El último barómetro del CIS ha situado a la izquierda con una ventaja de casi 10 puntos frente a la derecha, una estimación que choca con la mayoría de los sondeos privados recientes, que apuntan a una ventaja del bloque de derechas de entre 8 y 10 puntos.

Desde 2018, algunos analistas afirman que las estimaciones de voto del CIS han mostrado un sesgo persistente hacia la izquierda. Estos días, lo comentaba Kiko Llaneras en un reciente artículo para El País. No obstante, más allá del CIS, los sondeos electorales parecen cargar con problemas de fondo que requieren de una exploración sobre las causas metodológicas, las tensiones institucionales y los retos presentes para recuperar credibilidad. 

El espejo que no refleja

Lo que sabemos es que frente a la ventaja del bloque de izquierdas, otros sondeos privados, como el barómetro 40dB, ofrecen ventaja al bloque contrario, el de derechas, sitúan al Partido Popular en primera posición y a Vox como la primera fuerza en intención de voto hasta los 44 años. 

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En este sentido, el alza de Vox se habría empezado a estancar e incluso reducir ligeramente, el PP habría dejado de descender y la intención de voto del resto del bloque de izquierdas se habría estabilizado.

La investigación electoral de Sociométrica daría, hoy, resultados similares: la intención de voto se dividiría entre un 34 % para el PP, 26,9 % para el PSOE y un 16,6 % para Vox. La mayoría de encuestas electorales, con variaciones menores (GESOP, NC Report, SigmaDos) mantienen datos similares.

Lo relevante es el patrón histórico desde 2018, que coincide con la llegada de José Félix Tezanos al frente del CIS, donde la institución ha sobreestimado el voto hacia la izquierda en 41 de 42 convocatorias electorales.

Esto plantea varias dudas recurrentes: ¿por qué el CIS y las encuestas privadas muestran diferencias tan marcadas? ¿se están corrigiendo los sesgos muestrales o más bien introduciendo nuevos? Y ¿qué valor tiene la estadística institucional para la percepción pública de los votantes?

Retos metodológicos

Que los sondeos no coinciden es una realidad. 

En gran parte, esto es debido a la complejidad y volatilidad social. Pocas encuestas lograron anticipar el éxito trumpista, las elecciones colombianas o el Brexit, entre otros, a lo que se suman problemas ya conocidos como el diseño, la forma de hacer las preguntas, las muestras poco representativas o la tasa de respuesta.

Así, entre los problemas clásicos está la dificultad de alcanzar una muestra representativa, debido a la no respuesta de ciertos segmentos (jóvenes, abstencionistas, ciudadanos menos politizados) y el sesgo de localización: los métodos (teléfono fijo, móvil, online) tienen distinta cobertura y captan perfiles diferentes.

Para mitigar estos sesgos, los sondeos privados suelen aplicar ajustes posteriores (ponderaciones adaptativas) según las características demográficas o los modelos históricos. Sin embargo, el CIS aplica el llamado "modelo bidimensional inercia-incertidumbre Alaminos-Tezanos" para sus estimaciones, pero se ha cuestionado que este modelo no corrige suficientemente los sesgos de la muestra original.

Además, la variable “recuerdo de voto en la última elección” se usa para calibrar la muestra hacia los resultados electorales anteriores. Sin embargo, al forzar que los datos de la encuesta se ajusten a los resultados pasados, se ocultan dinámicas reales de cambio.

Un estudio reciente sobre el CIS, que utilizó barómetros y resultados de las elecciones generales de julio de 2023, señala que para los partidos de derecha (PP y Vox) el recuerdo de voto reportado en las encuestas del CIS es significativamente inferior a los resultados reales, mientras que las diferencias para PSOE y Sumar no alcanzan significación estadística.

Ese desequilibrio sugiere que la ponderación mediante el recuerdo de voto puede subrepresentar de forma sistemática a los partidos conservadores en favor de los progresistas: esto es justo lo que comentaba Llaneras tras identificar un ejemplo claro del suceso: en las muestras del CIS, recordar haber votado al PSOE aparece el doble de veces que haber votado al PP, cuando en realidad el PP obtuvo más votos en esa elección.

Este sesgo de recuerdo —o su interacción con la ocultación de voto— es uno de los factores que más erosionan la validez del modelo final del CIS.

Todo ello se suma a otro elemento clave que destacaba Llaneras: los datos brutos del CIS (como matrices de fidelidad de voto entre bloques políticos) sugieren una mayor movilización de la derecha, con más “fugas” de electores de izquierda hacia la derecha (5,3 % vs 0,4 %). Pero la estimación final del CIS asigna un gran avance a la izquierda. Esa contradicción interna muestra que la transformación metodológica (del dato crudo al pronóstico) implica ajustes que no siempre son transparentes ni justificables.

En otras palabras, no basta con tener buenos datos iniciales: el método de interpretación y proyección cambia sustancialmente la fotografía política estimada.

La misión institucional

El enfoque anterior obvia, en parte, el punto más relevante de esta cuestión. El CIS es un organismo público cuya misión oficial (mandato formal) es medir la opinión pública, es decir, las actitudes sociales, valoraciones de política, percepciones ciudadanas...

En este sentido, su rol no es competir con empresas privadas de sondeos en acierto electoral. No obstante, al publicar estimaciones de intención de voto y al figurar en los medios como “la encuesta oficial”, su ámbito de influencia se mezcla con el de las encuestadoras comerciales. Esa ambigüedad puede erosionar su neutralidad percibida.

Para una institución pública con mandato estadístico, la transparencia metodológica es esencial. Eso implica publicar no solo resultados sino también los criterios de muestreo, los métodos de ponderación o corrección de sesgos y las transformaciones intermedias desde datos crudos hasta estimaciones finales.

Sin embargo, al no publicar parte de los procesos de estimación (con los datos presentados, los analistas están de acuerdo en que sería improbable poder replicar el resultado oficial) se abre un espacio para cuestionamientos de sesgo político y manipulación.

Reforzar la credibilidad

Recuperar la confianza en el CIS pasa, ante todo, por reforzar su transparencia metodológica y su sometimiento a estándares comparables con los de otras instituciones estadísticas.

El organismo debería publicar de forma detallada los pasos intermedios que convierten la intención directa de voto en una estimación ponderada, así como los supuestos técnicos del llamado modelo bidimensional inercia-incertidumbre Alaminos-Tezanos (o de su evolución más reciente).

Del mismo modo, sería necesario revisar cómo (y con qué efectos) se incorpora el recuerdo de voto como variable de ajuste, dado que diversos análisis académicos han mostrado un impacto asimétrico entre bloques ideológicos.

Además, el CIS podría contrastar sus resultados con modelos de validación estadística más abiertos, como los que aplican algunas instituciones internacionales (enfoques probabilísticos o técnicas de calibración basadas en grandes bases de datos, por ejemplo), que permiten comprobar la robustez de los márgenes de error y las estimaciones finales.

La creación de mecanismos de evaluación independiente, como auditorías metodológicas o comisiones externas, reforzaría también su credibilidad institucional.

Cabe matizar que las encuestadoras privadas como 40dB, Sigma Dos o GAD3 tampoco publican todos sus microdatos brutos, ya que sus estudios tienen carácter comercial y pertenecen a sus clientes o medios contratantes. Sin embargo, estas firmas no tienen la misma obligación institucional que el CIS, cuya financiación pública y condición de organismo estatal le exigen cumplir estándares superiores de replicabilidad, trazabilidad y transparencia.

