Cada vez hay más personas de baja en España. Y esto ocurre en un contexto marcado por la dificultad para aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado donde la Seguridad Social mantiene presupuestos prácticamente invariables desde 2023.

¿Y cuál es una de las consecuencias? que es obligatorio realizar ajustes continuos para cubrir partidas que crecen muy por encima de lo previsto. Entre todas ellas, la prestación por incapacidad temporal destaca y mucho.

El desembolso destinado a cubrir las bajas laborales no solo alcanza cifras récord, sino que muestra una aceleración constante, alimentada tanto por el aumento del número de procesos de baja como por su mayor duración media. 

En El Blog Salmón

En España, hay 9 millones más de bajas laborales que hace 10 años: estas son las razones que explican el fenómeno

El resultado es un trasvase multimillonario que tensiona el sistema contributivo y no contributivo.

Evolución del gasto en incapacidad temporal

La tendencia ascendente del gasto en incapacidad temporal desde 2017, según datos del Ministerio de Seguridad Social, es clara. En apenas ocho años, el desembolso prácticamente se ha duplicado, pasando de algo más de 7.000 millones de euros a rozar los 17.000 millones en 2025, con datos aún parciales hasta octubre.

El salto más significativo se produce a partir de 2020, cuando el gasto supera los 11.000 millones y no ha dejado de crecer desde entonces.

Este incremento sostenido se traduce en un aumento interanual superior al 11% en 2025, situando el gasto acumulado por bajas médicas por encima del total registrado en todo 2024.

La tendencia no muestra signos de estabilización, lo que obliga al Ministerio a introducir modificaciones presupuestarias de gran magnitud.

Un trasvase millonario dentro de la Seguridad Social

Para cubrir el desfase entre el presupuesto inicial y el gasto real en incapacidad temporal, la Seguridad Social ha tenido que movilizar más de 5.300 millones de euros adicionales.

Esta cifra representa el grueso de las modificaciones realizadas en el nivel contributivo, concentrando alrededor del 81% de los ajustes en este ámbito. Si se amplía el foco a todas las prestaciones, incluidas las no contributivas, la incapacidad temporal absorbe casi la mitad de las modificaciones presupuestarias.

Con estos refuerzos, el presupuesto destinado a cubrir las bajas laborales alcanza ya los 17.093 millones de euros, una cantidad que consolida esta prestación como una de las más dinámicas en términos de crecimiento del gasto público.

El peso de las bajas comunes frente a las profesionales

El gasto en incapacidad temporal se reparte de forma desigual entre las distintas contingencias. La mayor parte del desembolso corresponde a las bajas por causas comunes, es decir, aquellas no vinculadas directamente al trabajo.

Enfermedades comunes o accidentes fuera del entorno laboral concentran la mayor presión presupuestaria, con un gasto que supera ampliamente los 15.700 millones de euros y que ha requerido casi la totalidad de los fondos adicionales movilizados.

En El Blog Salmón

Novedades en la pensión. Si no alcanzas los 38 años de cotización, te jubilarás más tarde a partir de 2026

Las contingencias profesionales, asociadas a accidentes laborales o enfermedades derivadas del trabajo, tienen un peso mucho menor en el conjunto, lo que refuerza el debate sobre los factores estructurales que están impulsando el aumento de las bajas no relacionadas con la actividad profesional directa.

Más bajas y más tiempo fuera del trabajo

El incremento del gasto no puede entenderse sin analizar la evolución del número de bajas y su duración.

Las estadísticas más recientes muestran que las horas no trabajadas por incapacidad temporal han aumentado un 73% desde 2019, mientras que el total de horas cotizadas solo lo ha hecho en torno al 17% en el mismo periodo.

Una divergencia similar se observa en los días cotizados y los días de baja, con crecimientos del 16% y del 70% respectivamente.

Estos datos apuntan a un cambio profundo en el patrón de utilización de la prestación, con más procesos de baja y una mayor permanencia en situación de incapacidad, lo que amplifica el impacto económico sobre el sistema.

Un efecto arrastre sobre otras prestaciones

La presión presupuestaria no se limita a la incapacidad temporal. Más del 90% de las prestaciones gestionadas por la Seguridad Social han necesitado ajustes adicionales y, a estas alturas del año, cerca del 80% ya han superado el gasto acumulado del ejercicio anterior.

En total, las modificaciones presupuestarias superan los 11.000 millones de euros, repartidos entre el nivel contributivo y el no contributivo.

Otras prestaciones, como las vinculadas al nacimiento y cuidado del menor, también han requerido refuerzos significativos, en parte relacionados con la ampliación reciente de permisos.

Las pensiones contributivas, aunque siguen siendo la partida más voluminosa, muestran un crecimiento más contenido en términos de modificaciones, pese al inicio de la jubilación de la generación del baby boom.

El contexto macroeconómico del gasto social

En términos agregados, el gasto en protección social ya representa el 18,7% del PIB, con una tendencia claramente ascendente. Dentro de este bloque, las pensiones absorben cerca del 13% del PIB y más del 30% del gasto público total.

En las últimas tres décadas, el peso de las pensiones sobre el PIB ha crecido más del doble de lo que lo ha hecho el conjunto del gasto público.

