Europa no está preparada para una gran guerra. El aumento del gasto militar tras la invasión rusa de Ucrania ha puesto sobre la mesa un problema estructural en el continente: la industria de defensa no tiene capacidad suficiente para producir el volumen de armamento y munición que ahora exigen los gobiernos.

Alemania, la mayor economía europea, se ha convertido en el ejemplo más visible de esta situación. El incremento de pedidos militares ha sido tan rápido que las fábricas existentes no pueden absorber la demanda.

Los expertos avisan: con la capacidad actual, las empresas tardarían cerca de cinco años en entregar todos los contratos de armas y municiones que ya han recibido. La situación no se limita a Alemania. Países como Francia, Italia, España o Polonia afrontan cuellos de botella similares en su capacidad industrial.

El despertar militar europeo tras la guerra de Ucrania

El cambio comenzó tras la invasión rusa de Ucrania en 2022. Durante décadas, muchos países europeos redujeron su gasto militar confiando en la protección estratégica de Estados Unidos y en la estabilidad del orden internacional posterior a la Guerra Fría.

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Alemania simbolizaba mejor que nadie esa estrategia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el país mantuvo una política de contención militar y concentró sus esfuerzos en el desarrollo industrial y económico. La seguridad europea se apoyaba principalmente en la OTAN y en la presencia militar estadounidense en el continente.

La ofensiva rusa obligó a replantear esa estrategia. Berlín anunció entonces un giro histórico conocido como Zeitenwende, una transformación profunda de la política de defensa alemana. El Gobierno aprobó un fondo extraordinario de 100.000 millones de euros para modernizar sus fuerzas armadas y reforzar la industria militar.

En los años siguientes el gasto continuó aumentando. Alemania pasó a tener uno de los mayores presupuestos de defensa dentro de la OTAN y prevé destinar cientos de miles de millones adicionales al sector militar durante la segunda mitad de esta década.

Un aluvión de pedidos para la industria militar

Las nuevas inversiones generaron un crecimiento explosivo de los pedidos de armamento. Empresas especializadas en defensa comenzaron a recibir contratos para fabricar munición, sistemas de artillería, vehículos blindados, drones y equipamiento militar.

Los pedidos de armas y municiones prácticamente se han cuadruplicado en términos reales durante los últimos cuatro años. Sin embargo, la producción no ha crecido al mismo ritmo. La fabricación ha aumentado aproximadamente un 75% desde 2022, una cifra importante pero muy inferior a la demanda actual.

Este desajuste ha provocado un enorme volumen de pedidos pendientes. Las estadísticas industriales indican que, incluso trabajando a pleno rendimiento, las empresas necesitarían varios años para completar los contratos ya firmados.

El principal problema es que la infraestructura productiva sigue siendo la misma que existía antes del aumento del gasto militar. Durante décadas la industria europea de defensa operó en un contexto de baja demanda, lo que limitó el tamaño de las fábricas y el número de trabajadores especializados.

Falta de fábricas y capacidad industrial

El cuello de botella más importante no se encuentra en la financiación ni en los contratos, sino en la capacidad industrial. Las instalaciones actuales fueron diseñadas para producir volúmenes relativamente reducidos de armamento, adecuados para tiempos de paz.

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Ahora el escenario ha cambiado radicalmente. Los gobiernos europeos buscan reponer los arsenales enviados a Ucrania y aumentar sus reservas militares ante el deterioro de la seguridad internacional.

Para responder a este nuevo contexto sería necesario construir nuevas plantas de producción y ampliar las existentes. Sin embargo, levantar instalaciones industriales de este tipo requiere tiempo, inversiones y mano de obra especializada.

Algunas empresas han comenzado a expandir sus fábricas. En el norte de Alemania se ha inaugurado recientemente una gran planta dedicada a la producción de munición tras un proceso de construcción que duró poco más de un año. Aun así, este tipo de proyectos aislados no son suficientes para cubrir el volumen de pedidos acumulados.

El problema afecta a toda Europa

Aunque Alemania es el caso más visible, la falta de capacidad productiva se extiende por todo el continente. Las industrias militares de Francia, Italia o España también se enfrentan a limitaciones similares.

Tras décadas de gasto reducido, el sector europeo carece de la escala necesaria para responder rápidamente a la nueva demanda militar. Las empresas se encuentran ahora con pedidos masivos que superan con creces sus capacidades actuales.

En muchos casos, las cadenas de suministro también están bajo presión. La fabricación de armamento moderno requiere componentes electrónicos, materiales especiales y sistemas tecnológicos avanzados que dependen de proveedores especializados.

Además, algunos sectores industriales europeos atraviesan dificultades estructurales derivadas de la pérdida de competitividad frente a economías como China o Estados Unidos. Esto complica aún más la expansión rápida de la producción militar.

Mano de obra especializada y burocracia

La escasez de trabajadores cualificados es otro obstáculo importante. La industria de defensa necesita ingenieros, técnicos industriales y especialistas en producción de alta precisión, perfiles que no siempre son fáciles de encontrar.

A este problema se suma la complejidad administrativa de algunos proyectos industriales. La construcción de nuevas infraestructuras o la ampliación de plantas existentes puede requerir largos procesos de autorización.

En Alemania, algunos proyectos civiles han tardado más de una década en completarse debido a trámites administrativos y procedimientos regulatorios. Aunque los gobiernos intentan acelerar los procesos en el ámbito militar, los plazos siguen siendo largos.

La construcción de nuevas fábricas, la compra de maquinaria y la formación de personal especializado requieren varios años. Hasta que esas inversiones se materialicen, la producción seguirá avanzando más lentamente que la demanda.

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Cada vez que sufrimos retrasos en los trenes, cortes eléctricos inesperados o largas esperas para conseguir una cita médica, solemos culpar a la gestión inmediata del servicio, pero ¿estamos en lo cierto?

Pocas veces miramos más allá del síntoma y analizamos la raíz del problema. Y esa raíz, en muchos casos, está en las decisiones presupuestarias tomadas años atrás, especialmente en la progresiva caída de la inversión pública.

En las últimas décadas, España ha vivido un cambio profundo en la composición de su gasto público. El incremento sostenido del gasto en pensiones ha ido ocupando un porcentaje cada vez mayor del presupuesto del Estado, desplazando así otras partidas clave, como la inversión en infraestructuras, tecnología o servicios públicos esenciales.

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La consecuencia es clara: pedir una cita médica se ha vuelto una odisea, los trenes fallan más de lo que deberían y el mantenimiento de redes eléctricas se retrasa.

La calidad de los servicios públicos se decide en los presupuestos

Los servicios públicos no se degradan de un día para otro. Su deterioro responde a una lógica presupuestaria: cuando se recorta sistemáticamente la inversión, el sistema empieza a mostrar grietas. Un transporte eficiente, un sistema sanitario que funcione o una red eléctrica robusta no surgen espontáneamente. Son el fruto de años de financiación sostenida y planificación a largo plazo.

Desde hace más de una década, España ha entrado en lo que muchos expertos llaman una etapa de infrainversión pública. Según los datos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y BBVA Research, la inversión pública ha pasado de representar el 3,5% del PIB en los años noventa a apenas el 1,8% en 2023. Este descenso no ha sido casual ni inevitable, sino resultado de decisiones políticas que han priorizado otros gastos, como el creciente coste de las pensiones.

El problema no es nuevo, pero sus efectos son cada vez más visibles

Uno de los episodios más recientes que ilustra esta tendencia fue la paralización del servicio AVE Madrid-Sevilla en la madrugada del 5 de mayo de 2025. Aunque no es posible establecer una relación directa sin un análisis técnico profundo, sí resulta revelador que este tipo de fallos coincidan con años de escasa inversión en mantenimiento y renovación de infraestructuras críticas. Pedir cita en un centro de salud también se ha vuelto más difícil, con agendas colapsadas y listas de espera crecientes.

Los recortes derivados de la crisis financiera de 2008 se cebaron con la inversión pública. La lógica era clara: recortar lo que parecía menos urgente. Pero ese enfoque cortoplacista no tuvo en cuenta que cada euro que no se invierte hoy en mantenimiento preventivo se convierte en cinco euros mañana en reparaciones de emergencia.

