Todos lo sabemos: las reformas en el portal pueden ser una de las acciones que provoquen más tensión en una comunidad. No solo por el coste de la derrama, sino porque en muchos edificios antiguos la accesibilidad choca con escaleras estrechas, patios interiores, huecos imposibles y viviendas que pueden verse afectadas por la obra.

Según recoge NoticiasTrabajo, la Ley de Propiedad Horizontal protege de forma especial a los propietarios en cuya vivienda residan personas mayores de 70 años o personas con discapacidad. En esos casos, la comunidad no puede tratar determinadas obras de accesibilidad como una simple mejora opcional.

La accesibilidad puede ser obligatoria aunque no haya acuerdo previo

El punto central está en el artículo 10.1.b) de la Ley de Propiedad Horizontal. La norma establece que tienen carácter obligatorio “las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal” cuando las soliciten propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de setenta años.

En la práctica, esto puede incluir rampas, ascensores u otros dispositivos mecánicos que permitan usar adecuadamente los elementos comunes del edificio. Y aquí está el detalle importante: estas obras no necesitan acuerdo previo de la junta de propietarios cuando el coste repercutido anualmente, una vez descontadas las ayudas públicas, no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Es decir, la comunidad no puede limitarse a decir que no porque la obra no le convenga o porque parte de los vecinos no la vaya a utilizar. La ley convierte determinadas actuaciones en una obligación cuando están vinculadas a la accesibilidad de personas mayores o con discapacidad.

La norma va incluso más allá. Estas actuaciones pueden implicar la modificación de elementos comunes, del título constitutivo o de los estatutos de la finca. Y si el coste supera el límite de doce mensualidades, eso no elimina por sí solo el carácter obligatorio de la obra si la diferencia la asumen quienes la han solicitado.

El coste no es el único problema: también cuentan las servidumbres

La accesibilidad en edificios antiguos suele tener una derivada incómoda: a veces no basta con actuar en el portal o en la escalera. Puede ser necesario afectar a zonas comunes o incluso generar servidumbres sobre espacios vinculados a viviendas o locales.

Por eso entra en juego el artículo 9.1.c) de la Ley de Propiedad Horizontal, que obliga a los propietarios a consentir en su vivienda o local las servidumbres imprescindibles para ejecutar obras, actuaciones o crear servicios comunes conforme a la ley.

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Eso sí, no se trata de una carta blanca. La propia norma reconoce el derecho del propietario afectado a ser indemnizado por los daños y perjuicios ocasionados. La clave, por tanto, no está solo en si la comunidad debe facilitar la accesibilidad, sino en cómo se reparte el coste económico y patrimonial de hacerla posible.

El derecho existe, pero no se impone automáticamente en cualquier caso

El punto más delicado es que este derecho no es absoluto. Los tribunales han recordado que la accesibilidad debe compatibilizarse con el derecho del resto de propietarios a no sufrir perjuicios graves en sus viviendas o elementos privativos.

Un ejemplo reciente es la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2025, citada por el texto original. En ese caso, el tribunal avaló que una comunidad de propietarios paralizara la instalación de un ascensor solicitada por varios vecinos mayores de 70 años, entre ellos una mujer de 82 años con una discapacidad del 65%.

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La razón no fue que la comunidad pudiera ignorar la petición. Fue otra: el proyecto concreto causaba perjuicios graves a otras viviendas del edificio. Según la resolución citada, la obra afectaba de forma relevante a elementos privativos y a la habitabilidad de algunos inmuebles.

La Audiencia Provincial recordó que el artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal reconoce el derecho a exigir obras de accesibilidad, pero ese derecho no puede aplicarse de manera automática cuando la intervención provoca una afectación desproporcionada sobre otros propietarios.

Para llegar a esa conclusión, el tribunal se apoyó en la doctrina del Tribunal Supremo, especialmente en la resolución de 10 de marzo de 2016, que obliga a ponderar los dos intereses en conflicto: el derecho a la accesibilidad y el derecho de los demás vecinos a no sufrir alteraciones graves en sus viviendas o elementos privativos.

La junta también puede aprobar la obra por mayoría

Además de las obras obligatorias del artículo 10, la Ley de Propiedad Horizontal contempla otra vía: que la comunidad apruebe actuaciones para eliminar barreras arquitectónicas mediante acuerdo de la junta.

Aquí entra el artículo 17.2. La norma permite aprobar obras o nuevos servicios comunes destinados a suprimir barreras arquitectónicas con el voto favorable de la mayoría de propietarios que representen, a su vez, la mayoría de las cuotas de participación.

Y el efecto económico es importante: cuando el acuerdo se adopta válidamente, todos los propietarios quedan obligados al pago, incluso si el coste repercutido anualmente supera esas doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

En otras palabras, la ley separa dos escenarios. Uno es el de las obras obligatorias solicitadas por mayores de 70 años o personas con discapacidad. Otro es el de las obras que la comunidad decide aprobar colectivamente para mejorar la accesibilidad del edificio.

La clave está en el caso concreto

La lectura económica es evidente: la accesibilidad ya no puede entenderse como una mejora voluntaria o estética del inmueble. En muchos casos es una obligación legal que puede acabar en derramas, obras complejas, negociación de servidumbres e incluso indemnizaciones.

Pero tampoco basta con invocar la edad o la discapacidad para imponer cualquier proyecto técnico. Cada caso exige analizar el impacto real de la obra, las alternativas disponibles y el perjuicio que pueda causar a otros propietarios.

La comunidad no puede negarse sin más a adaptar el edificio cuando la ley obliga a hacerlo. Pero la obligación no elimina la necesidad de buscar una solución proporcionada, viable y jurídicamente defendible.

Imágenes: generadas por Gemini.

Cambiar una cocina no da derecho automáticamente a una subvención. Tampoco renovar un baño. El matiz es importante porque estas ayudas no están diseñadas para abaratar reformas estéticas, sino para empujar una rehabilitación energética que permita gastar menos luz, gas o calefacción.

Según recoge Infobae, el Gobierno mantiene en marcha las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas con fondos europeos, con importes que pueden llegar hasta 21.400 euros por vivienda en determinados supuestos. El programa forma parte de la rehabilitación residencial de los fondos Next Generation, con el objetivo de alcanzar 510.000 actuaciones de renovación de viviendas en el segundo trimestre de 2026 y un presupuesto de 3.420 millones de euros.

No es una ayuda para cambiar la cocina: es una ayuda para consumir menos energía

La confusión nace de ahí. Una obra en baño o cocina puede entrar en la subvención, pero solo si forma parte de una intervención que mejore la eficiencia energética del inmueble.