En síntesis, el problema no es que otras encuestas sean más opacas, sino que el CIS, por su naturaleza pública, debería ser ejemplar en su apertura técnica. Reforzar esa transparencia, someter sus modelos a evaluación independiente y alinear su funcionamiento con los estándares del INE o Eurostat son pasos imprescindibles para recuperar la credibilidad del dato público y mantenerse como una herramienta de confianza, no de controversia.

Las estimaciones del CIS no son simplemente “equivocadas”: en varios niveles metodológicos y estructurales hay decisiones que favorecen sistemáticamente una desviación hacia la izquierda. No se trata necesariamente de manipulación deliberada, sino de un marco metodológico que no corrige sesgos conocidos.

¿Ocurre justo lo contrario en otros sondeos y barómetros que miden la intención de voto? Hay indicios claros de que así es, sin duda, pero la discusión que prima aquí es otra: para que una institución pública siga siendo útil y respetada, debe demostrar que su estimación política no obedece a intereses partidistas, sino a una lógica técnica transparente. Recuperar ese capital de credibilidad es tan importante como medir datos correctamente.

 Foto: El País, Wikimedia Commons.

Un año más, el Gobierno apunta a la recuperación de la “hucha de las pensiones”como símbolo de salud y sostenibilidad del sistema público. Según el Ejecutivo, el Fondo de Reserva alcanzará los 14.000 millones de euros en 2025, gracias en buena medida al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que añadirá unos 3.700 millones este año.

Sin embargo, el contraste con la realidad es contundente. A finales de febrero de 2025, el Fondo apenas superaba los 10.000 millones,el nivel más alto desde 2017, pero la relevancia de estas cifras cae por su propio peso cuando se comparan con el gasto en pensiones: 13.500 millones de euros al mes, según El Economista.

"No hay ni para pipas"

Así, mientras el déficit contributivo del sistema no deja de crecer —en 2023 alcanzó los 56.000 millones de euros, diez veces superior a la actual hucha de las pensiones—, y pese a que el MEI ayuda a reducir el desequilibrio, no lo resuelve. 

Este recargo vigente hasta 2032, pensado como un colchón para afrontar la jubilación de la generación "baby boom", resulta poco más que un “espejismo”, según apuntaba BBVA Research, al considerar que el debate público sobre su recuperación distrae de lo esencial: el déficit estructural del sistema.

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Desde la Seguridad Social, han sido más taxativos. El funcionario de jubilaciones Alfonso Muñoz lo resumía en Tiktok con la frase siguiente: “No hay ni para pipas”.

El economista Daniel Fernández, a su vez, compartía una comparación demoledora en la red social X: “Mientras el fondo se llena a razón de unos 3.000 millones de euros al año, solo el déficit del sistema contributivo (aquellos que cotizaron en su día y tienen derecho a pensión contributiva y aquellos que están pagando cotizaciones para las pensiones por derecho adquirido) es de 55.000 millones de euros.”

Además, las proyecciones añaden presión. El gasto en pensiones ya representa el 13,1 % del PIB, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que subirá hasta el 16,1 % en 2050, en un contexto de envejecimiento poblacional acelerado.

El relato oficial y la realidad

Lo fundamental no es el volumen que acumule la hucha, sino su capacidad real de sostener un sistema que demanda cada vez más recursos. Los 14.000 millones previstos para 2025 no bastan para garantizar el futuro de las pensiones, ni mucho menos para corregir un déficit de más de 50.000 millones anuales.

La imagen de la hucha como símbolo de seguridad no es nueva. El Fondo de Reserva se creó en el año 2000 y llegó a acumular más de 66.000 millones de euros en 2011, su máximo histórico. Sin embargo, la crisis económica y la presión del gasto hicieron que prácticamente se vaciara en la década siguiente, hasta quedarse en apenas 2.000 millones en 2019.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también planteó una serie de predicciones —excesivamente optimistas— al inicio de la última legislatura, que informaba sobre el objetivo  de alcanzar los 80.000 millones de euros en 2035 y casi los 140.000 millones en la hucha de cara a la década siguiente. 

Unas predicciones que algunos medios, como El Confidencial, tildaron de trampantojo político, atendiendo al endeudamiento paralelo del Ejecutivo en otras líneas de crédito.

En definitiva, la hucha de las pensiones puede dar titulares optimistas, pero es más un símbolo político que un instrumento eficaz. El verdadero reto sigue intacto: cómo asegurar la sostenibilidad de un sistema que afronta la jubilación masiva de los boomers con menos cotizantes y más gasto que nunca.

El PSOE trabaja por recuperar su apuesta de abolición de la prostitución, tal y como reflejó recientemente en la convención política celebrada en A Coruña. Pese a ser un tema aprobado por el partido hace tres años, el informe ‘Impulso de País’ contempla la necesidad de concienciación colectiva en contra de la prostitución y de la explotación sexual.

De igual modo, el Ejecutivo de Sánchez quiere retomar su proposición de ley contra el proxenetismo, presentada durante la pasada legislatura y que se fue postergando y diluyendo como consecuencia de la convocatoria de las elecciones generales. Este movimiento se suma a la iniciativa del pasado verano de 2023, en la que el Gobierno anunció sanciones de hasta 100.000 euros para aquellas webs que publicitasen anuncios de connotación sexual.

Los datos de España son realmente preocupantes, pues sigue liderando el consumo de prostitución. Los expertos cifran que en el país la ejercen actualmente entre 45.000 y 150.000 personas, mientras que la ONU señala que el 39% de los hombres adultos en España admiten haber pagado por sexo, siendo uno de los países que más consume en Europa.

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El Gobierno ha cortado el acceso a las webs de anuncios de prostitución como Slumi y Destacamos: las trabajadoras sexuales no están contentas

Todo ello es como consecuencia de la falta de una ley estatal capaz de regular la prostitución, lo que ha generado una amplia disparidad de ordenanzas municipales por parte de los diferentes gobiernos locales. De salir adelante la propuesta de ley del PSOE, contando con el apoyo del PP, aunque con el rechazo de los Comunes, supondrá la modificación del artículo 187 del Código Penal. De este modo, se castigará de forma general el proxenetismo, sin exigir relación de explotación.

Con el nuevo cambio normativo, se impondría un castigo de prisión de 3 a 6 años y una multa de 18 a 24 meses a quien, empleando la violencia, intimidación o abusando en condición de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima determinase a una persona a ejercer o a mantenerse en la prostitución.

La nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha mostrado contundente en este aspecto y ha reseñado que es un aspecto prioritario en la agenda del gobierno socialista. Pues el objetivo no es otro que ofrecer una vida digna alternativa a las más de 60.000 mujeres que se encuentran actualmente en situación de prostitución en España, muchas de ellas inmigrantes y en situación residencial y laboral ilegal.

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El negocio de la prostitución en España: estas son las escandalosas cifras que esconde

Al igual que en aquella ocasión, los Comunes son partidarios de defender un planteamiento que regule la prostitución, en lugar de abolirla, reconociendo los derechos de las trabajadoras sexuales que voluntariamente quieren ejercerla.