La evolución de la incapacidad temporal se suma así a un escenario de presión estructural sobre las finanzas públicas, en el que cada vez más recursos se destinan a prestaciones sociales y menos margen queda para absorber desviaciones sin recurrir a ajustes continuos.

Imágenes | Pixabay, La Razón

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la ley antitabaco que refuerza de manera notable las restricciones sobre el consumo de cigarrillos y dispositivos electrónicos.

Entre las medidas más destacadas está la equiparación de los vapeadores con los cigarrillos convencionales, así como la prohibición de fumar en espacios como terrazas de hostelería, piscinas, marquesinas o vehículos de transporte con conductor.

La norma, sin embargo, no contempla finalmente el empaquetado genérico, pero sí amplía los entornos libres de humo siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea.

En El Blog Salmón

Los altos aranceles tienen otra consecuencia bien documentada: el auge del contrabando

Además, la nueva regulación establece de forma expresa la prohibición de consumo por parte de menores, algo que hasta ahora no estaba recogido, ya que la limitación se centraba únicamente en la venta.

También actualiza el régimen sancionador, incrementando cuantías y responsabilidades, y fija perímetros de seguridad de hasta 15 metros alrededor de centros sanitarios, educativos o deportivos.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que este marco legal busca proteger la salud pública y reforzar la prevención, recordando que 140 personas fallecen cada día en España por causas vinculadas al tabaco y que un 30% de los tumores tienen relación directa con este hábito.

Ventas en mínimos históricos y transformación del mercado

Una ley que busca seguir estrechando el cerco a un sector que no pasa por su mejor momento. De acuerdo con el Comisionado del Mercado de Tabacos, entre enero y junio de este año se vendieron 989 millones de cajetillas, el registro más bajo desde que existen estadísticas oficiales, a excepción de los años de pandemia.

Este dato supone un descenso del 2,6% respecto al mismo periodo de 2024 y del 6,3% en comparación con 2022. Si se toma como referencia la última década, la caída acumulada es de alrededor del 11%.

El dato, eso sí, contrasta con la evolución de los ingresos del sector, que alcanzaron 6.498 millones de euros en el primer semestre, un 4,7% más que en 2024 y un 22,7% superior a la cifra de 2020.

Esto refleja que, aunque se vendan menos unidades, el encarecimiento constante de los productos mantiene la facturación en niveles récord.

El liderazgo lo conserva Altadis con un 27,68% de cuota de mercado, seguida de JTI con un 27,26% y Philip Morris con un 26,9%. BAT, con Lucky Strike, retrocede hasta el 9,08%. Por marcas, Marlboro domina con el 16,12%, por delante de Camel, Winston, Fortuna y Lucky Strike.

Hacienda dispara su recaudación mientras el consumo retrocede

Las nuevas limitaciones llegan en un contexto donde el sector del tabaco ya estaba debilitado. Sin embargo, paradójicamente, el impacto en las arcas públicas ha sido muy distinto.

En El Blog Salmón

El plan del gobierno contra el tabaco: tu casero te puede prohibir fumar en tu casa y las terrazas en el punto de mira

Según la Agencia Tributaria, en el primer semestre del año Hacienda recaudó 3.280 millones de euros a través del Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco, un 3,2% más que en 2023. Este aumento responde a la subida de tipos aprobada recientemente, que generó unos ingresos adicionales de 152 millones.

Si se suman el resto de gravámenes, como el IVA, el Estado ingresa cerca del 80% del precio final de una cajetilla. Este porcentaje convierte al tabaco en el producto más gravado de España, muy por delante de carburantes, bebidas alcohólicas o electricidad.

Para el Ministerio de Hacienda, el tabaco sigue siendo una fuente de recaudación estratégica, pese a que las políticas sanitarias caminan en sentido contrario al incentivar la reducción del consumo.

Auge de los dispositivos alternativos

Mientras las ventas de cigarrillos tradicionales se desploman, las grandes multinacionales del sector han acelerado su apuesta por los dispositivos electrónicos.

Philip Morris ha marcado el camino con IQOS, que en 2023 generó ya el 38% de su facturación mundial neta, superando por primera vez los ingresos de Marlboro. La compañía ha invertido más de 14.000 millones de dólares en el desarrollo de alternativas y mantiene a más de 1.500 personas en equipos de innovación.

British American Tobacco lanzó Glo en 2020 y JTI entró en 2024 en el mercado español con Ploom, mientras que Imperial Brands apuesta en España por su dispositivo de vapeo Blu.

La narrativa de estas compañías insiste en que los nuevos productos son menos nocivos, aunque organismos sanitarios y la propia ministra Mónica García han reiterado que no existe evidencia científica que respalde la idea de un tabaco saludable.

De hecho, la última Encuesta sobre Alcohol y Otras Drogas en España refleja que un 19% de la población ha probado el vapeo alguna vez, frente al 66,6% que reconoce haber consumido tabaco convencional.

El debate sigue abierto: mientras las empresas reclaman acelerar la transición hacia alternativas sin combustión, la Administración endurece las normas para frenar cualquier tipo de consumo.

El resultado es un sector en transformación, con ventas tradicionales en mínimos históricos, presión fiscal en máximos y una carrera por posicionarse en el mercado de dispositivos alternativos que marcará el futuro inmediato.

