Hay frases que explican mejor el mercado laboral que muchas estadísticas. “No me hago rico, pero estoy mejor que en muchos sitios” resume bastante bien la experiencia de algunos trabajadores de IKEA en España: un sueldo ajustado, pero acompañado de condiciones que, dentro del comercio, pueden resultar más competitivas que en otros empleos de base.

Según recoge El Español, algunos empleados de IKEA en España hablan de sueldos de unos 1.300 euros mensuales, incluyendo complementos. La cifra no es especialmente alta en términos absolutos, pero obliga a mirar algo más que la nómina nominal.

La pregunta de fondo es sencilla: cuánto gana realmente un trabajador de IKEA y qué parte de esa remuneración depende del salario base, los complementos, las pagas extra o los beneficios añadidos.

Un sueldo modesto, pero en la parte alta de algunos puestos base

Los datos citados por El Español muestran una horquilla bastante clara. Según HuffPost, en 2023 el salario base anual para un empleo de IKEA en categoría de personal base era de 15.705,65 euros brutos. Prorrateado en 12 mensualidades, eso equivale a unos 1.308 euros al mes si se incluyen las pagas extra.

Otros portales rebajan algo esa referencia. Jooble estima que el salario promedio de un trabajador de IKEA en España ronda los 13.536 euros anuales, lo que supondría aproximadamente 1.128 euros al mes en jornadas completas.

Indeed, por su parte, recoge opiniones internas de empleados que mencionan salarios cercanos a los 1.180 euros mensuales para puestos de base. En esas valoraciones también aparecen críticas: algunos trabajadores consideran que los sueldos son “muy bajos para el esfuerzo exigido”.

Con ese marco, los 1.300 euros mensuales quedan en la parte alta del rango para empleados de base, especialmente si se tienen en cuenta complementos y pagas extra. No es una cifra que permita grandes márgenes de ahorro o gastos extraordinarios, pero sí puede resultar más atractiva que otras alternativas comparables dentro del comercio.

Lo que IKEA añade más allá de la nómina

La remuneración no se limita al sueldo que entra cada mes en la cuenta. IKEA ofrece beneficios adicionales como comedor subsidiado, plan de ahorro y pensiones, retribución variable y descuentos para empleados. Esos elementos no sustituyen a una subida salarial, pero sí pueden mejorar la percepción global del empleo.

Además, IKEA negoció en 2023 con los sindicatos una subida media del 6,68% en los complementos salariales. Según el texto original, esas mejoras se incorporaron desde 2024 y situaron a la plantilla con uno de los salarios fijos más altos del sector de la distribución en España.

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La clave está en que ese paquete puede hacer que el salario real de un trabajador supere los 1.300 euros mensuales si se suman complementos y beneficios. Pero el matiz es importante: eso no convierte el sueldo en alto, sólo lo hace algo más competitivo frente a otros empleos de base.

También hay una segunda cara. En opiniones compartidas en Indeed se repite una idea: el ambiente puede ser “bueno”, pero la carga de trabajo es intensa. Algunos empleados señalan que los salarios no compensan del todo el esfuerzo físico ni los turnos rotativos.

El artículo original también recoge una crítica reciente relacionada con Reino Unido e Irlanda. Allí IKEA habría prometido subidas salariales, mientras que no contemplaría aumentos similares para la plantilla española por ahora. Esa diferencia ha generado preocupación entre empleados.

En este punto, la negociación colectiva se vuelve decisiva. El convenio del sector de grandes almacenes regula muchas condiciones salariales y complementos, así que buena parte de las mejoras depende del acuerdo colectivo vigente y de la capacidad de negociación con los sindicatos.

Para quienes ascienden dentro de la compañía, la foto cambia. Puestos como coordinador, técnico o jefe de sección pueden superar esos niveles base. En esos casos, los 1.300 euros mensuales ya no serían un techo, sino más bien un punto de partida.

En definitiva, el caso de IKEA muestra una realidad bastante frecuente en el comercio: un salario que sigue siendo modesto, pero que puede ganar atractivo si se acompaña de complementos, beneficios y cierta estabilidad. La frase del trabajador funciona porque no vende una situación ideal. Describe algo más cotidiano: no cobrar mucho, pero sentir que se está algo mejor que en otros sitios.

Imagen: IA generada por Magnific.

Nuestro flamante ministro de economía ha empezado afirmando en televisión que el salario medio ha subido gracias al crecimiento del salario mínimo interprofesional y a una economía de mayor valor añadido.  Sin embargo, cuando se analizan los datos con rigor y, sobre todo, cuando se ajustan a la inflación y a los impuestos, la conclusión es mucho menos optimista: el poder adquisitivo de los trabajadores sigue deteriorándose.

El argumento no es muy sencillo pero sí muy contundente. Aunque los costes laborales están aumentando en términos nominales, lo hacen a un ritmo inferior al del IPC. Es decir, los salarios suben, sí, pero los precios suben igual o más rápido. Esto lo podemos ver cualquiera en la web del INE, es muy fácil comparar como el IPC publicado por la propia fuente oficial del gobierno, sube más que el coste de los salarios publicado en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Sin importar lo que pueda afirmar el ministro.

Los datos están disponibles y son claros para quien quiera analizarlos con honestidad. El propio Instituto Nacional de Estadística pública tanto la evolución de los salarios como del IPC.