Antecedentes en Europa

Suecia y Francia son dos claros exponentes de países del viejo continente en los que se sanciona económicamente la prostitución. Desde que entrase en vigor el 13 de abril de 2016, Francia ha ido imponiendo multas que van desde los 1.500 a los 3.750 euros (en caso de reincidencia) para los clientes de prostitutas. No obstante a ellas se las dejó de penalizar por ejercer.

En el caso de Suecia, el país nórdico es pionero en medidas y sanciones para abolir la prostitución. Hay que remontarse al año 1999 para ver una normativa que entró en vigor y que penaliza con un año de prisión al cliente y que considera a la mujer como una víctima de violencia de género.

En el año 2009, Noruega copió la norma sueca, considerando la prostitución como un delito e imponiendo multas de hasta 25.000 coronas (3.164 euros). Islandia también ha penalizado a los clientes sexuales con multas económicas. En Hungría la prostitución es ilegal y se penaliza, especialmente, a la meretriz si la ejerce en zonas protegidas. Ellas se enfrentan a multas o incluso la cárcel. El cliente solo es sancionado si acepta los servicios de una menor.

La situación de España

Mientras se analiza la posibilidad de que entre en vigor la nueva normativa de abolición definitiva de la prostitución que plantea el PSOE, hay ciudades que ya la sancionan. Albacete, desde el año 2015, establece sanciones entre 121 y 3.000 euros, aplicándose la multa máxima cuando las prácticas se llevan a cabo a menos de 500 metros de zonas residenciales, centros educativos o sanitarios. No obstante, desde 2022 se modificó la norma para adoptar una postura abolicionista similar a los países nórdicos.

En la Comunidad Valenciana existe un modelo de ordenanza abolicionista que sanciona a los clientes y proxenetas con hasta 3.000 euros, siendo los ayuntamientos de Albal y Quart de Poblet, pioneros en este sentido. En Alicante se imponían multas de hasta 750 euros, aunque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) anuló la ordenanza al no contar con un informe de impacto de género obligatorio. En Valencia se inluyen sanciones en su ordenanza sexual que van hasta los 2.000 euros.

En el caso de Barcelona, desde el año 2005, comenzó a sancionar a prostitutas y clientes, siendo pionera a nivel nacional. Las medidas contemplan sanciones económicas para los clientes que van desde los 750 a los 3.000 euros. Por su parte, Bilbao, contempla desde 2010 sanciones por llevar a cabo la prostitución en espacios públicos y zonas próximas a colegios y residencias con cantidades hasta los 3.000 euros.

Por último, Andalucía presenta diferentes enfoques. Sevilla considera la prostitución una de las manifestaciones más extremas de violencia de género y sanciona únicamente a los clientes con multas que van hasta los 3.000 euros. No obstante, Málaga y Granada presentan un enfoque más amplio y también persiguen a las prostitutas. En Granada la norma impone sanciones de hasta 3.000 euros si se ejerce en lugares próximos a menores de edad y en Málaga hasta los 1.500 euros.

En España queda un largo camino por hacer, que comienza en poner de acuerdo a los grupos políticos para sacar adelante esta nueva normativa del Ejecutivo de Sánchez con la que se pretende abolir, de una vez por todas, la prostitución en España y castigarla con multas cuantiosas a quienes la consuman.

El lema de la campaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid que ha trascendido y que ha impregnado al resto de fuerzas políticas has sido el elaborado por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso: Socialismo o Libertad.

Dada la imposibilidad de implantar el socialismo en la Comunidad de Madrid, se trata de un reduccionismo que puede ser eficaz como eslogan, pero tiene una mirada más profunda para identificar qué modelos se confrontan para proteger o no el derecho de los madrileños a poder desarrollar sus planes de vida sin verse interferido por terceros.

Al final se pretende vincular aquellas posiciones que amplían ese los derechos individuales de los ciudadanos junto al lema "Libertad" frente a aquellas que los reducen bajo el lema "Socialismo". Siguiendo con esta definición, veamos cuáles son las posiciones de los programas económicos de las fuerzas con posibilidades de sacar resultados en la Asamblea de Madrid: Partido Popular, PSOE, Más Madrid, Ciudadanos, Vox y Unidas Podemos.

Libertad o Socialismo en impuestos

La Comunidad de Madrid establece un gasto público del 9% sobre su PIB, mientras que la media nacional se encuentra en el 17,5%. Madrid puede presumir de un modelo de amplia libertad económica, con una baja influencia de la administración intermedia en la presión fiscal.

Fijémonos por ejemplo en el IRPF. Para salarios brutos de 20.000 euros se pagaría por IRPF 2.269,46 euros, para los que alcanzaran 70.000 euros se elevaría hasta los 18.835,18 euros, ambos casos el segundo pago más bajo por detrás del País Vasco. Los salarios brutos de 160.000 euros alcanzan un pago de IRPF de 59.669,16 euros, el pago más bajo en España.

Las propuestas que se enmarcan bajo el paraguas de la libertad, en este caso libertad fiscal, las proponen Partido Popular y Vox. Ambos están de acuerdo en que hay que bajar impuestos, lo que podría suponer una rebaja recaudatoria que, en un marcó de estabilidad fiscal, debe ser compensada por la disminución del gasto público.

En este caso, en ese eje de "Libertad", el Partido Popular y Vox que pretenden, ambos, bajar medio punto del IRPF en todos los tramos y los populares proponen ampliar la bonificación del impuesto de Donaciones y Sucesiones entre tíos y sobrinos (del 10% al 20%) y entre hermanos (del actual 15% al 25%).

PSOE y Ciudadanos podrían entrar en ese esquema de "Libertad" pero con matices, ya que ambas formaciones coinciden en no subir impuestos en la Comunidad de Madrid. Pero, en el caso del PSOE, hay que decir que desde Moncloa presionan para armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que, en la práctica, supondría una subida para los madrileños. Por su parte, la formación naranja propone el fin de ese impuesto que ya está ampliamente bonificado en la autonomía.

Alejándose de la libertad, y acercándose al "Socialismo" veríamos a Más Madrid y Unidas Podemos. Se pretende dejar de bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio para quienes disfruten de un patrimonio de más de un millón de euros, dejar de bonificar el impuesto Sucesiones y Donaciones, crear impuesto a las viviendas vacías y subir el IRPF hasta el 27% a las bases liquidables superiores a 150.000 euros. Todo no es socialismo en materia de impuestos, algo de libertad podemos encontrar, coinciden con Partido Popular y Vox en bajar medio punto a las rentas bajas, en este pasar el tipo medio autonómico del 9% al 8,5% en el primer tramo (hasta 12.450 euros).

Vivienda y el socialismo de planificar la oferta

La vivienda es uno de los problemas de la Comunidad de Madrid. Según los datos aportados por el portal idealista, en el cuarto trimestre del 2020, el precio del metro cuadrado de la oferta residencial es de 2852 euros, máximos en los últimos doce años.

Las formaciones políticas suelen tener un sesgo planificador por parte del mercado de la vivienda, asumiendo que hay que dirigir el mercado de la vivienda, la libertad tiende a brillar por su ausencia. Incluso Vox, que propone liberalizar todo el suelo que no esté especialmente protegido, añade seguidamente: Construcción de viviendas sociales para garantizar que los jóvenes y familias puedan tener un hogar.

