. Además el trabajador no consume paro por lo que esa prestación no se tendría en cuenta si finalmente el trabajador quedara despedido.

Pensemos que en abril de 2020 teníamos como perceptores de prestación contributiva por ERTE a 2.565.930. Y, en el mes de mayo, esta cifra saltó a los 3.390.788 beneficiarios, que fueron descendiendo paulatinamente hasta estabilizarse alrededor de un millón desde el mes de octubre hasta ahora.

Todos esos beneficiarios de prestaciones han supuesto un extraordinario coste. Inicialmente las estimaciones apuntaban a que se gastarían 6.000 millones de euros (estimación del Banco de España) y no, la cifra ha sido sustancialmente mayor. Desde abril del año pasado hasta hoy se habría gastado alrededor de 18.500 millones de euros.

Eso sí, el nivel más alto de gasto lo vimos en mayo del año pasado cuando las arcas públicas tuvieron que desembolsar 3.430 millones de euros en un solo mes. No solo tenemos lo que se gasta sino lo que se deja de percibir. En este caso las cuotas exoneradas habrían supuesto una pérdida de ingresos de 424 millones de euros.

No es que se haya gastado más porque se genera más "desempleo" sino que, bajo el ERTE, sus beneficiarios obtienen una mejor prestación que si estuvieran desempleados. Por ejemplo, en los tres primeros meses del año el gasto medio por beneficiario de prestaciones se situaba alrededor de 900 euros. Sin embargo, con la activación de los ERTE, en abril de 2020, el gasto medio subió a 1.074,48 euros en marzo del 2021 el gasto medio ya alcanzaba los 1.185,47 euros.

Ante los datos debemos preguntarnos si compensa o no compensa. Por un lado, es una medida de flexibilidad laboral, algo muy necesario en el mercado laboral español caracterizado por una alta rigidez por el elevado coste de despido y el blindaje de los contratos indefinidos. De haber asumido ese coste laboral, veríamos una estampida de quiebras en el tejido empresarial español, el desempleo estaría muy por encima de los 3,9 millones de parados y las rentas no se habrían mantenido.

Por otro lado, todas esas prestaciones se están cargando a la montaña de deuda pública (en un país con un problema de déficit público estructural) que supondrán más impuestos futuros. Además, nos hemos quedado estancados en ese millón cuyas prestaciones son mayores que la de los desempleados y no están consumiendo paro, por lo que, bajo el formato ERTE, serán unos "desempleados" más costosos para el sistema.

Empresas de todos los sectores han recurrido a los ERTEs (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) para hacer frente a la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus.

El ERTE supone que la empresa suspende de forma temporal los contratos a sus trabajadores o bien reduce su jornada laboral y, por tanto, también se reduce su salario, por causas de fuerza mayor como ha sido el caso del coronavirus.

¿Cuánto va a pasar a cobrar un trabajador en un ERTE de suspensión?

El cobro del ERTE ordinario del trabajador afectado recibe el 70 por ciento de la base reguladora, teniendo como referencia los 180 días anteriores a la fecha del ERTE. En los ERTEs ordinarios, el trabajador cobre el 70 por ciento de la base los 6 primeros meses y a partir del séptimo mes, cobra el 50 por ciento.

Los ERTEs varían entre unos mínimos y unos máximos, en función de si el trabajador tiene hijos o no a su cargo. Concretamente, el mínimo sin hijos a cargo que se ha venido es de 501,98 euros y con la reducción al 50 por ciento de la base será de 358,55 euros.

Si se tiene un hijo o más a cargo la cantidad que se cobra por un ERTE es de 671,40 euros, y con la reducción al 50 por ciento de la base será de 479,57 euros. Claramente con estas prestaciones no se puede tirar adelante un hogar en la actualidad.

La prestación máxima, sin tener hijos, es de 1.098,09 euros, que con la reducción al 50 por ciento de la base será de 784,35 euros, con un hijo a cargo, es de 1.254,96 euros que pasa a ser de 896,40 euros y con dos o más hijos se está cobran 1.411,83 euros que pasa a ser de 1.008,45 euros.

¿Cuánto va a pasar a cobrar un trabajador en un ERTE de reducción de jornada?