Los impuestos, cada vez más altos en proporción

A esta pérdida de poder adquisitivo se suma un factor menos visible pero igual de determinante: la fiscalidad. Adicionalmente a esto, los tramos del IRPF llevan sin tocarse desde 2017. Eso hace, que sí los salarios suben, pero también el coste de vida y los impuestos relativos a los ingresos del trabajo.

En España, el IRPF no se ha ajustado de manera generalizada a la inflación. Esto significa que, a medida que los salarios nominales crecen, aunque sea por debajo del IPC, muchos contribuyentes pasan a tramos superiores o pagan más impuestos en proporción a su renta real.

El Estado absorbe una mayor parte de esos ingresos a través de impuestos que no han sido actualizados conforme al contexto inflacionario. En otras palabras, cada vez un porcentaje mayor del sueldo de los españoles se destina a Hacienda, incluso sin una mejora real en su bienestar económico.

Todo esto se añade a lo que muchos vemos, el estado ocupa cada vez más una proporción más grande de la economía, pero sus servicios son iguales o peores. Ni mejora la educación, ni la sanidad y las infraestructuras están cada vez peor (por no hablar de los escándalos de corrupción recientes).

La táctica del avestruz

Lo preocupante no es solo la situación en sí, sino la respuesta institucional ante ella. A pesar de la formación técnica del ministro, no duda en negar o minimizar estos efectos, apoyándose en cifras nominales que, sin el debido contexto, pueden inducir a error. Pero la economía real no se mide en euros corrientes, sino en capacidad de compra.

También el Banco de España ha advertido en varias ocasiones sobre la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación. Con la guerra en Irán, esta pérdida va a ir aumentando a medida que se dispare la inflación.

Ignorar estas evidencias no es una cuestión menor. Cuando se niega un problema, no solo se desinforma, sino que se bloquea cualquier posibilidad de corregirlo. Si no se reconoce que los salarios reales están cayendo y que la presión fiscal efectiva está aumentando, no se tomarán medidas para aliviar esa carga.

Como consecuencia, millones de españoles siguen empobreciéndose en silencio, con menor poder adquisitivo, mientras el discurso oficial insiste en que todo va razonablemente bien. Pero la realidad, como siempre, termina imponiéndose. Negar un problema no hace que desaparezca; simplemente garantiza que empeore.

El mercado laboral español no fue tan brillante en 2025 como se vendió. Por primera vez desde la salida de la pandemia, las subidas retributivas han quedado por debajo de lo acordado en la negociación colectiva.

 En concreto, el salario medio avanzó un 3,2%, mientras que los incrementos pactados entre empresas y sindicatos alcanzaron el 3,5%.

Este desfase rompe con la tendencia observada entre 2021 y 2024, cuando los sueldos crecían por encima de lo firmado en convenios, lo que permitió amortiguar parcialmente el impacto de la inflación.

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Ahora, el comportamiento vuelve a asemejarse al periodo previo a la pandemia, cuando las mejoras salariales efectivas quedaban sistemáticamente por debajo de lo acordado en el diálogo social.

Inflación, impuestos y el desgaste del poder de compra

Aunque el incremento salarial nominal ha superado la inflación media de 2025, situada en el 2,7%, el análisis completo revela una realidad menos favorable para los trabajadores. El poder adquisitivo apenas ha logrado recuperarse respecto a 2019 y, en algunos segmentos, continúa deteriorándose.

El factor clave está en la diferencia entre salario bruto y salario neto. A medida que crecen los ingresos nominales, también lo hace la carga fiscal. La falta de actualización de los tramos del IRPF en línea con la inflación provoca que muchos trabajadores paguen más impuestos sin haber mejorado realmente su capacidad de compra.

A esto se suman mayores cotizaciones sociales, derivadas de mecanismos recientes orientados a reforzar el sistema de pensiones.

El resultado es que, en términos reales, el salario neto medio ha retrocedido cerca de un 3,8% desde 2019. Es decir, los trabajadores disponen de menos capacidad para consumir pese a cobrar más en términos nominales.

Diferencias entre jornada completa y parcial

El impacto no es homogéneo en todo el mercado laboral. Los asalariados a tiempo completo, que representan la mayoría del empleo en España, son los que más acusan la pérdida de poder adquisitivo.

Según los datos disponibles, este colectivo aún no ha recuperado los niveles de capacidad de compra previos a la pandemia y acumula una caída cercana al 2% en términos reales desde 2019.

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Por el contrario, los trabajadores a tiempo parcial han experimentado un comportamiento más favorable, con incrementos reales superiores al 3% en el último año.

Sin embargo, este dato debe interpretarse con cierta cautela. Parte de esta mejora responde a cambios en la composición del empleo, como la desaparición de pequeñas empresas o el aumento relativo de compañías con mayores salarios, lo que distorsiona la estadística.

Además, la subida del salario mínimo interprofesional ha tenido un efecto relevante en este segmento, elevando las bases salariales más bajas y contribuyendo a mejorar los registros agregados.

Sectores ganadores y perdedores

El análisis por sectores muestra una evolución desigual de los salarios. La logística destaca como el ámbito con mayor crecimiento acumulado desde 2019, con incrementos que alcanzan el 46% en jornadas parciales y el 15% en empleos a tiempo completo. Solo en el último año, este sector ha registrado una subida del 5,8%.

También presentan avances significativos las actividades administrativas y los servicios auxiliares, con un crecimiento del 5,4%.

En cambio, el sector artístico y del entretenimiento es el único que refleja una caída, con un descenso cercano al 4%, lo que evidencia la fragilidad de ciertas ramas vinculadas a la cultura y el ocio.