Nadie está dispuesto a deshacerse liberalizar plenamente el suelo en la Comunidad de Madrid y neutralizar la oferta de vivienda pública en favor del sector privado. El Partido Popular apuesta por el Plan “VIVE MADRID”, promoviendo la construcción de hasta 25.000 viviendas en suelo público. Desde Ciudadanos, se dice que entre las nuevas promociones, nos aseguraremos de destinar un número suficiente a la vivienda pública en alquiler.

El PSOE propone 15.000 nuevas viviendas públicas para el alquiler social o asequible y garantizará por Ley que ningún ayuntamiento de la Comunidad de Madrid podrá vender viviendas públicas a fondos de inversión. La izquierda se suma al carro de la planificación más allá de la oferta pública de viviendas como Más Madrid que propone las promociones de nueva vivienda tendrán que destinar el 30% de los pisos construidos en zonas urbanas a vivienda en alquiler social y asequible. Una medida que supone rebajar la rentabilidad de construir viviendas y por lo tanto, supone todo lo contrario a cultivar la oferta.

Por parte, desde Unidas Podemos apuesta el control de los precios. Específicamente, los precios de los alquileres para que la renta mensual no supere el 30% de los ingresos medios de los hogares de la zona donde se ubique el inmueble. Elaborar un índice público de precios de referencia para el alquiler.

El modelo de libertades ante la gestión del covid

Dentro del ámbito español, los últimos datos de la Comunidad de Madrid reflejan que no ha sido la peor comunidad autónoma en materia de la gestión del covid, a pesar de un nivel de restricciones notablemente menor. Para ello utilizaremos la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. La Comunidad de Madrid ha sumado hasta la fecha 249 muertes por 100.000 habitantes, una relación que queda por debajo de: Castilla y León (449 muertes), Cataluña (286 muertes) y Aragón 257 (muertes).

Estos datos requieren una matización previa y es que 130 muertes por 100.000 habitantes se produjeron en la primera ola, en el momento que las competencias estaban en el Gobierno de Sánchez. De hecho, en la segunda y tercera oleada las cifras quedaron alrededor de 40 muertos, en ambos casos por debajo de la media nacional.

El Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos se ha caracterizado por un nivel de restricciones mucho más laxas a pesar de que la incidencia acumulada de la región estuviera mucho más alta que en otras partes de España. Otros grandes núcleos poblacionales de Europa como Londres, con uno de los confinamientos más estrictos, lo mantuvo todo cerrado, al igual que París, Berlín y Atenas.

Aunque tanto los grandes almacenes como las pequeñas tiendas han tenido restricciones de capacidad, las tiendas están abiertas hasta las 9:00 pm. Por otro lado, en lugares con confinamiento más estricto, como Londres, Berlín, Lisboa o Atenas, solo abrieron tiendas para productos básicos, como supermercados. En Bruselas, las tiendas están abiertas hasta las 8:00 pm. En París y Roma, los centros comerciales han sufrido las restricciones.

Sin embargo, si compramos la Comunidad de Madrid con las grandes regiones europeas, no se sitúa en una posición cómoda. Con la región de Lacio, capital Roma, va muy por delante, ya que suman 128 muertes por 100.000 habitantes. Lo mismo sucede con la Isla de Francia, capital París, con 151 muertos y alejada de Berlín con 87 muertes por 100.000 habitantes.

En este Gobierno de contradicciones y pensamientos diferentes, por los dos miembros que lo forman, ha llegado hasta el nivel que no se ponen de acuerdo por qué no ven con buenos ojos que IFM realice una OPA (Oferta Pública de Adquisición) para comprar acciones de Naturgy.

Por una parte, la Ministra Montero dice que hay que analizarla y estudiarla con detenimiento y, por otra parte, el otro partido del Gobierno, Podemos, dice que va contra el interés general de los usuarios.

IFM ha decidido que se quiere reunir con el Gobierno para explicar los diferentes planes que tiene con esta OPA a Naturgy.

El Gobierno se resiste que Naturgy este en más fondos internacionales

El Gobierno del PSOE y Podemos no ve con buenos ojos la OPA (Oferta Pública de Adquisición) que ha presentado el fondo IFM para hacerse con el control de casi la cuarta parte de la empresa Naturgy.

IFM quiere comprar el 22 por ciento de la empresa Naturgy, pero esto va ser contraproducente para la propia empresa, ya que reducirá su ‘free float’ en bolsa (cantidad de acciones en circulación de una sociedad cotizada que se encuentran disponibles para su compra a través del mercado).

Lo malo de esto que la empresa Naturgy ya está controlada por 2 fondos internacionales, y si entra IFM en su accionariado, pues ya serían 3 fondos internacionales serían los que controlan la empresa.

El Gobierno tiene el as de permitir o no la aprobación por ley

El Gobierno, y más concretamente la Ministra de Hacienda, quiere estudiar bien la operación de OPA de IFM para entrar a Naturgy. Se debe de estudiar la OPA, ya que la normativa española limita de forma expresa las ofertas realizadas sobre empresas de sectores estratégicos en España.

Por tanto, en cuestión de está operación de OPA el Gobierno va a tener la última palabra, ya que Naturgy es una de las empresas más importantes en España a nivel energético y por tanto a nivel estratégico.

El Gobierno hizo, ya un tiempo, un cambio en la legislación para la compra de participaciones superiores al 10 por ciento en empresas que se consideran de sectores estratégicos, ya que necesitaban el análisis y la aprobación para que se pudieran realizar.

De momento, IFM no ha presentado ningún plan al Gobierno de cuáles van a ser sus intenciones respecto a la OPA (Oferta Pública de Adquisición) de Naturgy y claramente IFM debe dar el paso.

La ley de sectores estratégicos está hecha para que no entren fondos extranjeros

El Gobierno tomo la decisión de cambiar la legislación de la adquisición de empresas de sectores estratégicos para intentar proteger a estas empresas de posibles OPAs hostiles de la competencia y evitar así que se crearán monopolios o oligopolios que son perjudiciales para los usuarios.

Por tanto, parte se podría dar el caso que está OPA fuera por parte de fondos extranjeros, como es el caso de Naturgy, y que fuera contraproducente para el usuario de ese sector estratégico, o, en definitiva, de otros inversores que tuvieran razones de especulación sin contar con los intereses comunes.

Podemos se niega a la entrada de IFM en Naturgy

La otra parte de Gobierno, Podemos, cree que la OPA (Oferta Pública de Adquisición) de IFM para entrar en el accionariado de Naturgy poco le va a ayudar al interés general de los consumidores de la energética.

Como es de todos es sabido, el planteamiento de Podemos es que exista empresa pública que ofrezca energía tanto eléctrica como de gas para los usuarios. Recordemos que en Barcelona, ciudad gobernada por unas de las coaliciones de Podemos, se ha intentado lanzar un proyecto de empresa pública de electricidad renovable ( Barcelona Energía ).

Podemos siempre ha considerado que es necesario contar con una empresa pública de energía para ser muchos más eficaces a la hora de asegurar el suministro a todos los ciudadanos.

Claramente, IFM no tiene como prioridad lo que tiene en mente Podemos y ni garantizar que Naturgy esté al servicio del bien general de los ciudadanos.

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Imagen | Naturgy

Se cumple el primer año de este Gobierno de coalición que integran PSOE y Unidas Podemos, un año de grandes dificultades de gestión por el azote de una pandemia global que ha hundido la actividad económica mundial.

