La desconexión entre la alta demanda de reformas y la drástica caída de jóvenes dispuestos a mancharse las manos anticipa un serio desafío para el sector de la edificación. La clave está en que las viviendas no se van a levantar con robots ni con inteligencia artificial, por lo que la falta de relevo amenaza la oferta inmobiliaria y los costes de mantenimiento del hogar. En una economía donde la inflación aprieta el bolsillo de los consumidores, este oficio vive una paradoja: hay empleo y buenos salarios, pero faltan brazos.

De las telecomunicaciones al andamio: el reto del relevo generacional

Santiago Carpintero es un joven de 22 años que rompe los moldes estadísticos del mercado laboral actual. Hijo de albañil, aprendió de su padre el valor del esfuerzo y la pasión por la obra, un espacio donde asegura llevar "toda la vida". Aunque estudió un grado medio de telecomunicaciones, al terminar admitió a su familia que su verdadera vocación era la albañilería, una profesión en la que ya acumula cinco años de experiencia de forma profesional. Desde pequeño acompañaba a su progenitor y, según recuerda de manera distendida, más que ayudar, estorbaba un poco, pero le encantaba.

Tal y como recoge la información original publicada por Clarín, la falta de interés de las nuevas generaciones por este sector responde a un cambio de mentalidad cultural. El propio Carpintero señala que la juventud descarta estas opciones "porque ahora todo el mundo quiere estudiar y tener un trabajo cómodo. No quieren ensuciarse las manos. Aunque se paga bien, prefieren estar en una oficina con aire acondicionado. El día de mañana va a hacer mucha falta mano de obra, y no la vamos a tener".

Desde hace un par de años, el joven comparte su día a día y ofrece consejos prácticos para el hogar en redes sociales bajo el pseudónimo de El albañil de TikTok. Este proyecto en plataformas digitales arrancó por pura casualidad tras grabar un plato de ducha de piedra construido junto a su padre; el vídeo acumuló dos mil visitas en solo veinticuatro horas y desde entonces no ha dejado de subir contenido.

Las cifras de la obra: salarios competitivos frente al mito de la precariedad

Existe un arraigado mito de que las profesiones manuales pertenecen al pasado y carecen de atractivo financiero. Sin embargo, los datos económicos del sector desmienten esta percepción. De acuerdo con el testimonio de Carpintero, "mucha gente piensa que no ganamos mucho hasta que les pasás el presupuesto".

La realidad del mercado muestra tarifas competitivas: en la actualidad, un peón puede ganar entre 1.500 y 1.600 euros al mes, mientras que un oficial percibe una nómina que oscila entre los 1.800 y los 2.000 euros mensuales.

La escasez de personal cualificado sugiere que la construcción se valorará todavía más en el futuro debido a las leyes de la oferta y la demanda. A pesar de estos ingresos y de la satisfacción de entregar una obra terminada desde cero tras ganarse la confianza del cliente, las duras condiciones físicas actúan como disuasorio. El frío del invierno y el calor extremo del verano (especialmente a las tres de la tarde, cuando no hay un alma en la calle) convierten la edificación en una actividad de alta exigencia estacional.

El calvario fiscal del autónomo y el auge del bricolaje por necesidad

La viabilidad de estos trabajadores independientes se enfrenta también a la fuerte presión burocrática del sistema. El albañil de TikTok critica la desprotección que sufren los trabajadores por cuenta propia en sectores como la fontanería, la electricidad, la carpintería o la propia construcción. En sus propias palabras, "en lugar de trabajar para vivir, vivimos para trabajar y para pagar. Ese es el problema: nos tienen ahogados". El joven lamenta la total ausencia de ayudas o facilidades operativas, destacando el riesgo económico que corren si su gestor comete un error administrativo, cuyas consecuencias económicas acaban recayendo exclusivamente sobre el propio profesional.

Esta asfixia financiera para los profesionales coincide con un entorno de alta inflación para los consumidores. El encarecimiento de la vivienda, los alquileres, la comida y el gasoil provoca que para muchas familias sea casi imposible permitirse el lujo de contratar a un albañil.

Esta coyuntura ha disparado el interés por las pequeñas reformas domésticas guiadas por tutoriales en redes sociales. No obstante, Carpintero advierte de que existen límites claros para los aficionados: problemas complejos como las humedades o la aparición de grietas estructurales vinculadas a la cimentación requieren obligatoriamente la asistencia de un especialista. Intentar solucionarlo de forma casera suele acabar mal y los problemas reaparecen, por mucho que la evolución del mercado ofrezca hoy nuevos materiales que permiten trabajar de forma más rápida y limpia en comparación con el clásico uso exclusivo de yeso o cemento.

El valor del esfuerzo en el mercado laboral moderno

A largo plazo, el sector se juega algo más que la mano de obra; se juega una cultura laboral basada en el rendimiento tangible. Frente a ciertos hábitos de consumo de jóvenes con empleos cómodos que terminan gastando sus ingresos en apuestas deportivas y pidiendo dinero a sus padres el fin de semana, la obra enseña que el dinero exige sudor y que nadie regala nada.

Aunque Carpintero aspira a que sus futuros hijos estudien, afirma que respaldará su decisión si eligen la construcción en caso de que no deseen ir a la universidad. El pilar final del oficio, concluye, reside en el respeto humano básico por parte de unos clientes que a veces olvidan gestos mínimos: existen aquellos estupendos que ofrecen un refresco a media mañana y hacen sentir valorado al trabajador, frente a otros que no facilitan ni un vaso de agua ni indican dónde está el baño, detalles que marcan la diferencia para quienes sostienen físicamente la economía real.

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Las pequeñas y medianas empresas españolas han demostrado una notable capacidad de recuperación y crecimiento en los últimos cuatro años. Tras el impacto de la pandemia, la actividad económica se reactivó con fuerza, impulsando las ventas y consolidando a las pymes como uno de los pilares del tejido productivo nacional.

Sin embargo, este avance no se ha traducido de forma automática en una mejora de la rentabilidad, ya que el incremento de los gastos ha avanzado a un ritmo muy similar, presionando los márgenes.

El periodo comprendido entre 2021 y 2024 deja una fotografía compleja. Las cifras agregadas reflejan dinamismo comercial, creación de empleo y mejoras de productividad, pero también un entorno financiero más exigente y un aumento significativo del gasto en personal. Esta combinación obliga a muchas empresas a gestionar con mayor precisión su estructura financiera para sostener el crecimiento sin comprometer su viabilidad.

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La otra factura de subir el SMI un 4,7% a partir de enero. Los autónomos tendrán que pagar 1.000 euros más por cada empleado

Según el informe Evolución financiera de las empresas españolas, elaborado por Informa D&B a partir del análisis de más de 424.000 sociedades con balances consecutivos, las pymes incrementaron su volumen de ventas un 27,8% en cuatro años, hasta situarse cerca de los 1,96 billones de euros en 2024.