El ERTE de reducción de jornada consiste en la disminución en unas horas al día o algunos días del mes de la jornada laboral del trabajador, por tanto, se cobra la parte del sueldo y además parte de la prestación por desempleo que corresponde al trabajo que es equivalente a la disminución.

Por tanto, si como consecuente del ERTE de reducción de jornada el trabajador se ve reducidas las horas que trabaja en un 30 por ciento, la cantidad de la prestación será del 30 por ciento a la que hubiese correspondido en caso de desempleo a jornada completa.

Por tanto, si el ERTE de reducción de jornada le afectará a un trabajador al inicio de la pandemia del coronavirus, es decir, en el mes de marzo, el trabajador ha disfrutado de la prestación de desempleo durante 51 días (50,70 días que equivalen al 30 por ciento de los 169 días que han pasado desde la implantación de los ERTEs).

El servicio de empleo puede redondear la duración de las prestaciones, de manera que las fracciones iguales o superiores a 0,5 dan lugar a un día adicional, mientras que las iguales o inferiores a 0,4 se redondean en sentido inverso.

Como pasa con los ERTEs de suspensión cuando el trabajador de los ERTEs de reducción de jornada está cobrando más de 6 meses verá reducida su prestación, ya que se aplica como si estuviera cobrando la prestación por paro.

Empresarios y sindicatos se niegan que el Gobierno sectorice a los ERTEs

La normativa activa actual de los ERTEs establece que los trabajadores que están cobrando el 70 por ciento de la base reguladora de su nómina pasan a los 6 meses al 50 por ciento de la base reguladora de su nómina.

A partir de este mes de septiembre todos los trabajadores en ERTE que prorroguen van a ver reducidas sus prestaciones. Cierto que en estos momentos, el Gobierno de España ha establecido unas condiciones especiales para los ERTEs de fuerza mayor.

No obstante, el Gobierno de España se limitará a prorrogar los ERTEs de algunos sectores, y los sindicatos no piensan que se va a producir esta disminución, ya que tanto los empresarios como los sindicatos se oponen a que se opte a sectorializar a los ERTEs por que hay menos de 700 mil trabajadores cobrando este tipo de ayuda.

En El Blog Salmón | Así es el impacto por Comunidades Autónomas del paro y los ERTES generados por el coronavirus

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Padres y madres que estamos haciendo teletrabajo durante estos días de la alarma sanitaria por culpa del coronavirus y tenemos niños a nuestro cuidado, ya hemos visto que es difícil el teletrabajo y la conciliación familiar.

Ninguna de las recomendaciones de teletrabajo que se han dado para la cuarentena funciona. A eso se añade que el Gobierno anunció que se podía suspender el trabajo sin que hubiera consecuencias por parte de la empresa, pero sin ninguna prestación de compensación por ello.

Padres y madres de España necesitamos que si hacemos una suspensión de nuestro trabajo por tener menores a nuestro cuidado, por lo menos tengamos una prestación durante lo que dure la alarma sanitaria por el coronavirus.

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El teletrabajo y el coronavirus, las empresas españolas poco o nada preparadas para que sus empleados trabajen desde casa

El rendimiento laboral del teletrabajo con niños ha descendido de manera importante

En casa, si podemos conseguir concentrarnos, ser muy organizados, tener más paciencia que el Santo Job y no oír los numerosos ruidos, seguramente que nuestra productividad bajará a la mitad respecto al trabajo que hacemos en la oficina.

Pero claramente para hacer la mitad de trabajo en casa con los niños le tendremos que dedicar más esfuerzo de lo habitual. Así que lo primero que tenemos que tener claro es que debemos bajar nuestras expectativas de productividad.

Las empresas se deben concienciar que las condiciones de trabajo para un nivel de exigencia que tenemos en la oficina, de nuestra actividad profesional, no se va adecuar a las expectativas que se tendrían en un entorno laboral como nuestra casa con niños.

Para los padres y madres van a llegar o ya han llegado momentos de ansiedad, frustración y agobio, así que debemos de aceptar que nuestro rendimiento laboral va a estar muy lejos de lo que tenemos en mente.