El reto era importante y debía generar una respuesta política de calado, liderado por un Gobierno que ha sido incapaz de tener Presupuestos este año y ha ido improvisando sobre la marcha. Una falta de prevención que nos ha llevado a situarnos entre los países con la peor relación entre muertes por pandemia y caída de la actividad económica.

Si hablamos de hacer un balance, en el primer año de este Gobierno han llevado a una caída récord del 12,8% del PIB (dato proyectado por el FMI) líder entre los países de la OCDE y un total de fallecidos de 50.837 personas víctimas del coronavirus en 2020.

Esta cifra, aunque oficial, no sería del todo correcta porque tenemos una desviación de poco más 70.000 fallecidos frente a la proyección de fallecidos este año, que se concentran esencialmente en la primera ola de la pandemia, en la que la gestión quedaba en manos del Gobierno central, el Gobierno de Sánchez. No hay país que haya visto un exceso de mortalidad como España.

El Gobierno suspende tanto en resultados económicos como en eficiacia en combatir la pandemia. Eso no significa que se haya quedado de brazos cruzados y no haya tomado medidas en este año.

El Gobierno se ve a sí mismo como el protector de la economía, y argumenta que de las líneas ICO han avalado a 578.000 empresas. Al mismo tiempo, argumenta que se ha enfocado el diseño de planes específicos para el sector turístico, el agrario, la automoción, la hostelería, la cultura, el sector financiero y energético.

Es cierto que se han diseñado planes específicos, la pregunta que deberíamos hacernos si han dado o no resultados. Según los datos, del Ministerio de Trabajo, en diciembre teníamos inscritas en la Seguridad Social, 1.295.656 empresas, lo que ha supuesto frente al diciembre de 2019 perder 44.759 empresas.

Llama la atención que desde el Gobierno se hable de planes específicos destinados a la hostelería ya que, no solo han sido señalados como catalizadores de la expansión del Covid-19 sino que en consecuencia han aplicado una regulación abusiva para impedir los ingresos pero, a su vez, dando una mínima alternativa de ingresos para que no pueda solicitar el cese extraordinario de actividad y por lo tanto, la prestación derivada.

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La hostelería asfixiada reclama ayudas para evitar la sangría

Según Competur, se han cerrado en España 65.000 establecimientos hosteleros, y otros 100.000 están en peligro, con una caída del 50% de la facturación.

También se ha llevado a cabo medidas de flexibilización del pago y exenciones, reducciones y bonificaciones en materia de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Esta medida contrasta con bajadas de impuestos de otros países, pero contaban con una situación presupuestaria más consolidada que la española ya que en 2019 Sánchez quebró la senda de reducción del déficit y ha menguado el margen de actuación.

Los números del mercado laboral son los peores de Europa. El desempleo se ha visto incrementado en un 23%, lo que se traduce en 724.500 personas, hasta alcanzar los 3.888.137 parados.

Si bien el sector empresarial experimentó serias dificultades en 2020 y el desempleo está en auge, el Gobierno se ha vanagloriado del llamado escudo social. Unas medidas orientadas destinadas a ofrecer una renta para las víctimas de la crisis. En este ámbito, se ha impulsado el Ingreso Mínimo vital, la protección frente a los desahucios o frente a los cortes de suministros son otras de las más recientes y la extensión de los ERTES, que dieron protección a 3,4 millones de trabajadores.

No obstante, no es lo mismo reconocer una prestación que pagar una prestación. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), apuntan en su último barómetro que el SEPE tiene más de 200.000 trabajadores sin ingresos, unos 300.000 personas siguen sin cobrar las nóminas procedentes de los ERTE y existen problemas de errores en liquidaciones de 500.000 trabajadores.

El relativo éxito: viene el dinero de Europa pero condicionado

Las principales magnitudes de esta crisis apuntan a España como uno de los más afectados por la crisis, pero vendrán las ayudas de Europa. De hecho, en los Presupuestos de 2021 (los primeros desde que Sánchez llegó a Moncloa) se contabilizan parte de los dineros europeos.

En este caso España aportaría 16.543 millones a la UE y le entrarían 22.318, por lo que el saldo neto le quedaría en positivo, 5.775 millones de euros.

Para ponernos en contexto, el pasado 21 de julio se acaban al alza el acuerdo histórico en el seno del consejo europeo que suponía movilizar 750.000 millones de euros en transferencias y préstamos a la inversión y financiados con deuda comunitaria.

A España le correspondían 140.000 millones de de euros procedentes de europa, pero el éxito de la negociación es que 72.700 serían a fondo perdido con ayudas directas en los próximos años y, por lo tanto, no se imputarían a la deuda de España.

El Gobierno había propuesto en la negociación que el dinero viniera gratis y que se destinará a realizar inversiones Verdes y la Transición Digital del país, pero no... no es una ayuda sin más. Se trata de una ayuda condicionada con reformas encaminadas para favorecer el crecimiento y el empleo que vienen dictadas por las recomendaciones periódicas que establece la Comisión Europea. Y, a medida que se vayan cumpliendo las reformas, se iría entregando el dinero.

Este año se presenta nefasto para la economía española. Con un cuadro económico que según el Gobierno proyecta una caída del PIB del 11,2 %, un desempleo del 17,1% y un déficit público del 11,3%.

Ya se da por perdido y toca poner los ojos próximo año. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene el objetivo de conseguir aprobar sus Presupuestos, porque aún mantenemos los Presupuestos del Gobierno del Partido Popular y, en los últimos 2 años, Sánchez ha sido incapaz de promover los acuerdos necesarios.

Ayer el Consejo de Ministros del Gobierno de coalición presentó el Proyecto de Ley Presupuestos Generales del Estado que quiere sacar adelante. Unas cuentas que tratan de vender con diferentes banderas: No a la austeridad y el mayor gasto público de la historia, con especial hincapié en el gasto social con ayuda de los fondos europeos.

El mayor gasto social jamás visto

El primer titular que se recoge de los Presupuestos de 2021 es que integran el mayor gasto social de la historia con 239.765 millones de euros, un 10,3% más. Si no se tienen en cuenta los fondos europeos, el gasto social también crece un significativo 6,2%. Este titular esconde unos matices en el momento de valorar la evolución del déficit público en el futuro.

Y es que a pesar de que el PIB de 2021 será inferior al de 2019 y, por lo tanto, existirá un deterioro importante de la recaudación, no hay política consolidada que verá decrecer su importe total frente al 2020, todas suben, parece la utopía de "lo público".

El principal tema en los Presupuestos siempre son las pensiones. En este caso, se pretende su revalorización de un 0,9 conforme al IPC real que permitirían a los pensionistas no perder poder adquisitivo mientras que las no contributivas se elevarían 1,8%. En términos de gasto social, significa una subida en la partida de pensiones del 3,2% hasta los 163.297 millones de euros.

La partida del desempleo también sube porque el próximo año partiremos de un desempleo por encima del 17%. Si en 2020 se han proyectado una movilización de 20.820 millones de euros, para el próximo año, los Presupuestos contemplarán llegar a los 25.012 millones, lo que supone un incremento del 20,1%.

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La EPA deja un tercer trimestre desolador para el empleo en España

Los fondos europeos presupuestados ascienden a 26.634 millones de euros. De éstos, directamente a financiar el gasto social se utilizarían cerca de 8.900 millones.