Eso significa que no basta con sustituir sanitarios, cambiar encimeras, renovar muebles o poner azulejos nuevos. Para que la ayuda tenga sentido, la actuación debe reducir la demanda energética o mejorar el comportamiento térmico de la vivienda.

En la práctica, pueden encajar obras como mejorar el aislamiento, cambiar ventanas, renovar instalaciones, sustituir sistemas de calefacción o refrigeración, instalar placas solares, implantar aerotermia o actuar sobre la envolvente del edificio.

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Y claro, algunas de esas intervenciones pueden afectar a baños o cocinas. Por ejemplo, si la reforma toca instalaciones de agua, electricidad, ventilación o climatización. En ese caso, la actuación sobre esas estancias puede formar parte de una obra subvencionable. Pero la razón de la ayuda no es el baño ni la cocina: es el ahorro energético.

El requisito clave: demostrar el ahorro antes y después

El Real Decreto que regula estas subvenciones exige acreditar una mejora energética real. En las actuaciones sobre viviendas, la obra debe conseguir al menos una de estas dos condiciones: reducir un 7% la demanda energética anual de calefacción y refrigeración o reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable.

Y aquí no basta con guardar facturas. La ayuda exige un certificado de eficiencia energética previo y otro posterior a la obra, emitidos por un técnico competente. La comparación entre ambos documentos es la que permite justificar que la vivienda consume menos energía después de la intervención.

Esa parte es fundamental porque convierte la ayuda en algo técnico, no decorativo. La administración no subvenciona que la cocina quede más nueva, sino que la vivienda sea más eficiente.

Cuánto se puede cobrar realmente

La cuantía depende del tipo de programa y del ahorro conseguido. En el caso de las obras de mejora energética en una vivienda individual, la ayuda cubre el 40% del coste de la actuación, con un límite de 3.000 euros por vivienda.

Ese es el escenario más cercano a una reforma doméstica individual. Y aun así, tiene condiciones: la actuación debe cumplir los requisitos de reducción energética y el coste mínimo de la obra debe encajar en la convocatoria correspondiente.

La cifra de 21.400 euros pertenece a otro nivel de intervención. Aparece en los programas de rehabilitación a nivel de barrio, donde las ayudas pueden alcanzar el 80% del coste si la actuación logra una reducción del consumo de energía primaria no renovable igual o superior al 60%.

En otras palabras: no es que el Estado pague hasta 21.400 euros por reformar una cocina. Esa cantidad se reserva para actuaciones de rehabilitación energética mucho más ambiciosas, normalmente ligadas a edificios, barrios o intervenciones integrales.

Las comunidades autónomas tienen la llave

Estas ayudas no se solicitan directamente de una forma única para toda España. La gestión corresponde a las comunidades autónomas y ciudades autónomas, y en algunos programas también pueden participar los ayuntamientos.

Por eso el interesado tiene que mirar la convocatoria concreta de su comunidad o municipio. Los plazos, formularios, documentación técnica y condiciones pueden variar según el territorio.

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El procedimiento suele funcionar por concurrencia simple. Es decir, las solicitudes se atienden por orden de presentación hasta que se agoten los fondos disponibles. Esto hace que preparar la documentación técnica antes de empezar, o dentro de los plazos que marque la convocatoria, sea casi tan importante como la propia obra.

Además de subvenciones, hay deducciones en el IRPF

La otra pata del sistema está en Hacienda. Además de las ayudas directas, existen deducciones temporales en el IRPF para obras que mejoren la eficiencia energética.

La Agencia Tributaria recoge deducciones para reformas que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración, mejoren el consumo de energía primaria no renovable o rehabiliten energéticamente edificios residenciales.

Según la información actualizada por la Agencia Tributaria tras el Real Decreto-ley 7/2026, las deducciones por mejora de eficiencia energética de viviendas se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la deducción por obras realizadas en edificios de uso predominantemente residencial se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027.

La lectura económica es clara: la reforma subvencionable no es la que deja una casa más bonita, sino la que la convierte en una vivienda menos costosa de mantener. Con la factura energética todavía como una de las grandes preocupaciones de los hogares, la diferencia entre una reforma estética y una rehabilitación energética puede ser de miles de euros.

Foto: Milivoj Kuhar

La última memoria de impacto normativo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que acompaña al borrador del real decreto para subir las pensiones en 2025, revela un dato sin paliativos: la reforma de las pensiones impulsada por José Luis Escrivá cuando era ministro supone ya un sobrecoste de casi 32.900 millones de euros al año para las arcas públicas.

Una cantidad enorme, comparable al pago anual de intereses de la deuda, y que multiplica la inversión estatal en ámbitos como la investigación o la defensa.

Sin embargo, detrás de esta realidad económica hay una cuestión social difícil de obviar: sin esta reforma, millones de pensionistas hoy serían más pobres.

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O lo que es lo mismo: un dilema que refleja muy bien la situación a la que se enfrentan las políticas públicas.

Por un lado, mantener el poder adquisitivo de los mayores es clave para que no caigan en la pobreza. Por otro, ese esfuerzo presupuestario consume recursos que podrían destinarse a otras necesidades sociales o productivas.

Un aumento sostenido y acumulativo

Desde la entrada en vigor de la reforma en 2022, las pensiones contributivas se actualizan conforme al IPC y las mínimas se vinculan al umbral de la pobreza. Esto ha significado aumentos anuales del 2,5% en 2022, del 8,5% en 2023, del 3,8% en 2024 y del 2,75% previsto para 2025.

La factura de estas subidas, sumadas año tras año, alcanza ya los mencionados 32.900 millones, una cifra que prácticamente se ha quintuplicado en comparación con 2021, antes de la reforma.

A modo de ejemplo, en 2021 la actualización de pensiones costó 1.464 millones, mientras que en 2023, año de inflación desbocada, el gasto para las revalorizaciones llegó a 14.174 millones.

El pago total de las pensiones en España asciende actualmente a 170.000 millones de euros al año, absorbiendo gran parte del aumento del gasto público de los últimos ejercicios.

Las pensiones contributivas concentran la mayor parte del incremento, con 5.950 millones de los 7.166 previstos para la actualización de 2025. Las pensiones mínimas, las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital suponen el resto del desembolso.

Tres factores detrás del aumento

El crecimiento de esta partida presupuestaria no se explica solo por la reforma normativa. También influyen otros dos factores: el aumento sostenido del número de pensionistas y el progresivo incremento de la pensión media que perciben los nuevos jubilados.

Aunque la diferencia entre las pensiones de quienes se incorporan al sistema y quienes salen de él por fallecimiento se ha reducido, los nuevos perceptores suelen cobrar algo más, lo que contribuye a elevar el gasto.