Los mejores consejos de aquellas personas que hacemos teletrabajo hace tiempo, pero sin niños en casa todo el día, es que se

• Hacer los mismos horarios y rutinas que se tenían cuando se iban a la oficina.
• Crear turnos de cuidado con los menores.
• Marcar metas que se puedan alcanzar a nivel laboral.
• Establecer un espacio físico de trabajo.
• Reservar tiempo para el ocio y para el trabajo.
• …

El Gobierno planteó pero lo ha llevado a cabo en el paquete de medidas económicas las prestación por el cuidado de niños o personas mayores

El Gobierno de coalición aparcó la prestación para padres y madres que se deben en casa para cuidar a sus hijos menos tras el cierre de colegios por causa del coronavirus. Esta medida no se ha concluido ni en las primeras ni en las segundas medidas tomadas por el Gobierno central durante las últimas semanas, como se estaba esperando por muchos padres y madres.

La prestación por cuidado de hijos tendría que ser una compensación por la reducción de ingresos por las horas que no se estaría en el puesto de trabajo para cuidar a los hijos, ya que el Gobierno indicó que se podría flexibilizar el horario sin consecuencias por parte de la empresa, pero claramente esto repercute negativamente en el bolsillo de los padres.

Aunque se ha potenciado la reducción de la jornada laboral que llegue hasta el 100 por cien, no va a tener efectos positivos a las maltrechas economías familiares. Por tanto, todo aquel que acredite que tiene que cuidar de sus hijos la empresa debe conceder trabajar menos horas con la consecuente disminución de sueldo.

En todo caso, se ha pensado que esta medida se podría adoptar siempre sea imposible el teletrabajo, pero como hemos visto padres y madres españolas, con teletrabajo o sin teletrabajo, tampoco es una tarea muy fácil trabajar desde casa con los niños.

Está muy bien que el Gobierno quiera potenciar el teletrabajo de los españoles con 250 millones de euros, pero sería más fácil realizar con menos interrupciones y dedicaciones a los niños de la casa.

Las prestación por cuidad de niños con limitaciones puede ser la gran solución

Si está situación dura más de 15 días, como muchos de nosotros pensamos, el Gobierno debe dar soluciones, ya que el estado de alarma sanitaria por el coronavirus la han impuesto ellos, y sería dar una prestación por el tiempo que dedicamos al cuidado de nuestros menores en casa.

Esto sería factible si uno de los padres, padre o madre, se dedica en exclusiva al cuidado de los hijos con la prestación de cuidado y el otro de los cónyuges se dedica exclusivamente a realizar su trabajo a través del teletrabajo o no haciendo teletrabajo, pero claramente hasta que no se abrán los colegios alguien se tiene que quedar con los niños.

Históricamente nuestro mayores se han dedicado al cuidado de los niños, pero si no se los podemos llevar a su casa ni pueden venir ellos a nuestra casa, es difícil que alguien nos cuide los niños para poder nosotros trabajar. Así que padres y madres nos queda tener paciencia y hacer lo que podamos hasta que está situación acabe.

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El tema de la Renta Básica Universal (RBU) lleva varios años en boca de todos. De hecho en España lleva rondando la política más de 10 años. Pero volvió con mucha fuerza cuando Podemos lo propuso en su primer programa electoral.

Lo cierto es que este tipo de renta es una propuesta que surge de vez en cuando tanto desde la izquierda como desde la derecha. Y todo el mundo miraba al experimento de Finlandia, primer país avanzado que hacía algo parecido. Sin embargo el proyecto no se va a expandir más allá. Pero el principal problema de la RBU no es este, el principal problema es que los números no cuadran.

Renta universal o renta específica

El dilema está en si los Estados usan rentas específicas o universales para la redistribución de la riqueza. Una renta específica es, por ejemplo, que un parado cobre una prestación por desempleo. El solicitante tiene que demostrar que le han despedido, que ha cotizado lo suficiente, etc. Y percibirá una renta mientras busca trabajo (y normalmente durante un tiempo limitado). Otras rentas específicas pueden ser de inserción, de baja por enfermedad y un largo etcétera.

Los que promueven las rentas universales lo hacen por dos motivos. El primero es el de la dignidad: todas las personas deberían tener derecho a unos mínimos, no hay que estar continuamente mendigando ayudas. Esto va ligado también a que la automatización del trabajo puede incrementar de forma rápida el desempleo y concretamente el desempleo de larga duración. El paro de larga duración es un tema muy complicado, no solo en el aspecto personal, también en el económico: en muchos países hay que pasar de prestaciones contributivas a otras menores y mucho más complicadas de obtener. Estos razonamientos suelen hacerse desde la izquierda.