Los fondos europeos no se dirigen a pensiones, otras prestaciones económicas o bien el desempleo, sino que van directas a financiar otras partidas del gasto social como los Servicios Sociales y Promoción Social (1.167 millones), Fomento del empleo (1.194 millones), Acceso a la Vivienda el Fomento de la Edificación (1.651 millones). Las otras grandes partidas sociales, Sanidad, Educación y Cultura, reciben 2.945 millones, 1803 millones y 200 millones respectivamente.

El resto de recursos europeos tienen como objetivo apoyar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que persigue dotar de recursos para la transición ecológica, la digitalización de la economía, entre muchas otras cuestiones.

Impuestos, más impuestos pero no los suficientes

El plan de este Gobierno también persigue obtener más recursos. De hecho, se valora un incremento tributario del 13% en 2021. El problema está en los detalles y es que el año de referencia es 2020 en el que Hacienda estima actualmente que verá una contracción de ingresos del 5,6%. Viendo que las cifras de ingresos y gastos públicos se han alejado entre sí, el Gobierno quiere apuntar hacia subidas de impuestos.

Por un lado, en materia de IRPF, veríamos una subida de la base imponible general de 2 puntos para las rentas de trabajo superiores a 300.000 euros. Además, para las rentas del capital, se verá una subida de 3 puntos para importes superiores a los 200.000 euros. El gobierno esperaría recaudar 491,4 millones de euros adicionales,

En cuanto al Impuesto de sociedades se limitará al 95% la actual exención del 100% por plusvalía o dividendo generado por las filiales, una medida que afectará a 1.739 empresas, un 0,12%.

Por otra parte, el Impuesto sobre el patrimonio tendrá vigencia indefinida y se incrementa en un punto, del 2,5 al 3,5%, el gravamen del último tramo, que es el que está por encima de los 10 millones de euros.

Los planes de pensiones también se ven modificados. El límite conjunto de reducción entre el partícipe y la empresa subiría 8.000 a 10.000 euros para comentar el ahorro a largo plazo en el ámbito laboral, pero quedaría limitado en las aportaciones máximas a planes individuales con una reducción de 2.000 euros. No es una medida para 2021 sino para 2022 que se recaudaría 580 millones.

En último lugar, hay que hablar de impuestos indirectos. Las bebidas azucaradas y edulcoradas pasarán de tener un IVA del 21%, se ha propuesto la supresión de la bonificación fiscal del diésel, de forma que el tipo estatal general del gasóleo pasará de los 30,7 céntimos por litro actuales a 34,5 y, por primera vez en más de 20 años, se modificaría el impuesto sobre primas de seguros, el gravamen actual pasaría del 6% pasará a ser del 8%.

Con ese ataque frontal a los "ricos", limitando las excepciones a las grandes empresas y atacando al IRPF de los ricos, se recauda poco más de en nuevos impuestos 600 millones, el resto, para llegar a los 1.862, el ciudadano de a pie.

¿Cómo quedaría el déficit público? ¿Es el fin de la época neoliberal?

Según lo que relatan las cuentas presentadas, en 2021, las Administraciones Públicas sumarían un déficit del 7,7% del PIB. Debido a que la Administración Central asumiría su propio déficit más 1,7 puntos del déficit de la Seguridad Social y 1,1 puntos de las Comunidades Autónomas, la distribución quedaría de la siguiente manera:

• Administración Central: -5,2%
• Comunidades Autónomas: -1,1%
• Corporaciones Locales: -0,1%.
• Seguridad Social: -1,3%

No obstante, conviene empezar a hacer algunas matizaciones importantes. Y es que el gobierno de Pedro Sánchez que ha tenido que revisar en numerosas ocasiones sus expectativas de crecimiento económico a la baja, para el 2021 proyectan un crecimiento del 9,8%.

Se trata de un escenario que podríamos calificar de excesivamente optimista. En primer lugar, se reducirían 3,6 puntos de déficit de un año a otro, un hecho del todo sorprendente. Además, teniendo en cuenta que en la última revisión del FMI publicada en octubre, se estima un crecimiento de la economía española es del 7,2%, por lo que existe una asombrosa diferencia 2,6 puntos de crecimiento entre ambas proyecciones.

Si las estimaciones del FMI son más acertadas que las realizadas por el propio Gobierno, el déficit público quedaría lejos de 7,7% que asegura el Gobierno, ya que la variable PIB sería más reducida. Por ahora el papel lo aguanta todo.

Además, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, citaba que estos Presupuestos suponen inaugurar una nueva época que deja atrás la etapa neoliberal de austeridad y los recortes. Dejando atrás la relación semántica que el vicepresidente emplea en estos conceptos ¿Cuál es la estrategia? ¿Negarse a la estabilidad presupuestaria y recurrir a un déficit continuado eternamente que siga inflando los niveles de deuda pública? ¿Qué el BCE nos financie a través de QE para poder refinanciar la deuda? ¿Y todo ello, sin que haya consecuencias?

En esta etapa de crisis, se apuesta por más recursos, es cierto. Pero también sucedió en 2009, que el total del gasto público de la Administración Central se incrementó en 35.000 millones, y en 2.000 millones para 2010. El problema es que cuando uno gasta lo que no tiene, hay que pedir prestado. Y si un emisor de deuda nunca cuadra las cuentas, tarde o temprano los inversores, ante la incertidumbre de los flujos, dan la espalda a esa deuda porque carece de garantías. Es en ese punto, si no se quiere ir al impago de la deuda, empiezan los mayores impuestos y los recortes del gasto público.

El Gobierno durante esta semana ha establecido los límites del gasto del plan presupuestario para dar respuesta a la crisis del coronavirus aprobando un aumento del techo del gastos de más del 53 por ciento para el 2021, es decir, hasta llegar a los 196 mil millones de euros.

El incremento del techo del gasto incluye un actualización del 7,2 por ciento de los 127 mil millones de euros de este año y el aumento aumenta hasta casi el 30 por ciento cuando se incluyen lo que se espera ingresar por las ayudas de Europa, pero aunque incluir las nuevas transferencias para apoyar a las comunidad autónomas y la Seguridad Social para llegar al 53 por ciento.

El Gobierno decide anular el techo de gasto

El presupuesto del 2021 busca cambiar las base del modelo económico de España. El Gobierno ha dejado suspendidas las reglas fiscales durante el 2020 y 2021, después que desde la Comisión Europea aprobaran los objetivos de déficit.

Una vez anulado el techo del gasto o senda fiscal, el Congreso de los Diputados es informado del techo de gasto pero no puede pronunciarse sobre este. Por otra parte, se suspenden las reglas fiscales pero no se van a suspender la responsabilidad fiscal del Gobierno ni de las administraciones públicas.

El Gobierno en 2021 iniciará el proceso de toma de medidas para reconducir las cuentas públicas y no lo quieren hacer a través de recortes. Si el Gobierno no quiere hacer recortes, las correcciones se harán a través de un incremento de los impuestos.

El Gobierno asumirá la carga del déficit

El Gobierno estima que el déficit aumente del 2,8 por ciento al 11,3 por ciento durante este año y se reduzca al 7,7 por ciento durante el 2021. El Gobierno ha establecido que desde las cuentas públicas centrales se cargará con el mayor déficit al asumir la fiscalidad de las comunidades autónomas y la caja de pensiones a través de transferencias.