Imágenes | Pixabay, Instagram

La posible desaparición de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) está generando un creciente clima de incertidumbre entre sus afiliados. Esta inquietud se agrava en casos de tratamientos críticos, como el cáncer, donde la continuidad de la atención puede ser una cuestión de vida o muerte.

Según informaciones recientes, el Ministerio de Sanidad ha planteado un plan para integrar a los mutualistas en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en un plazo de nueve meses. Este proceso incluye medidas específicas para garantizar la continuidad de los tratamientos, especialmente en casos complejos como los oncológicos. No obstante, las dudas persisten: ¿cómo se garantizará que los pacientes con enfermedades críticas no sufran interrupciones o deterioro en la calidad de la atención? ¿Hay una alternativa real? No está claro.

In-certidumbre

Actualmente, los mutualistas tienen la opción de recibir asistencia sanitaria a través de aseguradoras privadas, un modelo que permite acceso rápido a especialistas y tratamientos avanzados. Si Muface desaparece, esta tarea recaerá sobre las comunidades autónomas, que deberán absorber a los mutualistas en sus sistemas sanitarios.

En El Blog Salmón

El gobierno apuesta por intervenir el mercado de vivienda olvidando el dato clave: se construye un 70% menos de vivienda que hace 20 años

El Gobierno ha prometido transferir los fondos destinados a las aseguradoras privadas hacia los servicios de salud autonómicos, si bien muchas comunidades han manifestado preocupación por la falta de una financiación adecuada y garantizada para cubrir este nuevo volumen de pacientes. Sin un plan de transición claro y detallado, existe un riesgo real de colapso en algunas regiones, especialmente aquellas con recursos sanitarios ya tensionados.

El caso de los pacientes oncológicos

La situación es particularmente delicada para los pacientes oncológicos. En ausencia de Muface, estos pacientes podrían enfrentarse a interrupciones en sus tratamientos debido a problemas de coordinación entre aseguradoras privadas y el SNS.

No obstante, desde el Gobierno se ha propuesto que los casos  críticos sean los últimos en ser transferidos, pero no existen garantías claras sobre cómo se manejarán los procesos durante esta etapa. Según ElHuffPost, "se abre la puerta incluso a una renegociación temporal para un "aseguramiento extraordinario" que sume una prórroga adicional de un año, más allá de los 9 meses" para situaciones de final de la vida y alta complejidad.

En cualquier caso, un paciente en tratamiento de quimioterapia que depende de la continuidad y puntualidad en sus sesiones podría enfrentarse a demoras si su caso no está bien documentado o si la integración al sistema autonómico no es inmediata.

Falta de garantías

A pesar de los anuncios oficiales, el panorama que enfrentan los mutualistas sigue siendo difuso. La transición de Muface al sistema general es un proceso que necesita ser planeado y ejecutado con precisión para evitar que los pacientes más vulnerables queden desprotegidos.

Hoy por hoy, no se cuenta con garantías firmes ni una colaboración efectiva entre el gobierno central y las comunidades autónomas, por lo que el riesgo de una crisis sanitaria sigue presente.

En este contexto, surge una pregunta clave: ¿qué pasara con aquellos pacientes que dependen de tratamientos vitales? No hay respuesta clara, ni tiempos concretos para este escenario. En estos momentos, según informan los medios y se puede extraer de declaraciones oficiales, falta coordinación entre ambos sistemas, las comunidades han expresado preocupación para atender un mayor número de pacientes y resulta difícil identificar y priorizar a los pacientes más vulnerables, pese a las buenas intenciones.

El Ministerio de Sanidad ha sido claro: "es competencia de Función Pública, no privada", y ha defendido que los funcionarios  supondrán un peso extra del 2,4 % del total de los pacientes que acoge el Sistema Nacional de Salud.

Las preguntas sobre el cómo y el cuándo todavía están en el aire, pero la ministra Mónica García se mostró tranquila ante la posibilidad de que Gobierno y aseguradoras no lleguen a un acuerdo: lo ve perfectamente asumible.

"Perfectamente asumible"

Entre mensajes institucionales, García ha tratado de lanzar algunas declaraciones tranquilizadores tras las últimas semanas de protestas, convocatorias y manifestaciones por parte de los sindicatos, que exigen un acuerdo entre las partes. Mientras tanto, el mensaje desde el Gobierno ha ido virando hacia un “perfectamente asumible” y una crítica feroz contra las aseguradoras.

En El Blog Salmón

"Difícilmente se podrán permitir un revés económico o tener mala salud". Jubilarse antes de los 65 es un drama para muchos americanos

En este sentido, la ministra afirmó antes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que reunió el lunes al Ministerio con las comunidades autónomas, que Muface no es competencia pública y, sobre todo, que son “las aseguradoras son las que tienen que firmar ese convenio [...]”

Además, ha agregado que, para los seguros privados, "los mutualistas no les salen rentables", pero sí al estado. "A quienes sí nos sale rentable cuidar a los pacientes es a la sanidad pública", ha dicho.

