Tal y como explica El HuffPost, la Seguridad Social detectó que el patrimonio de la mujer rebasó ampliamente el umbral legal permitido. Esto ocurrió a pesar de que su vivienda habitual quedó fuera del cálculo patrimonial.

El conflicto pone el foco en la letra pequeña de las ayudas públicas y el control fiscal. Recibir una herencia puede convertirse en un arma de doble filo para los ciudadanos en situación de vulnerabilidad económica. En este caso, el cruce de datos entre la Agencia Tributaria y la Seguridad Social fulminó la prestación de golpe. La clave está en que la normativa exige transparencia inmediata al ciudadano, y la justicia ha dejado claro que un incremento patrimonial sobrevenido invalida el derecho a percibir este subsidio, obligando a devolver cada euro cobrado de forma indebida.

El origen del descuadre patrimonial

La historia arranca en el año 2020, cuando la Seguridad Social aprobó a esta ciudadana una cuantía mensual de 469,93 euros en concepto de Ingreso Mínimo Vital. Sin embargo, la situación dio un vuelco radical a fines de 2021. Tras cotejar la información con Hacienda, el organismo estatal extinguió la prestación al comprobar que la unidad de convivencia superaba con creces los límites de riqueza permitidos. En concreto, el patrimonio computado de la afectada en el ejercicio 2020 escaló hasta los 79.119,83 euros, una cifra que pulverizaba el umbral máximo fijado por la ley en 43.196,40 euros.

Esta acumulación de bienes procedía directamente del fallecimiento de su madre. La herencia se desglosaba en 75.209,84 euros correspondientes a bienes inmuebles y otros 3.910,02 euros depositados en cuentas bancarias. Para el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), este nuevo capital resultaba incompatible con la condición de vulnerabilidad de la unidad familiar. Y eso a pesar de que la Administración no contabilizó su vivienda habitual, la cual estaba valorada en más de 340.000 euros. Como consecuencia, el Estado le reclamó formalmente el reembolso de 5.169,23 euros por los cobros indebidos realizados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021. Cabe recordar que, paralelamente a estas prestaciones, la Seguridad Social abona ayudas de entre 57 y 115 euros al mes a las familias con menores de edad, incluso si no cobran el Ingreso Mínimo Vital.

Los argumentos de la beneficiaria y el rechazo judicial

La perceptora de la ayuda mostró su disconformidad y alegó que no tenía la obligación de reintegrar las cantidades. Defendió que el desembolso había sido fruto de un "error de la propia autoridad competente" y argumentó que, cuando formalizó la solicitud de la ayuda, la escritura de la herencia todavía no se había firmado. Buscando amparo legal, la mujer llegó a invocar un Reglamento Europeo sobre ayudas a agricultores para intentar eludir la deuda, sosteniendo que la Administración debió verificar de forma más rigurosa sus requisitos desde el principio.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó de plano estos argumentos. Los magistrados aclararon que el foco del litigio no era la composición de los bienes aceptados, sino dilucidar si la Seguridad Social erró al otorgar y mantener el subsidio. La sentencia es contundente: "no apreciamos error alguno cometido por parte de la Entidad Gestora, pues los datos tributarios de la actora no los pudo comprobar la entidad Gestora hasta el año siguiente, que es cuando se realiza la declaración de IRPF".

La obligación de informar y el veredicto definitivo

El tribunal recordó que la normativa es sumamente estricta en estos procedimientos. El Artículo 15.2 de la Ley 19/2021, que regula el Ingreso Mínimo Vital, impone a los beneficiarios la obligación de comunicar en un plazo de 30 días naturales cualquier variación que afecte a las condiciones de la prestación. La Sala hizo especial hincapié en que el patrimonio adquirido "pudo ser puesto de manifiesto a la Entidad Gestora por la demandante en el momento en que tiene lugar la adjudicación por herencia y no consta que la demandante lo hiciera".

Al no existir constancia de dicha notificación, la Justicia determinó que las justificaciones de la demandante carecen de validez para invocar la doctrina de protección al ciudadano frente a equivocaciones de la Administración. El problema es que el control fiscal llega tarde o temprano, y el retraso administrativo no exime de las responsabilidades individuales. En definitiva, el TSJ de Madrid desestimó el recurso de suplicación, confirmó la resolución original de la Seguridad Social y ratificó la plena obligación de devolver los 5.169,23 euros percibidos de manera indebida.

Este fallo judicial sienta un precedente claro sobre la responsabilidad compartida entre el Estado y el ciudadano. Las ayudas asistenciales están milimétricamente ligadas a las condiciones de renta y patrimonio vigentes en cada momento. Ignorar la obligación de informar sobre cambios económicos sobrevenidos, como una herencia, no paraliza los mecanismos de revisión de la Inspección, que tarde o temprano cruza datos con la Agencia Tributaria para exigir la devolución íntegra de los fondos públicos.

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En los barrios más adinerados de España, el sueldo ya no es la principal fuente de ingresos. Mientras en las zonas de clase media y trabajadora más del 80 % de la renta procede del trabajo, en las áreas más ricas el peso de la nómina cae por debajo del 65 %.

Los datos presentados por la Agencia Tributaria dibujan dos economías que comparten ciudad, pero no las mismas reglas del juego: uno de los grupos cuenta con un amplio margen para la inversión mientras que el otro limita gran parte de sus ingresos al salario.

Dos Españas en las ciudades

La última estadística de declarantes del IRPF por código postal, publicada por la Agencia Tributaria con datos de 2024, revela un patrón nítido: a medida que aumenta la renta media de un barrio, desciende el peso del salario en los ingresos de sus vecinos.

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En los códigos postales con rentas medias inferiores a 25.000 euros, el trabajo aporta más del 80 % de los ingresos. Por el contrario, en los barrios más ricos, donde las rentas superan los 100.000 euros, esa proporción no supera el 65 %. En seis de ellos, incluso cae por debajo del 50 %.

El contraste se percibe con mayor claridad en las ciudades. Por ejemplo, en Valencia, el barrio de Sant Pau-Benimàmet obtiene el 83 % de su renta del trabajo, mientras que en el adinerado Pla del Remei ese peso se desploma al 43 %, según un análisis publicado recientemente por El País.