Hacienda permitirá a las comunidades autónomas que dispongan de liquidez con una tasa de referencia del déficit del 2,2 por ciento que podrán superar y el Gobierno asumirá parcialmente en un 1,1 por ciento del PIB.

A su vez, está medida va a permitir que los ayuntamientos hagan uso de remanentes, que no pueden utilizar sin aprobar ingresos equivalentes dado el veto legal sobre el déficit.

¿Qué es y para qué sirve el techo de gasto?

El techo de gasto es un mecanismo que sirve para limitar el gasto de las Administraciones Públicas. De hecho, funciona como un freno para el gasto de las Administraciones Públicas y para protegerlas de los efectos cíclicos de la economía.

Es un instrumento recogido en la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) para garantizar que las Administraciones Públicas no disparen sus compromisos no financieros en época de bonanza y lo reducen en tiempos no tan buenos.

El Gobierno tiene que aprobar el techo de gasto junto con los objetivos presupuestarios de déficit y deuda pública antes de comenzar a elaborar los Presupuestos Generales del Estados. El límite de gasto se calcula, con carácter general, en el segundo trimestre del año y, en cualquier caso se debería establecer antes del 1 de agosto.

El techo de gasto es el paso previo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y en condiciones normales debe ser aprobado en el Congreso de los Diputados antes del 30 de julio del año anterior a las cuentas que se pretende aprobar.

Para calcular el techo de gasto el Gobierno debe contar previamente con un escenario macroeconómico que le ayude a calcular las necesidades económicas del siguiente año. Es decir, si todos los agentes económicos apuestan un crecimiento del PIB, el año siguiente, el Gobierno tendrá más margen para aumentar el techo de gasto porque previsiblemente un nivel similar de avance económico dejaría más ingresos.

El techo de gasto, a su vez, sirve para que las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las diputaciones puedan aprobar sus propias cuentas para el año siguiente. Es algo que solo pueden hacer una vez que el Ministerio de Hacienda imponga los límites correspondientes y los reparta a las diferentes administraciones.

Menos crecimiento y más gastos: ¿Es bueno para la economía subir el techo de gasto?

Este aumento del techo del gasto es consecuencia directa de la desaceleración de la economía causada por los efectos negativos que ha tenido y tiene la pandemia del coronavirus en España.

Con esto el techo de gasto se ha tenido que acompañar con una mayor capacidad de movimiento la economía de las Administraciones Públicas y, por tanto, flexibilizar más de lo esperado su capacidad de déficit.

Todas estas medidas están destinadas a poder cubrir las medidas sociales para los efectos negativos de las pandemia del coronavirus, pero es necesario generar ingresos adicionales, a parte de las ayudas de Europa.

A principios de año, el Gobierno presentó una ambiciosa reforma fiscal, sin embargo, por entonces la recaudación que establecía era mucho menor de lo esperado, y ahora claramente serían más que insuficientes.

Lo que espera el Gobierno es que la economía entré en una fase de reactivación, pero esta reactivación va a ser gradual y, por tanto, se debe conseguir minimizar los diferentes riesgos que pueden seguir de nuevos brotes del coronavirus a través establecer medidas.

La gran incertidumbre en la actividad económica mundial y concretamente en España, lo que está afectando de forma negativa al consumo de los españoles y a las inversiones que se realizan.

La crisis solo ha hecho que se afloren con más intensidad el poco crecimiento de la productividad española, los elevados nieves de paro estructural y la alta temporalidad, y la necesidad de hacer frente a las desigualdades, al envejecimiento y la transición hacia una economía mucho más sostenible que la tenía España.

Lo que ha hecho el Gobierno, y ya le indicó el Banco de España, que era necesario establecer a corto plazo políticas de expansión fiscal necesarias para hacer frente a la recesión provocada por el coronavirus, a medio plazo, se debe establecer un plan de reestructuración de las cuentas públicas que ayude a sanear las cuentas de España.

El Gobierno debe lucha a partir de ahora con un elevado nivel de deuda pública durante muchas décadas, y que la durabilidad del endeudamiento va a reducir los márgenes de actuación para hacer frente a problemas futuros, y así puede exponer la economía española a una situación de vulnerable y lenta capacidad de crecimiento.

En El Blog Salmón |Por qué el BdE le pide medidas estructurales al Gobierno

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El aumento del IRPF durante este año, fue uno de los primeros acuerdos en materia de impuestos que hizo la coalición de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno.

Después de estos meses más duros que se han sufrido por el coronavirus parece que la fórmula planteado del IRPF va a permitir pagar los gastos del coronavirus. El aumento del IRPF afectará tanto a los ahorros como la base general que se nos aplica en las rentas de trabajo.

EL Gobierno aumenta el impuesto para pagar los gastos del coronavirus

Este año ha sido uno de los peores debido a los efectos negativos que hemos sufrido por la pandemia del coronavirus y también en la subida de impuestos que los 2 partidos del Gobierno actual pactaron en su momento.

Este aumento en la presión fiscal es una de las muchas consecuencias que va traer el coronavirus para España, debido que el coronavirus ha aumentado exponencialmente los gastos y uno de las posibles vías para compensar estos gastos es el aumento de los impuestos.

Hay algunos impuestos que están en funcionamiento como la Tasa Tobin y otros impuestos que se han propuesto. En el caso del aumento del IRPF es más bien una aplicación que aún no están en funcionamiento pero se aplicará antes del 2020.

Por tanto, el objetivo principal es recaudar más, por una parte, y que las rentas más altas a quienes afecte el aumento del IRPF, por otra parte.

Aumento de las bases generales del IRPF en las rentas del trabajo

La subida del IRPF para este año se van a aplicar 2 tramos nuevos. Se tratan de dos tramos que van a servir para aumentar el tipo máximo marginal en la renta del 2020. Es decir, que tengan una renta superior a los 130 mil euros van a pagar más impuestos.

Los 2 tramos que se han creado nuevos para aumentar la presión fiscal en el IRPF:

• El primer tramo nuevo es del 47 por ciento para las rentas superiores a 130.000 euros e inferiores a 300.000 euros.
• El segundo tramo nuevo es del 49 por ciento para las rentas superiores a los 300.000 euros.

Con la incorporación de estos 2 nuevos tramos, la tabla de los tipos de retención por IRPF quedaría de la siguiente manera:

Aumento del porcentaje de la retención en el tramo más alto de los beneficios de los ahorradores e inversores

El aumento en las bases generales de las rentas, afecta tanto a las rentas del trabajo como a los ahorros e inversiones que realicemos durante el 2020, se añade al incremento del impuesto del IRPF para las inversiones.

También ha habido un aumento de la presión fiscal para los ahorradores y los inversionistas dentro del acuerdo de incremento fiscal del IRPF. En lugar de haber de nuevos tramos, lo que se ha planteado es aumentar el gravamen sobre el tipo que se aplicaba más alto.

Por tanto, la retención para los beneficios superiores a los 50.000 euros se incrementarán en un 4 por ciento, es decir, de la retención actual del 23 por ciento se va a pasar al 27 por ciento.

La tabla de los tipos de retención del IRPF para los beneficios de ahorros e inversiones quedaría de la siguiente manera:

Hay dudas que el Gobierno se atreva aplicar la subida del IRPF durante 2020

De momento, con la que está cayendo con el coronavirus no se tiene previsto hacer el aumento del IRPF, por tanto, se puede respirar, ya que de momento no se va aplicar, pero en los últimos meses del año, es decir, por el último trimestre, seguramente que se concreta este aumento.