El efecto desplazamiento de las pensiones

El gasto en pensiones en España supera ya el 13% del PIB y sigue creciendo debido al envejecimiento de la población. Aunque este gasto es necesario y justo, su incremento sin una reforma profunda del sistema está absorbiendo una parte desproporcionada del presupuesto. Esta presión financiera hace que cada vez quede menos margen para dedicar recursos a otras áreas como infraestructuras, educación o sanidad.

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Cuando el déficit público amenaza con descontrolarse, la inversión suele ser el primer sacrificio. Esto se debe a que, al no tener un impacto electoral inmediato, cortar en infraestructuras es políticamente menos arriesgado que recortar en salarios o servicios sociales. Pero el precio se paga más adelante, y de forma acumulativa.

Luces y sombras de la inversión actual

Es cierto que en los últimos años ha habido intentos de revertir esta tendencia. En 2024, el Ministerio de Transportes alcanzó su mayor nivel de inversión en 13 años, con 10.000 millones de euros destinados a infraestructuras, destacando especialmente los 5.629 millones de euros en ferrocarril, según datos de ejecución de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

España también lidera a nivel europeo en inversión en infraestructuras digitales, con un 91% de cobertura de fibra óptica frente al 56% de la media europea. Pero estos avances no deben hacer perder de vista que sectores como el tratamiento de residuos, el ciclo integral del agua o la lucha contra el cambio climático siguen siendo otros grandes olvidados (aunque estos son solo algunos ejemplos)

¿Y qué ocurrirá cuando llegue la próxima crisis?

Si el gasto en pensiones sigue creciendo y no se acomete una reforma que lo haga sostenible, el riesgo es claro: cuando llegue la próxima recesión, se volverán a recortar las partidas menos visibles pero estratégicamente vitales.

La inversión en servicios públicos quedará otra vez relegada, y sus efectos seguirán deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos.

El diseño institucional español no favorece la estabilidad en la inversión. Muchos expertos apuntan: se necesita un pacto de Estado que garantice financiación estable y evaluaciones rigurosas basadas en rentabilidad social. Sin ese compromiso político, seguirán primando los intereses cortoplacistas frente a la visión a largo plazo.

Un país que invierte mal, vive peor

España no está ahorrando cuando recorta en inversión pública: está hipotecando su futuro. Trenes que no funcionan, hospitales desbordados y sistemas eléctricos obsoletos no son anomalías, sino síntomas de una política que ha antepuesto lo urgente a lo importante durante demasiado tiempo. Solo con planificación, inversión sostenida y responsabilidad intergeneracional será posible revertir esta tendencia.

La calidad de vida no se defiende con discursos, sino con presupuestos. Cada fallo en nuestros servicios públicos nos recuerda que sin inversión no hay progreso, y que las decisiones de ayer están moldeando el bienestar de hoy.

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España y el resto de países europeos están sufriendo la segunda ola, con un incremento de los datos de contagios de coronavirus a medida que pasan los días. De nuevo, se están poniendo a prueba los respectivos sistemas de salud y los países han comenzado a imponer nuevas medidas de bloqueo. Una decisión que supone un severo golpe que impacta específicamente a las empresas de servicios, especialmente la hostelería.

Si nos vamos a los datos económicos del segundo trimestre del año, el conjunto de países que forman parte de la Eurozona vieron una contracción de un 11,8% en el segundo trimestre, ya que los cierres para detener la primera ola de la pandemia paralizaron la actividad. Más tarde, con la apertura del tercer trimestre, vimos un crecimiento del PIB trimestral del 12,7%.

España es el país desarrollado que peor lo ha hecho, ya que arrastra la contracción económica más severa. Los datos de la evolución de la actividad económica que tenemos, es que el PIB se expandió un 16,7% en el tercer trimestre desde el segundo. Pero, a pesar de esto, la economía sigue siendo un 8,7% más pequeña que hace un año.

Y debido a que estamos de lleno en la segunda ola, nos movemos al escenario más preocupante que valoraba el Banco de España que pronosticaba una caída del 12,6% en 2020 si se daba el actual escenario.

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Los números de esta segunda oleada

Los datos acumulados que tienen en cuenta la primera ola de la pandemia nos muestran la pésima gestión realizada. Atendiendo al número de contagios acumulado por millón la cifra española llega a 26.935, mientras que la UE alcanza una ratio de 15.168. Los peores datos los tenemos en el número de fallecidos por millón de habitantes, España alcanza un récord de 780 fallecidos, mientras que la UE llega a una posición relativa de 400 muertos.

A pesar de lo comentado, si España en la primera ola lideraba los contagios de la UE, en esta ocasión, lo está haciendo mal pero únicamente solo un poco peor que la media de la UE. Si nos vamos a los datos, el promedio móvil de los últimos siete días, muestra que la Unión Europea alcanza los 429 nuevos casos por millón de habitantes. Bajo esta referencia, España estaría algo peor con 436 nuevos casos.

Lo cierto es que España lo está haciendo mal pero, a partir del mes de octubre, Francia lo estaba haciendo peor si cabe. Hoy el país que lidera Macron, se enfrenta a 665 nuevos casos por millón de habitantes, una de las cifras más altas de la UE (Bélgica lidera con 1.200 contagios por millón de habitantes), lo que le llevó a ordenar un nuevo confinamiento a partir del 30 de octubre hasta el 1 de diciembre, caracterizado por el cierre de la actividad no indispensable, incluyendo los bares y restaurantes y elevadas limitaciones a la movilidad.

Italia recientemente ha avanzado a España en el promedio en los últimos siete días de nuevos casos hasta alcanzar los 446 nuevos casos por millón de habitantes. El país transalpino establece un toque de queda como España y está clasificando a sus 20 regiones en tres zonas según la gravedad epidemiológica. Para el próximo viernes el motor industrial (Lombardía, Piamonte, Valle de Aosta y Calabria) serán declaradas zonas rojas que se traduce en cerrar todos los bares, restaurantes y los comercios, salvo los de primera necesidad y solo se podrá salir de casa para ir a trabajar o al colegio.

Alemania presenta unos números relativos mejor que las otras tres economías líderes en Europa. Pero eso no le ha impedido que, desde el 2 de noviembre, se impulsaran nuevas restricciones que incluyen los cierres de cines, teatros, gimnasios, piscinas y saunas, así como restaurantes y bares, excepto para comida para llevar. También se une limitaciones de contacto social como un máximo de dos hogares con un máximo de 10 personas y los grandes eventos han sido cancelados y no se permiten multitudes en los partidos deportivos.

Sánchez no aguanta un nuevo confinamiento total

A partir del 25 de octubre, el Gobierno de Pedro Sánchez declaró un Estado de Alarma a nivel nacional que incluye un toque de queda nocturno obligatorio a nivel nacional (los horarios específicos varían, comenzando entre las 22:00h y la medianoche y durando hasta las 6:00h). Al mismo tiempo, proporciona a los Gobiernos autonómicos poderes legales para imponer más restricciones de movilidad en su región si se considera necesario. Como medidas de distanciamiento social, se ha limitado la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados a un máximo de seis personas, salvo que se trate de convivientes.

El número de nuevos casos no ha parado de incrementarse desde el mes de julio y, a pesar de las medidas tomadas, no se está poniendo freno al auge de la segunda ola, lo que hace más probable la intensificación de las medidas. Se está tratando de encontrar el equilibrio y llegar a Navidades para tratar de salvar el comercio minorista, aunque el riesgo claro es que si la acción se dilata, en última instancia, vayamos a confinamientos como los de marzo que destrocen económicamente lo que queda del año y parte del primer trimestre del 2021.

La desastrosa gestión realizada durante la primera ola, lleva a que el Gobierno simplemente no puede permitirse otro confinamiento que suspenda toda actividad económica no esencial. Desde el punto de vista del comercio, la única esperanza que tiene para sacar el cuello de este fatídico año es la Navidad que concentra el 23% de las ventas. Según la Confederación Española del Comercio, un total de 67.500 establecimientos, lo que representa el 15% de todos los existentes en España, se han visto ya obligados a cerrar sus puertas.