Sueldos más altos, inversiones de capital

La estadística de la Agencia Tributaria permite ver qué fuentes sustituyen a la nómina cuando el trabajo deja de ser dominante, existiendo tres pilares que ganan protagonismo:

• las rentas del capital (dividendos, intereses, alquileres o participaciones),
• las actividades económicas (ingresos de autónomos o profesionales liberales),
• y las ganancias patrimoniales (plusvalías por la venta de activos o inmuebles).

En barrios del Eixample y Sarrià-Sant Gervasi (la calle Muntaner o el barrio de Pedralbes, por ejemplo), en Barcelona, o Salamanca–Goya (Madrid), el capital representa más del 25 % de los ingresos declarados, mientras que las plusvalías o beneficios empresariales completan otra parte significativa.

Dicho de otro modo, a partir de cierto umbral de renta, el dinero ya no proviene del trabajo sino del patrimonio. Las cifras confirman una tendencia de fondo: una patrimonialización progresiva de la renta. Cuanto mayor es el nivel de ingresos, más peso adquieren los activos financieros e inmobiliarios en la composición de la riqueza.

Según los datos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España, el 10 % de los hogares con mayor patrimonio concentra más de la mitad de la riqueza financiera del país. 

En esos hogares, la proporción de activos como acciones, fondos o depósitos es muy superior a la media nacional, mientras que en los estratos medios y bajos predomina la vivienda habitual y los ingresos proceden casi íntegramente del trabajo o de las pensiones.

En términos urbanos, esto se traduce en dos modelos que conviven en una misma ciudad: la economía del salario mensual frente a la del rendimiento del patrimonio.

Madrid, Barcelona y Valencia

Si observamos algunos de los barrios de las principales ciudades de España podemos ver esa dinámica con claridad. En Madrid, por ejemplo, los barrios de Vallecas, Moratalaz o Carabanchel superan el 80 % de ingresos procedentes del trabajo; en cambio, Salamanca, Chamartín o La Moraleja se mueven entre el 50 % y el 55 %.

En Barcelona, el patrón se repite: en muchos barrios del Ensanche y Pedralbes, el capital y las plusvalías aportan cerca de un tercio de los ingresos, mientras que Sants o Sant Andreu siguen siendo zonas de renta, principalmente, vinculadas al trabajo.

Por último, en Valencia la brecha es aún más pronunciada: Pla del Remei y Massarrochos-Santa Bárbara concentran rentas de capital y beneficios patrimoniales, frente a Benimàmet o Campanar, donde el salario explica prácticamente toda la renta declarada.

El círculo del capital

En los barrios donde el salario representa casi toda la renta, la capacidad de ahorro y de inversión es mínima. La Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España confirma que menos del 30 % de los hogares de renta baja logra ahorrar cada año, frente a más del 80 % en los tramos altos.

En las zonas más prósperas, ese ahorro se reinvierte en activos financieros e inmobiliarios que generan nuevas rentas del capital. El resultado es un círculo de acumulación en la parte alta y, a la vez, un círculo vicioso de dependencia del salario en la base.

Esa diferencia en la composición del ingreso explica por qué, incluso en épocas de crecimiento del empleo o de subidas salariales, la brecha de riqueza continúa ampliándose: la desigualdad ya no se mide solo en los euros de la nómina, sino en activos que producen más dinero por sí mismos.

En conclusión, el trabajo sigue siendo el motor económico de la mayoría de los españoles, pero el capital es (y hoy más que nunca) la clave de la clase alta. 

La estadística fiscal por códigos postales no solo refleja cuánto se gana, sino cómo se gana: a golpe de nómina o de rendimiento del patrimonio. Y es en esa diferencia donde se dibuja la frontera más invisible (y determinante) de la desigualdad en España.

Gráficos: El País

El sistema tributario español, que duda cabe, ha cambiado y mucho en los últimos años. No solo ha mutado en cuanto a su estructura normativa, sino que también lo ha hecho en la interactuación con los ciudadanos.

La combinación de una mayor complejidad fiscal e incremental a través de la cantidad, no de la calidad, ha llevado a un aumento de litigios entre Hacienda y los contribuyentes.

La interposición de órganos administrativos y judiciales es cada vez más frecuente; las impugnaciones a liquidaciones, sanciones u otras actuaciones son cada vez más comunes…y exitosas. No es algo nuevo.

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Desde 2008, coincidiendo con la crisis financiera, ha aumentado la conflictividad tributaria.

La presión recaudatoria se transforma en litigiosidad

Según Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), actualmente existen más de 250.000 reclamaciones en trámite en los órganos administrativos encargados de resolver disputas tributarias.

Esta cifra es el reflejo de una estrategia que ha incentivado actuaciones masivas sin el debido análisis, y que ha generado una oleada de conflictos con particulares. A esto se suma que desde hace más de una década apenas ha variado el número de técnicos encargados de tramitar y resolver estos procedimientos.

En 2023, el número de reclamaciones presentadas alcanzó las 239.177, lo que supone un aumento del 32% respecto a 2019.

Un crecimiento impulsado por la introducción de nuevas figuras fiscales y modificaciones normativas de interpretación ambigua, que han generado inseguridad jurídica y desconfianza.

Las familias, en particular, se han visto arrastradas por esta complejidad normativa en contextos tan sensibles como los impuestos de sucesiones, las deducciones familiares o los gravámenes sobre patrimonio.

Alta estimación de reclamaciones en favor de los contribuyentes

Una de las claves que explican el aumento de recursos es el porcentaje de éxito que tienen quienes recurren. Los datos de los TEA muestran que cerca del 40% de las reclamaciones son estimadas, total o parcialmente. Esta proporción aumenta en materias de mayor relevancia económica, donde el porcentaje de resoluciones favorables al contribuyente puede superar el 50 %.

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En el ámbito autonómico, la situación es aún más llamativa: el 66% de las reclamaciones contra actos dictados por las haciendas regionales terminan con resultado favorable para los contribuyentes. Esta elevada tasa de corrección refleja no solo errores en la tramitación, sino también decisiones discutibles desde el punto de vista jurídico.

El atasco judicial como consecuencia del exceso de celo

La vía contenciosa tampoco favorece a Hacienda. Los tribunales de justicia anulan cerca del 40% de las liquidaciones impugnadas. Sin embargo, apenas el 17% de los ciudadanos afectados por una resolución administrativa deciden llegar a los tribunales. La razón es sencilla: la mayoría de las deudas no compensa asumir el coste del proceso judicial.