El crecimiento fue especialmente intenso en los dos primeros ejercicios del periodo, coincidiendo con la reapertura económica y la recuperación del consumo.

Este avance en la facturación, no obstante, ha venido acompañado de un fuerte aumento de los gastos financieros, que se dispararon un 58,3% en el mismo intervalo. Esta evolución empieza a tensionar la estabilidad de muchos negocios, especialmente de aquellos con menor capacidad para absorber subidas del coste del crédito o reforzar su estructura patrimonial con recursos propios.

Sectores que lideran y sectores que se quedan atrás

El comportamiento de las ventas no ha sido homogéneo entre ramas de actividad. Los sectores más vinculados al consumo y al turismo concentran gran parte del crecimiento reciente. La hostelería destaca con especial intensidad, al casi duplicar su cifra de negocios entre 2021 y 2024, con un aumento del 95,8%.

Este avance la sitúa como el sector más dinámico del periodo, apoyado en la recuperación del turismo nacional e internacional.

Junto a la hostelería, los servicios empresariales elevaron su facturación cerca de un 50%, hasta superar los 147.000 millones de euros, mientras que la intermediación financiera y el transporte registraron incrementos superiores al 40%. En todos estos ámbitos, el tirón de la actividad turística y la normalización de la movilidad han sido factores determinantes para explicar la evolución positiva.

En el extremo opuesto, sectores como la energía o las industrias extractivas mostraron avances mucho más moderados. Tras fuertes subidas puntuales en 2022, estas actividades experimentaron ajustes posteriores que limitaron el crecimiento acumulado a cifras cercanas al 2% y al 4,5% respectivamente, según los datos del informe.

El tamaño empresarial marca diferencias

El análisis por tamaño revela que las pequeñas empresas han liderado el aumento de las ventas en los últimos cuatro años. Este segmento registró un crecimiento del 32,1%, por encima del observado en las medianas empresas, que avanzaron un 29,2%, y de las grandes, con un 27,6%.

Las microempresas, que representan más del 78% de la muestra analizada, mostraron un comportamiento más moderado, con un incremento del 23,2%.

En términos absolutos, las pequeñas empresas pasaron de facturar algo más de 152.000 millones de euros en 2021 a superar los 201.000 millones en 2024. Este dato refuerza su papel como motor del crecimiento reciente y subraya su capacidad para aprovechar la recuperación económica, especialmente en sectores de servicios.

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Finalmente los que cobren el SMI no pagarán IRPF. Y es una mala idea

No obstante, el peso mayoritario de las microempresas sigue siendo un elemento clave del tejido productivo. Su menor crecimiento relativo puede estar relacionado con una mayor exposición a los gastos financieros y con una menor capacidad para absorber incrementos de gastos estructurales sin afectar a su rentabilidad.

Más empleo, mayor productividad y presión salarial

El crecimiento de la actividad también se ha trasladado al empleo. Entre 2021 y 2024, el número de trabajadores aumentó un 14,6%, hasta situarse cerca de los 7,3 millones de empleados. Al crecer las ventas por encima del empleo, la productividad media por trabajador mejoró un 11,5% en el conjunto del periodo, con un avance especialmente acusado en el primer año de recuperación.

Pese a esta mejora de la eficiencia, el gasto de personal ha crecido con fuerza. En cuatro años, esta partida aumentó un 29,4%, pasando de 234.781 millones de euros a más de 303.700 millones. Este incremento responde tanto al mayor número de empleados como al aumento del coste medio por trabajador, que se elevó un 12,9% en el periodo analizado.

La evolución del gasto laboral refleja un mercado de trabajo más dinámico, pero también introduce una presión adicional sobre los márgenes empresariales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

El impacto del encarecimiento de la financiación

El elemento que más preocupa a los analistas es el fuerte repunte de los gastos financieros. Entre 2021 y 2024, esta partida creció un 58,3%, pasando de 34.700 millones de euros a cerca de 54.900 millones. Aunque los resultados empresariales mejoraron un 46,6% y superaron los 157.000 millones en 2024, el encarecimiento del crédito reduce el margen de maniobra de muchas pymes.

A este escenario se suma el crecimiento limitado de los fondos propios, que apenas aumentaron un 8,2% en cuatro años. Esta evolución, muy inferior al avance de la facturación y del beneficio, puede condicionar la capacidad de inversión y la resiliencia financiera a medio plazo.

El equilibrio entre crecimiento, estructura financiera y control del gasto se perfila así como uno de los grandes retos para autónomos y pequeñas empresas en los próximos años.

Imágenes | Pixabay, El ConfidencialLas pequeñas y medianas empresas españolas han demostrado una notable capacidad de recuperación y crecimiento en los últimos cuatro años. Tras el impacto de la pandemia, la actividad económica se reactivó con fuerza, impulsando las ventas y consolidando a las pymes como uno de los pilares del tejido productivo nacional.

Sin embargo, este avance no se ha traducido de forma automática en una mejora de la rentabilidad, ya que el incremento de los gastos ha avanzado a un ritmo muy similar, presionando los márgenes.

El periodo comprendido entre 2021 y 2024 deja una fotografía compleja. Las cifras agregadas reflejan dinamismo comercial, creación de empleo y mejoras de productividad, pero también un entorno financiero más exigente y un aumento significativo del gasto en personal. Esta combinación obliga a muchas empresas a gestionar con mayor precisión su estructura financiera para sostener el crecimiento sin comprometer su viabilidad.

Según el informe Evolución financiera de las empresas españolas, elaborado por Informa D&B a partir del análisis de más de 424.000 sociedades con balances consecutivos, las pymes incrementaron su volumen de ventas un 27,8% en cuatro años, hasta situarse cerca de los 1,96 billones de euros en 2024.

El crecimiento fue especialmente intenso en los dos primeros ejercicios del periodo, coincidiendo con la reapertura económica y la recuperación del consumo.

Este avance en la facturación, no obstante, ha venido acompañado de un fuerte aumento de los gastos financieros, que se dispararon un 58,3% en el mismo intervalo. Esta evolución empieza a tensionar la estabilidad de muchos negocios, especialmente de aquellos con menor capacidad para absorber subidas del coste del crédito o reforzar su estructura patrimonial con recursos propios.

Sectores que lideran y sectores que se quedan atrás

El comportamiento de las ventas no ha sido homogéneo entre ramas de actividad. Los sectores más vinculados al consumo y al turismo concentran gran parte del crecimiento reciente. La hostelería destaca con especial intensidad, al casi duplicar su cifra de negocios entre 2021 y 2024, con un aumento del 95,8%.

Este avance la sitúa como el sector más dinámico del periodo, apoyado en la recuperación del turismo nacional e internacional.