Aquí la gran incógnita si el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos se va atrever a subir el IRPF durante el 2020, se va aplicar a medio gas durante este año o al final lo van a dejar para el 2021.

Lo que está claro que algún momento se aplicará, y más cuando las ayudas del fondo Europeo de recuperación no van a financiar el ingreso mínimo vital, ya aprobado y de aplicación el mes de junio.

En El Blog Salmón | Así va a afectar a la Seguridad Social y las pensiones la crisis del Coronavirus

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Uno de los objetivos más consensuados tanto por el PSOE como por Unidas Podemos, ambos socios del gobierno de coalición, es llevar el gasto público hacia los niveles de la media de la Eurozona, para que, según ellos, acceder al nivel de prestaciones sociales europeas.

Por supuesto, hay un lado escondido: para gastar en niveles relativos a los de la media europea, el sector público debe ingresar en sus mismos niveles. Y, por lo tanto, a no ser que se quiera incurrir en déficit de manera sostenida como iremos este año, para acceder a un gasto mayor el sector público debe ejercer una presión fiscal mayor.

Y es en este punto preciso en el que empiezan a surgir titubeos o definiciones poco exactas sobre cómo nos acercaríamos a los niveles recaudatorios de Europa. El lema más extendido es que serían los famosos ricos aquellos que nos harían alcanzar unos niveles de gasto público parecidos a Europa.

En El Blog Salmón

La presión fiscal de España: Una mala noticia para Hacienda, una buena para los contribuyentes

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Pero ¿es esto cierto? ¿Son los altos patrimonios o aquellos identificados con elevadas rentas aquellos que cubren el diferencial que existe entre el gasto público español y el europeo?

¿Cómo ingresa el sector público español?

De acuerdo con los últimos datos correspondientes al cierre de 2019, si evaluamos los ingresos totales relativos al PIB, podemos identificar cuáles han sido las fuentes de ingresos del sector público.

El año pasado, el Estado recaudó por ingresos impositivos el 22,27% del PIB, 277.317 millones de euros. Los ingresos impositivos se distribuyen en impuestos directos, un 10,81% del PIB con 134.652 millones euros (los impuestos sobre la renta y riqueza recaudan el 10,38% y los impuestos sobre el capital el 0,43%) y los impuestos indirectos, con el equivalente al 11,46% del PIB con 142.665 millones de euros.

Pero estos no son los únicos ingresos que recibe el Estado, también tenemos las cotizaciones sociales que suponen un peso del 12,89% del PIB y recaudan 160.533 millones de euros.

El resto ingresos que percibe el Estado qué incluyen las rentas de la propiedad y otros representan el 3,93% del PIB, 48.904 millones de euros.

En total, el Estado estaría ejerciendo una presión fiscal del 39,09% del PIB, consiguiendo recaudar 486.754 millones de euros para afrontar unos gastos de 521.949 millones de euros el 41,91% del PIB. La diferencia entre los ingresos y los gastos asumidos es el déficit público que el año pasado se incrementó desde el 2,53% al 2,82% del PIB.

Si queremos ser europeos nos espera un machaque fiscal a las clases medias

Si el objetivo de este gobierno es alcanzar un gasto público del 46,7% del PIB, de manera estructural, sin tener en cuenta el hundimiento de la actividad económica para el año presente y el elevado déficit público al que se incurrirá, no queda otra opción que machacar a los contribuyentes a través de los impuestos.

La pregunta es hasta qué nivel de presión fiscal deberíamos incurrir para hacer frente ese gasto público ansiado por el partido del gobierno.

El año pasado, vimos que la relación del gasto público frente al PIB español era del 41,9%, pero la Eurozona tiene un nivel de gasto relativamente mayor hasta alcanzar el 46,7% del PIB. Por lo tanto, tenemos 4,8 puntos de PIB de diferencia y a este gobierno le gustaría reducir de manera estructural y no por la coyuntura de mayor gasto público que se dará en un contexto de desplome del PIB.

A partir de aquí debemos de entender la diferencia recaudatoria existente, Por ello, nos compararemos con Europa específicamente el nivel de impuestos directos, impuestos indirectos y cotizaciones sociales en 2018 (último año disponible), en el que España recaudaba el 35,4% del PIB mientras que la Eurozona recaudo el 41,7%.

Nos encontramos con una diferencia de 6,3 puntos de recaudación, que traducido a euros equivale a 78.400 millones de euros. A partir de aquí, pensar que serán los ricos aquellos que sufraguen este importe es la mayor de las ingenuidades que pueda existir.

Lo cierto es que serían las clases medias aquellos que harían frente al diferencial existente de la recaudación. Repasamos los datos.

Nos encontramos con una diferencia de recaudación por los impuestos indirectos de 1,4 puntos de PIB. Es decir, en el IVA y el resto de impuestos indirectos deberíamos ser capaces de recaudar 17.420 millones de euros. De hecho, la diferencia no es tanto en el IVA sino en el resto de indirectos, ya que el gap con la principal figura impositiva es de solo tres décimas.

Los impuestos a las rentas de los hogares serían los principales damnificados. Si recaudamos, 7,8 puntos de PIB por impuestos directos deberíamos llegar a recaudar 9,5 puntos. Por lo tanto, necesitaríamos 1,7 puntos de PIB, para sumar a las arcas públicas 21.200 millones, que deberíamos imputar en la totalidad a los hogares españoles debido a que en los impuestos sobre beneficios empresariales ya recaudamos en los mismo parámetros de media europea, el 2,7% del PIB.

En último lugar, si miramos las contribuciones netas a la Seguridad Social, vemos la principal diferencia existente entre España y Europa. En España, se recauda el equivalente al 12,8% del PIB mientras que en la Eurozona se alcanza un peso del 15,2% del PIB. En otras palabras, sablazo a las cotizaciones sociales de 2,4 puntos de PIB para recaudar casi 30.000 millones de euros de los trabajadores españoles.

Pero ¿los ricos deberían pagar más?

No obstante, se tiende a utilizar a los ricos, una figura abstracta y poco definida, como aquellos que se harían cargo de financiar la diferencia ante el gasto público europeo, a través de mayores impuestos hacia ellos. En esta premisa, obviamente no se valora que tenga un efecto dinámico en el tiempo una medida de este calado a través de la expulsión de los grandes capitales.

Pero lo cierto es que en España, los llamados ricos, ya pagan más que en la media europea. En el siguiente gráfico de la OCDE, aparecen definidos los ricos como aquellas rentas altas por encima del 200% de la mediana. En España, junto a otros países como Australia, Israel, Portugal, el Reino Unido se posiciona entre los países cuyos "ricos" contribuyen en una porción mayor al sostenimiento de los ingresos públicos.

Esta diferencia se debe a la naturaleza altamente progresiva de los sistemas impositivos sobre la renta de estos países, en el que los ingresos superiores representan una alta proporción los impuestos finalmente pagados.

Curiosamente, si quisiéramos parecernos más a Europa las rentas altas deberían, en términos relativos, contribuir menos, y ser las rentas medias y bajas aquellas que soporte toda la subida impositiva que se plantea para alcanzar el gasto público europeo.