Si vamos a un confinamiento total, sería asestar un golpe de gracia que llevaría al cierre definitivo de muchos locales en España, lo que llevaría a más desempleo no recuperable para el próximo año.

El Gobierno ya está reconociendo que sus previsiones iniciales estaban erradas y, según los Presupuestos Generales del Estado presentados para 2021, la contracción económica sería del 11,2% para este año. No hay precedente desde que el INE recopila los datos de un destrozo económico similar.

El escenario de actual es el que describió el Banco de España como "Escenario 2". Se describe como un escenario en el que exista una mayor intensidad de los rebrotes y el retorno a la aplicación de medidas de contención más severas, que perjudican especialmente a las ramas de servicios sometidas a mayor interacción social y que afectan también de forma directa a otras ramas productivas.

Y a no ser que en 2021 se finalicen las oleadas de contagios y volvamos a la normalidad, bajo el contexto de "Escenario 2", el crecimiento esperado de la economía española para 2021 sería de un 4,1%. El problema inmediato para el Gobierno es que está presentando unos Presupuestos con unos ingresos estimados bajo el paraguas de un crecimiento excesivamente optimista, apuntando a un avance de la economía del 7,2%. Eso supone más de tres puntos de crecimiento esperado, y repercute en un mayor déficit de lo estimado (previsión del 7,7% sobre PIB) y potenciales situaciones de falta de liquidez que lleven a dilatarse los pagos a los que se ha comprometido.

Si hay algo que ansía el actual Gobierno de coalición de Pedro Sánchez es poder sacar adelante unos Presupuestos. Y es que desde que el PSOE llegó al ejecutivo, hace ya dos años, hemos visto cómo su habilidad para consensuar al resto de fuerzas políticas y finalmente aprobar unos Presupuestos ha sido nula.

Actualmente nos encontramos en un escenario de prórroga presupuestaria. El gobierno sigue ejecutando los Presupuestos del Gobierno del Partido Popular, aunque vía Real Decretos Ley ha podido hacer movimientos para impulsar algunas medidas que contemplaba en el proyecto de sus Presupuestos.

Sin lugar a dudas es necesaria la materialización de unos Presupuestos, la clave es qué tipo de Presupuestos y con qué socios. Y para lograr tal fin es necesario una serie de equilibrios de muy difícil resolución.

La fórmula para al alcanzar la aprobación de los Presupuestos: ERC o Ciudadanos

El país se encuentra en una situación muy complicada. España habría vivido una contracción interanual del 22,1% del PIB en el segundo trimestre del año, la mayor entre los países desarrollados. Asimismo, el empleo seguiría el mismo camino, se ha experimentado desde abril a junio una caída de 1,52 millones de ocupados, hasta situarse en 18,66 millones.

Si hablamos de pactos, la última vez que el Gobierno intentó aprobar unos Presupuestos buscó el apoyo de ERC, pero el acuerdo no fue posible, lo que precipitó las elecciones generales y, con la imposibilidad de impulsar una invstidura, fuimos a una repetición electoral que dió a luz el primer gobierno de coalición que integró a la extrema izquierda.

El apoyo de ERC viene condicionado por factores que no vienen fundamentados por más recursos para Cataluña o más competencias como sí suele negociar el PNV. En este caso, se condicionará por la "mesa de diálogo" y un veto al partido de Ciudadanos. Esta sería la opción preferida por el Unidas Podemos, el socio minoritario del Gobierno de coalición.

Debido a la desconfianza existente y la volatilidad que puede generar las conversaciones con ERC es la opción menos contemplada por el primer partido del Gobierno, el PSOE, aunque tendría un mejor encaje con el resto de socios necesarios para la aprobación de los Presupuestos: el PNV y otras fuerzas minoritarias como Más País, Compromís, BNG, PRC, Teruel Existe o Nueva Canarias.

Si no hay un acuerdo país que impulse un pacto entre el PSOE y el PP, el papel de ERC lo debería ocupar Ciudadanos, no hay más opción. Si bien sería un acuerdo que generaría un mayor confianza con el PSOE y Bruselas para impulsar los compromisos acordados para la reducción del déficit en los próximos años, esta opción generaría tensiones en el núcleo del gobierno y también con parte de los socios necesarios para la aprobación de los Presupuestos.

Recordemos que España se beneficiaría del acuerdo europeo con la obtención de aproximadamente 140.000 millones de euros, lo que equivale a más del 11% del PIB del país y 72.700 millones de euros serán transferencias. Sin embargo, estas transferencias no representan un cheque en blanco sino que estarían vinculadas a una serie de reformas estructurales en la que Ciudadanos jugaría un papel más determinante para acceder a los fondos condicionados.

La necesidad de Presupuestos para controlar la evolución de la deuda en un período de tanta incertidumbre

En una situación de normalidad económica, la incapacidad de un gobierno para sacar adelante nuevos Presupuestos no sería especialmente negativo ya que, por lo general, no se actualizaría los gastos y los mayores ingresos permitirían una reducción del déficit y la deuda pública.

Sin embargo no estamos en ese punto. Para ese año veríamos un fuerte aumento del déficit público, partiendo del 2,8% del PIB en 2019 (año en el que se rompió la senda de reducción del déficit público) al 11,1%, cercano al pico de 2009 del aumento del déficit registrado en la crisis financiera mundial.

Este incremento del déficit es la consecuencia de la fuerte disminución de la actividad económica y del funcionamiento de los estabilizadores automáticos (se recauda menos), así como de las medidas gubernamentales para hacer frente a la emergencia sanitaria y apoyar la economía que han disparado el gasto público y han llevado a cargar más deuda públicaen los últimos meses.

Se pide desde Bruselas que ese déficit se vaya reduciendo en los próximos años, por lo que lo idóneo sería unos Presupuestos que contabilice el nivel de ingresos y gastos para afianzar ese compromiso.

Existe un alto grado de incertidumbre en torno a las proyecciones de las finanzas públicas para este año y especialmente el próximo. En primer lugar, se desconoce si habrá o no Presupuestos, a lo que hay que añadir cuál será el ritmo de la recuperación económica y el riesgo de que se renueven las medidas de contención en caso de nuevos brotes del coronavirus.

Estas proyecciones son coherentes con el aumento del coeficiente de la deuda pública general hasta el 120% del PIB, cifra superior al máximo del coeficiente de la deuda pública a causa de la crisis financiera mundial (100,7% en 2014).

Por ahora, los riesgos derivados del aumento de la deuda pública se ven mitigados por las favorables condiciones de financiación. A pesar del reciente aumento de la rentabilidad de los bonos, la rentabilidad media de la nueva deuda del Gobierno Central en lo que va de año es solo del 0,3%, y el vencimiento residual de la deuda se ha elevado a 7,8 años en abril, lo que limita el riesgo derivado de unos tipos de interés potencialmente más altos.

Por ahora, los mercados se fijan más en la intervención del BCR que en la propia gobernanza de cada país en cuestión. Cuando estos estímulos se reduzcan o finalicen, el Gobierno de cada país tomará mayor relevancia para evaluar el coste de la deuda y su refinanciación. Acuerdos débiles o no sostenibles a largo plazo, podrían tener un impacto en el coste de la deuda por el incremento del riesgo percibido por parte de los invasores así como un impacto negativo en la confianza de los agentes económicos.

Los frugales por el norte y los derrochadores por el sur, suponen dos versiones europeas contrapuestas de lo que debería ser la gestión socioeconómica, y que cohabitan dentro de una misma superpotencia. Y el delicado equilibrio de poderes se impone de uno u otro lado según se incline la balanza en cada ocasión.

Aunque en aquellas negociaciones europeas del macro-plan de rescate pandémico algunos vendieron una imagen triunfalista que no se correspondía para nada con la realidad que se impuso, lo cierto es que en esta ocasión los frugales se salieron con la suya en prácticamente todos los frentes abiertos. Y menos mal, porque al menos eso garantiza cierta racionalidad en un gasto que, si no, prometía con ser demasiado arbitrario y discrecional.