Impacto desigual, por regiones

Todo ello, choca con la situación pro comunidades autónomas, que absorberán de forma desigual al grueso de los mutualistas. De este modo, si bien el CIS de junio de 2024, hablaba de que la percepción de la sanidad pública ha ido a peor, a medida que han aumentado las listas de espera (un 26 % más), este impacto es diferente por región.

Tan desigual como que los 70 días de espera en Madrid, La Rioja o el País Vasco, pueden duplicarse en Andalucía o Extremadura (160 días: medio año). A todo ello, se han detectado también fallos en la atención igualitaria a las personas y un empeoramiento de la salud en pacientes asociado a los tiempos de espera, tanto en diagnósticos como en recuperaciones.

Pese a las buenas intenciones, esto parece difícil de gestionar desde el Gobierno central, que, en la práctica, delegará la presión asistencial en las comunidades. Y ocurrirá en un periodo especialmente sensible, con la jubilación anual de alrededor de 2.863 médicos por cada 2.061 que se incorporan.

De este modo, la clave será ampliar plantillas y jornadas y establecer criterios para priorizar a pacientes vulnerables, pero en una tesitura repleta de fechas límite y, sobre todo, sin la seguridad de que las aseguradoras accedan a la prórroga planteada por el gobierno para cumplir el requisito de lista de espera cero.

Desde las CCAA, hay dudas

En esta línea, ante las declaraciones de la ministra, la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute (PP), ha advertido sobre la necesidad de aumentar o realizar nuevos acuerdos con la sanidad privada, mientras que el consejero de Sanidad de Aragón, José Luis Bancalero (PP), ha afirmado que el presupuesto destinado a Muface no es suficiente para cubrir el traspaso de los mutualistas al sistema público.

Queda un punto importante que, desde el Gobierno, todavía debe revisarse al detalle: cómo afectarán los costes añadidos de algunas comunidades autónomas, por ejemplo, aquellas con una fuerte dispersión poblacional, mayores listas de espera o con población envejecida.

Por ahora, sigue todo en el aire. La fecha límite, el 31 de diciembre.

Hace unas semanas, el Gobierno y MUFACE anunciaron la posibilidad de que las coberturas de los mutualistas tengan que ser absorbidas por la sanidad pública. La razón: el concurso quedó desierto y las aseguradoras Adeslas, Asisa, SegurCaixa y DKV renunciaron a la cobertura de los funcionarios. Las aseguradoras reclamaban una subida de la prima del 38 %.

La posible integración de los funcionarios de MUFACE ha generado controversia debido a las cifras. Hablamos de 1,5 millones de usuarios que deberían ser  absorbidos, en unos pocos meses, por un sistema de salud cuyo déficit de médicos sigue creciendo, y creciendo.

Listas de espera, en el aire

Mientras tanto, al Gobierno se le acumulan las fechas límite, Sanidad ha planteado a MUFACE prórroga de 9 meses del concierto actual para un cambio de periodo tranquilo para funcionarios y familias. Sin embargo, pese a las continuas llamadas a la calma por parte del Ejecutivo, por ahora, las coberturas solo están aseguradas hasta el 31 de enero de 2025.

En El Blog Salmón

Cómo Alemania está hundiendo ella sola su propia industria: su PIB se ha contraído un 0,3%

Los sindicatos han convocado, durante varias semanas, concentraciones para forzar el acuerdo sobre las licitaciones de MUFACE, con movilizaciones que llevan varias semanas extendiéndose por toda la geografía española. En los últimos días, se ha intensificado la presión de UGT y CCOO, alegando que están obligadas a entenderse y ofrecer una solución urgente.

Según el CIS de junio de este año, este problema se ha ido incrementando desde la época prepandemia. La opinión mayoritaria es que la sanidad ha ido a peor: un 34,4 % consideraban un empeoramiento claro en este último año, lo que coincide con el aumento de las listas de espera.

Se estima un aumento de más del 26 % en listas de espera, que han crecido en un lustro en 177.000 pacientes, con un impacto notable en Andalucía y Extremadura, con tiempos de espera medios de seis meses.

Solo una escasa minoría (1 %) afirma tener necesidades médicas no satisfechas en la sanidad española, pero sí hay un aumento en el volumen de los tiempos de espera, la ruptura de la igualdad efectiva en el acceso y el empeoramiento en la salud, debido a atenciones médicas tardías, que pueden deteriorar la salud y dificultar la recuperación de los pacientes.

Sin MUFACE, más presión asistencial

La extinción de MUFACE supone integrar más de un millón de nuevos pacientes al sistema público. Y ocurre en un periodo especialmente sensible, con la jubilación anual de alrededor de 2.863 médicos por cada 2.061 que se incorporan. Unas cifras que se vuelven especialmente relevantes entre los médicos de familia: la especialidad más demandada.

Así, como apuntaban desde el blog de economía Nada es gratis, hay dos opciones que se deberían barajar:

• Reducir volumen de las listas de espera con aumentos en las plantillas y ampliaciones de las jornadas laborales
• Establecer criterios clínicos y sociales que racionalicen las listas, estableciendo criterios que prioricen a los pacientes más vulnerables.

En cualquier caso, todo indica que con la integración de MUFACE, la presión asistencial crecerá, y se abre el debate de la gestión de las listas de espera, agravado. La fecha límite vence el 31 de diciembre. La incertidumbre sigue para los usuarios.