Junto a la hostelería, los servicios empresariales elevaron su facturación cerca de un 50%, hasta superar los 147.000 millones de euros, mientras que la intermediación financiera y el transporte registraron incrementos superiores al 40%. En todos estos ámbitos, el tirón de la actividad turística y la normalización de la movilidad han sido factores determinantes para explicar la evolución positiva.

En el extremo opuesto, sectores como la energía o las industrias extractivas mostraron avances mucho más moderados. Tras fuertes subidas puntuales en 2022, estas actividades experimentaron ajustes posteriores que limitaron el crecimiento acumulado a cifras cercanas al 2% y al 4,5% respectivamente, según los datos del informe.

El tamaño empresarial marca diferencias

El análisis por tamaño revela que las pequeñas empresas han liderado el aumento de las ventas en los últimos cuatro años. Este segmento registró un crecimiento del 32,1%, por encima del observado en las medianas empresas, que avanzaron un 29,2%, y de las grandes, con un 27,6%.

Las microempresas, que representan más del 78% de la muestra analizada, mostraron un comportamiento más moderado, con un incremento del 23,2%.

En términos absolutos, las pequeñas empresas pasaron de facturar algo más de 152.000 millones de euros en 2021 a superar los 201.000 millones en 2024. Este dato refuerza su papel como motor del crecimiento reciente y subraya su capacidad para aprovechar la recuperación económica, especialmente en sectores de servicios.

No obstante, el peso mayoritario de las microempresas sigue siendo un elemento clave del tejido productivo. Su menor crecimiento relativo puede estar relacionado con una mayor exposición a los gastos financieros y con una menor capacidad para absorber incrementos de gastos estructurales sin afectar a su rentabilidad.

Más empleo, mayor productividad y presión salarial

El crecimiento de la actividad también se ha trasladado al empleo. Entre 2021 y 2024, el número de trabajadores aumentó un 14,6%, hasta situarse cerca de los 7,3 millones de empleados. Al crecer las ventas por encima del empleo, la productividad media por trabajador mejoró un 11,5% en el conjunto del periodo, con un avance especialmente acusado en el primer año de recuperación.

Pese a esta mejora de la eficiencia, el gasto de personal ha crecido con fuerza. En cuatro años, esta partida aumentó un 29,4%, pasando de 234.781 millones de euros a más de 303.700 millones. Este incremento responde tanto al mayor número de empleados como al aumento del coste medio por trabajador, que se elevó un 12,9% en el periodo analizado.

La evolución del gasto laboral refleja un mercado de trabajo más dinámico, pero también introduce una presión adicional sobre los márgenes empresariales, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

El impacto del encarecimiento de la financiación

El elemento que más preocupa a los analistas es el fuerte repunte de los gastos financieros. Entre 2021 y 2024, esta partida creció un 58,3%, pasando de 34.700 millones de euros a cerca de 54.900 millones. Aunque los resultados empresariales mejoraron un 46,6% y superaron los 157.000 millones en 2024, el encarecimiento del crédito reduce el margen de maniobra de muchas pymes.

A este escenario se suma el crecimiento limitado de los fondos propios, que apenas aumentaron un 8,2% en cuatro años. Esta evolución, muy inferior al avance de la facturación y del beneficio, puede condicionar la capacidad de inversión y la resiliencia financiera a medio plazo.

El equilibrio entre crecimiento, estructura financiera y control del gasto se perfila así como uno de los grandes retos para autónomos y pequeñas empresas en los próximos años.

Imágenes | Pixabay, El Confidencial

Europa huye del Tío Sam, aunque no todo lo que posiblemente le gustaría. Es imposible. Las políticas arancelarias agresivas por parte de Estados Unidos, ha situado a muchas empresas -también españolas, cómo no- en una posición de vulnerabilidad. Especialmente a aquellas con menor capacidad financiera para absorber incrementos repentinos en sus gastos operativos.

Un proceso de reajuste que se produce en un contexto económico complicado. Donde las empresas ya gestionan múltiples frentes abiertos, desde la inflación hasta la energía, o el incremento de los costes laborales.

La relación comercial entre España y Estados Unidos sigue siendo relevante sí, pero los datos muestran un cambio de tendencia. En 2024, las exportaciones españolas al mercado estadounidense alcanzaron los 18.179 millones de euros, lo que representa cerca del 4,9% del total exportado.

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Sin embargo, la imposición de aranceles base del 10% sobre numerosas importaciones ha alterado el equilibrio para muchas pymes, que operan con márgenes más ajustados y menor capacidad de reacción.

El impacto real de los aranceles en las pymes españolas

El aumento de barreras comerciales no solo encarece el acceso al mercado estadounidense, sino que introduce un alto nivel de incertidumbre regulatoria.

Según el último informe Global Trade Pulse Survey de HSBC, cerca del 66% de las pymes prevé incrementos adicionales en sus gastos durante los próximos meses, derivados tanto de los aranceles como de la complejidad administrativa asociada.

Este escenario ha tensionado la liquidez de muchas empresas, con más del 60% reconociendo una mayor presión financiera desde 2024. Para los pequeños negocios, cualquier alteración en plazos, precios o normativas puede tener un impacto directo en su competitividad, lo que explica la rapidez con la que se están explorando mercados alternativos.

Diversificación como respuesta estratégica

La diversificación comercial ha pasado de ser una recomendación teórica a una necesidad práctica. Aproximadamente un tercio de las cerca de 50.000 pymes exportadoras españolas ya ha comenzado a redirigir parte de sus operaciones hacia regiones percibidas como más estables.

Además, el 84% de las empresas está buscando activamente nuevos proveedores o mercados de destino para reducir su dependencia de un solo país.

Esta tendencia es especialmente significativa en sectores sensibles a las variaciones de precios y a la disponibilidad de materias primas. Al reducir la exposición a escenarios imprevisibles, las pymes ganan margen de maniobra y mejoran su capacidad de planificación a medio plazo.

Europa vuelve a ganar protagonismo comercial

Dentro de este proceso, Europa se consolida como la región prioritaria para reforzar relaciones comerciales para las pymes españolas. La proximidad geográfica, la homogeneidad normativa y la estabilidad institucional convierten al mercado europeo en una opción lógica para las empresas.

Por solo poner un ejemplo, países como Alemania destacan por la solidez de sus cadenas de suministro y por ofrecer un entorno predecible, algo especialmente valorado en periodos de volatilidad internacional.

El refuerzo del comercio intracomunitario permite además reducir los plazos de entrega y los riesgos logísticos, factores que influyen directamente en el control del coste operativo y en la satisfacción del cliente final.

El Sudeste asiático como alternativa emergente

Más allá de Europa, el Sudeste asiático está ganando peso como destino estratégico. Economías como Vietnam y Malasia presentan un crecimiento sostenido y una menor exposición directa a las tensiones entre grandes potencias. Estos países ofrecen oportunidades tanto como mercados de destino como en su papel de proveedores dentro de las cadenas de valor globales.