La otra razón por las que se suele defender la RBU es por la eficiencia. En lugar de tener prestaciones y ayudas de muchos tipos con mucha gestión y control burocrático (que cuesta dinero), todo se puede sustituir por una única renta automática y punto. Este argumento se suele usar desde la derecha.

Simplicidad sí, pero veamos los números

Efectivamente el sistema de ayudas se puede simplificar mucho con una RBU, pero los costes siguen siendo mucho mayores que usando unas rentas específicas. Recientemente Hacienda ha escrito un informe sobre lo que supondría una implantación en España, que ha sido filtrado a El Independiente, y efectivamente hay muchas ventajas. Pero los números no cuadran.

El informe dice que la RBU si se eliminaran todo tipo de ayudas incluyendo las pensiones sería de 294,31 euros mensuales, y de solo 78,25 euros mensuales si no se tocan las pensiones. Ese es el problema.

Incluso si incluimos las pensiones la RBU es muy baja. Imaginemos una baja por enfermedad en la que el sueldo se reduzca a esa cantidad. O que ante el desempleo solo se tuvieran dichos ingresos. Sí, es cierto, la renta se cobraría siempre y se podría crear un colchón individual para esas situaciones, pero es muy escasa. Y sin eliminar las pensiones la cantidad es irrisoria.

Ganadores y perdedores

El informe (o su filtración) lo deja muy claro: habría muchos ganadores (casi un 75% de las personas cobraría más, principalmente porque ahora no disfruta de ninguna ayuda) pero los perdedores perderían mucho (casi 700 euros al mes).

Ese es el problema de la RBU, que si no queremos aumentar la capacidad de gasto y recaudación del Estado a unos niveles insostenibles, las cifras no cuadran. Los perdedores, aunque minoría, pasarían a la indigencia, y eso es lo que quiere evitar el Estado con las políticas de redistribución.

La RBU está condenada, a no ser que el empleo desaparezca casi por completo debido a la robotización, ya que los números no cuadran. De momento las ayudas específicas, a pesar de requerir unos gastos de gestión mayores, son más baratas.

Desde el inicio de la crisis, en el año 2008, los controles contra el fraude por el cobro fraudulento de prestaciones por desempleo han obtenido unos resultados de 3.123.855 bajas de receptores de prestación y un ahorro para las arcas de la Seguridad Social de 17.356 millones de euros.

El Ministerio de Trabajo prevé en su programa de lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo realizar acciones de expulsión de 220.000 personas con un ahorro para las arcas de la Seguridad Social de 1.900 millones de euros.

Nos podemos preguntar: ¿Qué parte de los presupuestos del Estado corresponde a lucha contra el fraude por desempleo? ¿Cuánto se ha conseguido ahorrar el Estado por la lucha contra el fraude por desempleo? ¿Cuántos desempleados ya no cobran el desempleo por haber sido expulsados?

La lucha contra el fraude por desempleo es importante para la reducción del gasto en los presupuestos

La lucha contra el fraude y especialmente en las prestaciones por desempleo es uno de los apartados más importantes en los 'Presupuestos Generales del Estado' del 2017 para la contención y la reducción del gasto durante este año.

Tanto es así que los 1.900 millones de euros, previstos de ahorrar durante este año, representan el 11 por ciento del gasto en acciones de que se dedican a prestaciones del paro, durante el 2017 se prevé que asciendan a los 18.050 millones de euros.

La lucha contra el fraude en el desempleo ha tenido una gran importancia desde el inicio de la crisis económica ya que desde el 2007 el Estado ha conseguido tener un menor coste de 17.356 millones de euros como se puede ver en la gráfica “Evolución del ahorro por la lucha contra el fraude en el desempleo de 2007 a 2016”:

El ahorro que se ha obtenido con la lucha contra el fraude en las prestaciones por desempleo durante la última década supone el gasto anual que se dedica a las prestaciones de desempleo.

Los fraudes por desempleo se deben reducir seguir las previsiones de creación de empleo del gobierno. El Gobierno del PP ha previsto la creación de alrededor de 500.000 empleos con una reducción en la tasa del paro de 460.000 empleados.

Por tanto, la tasa de desempleo a final del 2017 se situaría en 16,6 por ciento de la población activa, aunque debemos considerar que la tasa actual de paro se sitúa en el 18,6 por ciento de la población activa.