Este desajuste ha dejado a muchas familias con escaso margen de defensa, asumiendo de forma resignada errores administrativos por el simple hecho de que litigar cuesta más que lo que se discute.

Una deuda que se dispara y recursos que se acumulan

La deuda tributaria pendiente de cobro por parte de Hacienda alcanza ya los 50.000 millones de euros. De esa cantidad, cerca de 11.000 millones están paralizados en procesos administrativos o judiciales.

El atasco ha obligado al Ministerio a activar planes extraordinarios para reducir los expedientes acumulados, como la cesión temporal de técnicos de la AEAT a los tribunales económicos, con el objetivo de aumentar un 28,8% el número de ponentes.

No obstante, el enfoque sigue siendo cortoplacista. Los técnicos de Hacienda denuncian que sin una reforma estructural del modelo de gestión, estos parches no lograrán reducir la carga real de trabajo ni mejorar la calidad de las decisiones.La litigiosidad persistirá mientras no se aborde el origen: la planificación basada en cuotas de inspección y objetivos recaudatorios.

Las familias, atrapadas en el laberinto tributario

La complejidad del marco fiscal no solo afecta a las grandes empresas. Las familias están cada vez más expuestas a una normativa intrincada, difícil de interpretar y más propensa a errores. El resultado es una desconfianza creciente hacia el sistema, especialmente cuando se enfrentan a procedimientos largos, costosos y técnicamente exigentes.

Muchos hogares que han recibido liquidaciones o sanciones se encuentran en la disyuntiva de aceptar el acto administrativo o embarcarse en un proceso de reclamación sin garantías claras. La percepción generalizada es que el esfuerzo recaudador recae sobre quienes tienen menos medios para defenderse.

Esta situación se ha agravado en los últimos años con la irrupción de nuevos impuestos, como los aplicados a servicios digitales o grandes patrimonios, que han multiplicado las dudas legales y los litigios.

Hacienda tiene su propia versión. Afirma que gana el 70% de los recursos. Sin embargo, los datos actuales reflejan una realidad mucho más equilibrada. Además, el argumentario de que la conflictividad relativa ha disminuido no oculta el hecho de que la presión tributaria ha crecido y que la inseguridad jurídica también ha aumentado.

Fuente: Pixabay, Instagram

¿Quién forma parte del 10% más rico? Depende, y mucho, de dónde vivas. Según un análisis reciente del Instituto Nacional de Estadística (INE), el umbral para situarse entre el 10 % de mayores rentas varía hasta 20.000 euros entre comunidades autónomas.

Este dato oculta una realidad clave para entender uno de los grandes puntos ciegos del IRPF en España: un impuesto común aplicado con tramos estatales a realidades económicas profundamente distintas.

Desigualdad territorial

Mientras en Madrid o Cataluña se necesitan más de 60.000 euros brutos anuales para entrar en ese segmento (rentas altas), en regiones como Extremadura basta con superar los 41.000 euros.

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La razón principal está vinculada con el IRPF, que es un tributo progresivo, pero cuya progresividad no se traduce de igual manera en todos los territorios. En pocas palabras, la estructura salarial y los precios de la vivienda y servicios hacen que 60.000 euros en Madrid no tengan el mismo poder adquisitivo que en Zamora o en Badajoz. 

Sin embargo, el tratamiento fiscal sí es el mismo: una persona con ese sueldo tributará igual viva donde viva, salvo por los pequeños ajustes autonómicos. Por lo tanto, el resultado es que, en términos efectivos, el IRPF penaliza más a los contribuyentes de comunidades con salarios más altos.

Es paradójico, sin duda, debido a que la mayoría de estas comunidades (en especial, capitales de provincia como Barcelona, Madrid o Valencia, entre otras) son también las que más aportan al sistema en términos absolutos.

Vivir en capitales, caro en impuestos

La comparación se vuelve más llamativa si atendemos a otro dato del informe: el 25 % más rico de Extremadura empieza en apenas 27.600 euros, frente a los 42.400 euros de Cataluña.

Esto significa que un madrileño con 40.000 euros anuales no es considerado "rico" en su comunidad, pero sí lo sería en la mayoría del país… sin que eso tenga ningún reflejo fiscal compensatorio.

Según el análisis de la Agencia Tributaria, las comunidades con mayores ingresos medios declarados en 2022 fueron Madrid (31.393 euros), Cataluña (29.693 euros) y Baleares (28.956 euros), mientras que en el otro extremo se sitúan Extremadura (22.647 euros), Castilla-La Mancha (23.256 euros) y Andalucía (23.420 euros).

La diferencia supera los 8.700 euros brutos anuales entre la primera y la última. Estas brechas no solo reflejan distintos niveles de renta, sino también distintas realidades de gasto: desde el precio del alquiler al coste de servicios básicos.

Una realidad que genera tensión frente al principio de justicia redistributiva, que nos dice que los impuestos deberían ajustarse no solo a la renta, sino también al contexto económico y social en que esa renta se produce.

Teletrabajo, oportunidad

En este contexto, el auge del teletrabajo no es solo una cuestión de conciliación o productividad: puede ser también una herramienta redistributiva para algunos.

Las diferencias territoriales en umbrales de renta alta evidencian que vivir en Madrid y trabajar para una empresa en remoto puede implicar pagar más impuestos sin tener un mayor nivel de vida. Y al revés: mudarse a una comunidad más barata puede suponer conservar ingresos altos con un tratamiento fiscal más favorable.

Esto refuerza los argumentos a favor de proteger el teletrabajo, evitar trabas burocráticas o normativas y fomentar políticas de atracción de talento hacia zonas con menor densidad económica.

Sin embargo, hoy por hoy, los empleos de alta presencialidad (incluso en modelos híbridos) y la dificultad de encontrar trabajos 100 % remotos en España —donde el teletrabajo ha crecido, pero sigue muy debajo de la media europea— dificultan esta posibilidad.

Un IRPF ajustado al territorio

Como pregunta final, nos surge una duda difícil de resolver. ¿Tiene sentido mantener un IRPF con tramos únicos a nivel nacional? ¿Es una medida equitativa cuando las realidades económicas son tan dispares? 