La reforma, además de indexar las pensiones al IPC, ha vinculado las mínimas al umbral de la pobreza y ha ampliado el complemento por brecha de género, que para 2025 experimentará un aumento adicional del 5%.

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Todo ello supone un esfuerzo económico mayor, pero también busca una mayor equidad en el sistema y evitar que las pensiones más bajas queden por debajo de los mínimos dignos.

Un esfuerzo que desplaza otras políticas

La reforma de las pensiones tiene un claro efecto en las cuentas del Estado: resta margen para otras políticas públicas. Según los datos del COFOG, entre 2008 y 2022 solo las pensiones de jubilación han absorbido casi el 38% del aumento del gasto público total.

En términos de PIB, han pasado de representar un 6,3% en 2008 a un 10,2% en 2022, mientras que partidas como la vivienda han reducido su peso a menos de la mitad en el mismo periodo. También superan holgadamente a la inversión en ciencia, innovación y defensa.

Se trata, por tanto, de una auténtica dicotomía. El gasto en pensiones asegura que millones de mayores con rentas bajas o medias no caigan en la pobreza y puedan mantener un nivel de vida digno. Pero la magnitud del esfuerzo impide destinar esos mismos recursos a mejorar otros ámbitos esenciales para el desarrollo económico o la cohesión social.

La sostenibilidad futura de este esquema, por tanto, dependerá en buena medida de la evolución demográfica y de la capacidad del mercado laboral para generar ingresos suficientes.

Nuevas pensiones mínimas y umbral de la pobreza

La reforma también ha tenido un impacto relevante sobre las pensiones mínimas, que ahora están ligadas a la evolución del umbral de la pobreza. Según las previsiones para 2025, la pensión mínima de jubilación para quienes tienen cónyuge a cargo se situará en 1.127,20 euros mensuales, y en 874,10 euros para quienes no lo tienen.

Las pensiones de viudedad para titulares con cargas familiares también alcanzarán los 1.127,20 euros. Por su parte, el umbral de la pobreza estimado para 2025 se eleva hasta los 11.944,88 euros anuales, un 8,7% más que en 2023. Esto garantiza que las pensiones mínimas sigan por encima de esa línea de pobreza relativa.

La pregunta ahora es cómo asegurar que el sistema siga siendo sostenible y equitativo a largo plazo, equilibrando las necesidades de los pensionistas actuales con las posibilidades financieras del Estado y las generaciones futuras. Todo un desafío del que difícilmente alguien tiene una fórmula mágica, al menos a día de hoy.

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¿Tenemos más cerca de lo que pensamos una solución al problema de las pensiones? ¿es Francia el espejo donde mirarnos? ¿Puede el país galo sentar un precedente a una cuestión que preocupa a la gran mayoría de países industrializados?

La reforma de las pensiones en Francia tiene un objetivo claro: controlar un déficit que no deja de crecer, pero la sin necesidad de tocar directamente las pensiones.

Y es que, frente a una situación fiscal delicada y un sistema social en transformación, el Gobierno ha optado por buscar financiación adicional a través de modificaciones fiscales específicas.

Esta estrategia se basa en eliminar privilegios fiscales y revisar exenciones existentes, en lugar de recortar directamente los beneficios de los jubilados.

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La propuesta ha generado un intenso debate, no solo en Francia, sino también en otros países como España, donde algunos expertos ya ven en este modelo una vía interesante a considerar. En especial, si se plantea la eliminación progresiva de ventajas gratuitas como los viajes del Imserso, el transporte público sin coste o los descuentos especiales para mayores.

De la edad a los recursos

La ministra de Hacienda francesa, Amélie de Montchalin, ha dejado claro que el debate no debe girar únicamente en torno a la edad de los contribuyentes, sino también a su capacidad económica. En sus palabras, "no se puede pretender que los activos contribuyan de forma indefinida a financiar los nuevos gastos sociales por el envejecimiento".

Esta nueva filosofía busca modificar el esquema de contribuciones fiscales, eliminando ciertos privilegios de los pensionistas, como la deducción del 10% de sus pensiones en concepto de gastos profesionales. Hasta ahora, esta deducción estaba equiparada a la que disfrutan los trabajadores en activo, aunque evidentemente los jubilados no incurrieran en tales gastos.

Eliminar esta exención no sólo sería una medida de equidad fiscal, sino también una forma de reforzar el sistema social sin cargar aún más a los trabajadores activos.

Nuevos impuestos para altos ingresos y lucha contra la evasión

En paralelo, Montchalin ha anunciado la intención de dar continuidad a la denominada "contribución excepcional para los altos ingresos". Este tributo afecta a quienes perciben más de 250.000 euros anuales y varía entre el 3% y el 4%. La idea es que este tipo de figuras fiscales ayuden a compensar el creciente coste del envejecimiento poblacional, sin desalentar la inversión o la creación de empresas.

La lucha contra el fraude fiscal se sitúa también como un pilar esencial para mejorar la financiación del modelo social francés. Se espera, por ejemplo, intensificar los controles sobre las bajas médicas, cuyo coste ha aumentado un 25% desde 2021. De esta manera, el Gobierno francés planea recuperar unos 15.000 millones de euros en 2026, superando los más de 13.000 millones obtenidos en 2024.

Revisar las exenciones fiscales para sanear las cuentas

El ministro de Economía, Éric Lombard, ha recordado que Francia necesita reducir su déficit al 4,6% del PIB en 2026. Para lograrlo, se deberán recortar gastos por unos 40.000 millones de euros. Parte de esta estrategia consiste en revisar y suprimir al menos 50 de las 467 exenciones fiscales actualmente en vigor, que representan una pérdida de ingresos de unos 84.000 millones de euros.

Montchalin ha enfatizado que muchas de estas exenciones ya no se justifican o bien favorecen de manera desproporcionada a ciertos colectivos, incluidos los pensionistas. Así, suprimirlas permitirá un sistema más justo y equilibrado, donde los que tienen más capacidad económica contribuyan de forma proporcional a la financiación del modelo social.

El transporte sanitario y otros gastos bajo la lupa

Un área clave de revisión será el transporte sanitario, cuyo gasto anual alcanza ya los 7.000 millones de euros. El objetivo será optimizar el uso de estos servicios, evitando abusos y mejorando la eficiencia del sistema.

Montchalin también ha puesto sobre la mesa la necesidad de modernizar los controles sobre las bajas laborales, así como otros ámbitos del gasto social que están creciendo a ritmos insostenibles. La idea es garantizar que cada euro gastado tenga un impacto real y que no se financien servicios o ayudas cuya necesidad real haya desaparecido con el tiempo.