Pero entre bastidores siempre hay susurros y secretos bien guardados, y lo realmente sorprendente en esta ocasión es cómo la tradicionalmente frugal Alemania basculó hacia el derrochador eje del sur, alineándose con esos países europeos sureños que tanto distan de sus propios principios de rigor en las cuentas públicas. Y ante tan grande incógnita, ahora sabemos el porqué del repentino y sorprendente giro teutón. Y no, ni las cosas son muchas veces lo que parecen, ni son lo que deberían ser.

Cuando a la cautela se le llama frugalidad, obviando que la imprevisible realidad siempre debería llevar (en parte) a la cautela…

Hay que empezar haciendo justicia a la prudencia en la gestión socioeconómica, y hacer honor a la cautela con la que siempre hay que aproximarse a la economía, y en especial a esas cuentas públicas que algunos piensan que se basan en un dinero publico que no es de nadie, cuando en realidad es de todos más que ningún otro, y cuyo déficit y deuda pagamos todos durante muchos muchos muchos años. Para todo político que busque el bien común y que se aleje del cortoplacismo extremo imperante debería ser una máxima el guardar hoy algo de dinero por si nos hace falta mañana para algún imprevisto o causa de fuerza mayor que pueda sobrevenir.

Así, a esos países del norte de Europa con una gestión del dinero público mucho más cautelosa que en otras longitudes, se les ha colgado la injustamente la etiqueta de “frugales”, cuando se debería hablar de ellos en términos de prudencia y cautela, algo que siempre ha de ser bienvenido en una economía que no sólo ha de cargar con la pesada losa del pasado y gestionar el complejo presente, sino que además ha de ser capaz de prever el futuro para empezar a encarrilarlo desde la capacidad de acción del hoy. La incertidumbre y la inseguridad son las peores enemigas de la economía, pero sin embargo una correcta gestión de las mismas puede llevar a cosechar grandes éxitos socioeconómicos por previsores, donde otros se dan de bruces con la realidad que no quisieron o no fueron capaces de anticipar.

Alemania tradicionalmente no sólo ha venido perteneciendo al club de los frugales, sino que además es uno de los países europeos que más inclementemente ha ejercido de azote del derroche y de la falta de rigor presupuestario. Y desde luego mal no le ha ido ante la debacle económica del Coronavirus, para cuya gestión contó con un valioso colchón producto de los esfuerzos del país en los últimos años por lograr un déficit cero (conocido en Alemania como política de “Schwarze null”) en las cuentas públicas, y que ahora le ha permitido disponer de una vital capacidad de endeudamiento extra para afrontar una crisis imprevisible y colosal como la de la pandemia. Y por cierto, todo sea dicho, como notable actitud, Alemania lleva el carácter de excepcionalidad de la crisis del Coronavirus hasta sus últimas consecuencias, y así en el país teutón ya están pensando en volver a la senda del déficit cero una vez que esa excepción haya pasado definitivamente. Así, Alemania ha sufrido una contracción económica que se queda en tan sólo apenas la mitad del escandaloso despeñe del -18,5% intertrimestral español, suponiendo este último dato de España nada más y nada menos que un “noqueante” -55,8% anualizado. Así fue tal y como le rebatía recientemente con toda la razón Juan Ramón Rallo a un Alberto Garzón al que claramente se le entremezclan los términos y los plazos econométricos.

El súbito y aparentemente inexplicable giro alemán hacia un rigor presupuestario más del estilo del “Viva la Pepa”

Aunque éste punto del guardar hoy algo de dinero por lo que pueda venir mañana era algo que ya reclamábamos urgentemente desde estas líneas, cuando pedíamos responsabilidad a nuestros gobernantes para reducir la abultada deuda pública española mientras los vientos del BCE soplaban a favor, lo cierto es que ésa no es la única justificación para el injustificable abismo existente entre las cifras de decrecimiento española y alemana. Resulta obvio que, además, una correcta y competente gestión de la pandemia permitió a los alemanes no tener que acabar recurriendo a un confinamiento más severo y más largo como ocurrió en España, lo cual contribuyó definitivamente a no extenuar a una economía que luchaba por no ahogarse, y que mientras que en otros países le lanzaban un bote salvavidas que habían comprado con los ahorros de los años precedentes, en España se dedicaban a atizarle con el remo de las subidas de impuestos en toda la cabeza y sumergiéndola todavía más bajo las aguas.

Menos mal que parece que se ha impuesto finalmente in-extremis un mínimo de cordura, y que el gobierno español ha decidido al menos aplazar las subidas de impuestos anunciadas para aplicarlas pero cuando ya haya pasado la crisis del COVID-19. Aunque supone tan sólo postergar un impacto económico que va a ser eminentemente negativo para el tejido económico, al menos han dejado de atizarles a las empresas con el remo cuando estaban luchando por sacar la cabeza del agua para conseguir respirar. Eso sí, la pregunta de oro ante este último anuncio no es otra sino… ¿Pero cuándo diantres podremos decir en España que hemos dejado atrás la crisis económica del Coronavirus? Porque la cosa va para muy muy muy largo, y puede que ni siquiera seamos capaces de discernir hasta dónde llegó el Coronavirus, y dónde empieza lo sistémico de la muy mejorable realidad socioeconómica española.

Pero mejores y peores gestiones aparte, frugales y derrochadores aparte, norte y sur aparte, lo cierto es que, en las recientes negociaciones europeas “a cara de perro” sobre el macro-paquete de ayudas contra la terrible crisis del Coronavirus, los países del sur contaron con un aliado altamente inesperado, y que si bien no logró imponer en esta ocasión su mayor transigencia con los sureños, lo cierto es que el giro ya supuso toda una sorpresa, además de un golpe de timón. Y no, en economía nadie te regala nada; ni tus socios ni tus amigos socioeconómicos te dan ninguna sorpresa ni tan siquiera de cumpleaños, por lo que la cuestión realmente intrigante es porqué Alemania cambió de bando súbitamente en esta ocasión, dejando solos y sensiblemente con menos poder de imponerse a sus tradicionales amigos frugales, y haciendo en su momento que las probabilidades que tuvieron entonces los países del sur para imponer sus tesis fuesen sensiblemente mayores.

¿Y por qué esta vez Alemania dejó desamparados a sus amigos frugales y se unió a la fiesta de gasto sur-europea?

En medio de esas tensiones norte-sur que la propaganda se encarga de exacerbar al extremo para romper Europa, la lógica de la posición alemana ha sido que una cosa es la política pública del “Déficit cero” que tan diligentemente aplicaron las administraciones, y otra cosa muy distinta es el panorama de su deuda empresarial. Así, la realidad de la empresa alemana es que se ha enfrentado a la crisis del Coronavirus con 10 puntos más de endeudamiento sobre recursos propios que la empresa española, o 108% versus 98%. Un endeudamiento del 108% sobre recursos propios indica que las empresas alemanas deben un 8% más de lo que poseen en activos junto con lo que tienen en caja, pasando la peligrosa línea roja que marca a partir de dónde se debe más de lo que se tiene, y por tanto ya no se podría pagar con total garantía en caso de necesidad: un punto al que las empresas españolas sí que llegarían a poder pagar íntegramente.

Así pues, Alemania tenía un problema de endeudamiento empresarial que podía explotarle con la crisis del Coronavirus, y por ello habría podido haber decidido posicionarse esta vez en el club de la laxitud con el endeudamiento, a fin de lograr condiciones más fáciles de digerir por su tejido empresarial ante la complicada coyuntura pandémica que se nos ha venido encima a todos. La realidad es que, en este sentido, la posición de endeudamiento alemana le sitúa a años luz de aquella de los países frugales, llegando al extremo de que tres de las diez empresas más endeudadas del planeta son empresas alemanas (automovilísticas, para más referencias).