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El tamaño sí importa para la empresa española. La carga fiscal y la burocracia limitan la posibilidad de que la pequeña empresa despegue

India también aparece de forma recurrente en los planes de expansión de las pymes españolas. Su dinamismo interno y su integración progresiva en el comercio internacional la convierten en una opción atractiva para diversificar riesgos y acceder a nuevos consumidores.

Preparación desigual ante el nuevo escenario global

Pese a este movimiento, los niveles de preparación siguen siendo desiguales. Solo el 35% de las empresas europeas considera que está bien posicionada para adaptarse a nuevas regulaciones y tarifas.

España se sitúa entre los países con menor percepción de preparación, lo que indica que muchas pymes aún no han ajustado sus estrategias con la suficiente antelación.

A este desafío se suma el encarecimiento general de las cadenas de suministro. Cerca del 47% de las empresas ha sufrido aumentos en los gastos de transporte y el 44% en el precio de los materiales, lo que ha obligado a tomar decisiones simultáneas como renegociar contratos, ajustar condiciones de pago o revisar precios finales.

En paralelo, el acceso a financiación se ha convertido en un elemento clave para sostener la actividad exterior. Más de dos tercios de las empresas han recurrido a financiación a corto plazo y a fuentes alternativas para cubrir desajustes derivados del nuevo contexto comercial.

La anticipación y la diversificación se perfilan como las claves para mantener la competitividad en un entorno global cada vez más incierto. No hay otra.

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El aumento progresivo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional está generando una creciente preocupación entre autónomos, pequeñas empresas y departamentos laborales.

Aunque la herramienta nació con el objetivo de reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, su escalada anual está convirtiéndose en un elemento de presión para negocios que ya afrontan subidas acumuladas en salarios, materias primas y cotizaciones sociales.

El efecto del MEI no actúa sobre un único sector, sino que impacta en todos los empleadores del país, independientemente de su tamaño o del volumen de plantilla.

Una nueva subida que se suma a incrementos anteriores

El MEI comenzó a aplicarse en 2023 con un porcentaje del 0,60% sobre la base de cotización, y desde entonces ha ido aumentando año a año.

En 2024 subió al 0,70%, y en 2025 alcanzó el 0,80%, con una distribución en la que las empresas asumieron el 0,67% y los trabajadores el 0,13%.

Para 2026, el mecanismo volverá a crecer hasta el 0,90%, con un reparto de 0,75% para la empresa y 0,15% para el trabajador.

Este incremento anual, ya fijado por normativa, forma parte del plan del Gobierno para reforzar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la proporción de pensionistas respecto a cotizantes se ha intensificado en las últimas dos décadas, generando presiones estructurales que obligan a aumentar ingresos para sostener las prestaciones futuras.

Sin embargo, esta evolución supone también una mayor carga mensual para los empleadores. Las pymes, especialmente sensibles a cambios en las cotizaciones, afrontarán nuevamente ajustes en sus previsiones de gasto desde el próximo enero.

Más presión para negocios con plantillas numerosas

De cara a 2026, la preocupación principal entre los pequeños negocios se centra en cómo afectará el incremento del MEI según el salario de cada empleado y la composición de su plantilla. La cotización adicional se aplica sobre la base y no sobre importes fijos, por lo que el impacto crece proporcionalmente a los salarios.

Un trabajador que percibe el Salario Mínimo Interprofesional generó en 2025 un pago empresarial de 7,93 euros mensuales por el MEI. Con la subida prevista para 2026, esa cantidad ascenderá a 8,88 euros, es decir, casi un euro más al mes por empleado.

En salarios intermedios, como los 1.800 euros brutos al mes, el MEI supuso en 2025 un coste para la empresa de 12,06 euros, que pasará a 13,50 euros en 2026. El incremento anual supera así 1,44 euros por trabajador.

Para sueldos más altos, las diferencias son más notables. En una nómina de 3.000 euros mensuales, la aportación empresarial pasará de 20,1 euros en 2025 a 22,5 euros en 2026, lo que supone un incremento anual de 2,4 euros por cada empleado.

Estas cifras, que pueden parecer reducidas individualmente, se multiplican de manera significativa en negocios con varias decenas de trabajadores. Por ello, los departamentos laborales aconsejan a las empresas revisar sus previsiones de gasto de manera anticipada.

El impacto sobre los autónomos

El MEI también afecta a los trabajadores por cuenta propia. La normativa establece su aplicación sobre todas las bases de cotización, lo que implica que un autónomo, incluso sin empleados, deberá asumir un aumento directo en su cuota mensual.

Para quienes cotizan en la base mínima, la subida prevista para 2026 supondrá alrededor de 8,64 euros adicionales al mes. En los tramos más altos establecidos por la Seguridad Social, el incremento puede rondar los 41 euros mensuales. Esto añade presión a un colectivo que ya ha visto aumentar su contribución desde la reforma del sistema de cotización por ingresos reales.

El esfuerzo creciente para las pymes que no para

El problema de fondo es que el MEI no es una medida aislada, sino una subida más que se solapa con otros incrementos previstos. Entre ellos destaca el nuevo cálculo del Salario Mínimo Interprofesional, sobre el que ya trabajan Gobierno y sindicatos y que previsiblemente volverá a elevar las bases de cotización, multiplicando el impacto.

Al mismo tiempo, los costes laborales indirectos continúan encareciéndose, desde la fiscalidad asociada a la actividad empresarial hasta los gastos derivados de la energía, el transporte o los servicios esenciales.

Para las pymes, que representan más del 95% del tejido empresarial español, estos aumentos continuados suponen un desafío considerable. Muchas de ellas operan con márgenes estrechos, y cada subida incide en su capacidad para contratar, invertir y mantener su actividad en niveles competitivos.

¿Por qué seguirá aumentando el MEI?

La subida prevista para 2026 no será la última. Tal como indican expertos, el mecanismo continuará incrementándose hasta alcanzar el 1,1% en 2028, con aumentos del 0,1% anuales. Es probable que la tendencia no se detenga ahí, ya que las previsiones demográficas apuntan a una presión creciente sobre el sistema de pensiones.

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En economía, el tamaño importa. Y el Banco de España ha vuelto a hacer hincapié en esto, apuntando a la necesidad de que nuestro país deje de ser de empresas pequeñas: un rasgo que limita su productividad, su competitividad y el salario de sus trabajadores.

En su reciente análisis, El tamaño sí importa: el reto del crecimiento de las empresas españolas, la institución vuelve sobre una vieja conclusión repetida hasta la saciedad: las empresas españolas son mucho más pequeñas que las europeas. De hecho, el 95 % tiene menos de 10 empleados, y solo el 0,2 % supera los 250 trabajadores.