En estas últimas semanas, el Gobierno ha demandado a mutualistas y aseguradoras cuatro meses de prórroga para poder cumplir el requisito de lista de espera cero. Si, finalmente, la incorporación se efectúa, parece evidente que será necesario un aumento en el presupuesto orientado a recursos y personal en plantilla.

Fue un boom. Cuando corrió la noticia, muchos diabéticos españoles denunciaron que no podían acceder a su medicación, Ozempic, debido a que habían agotado existencias en 2022. Un episodio que se repitió este año, y en varias comunidades autónomas.

¿La razón? Ozempic funciona también para frenar la obesidad, y no son pocos los profesionales que han empezado a recetarlo. Para muestra, por primera vez, en los últimos cuarenta años, la curva de personas obesas mayores de 20 en EE. UU. ha empezado a descender.

De Ozempic a una generación de fármacos

En España, desde las primeras noticias, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) alertó sobre posibles desabastecimientos.

En El Blog Salmón

En España ya hay gente que debe esperar hasta los 66 años y 8 meses de edad para jubilarse

Las dos principales razones por las que Ozempic y otros medicamentos análogos del GLP-1 se han mantenido bajo prescripción médica han sido tanto por la necesidad de un control tras su uso, como con el objetivo de que pacientes con diabetes tipo 2 no se queden sin medicación para el control glucémico.

Falling obesity rates (thanks to weight loss drugs) after decades of failure are nothing short of a miracle and serve as a great case study of how progress can be made.

It’s high time we stop using “technofix” as a pejorative and start embracing it as a compliment. pic.twitter.com/MskpNSZp2V

— Boyan Slat (@BoyanSlat) November 24, 2024

La AEMPS, además, explicó que se priorizaría (por la necesidad de un control y una periodicidad) a los pacientes diabéticos sobre otras causas, poues las personas con diabetes tipo 2 seguían escasos de suministro y no siempre se han cumplido las prescripciones prioritarias o se ha exigido la receta médica. Además, han aparecido otros compuestos, como Saxenda y Wegovy, indicados específicamente para el control del peso, y ya disponible en España.

El endocrinólogo Luis Marín explicaba para ABC: "La dieta y el ejercicio son y seguirán siendo imprescindibles. Y la única manera de frenar esta pandemia es la educación en un estilo de vida saludable desde la infancia."

Según los expertos, pese a las grandes virtudes que plantea Ozempic, tras décadas de fracasos en la lucha contra la obesidad, perder peso con medicación seguirá siendo mejor a no perder peso, pero no debería sustituir una dieta balanceada y el ejercicio físico regular.

Sin embargo, los dos grandes escollos actuales no son los resultados, sino el coste mensual del tratamiento —de media, entre 200 y 500 euros al mes— y la necesidad de asociar un cambio de hábitos para que el efecto pueda perdurar en el tiempo.

España, con sobrepeso

En nuestro país, según datos actuales, entre las personas adultas se asocia un 55,8 % con sobrepeso. Estas cifras se subdividen, a su vez, en un 18,7% de obesidad y un 37,1% de sobrepeso. La obesidad severa, además, alcanza al 4,9 % de las personas adultas.

Asimismo, en España, según los datos del Ministerio de Sanidad, la diabetes afecta a entre el 5 y el 10 % de la población general.

Con estas cifras, el uso de medicamentos como Ozempic o las nuevas alternativas comerciales que están surgiendo podrían ayudar a mitigar un gran número de casos severos, pero no es una fórmula milagro.

En un cálculo rápido, grosso modo, casi el 20 % de la población adulta corresponde a 8 millones de personas. La medicación, incluso en su coste más económico supondría unos 1.600 millones de euros mensuales de gasto público (19.200 millones de euros por año equivalen a una quinta parte del gasto público de la sanidad española).

No obstante, debe tenerse en cuenta que Ozempic u otras medicaciones efectivas para evitar obesidad en la población adulta también reducirían el gasto asociado al sobrepeso, que se estima en un 9,7 % del gasto sanitario total: en concreto, 9.400 millones de euros al año (784 millones al mes).

EE. UU. y el Ozempic

La semaglutida, es decir, el Ozempic y otros análogos del PLC-1 han ayudado a millonarios como Elon Musk y a otros tantos influencers a perder peso, generando una demanda espectacular del medicamento al otro lado del Atlántico. Y también aquí.

Esta pérdida de peso se descubrió de forma accidental, por así decirlo, cuando se comprobó que al inyectar semaglutida (una hormona que ayuda a descomponer los alimentos y convertirlos en combustible que el cuerpo puede utilizar), la hormona indica al páncreas que cree más insulina y, a la vez, reduce el glucagón, lo que controla el azúcar en sangre. De este modo, esta reacción puede dar lugar a una pérdida de peso, pero Ozempic no se aprobó nunca para este fin.

Por el contrario, medicamentos similares que surgieron poco después, como Wegovy, sí lo hicieron. Desde la AEMPS, también han probado Mounjaro, que ya ha sido aprobado y comercializado en España. En este caso, a diferencia de Wegovy u Ozempic, basados en la semaglutida, Mounjaro se basa en otro compuesto: la tirzepatida, que es un agonista de los receptores GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1).