Aumentan la acciones de expulsados con menor cobertura para los desempleados actuales

El Gobierno del PP ha previsto dar de baja de las prestaciones por desempleo a 220.000 prestadores, como el resultado de varias acciones para controlar el fraude dentro de las prestaciones por desempleo.

El comienzo del crecimiento económico, con la leve evolución positiva del mercado de trabajo, hace que los 220.000 prestadores sea la cifra más pequeña desde el año 2009 que se realizaron acciones contra 250.626 prestadores como se puede ver en la gráfica “Evolución de parados expulsados en acciones de lucha contra el fraude en el desempleo de 2007 a 2016”:

La cifra más alta fue en el año 2014 con 434.148 prestadores expulsados. La lucha contra fraude en el desempleo es una de las causas en que haya descendido el número de prestadores protegidos por prestaciones de desempleo.

A finales del 2007, en el inicio de la crisis económica, el número de desempleados con protección era de alrededor los 1.500.000 de personas, el 72,2 por ciento de los desempleados. Al finalizar el 2011, los desempleados con protección eran alrededor de 2.900.000 de personas, el 66,1 por ciento de los desempleados.

Al finalizar el 2014, los desempleados con protección era de alrededor 2.400.000 de personas, el 54,3 por ciento de los desempleados, y actualmente la protección cubre al 53 por ciento de los desempleados.

Acciones previstas para el 2017

Las medidas previstas durante el 2017 para intentar reducir el fraude en las prestaciones por desempleo son:

• Alrededor de 4,5 millones de controles sobre la renovación trimestral de las demandas de empleo.
• Alrededor de 2,5 millones de cruces de datos informáticos entre el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. Para revisar si el beneficiario de la prestación tiene un empleo sumergido.
• Alrededor de 3,5 millones de controles sobre los requisitos para la obtención de la prestación por desempleo.

El Ministerio de Trabajo también tiene previsto realizar las siguientes acciones:

• Alrededor de 400.000 reclamaciones a los desempleados por pago indebido de prestaciones.
• Alrededor de 10.000 comunicaciones a las empresas para exigir su responsabilidad en la realización del fraude por parte de sus empleados.

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El año pasado ha cerrado con un gastos de prestaciones por desempleo de 18.640 millones euros, lo que ha supuesto una disminución del 9,5 por ciento respecto el 2015. Se trata el menor gasto en paro desde el año 2006, cuando el Gobierno que pago 14.039 millones de euros en prestaciones a los parados españoles.

La diferencia que había de ahora a la situación que estaba antes es el nivel de paro que en estos momentos es mucho mayor. En el año 2006 la tasa de paro se encontraba en 8,26 por ciento, es decir, 10 puntos menos a la que tenemos en estos momentos en España.

Existen grandes diferentes entre la situación del 2007 con un número de parados que ascendían a 2,1 millones de personas y los 1,6 millones de personas menos de las que había al final del año 2016.

Nos podemos preguntar: ¿A qué es debida está diferencia en tasa de paro y prestaciones? ¿Por qué el Gobierno ha pagado 1.200 millones de euros menos en prestaciones durante el 2016?

¿A qué es debida está diferencia en tasa de paro y prestaciones?

La pregunta que nos podemos realizar es por qué ahora se gastan 3.300 millones de euros de prestaciones más que en el año 2006 con muchas más tasa de paro como muestra la gráfica “Evolución del gasto en prestaciones por desempleo y tasa de paro de 2006 a 2016”:

Una de las principales razones es el número de parados sin prestación es mucho mayor ahora que en el año 2006 como se puede ver en la gráfica “Evolución de parados por tipo de prestación de 2006 a 2016”:

Una de las razones es el número de parados sin prestación es mucho mayor ahora que hace una década. El ejercicio 2016 cerró con una tasa de cobertura del 56,6%, lo que significa que el 43,4% de los desempleados no percibe una prestación, debido a que muchos parados de larga duración han agotado sus prestaciones. En 2006, la tasa de cobertura superaba el 70%.

En el año 2016 estaban sin cobertura de prestación más 1,7 millones de personas, lo que supone alrededor del triple de los que habían durante el año 2006, cuando eran 631.756 personas.