La industria manufacturera, por su parte, mantiene una evolución más moderada, con un aumento del 3,3%, en línea con la media nacional.

La percepción social: más ingresos, menos capacidad real

Más allá de los datos agregados, la percepción de los ciudadanos refuerza la idea de una pérdida generalizada de bienestar económico.  Una amplia mayoría de la población considera que ha visto reducido su poder adquisitivo en los últimos años.

Este sentimiento se explica no solo por la evolución de los salarios, sino también por el encarecimiento de bienes esenciales como la vivienda, la energía o los alimentos. Incluso en un contexto de moderación de la inflación, los niveles de precios alcanzados durante los años anteriores siguen condicionando el gasto de los hogares.

Además, el aumento de la presión fiscal y de las cotizaciones sociales ha reducido el margen disponible en los ingresos netos, lo que intensifica la sensación de pérdida de capacidad económica.

No, no todo ha sido tan boyante como se nos ha vendido.

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Vivir solo en España ya no es una decisión personal, sino también económica. Al menos, mucho más de lo que lo fue en el pasado reciente y no tan reciente.

Según un análisis elaborado por Raisin, el gasto medio por persona es un 86 % mayor cuando se vive solo que cuando se comparte hogar en pareja. El porcentaje, que casi duplica el gasto medio para los solteros, se sitúa en unos 932 euros extra al mes (unos 11.000 euros por año) para mantener un nivel de vida equivalente con alguien que convive y reparte los gastos.

La prima económica por vivir solo

El cálculo parte de una realidad sencilla: muchos gastos no se duplican cuando se vive en pareja. El alquiler, la hipoteca, la conexión a internet o ciertos suministros son costes prácticamente fijos. Compartirlos reduce drásticamente el coste per cápita.

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Por descontado, hay muchos modos de vida o fórmulas de convivencia que permiten repartir gastos y ahorrar. Sin embargo, en la práctica, estas alternativas suelen estar más asociadas a etapas concretas, como la juventud, la precariedad inicial o la transición hacia el mercado laboral (o solía ser así), y chocan con factores como la edad, la estabilidad profesional o el modelo mayoritario de independencia residencial.

A medida que se avanza en el ciclo vital, la expectativa social y económica tiende a desplazarse hacia hogares unipersonales o familiares, donde la posibilidad de compartir costes fuera del ámbito de la pareja se reduce considerablemente.

Lejos de ser un fenómeno minoritario, los hogares unipersonales representan una parte creciente de la estructura social española. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca del 28 % de los hogares en España están formados por una sola persona, lo que supone más de cinco millones de viviendas.

Además, las proyecciones demográficas del propio INE apuntan a que esta proporción seguirá aumentando en las próximas décadas, lo que convierte el coste de vivir solo en una cuestión estructural y no anecdótica.

Los datos oficiales ayudan a entender la magnitud del fenómeno. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, el gasto medio por hogar en España alcanzó los 34.044 euros anuales en 2024, mientras que el gasto medio por persona fue de 13.626 euros.

La vivienda es la partida más pesada dentro del presupuesto doméstico, lo que explica que no repartirla tenga un impacto desproporcionado. El informe de Raisin estima que para mantener un nivel de vida comparable al de una pareja en la que cada miembro gana 32.000 euros anuales, un soltero necesitaría ingresar casi 60.000 euros al año.

El problema: el salario medio está muy lejos

Ese umbral contrasta con el mercado laboral real. Las estadísticas laborales europeas sitúan el salario medio bruto anual en España en el entorno de los 28.000 euros, dependiendo de la fuente y metodología.

En este sentido, el nivel de ingresos que permitiría a un soltero aplicar con holgura la regla presupuestaria 50/30/20 (o sea, destinar un 50 % de los ingresos a las necesidades básicas, un 30 % a consumo y el 20 % restante al ahorro) queda muy por encima de lo que percibe el trabajador medio.

En pocas palabras, desde el punto de vista estructural, esto implica que el sistema económico está diseñado, de facto, para hogares compartidos. Además, el acceso a la vivienda multiplica este problema.

La brecha se amplifica en el mercado inmobiliario. El análisis de Raisin fija en 1.176 euros mensuales el coste medio del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en España. Para una persona sola, con un salario en la media, esto puede representar más de la mitad de sus ingresos netos.

Por supuesto, estas cifras están muy, muy lejos también del SMI de los asalariados y de lo que cobran un alto porcentaje de trabajadores autónomos en el país.

Mientras un soltero destinaría en torno a 2.016 euros mensuales a alquiler y facturas, una pareja necesitaría 2.167 euros entre ambos (1.083 euros por persona), lo que deja un margen adicional de más de 900 euros al mes frente a quien vive solo.

Asimismo, este efecto es acumulativo: menor capacidad de ahorro, mayor dependencia del alquiler y mayores dificultades para acceder a la compra.

Cuando la economía condiciona la vida sentimental

El impacto no es solo financiero. Según las mismas fuentes, el 37 % de los españoles afirma que sigue en su relación actual o está abierto a conocer a alguien por motivos económicos, un 25 % reconoce que comparte vivienda, principalmente, para ahorrar dinero.

No obstante, lo más destacado es que un 21 % cree que su relación cambiaría si mejorara su situación financiera y un 11 % afirma que, en esa situación, terminaría con su pareja. Unidos por la precariedad… hasta que la solvencia económica, si llega, nos separe.