Algunas voces abogan por una revisión del sistema que tenga en cuenta el coste de vida, o al menos por corregir el sesgo de los tramos autonómicos, que actualmente apenas compensan la desigualdad territorial. Por ahora, Madrid, Cataluña y Baleares seguirán siendo las comunidades que más aportan y más tributan… aunque no necesariamente donde se vive mejor.

En España, la renta no siempre va de la mano del lugar que se ocupa en el mapa urbano. Si bien la intuición puede hacernos pensar que quienes viven en las grandes ciudades tienen mayor poder adquisitivo, los datos demuestran que hay barrios periféricos de ciudades pequeñas y medianas que superan en renta neta a zonas del interior de la M-30 madrileña o del área metropolitana de Barcelona (AMB).

Se trata de un error que tiene su lógica: gran parte de las rentas altas se concentran en grandes ciudades —en especial, entre la capital catalana, valenciana y madrileña—, pero, como muestra el portal WikiBarrio, la variabilidad de estas rentas también es muy superior.

Un Madrid... de fuertes contrastes

Madrid concentra algunos de los barrios con mayor renta de España, pero también otros que se sitúan entre los más vulnerables. Mientras que Usera, al sur de la M-30, mantiene rentas medias bajas, distritos como Chamberí o Salamanca ofrecen un panorama radicalmente distinto.

En Chamberí, la renta neta supera los 20.000 euros por habitante, y en Salamanca se alcanzan cifras que rondan entre los 32.000 a 34.000 euros, según los datos más recientes. Así, el interior de la M-30 madrileña, en su mayoría, muestra rentas muy superiores al resto de la península.

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Estos contrastes reflejan una capital profundamente desigual, donde la cercanía geográfica no garantiza condiciones económicas similares. A solo unos kilómetros de distancia pueden encontrarse niveles de renta que difieren en más de un 300 %.

🧵 how do income, employment and demographics vary across and *within* spanish municipalities?

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— pablo (@pablogguz_) April 22, 2025

Frente a la desigualdad de las grandes capitales, ciudades como Vitoria-Gasteiz o Pamplona presentan una distribución más homogénea de la renta.

Rentas superiores, en un 300 %

En Vitoria, la mayoría de los barrios superan los 15.000 euros por habitante, y hay zonas con rentas medias que superan muy por encima de los 20.000 euros de renta media y se acercan hasta los 35.000, propios de las zonas más caras y exclusivas de la capital española.

Mapa de rentas netas por habitante en el centro (M-30) y sur de Madrid.

A estos contrastes se suman otros barrios del centro y norte de Madrid que, pese a su cercanía con zonas de alta renta, presentan niveles medios significativamente inferiores. Por ejemplo, en Lavapiés, la renta media por habitante se sitúa entre 13.000 y 14.000 euros anuales. En Arganzuela, las cifras oscilan según la zona: algunas superan los 20.000 euros, pero otras permanecen por debajo de los 14.000 o 15.000 euros. Algo similar ocurre en Tetuán, donde gran parte del distrito se mueve en niveles inferiores a los 15.000 euros anuales. Los datos, una vez más, evidencian que la desigualdad no solo entre distritos que se hallan en una punta y otra del área metropolitana, sino también en barrios contiguos en pleno centro urbano.

En Pamplona, la renta neta no es tan elevada, pero suele situarse en la mayoría de los barrios por encima de los 12.000 euros, y un gran número de barrios superan los  14.000 o 16.000 euros. Un reparto más equilibrado, que no solo refleja menores niveles de desigualdad, sino que también tiene consecuencias sobre el coste de vida y la calidad del entorno urbano.

Renta neta media en Vitoria-Gasteiz. Las barrios en tonos rojizos suelen mantenerse entre los 16.000 y lso 20.0000 euros.

Así, la cohesión social en estas ciudades parece resistir mejor el impacto de la polarización económica que afecta a las grandes urbes, como Barcelona.

Las grandes ciudades frente a las medianas

El caso de Barcelona (AMB) reproduce un patrón similar al de Madrid. En distritos como Gràcia, l’Eixample o la zona alta —con barrios como Sarrià o Pedralbes— la renta neta media por habitante es muy alta, por encima de los 30.000 euros, de media, y nunca por debajo de los 25.000.

Sin embargo, basta con desplazarse unos pocos kilómetros hacia la zona este de la ciudad, como Nou Barris, Santa Coloma o Badalona o, al extremo contrario, a l’Hospitalet de Llobregat, para encontrar rentas que se reducen a la mitad o incluso a un tercio.

El mapa de la renta dibuja un “área de riqueza” en las zonas más céntricas de la ciudad, que va reduciendo su poder adquisitivo hacia los márgenes. Estas diferencias reflejan no solo desigualdad económica, sino también divergencias en el acceso a servicios, oportunidades laborales y condiciones de vida.

La comparación entre barrios no puede entenderse solo en términos de renta neta. El coste de vida varía significativamente entre ciudades, e incluso entre distritos. Un ingreso de 12.000 euros anuales puede ofrecer una vida razonablemente estable en ciudades como Vitoria o Pamplona, pero resultar insuficiente para afrontar el coste del alquiler, transporte y servicios básicos en Madrid o Barcelona.

Esto plantea una paradoja: es posible que se viva mejor con menos dinero en ciudades más pequeñas, si el contexto económico acompaña. La calidad de vida no depende únicamente del nivel de ingresos, sino también de cuánto cunden esos ingresos en el entorno en el que se reside.

Más allá de las rentas

Los datos muestran que la desigualdad ya no se da solo entre ciudades ricas y pobres, sino dentro de las propias urbes. La comparación entre barrios periféricos de ciudades como Vitoria y zonas centrales de Madrid o Barcelona ilustra cómo el territorio condiciona la renta y la calidad de vida.

Renta media en el área metropolitana de Barcelona (AMB), con notables contrastes entre la zona alta y la periferia.

Entender estos contrastes no solo nos puede ayudar a leer mejor las estadísticas, sino también a interpretar fenómenos como la movilidad residencial, el encarecimiento del alquiler o el deterioro del acceso a servicios públicos en ciertos barrios.

Un caso prototípico es el mallorquín, donde la mayoría del territorio tiene una renta media anual inferior a los 15.000 euros, a excepción de Palma, su área circundante y algunas excepciones la costa de Palma y algunas excepciones, como Calvià, Esporles, Marratxí o Andratx. Sin embargo, los alquileres turísticos son una amplia mayoria y el acceso a un alquiler inferior a los 1.000 euros mensuales es una quimera.