A pesar de ser casi tres veces más que en 2006, el número de parados sin cobertura de prestación ha disminuido durante el 2016 por segundo año, hasta situarse a niveles del año 2011.

Otro de los factores está vinculado a los parados de larga duración. Es debido al aumento de las prestaciones asistenciales en decremento de las prestaciones contributivas, que se conceden a aquellas personas que han cotizado durante un plazo máximo de 2 años.

Los beneficiarios de prestaciones contributivas han descendido por cuarta vez hasta llegar a ser un poco más de lo 780 mil personas, marcando su nivel más bajo desde hace décadas.

Las prestaciones asistenciales que se conceden a aquellas personas que tienen necesidad de prestación pero no han cotizado o ya se ha agotado su prestación contributiva, cada año que pasa aumenta su número.

En el año 2016 las prestaciones contributivas fueron el 49 por ciento del total de las prestaciones con más de 966 mil personas, frente el 30 por ciento que suponía antes del inicio de la crisis con más de 569 mil personas.

El Gobierno ha pagado 1.200 millones de euros menos en prestaciones

El Gobierno ha gastado 1.200 millones de euros menos de lo que se había previsto en el pago de las prestaciones por desempleo durante el año 2016. Los pagos totales por prestaciones han ascendido a 18.636 millones de euros frente a los 19.820 millones de euros previstos por el ministerio de trabajo.

Los pagos por prestaciones por desempleo disminuyeron un 9,6 por ciento respecto el año anterior y disminuye un 42 por ciento desde el año 2010, cuando el Gobierno pago más de 32 millones de euros para afrontar una tasa de paro que aumentaba por encima del 20 por ciento desde los años 90 como se puede ver en la gráfica “Evolución del presupuesto dedicado a pago de prestaciones”:

El ahorro de los 1.200 millones ha permitido al Gobierno suavizar el gran déficit de la Seguridad Social. Este superávit ha logrado cerrar levemente el agujero en el pago de las pensiones.

Entre los factores que explican la disminución se encuentra la reducción de más de 541.700 personas en el número de parados, ahora en 3,7 millones de personas, pero también de la desprotección en la que se encuentran muchas de las personas en situación de paro.

Con una tasa de cobertura de prestaciones se situó en 1,739 millones de parados que han agotado su derecho a cobrar una prestación.

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El gasto de incapacidad temporal al final de este año alcanzará los niveles más altos desde el año 2010, ya que llegará en torno de los 6.654 millones de euros.

No es la primera vez que Hacienda se queda corta con sus previsiones, ya que el pasado año tuvo que añadir 998 millones de euros al presupuesto para pagar todas las prestaciones, y este año parece que va a pasar lo mismo.

La duda que nos puede surgir: ¿Pero como ha evolucionado el gasto del Fondo de la Seguridad Social desde el inicio de las crisis en el 2008? Está claro que en estos últimos años la incidencia de la incapacidad temporal ha sido un gran protagonista de nuestra Seguridad Social.

Incumplimiento del objetivo de estabilidad de los Fondos de la Seguridad Social

El objetivo de estabilidad fijado inicialmente para los Fondos de la Seguridad Social fue del 0,3 por ciento del PIB y actualmente los datos de la APE lo marca en los 1,1 por ciento del PIB.

El ajuste necesario para alcanzar el objetivo, partiendo de los datos del 2015 y teniendo en cuenta la transferencia que realiza al SEPE, debería ser del 0,7 por ciento del PIB. Pero la evolución observada hasta la fecha y la ausencia de medidas, se ve que no se va alcanzar este ajuste como muestra el gráfico de ‘AIREF’ sobre la capacidad / necesidad financiación de fondos de la Seguridad Social:

El crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social ha alcanzado un 2,9 por ciento en junio del 2016, junto con un aumento de las remuneraciones y el agotamiento de las reducciones para fomentar la contratación, esto permite un aumento de la recaudación por cuotas que por situarse alrededor del 3,4 por ciento a final de año.

El aumento previsto de cotizaciones de ocupados es superior al crecimiento del gasto en pensiones contributivas. El gasto en las pensiones ha aumentado alrededor del 3 por ciento mostrando la moderación en el crecimiento del número de pensionistas como muestra el gráfico de ‘AIREF’ sobre empleos de los Fondos de la Seguridad Social:

Este aumento ha sido producido por la aplicación del ‘Índice de la Revaloración de Pensiones’ y la reducción del gasto en el complemento a mínimo de pensiones, que durante el mes de mayo de este año fue un 2 por ciento menor.