Los datos no prueban, en absoluto, que el dinero sea el único factor en las relaciones sentimentales, pero sí sugieren que la vivienda y el coste de vida funcionan como un estabilizador económico capaz de retrasar rupturas o fomentar convivencias no planificadas.

Desde el punto de vista económico, se percibe claramente un problema de economías de escala domésticas, donde la fiscalidad, la vivienda y los costes fijos favorecen la convivencia.

De acuerdo, quizá España no “odia” a los solteros en un sentido literal, pero las políticas de mercado y las decisiones políticas asociadas hacen que vivir solo implique pagar una prima considerable. Así, en un contexto donde los salarios medios son los que son, y los alquileres siguen subiendo, vivir solos navega entre el lujo financiero y la elección imposible.

El aumento progresivo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional está generando una creciente preocupación entre autónomos, pequeñas empresas y departamentos laborales.

Aunque la herramienta nació con el objetivo de reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones, su escalada anual está convirtiéndose en un elemento de presión para negocios que ya afrontan subidas acumuladas en salarios, materias primas y cotizaciones sociales.

El efecto del MEI no actúa sobre un único sector, sino que impacta en todos los empleadores del país, independientemente de su tamaño o del volumen de plantilla.

Una nueva subida que se suma a incrementos anteriores

El MEI comenzó a aplicarse en 2023 con un porcentaje del 0,60% sobre la base de cotización, y desde entonces ha ido aumentando año a año.

En 2024 subió al 0,70%, y en 2025 alcanzó el 0,80%, con una distribución en la que las empresas asumieron el 0,67% y los trabajadores el 0,13%.

Para 2026, el mecanismo volverá a crecer hasta el 0,90%, con un reparto de 0,75% para la empresa y 0,15% para el trabajador.

Este incremento anual, ya fijado por normativa, forma parte del plan del Gobierno para reforzar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento de la población. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la proporción de pensionistas respecto a cotizantes se ha intensificado en las últimas dos décadas, generando presiones estructurales que obligan a aumentar ingresos para sostener las prestaciones futuras.

Sin embargo, esta evolución supone también una mayor carga mensual para los empleadores. Las pymes, especialmente sensibles a cambios en las cotizaciones, afrontarán nuevamente ajustes en sus previsiones de gasto desde el próximo enero.

Más presión para negocios con plantillas numerosas

De cara a 2026, la preocupación principal entre los pequeños negocios se centra en cómo afectará el incremento del MEI según el salario de cada empleado y la composición de su plantilla. La cotización adicional se aplica sobre la base y no sobre importes fijos, por lo que el impacto crece proporcionalmente a los salarios.

Un trabajador que percibe el Salario Mínimo Interprofesional generó en 2025 un pago empresarial de 7,93 euros mensuales por el MEI. Con la subida prevista para 2026, esa cantidad ascenderá a 8,88 euros, es decir, casi un euro más al mes por empleado.

En salarios intermedios, como los 1.800 euros brutos al mes, el MEI supuso en 2025 un coste para la empresa de 12,06 euros, que pasará a 13,50 euros en 2026. El incremento anual supera así 1,44 euros por trabajador.

Para sueldos más altos, las diferencias son más notables. En una nómina de 3.000 euros mensuales, la aportación empresarial pasará de 20,1 euros en 2025 a 22,5 euros en 2026, lo que supone un incremento anual de 2,4 euros por cada empleado.

Estas cifras, que pueden parecer reducidas individualmente, se multiplican de manera significativa en negocios con varias decenas de trabajadores. Por ello, los departamentos laborales aconsejan a las empresas revisar sus previsiones de gasto de manera anticipada.

El impacto sobre los autónomos

El MEI también afecta a los trabajadores por cuenta propia. La normativa establece su aplicación sobre todas las bases de cotización, lo que implica que un autónomo, incluso sin empleados, deberá asumir un aumento directo en su cuota mensual.

Para quienes cotizan en la base mínima, la subida prevista para 2026 supondrá alrededor de 8,64 euros adicionales al mes. En los tramos más altos establecidos por la Seguridad Social, el incremento puede rondar los 41 euros mensuales. Esto añade presión a un colectivo que ya ha visto aumentar su contribución desde la reforma del sistema de cotización por ingresos reales.

El esfuerzo creciente para las pymes que no para

El problema de fondo es que el MEI no es una medida aislada, sino una subida más que se solapa con otros incrementos previstos. Entre ellos destaca el nuevo cálculo del Salario Mínimo Interprofesional, sobre el que ya trabajan Gobierno y sindicatos y que previsiblemente volverá a elevar las bases de cotización, multiplicando el impacto.

Al mismo tiempo, los costes laborales indirectos continúan encareciéndose, desde la fiscalidad asociada a la actividad empresarial hasta los gastos derivados de la energía, el transporte o los servicios esenciales.

Para las pymes, que representan más del 95% del tejido empresarial español, estos aumentos continuados suponen un desafío considerable. Muchas de ellas operan con márgenes estrechos, y cada subida incide en su capacidad para contratar, invertir y mantener su actividad en niveles competitivos.

¿Por qué seguirá aumentando el MEI?

La subida prevista para 2026 no será la última. Tal como indican expertos, el mecanismo continuará incrementándose hasta alcanzar el 1,1% en 2028, con aumentos del 0,1% anuales. Es probable que la tendencia no se detenga ahí, ya que las previsiones demográficas apuntan a una presión creciente sobre el sistema de pensiones.