¿Un modelo a seguir para España?

El enfoque francés podría ser una referencia interesante para España, donde el envejecimiento demográfico también representa un desafío creciente para las finanzas públicas. A diferencia de otras propuestas que implican recortes directos en las pensiones, la vía francesa apuesta por revisar los privilegios fiscales y subvenciones que disfrutan los mayores.

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En España, medidas como el transporte público gratuito, el acceso a programas turísticos subvencionados como el Imserso o los descuentos en precios oficiales son ejemplos de ventajas que, si bien tienen un impacto social positivo, también suponen un gasto considerable para las arcas públicas. Eliminar o modular estas ventajas en función de la capacidad económica del beneficiario podría abrir una vía de ahorro significativa, sin afectar la pensión básica.

Una mini-reforma que podría sentar precedentes

Aunque se trata de una mini-reforma en Francia, su contenido es profundamente estratégico. Más allá de los cambios fiscales inmediatos, introduce un debate de fondo sobre la justicia intergeneracional y el papel de los recursos individuales en la financiación del bienestar colectivo.

No se plantea reducir las pensiones, sino que se busca garantizar su sostenibilidad mediante un ajuste de las cargas fiscales, haciendo que quienes tienen mayores recursos contribuyan en mayor medida. Además, se refuerza la idea de que el sistema social debe ser sostenido de manera equitativa, evitando que toda la carga recaiga en las generaciones activas. ¿Servirá como ejemplo para España?

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En 2013 España estaba por fin saliendo de una crisis económica brutal, pero aún no sabíamos que lo peor había pasado. La presión de Europa para que hiciéramos reformas era muy fuerte y en ese contexto el Gobierno de Rajoy aprobó una reforma del sistema de pensiones que, si bien no era ideal, iba por el buen camino.

Las claves de la reforma estaban en que se creaban mecanismos para compensar, en el largo plazo, los ingresos y gastos del sistema. Si los ingresos subían los gastos también, pero si los ingresos no eran suficientes, los gastos también bajaban.

La forma de realizar esta estabilidad presupuestaria era por un lado limitar las subidas de las pensiones, que se desvinculaba del IPC, y por otro que las nuevas pensiones podían ser más bajas si las previsiones de ingresos eran más bajos.

Los "defectos" de la reforma es que establecía un mínimo de incremento anual del 0,25%, cuando la propuesta del grupo de expertos incluso preveía que hubiera bajada de pensiones si había déficit. Y por otro que establecía unos plazos muy largos para su aplicación definitiva.

Las reformas de Ecrivá

La reforma nunca fue muy popular pero ya estaba aprobada y entrando en vigor y aunque existía una presión social en contra siempre se podía argumentar lo que se dijo en su día: la mejor forma de proteger un sistema es hacerlo sostenible en el tiempo.

Sin embargo Escrivá hizo reformas populistas que lo único que han hecho es arruinar unas reformas que eran buenas (aunque seguramente insuficientes). Ahora todo está arruinado y el gasto en pensiones se va a comer todo el gasto público dejando el resto de partidas temblando.

Y no solo lo digo yo, también el informe Ageing report de la UE de 2024. En él se evalua el gasto del sistema antes y después de las reformas de 2021 y 2023. La diferencia de gasto en 2050 serán 4,3 puntos de PIB (unos 65.000 millones de euros al año extra, a precios de hoy) y en 2070 6,4 puntos del PIB (96.000 millones de euros al año extra, a precios de hoy).

El Estado no va tener dinero para otras cosas

El impacto ya es real. Este año seguramente gastemos cerca un punto del PIB más en pensiones que con la reforma anterior y estos son 15.000 millones de euros. Cuando un político diga que no se puede hacer algo porque es muy caro, como mejorar la cobertura sanitaria, educativa, construir viviendas sociales, etc. pensemos en estas cifras.

Definitivamente la reformas de Escrivá han sido nefastas para el futuro de España. Y cuando tengamos un debate serio sobre qué hacer con las pensiones vendrán recortes serios, no una reforma lenta y contenida en el tiempo.

El confinamiento provocó que se disparasen las reformas en el país debido a que los usuarios pasaban más horas en sus hogares. Pese a que el sector experimentó un notorio crecimiento, impulsado por los elevados tipos de interés, el aumento de las cuotas hipotecarias y la dificultad de las rentas bajas y medias de acceder a una nueva vivienda, en los últimos meses se ha registrado una importante desaceleración, cuya principal responsable es la inflación.

La patronal de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) estima que durante 2023 la actividad del sector caerá en torno al 6,2%, el doble de las previsiones marcadas en febrero, cuando calcularon que la caída sería del 3,2%. Este descenso se acumula al 1,4% registrado en 2022.

El efecto caída es más acusado debido a que durante los años 2021 y 2021 la actividad en materia de reformas fue muy intensa. Además, a las cifras del sector durante 2023 hay que añadirle la bajada en torno al 6,4% de la compra-venta de viviendas, lo que ha provocado que se reduzca la necesidad de hacer reformas en suelo nuevo.

Las previsiones son que, a cierre de año, en España se hayan reformado un total de 1,7 millones de viviendas, con un gasto medio por hogar de unos 850 euros. Sin duda, una cifra realmente alarmante, ya que representa un 22% menos que los 1.082 euros de media que se gastaron en 2022.

Todos estos datos, que forman parte del Observatorio 360 de Andimac, determinan que el valor del mercado se reducirá en un 7,6% tras registrar un crecimiento del 11,6% durante 2022. Además, el retraso en la llegada de los fondos europeos destinados a la rehabilitación edificatoria tampoco beneficia al impulso definitivo del sector.

El auge del sector de las reformas tras la crisis sanitaria

Según datos de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (AECOC), las ventas del sector del bricolaje aumentaron en un 12,4% tras el fin del estado de alarma en mayo de 2020, alcanzando el 18,7% a finales de dicho año. Durante el cuarto trimestre de 2020, la demanda de proyectos y de reformas integrales de vivienda aumentó en un 45% con respecto al mismo período del año anterior.

En 2020 se rehabilitaron más de 33.000 viviendas en España, siendo los proyectos más demandados los de construcción y reforma integral o parcial de los inmuebles. El estudio ‘Cambios en el hogar en 2020 y perspectivas para 2021’ de la Escuela Madrileña de Decoración revela que el 20% de los encuestados habría querido disponer de un mayor espacio, terraza o balcón, el 15,7% de mobiliario adecuado para trabajar, el 13,4% una nueva estancia, el 7,5% menor ruido y el 4,7% mejorar la iluminación y la ventilación.