Ha habido una reducción del gasto en prestaciones por desempleo debido a las prestaciones contributivas aunque ha sido menor que el registrado durante el año 2015.

La reducción del gastos en las prestaciones por desempleo ha sido consecuencia de la mayor actividad del mercado laboral como del agotamiento de las prestaciones contributivas y del derecho a percibir la prestación de los parados a larga duración donde la tasa de cobertura se ha reducido hasta el 52,9 por ciento en el mes de mayo.

Evolución del gasto de la Seguridad Social en sus diferentes prestaciones

El gasto en las pensiones contributivas mantiene un crecimiento anual del 3 por ciento como consecuencia de un mayor número de pensiones, un 1,13 por ciento más, del efecto sustitución por el mayor número de nuevas pensiones, un 1,63 por ciento más, y la actualización de las pensiones en vigor, un 0,25 por ciento.

El reconocimiento del complemento por maternidad para las pensiones de mujeres con dos o más hijos, supone un mayor nivel de gastos de entre el 5 por ciento y el 15 por ciento que beneficia a 124.000 pensionistas.

Existe una insuficiente dotación de gastos asignados a la prestación de incapacidad temporal, ya que se doto 5.404 millones de euros para atender las prestaciones de incapacidad temporal, un 12 por ciento menos que el año pasado, aunque este gasto ha crecido un 14,5 por ciento, recuperando niveles anteriores a la crisis.

La importancia del gasto en Incapacidad Temporal dentro de la Seguridad Social

La prestación económica de Incapacidad Temporal trata de cubrir la pérdida de renta que se produce cuando los empleados están imposibilitados temporalmente para trabajar por una enfermedad o por un accidente. Las prestación se gestiona por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Los afiliados al Régimen Especial de Autónomos tienen la obligación de cotizar por IT desde el año 2008 para contingencias comunes.

El gasto en Incapacidad Temporal tiene el carácter procíclico, es decir, se reduce en épocas de recesión y aumenta en etapas de crecimiento económico. Este comportamiento se produce no solo por el volumen de trabajadores protegidos en épocas de recesión sino porque los trabajadores reducen su incidencia en estos períodos.

El máximo gasto se alcanzó en el año 2008 con 7.540 millones de euros. En los ‘Presupuestos Generales del Estado del 2016’ el gasto destinado es de 5.398 millones de euros, al que se tiene que añadir 357 millones de euros adicionales por la firma de convenios con las Comunidades Autónomas de régimen común para el control de las prestaciones como muestra el gráfico de ‘AIREF’ sobre la evolución del gasto en prestaciones de IT y desempleo:

La incidencia media mensual definida como número de procesos iniciados por cada 1.000 trabajadores protegidos, presenta un comportamiento también procíclico: se reduce en épocas de alto desempleo y aumenta en épocas de crecimiento, pero también existe una diferencia entre provincias como muestra el gráfico de ‘AIREF’ sobre la evolución de la incidencia y duración de los procesos de IT:

Analizando el gasto de los trabajadores por cuenta ajena el gasto medio anual por afiliado a precios constantes de 2016 alcanza su máximo también en el año 2008, reduciéndose en el año 2013 y aumentado a partir de este año.

El mayor gasto se producirá en el 2019

Lo normal es que el gasto siga creciendo durante los próximos años y seguramente según los cálculos de Airef puede llegar su máximo en el año 2019 como muestra el gráfico de ‘AIREF’ sobre el gasto medio de la Incapacidad Temporal por afiliado ocupado por cuenta ajena:

En los primeros meses del año, el número de incidencias registradas cada mes ha aumentado a 371.682, lo que supone un aumento del 24 por ciento respecto del año pasado, que fue de 298.924.

La incidencia por cada mil trabajadores también ha aumentado considerablemente, pasando de 20 a 25, aunque la duración de las bajas se ha reducido: mientras en el año 2015 era de 37,8 días, durante el 2016 ha disminuido a 34,23 días.

En los primeros meses del año, el gasto en bajas laborales ha aumentado un 14 por ciento hasta los 1.819 millones de euros, con lo que se ha consumido más del 33 por ciento del presupuesto previsto para todo el año 2016.

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