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¿España va como un cohete? Para unos sí, pero no para un grueso de la población que aún con un puesto de trabajo no consigue cubrir todos los gastos necesarios del día a día.

Y es que, mientras unos salarios han aumentado a cifras nada desdeñables. Una parte significativa de los trabajadores continúa atrapada en niveles retributivos muy bajos y que dificultan el acceso a una vida económica estable.

En este contexto, la situación de los jóvenes se agrava. Aunque son el grupo sobre el que más se habla cuando se analizan los retos del mercado laboral, los datos muestran que siguen perdiendo poder adquisitivo pese a la mejora del salario medio nacional.

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Todo suma. El encarecimiento de la vivienda, la inflación acumulada y la temporalidad están impidiendo que puedan beneficiarse del crecimiento salarial generalizado.

Un salario medio al alza, pero con desigualdades profundas

Según la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística a partir de la Encuesta de Población Activa, el salario bruto medio del empleo principal alcanzó en 2024 los 2.385,6 euros mensuales.

Esta cifra representa un aumento del 5% respecto al año anterior, un porcentaje notablemente superior al ritmo medio de la última década. Sin embargo, el avance supone una ligera desaceleración si se compara con el aumento registrado en 2023, cuando se produjo la mayor subida desde 2008.

El importe medio refleja únicamente el resultado global, pero oculta una realidad de grandes diferencias. Cerca de dos millones de personas cobran alrededor de 1.000 euros brutos, situándose en la franja inferior de la estructura salarial.

Este segmento se compone, sobre todo, de trabajadores jóvenes, mujeres, empleados con contratos temporales y personas con menor nivel formativo. Para ellos, la evolución del salario medio apenas se traduce en mejoras materiales.

El perfil del trabajador con sueldo más elevado

Al desglosar los datos por características demográficas y laborales emerge un patrón muy marcado. El salario más alto se concentra en hombres mayores de 55 años que cuentan con estudios superiores, un contrato indefinido y jornada completa.

Este perfil reúne los factores que tradicionalmente elevan la renta laboral: estabilidad, antigüedad, especialización y una mayor presencia en posiciones de responsabilidad.

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Las diferencias por género continúan siendo especialmente visibles. El salario medio de las mujeres en 2024 fue de 2.163,2 euros mensuales, mientras que el de los hombres alcanzó los 2.593 euros.

La brecha, de aproximadamente 430 euros al mes, se explica no solo por la segmentación en el acceso a ciertos sectores y puestos, sino también por la mayor concentración femenina en trabajos con menos retribución y en modalidades que no siempre ofrecen progresión salarial.

Los extremos de la distribución muestran con claridad esta desigualdad. Un tercio de los hombres percibe salarios iguales o superiores a 2.659,8 euros, mientras que solo una de cada cuatro mujeres se sitúa en ese tramo. En el lado opuesto, casi un 40% de ellas ingresa menos de 1.582 euros mensuales, frente al 20,7% de los hombres.

Jóvenes con salarios estancados y pérdida de capacidad económica

La subida del salario medio no ha beneficiado por igual a todos los grupos de edad. Los trabajadores de entre 16 y 34 años no solo mantienen las retribuciones más bajas del mercado, sino que además han perdido poder adquisitivo en los últimos años.

La inflación acumulada desde 2021 ha reducido su margen económico, mientras que los salarios que reciben no han crecido a un ritmo suficiente.

Este problema se ve amplificado por dos factores estructurales. El primero es la dificultad para acceder a empleos estables: la temporalidad y los contratos de corta duración siguen siendo más frecuentes entre los jóvenes, lo que repercute en peores condiciones económicas.

El segundo es el encarecimiento del coste de vida, especialmente de la vivienda. En la mayoría de grandes ciudades, un salario cercano a los 1.000 euros brutos apenas permite cubrir alquileres que han superado máximos históricos.

Una brecha generacional que se ensancha

Mientras los perfiles con mayor antigüedad y formación pueden beneficiarse de la subida global del salario medio, las nuevas generaciones no encuentran oportunidades que permitan un avance real en sus niveles de ingresos.

Los datos muestran un mercado laboral dividido. La polarización salarial continúa siendo uno de los principales desafíos para España, dado que el crecimiento del salario medio no refleja la situación de millones de trabajadores que no acceden a los beneficios del ciclo económico.

Una situación que también afecta al consumo, al ahorro y a la capacidad de movilidad social de una parte significativa de la población.

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En economía, el tamaño importa. Y el Banco de España ha vuelto a hacer hincapié en esto, apuntando a la necesidad de que nuestro país deje de ser de empresas pequeñas: un rasgo que limita su productividad, su competitividad y el salario de sus trabajadores.

En su reciente análisis, El tamaño sí importa: el reto del crecimiento de las empresas españolas, la institución vuelve sobre una vieja conclusión repetida hasta la saciedad: las empresas españolas son mucho más pequeñas que las europeas. De hecho, el 95 % tiene menos de 10 empleados, y solo el 0,2 % supera los 250 trabajadores.

Un país de microempresas

Esta estructura desequilibrada explica, en parte, por qué el país produce menos por hora trabajada, exporta menos y paga sueldos más bajos.

El Instituto Español de Analistas calcula que el 94,6 % de las compañías españolas son microempresas, y apenas el 0,8 % supera los 50 empleados. En la Unión Europea, en cambio, estas cifras son notablemente superiores. Esto tiene consecuencias claras: menor productividad media, menor capacidad de inversión en innovación o digitalización, y más vulnerabilidad ante las crisis.