La fotografía que ofrecen los mapas de renta en España apunta a un fenómeno cada vez más extendido: la desigualdad separa territorios y muestra grandes saltos de renta entre barrios a dos calles de distancia.

Frente a los altos ingresos de ciertas zonas de Madrid o Barcelona, conviven otras donde el poder adquisitivo es mucho más limitado; en ocasiones, con rentas muy inferiores al de las capitales medianas, cuyo reparto interno es más igualitario. Una brecha que condiciona el acceso a vivienda, servicios y oportunidades, e invita a repensar cómo se mide la riqueza urbana y qué factores determinan realmente la calidad de vida.

La Declaración de la Renta posee tres verdades inapelables: es de obligado cumplimiento, de no hacerla -si debemos hacerla- estamos incurriendo en un delito y que aún, en 2025, esconde `secretos´ que muchos contribuyentes desconocen.

Cada año se incluye alguna que otra novedad, ajustes o cambios. Pero también hay otros puntos de ella que siguen sin actualizarse y eso nos perjudica a todos. De hecho, por culpa de esa inanición en alguna que otra parte de la Renta, estamos llegando a perder poder adquisitivo.

Hablamos del mínimo personal y familiar, uno de los puntos clave de la escala de retenciones, que pretende ajustar el impuesto a las necesidades mínimas del contribuyente y su familia.

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Sin embargo, dicha deducción se encuentra congelada desde 2015 pese a que el precio de la vida ha subido, como es lógico, en esta última década. Un estancamiento que provoca que con el mismo salario, estemos pagando más en impuestos proporcionalmente que hace muchos años.

¿Qué es el mínimo personal y familiar?

El mínimo personal y familiar no es una deducción al uso, sino una cantidad que queda exenta de tributación al considerarse que cubre las necesidades mínimas del contribuyente para mantenerse a sí mismo y a su familia a cargo. O lo que es lo mismo, de nuestra renta debería no tributar una parte porque va destinada a la pura subsistencia.

Esta deducción consta de varios mínimos: el del propio contribuyente, por descendientes, por ascendientes y por discapacidad. En cuanto a lo fiscal, se detrae directamente de la base liquidable el total de dichos mínimos y tributa al 0% De esta forma se garantiza que todas las personas con iguales circunstancias tengan el mismo alivio en materia fiscal, independientemente de su nivel de ingresos.

¿Por qué este mínimo no se ha actualizado desde 2015?

Por mucho que esta medida haya sido tomada en aras de la equidad fiscal, lo cierto es que no ha sido reajustadas desde 2015, cuando el mínimo personal a descontar en el caso de rendimientos del trabajo era 5.550 euros anuales (5.151 euros incluso antes de dicha fecha).

En aquel entonces, esta medida significó una pequeña ayuda para muchas familias, pero con el tiempo, el coste de la vida ha subido inmensamente, especialmente en conceptos como el alquiler, la alimentación y los gastos básicos.

Hoy en día, con una inflación acumulada del 25,7% con respecto a 2019. La injusticia fiscal que significa sigue siendo que tributemos como si nuestras necesidades básicas costases lo mismo que hace 10 años. Esa injusticia a final de año se convierte, en la práctica, en mera pérdida de dinero aunque los ingresos no hayan aumentado.

Las comunidades autónomas y su capacidad limitada de ajuste

El artículo 59.3 de la Ley 22/2009 permite a las Comunidades Autónomas cambiar hasta un 10% el mínimo personal y familiar estatal. Sin embargo, no pueden modificar ni los conceptos ni la forma de aplicar estos mínimos, lo que restringe en gran medida su capacidad para adaptarlos al contexto económico real.

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Renta 2024: estas son las novedades y las fechas para hacer la declaración

En 2021, el Tribunal Constitucional anuló una medida del Parlamento de Cataluña que pretendía favorecer desde el punto de vista fiscal a los contribuyentes con menos ingresos, al considerar que esto desbordaba las competencias autonómicas. Esto demuestra que, si bien la intención existe en hacer deducciones que se acomoden a la realidad social, el marco legal actual es un obstáculo para llevar a cabo un cambio.

El impacto de que este mínimo no se cambie, afecta muy particularmente a los contribuyentes sin cónyuges ni descendientes a su cargo, que solamente aplican el llamado mínimo del contribuyente. Concretamente, esta situación resulta más difícil en las ciudades donde el alquiler ha subido de forma excesiva.

El Estado sigue pensando que 5.550 euros al año son suficientes para cubrir nuestras necesidades básicas, pero la realidad económica es otra bien distinta. Una nueva disociación entre la realidad de la calle y la realidad de nuestros políticos.

Además, muchos contribuyentes ni siquiera se percatan de que este esto sigue congelado. Al no tratarse de una desgravación directa de la cuota, su impacto es menor, pero no por ello inexistente.

¿Cómo no se modifica esta deducción?

Aunque el mínimo personal y familiar es clave para garantizar cierta justicia fiscal, a la vista está que para los diferentes gobiernos no parece un punto de urgencia actualizarlo. Mantenerlo sin cambios significa mayores ingresos para la Administración en un momento de déficit público y presión fiscal creciente.

Evidentemente, no podemos cambiar la normativa directamente, pero sí ser conscientes de que esto existe y exigir soluciones. Hay que comprobar cada año la declaración y determinar si se aplican correctamente los mínimos correspondientes y, en el caso de que tengamos derecho a ellos, asegurarse de que no los han dejado fuera.

En un sistema fiscal justo, los mínimos personales y familiares deberían ir cubriendo los costes reales de vida. Si no se llega a este punto, cada año estamos perdiendo poder adquisitivo, también, por esta vía.

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La campaña de la Renta 2024 está a punto de comenzar, y es esencial que los contribuyentes estén informados sobre las fechas clave y las novedades fiscales que se aplicarán este año.

Con Hacienda no se juega. Mantenerse actualizado permitirá realizar la declaración de manera eficiente y aprovechar las posibles deducciones disponibles.​ Y cómo no, evitar sustos a posteriori.