Un país de microempresas

Esta estructura desequilibrada explica, en parte, por qué el país produce menos por hora trabajada, exporta menos y paga sueldos más bajos.

El Instituto Español de Analistas calcula que el 94,6 % de las compañías españolas son microempresas, y apenas el 0,8 % supera los 50 empleados. En la Unión Europea, en cambio, estas cifras son notablemente superiores. Esto tiene consecuencias claras: menor productividad media, menor capacidad de inversión en innovación o digitalización, y más vulnerabilidad ante las crisis.

Además, el tamaño condiciona los salarios. Según el Banco de España, los trabajadores en microempresas ganan hasta un 40 % menos que los de grandes corporaciones debido, principalmente, a que la empresa pequeña tiene dificultades para ofrecer estabilidad y un margen menor para absorber subidas de costes o impuestos.

¿Por qué las empresas españolas no crecen?

Las causas son tan conocidas como persistentes.

Por un lado, la carga burocrática. Cada salto de categoría (con especial incidencia hacia la pyme mediana) implica nuevas obligaciones contables, laborales y tributarias. Por ejemplo, superar los 50 empleados activa requisitos adicionales como planes de igualdad, auditorías retributivas o la creación de comités de empresa.

Para muchas pymes, esos costes fijos son inasumibles o difíciles de compensar. No es casual que miles decidan no cruzar esa línea. Tres de cada cuatro pequeñas empresas reconocen que “querrían crecer, pero no pueden” debido a esas trabas, como apunta la prensa.

A esa rigidez normativa se suma una débil capitalización. España no permite a sus empresas acumular músculo financiero con facilidad: el impuesto de sociedades, los bajos niveles de ahorro interno y la escasa cultura de inversión dificultan el crecimiento sostenido. Como apunta el informe sobre crecimiento empresarial de CEPYME, las pymes “siguen dependiendo casi en exclusiva de la financiación bancaria”, lo que las hace más vulnerables y menos competitivas.

El resultado es una “trampa de tamaño”: quien quiere crecer, se arriesga a perder margen. Quien se queda pequeño, sobrevive… pero no escala.

Productividad y salarios

El vínculo entre productividad y salarios es directo. Cuando las empresas permanecen pequeñas, sus trabajadores tienen menos acceso a formación, tecnología y economías de escala.

Por estas razones, el crecimiento empresarial no es solo una cuestión económica, sino también social: afecta a la calidad del empleo, al poder adquisitivo y a la desigualdad.

El economista Jon González lo resumía recientemente en X: “La diferencia de salarios no responde a diferencias en productividad individual, sino a factores estructurales del mercado laboral y tejido empresarial español, que hacen que la productividad agregada sea menor.”

Propuestas en el aire

El Banco de España y diversas organizaciones empresariales coinciden en algunos de los ingredientes de la receta, que pasarían por simplificar trámites administrativos y fiscales para que crecer no suponga una carga desproporcionada, revisar los umbrales regulatorios, que desincentivan pasar de micro a pequeña empresa e impulsar la financiación alternativa (capital riesgo, fondos de expansión) que permita reducir la dependencia del crédito bancario.

Además, fomentar la profesionalización directiva y la digitalización de las pymes, con programas de asesoramiento y formación, crear incentivos fiscales estables que premien el crecimiento sostenido y vincular los salarios a la productividad real y no solo al IPC ayudaría a sostener el poder adquisitivo sin generar más inflación.

No obstante, pese al diagnóstico compartido, las reformas avanzan despacio. El exceso de microempresas no es un problema nuevo: es un rasgo estructural que se arrastra desde hace décadas.

El resultado es un país donde los negocios sobreviven, pero no prosperan; donde las buenas ideas no escalan; y donde el trabajo, aunque se multiplique, no se traduce en productividad ni en salarios más altos.

En un país con más de tres millones de pequeñas y microempresas, el desafío no es crear más, sino conseguir que crezcan. Solo así España podrá romper con su techo histórico de productividad y empezar a cerrar la brecha salarial con Europa.

El calendario avanza y, con él, la presión sobre las pequeñas y medianas empresas para adaptarse a una de las reformas tecnológicas más relevantes de los últimos años.

La Agencia Tributaria ha puesto fecha a la aplicación de sanciones para quienes mantengan sistemas de facturación obsoletos.

A partir de enero, las sociedades mercantiles que no hayan actualizado su software conforme al reglamento Verifactu se enfrentarán a multas de hasta 50.000 euros.

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Este movimiento se enmarca en la estrategia de lucha contra el fraude fiscal impulsada por la Ley Antifraude de 2021. No se trata solo de prohibir la venta de programas de facturación manipulables, sino de sancionar directamente la tenencia de sistemas no homologados en los negocios.

Qué supone el reglamento Verifactu

El reglamento para los programas de facturación, aprobado a finales del año pasado y publicado en el BOE, definió los requisitos que debe cumplir cualquier sistema para ser legal.

Desde julio de 2025, los fabricantes están obligados a comercializar únicamente software certificado, con características como la trazabilidad completa de las operaciones, la imposibilidad de eliminar registros y la creación automática de un historial de eventos.

Para las empresas, la obligación comienza en enero de 2026. En cambio, los trabajadores autónomos tendrán un plazo adicional hasta julio del mismo año para adaptarse.

Este desfase temporal responde a la distinta capacidad de recursos de cada colectivo, aunque en ambos casos el incumplimiento podrá derivar en sanciones severas.

Multas de hasta 50.000 euros por ejercicio

Las sanciones previstas son especialmente contundentes. La AEAT confirma que mantener un programa no certificado, alterarlo tras su homologación o utilizar sistemas que permitan borrar facturas constituye infracción grave.

En estos casos, la multa alcanzará los 50.000 euros por cada ejercicio en el que se haya cometido la irregularidad.

La Agencia Tributaria explica que los supuestos son amplios. No se trata únicamente de programas antiguos que nunca fueron certificados, sino también de sistemas mal homologados o manipulados con posterioridad.

En la práctica, esto significa que una pyme que ignore la normativa podría enfrentarse a sanciones acumuladas por varios ejercicios si no actúa con rapidez.

Qué cambia para las pymes

El gran reto para las pequeñas y medianas empresas no es tanto la compra de un nuevo software, ya que el mercado ya ofrece soluciones homologadas, sino la adaptación de sus procesos internos. La obligatoriedad de generar registros inalterables y de conservar un historial completo de facturación obliga a revisar cómo se documentan las operaciones.

Además, el reglamento establece que cada transacción debe registrarse en el mismo momento en que se produce, lo que implica que no será posible emitir facturas “a posteriori” sin dejar rastro.

También se exige que la información fiscal esté separada de otros datos del negocio, para que la AEAT pueda acceder de forma directa a los registros relevantes.