De media, el gasto en reformas del hogar durante 2020 fue de 8.572 euros, un 8% menos que en 2019 según el ‘Informe sobre el sector de la reforma en España 2020’ de Habitissimo. Así pues, el volumen de negocio osciló entre los 28.800 y los 29.300 millones de euros, compensándose el descenso del ticket medio con un incremento del 25% en las solicitudes de reforma.

Las ayudas europeas

El Gobierno de España viene trabajando en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que pretende distribuir los fondos Next Generation de la UE, canalizando las ayudas a través de las comunidades autónomas. Con este programa se prevé alcanzar las 510.000 actuaciones de renovación de viviendas durante el segundo trimestre de 2026, ejecutando 510.000 actuaciones de rehabilitación durante todo el período de aplicación del PRTR, lo que supondría un ritmo medio de 71.000 viviendas al año.

Si se compara con cifras de 2019, durante dicho año se rehabilitaron algo más de 31.100 hogares, un 10% más que en 2018, siendo el objetivo del Gobierno multiplicar por diez la actividad hasta 2030, cuando se prevén alcanzar las 300.000 viviendas al año.

A través de la intervención gubernamental se pretende reducir al 30% el consumo de energía no renovable en los hogares y descarbonizarlos hasta alcanzar una mejor eficiencia energética. Para alcanzar el objetivo de bajar la demanda de calefacción y refrigeración en torno al 7%, el sector de las reformas en España debe trabajar por colocar aislamiento en fachadas y cubiertas y sustituir las carpinterías por otras con rotura de puente térmico para evitar el paso del frío a través de las ventanas.

En este sentido, el último estudio de Andimac muestra las limitaciones del actual marco de regulación de las ayudas para la rehabilitación de las viviendas, que supone un retraso en la evolución de los negocios y en la mejora de las viviendas. Se aparecia una gran dispersión y una falta de actualización en los niveles de intensidad relacionados con los costes reales de los materiales en el mercado.

A nivel autonómico se aprecian limitaciones en las concesiones, lo que prolonga los tiempos de espera. Si España no actúa rápidamente en materia de rehabilitación e impulso de la reforma de las viviendas mediante ayudas directas e incentivos fiscales a las familias, se entraría en un riesgo de obsolescencia edificatoria y en la pérdida del valor de los inmuebles de las familias a medio-largo plazo en torno al 70%.

Uno de los problemas existentes de este gobierno es su falta de apego a las reformas necesarias para solucionar los problemas estructurales propios de la economía española. Lo cierto es que desde que España se ha ido adentrando en un panorama político dividido de España, con sucesivos gobiernos minoritarios y cuatro elecciones generales desde 2015, ha dificultado el avance de las reformas estructurales en los últimos años.

Pero, hasta la fecha, hemos visto un Gobierno de coalición del decreto, del gasto, de no cuadrar las cuentas... Poco debe importar si el BCE está detrás respaldando la deuda pública española y rebajando artificialmente su rentabilidad.

Con esta crisis, se ha llegado a un acuerdo con la Comisión Europea para que le correspondan 140.000 millones de euros durante los próximos seis años (más del 11% del PIB de nuestro país) de los que 72.700 millones de euros serán transferencias. El resto vendría en forma de deuda que puede o no solicitar el Gobierno.

Muchos pueden pensar que, a diferencia de la deuda, las transferencias son gratis, porque no nace una obligación. Pero, si bien no generaremos un pasivo que atender, estas transferencias sí están condicionadas a unas reformas que debe hacer el Gobierno para enfrentarse a los desafíos más estructurales de la economía.

Si bien hay una posición marcada en que España debe afrontar su déficit estructural, el foco de atención más inmediato es solucionar un alto desempleo estructural con una alta proporción de trabajadores con contratos a corto plazo y un alto déficit estructural en el sistema de Seguridad Social. Bruselas, indica qué reformas se deben emprender, pero es España quién decide cómo hay que abordar las soluciones.

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La reforma del mercado laboral de 2012 se queda si no hay acuerdo social

En los últimos años habíamos visto una fuerte creación de empleo en el mercado laboral español, acompañada por la reforma laboral de 2012. No obstante, con la subida del SMI vimos una notoria ralentización de la caída del desempleo. A pesar de todo, España ha seguido registrando altos niveles de desempleo y una excesiva segmentación en el mercado laboral antes del coronavirus.

La fuerte crisis que estamos viviendo ha llevado consigo a un repunte intenso en los niveles de desempleo hasta alcanzar una tasa del 16,2%. y 3,7 millones de desempleados. Sin embargo, no es una visión completa del mercado laboral, ni se incluyen los que se encuentran en ERTE ni los beneficios por cese de actividad. Si tenemos en cuenta estas variables nos iríamos a los cinco millones de desempleados.

La Comisión Europea está marcando cuál es camino a seguir de nuestro mercado laboral. En este punto hay que destacar que según ha publicado El País, "el documento Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico, elaborado por el Ministerio de Economía y la Oficina Económica de La Moncloa, apela por la prevalencia de los convenios de empresa sobre los sectoriales".

Por lo tanto, no volveremos a convenios supraempresariales que solo hacen que ofrecer rigidez al mercado laboral. Un punto positivo pero que abre fisuras entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo.

El Gobierno se ha comprometido a realizar una reforma laboral previo pacto del diálogo social. A día de hoy, el Presidente de Gobierno ni tan siquiera ha convocado a los agentes sociales para ver qué SMI establecerán en 2021 y, únicamente, hay un globos sonda para sobre la semana laboral de cuatro días. Por lo tanto, si no hay diálogo no los agentes sociales, no hay una propuesta laboral que presentar a Bruselas en sustitución de la reforma laboral de 2012.

España hoy tiene el paro juvenil más alto de la UE. Y desde Bruselas se nos dice que hay que apostar por la flexibilidad en las condiciones de trabajo. También debemos aumentar la proporción de estudiantes en ciencias y tecnologías digitales, hacer que la educación y la formación profesionales sean más atractivas y garantizar oportunidades flexibles de actualización y actualización de competencias para la creciente demanda de las habilidades técnicas necesarias para las transiciones ecológicas y digitales que acompañarán la recuperación.

El éxito de las medidas que puedan adoptarse con miras a lograr estos objetivos dependerá, en gran medida, de que se tome el tiempo necesario para construir un consenso social y político amplio y duradero en torno a las reformas.