Fechas clave para la declaración de la Renta 2024

Es fundamental tener en cuenta el calendario establecido por la Agencia Tributaria para evitar contratiempos:

• 2 de abril: Inicio del plazo para presentar el borrador de manera online a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria.
• 29 de abril: Comienza el periodo para solicitar cita previa con el fin de realizar la declaración por teléfono con asistencia del personal de Hacienda.​
• 6 de mayo: Inicio de la presentación de declaraciones por vía telefónica.​
• 29 de mayo: Apertura del plazo para solicitar cita previa para la presentación presencial en oficinas.​
• 2 de junio: Comienzo de la atención presencial para la confección y presentación de declaraciones.​
• 27 de junio: Último día para solicitar cita previa, tanto para la atención telefónica como presencial.​
• 30 de junio: Finaliza el plazo general para presentar la declaración de la renta por cualquier vía.​

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Es recomendable anotar estas fechas y, en caso de necesitar asistencia, solicitar la cita previa con antelación para asegurar la disponibilidad.

Novedades fiscales en la Renta 2024

Este año, la Agencia Tributaria ha introducido varias modificaciones que pueden influir en el resultado de la declaración:

Modificaciones en los límites de ingresos para declarar

Para los contribuyentes con más de un pagador, el umbral de ingresos que obliga a presentar la declaración se ha elevado de 15.000 euros a 15.876 euros anuales.

Este cambio busca adaptar la normativa a las realidades económicas actuales y aliviar la carga administrativa de los contribuyentes con ingresos moderados.​

Declaración obligatoria para personas desempleadas

A partir de esta campaña, las personas que se encuentren en situación de desempleo también deberán presentar la declaración de la renta, independientemente de los ingresos percibidos.

Esta medida pretende garantizar un control más exhaustivo de las fuentes de ingresos y asegurar la transparencia fiscal.​

Declaración de cobros por tarjeta y Bizum

Se establece la obligación de declarar los ingresos recibidos a través de tarjeta bancaria que superen los 25.000 euros anuales.

Asimismo, los cobros efectuados mediante Bizum que excedan los 10.000 euros al año también deberán ser declarados. Estas medidas buscan aumentar la transparencia y el control sobre las operaciones electrónicas.​

Posibilidad de pagar la Renta mediante Bizum

Como novedad destacada, se habilita la opción de abonar el importe resultante de la declaración a través de Bizum, facilitando así el proceso de pago y adaptándose a las nuevas tecnologías de pago móvil.​

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Deducciones y beneficios fiscales a considerar

Es importante revisar las posibles deducciones aplicables para optimizar el resultado de la declaración:

Deducciones autonómicas. Muchas comunidades autónomas ofrecen deducciones específicas por conceptos como alquiler de vivienda, gastos educativos o por nacimiento de hijos. Es esencial consultar las particularidades de cada región.​

Inversiones en eficiencia energética. Las reformas en el hogar destinadas a mejorar la eficiencia energética pueden dar derecho a deducciones fiscales.​

Donaciones. Las aportaciones a ONGs y fundaciones pueden deducirse en un porcentaje significativo.​

Recomendaciones para una declaración sin errores

Para asegurar una declaración correcta y evitar posibles sanciones:

Revisar los datos fiscales: Verificar que la información proporcionada por la Agencia Tributaria es correcta y está actualizada.​

Conservar justificantes. Guardar todos los documentos que respalden las deducciones aplicadas, como facturas o certificados.​

Consultar con profesionales. En caso de dudas o situaciones fiscales complejas, es aconsejable buscar asesoramiento especializado.​

Recuerda: si no quieres llevarte ningún susto, no cometas errores en la Renta 2024 y pide ayuda siempre de profesionales capacitados antes que intentar hacerla por tu cuenta.

Imagen | Unplash, Instagram

La escalada de los precios de la vivienda en 2024 ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que parecía olvidado: la accesibilidad a un hogar.

Según los últimos datos, el precio de la vivienda aumentó un 11,3% el año pasado, alcanzando niveles similares a los registrados en 2008, durante el último boom inmobiliario.

Sin embargo, este incremento no se traduce en una mejora de las condiciones económicas para las familias, sino que evidencia un problema estructural: los salarios y las rentas familiares no han crecido al mismo ritmo que los costes de la vivienda.

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El problema no es solo el precio de la vivienda, sino la capacidad de las familias para afrontarlo. Mientras que los precios nominales han alcanzado cifras récord, los salarios han quedado estancados en términos reales.

Esto genera una brecha cada vez más amplia entre lo que cuesta acceder a una vivienda y lo que las familias pueden pagar. El resultado es una crisis de accesibilidad que afecta especialmente a los jóvenes y a los hogares con rentas bajas.

El impacto de los precios reales de la vivienda

Uno de los datos más preocupantes es que los precios de la vivienda nueva ya han superado los valores registrados durante el boom inmobiliario de 2008.

Según un análisis realizado por el usuario @Combarro en Twitter, si se toman los precios reales (descontando el efecto de la inflación), la vivienda nueva ha experimentado un aumento del 8,7% en términos reales durante 2024.

8/
Si tomamos los precios reales de vivienda nueva y usada. En precios reales.

- la usada sigue un 30% por debajo del boom
- la nueva ya supera los valores del boom pic.twitter.com/7HoZJdsGej

— Combarro (@_combarro_) March 7, 2025

Esto significa que, aunque los precios nominales parecen similares a los de 2008, en términos de poder adquisitivo, la vivienda nueva es más cara que nunca.

Este incremento ha sido especialmente notable en comunidades como Andalucía, donde el mercado de la vivienda nueva se ha vuelto prácticamente inaccesible para gran parte de la población.

La combinación de una demanda elevada y una oferta limitada ha impulsado los precios hasta niveles históricos, lo que ha dejado a muchas familias fuera del mercado.

La vivienda usada, aún por debajo del boom

En contraste, los precios de la vivienda usada se mantienen un 30% por debajo de los niveles del boom en términos reales. Esto podría parecer una buena noticia, pero no lo es del todo.

Aunque la vivienda usada es más asequible, su disponibilidad es limitada y no siempre se ajusta a las necesidades de las familias. Además, en muchas zonas, la diferencia de precios entre vivienda nueva y usada se ha reducido significativamente, lo que ha llevado a un aumento de la demanda en este segmento y, por tanto, a un incremento de los precios.

El problema de fondo es que, incluso con precios más bajos, la vivienda usada sigue siendo inaccesible para muchas familias. Esto se debe a que los salarios no han crecido al mismo ritmo que los precios, y las rentas familiares se han visto erosionadas por la inflación y el aumento del coste de vida.