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La patronal de las pequeñas empresas ha advertido que el principal problema no es económico, sino de conocimiento. Muchas pymes desconocen que su software actual no cumple con Verifactu y no cuentan con asesoría tecnológica suficiente. Esta brecha de información puede provocar sanciones inesperadas en los primeros meses de aplicación.

Una obligación que requiere inversión

La adaptación a Verifactu supone un coste inicial que dependerá del tamaño de la empresa y de la complejidad de sus operaciones. Según estimaciones, el cambio de software en una pyme media puede oscilar entre 2.000 y 5.000 euros, incluyendo licencias, formación del personal y migración de datos.

No obstante, los expertos subrayan que este gasto debe entenderse como una inversión en seguridad jurídica. Además de evitar sanciones, los nuevos sistemas mejoran la trazabilidad, facilitan auditorías internas y aportan garantías frente a posibles conflictos con clientes o proveedores.

Plazos y margen de actuación

Las sociedades mercantiles tienen hasta el 31 de diciembre de 2025 para implantar un programa homologado. Los autónomos disponen de seis meses más, hasta julio de 2026. Los fabricantes y proveedores de software ya están obligados desde julio de 2025 a comercializar únicamente programas que cumplan la normativa.

Esto significa que, aunque la fecha límite se acerca, el mercado ya ofrece opciones certificadas. La recomendación de los expertos en fiscalidad es no esperar al último momento.

La implementación de un nuevo sistema requiere tiempo para formar al personal y resolver incidencias técnicas, por lo que retrasar la decisión puede ser arriesgado.

El papel de la inspección de Hacienda

La AEAT ha confirmado que las inspecciones no se basarán únicamente en visitas físicas. El cruce de datos digitales, los registros de facturación y la trazabilidad informática permitirán detectar irregularidades sin necesidad de acudir a los locales de los negocios.

Este nuevo enfoque responde al uso de herramientas analíticas más sofisticadas y al objetivo de reducir la economía sumergida.

Las organizaciones empresariales piden que se garantice un periodo de adaptación realista y que se eviten sanciones automáticas en los primeros meses. Sin embargo, desde Hacienda insisten en que la ley lleva años aprobada y que los plazos han sido comunicados con suficiente antelación.

Imágenes | Pixabay, Unplash

El tejido empresarial español presenta una cara oculta que preocupa, como no podría ser de otra manera, a las autoridades económicas: la presencia de un volumen elevado de sociedades inactivas que permanecen inscritas en los registros oficiales sin cumplir con sus obligaciones contables.

La falta de transparencia de estas entidades no solo distorsiona las estadísticas oficiales, sino que también puede abrir la puerta a prácticas fraudulentas.

Según un informe publicado por Informa D&B, más de medio millón de empresas no han presentado sus cuentas anuales en los dos últimos ejercicios.

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Este fenómeno, que afecta a cerca del 40% de las sociedades inscritas, vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre las denominadas sociedades fantasma.

Qué significa ser una sociedad fantasma

El concepto de sociedad fantasma se refiere a aquellas compañías que, pese a seguir inscritas en el Registro Mercantil, no muestran indicios de actividad.

El hecho más claro de esta inactividad es que no depositan las cuentas anuales, algo que por ley resulta obligatorio incluso en el caso de no generar ingresos.

El estudio de Informa D&B apunta que la mayoría de estas entidades cuentan con un capital social inferior a 5.000 euros, lo que refleja su escasa capacidad operativa.

De acuerdo con dicho informe, un 65% de los negocios inactivos se sitúan en ese tramo de capital. En torno al 6% tienen un capital de entre 5.000 y 10.000 euros, mientras que un 10% superan los 10.000 pero no los 60.000 euros.

En el rango superior, apenas un 10% alcanzan cifras por encima de los 60.000 euros, lo que indica que la mayoría de estas sociedades fueron creadas con fines limitados o como instrumentos de conveniencia.

Sectores más afectados

La construcción y las actividades inmobiliarias concentran una cuarta parte de estas sociedades fantasma, mientras que el comercio aglutina algo más del 21%.

En tercer lugar aparecen los servicios empresariales, que representan el 14%. Estos sectores, muy ligados a la burbuja económica de décadas anteriores, siguen reflejando un peso significativo de entidades que ya no tienen operaciones reales.

A nivel geográfico, Madrid lidera el número de sociedades inactivas con un 19% del total, seguida de Andalucía con un 18,5% y Cataluña con un 17%. En el lado opuesto, Cantabria es la comunidad con menos presencia de este tipo de compañías, sin contar Ceuta y Melilla.

Obligaciones legales y sanciones

Aunque se trate de compañías sin actividad, la ley establece que deben mantener una contabilidad ajustada al Código de Comercio y presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

El artículo 363.1.A de la Ley de Sociedades de Capital va más allá, indicando que una empresa debe disolverse si permanece inactiva durante más de un año.

No cumplir con esta obligación puede acarrear multas impuestas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). Las sanciones oscilan entre 1.200 y 60.000 euros, aunque en empresas con una facturación superior a seis millones de euros anuales pueden alcanzar los 300.000 euros por ejercicio.

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El ICAC recaudó el último año casi el doble en concepto de sanciones vinculadas a incumplimientos de depósito de cuentas, lo que refleja un endurecimiento de los controles.

El proceso de disolución y liquidación

Cerrar definitivamente una empresa inactiva tampoco es gratuito. Firmar la escritura pública de disolución, inscribirla en el Registro Mercantil y dar de baja el negocio en el censo de empresarios requiere trámites legales y administrativos.

Los expertos estiman que liquidar una sociedad con un capital social de unos 3.000 euros puede suponer un coste mínimo de 300 euros, aunque en casos más complejos esta cifra supera con facilidad los 1.000 euros.

Además, es necesario presentar la declaración censal mediante el Modelo 036 y dar de baja a los administradores, lo que añade complejidad al procedimiento.

Por este motivo, muchas sociedades se mantienen en un limbo legal, ni activas ni cerradas, lo que alimenta el volumen de empresas fantasma.

Riesgo de uso fraudulento

Las sociedades fantasma también pueden convertirse en sociedades pantalla, utilizadas para ocultar operaciones ilícitas. El Tribunal Supremo ha establecido criterios para detectar estos casos: empresas sin trabajadores, sin medios materiales, con facturación de un único cliente vinculado o cuyo único objetivo es reducir la carga fiscal.

Este tipo de prácticas refuerza la importancia de mantener registros actualizados y sancionar con firmeza la falta de transparencia.

La existencia de más de 500.000 sociedades inactivas refleja un problema estructural en el tejido empresarial español. Los especialistas son claros: resolver este fenómeno no solo exige reforzar las sanciones, sino también fomentar procesos de disolución más ágiles y accesibles para evitar que miles de sociedades sigan alimentando la estadística de empresas fantasma.