Las pensiones vinculadas al IPC hacen que el sistema no sostenible

Desde el año 2011, el debate de las pensiones se han puesto encima de la mesa por el déficit existente en la Seguridad Social que acabó con la hucha de las pensiones y ahora, la Seguridad Social emite deuda que es financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado. Dada la insostenibilidad del sistema actual, el envejecimiento de la población con una de las tasas de reemplazo más altas del mundo (70% sobre último salario) todo ese gasto proyectado hace que sea aun más importante sostenible nuestra Seguridad Social.

Si nos ponemos en antecedentes, la aprobación del presupuesto de 2018 implicó apartarse de dos elementos clave de la reforma de las pensiones de 2013. Estas consisten, en primer lugar, en una suspensión temporal del mecanismo de revalorización anual durante 2018 y 2019 y, en segundo lugar, un aplazamiento de 2019 a 2023 de la entrada en vigor del factor de sostenibilidad, un mecanismo por el cual el nivel inicial de la pensión se ajusta a la expectativa de los cambios de vida.

En cuanto a la primera, la Ley de Presupuestos de 2018 contenía una revalorización de las pensiones del 1,6% en 2018, en comparación con el 0,25% implícito en el Índice de Revalorización de Pensiones. Además, el Gobierno de Partido Popular acordó aumentar la pensión mínima en un 3% en 2018 y aumentar las pensiones de los tanto en 2018 como en 2019.

Siguiendo esta estela marcada, si por algo se ha caracterizado el Gobierno de Sánchez es por su afán de revalorizar las pensiones vía el IPC. Independiente de no tener Presupuestos, se ha manteniendo una política de indexación de las pensiones. Este año está siendo duro para las cuentas de la Seguridad Social y arrastra hasta septiembre un déficit del 1,89%.

Bruselas nos pide acabar con este déficit y arreglemos los desajustes estructurales de la Seguridad Social. Si la reforma laboral dependía de si se sacaba algo en claro del diálogo social, la reforma de las pensiones entra en el marco del Pacto de Toledo. Aquí sí tenemos avances, buscando acabar con el déficit de la Seguridad Social en 2023 y tratando de seguir con pensiones vinculadas al IPC.

Una de las claves sería acercar la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida. Se buscará generar incentivos para que los trabajadores sigan activos para prolongar su vida laboral y sacar partidas de gasto de la Seguridad Social y ponerlas en los Presupuestos como las prestaciones por nacimiento, los incentivos a las contrataciones o los complementos de maternidad.

"Hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre." Salmos 78:24-25

Uno de los temas que más titulares y discusiones ha suscitado durante estos últimos meses ha sido el llamado Fondo de Recuperación Europeo, Next Generation EU en su denominación oficial, el instrumento de recuperación temporal aprobado por el Consejo Europeo de julio de 2020 junto con el nuevo Marco Financiero Plurianual de la UE 2021-2027 y que movilizará nada menos que 750.000 millones de euros en los próximos años.

La llegada de esta especie de maná caído del estrellado cielo europeo, que beneficiará especialmente a los países más afectados por la pandemia del #COVID-19, con Italia y España en cabeza, ha generado un exceso de expectativas mediáticas, alentadas por la propaganda oficial, que puede hacernos perder una visión más serena sobre la verdadera relevancia de la iniciativa y sus límites objetivos, en especial su lento despliegue temporal y la condicionalidad que le acompaña.

La puesta en marcha del fondo tampoco debería hacernos olvidar que, pese a la envergadura de la ayuda (unos 140.000 millones para España entre subvenciones y préstamos), la responsabilidad de la salida de esta crisis recae mayoritariamente en nosotros, en nuestra capacidad de adaptación y respuesta a la pandemia, y en las reformas que estemos dispuestos a implantar para solventar las debilidades estructurales de nuestra economía. Nos espera, en palabras de los Beatles, un largo y sinuoso camino.

Los pilares del fondo de recuperación

El Next Generation EU consta de tres pilares, que a su vez se componen de instrumentos específicos, cuyos importes se reflejan en el gráfico anterior:

• El primer pilar, y más importante, está destinado a apoyar a los Estados Miembros en su recuperación. Este pilar contiene el principal instrumento del fondo: el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el cual, según el acuerdo alcanzado el pasado 10 de noviembre entre el Parlamento y el Consejo Europeos, con apoyo de la Comisión, movilizará 672,5 miles de millones de euros, repartidos entre subvenciones (312,5) y préstamos (360,6). Este primer pilar también intregra los mecanismos REACT-EU (dedicado a reforzar las políticas de cohesión), Desarrollo Rural y el Fondo de Transición Justa (en persecución de una economía climáticamente neutra).
• El segundo pilar destina recursos adicionales a instrumentos destinados a impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades. En este caso, el programa InvestEU integrará los instrumentos financieros de la UE disponibles actualmente para apoyar la inversión en la Unión.
• El tercer pilar pretende reforzar los programas clave de la UE para extraer las enseñanazas de la crisis, hacer un mercado único más fuerte y resiliente, y acelerar la transición ecológica y digital. Dos programas reciben fondos extra en este caso. En primer lugar, el mecanismo rescEU, que constituye una reserva a nivel europeo de capacidades de protección civil, destinada a luchar contra las catástrofes naturales. Por otro lado, Horizonte Europa es el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE (2021-2027).

En total, como hemos apuntado, 750.000 millones de euros canalizados hacia los Estados Miembros en forma de subvenciones y préstamos, habiéndose autorizado por primera vez a la Comisión Europea a financiar este gasto con emisión de deuda de la UE en los mercados de capitales, lo que constituye otro hito histórico. Deuda que, por supuesto, no saldrá gratis y que deberemos amortizar los ciudadanos europeos durante las próximas décadas.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

La joya de la corona del Next Generation EU es el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el que nuestro país tiene puestas muchas de sus esperanzas de impulso a la recuperación. No obstante, los importantes fondos que canalizará el mecanismo, tanto en su parte de subvenciones como de préstamos, vienen acompañados de un exigente procedimiento de solicitud y de una inescabaple condicionalidad.

Los Estados miembros deben preparar planes de recuperación y resiliencia con urgencia, que incluyan un paquete coherente de reformas y proyectos de inversión pública. Para beneficiarse del apoyo del Mecanismo, estas reformas e inversiones deben implementarse con horizonte temporal de 2026.

Los planes deben abordar con eficacia los desafíos identificados en el Semestre Europeo, en particular las recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo. Los planes también deben incluir medidas relativas a las transiciones verde y digital. Ahí es nada.

Cada plan debe contribuir a las cuatro dimensiones descritas en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021, que incició el ciclo del Semestre Europeo de este año:

• Sostenibilidad del medio ambiente
• Productividad
• Justicia
• Estabilidad macroeconómica

Se anima a los Estados Miembros a presentar sus programas nacionales de reforma y sus planes de recuperación y resiliencia en un único documento integrado, que ofrezca una visión general de las reformas e inversiones que cada Estado tiene previsto emprender en los próximos años, de acuerdo con los objetivos señalados.