Su principal diferencia, es que, en este caso, el compuesto responde también con los receptores GIP (péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa). Los ensayos clínicos han sido todo un éxito.

El caso de Ozempic es digno de estudio, tanto por su popularidad como por la reacción del mercado.

Por ahora, sigue existiendo la necesidad de cierto seguimiento médico para adquirir los tratamientos, pero nadie se cierra a la posibilidad de ir sumando y sumando nuevos compuestos. Para muestra, CagriSema, el nuevo tratamiento híbrido que promete reducir el peso sin efectos secundarios de recuperar peso.

Quizá te estés preguntando: pero ¿tan bestia es el efecto y la revolución que ha supuesto Ozempic y todos los fármacos derivados para el sector? Cerramos este artículo con un dato: la demanda estadounidense ha supuesto el crecimiento global de la economía de Dinamarca, según explicaban en The Wall Street Journal. Hoy, la fiebre sigue.

En pleno clima de inestabilidad e incertidumbre para la sanidad privada, y debatiéndose la situación actual de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), las aseguradoras exigen una mejora de las condiciones para abarcar los costes de cada prima. De ahí que se estime que los precios de las coberturas se incrementarán entre un 10-15% en 2025.

El gasto medio por persona en servicios de salud no reembolsables fue de 499 euros en 2023, un 45% más que hace una década, que era de 343 euros. Ese gasto en sanidad privada se asocia a servicios que no son financiados por el Estado. Hablamos de odontología, óptica, copagos farmacéuticos o acceso a sanidad privada (sin incluir los seguros privados de salud, que registraron una media de 178 euros por persona en 2023).

En El Blog Salmón

Si los funcionarios pierden Muface tenemos un culpable. El gobierno no subirá más, todo el dinero va a pensiones

En solo una década, el gasto per cápita en sanidad privada ha evolucionado del siguiente modo: 2013 (342 euros), 2014 (379 euros) 2015 (388 euros), 2016 (387 euros), 2017 (393 euros), 2018 (406 euros), 2019 (420 euros), 2020 (402 euros), 2021 (484 euros) 2022 (497 euros) y 2023 (499 euros). En una década, el gasto de bolsillo se ha disparado en 156 euros más (45%).

¿Cómo será la nueva subida?

Esta subida, considerada como la mayor de la última década, vendría a suponer una continuación de la tendencia hasta la fecha. Y es que la póliza de salud se ha revalorizado un 50%, con crecimiento medio de las tarifas entre el 4% y el 7%. Se trata de un ritmo mucho menor de lo que se espera en el próximo ejercicio.

Por tanto, los casi 13 millones de personas que cuentan con un seguro de salud privado pagarán mucho más. Mientras en 2015 abonaban una media de 650 euros anuales, ahora pasarán a pagar unos 1.100 euros en 2025, teniendo en cuenta que actualmente abonan 950 euros.

El incremento de precios en la sanidad privada va asociado a unas causas esenciales: aumento de costes, demanda de servicios, siniestralidad por póliza, edad de las personas aseguradas, inflación y efectos post-covid (como aumento de los costes por pruebas, tratamientos y hospitalización).

Situación histórica

Es tal la subida que se asocia al seguro de salud privado, que las primas podrían llegar a superar, con creces, al seguro de automóviles, hasta la fecha de los más elevados.

Se espera que la limitación del sector de la sanidad privada en España llegará cuando se alcance al 30% de la población cubierta. Actualmente ya existe un 29% de la población con una alternativa privada al Sistema Nacional de Salud (SNS).

En El Blog Salmón

Yolanda Díaz quiere bajar el IVA de la sanidad privada de los perros y subir el de la sanidad privada de las personas

Es una situación histórica, pero para nada novedosa. En los últimos años, el seguro de salud ha repuntado en el ámbito colectivo o empresarial. Y es que ocho de cada diez compañías ofertan este producto a sus asalariados, aunque ni la mitad ofrecen este tipo de planes financiados. Una cifra que, pese a su impacto, demuestra que sigue una escala descendente desde 2018.

La sanidad privada en Europa

La facturación del sector sanitario privado aumentó un 11,5% entre 2019 y 2021. España se convirtió en el quinto país de la UE que más dinero mueve, con 37.289 millones de euros en 2021.

Solo le superan Alemania (67.772 millones de euros), Reino Unido (56.126 millones de euros), Francia (46.766 millones de euros) e Italia (41.166 millones de euros).

Además, el gasto medio de los españoles en asistencia sanitaria privada fue de 788 euros anuales por habitantes. El sector logra aportar un 3,1% al PIB español. En la relación entre sanidad privada y porcentaje que se aporta al PIB, España lidera el ranking de los países de la UE.

En términos globales, Estados Unidos aparece a la cabeza de los países con la sanidad más cara. En condiciones extremas de asistencia, el viajero puede desembolsar hasta 69.654 euros de media, aunque los costes hospitalarios dependen del hospital.

España es el tercer país de la OCDE que más gasta en la sanidad privada, sin alcanzar el promedio (8,7%) en inversión para la pública. Precisamente, el informe del Observatorio de la Sanidad Privada 2024 de la Fundación IDIS refleja que la financiación privada representa un 3,1% del PIB nacional (36.805 millones de euros), solo por detrás de Portugal (4,1%) y de Suiza (3,6%).