El papel de los salarios y las rentas familiares

Uno de los factores clave detrás de la crisis de accesibilidad a la vivienda es el estancamiento de los salarios. Mientras que los precios de la vivienda han aumentado un 11,3% en 2024, los salarios apenas han crecido un 2,5% en el mismo período. Esto significa que, en términos reales, las familias tienen menos capacidad para comprar una vivienda que hace una década.

El impacto de este desfase es especialmente grave para los jóvenes y las familias con rentas bajas. Según datos recientes, el porcentaje de jóvenes que pueden permitirse comprar una vivienda ha caído en picado en los últimos años, y muchas familias se ven obligadas a destinar más del 40% de sus ingresos al pago de la hipoteca o el alquiler.

La inflación también juega un papel crucial en esta crisis. Aunque los precios de la vivienda han subido un 11,3%, el IPC general ha aumentado un 5,8% en 2024. Esto ha reducido aún más el poder adquisitivo de las familias, que han visto cómo sus rentas se depreciaban en términos reales.

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Además, el aumento del coste de vida ha dejado a muchas familias con menos margen para ahorrar. Esto ha dificultado aún más la posibilidad de acceder a una vivienda, ya que los requisitos de entrada (entrada inicial, gastos notariales, etc.) se han vuelto más difíciles de cubrir.

La subida del 11,3% en el precio de la vivienda en 2024 es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo. Aunque los precios nominales han vuelto a niveles de 2008, en términos reales, la situación es mucho más complicada para las familias. Los salarios estancados, la inflación y el aumento del coste de vida han creado una tormenta perfecta que ha dejado a muchas personas fuera del mercado de la vivienda.

Para resolver esta crisis, es necesario abordar no solo el precio de la vivienda, sino también las condiciones económicas de las familias. Solo así se podrá garantizar que todas las familias tengan acceso a un hogar digno.

Imágenes | Pixabay, Instagram

Hay muchos datos que demuestra que España sería una gran potencia mundial si no tuviese que cargar con la pesada mochila de la retirada de los boomers. Cuando se retire el último de la generación ‘Baby Boom’, en el año 2052, España habrá gastado un 14% de su PIB. Un auténtico problema si se tiene en cuenta que abonar actualmente una pensión media, de apenas 1.031 euros, implica dedicar un 12% del PIB.

Los cruces de acusaciones entre millennials y boomers se acentúan en un contexto de elevada inflación y tipos de interés, escasa oportunidad laboral y carestía del coste de la vivienda.

Desde la crisis de 2008, la generación millennial (nacidos entre los años 90 y el 2000) ha experimentado una incorporación al mercado laboral con sueldos bajos y una sobre cualificación para los puestos que ocupan. Aunque se pensaba que era fruto de la coyuntura del momento, la situación ha perdurado y las diferencias de renta entre ambos grupos poblacionales son notorias.

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Tenemos 18 años de amenaza de quiebra del sistema de pensiones en España: se jubilan los boomers de hasta 1978

En los últimos 15 años, el poder adquisitivo poblacional de los millennials ha caído un 11,2%. Los millennials han tenido que aprender la importancia del ahorroy a presupuestar mejor sus gastos e ingresos que las generaciones precedentes. La inversión es su asignatura pendiente.

Fuente Caixabank Research

A esto se le suma, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que las cotizaciones sociales para pagar las jubilaciones actuales subirán un 0,7% a lo largo de 2024, en base al mecanismo de equidad intergeneracional. De igual modo, se espera que las cotizaciones suban un 1,2% para pagar las pensiones actuales al final de la década.

Según un informe reciente de CaixaBank Research, los ingresos brutos de los hogares con un cabeza de familia de entre 46 y 64 años alcanzaron en 2019 un promedio de 39.500 euros. Superiores a los de otros grupos de edad, aunque representa una pérdida del 19,3% en términos reales en comparación con los ingresos de los hogares del año 2001.

Situación crítica para la renta

La renta media por grupos de edad, entre 2008 y 2022, ha subido un 20%, aunque se comporta de manera diferente entre cada categoría. Los mayores de 65 años han incrementado su renta un 36% (por el aumento de las pensiones), mientras que la de los jóvenes de entre 16 y 29 años apenas ha subido un 13%.

A esto se le suma que, en el periodo comprendido entre 2008 y 2022, el IPC subió un 29,9%, a la par que el poder adquisitivo de los jóvenes cayó 17 puntos porcentuales y el de los mayores de 65 años creció.

De igual modo, un estudio reciente elaborado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) calcula que los jóvenes millennials tardan ahora siete años en alcanzar el salario de sus padres. Además, llama la atención que el 53,2% de los jóvenes presenta dificultades para llegar a final de mes.

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Se viene la gran solución al problema de vivienda de los millenials: la herencia por la muerte de los boomers

Para las nuevas generaciones, comprarse un coche o una vivienda ha pasado a ser un lujo. La pérdida de poder adquisitivo hace que los jóvenes no puedan ser propietarios de bienes raíces, como lo fueron sus padres a su edad.

Los receptores de las transferencias de los jóvenes por su trabajo son los integrantes de la generación ‘boomer’. Propietarios de la mayoría de los inmuebles que alquilan los millennials, reciben sus rentas. De hecho, se estima que cuando la generación boomer se retire, entre esta década y la siguiente, habrá un 50 por ciento más de pensionistas, llegando a los 15 millones en total sobre una población de España de unos 48 millones de habitantes.

España es un referente a la hora de trabajar con eficacia para reducir la pobreza de los mayores, pero no de la juventud.

Distribución de la riqueza

Se calcula que el número de grandes patrimonios crece un 4,2% en todo el mundo, haciendo falta en España unos 2,4 millones de euros para situarse entre el 1% más rico del país. El traspaso de riquezas y herencias de los ‘baby boomers’ a sus hijos, convertirá a los millennials en la generación más rica de la historia, según un artículo de investigación reciente.

La riqueza no les llegará por su trabajo, sino por el de sus padres. Solo en EEUU, se espera una transferencia entre generaciones de unos 90 billones de dólares (83 billones de euros).

Diferentes estilos de vida

A la hora de comparar y realizar un gap de renta entre ambos grupos de edad, hay que tener en cuenta que los millennials son más propensos a citar la propiedad de negocios como una fuente de su riqueza. Los millennials, en el 54% de los casos, gastan más en artículos de lujo y experiencias, frente a los boomers (20-25%).