Además, el tamaño condiciona los salarios. Según el Banco de España, los trabajadores en microempresas ganan hasta un 40 % menos que los de grandes corporaciones debido, principalmente, a que la empresa pequeña tiene dificultades para ofrecer estabilidad y un margen menor para absorber subidas de costes o impuestos.

¿Por qué las empresas españolas no crecen?

Las causas son tan conocidas como persistentes.

Por un lado, la carga burocrática. Cada salto de categoría (con especial incidencia hacia la pyme mediana) implica nuevas obligaciones contables, laborales y tributarias. Por ejemplo, superar los 50 empleados activa requisitos adicionales como planes de igualdad, auditorías retributivas o la creación de comités de empresa.

Para muchas pymes, esos costes fijos son inasumibles o difíciles de compensar. No es casual que miles decidan no cruzar esa línea. Tres de cada cuatro pequeñas empresas reconocen que “querrían crecer, pero no pueden” debido a esas trabas, como apunta la prensa.

A esa rigidez normativa se suma una débil capitalización. España no permite a sus empresas acumular músculo financiero con facilidad: el impuesto de sociedades, los bajos niveles de ahorro interno y la escasa cultura de inversión dificultan el crecimiento sostenido. Como apunta el informe sobre crecimiento empresarial de CEPYME, las pymes “siguen dependiendo casi en exclusiva de la financiación bancaria”, lo que las hace más vulnerables y menos competitivas.

El resultado es una “trampa de tamaño”: quien quiere crecer, se arriesga a perder margen. Quien se queda pequeño, sobrevive… pero no escala.

Productividad y salarios

El vínculo entre productividad y salarios es directo. Cuando las empresas permanecen pequeñas, sus trabajadores tienen menos acceso a formación, tecnología y economías de escala.

Por estas razones, el crecimiento empresarial no es solo una cuestión económica, sino también social: afecta a la calidad del empleo, al poder adquisitivo y a la desigualdad.

El economista Jon González lo resumía recientemente en X: “La diferencia de salarios no responde a diferencias en productividad individual, sino a factores estructurales del mercado laboral y tejido empresarial español, que hacen que la productividad agregada sea menor.”

Propuestas en el aire

El Banco de España y diversas organizaciones empresariales coinciden en algunos de los ingredientes de la receta, que pasarían por simplificar trámites administrativos y fiscales para que crecer no suponga una carga desproporcionada, revisar los umbrales regulatorios, que desincentivan pasar de micro a pequeña empresa e impulsar la financiación alternativa (capital riesgo, fondos de expansión) que permita reducir la dependencia del crédito bancario.

Además, fomentar la profesionalización directiva y la digitalización de las pymes, con programas de asesoramiento y formación, crear incentivos fiscales estables que premien el crecimiento sostenido y vincular los salarios a la productividad real y no solo al IPC ayudaría a sostener el poder adquisitivo sin generar más inflación.

No obstante, pese al diagnóstico compartido, las reformas avanzan despacio. El exceso de microempresas no es un problema nuevo: es un rasgo estructural que se arrastra desde hace décadas.

El resultado es un país donde los negocios sobreviven, pero no prosperan; donde las buenas ideas no escalan; y donde el trabajo, aunque se multiplique, no se traduce en productividad ni en salarios más altos.

En un país con más de tres millones de pequeñas y microempresas, el desafío no es crear más, sino conseguir que crezcan. Solo así España podrá romper con su techo histórico de productividad y empezar a cerrar la brecha salarial con Europa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reivindicó este verano que la renta disponible real per cápita en España ha crecido un 9 % desde 2018, según datos de la OCDE.

No obstante, aunque la cifra es correcta, oculta un matiz fundamental: no proviene de un aumento real de los salarios, sino de una combinación de factores que no se reparten de forma homogénea entre la población.

Los datos objetivos

De este modo, varios analistas —entre ellos, el equipo de Newtral y el economista Jon González en X— explican que este crecimiento responde a cuatro grandes motores: el incremento de la tasa de empleo (principalmente gracias a la inmigración), el mayor peso de las rentas del capital, el efecto de los alquileres reales e imputados, y las prestaciones públicas como las pensiones.

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Dicho de otro modo, la composición real de crecimiento está, en este sentido, sesgada hacia pensionistas y trabajadores inmigrantes, lo que ayuda a entender por qué no todos los hogares sienten una mejora en su poder adquisitivo.

Percepción ciudadana

El contraste entre el dato macroeconómico y la percepción ciudadana es evidente. Una encuesta de Funcas muestra que 9 de cada 10 españoles creen que han perdido poder adquisitivo en los últimos años.

La explicación está en que el índice de la OCDE incorpora variables que la gente no percibe directamente en su bolsillo, como el “alquiler imputado”: o sea, el valor que se asigna a las viviendas en propiedad como si fueran un ingreso.

Además, el repunte de los precios de la vivienda y los alquileres, junto al alza de los tipos de interés hipotecarios, han absorbido buena parte de las mejoras de ingresos. La inflación acumulada en la cesta de la compra termina de explicar el desfase entre la estadística oficial y la economía familiar real.

El motor de la inmigración

Desde el segundo trimestre de 2019, el empleo ha aumentado en 2,5 millones de ocupados, de los cuales 1,7 millones corresponden a extranjeros, según cálculos de Jon González. El propio economista matiza que se trata de una estimación bruta (ocupados/población total, sin ajuste por edad), lo que conviene tener en cuenta para interpretar el dato.