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En el imaginario colectivos, las PyMEs tienen una reputación casi heroica. Y no es para menos. Son el alma del tejido productivo, el refugio de la economía local y gran parte de la base del empleo total del país.

Sin embargo, hay quienes debaten el papel de éstas en la economía y señalan un ecosistema empresarial demasiado fragmentado.

Es decir, las PyMEs representan un modelo que limita la productividad, no permite el crecimiento y reduce la capacidad de ofrecer trabajos de calidad. ¿Es esto cierto? ¿se ha idealizado a las pequeñas y grandes empresas?

La realidad, a nivel global, presenta también otra casuística a tener en cuenta. Y es que, los países con economías más avanzadas, más tecnológicas y socialmente más desarrolladas tienen un porcentaje significativamente mayor de grandes empresas que dinamizan la economía, exportan más, innovan y sostienen una base fiscal más sólida.

Fuente: https://x.com/Jongonzlz

La verdad detrás de las PyMEs

En España, las PyMEs generan hasta el 62% del empleo total. Un dato que implica una enorme aportación al sistema laboral. Y también que casi el 94% de las compañías no supera los 10 trabajadores.

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A nivel macroeconómico, esto limita generar economías de escala, también la inversión en tecnología y reduce la capacidad de que los trabajadores tengan condiciones laborales.

En España, las grandes empresas son solo alrededor del 0,2% del total. Sin embargo, gigantes como Inditex o El Corte Inglés -por citar solo algunos ejemplos- ofrecen el 40% del empleo y más de la mitad del valor añadido empresarial. Es decir, su impacto real sobre la economía es muy superior y sus salarios mejores.

Las grandes empresas ofrecen sueldos más altos

Según datos del INE, hasta un 47% más puede llegar a ganar un trabajador de una gran empresa, respecto a la de una pequeña o mediana en España.

El salario medio de las pequeñas se sitúa en torno a los 1.450 euros mensuales brutos. Cifra que aumenta en las grandes empresas, donde ronda los 2.130 euros. En las medianas, la cifra se queda en 1.760 euros.

Una gran diferencia de remuneración según el tamaño de las empresas. Y es que las más grandes pueden llevar a cabo mayores subidas de salarios, planes de formación y conciliación familiar, seguros médicos, planes de pensiones o complementos salariales.

También hay menos brechas de género o diferencias entre contratos. La temporalidad también es menor en las grandes que en las pequeñas empresas.

Más inversión y más productividad

El tamaño importa. Una gran empresa, como es lógico, tiene más dinero para invertir ya no solo en más puestos de trabajo, sino también en aspectos tan importantes para la competitividad como es la tecnología.

De hecho, las grandes empresas dedican una parte mayor de su facturación a I+D, con un promedio del 1,4% frente al 0,4% de las pequeñas. Esto es un empuje importante en términos de innovación, mejores procesos, mayor eficiencia y, por ende, en más capacidad para aumentar los salarios.

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También hay diferencias en cuanto a productividad. Según Eurostat, la productividad laboral media en grandes empresas es entre un 35% y un 50% superior a la de las PyMEs. Esto permite sobrellevar mejor los aumentos del salario mínimo y responder con mayor flexibilidad ante cambios regulatorios o económicos.

Las grandes empresas además pagan más impuestos en proporción al beneficio, no solo por la aplicación de tipos efectivos más altos, sino porque su fiscalidad está más regulada y auditada.

Dos modelos complementarios

El debate no es PyMEs versus grandes empresas. Ambos tipos de compañías son muy necesarias en España. Es preciso fomentar un modelo mixto, que conserve la agilidad de las pequeñas empresas, pero la fuerza de las grandes.

Romantizar a las PyMEs es atractivo sí pero económicamente empobrecedor si se ignora el desequilibrio estructural (los datos hablan por sí solos) del sistema productivo.

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España nunca había registrado tantos trabajadores como ahora. Con más de 22 millones de personas ocupadas y una tasa de paro del 10,3 %, puede parecer que las cifras invitan al optimismo. Sin embargo, la euforia se desvanece al rascar la superficie: el 12 % de los ocupados vive en situación de pobreza laboral, especialmente en hogares con menores o monoparentales.

Los salarios siguen estancados. Desde 1994, el salario medio apenas ha crecido un 2,7 % en términos reales, frente al 66 % de países como Irlanda. Este problema estructural se explica por el tamaño y el tipo de empresas que predominan en nuestro país: las pymes, con algunos pros, pero también con notables contras.

Pagan mejor y son más productivas

Hay una regla bastante estable en el mercado laboral: a mayor tamaño de la empresa, mayor suele ser la productividad y el salario. Los datos de 2024 lo confirman: el coste laboral medio por trabajador fue de 37.525 € anuales, y el salario bruto medio, de 27.558 €, pero esa media oculta enormes diferencias entre microempresas y grandes compañías.

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Las grandes empresas, como Amazon, incluso con las críticas que han aparecido sobre sus condiciones laborales, pagan de media en España unos 26.000 € brutos anuales: salarios muy superiores al de la mayoría de las pymes.

En sectores industriales o tecnológicos, las cifras pueden ser aún mayores, pero esta explicación no es solo económica. Las grandes empresas aprovechan las economías de escala, que les permiten acceder a financiación más barata, digitalizarse y exportar con mayor facilidad. A su vez, lo anterior se traduce en márgenes de beneficio, tesorería y posibilidad de subir sueldos.

A menudo, crecer sale caro

El problema de fondo en España parece ser que la mayoría de las pymes no crecen. El 99,8 % de las empresas españolas tienen menos de 250 empleados y generan más del 60 % del empleo. Hasta ahí, los números parecen halagüeños: no obstante, si miramos más de cerca, el 94 % de nuestras empresas tiene menos de 10 trabajadores y el tamaño medio ronda los 4,8 empleados, por debajo de la media europea.

En la práctica, esto significa que la base productiva se encuentra muy fragmentada, con empresas esenciales para el tejido local, pero escaso margen para crecer, invertir y mejorar los sueldos. Además, hay una cara B: ¿por qué querrían crecer?

Una de las grandes paradojas del sistema español es que muchas empresas deciden no crecer, aunque podrían hacerlo. El porqué no es tan simple como parece: superar ciertos umbrales (como los 50 empleados o determinados niveles de facturación) implica enfrentarse a nuevas obligaciones fiscales, regulatorias, laborales o contables, que aumentan la carga sin garantizar beneficios inmediatos.

Este fenómeno se conoce como "trampas del tamaño", y no es exclusivo de España, pero aquí se da con especial fuerza. Muchas pymes prefieren dividirse en varias sociedades o limitar sus ventas para no cruzar esos límites. CEPYME, el Banco de España y diversos expertos llevan tiempo reclamando soluciones: desde eliminar los escalones normativos que penalizan el crecimiento, hasta ofrecer periodos transitorios de 2 a 4 años para que las empresas se adapten tras crecer.