La ayuda de 300 euros para los funcionarios de Muface

Todos los funcionarios adscritos a Muface tienen la oportunidad de conseguir una ayuda de 300 euros. Estas ayudas se otorgan en forma de becas de estudio, con plazo máximo de hasta el 31 de octubre para recurrir a ella. Así queda recogido en la Resolución de 8 de mayo de 2024 de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado

La beca, de pago único, puede ser solicitada por los mutualistas titulares en alta o situación asimilada el 15 de octubre de 2023 y que mantuviesen la condición en la fecha de presentación de la solicitud

Imágenes | Foto 1, Foto 2

El martes 8 de octubre está marcado en el calendario como una fecha crítica. La aprobación, por parte del Consejo de Ministros del nuevo pliego de condiciones para los convenios de Muface, Isfas y Mugeju. Con todo ello, se verían afectados 2,14 millones de funcionarios y familiares. Un modelo que durante años ha supuesto pérdidas cuantiosas para aseguradoras como DKV, Mapfre, Adeslas y Asisa, y que ahora viene a demostrar una evidencia: los empleados públicos prefieren la sanidad privada.

Es curioso que el colectivo de funcionarios goce del pleno derecho para escoger libremente si quiere ser atendido por la sanidad privada o por la sanidad pública, y que el 80% de ellos opte por la sanidad privada a lo largo de las últimas décadas.

Las claves de la medida del Gobierno

Con el fin de intentar revertir la situación, el Gobierno PSOE-Sumar ha brindado un volumen de financiación insuficiente para los servicios sanitarios privados de los funcionarios. De este modo, los trabajadores públicos se verían en la obligación de acudir forzosamente a la sanidad pública, cada vez más desierta.

En El Blog Salmón

¿Quién consiguió la jornada de 40 horas, la lucha obrera o el aumento de la productividad? Lecciones para la semana de 4 días

De consumarse esta acción, el sistema público deberá absorber desde el 1 de enero de 2025 casi 1,5 millones de nuevos usuarios. Precisamente en un momento crítico, pues el sistema público de salud ya se encuentra altamente tensionado, con largas listas de esperas que lastran su calidad.

Al final, la medida del Gobierno no tendrá efectos. Que todos los usuarios que se dirigían a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) se marchen a la pública únicamente provocará que quienes siguiesen apostando por la sanidad privada, finalmente la viesen más descongestionada.

En este sentido, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, ha manifestado abiertamente su defensa de la capacidad del sistema público para absorber a los mutualistas. Asegura que son personas que no presentan una alta complejidad en sus cuidados y cuya atención puede asumir el sistema público. Otras voces como la de Mónica García, ministra de Sanidad, han calificado a Muface como subsistema anacrónico.

Existen colectivos, como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que sostienen que el modelo actual perpetúa desigualdades al financiarse un sistema privado con recursos públicos, no quedando al alcance de toda la ciudadanía.

La FADSP aboga por la integración total de los funcionarios en el sistema público, lo que, bajo su pronóstico, aliviaría las tensiones financieras y administrativas derivadas de los conciertos con las aseguradoras.

Consecuencias directas

El Ministerio de Función Pública ha propuesto un aumento del 14% en la prima pagada por mutualistas. Esta oferta se considera escasa, por parte de las compañías privadas, para cubrir los elevados costes de la atención médica. De no mantenerse los niveles de calidad actuales, se provocaría un empeoramiento de los servicios y de mayores tiempos de espera para los funcionarios. Todo lo contrario a lo que se buscaba inicialmente: aligerar los plazos.

En El Blog Salmón

"Íbamos por buen camino y lo arruinaron todo". Las reformas de las pensiones de la época Escrivá han sido un desastre para España

Dicho esto, las operadoras exigen un incremento del 40%, aunque Muface reclama un incremento del 25%. El Gobierno es claro y, ante el elevado déficit público que arrastra, no ve posible un incremento mayor.

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) acusa al Gobierno de propiciar un fin deliberado para Muface. La oferta financiera se diseña para transferir la responsabilidad del fracaso de las negociaciones al sector privado y deja en una situación precaria la atención médica a los funcionarios.

El envejecimiento de la población mutualista ha aumentado un 7% en la última década. La labor de los operadores privados es fundamental para acometer la ‘selección de riesgos’ de los usuarios. De este modo, se podrán inducir que determinadas enfermedades más graves o crónicas sean tratadas en hospitales públicos.

El objetivo final no es otro que atraer a funcionarios sanos y esquivar la máxima proporción de trabajadores que supongan grandes costes. Todo ello se traduce en que la elección del Instituto Nacional de la Seguridad Social haya pasado del 14,1% al 20,4% de funcionarios en la última década. Este análisis queda recogido en el informe ‘El misterio Muface. ¿Selección por riesgo o empeoramiento de la calidad percibida?’, publicado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2019.

Nuevo error del Gobierno. ¿A dónde va el dinero de Muface?

El grado obsesivo del Gobierno de Sánchez por intentar engordar el tamaño del Estado, resta importancia a la calidad de vida de los españoles. El ahorro de Muface compensará el déficit de las pensiones.