En paralelo, la población extranjera ha crecido en 2,9 millones, con una tasa de empleo del 58,6 %, frente al 44,3 % de los españoles. Este cambio demográfico eleva la media de renta disponible, aunque no refleja la realidad de todos los grupos de población.

La mejora se concentra en colectivos con más margen de avance: los inmigrantes en activo, que parten de tasas de ocupación más bajas y cuya incorporación masiva al mercado laboral ha tirado de la estadística, y los mayores, que se han beneficiado de la revalorización de las pensiones y del peso creciente de las rentas del capital.

Clase media estancada

En cambio, los jóvenes y las clases medias con hipoteca o alquiler se encuentran atrapados en una realidad distinta: ingresos que crecen poco, gastos que se disparan y una sensación de estancamiento que no cambia, pese a los datos macroeconómicos.

Las medias dicen que España es más rica, pero en muchos hogares se siente más pobre. El contraste se explica porque el crecimiento de la renta disponible se ha apoyado en factores que benefician a unos colectivos concretos —mayores con pensiones revalorizadas, hogares con rentas del capital o inmigrantes que se han incorporado al mercado laboral— mientras que los trabajadores jóvenes y las familias con hipoteca o alquiler cargan con unos costes de vivienda y financiación que neutralizan cualquier mejora salarial.

La fotografía global es positiva, pero también engañosa: el dato de la OCDE es una media per cápita que oculta diferencias entre generaciones, entre propietarios e inquilinos, y entre nacionales y extranjeros. Sin una radiografía más fina por hogares y quintiles de renta, seguirá existiendo una brecha entre lo que dicen las estadísticas y lo que perciben los ciudadanos cuando pagan el alquiler, la hipoteca o la compra semanal.

En definitiva, España sí es más rica en términos estadísticos, pero no necesariamente en términos de vida para la mayoría de sus familias.

En España se repite un mantra cada vez que surge el debate sobre los salarios: “no crecen porque la productividad es demasiado baja”. Parece el argumento favorito de organismos internacionales, economistas y patronales.

Sin embargo, la evidencia reciente cuestiona de raíz esta explicación. Los datos parecen ir en otra dirección y es que el estancamiento salarial no responde tanto a la productividad como a otro factor más silencioso: la debilidad sindical.

El relato oficial

Desde los años 90, la brecha entre productividad y salarios no ha dejado de crecer en casi todos los países desarrollados. En España, la productividad por hora ha avanzado cerca de un 30 % entre 1990 y 2022, mientras que los salarios reales apenas han mejorado un 11,5 % en el mismo periodo.

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La explicación que se perpetúa es que los sueldos no se incrementan porque la productividad tampoco lo hace. Sin embargo, diferentes estudios académicos muestran que el vínculo entre ambas variables está mucho más condicionado por el poder de negociación de los trabajadores que por la eficiencia de la economía.

El economista Carlos Ares lo resumía así en un reciente análisis: “Hay una relación causa-efecto entre la pérdida de poder adquisitivo y la debilidad sindical”. Cuando los sindicatos son débiles, las empresas pueden individualizar las relaciones laborales, permitiendo que directivos y perfiles con más poder pacten sus sueldos de forma personal.

Lo anterior da como resultado una redistribución de la masa salarial cada vez más desigual, que poco o nada tiene nada que ver con la productividad. El problema no es nuevo: desde hace más de cincuenta años, Estados Unidos y buena parte de Europa cuentan con una fuerza sindical cada vez más reducida, que se traduce en una menor capacidad de los trabajadores de captar una parte justa de la riqueza que generan.

Siguiendo esta línea de investigación, algunos estudios como Unions aren’t just good for workers—they also benefit communities and democracy (Los sindicatos no sólo son buenos para los trabajadores, también benefician a las comunidades y la democracia) demuestran que allí donde los sindicatos mantienen peso, los salarios suben más y las comunidades prosperan.

La presión sobre salarios

Una investigación publicada en el Financial Times por Daron Acemoglu (MIT) y Daniel Le Maire (Universidad de Copenhague), entre otros, refuerza la idea anterior: los CEOs con formación en escuelas de negocio (MBA) no aumentan la productividad, las ventas ni la inversión. Por el contrario, sí permiten reducir salarios y la parte de ingresos que va destinada a pagar por el  trabajo.

Los datos demuestran que, tras cinco años con un CEO con MBA, los sueldos son un 6 % más bajos y la cuota de ingresos laborales cae cinco puntos porcentuales en EE. UU. A su vez, en Dinamarca, las cifras son del 3 % y 3 puntos, respectivamente.

En este sentido, el patrón es claro: las ganancias se dirigen hacia los accionistas —recompras de acciones, dividendos— mientras se debilita la posición salarial de los trabajadores. Una dinámica que nada tiene que ver con productividad, pero sí con la ideología empresarial.

El think tank CEPR (VoxEU) va un paso más allá. El equipo ha demostrado que la desigualdad salarial interna reduce la capacidad de los sindicatos para organizarse.

Los empleados con mayor poder de negociación individual prefieren alejarse de la negociación colectiva, lo que obliga a los sindicatos a estrategias defensivas y limita su agenda salarial. La conclusión es paradójica: la desigualdad no solo es consecuencia de la falta de sindicatos, también es una de sus causas.