Y es que parece que la empresa española ha hecho (al menos en parte) sus deberes de desapalancamiento tras la funesta crisis inmobiliaria. Como pueden leer en el enlace anterior, en el último lustro el endeudamiento de las empresas españolas se ha reducido en línea con aquellas de los países frugales, en extremo que sin embargo no ha ocurrido con las empresas alemanas. Y la paradoja aquí en términos de deuda es mayúscula, con unas administraciones públicas alemanas que hicieron lo que sus empresas no hicieron tan bien, mientras que nos encontramos con unas empresas españolas que sí que hicieron lo que sin embargo sus administraciones públicas dejaron flagrantemente de hacer. Desde luego, las idiosincrasias nacionales muchas veces no son lo que parecen a primera vista, y menos cuando se culpa a justos por pecadores.

Pues si hay algo seguro es que, en este mundo de intereses y juego de poderes, todas las posiciones nacionales tienen un porqué; otra cosa es que se llegue a saber. En este caso, la posición alemana en las negociaciones del macro-paquete de ayuda para la crisis del Coronavirus era ciertamente intrigante, hasta que supimos el porqué. Una vez más este asunto tenía toda la lógica socioeconómica del mundo, y especialmente en un mundo en el que ya les decía que nadie regala nada: nosotros tampoco, que por ejemplo ya eché en falta ver a ciertos sectores comprando con sus ahorros letras del tesoro griegas a espuertas cuando la terrible crisis azotó aquel país: se limitaron a criticar a la temida Troika, que al final fue la que enviaban los únicos que ponían el dinero sobre la mesa; eso sí, a cambio de unas condiciones draconianas para unas cuentas griegas ciertamente desbocadas.

Y es que hasta el solidario más solidario se lo piensa dos veces antes de meter su propio dinero en un saco sin fondo, pero sin embargo muchos no tienen reparo en exigir que se haga lo mismo con el dinero de todos o con el de los demás. La solidaridad que en la práctica a ti no te cuesta nada (o que incluso te puede llegar a favorecer), no es verdadera solidaridad, sino tan sólo acomodarse en la exigencia de que otros sean solidarios por ti. La solidaridad no se predica (y menos se exige), sino que se practica. Y en esta ocasión ha resultado que los alemanes tampoco estaban siendo totalmente solidarios, sino que en realidad lo que les pasaba era que la laxitud y la solidaridad de los nor-europeos les iba a favorecer a ellos. ¡Qué mundo éste que nos ha tocado vivir! Por el interés te quiero Andrés: resulta que algún tipo “menor” de solidaridad es mucho más fácil cuando se comparte o se ha compartido una misma situación. Y ya resulta muy censurable encontrar personas (y países) que disfrazan su interés de una solidaridad que, en realidad, no les importa ni mucho menos tanto como aparentan. Por eso, dejando a un lado solidaridades de escaparate con más "falsetes" que una canción de los Bee Gees, un servidor aprecia doblemente a las personas verdaderamente solidarias: lo primero por su espíritu bondadoso, y lo segundo por su coherencia personal. Ni lo uno ni lo otro abundan hoy en día a nuestro alrededor, y así nos va.

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Consolidar la estabilidad presupuestaria de la administración pública debería ser uno de los objetivos más importantes de todo un Gobierno, pero la recién coalición PSOE-UP busca flexibilidad para su senda de reducción de déficit público.

Si nos situamos en antecedentes, al finalizar el año 2019 se debería haber cerrado con déficit público del 2% del PIB que es el compromiso acordado con Bruselas. Sobre esta cifra y a falta de las cifras del Ministerio de Hacienda, los diferentes organismos creen que se quedará corta: La AIReF ve un déficit del 2,1% y la Comisión Europea lo eleva al 2,3%.

Para este año deberíamos seguir con los ajustes. El compromiso que marcó el Ejecutivo del Partido Popular con Bruselas es que para 2020 llegaríamos al 0,5%, y es el vigente ya que forma parte de los últimos Presupuestos.

La difícil tarea de cuadrar los números con las promesas del Gobiernomde coalición

A pesar de que en los ministerios de Hacienda y Economía se ha optado por unos perfiles más técnicos en su dirección, al final lo relevante es qué políticas se llevan a término y su traducción contable marcado por los ingresos y los gastos.

Y si hablamos de políticas, lo cierto es que el Ejecutivo presente ha aprobado ya la subida de las pensiones con una revalorización del 0,9%, mientras que la Seguridad Social se posiciona con un déficit de próximo a 17.000 millones de euros para este año. Y, como no hay hucha de las pensiones, para hacerse cargo este déficit se pasa a los Presupuestos Generales del Estado mediante deuda.

Recordemos que el Ejecutivo del Partido Popular reformó las pensiones para que en situaciones de desequilibrio presupuestario en la Seguridad Social, las pensiones se subieran un 0,25% en 2013. Aunque, para la aprobación de los Presupuestos de 2018, el PNV pidió la subida generalizada para todos los pensionistas, que verán sus pensiones aumentadas hasta el 1,6% tanto en 2018 como en 2019.

Por lo tanto, la fórmula de eliminar los excesos de la Seguridad Social, principal contribuidor al déficit, parece que está en stand-by y que volvemos al IPC, presionando el gasto público, aunque sin tener Presupuestos.

Esta medida viene no viene con Presupuestos sino con la aprobación del Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, una fórmula recurrida en numerosas ocasiones por el Gobierno del PSOE para avanzar medidas de gasto sin tener capacidad de consensuar unos Presupuestos en 2019 y fuero prorrogados los de Montoro.

Aunque el principal contribuidor al gasto público sean las pensiones no es el único factor a tener en cuenta, sino que recordemos que hay todo un pacto entre PSOE y Unidas Podemos, en el que prometieron diferentes medidas de gasto sin una contrapartida de ingresos cuantificada en una Memoria Económica.

Además de el mayor gasto en pensiones, tanto para Educación como para Sanidad se propone subir un punto de PIB (dos en total). Esta medida equivale a 24.000 millones de euros y eso sin tener en cuenta la promesa del Ingreso Mínimo Vital que está por definir específicamente el objetivo de gasto. Por el lado contrario, las medidas de ingreso, que ya se metieron en el Presupuesto que no fue aprobado, equivalen al 0,5% del PIB. Los números no cuadran.

El 0,5% de déficit para 2020 es una utopía

Como hemos comentado, la senda marcada en los últimos Presupuestos aprobados es que deberíamos llegar a un déficit del 0,5% del PIB para este año que es el compromiso que se adoptó con la Comisión Europea y plantearnos con un superávit del 0,1% en 2021.

Pero luego tenemos que trasladarnos a junio de 2018. Tras la moción de censura, Sánchez anunció que su objetivo sería alcanzar un déficit del 1,8% en 2019, del 1,1% en 2020 y del 0,4 en 2021.

Cuando el pasado otoño se actualizó el plan presupuestario de 2020, el Ejecutivo comunicó a Bruselas que ese 1,1% quedaría descartado para 2020 y se iría más al 1,7%. Y es aquí el punto en el que entra en juego la ministra de Economía Calviño para lograr ese margen adicional.

Si finalmente nuevos presupuestos y la ministra Calviño consigue ese margen adicional, el gobierno de Sánchez habrá conseguido 1,2 puntos de PIB, alrededor de 15.000 de margen de gasto para este año.

El riesgo de abusar del déficit

Tanto los Ejecutivos anteriores como el presente deberían de haberse grabado a fuego que las cuentas públicas deben estabilizarse estructuralmente a largo plazo. Pero el objetivo de deficit con la administración Rajoy también se fue desplazando conjuntamente con la aprobación de Bruselas, siendo el país con mayor déficit de la UE.

Si en una situación de recesión es normal un déficit para acometer los mayores gastos de subsidio de desempleo y el deterioro de los ingresos fruto de la recesión económica, cuando nos encontramos en una situación de expansión económica es necesario corregir esos desajustes del pasado que incrementaron el volumen de deuda relativa al tamaño de la economía, y ejercer un proceso de desapalancamiento financiero.