El proceso a seguir, como se ha dicho, es exigente. La recepción de los fondos europeos dependerá del cumplimiento de los hitos marcados y las recomendaciones específicas. Existen mecanismos de congelación de los pagos si no se cumple con los objetivos previstos. Este fue uno de los aspectos que generó más controversia durante la negociación del mecanismo y sobre el que los países llamados "frugales" hicieron más presión. No debemos en ningún caso despreciarlo por improbable. Nos van a vigilar de cerca, ya sean los hombres de negro o nuestros propios vecinos.

Los planes tienen como fecha tope de presentación el 30 de abril de 2021. Los importes asignados a cada Estado Miembro se irán liberando durante los próximos años. Por tanto, aunque podemos esperar efectos significativos, estos no serán inmediatos.

Algunas reflexiones a propósito de España

Más allá de la presentación oficial a bombo y platillo del Plan de Recuperación el pasado 7 de octubre, en el que se esbozaban sus líneas generales, poco más sabemos en cuanto al destino de los fondos y los criterios que van a regir para su reparto, los detalles de su gestión y su adecuada supervisión. Esto es, estando ya mediado el mes de noviembre, todavía desconocemos los detalles clave, precisamente aquellos donde se esconde el diablo y que finalmente determinarán la eficacia del resultado final. Siendo el montante de recursos a recibir muy importante, aún lo será más la forma de canalizarlos. Y en este punto, nuestros antecedentes no animan a un excesivo optimismo.

En primer lugar, cabe reseñar que, hasta el 30 de junio de 2020, de los 56.241 millones de euros en fondos estructurales y de inversión europeos puestos a disposición de España para el periodo de 2014 a 2020, sólo habíamos ejecutado el 34% (19.374 millones de euros), figurando a la cola de la Unión Europea en este apartado.

Ello ha levantado dudas razonables sobre nuestra capacidad para preparar un buen plan, así como para absorber y gestionar con solvencia los fondos de recuperación. Movilizar en tan corto espacio de tiempo a las Administraciones Públicas españolas, armonizando necesidades, estableciendo prioridades, definiendo criterios objetivos y agilizando los órganos de tramitación y gestión, teniendo en cuenta nuestra enmarañada panoplia burocrática y política, con la pandemia rebrotando y unos prespuestos muy alejados del necesario consenso nacional, se antoja una tarea abrumadora. Máxime ante la necesidad imperiosa de atender la siempre pospuesta reforma de la administración, de modernizar la legislación presupuestaria y contractual, así como de avanzar decididamente en unidad de mercado, seguridad jurídica y digitalización. Y con urgencia. Casi nada.

Ante tal tesitura, no es de extrañar que el Gobierno haya invitado a las grandes consultoras (Deloitte, PwC, EY y KPMG, las llamadas Big Four) a participar en el proceso de formulación y canalización de propuestas del sector privado, dadas su capacidad de gestión y su "capilaridad sectorial", lo que arroja algunos interrogantes adicionales sobre el destino final de los fondos. La pregunta que debemos hacernos en este punto es: ¿alcanzarán dichos recursos a los sectores más necesitados o a los mejor organizados o con mejores contactos? ¿Seguiremos siendo herederos de nuestro lobbysmo castizo? El tiempo nos lo dirá, pero deberíamos mantener al respecto un sano escepticismo.

Responsabilidad

Más allá de la vigilancia de Bruselas y la condicionalidad de los fondos, la clave del éxito radicará en la responsabilidad de cada Estado Miembro para asumir la parte que le corresponde en la recuperación europea. En nuestro caso, ello incluye el convencimiento de que las reformas estructurales que requiere España resultan imprescindibles sin necesidad de que nadie nos tenga que decir que lo son y de reprendernos por no llevarlas a cabo. Sin aplicar esas reformas corremos el riesgo de acabar gestionando un gigantesco Plan E a nivel europeo; un alivio temporal pero no sostenible en el tiempo.

El maná europeo esta apunto de llegar como pan de ángeles para alimentarnos en medio de la penuria, pero no debemos olvidar que no nos durará ni nos servirá si no somos capaces de generar nuestra propia y virtuosa prosperidad. La propias escrituras (Josué 5:12) nos advierten al respecto:

"Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año".

Que así sea.

Desde la creación del BCE el 1 de junio de 1998 no ha habido grandes pasos en la integración europea. En dicha ocasión los Estados que decidieron pasar a formar parte del club del Euro decidieron ceder soberanía, bastante soberanía, a una institución común.

Es verdad que desde entonces se han dado algunos pasos, como la creación del MEDE, el ESM o el muy reciente acuerdo de un Fondo de rescate para el Covid-19, que implica la emisión de eurobonos. Pero todas esas integraciones han sido forzados por la situación, no parte de un plan como cuando se decidió crear el Euro.

Todas estas decisiones reactivas dejan claro que tendría que haber un impulso al proyecto de integración en otros aspectos, porque la integración monetaria de manera aislada genera problemas que los Estados de forma independiente tienen muy complicado resolver. Quizá en los próximos diez años veamos algunas integraciones más ambiciosas y desde luego esperemos que sea así.

Armonización fiscal de sociedades

En principio que cada Estado de la UE tenga diferentes impuestos de la renta o de IVA no afecta mucho a la integración. Sí, puede hacer que haya gente que se desplace de un Estado a otro buscando impuestos más bajos, pero no afecta especialmente a los Presupuestos nacionales.

Sin embargo que no haya un impuesto de sociedades común sí que es grave. Al final, al tener un mercado único, una multinacional que quiera operar en la UE puede establecerse en cualquier país y facturar sus servicios desde la sede. Y aquí es donde hay grandes diferencias y mecanismos ingeniosos para minimizar la factura fiscal.

Esto acaba creando una competencia fiscal y acuerdos especiales que, en principio, favorecen a ciertos países en detrimento de otros. Luxemburgo, Países Bajos e Irlanda están en el punto de mira, no solo por tener impuestos de sociedades bajos, sino por favorecer acuerdos especiales con ciertas empresas y permitir mover dinero a las empresas a otros países sin fiscalizar, lo que permite estrategias que, aunque les beneficia a ellos, perjudican a la UE en su conjunto.

La Comisión Europea lleva muchos años intentando una armonización fiscal. Y en la próxima década debería acabar funcionando. Al igual que el sur de Europa debe entender que necesita hacer reformas que impulsen sus economías, estos países deben entender que la armonización fiscal, aunque dolorosa a corto plazo, será beneficiosa a largo.