Más sindicatos, mejores comunidades

El Economic Policy Institute aporta cifras reveladoras. Entre 1979 y 2024, los salarios medios crecieron más en los estados con mayor densidad sindical.

Además, los hogares en esas regiones tuvieron ingresos 12.300 dólares superiores a los de estados con baja presencia sindical y presentaron menos población sin seguro médico y mayor acceso al seguro de desempleo.

Así, la presencia sindical no solo redistribuye ingresos, sino que refuerza el tejido comunitario y la democracia local.

En el caso español, se mantiene una dinámica similar: la reforma laboral de 2012 debilitó la negociación colectiva, favoreciendo el peso del convenio de empresa frente al sectorial. En 2021, la nueva reforma trató de revertir ese desequilibrio, devolviendo fuerza a los sindicatos, pero sin el éxito esperado.

Con los datos en la mano, se desmonta el mito de que “los salarios no suben porque los trabajadores no son productivos”. Parece tener más sentido afirmar que los frutos de esa productividad no se reparten (y en este reparto el papel de los sindicatos vuelve a ser central).

Ares apunta en su publicación a algo capital: ningún derecho laboral —de la jornada de ocho horas al salario mínimo— fue fruto de la generosidad empresarial. Todos nacieron de la lucha colectiva y del poder de negociación entre las partes implicadas.

En España, pocas ideas están tan arraigadas como la creencia de que si uno gana más dinero, Hacienda se lleva una gran parte del pastel. Sin embargo, esta percepción, aunque muy popular, es errónea.

El sistema tributario español, a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se basa en un esquema progresivo que no castiga a quienes aumentan sus ingresos, sino que grava de forma proporcional cada tramo de renta.

Creer que una subida salarial puede hacerte perder dinero es un mito que distorsiona la comprensión de cómo funciona realmente la fiscalidad.

El mito más repetido sobre Hacienda

El error habitual consiste en pensar que al pasar a un tramo superior, Hacienda aplica ese tipo impositivo más alto a todos los ingresos, reduciendo drásticamente lo que finalmente se cobra.

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En realidad, el IRPF solo grava con el porcentaje más elevado la parte de la renta que supera el límite de cada tramo, manteniendo los anteriores con los tipos que les corresponden.

Este malentendido provoca decisiones financieras poco lógicas. Hay trabajadores que llegan a rechazar una subida salarial o una promoción con el convencimiento de que terminarán cobrando menos. Sin embargo, nunca es así: una mejora en el salario siempre supone un aumento del ingreso neto, aunque el avance sea moderado.

Cómo funcionan los tramos de IRPF

El IRPF en España se organiza en varios tramos que se actualizan periódicamente. Cada tramo aplica un porcentaje distinto sobre la parte del salario que entra dentro de ese rango. Esto significa que el sistema es acumulativo y progresivo, no absoluto.

Por ejemplo, si el tipo marginal máximo aplicara un 45%, no se aplica ese 45% sobre el total del salario, sino únicamente sobre la fracción que supera el umbral correspondiente. Antes de llegar a esa cifra, los ingresos han sido gravados en tramos anteriores con porcentajes menores.

Caso práctico para desmontar el mito

Imaginemos a una persona que gana 30.000 euros brutos al año y recibe una oferta para aumentar su sueldo a 32.000 euros. El miedo de muchos es que al superar cierto umbral, Hacienda se quede con casi toda la diferencia. Pero la realidad es otra.

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Si el tipo marginal que empieza a aplicarse a partir de 30.000 euros fuera del 30% (ejemplo aproximado), ese porcentaje solo afectaría a los 2.000 euros adicionales, no a todo el salario. Los primeros 30.000 seguirían tributando según los tramos previos, con porcentajes inferiores. En la práctica, el trabajador ganaría más dinero neto, aunque la diferencia final después de impuestos no sea de 2.000 euros exactos, sino algo menor.

Este ejemplo evidencia lo absurdo del mito. Nunca un incremento salarial hará que el ingreso neto baje. En todo caso, la subida puede parecer más modesta porque una parte se destina a impuestos, pero el resultado siempre es positivo para el bolsillo.

Hacienda y la progresividad fiscal

El principio detrás de este sistema es la progresividad fiscal. Quien más gana, más aporta en términos relativos, pero siempre mantiene una renta neta superior. Este diseño responde a un objetivo redistributivo: equilibrar el esfuerzo contributivo sin desincentivar la generación de ingresos.

Los informes de la Agencia Tributaria muestran que los tramos más altos de renta concentran una parte significativa de la recaudación del IRPF. Según datos de 2023, los contribuyentes con ingresos superiores a 60.000 euros aportaron más del 40% de la recaudación total de este impuesto, aunque representan un porcentaje mucho menor de la población.

Este dato refleja cómo el sistema busca proporcionalidad en el esfuerzo fiscal.

Y claro, importancia de la educación financiera

Combatir este mito requiere, como siempre, educación financiera y fiscal. Entender cómo funcionan los impuestos no solo ayuda a tomar mejores decisiones personales, sino que también contribuye a un debate público más riguroso.

Las herramientas de simulación de la Agencia Tributaria, disponibles de forma gratuita, permiten calcular cuánto se pagará de IRPF en función de diferentes escenarios de ingresos.

Además, los asesores fiscales recomiendan planificar con antelación las decisiones económicas, ya sea en materia de ahorro, inversión o cambios profesionales.

Imágenes | Pixabay, Unplash