A pesar de la desaceleración económica, la realidad es que España se encuentra en ciclo expansivo y por lo tanto, debería afrontar unas cuentas públicas saneadas y reducir intensamente la relación deuda pública sobre PIB que se encuentra en el 96% del PIB.

Pero parece que al Gobierno no le importe la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo. Un mayor déficit es interpretado negativamente en el momento que se produce un shock económico tanto interno o externo que desestabiliza las cuentas públicas y tiene como consecuencia final que, en el momento de emitir deuda, o se pague un precio mayor con mayores intereses o bien no exista capacidad de colocar la deuda.

Las elecciones al Parlamento de Andalucía que se celebraron el 2 de diciembre del año pasado dieron cómo resultado un cambio histórico en la Junta de Andalucía, destronando al PSOE partido de Gobierno, y haciendo posible toda que Partido Popular y Ciudadanos, apoyado externamente por Vox se alzaran con el ejecutivo.

Un nuevo gobierno implica necesariamente unas nuevas políticas que ofrezcan un contraste con la etapa anterior. Dado que que el Presupuesto del nuevo gobierno está en trámite parlamentario, ya podemos analizar los puntos más relevantes en materia de impuestos... ¿ha cambiado realmente la política económica andaluza?

El giro de políticas de los nuevos presupuestos: Los impuestos bajan

Ahora mismo se está debatiendo el Presupuesto de Andalucía para 2019. En él, se pretende plasmar ciertos compromisos que Partido Popular, Ciudadanos y Vox vinculados a los impuestos. El objetivo principal es competir fiscalmente, y no criminizar fiscalmente a comunidades como la madrileña tachándolas de "paraíso fiscal".

Las medidas adoptadas en el Presupuesto posicionarían a Andalucía entre las comunidades con la fiscalidad más baja en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para cónyuges y familiares directos, a través de una bonificación del 99% de la cuota a pagar para los grupos de parentesco descendientes y adoptados menores de veintiún años y también, descendientes y adoptados de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes.

Sin duda se trata de una acción positiva porque permitirá apostar por la renta disponible de las familias, despenalizando el ahorro, sino que contribuirá a dinamizar la economía anticipando en el tiempo la transmisión de bienes y derechos de progenitores a descendientes. Andalucía tratará de evitar el éxodo a otros territorios de los contribuyentes y reducirá la economía sumergida y el fraude fiscal.

Andalucía se ha posicionado como una de las comunidades con una fiscalidad más acusada vía IRPF. Con estos presupuestos, si bien no se llegará a los niveles del tramo autonómico de la Comunidad de Madrid, Andalucía se asimilará a los territorios con la tributación más baja mediante una rebaja del tipo máximo a lo largo de cuatro años, con diferente intensidad en cada uno de los tramos de renta, llegando incluso a eliminar el último de ellos.

Pero no solo hay modificaciones en impuestos directos, también se tocan los indirectos que tendrán reflejo en el presupuesto de la Comunidad Autónoma las reducciones aprobadas del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las familias numerosas en la compra de su vivienda habitual cuando esta tenga un valor inferior a 180.000 euros.

También se propone medidas que persiguen mejorar la fiscalidad empresarial, como la reducción de medio punto del gravamen por la compra de inmuebles para las empresas que opten por la tributación en IVA.

Los impuestos directos aumentan sus previsiones un 11,5% (el 18,1% de los ingresos no financieros) y los indirectos se incrementan un 6,7% respecto al año anterior como consecuencia del crecimiento esperado en los conceptos que lo integran, que alcanzará +19,6% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, +2,8% en el IVA, y +66,9% en el Impuesto sobre Actividades del Juego no Presencial.

En total, con todas estas modificaciones, los ingresos presupuestados para este año ascendería a 36.495,5 millones de euros, lo que equivaldría a una subida de 1.736 millones de euros frente al ejercicio del año anterior o un 5% más.

Tímidos datos económicos que apuntan a una mejora para Andalucía

A pesar de que se trata de un Gobierno reciente y que aún no cuentan ni tan siquiera con los presupuestos aprobados y vive de la prórroga de los Presupuestos anteriores, lo cierto es que tenemos algunos datos positivos que nos invitan a pensar en una mejora del escenario económico para Andalucía.

Por ejemplo, en el ámbito empresarial vemos que en la creación de sociedades mercantiles está avanzando un 0,7%. Si bien es una cifra muy reducida, los cierto es que si lo comparamos con la caída del 0,8% a nivel nacional, vemos claramente como la empresa busca posicionarse en la región del sur española.

Según los datos de la AiReF, el crecimiento de la economía andaluza entre enero y marzo de este año ha sido del 0,9%. Esto significa que Andalucía junto a Navarra han sido las comunidades líderes en crecimiento económico mientras que el conjunto de España avanzaba un 0,7%.

Pero no olvidemos que el principal desafío que tiene esta comunidad es la creación de empleo. La tasa de paro que caracteriza al mercado de trabajo andaluz (23% de media en 2018), así como la inestabilidad laboral, que se ha incrementado en los últimos años, creciendo el empleo temporal entre 2013 y 2018 un 37,3% de manera acumulada, por encima del 12,8% del empleo indefinido.

A este nuevo gobierno formado por Partido Popular y Ciudadanos se le juzgará especialmente por los resultados al final de la legislatura en materia de empleo, un problema crónico que el Gobierno de PSOE de Andalucía nunca supo resolver y ha repercutido en desigualdad y exclusión social.

No hay una especial fijación en mejorar los niveles de deuda pública

Con los presupuestos del gobierno anterior se dejó una deuda pública de 35.409 millones euros lo que equivaldría al 22% del PIB andaluz. Estas cifras quedarían por debajo de la media de las comunidades autónomas que llegó al 24,3%.

En su último ejercicio, el gobierno socialista elevó la deuda en un 3,3% más frente al cierre del ejercicio de 2017. El actual gobierno, quita el pie del acelerador de la deuda, pero no podemos decir que se detenga. Si en 2018 la emisión de deuda para financiar el déficit fue de 479,7 millones menos, para este año será de 167,1 millones de euros más.

En el propio Presupuesto de Andalucía lo afirman de la siguiente manera: "la sección Deuda Pública se mantiene en un nivel similar al del ejercicio precedente, describiendo un leve incremento del 0,4%".

A pesar de todo, recordemos que el perfil crediticio de la región también está respaldado por una alta probabilidad de apoyo extraordinario del Gobierno de España que permitiría cubrir las obligaciones de Andalucía. La comunidad ha recibido apoyo de liquidez de diversas fuentes del gobierno central por un importe cercano a los 27.000 millones de euros, lo que representó el 81% de su deuda directa pendiente total en junio de 2018.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, durante esta semana ha presentado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del 2018. El Gobierno del PP no cuenta con los apoyos necesarios para que estos presupuestos sean aprobados ante de junio, fecha en la que entrarían en vigor.

El primer trámite es el debate de totalidad, que no será realizado hasta el 23 de abril, y el Gobierno del PP necesita 175 diputados para superarlo. El día 20 de abril, es la fecha tope que se maneja para presentar enmiendas a la totalidad, con las que la oposición pide devolver el proyecto al Gobierno del PP. Este debate se realizaría la semana siguiente, alrededor del 25 abril, ya en el Congreso.

Nos podemos preguntar: ¿A qué partidas presupuestarias se va a dedicar el dinero de los españoles durante el 2018?

Los presupuesto más sociales del Gobierno del PP para captar votos

Cristóbal Montoro y sus secretarios de Estado han repasado las principales cifras de los presupuestos, que incluye un límite de gasto, no financiero conocido como el techo de gasto, de 119.834 millones de euros, un 1,3 por ciento más.

La previsión de recaudación tributaria se estima que alcanzará los 210.015 millones de euros, un 6 por ciento más que durante el 2017. El Gobierno del PP intenta vender que estos son los presupuestos más sociales de la historia de España, ya que pretenden alcanzar un gasto social del 55,6 por ciento del total, debido al aumento del gasto de las pensiones, dependencia y la financiación de las administraciones públicas.