Por todo ello, si el objetivo es mejorar sueldos y productividad de la mano, el Estado debe dejar de tratar a las pymes como un bloque homogéneo que hay que proteger, y empezar a apoyar activamente a las que tienen potencial para crecer.

Estas políticas, no obstante, implican rediseñar el sistema normativo para hacerlo progresivo y flexible. La Unión Europea sigue promoviendo algunas medidas (por ejemplo, el Think Small First) con el objetivo de adaptar las obligaciones por tramos para evitar que una pyme se vea ahogada tras cruzar una frontera administrativa. En cierto sentido, es un efecto comparable al de algunos tramos fiscales: cruzar cierto umbral puede generar más obligaciones que beneficios.

Empresas más grandes, ¿mejores sueldos?

En una economía como la española, donde el salario mínimo representa hasta el 70 % del salario medio en pequeñas empresas, resulta complejo plantearse mejorar el bienestar si no se cambia la base del sistema.

En este sentido, no basta con subir el SMI, que sabemos que también tiene limitaciones claras para sostener el sistema en su conjunto, sino que hace falta transformar las estructuras que impiden a las empresas ser más productivas y pagar mejor.

La teoría se conoce, pues pocas políticas tienen más impacto real que ayudar a una empresa de 10 empleados a doblar su tamaño. Sin embargo, España sigue anclada en la idea de la pyme como motor, mientras pone palos en las ruedas para su crecimiento. Hoy, toca ir un paso más allá y completar el aumento del empleo, con un aumento de la calidad del trabajo en sí.

Ante la subida de la inflación y el encarecimiento de las materias primas, el 5% de las panaderías tradicionales de España se vio obligado a echar el cierre a finales de 2022. Con el encarecimiento de los productos básicos y de la energía, además de la competencia desigual que supone el nuevo concepto de panadería low cost, las únicas que están logrando subsistir son las panaderías boutique.

El concepto de panadería ha evolucionado considerablemente en los últimos años hasta un modelo híbrido en el que han pasado a convertirse en lugares casi de culto. Ahora se apuesta por locales de estilo cosmopolita, enclavados principalmente en zonas turísticas de las grandes ciudades, en los que la venta de pan se fusiona con la degustación de estos y con una amplia variedad de dulces. Predomina el autoservicio.

Se apuesta por el concepto del brunch y por muchos tipos de cafés y tés, de tal modo que ir a comprar el pan ha dejado de ser una tarea cotidiana para convertirse en un acto glamuroso, casi de culto. Las nuevas franquicias de ‘panaderías pijas’ o panaderías boutique ofrecen la posibilidad de escoger entre una amplia selección de panes, además de dulces, sándwiches y hasta ensaladas.

Son negocios diversificados, que buscan fusionar el concepto de cafetería elegante con el de panadería tradicional, por lo que sus vías de financiación son más variadas. Además, ofrecen un pan de buena calidad a bajo coste, dados sus altos índices de venta y su producción en serie. De este modo, estamos ante un concepto de negocio de elevada rotación, con rentabilidad y elevada amortización.

Análisis detallado de su oferta

En el año 2019, el programa ‘Equipo de Investigación’ de LaSexta visitó una panadería que se caracterizaba por elaborar sus productos de manera artesanal, siguiendo los métodos de producción y venta convencionales, pero con productos ecológicos. En aquella ocasión, hablaron con el propietario del establecimiento, Javier Marca, que ante cámara comparó las características y el precio de un pan adquirido en una panadería pija o boutique con otro de su local.

La barra de pan comprada en la boutique salía por unos 70 céntimos y la de su obrador por 1,20 euros, aunque si se analizaba el peso del producto, realmente el de la panadería low cost era más caro, pues el kilo salía por 3,20 euros y el de su panadería por 3,50 euros. Al final queda demostrado que estamos dispuestos a comprar un pan de peor calidad si tanto el precio como el proceso de compra son más atractivos, descuidando el valor de lo que comemos.

El pan de las panaderías low cost es un pan muy ligero, elaborado a base de una importante cantidad de levadura. Además, se aprecian claras diferencias en la textura, con un tostado más denso y con menor cantidad de alveolos, así como en el color del producto, que resulta más apagado. Otro aspecto a tener en cuenta es el del horno empleado para su fabricación, pues suelen optar por un horno de aire donde el proceso de cocer el pan es bien distinto. Se trata de un pan con menor proporción de sodio, de humedad y de valores nutricionales.

Las panaderías tradicionales siguen subsistiendo, incluso optando por diversificar su oferta de productos para poder mantenerse ante esta escalada de precios y ahora frente a una competencia más glamurosa que se abre paso en las redes sociales.

El pan tradicional se elabora a base de harina, agua y sal, sin levadura, obteniendo un producto crujiente y con una corteza exquisita. Para distinguir el pan low cost del pan de las panaderías tradicionales basta con ver su peso. El pan que no pesa es puro aire, ya que cuenta con exceso de levadura y aditivos que los vuelven más ligeros.

Cambio de tendencias

La sociedad, asfixiada por los elevados índices de precios, mira más los precios que la calidad en todos los ámbitos, desde el sector textil hasta la alimentación. Esto ha llevado a que, en ciertos aspectos, el fraude se extienda y empresas que se muestran más elegantes, como las panaderías boutique, presuman de ofrecer un pan de mayor calidad. Pero no es el caso, ya que no suelen usar harinas ecológicas y por el contrario sí emplean grandes cantidades de levadura.

Se podría llegar a afirmar que el 95% de las panaderías low cost o boutique no tienen un buen pan. De ahí que los más mayores digan frases del tipo: “antes la comida tenía más sabor”. Y es cierto, se ha entrado en una sociedad de las prisas, de la producción en serie y de descuidar la calidad frente a los precios.

Las cifras del sector

Según datosde la Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (ASEMAC), las ventas de pan y bollería se elevaron en 2022 hasta un 27,5%, registrando 1.661,1 millones de euros. Hay que tener en cuenta que en España existen 40 franquicias de panaderías, con una media de 1350 establecimientos, siendo el nivel de facturación del sector superior a los 285 millones de euros.

¿Hacia dónde vamos?

Actualmente se camina hacia un futuro marcado por las nuevas tendencias. Y la moda en el sector de las panaderías es comprar en establecimientos lujosos, más pijos, en los que a pesar de que estemos pagando un importe elevado por un pan de peor calidad, lo compramos como concepto de estatus social.

Lo conveniente sería analizar, con plena responsabilidad social, la calidad de lo que se compra y los valores nutricionales, aunque quizás cuando se haya llegado a esta conclusión sea demasiado tarde y las panaderías tradicionales ya estén agonizando.