Con respecto a la gestión de sus propias inversiones, el 69% de los millennials prefieren gestionarlas ellos mismos, en comparación con el 36% que representan los baby boomers. Así pues, los millennials adinerados invierten de manera más diversificada a través de clases de activos, siendo el capital privado (63 %) y las criptomonedas (62 %) las principales en la lista de activos alternativos.

Dos estilos de vida bien distintos, marcados por un gap de renta diferente, con mentalidad diferente y en la que las circunstancias para generar riqueza y obtener ingresos han cambiado. Los millennials lo tienen claro: se esfuerzan el doble, con menos oportunidades, y aún así no alcanzarán el nivel de renta de los boomers.

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El 3 de abril es la fecha fijada por la Agencia Tributaria para la puesta en marcha de la campaña de la Renta 2023-2024. En la edición de este año, el Ministerio de Hacienda presenta varias novedades relevantes que afectarán tanto a autónomos como a trabajadores por cuenta ajena.

Como principal cambio, destacar que no estarán obligados a declarar los contribuyentes que reciban ingresos de más de un pagador, siempre y cuando la suma no superase los 15.000 euros brutos. Se aumenta el límite, anteriormente en los 14.000 euros. Pese a todo, se mantiene el límite de 22.000 euros brutos, de tal manera que quienes superen esa horquilla deberán presentar la Declaración de la Renta.

Obligatoriedad para autónomos

Hasta la edición anterior, sólo tenían que declarar IRPF los autónomos que obtuviesen ingresos superiores a los 1.000 euros anuales. No obstante, ahora todos los autónomos deberán presentarla.

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No te puedes desgravar más de 1.500 euros al año en planes de pensiones individuales cuando hace no tanto era hasta 8.000 euros: el motivo es unos nuevos fondos de pensiones públicos que todavía no existen

Como ventaja, se podrán beneficiar de una reducción de un 5% adicional en los rendimientos netos en la tributación por módulos. Además, en la estimación directa simplificada, recibirán una deducción adicional de dos puntos, hasta el 7% en gastos de difícil justificación.

Deducción por maternidad

Hasta 2022, las madres trabajadoras eran las únicas que podían beneficiarse de una deducción de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años.

En la campaña 2023-2024, se trae como novedad que si en el momento del nacimiento la madre no estaba trabajando o cobrando el desempleo, o bien, con posterioridad cotizó 30 días o más, podrá beneficiarse de la deducción y solicitar el abono anticipado de 100 euros mensuales. También incluye los 1.000 euros adicionales por gastos de custodia de hijo menor de tres años en centros de educación infantil autorizados.

Declaración de criptomonedas en el extranjero

Aquellos contribuyentes que hayan invertido en criptomonedas, que coticen en el extranjero y con un valor superior a los 50.000 euros, deberán rellenar el modelo 721. Así pues, Hacienda obtendrá una visión precisa de los criptoactivos que posee cada contribuyente fuera de España. En caso contrario, acarrearía multas de hasta 200.000 euros.

Menos retenciones a las rentas bajas

Las rentas menores de 19.747,50 euros obtendrán la reducción en las retenciones del IRPF, lo que supone un menor pago de impuestos. No obstante, se han elevado también los tipos para las rentas más altas hasta el 27% (para rentas de entre 200.000 y 300.000 euros) y hasta el 28% (para rentas superiores a 300.000 euros).

Del mismo modo, se establece un nuevo tramo impositivo del 14% para rentas que proceden del ahorro (acciones o fondos de inversión) y que superan los 300.000 euros. En el tramo de 200.000 a 300.000 euros, se sube hasta el 13,5%.

Compra de vehículos eléctricos

Aquellos contribuyentes que hayan comprado un vehículo eléctrico nuevo después del 30 de junio de 2023 se podrán deducir el 15% del precio de compra sobre una base máxima de 20.000 euros. Por consiguiente, se fija una desgravación de 3.000 euros. La norma también contempla el hecho de una deducción si se ha abonado, al menos, un 25% del precio total del vehículo.

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El contribuyente se puede desgravar el 15% de la inversión de la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos en un inmueble de su propiedad después del 30 de junio de 2023. En este caso, la desgravación sería de unos 600 euros.

La sostenibilidad

Aquellos ciudadanos que hayan ejecutado obras de rehabilitación para la mejora de sus casas, se podrán deducir hasta el 60% del coste. La medida estará vigente hasta el año fiscal 2024-2025.

Planes de pensiones

Para la Declaración 2023, la aportación máxima al plan de pensiones individual se mantiene en los 1.500 euros. Si la empresa cuenta con un plan de previsión social empresarial (PPSE), el límite se incrementará hasta los 8.500 euros.

Donativos a ONGs

A partir de ahora, se podrá deducir el 80% para los primeros 150 euros y el 35% para los importes restantes. Puede llegar al 40% si en los dos años anteriores se dona a favor de una misma entidad por un importe igual o superior. Se limita en una aportación máxima del 10% de la base liquidable. El beneficio fiscal se podrá aumentar en unos 843 euros adicionales.

Inversión en empresas de nueva creación

Los contribuyentes podrán deducir de la cuota del impuesto el 50% de las cantidades fijadas en el periodo por suscripción de acciones en nuevas empresas. La base máxima de deducción es de 100.000 euros anuales y el importe máximo de 50.000 euros.

Cuotas de afiliación

Las cuotas de afiliación a partidos políticos pueden reportar una deducción del 20% limitada a una base máxima de 600 euros. En el caso de las cuotas sindicales y de colegios profesionales, se deducen de los rendimientos dl trabajo, siendo el límite de 500 euros.

Hasta 60.100 euros si se ha tributado en el extranjero

De haber trabajado en empresas fuera de España, los ingresos estarán exentos de tributación con un límite máximo de 60.100 euros anuales. No obstante, el territorio deberá contar con un impuesto similar al IRPF y no ser un paraíso fiscal.

Conocidas todas las novedades, a partir del 3 de abril se podrá presentar el borrador por vía telemática y desde el 7 de mayo por vía telefónica. No será hasta el 3 de junio cuando se habiliten las declaraciones de forma presencial, siendo la fecha límite el 1 de julio.