Los presupuestos establecen que el conjunto de administraciones públicas gastaran 192.794 millones de euros en temas de protección social, y alrededor de 60.000 millones de euros más que el año anterior.

En detalle, existe un aumento de la mayoría de partidas presupuestaría como se puede ver en la gráfica “Evolución partidas presupuestarias del 2018 respecto Presupuestos Generales del Estado del 2017”:

Y el importe de cada partida de los Presupuestos Generales del Estado del 2018 respecto a cada partida de los Presupuestos Generales del 2017 han evolucionado de la siguiente forma:

Lo más destacable es la disminución de l pago de prestaciones por desempleo, un 3,4 por ciento, hasta llegar a los 17.702 millones de euros, por las previsiones de bajada del desempleo que tiene el Gobierno del PP.

Aumento de las pensiones

De nuevo la partida más representativa de los presupuestos, con un 40,9 por ciento del total, es la partida de las pensiones, cuyo importe aumenta 5.188 millones de euros, hasta llegar a los 144,834 millones de euros, es decir, el 3,7 por ciento, y se concede un préstamo de 15.164 millones de euros para garantizar el pago de las pensiones.

Se prevé que las pensiones mínimas aumenten un 3 por ciento, las pensiones contributivas inferiores a 9.800 euros al año aumentarán un 1,5 por ciento y los que cobren menos de 12.040 anuales aumentará su pensión un 1 por ciento.

Las pensiones de viudedad de los mayores de 65 años que no tengan otra fuente de ingresos cobrarán una mayor parte que se prevé del 2 por ciento. Al mismo tiempo, que se prevé que el IRPF habrá una disminución para pensionistas.

Para el resto de pensionistas los Presupuestos Generales del Estado de 2018 incorporan la revalorización garantizada por el propio sistema de pensiones, que será del 0,25 por ciento.

Disminución media del IRPF

La rebaja del IRPF, que se prevé que beneficie a 3,5 millones de españoles, será de unos 2.000 millones de euros, de forma que disminuirá el mínimo exento en el IRPF, que aumentará de 12.000 a 14.000 euros al año para todos los contribuyentes. Además, se prevé una disminución para aquellos que que ganen entre 14.000 y 18.000 euros al año.

La disminución del IRPF incluirá varias deducciones en la cuota, como los 1.000 euros de gastos de guardería, que entraría en vigor con carácter retroactivo, por cónyuge con discapacidad con 1.200 euros al año, o por familia numerosa que se incrementaría en 600 euros anuales por hijo a partir del cuarto inclusive.

Según el Gobierno del PP, el aumento de este tipo de partida es gracias al crecimiento económico y la reducción del déficit. Para el 2018 se prevé en 10.000 millones de euros la reducción para cumplir el objetivos del 2,2 por ciento, tras haberlo reducido del 4,33 por ciento al 3,1 por ciento el año pasado.

Aumento salarial a los funcionarios y disminución del IVA al cine

Se prevé un aumento salarial para los empleados de las administraciones públicas para los 3 próximos años, con un aumento salarial fijo del 1,75 por ciento para 2018, del 2,25 por ciento, para 2019 y del 2 por ciento para 2020, a la que se sumaría otra parte variable ligada a la evolución del PIB.

La horquilla salarial será de mínimo del 6,9 por ciento y un máximo del 8,79 por ciento. También se prevé incluir la equiparación salarial entre los agentes nacionales y la guardia civil.

Por otra parte, se prevé una rebaja del IVA del cine del 21 por ciento al 10 por ciento.

Reducción a las ayuda al empleo

Se prevé destinar un 3,4 por ciento al pago de las prestaciones por desempleo, es decir, 17.702 millones de euros. Además, el SEPE se prevé que sea afectado con una reducción de su presupuesto de un 1,6 por ciento hasta llegar a los 23.606 millones de euros.

Por otra parte, las políticas activas de empleo dispondrán además de 5.176 millones de euros, un 3,9 por ciento más que responde principalmente, al aumento en las partidas destinadas a financiar bonificaciones a la contratación, formación profesional para el empleo y oportunidades de empleo.

Las ayudas para la contratación de jóvenes inscritos en el 'Sistema Nacional de Garantía Juvenil' se prevé que de 430 euros mensuales a los jóvenes que estudien y trabajen, y 250 euros a empresas que hagan indefinidos a los beneficiarios de estas ayudas. Esta partido prevé que sea de 500 millones de euros.

El Gobierno del PP pretende reestructura la deuda de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos

La financiación para este tipo de organismos se prevé que sea de 123.250 millones de euros, lo que va a suponer 4.248 millones de euros más que durante el año pasado.

Además se pretende dar facilidades para que las comunidades y ayuntamientos que tengan deuda con la Administración General y que hayan cumplido, puedan así reestructurar su deuda.

Reducción de la deuda pública

El total de la financiación a través de deuda del Estado y las amortizaciones se prevé unas emisiones del Tesoro Público en 2018 de alrededor de 215.327 millones de euros, casi un 8 por ciento menos de las realizadas en 2017.

Al igual que en los últimos años, la práctica totalidad de las emisiones previstas se concentra en Letras del Tesoro y en Bonos y Obligaciones del Estado. Se contempla la posibilidad de complementar esta financiación con emisiones de otras deudas y en otras divisas, según las oportunidades que ofrezca el mercado.

Por su parte, el endeudamiento del Tesoro Público en 2018 se prevé que aumente a 40.000 millones de euros. Las Letras del Tesoro aportarán financiación neta negativa por un importe de 5.000 millones de euros y los Bonos y Obligaciones del Estado, junto con el resto de deudas en euros y en divisas, aportarán la financiación necesaria para cubrir las necesidades de financiación previstas.

Aumento de la inversión en infraestructuras

Se prevé un aumento de la inversión en infraestructura hasta situarse en 8.487 millones de euros, es decir, un aumento del 12,7 por ciento respecto a los anteriores presupuestos.

Esta inversión se debe tener en cuenta que la construcción de infraestructuras los distintos entes dependientes de la Administración como son Adif, Aena, Enaire, Puertos del Estado y Seittsa.

No obstante, en cuanto a la dotación estrictamente presupuestaria se refiere, el grueso de los recursos públicos para inversión en infraestructuras se destinarán a construcción de líneas AVE y carreteras, que significan el 68,4 por ciento del total.

En concreto, los Presupuestos destinarán 3.727 millones de euros a inversión en ferrocarril, un 21,9 por ciento más respecto a los presupuestados de 2017.

En El Blog Salmón | Presupuestos 2017: no parecen acabar con los recortes

Imagen | RTVE

Cada año, el Gobierno busca aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el siguiente ejercicio. Sin embargo, la convulsa situación política vivida el año pasado en Cataluña impidió que las fuerzas políticas alcanzaran un acuerdo sobre los Presupuestos, de tal manera que se produjo una prórroga automática.

Esta prórroga permanecerá en vigor hasta que finalmente veamos la aprobación de las cuentas públicas para el presente año que prometía medidas estrella como la bajada del IVA para el cine y una rebaja en el IRPF destinada a aquellos trabajadores que ganen menos de 14.000 euros al año dejen de pagar este impuesto.

Recordemos que el actual gobierno del PP se encuentra en minoría con 134 diputados y necesita apoyos para sacar adelante los presupuestos. Uno de estos apoyos clave es el PNV pero el año ya alertó que es el gobierno respondía "de manera exacerbada" al desafío independentista, habrían complicaciones para negociar los presupuestos.

¿Cúando quedan prorrogados los presupuestos?

En el Articulo 38 de La Ley General Presupuestaria y Normas Complementarias se recoge cuando quedan prorrogados los Presupuestos Generales del Estado y determina qué partidas no quedan afectadas.

Artículo 38. Prórroga de Los Presupuestos Generales del Estado

1. Si la ley de presupuestos generales del Estado no se aprobará antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos iniciales del ejercicio anterior hasta la aprobación y publicación de los nuevos en el boletín oficial del estado.

2. La prórroga no afecta la los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que termina en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.

3. La estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adoptará, sin alteración de la cuantía total, A la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.