Seguro de desempleo europeo

Si hay algo importante en los seguros es que, cuanto más grande es el número de clientes, mejor funcionan, ya que excepto en casos de un shock que afecte a todos los clientes la solvencia se incrementa.

En el caso de los seguros de desempleo está claro que un seguro a nivel europeo sería una buena idea. Es cierto, hay países con bajas tasas de paro que no estarían dispuestos a financiar a los países con mayores tasas de paro, y por tanto estos últimos tendrían que hacer reformas en sus mercados laborales para reducir al menos su tasa de paro estructural.

Una vez hecho esto, integrar el seguro de desempleo sería una buena herramienta para combatir los déficits fiscales de ciertos países y por otro lado proteger mejor a los trabajadores. ¿Sería posible lograrlo? Si se asumen las reformas en los países con mayor tasa de paro podría ser. Y parece que la crisis del coronavirus podría ser un impulsor de este tipo de medidas.

Sistema de pensiones europeo

Lo mismo que con el desempleo, los sistemas de pensiones cuanto más grandes mejores. Y sería una buena idea ceder esta competencia a la UE. Esta es la idea más complicada de todas, debido a que las pensiones requieren muchos fondos y generan expectativas a largo plazo entre los contribuyentes.

Para que esto fuera posible habría que armonizar el sistema de pensiones europeo, cotizaciones, edades de jubilación y un largo etcétera, pero como digo sería una buena idea pues el sistema sería más robusto. Además una institución como es la UE podría controlar de forma más sencilla que el sistema sea sostenible, sin tener presiones locales que impiden hacer reformas necesarias.

Realmente de estas tres reformas la primera (armonización fiscal) es la más viable, siendo la segunda quizá posible por la situación en la que nos encontramos. La tercera es complicada, a no ser que se cree un grupo de países que lo vea posible y al igual que con el Euro, no sea cosa de todos los Estados sino de un conjunto de ellos.

Lo que está claro es que la integración monetaria necesita, para funcionar, otras integraciones que no hemos tenido en Europa. Si queremos estar evitando que cada pocos años haya crisis y poniendo parches podríamos empezar por hacer estas reformas.

El Banco de España considera que se deben hacer mejoras en el funcionamiento de la Unión Económica y Monetario (UEM) antes que se produzca una nueva crisis financiera.

Según el Banco de España se debe llegar a una mayor integración financiera , para completar la Unión Bancaria, con la creación de un fondo común de garantía de depósitos e introducir instrumentos fiscales para mejorar la estabilidad económica a través de activo seguro común en la euro zona.

Nos podemos preguntar: ¿Cuáles son las razones para que el Banco de España le pida a la Unión Europea mejoras a nivel estructural?

El Banco de España pide más unión bancaria en la Unión Europea

El Banco de España considera básico una mayor integración del sistema bancario para reforzar la recuperación de una posible crisis y así poder afianzar el crecimiento a mayor velocidad, facilitando una inflación común como referencia a medio plazo.

Por eso, el Banco de España defiende la necesidad de una mayor estabilización fiscal, ya que actualmente la Unión Europea no cuenta con herramientas de política fiscal capaces de dar una respuesta unitaria frente a la transformación digital, transición energética, envejecimiento y, en definitiva, a una adaptación empresarial y productiva cada vez más globalizado, complejo y exigente.

Por tanto, la inexistencia de mecanismos de coordinación de la política macroeconómica de la Unión Europea se va agravando cuando la política monetaria está en los límites de los tipos de interés.

Para el Banco de España resulta urgente la creación de un instrumento común que asegure estabilización de los ciclos del euro, que pueda ayudar a absorber las perturbaciones adversas, con el objetivo de suavizar los efectos a nivel de país y de estabilizar los efectos a nivel de conjunto.

La Comisión Europea dice que las reformas estructurales se realizan con lentitud

El Banco de España ha puesto también énfasis en las carencias estructurales que no dejan avanzar la productividad y la generación de oportunidades de inversión en Europa, al mismo tiempo de la introducción de medidas para que todos los ciudadanos se beneficien de la Unión Europea.

Estas reformas estructurales consisten en políticas expansivas de oferta que vienen generadas por los riesgos de crecimiento (tensiones proteccionistas o el 'Brexit') que reducen la oferta global de bienes y perjudican la capacidad productiva.

Realizar estas reformas estructuras pueden dar un mayor impulso a la actividad económica de la Unión Europea cuando si se trabajan de forma paralela las políticas fiscales y monetarias de forma expansiva. Estas reformas tienen un avance demasiado lento en su plantación según la Comisión Europea.

El progreso de las reformas se realizan de forma lenta en la eliminación de las barreras en la prestación de servicios profesionales y en las industrias de red, a parte de la mejora de los entornos empresariales a través de la disminución de las cargas administrativas que no facilitan la creación de empresas.

Se deben marcar como prioridades la mejora de los trabajadores y las políticas activas de empleo, a parte de un incremento del gasto público y privado en innovación para crear nuevas oportunidades de negocio.

Completar la Unión Bancaria y activos seguros comunes

El Banco de España apuesta por la creación de un mercado único de capitales y completar la Unión Bancaria, ya que son claves para la financiar la inversión y la innovación empresarial como para conseguir una unión monetaria más fuerte y resistente frente a perturbaciones adversas de afectan al euro.

Claramente los mercados en Europa están menos desarrollados que en Estados Unidos o China, y además se le puede añadir que se encuentran fragmentados, lo que es un gran obstáculo para la creación de empresas, ya que no se facilita la obtención de financiación en las fases iniciales.

La financiación de las empresas europeas se vería beneficiada de la finalización de la Unión Bancaria a nivel Europea antes que se produzca una crisis, debido a la creación y funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión y un Fondo Único de Resolución, con una creación y puesta en funcionamiento de un Seguro de Depósitos Europeo.

Por otra parte, sería recomendable según el Banco de España la creación de un activo común para el conjunto de la Unión Europea, ya que habría mejora de la posición fiscal de los miembros de la Unión Europea y así se podría incrementar la cantidad de activos sin riesgos disponibles, pero un activo común tendrá más beneficios, contribuyendo a disminuir la relación entre riesgos bancarios y de gobierno.

Otros beneficios sería la prevención de movimiento de capitales hacia activos seguros que pudieran resultar desestabilizadores en momentos de tensiones económicas y financieras.

En El Blog Salmón | ¿Qué grado de culpa tiene el Banco de España en la presuntamente fraudulenta salida a bolsa de Bankia?

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