Del mismo modo, la Constitución Española establece en el punto cuatro del artículo 134 la prórroga de los presupuestos.

Si la ley de presupuestos no se aprobará antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

Como vemos en el punto dos de la Ley General Presupuestaria, con la prorrogación de los Presupuestos, se produce automáticamente una limitación del gasto. Esto se debe a que cualquier infraestructura ejecutada no puede volverse a ejecutar en el siguiente ejercicio, por lo que al no existir concepto, ese importe no tiene destino y se recorta.

Esta limitación del gasto público puede ser entendido como un hecho positivo para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con Europa. De hecho, del año anterior al actual se produciría un recorte valorado en 256 millones de euros, vinculado a aquellas partidas que han quedado finalizadas.

La prórroga puede ayuda a alcanzar el objetivo déficit

Los Presupuestos Generales del Estado persiguen el objetivo prioritario de seguir reduciendo el déficit público y cumplir los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, en un contexto de firme crecimiento económico y de incremento de los recursos tributarios.

Aunque actualmente no tenemos las cifras oficiales, al cierre de noviembre del año pasado el Estado superó el más de 5.000 millones de euros. Su objetivo de déficit público situado en el 3,1% sobre el PIB. Para este año, el objetivo de estabilidad presupuestaria se sitúa en el 2,2% sobre el PIB, lo que le supondría abandonar el Procedimiento de Déficit Excesivo.

Menos déficit público, supone la estabilización de la deuda pública... Si nos ponemos en antecedentes, desde el comienzo de la crisis se ha incrementado la deuda pública en 63,48 puntos del PIB, partiendo desde el 35,5% del año 2007 hasta el 98,98% según la estimación del mes de noviembre de 2016. Desde 2014 se ha estabilizado el incremento de la deuda pública e incluso experimentado una leve reducción, debido al incremento del PIB por el auge de la economía española.

Si tenemos en cuenta, un ligero recorte por partidas finalizadas y que el gasto público no se incrementa con la prórroga de los presupuestos, consecuentemente veríamos una disminución del déficit público ya que previsiblemente en este año la economía española seguirá creciendo a una tasa del 3% y el déficit público es una medida relativa al PIB.

La importancia de los Presupuestos Generales del Estado

Probablemente los Presupuestos Generales del Estado es el acuerdo más importante que pueden fraguar las formaciones políticas durante una año debido a que con los recursos públicos se hace política pura y dura, decidiendo tanto el nivel de gasto público como las partidas que se ven favorecidas y perjudicadas.

Cuanto mayor es el peso de la Administración Pública sobre la economía -porcentaje del gasto público sobre el PIB- más trascendencia tiene esta decisión. En el caso de España, la Administración Central fijó en 2017 un presupuesto consolidado de 318.446 millones de euros, incluyendo los organismos autónomos (Seguridad Social).

Cuanto mayor es un Estado, es decir más peso pondera el gasto público sobre el PIB, más importancia tiene que se aprueben las decisiones de gasto e inversión pública, ya que sino supone una parálisis de los recursos en la economía.

Ya de por sí la burocracia no tiende a ser el mecanismo más eficiente para la gestión de recursos y si a ello, le añadimos una parálisis de corte político, se produce un manto de incertidumbre en aquellos agentes económicos que dependen directamente de los Presupuestos.

Las comunidades autónomas en España son las encargadas de gestionar y buscar los recursos para financiar diferente el Estado de bienestar en cada una de ellas. Los recursos disponibles para hacer esto en los gobiernos regionales va a determinar la calidad de la educación, la sanidad pública y los servicios sociales.

El acuerdo del PNV con el gobierno del PP para apoyar 'Presupuestos Generales del Estado' del 2017 afecta al Cupo, es decir, el dinero que le da el gobierno del País Vasco al Estado por las conferencias no transferidas.

Ya sabemos que el gobierno del PP compensará al País Vasco no solo ha incluido una rebaja del cupo y la devolución de 1.400 millones de euros sino una inversión de 3.380 millones de euros hasta el año 2023 para infraestructuras ferroviarias que conectaran las 3 capitales vascas, y así hasta 36 acuerdos.

Nos podemos preguntar: ¿Es verdad que existe diferencias entre comunidades autónomas? ¿A parte del País Vasco que otra comunidad autónoma sale favorecida con los Cupos? ¿Es verdad que Madrid y Cataluña tiran del carro de la financiación?

¿Es verdad que existe diferencias entre comunidades autónomas?

El País Vasco durante el año 2013 obtuvo una financiación equivalente a 4.170 euros por habitante, una cifra que duplica los 2.030 euros de media que recibieron las comunidades autónomas que están de régimen común.

Es decir, existe una gran diferencia entre comunidades autonómicas sobre la financiación que recibe cada uno de sus habitantes como se puede ver en la gráfica “Financiación regional para competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal en 2013”:

Cataluña con 1.973 euros por habitantes, Andalucía con 1.898 euros por habitante, Murcia con 1.880 euros por habitante, Madrid con 1.875 euros por habitante y Comunidad Valenciana con 1.824 euros son las comunidades con menos recursos y, por tanto, se puede considerar que son las más perjudicadas por el tipo de reparto entre la comunidades autonómicas.

Los datos que arroja en su último informe el Ministerio de Hacienda se calculan en base de las competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, es decir, tener en cuenta que algunas comunidades autónomas tienen una mayor autonomía y corrigen las diferencias en la legislación tributaria.

Navarra es la siguiente comunidad más financiada

La segunda comunidad autónoma con mayo financiación por habitantes es Navarra con 3.266 euros por habitante. Esta comunidad autónoma también tiene un Cupo ya que está dentro del sistema de derechos forales a nivel fiscal.

Por tanto, País Vasco y Navarra son las dos comunidades autónomas que cuenta con más recursos para ofrecer servicios públicos a sus ciudadanos. El funcionamiento del Cupo explica que exista esta asimetría en el sistema fiscal.

Estas dos comunidades autónomas recaudan casi todos los impuestos y, de este dinero, dan una parte al Estado por las competencias no transferidas y también realizan una pequeña aportación al fondo de compensación entre comunidades autónomas. Este sistema les beneficia al tener una renta relativamente alta.

Siempre se ha considerado que la fórmula que se ha utilizado para calcular el Cupo es ocupa y beneficia a los intereses de las comunidades autónomas que la aplican.

Madrid y Cataluña son las grandes comunidades aportadores

A País Vasco y Navarra les resulta beneficioso no participar en los mecanismos de nivelación ya que serían comunidades aportadoras como les sucede a Cataluña y a Madrid. En Cataluña y Madrid se recauda para financiar a las regiones con menos recursos y más necesidades de financiación.

El mayor sobreesfuerzo fiscal se realiza en Extremadura y en Cataluña como se puede ver en la gráfica “Sobreesfuerzo fiscal regional en 2013”:

País Vasco y Navarra realizan 377 euros por habitante y 542 euros por habitante, respectivamente, de retorno fiscal en contra de otras comunidades como Extremadura y Cataluña que tienen que realizar un sobreesfuerzo fiscal de 214 euros por habitante y 177 euros por habitante, respectivamente.

Esto quiere decir que están recibiendo menos por habitante que tendría que ser como se puede ver en la gráfica “Financiación regional a competencias homogéneas en 2013”:

Cuando dice Cataluña realizar una revisión del sistema de financiación autonómico y que algunas comunidades salen más favorecidas que otras, se puede decir que tienen la razón, pero no sólo para Cataluña si no para más comunidades autónomas.

Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas necesitan las comunidades necesitarían 48.962 millones euros adicionales al año para ofrecer servicios similares a los que ofrecen País Vasco y Navarra.

Por tanto, el acuerdo presupuestario cerrado entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV supondrá rebajar el cupo vasco casi un 40 por ciento hasta los 956 millones. Además, el Estado abonará 1.400 millones por las discrepancias de ejercicios anteriores. Aumentando así las diferentes entre las Comunidades Autónomas.

En El Blog Salmón | Así afecta el nuevo cupo vasco pactado entre PP y PNV al resto de Comunidades

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