Una vez más, las pensiones son el principal activo para el Ejecutivo. Los datos son claros. El Gobierno destina el 80% de los impuestos a pagar pensiones. La Seguridad Social ya ha gastado 33.602 millones de los 43.463 previstos en el Presupuesto del ejercicio, algo que permite al sistema experimentar un importante superávit. Además, el gasto en jubilaciones ha aumentado más de un 7% en un año y el desembolso en bajas por enfermedad un 18%.

Inicialmente, Muface no va a desaparecer, pero el Gobierno sigue dando pasos hacia el ensanchamiento del Estado, del sistema de pensiones y ahora de la sanidad pública. Un problema de saturación está a la vuelta de la esquina y es por ello que las asociaciones de sanidad pública ponen el foco en la necesidad de una financiación adecuada para el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Imágenes | Foto 1, Foto 2

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue en su batalla particular contra las rentas más elevadas del país. La oposición es crítica: ¿dónde están las medidas para solventar los problemas latentes de la sociedad?

En las últimas horas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dado a conocer el programa de Sumar para los Presupuestos de 2025. Destaca su idea de aplicar una rebaja del IVA a peluquerías y veterinario y de subir el de la sanidad privada.

Tienen los socios de Sánchez tan puesto el punto de mira en los más ricos del país, en lugar de solventar los verdaderos problemas de España, que se llegan a obviar datos.

En El Blog Salmón

Por qué Yolanda Díaz se equivoca al querer prohibir todos los EREs de empresas en beneficios. La flexibilidad es buena para el empleo

En 2023, España registró la cifra más baja de natalidad desde 1941, contabilizándose 9,3 millones de perros frente a 6,6 millones de niños menores de 14 años.

Sumar reclama una fiscalidad contemporánea

La líder de Sumar alega que España necesita de una fiscalidad del siglo XX, sin sesgo de género ni climático. Para ello, apuesta por una subida de impuestos cifrada en 27.000 millones de euros. No obstante, como ella misma argumenta, no se trata de subir o bajar impuestos, sino de quién tiene que pagarlos.

Reducción del IVA veterinario

Según datos de ANFAAC de 2021, en España hay 47.307.133 habitantes y 9.280.821 perros. De ahí que la ministra Díaz sea partidaria de implantar bonificaciones para el 43% de los hogares de España que tienen alguna mascota en casa.

La reducción del IVA veterinario al 4% supondrá una bajada de más de 500 millones de euros para esos casi seis millones de hogares. Los planes de Sumar parten de la propuesta de Pacma, que insiste en que el sector veterinario posee un impacto económico importante en la economía española; 10.600 empresas que dan trabajo a más de 20.000 veterinarios, generando 385.320 empleos directos e indirectos.

Además, estiman que para 2030 la facturación del sector alcanzará los 3.800 millones de euros, por lo que es de vital importancia para los aliados de Díaz que se apliquen estas medidas.

Pacma presiona y propone que los contribuyentes, con rentas de hasta 26.414 euros a nivel individual y 37.322, a nivel conjunto, tengan derecho a una deducción estatal del 15% en gastos veterinarios. Esto supone un límite de 500 euros en tributación individual o 1.000 euros en tributación conjunta anuales.

Ya en mayo, Podemos propuso que la atención veterinaria fuese un derecho de los animales y de las personas y, por ende, parte del sistema de salud público. Aseguran que no puede ser un simple privilegio de las clases más adineradas del país.

Díaz carga contra la sanidad privada

Su propuesta de Presupuestos generales contempla bonificaciones de salud bucodental, gafas y lentillas, pero también la creación de una prestación universal de 200 euros por hijo a cargo y que el permiso de nacimiento se amplíe a 20 semanas.

En El Blog Salmón

Yolanda Díaz ha conseguido que suba el subsidio de desempleo. Nadia Calviño tenía razón en que va a hacer subir el paro en España

De consolidarse la propuesta de Sumar de subir el IVA a quienes utilicen la sanidad privada se produciría un efecto claro: un sistema sanitario colapsado. Hay que tener en cuenta que la sanidad privada contribuye a despejar hospitales y que, por ende, se ofrezcan mejores prestaciones a la ciudadanía.

De subir el IVA, las aseguradoras tendrían que subir la prima y, por ende, aumentaría el precio del seguro provocando que muchas personas se fuesen a la sanidad pública, por lo que acentuaría los problemas de accesibilidad que ya existen en España. Sería una medida cuanto menos extraña y llamativa dentro del entorno de la UE.

Pero no es la primera vez que la vicepresidenta segunda propone eliminar la exención del IVA a la sanidad privada. Ya en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), del pasado mes de abril, hizo lo propio.

Las críticas de Sumar a la educación o a la sanidad privada se basan en aspectos no fundamentados, asegurando que hay centros en los que se producen sesgos por sexo, nombrando, en concreto, al Opus Dei. Y es que considera que ha llegado el momento de que la Iglesia tribute en el IVA.

Aluvión de impuestos

Los socios de Sánchez no solo quieren actuar sobre la sanidad y la educación privada, sino en conseguir que los impuestos a la banca y a las energéticas sean permanentes.

Sumar reclama crear un impuesto de grandes herencias, descontada la vivienda habitual para herencias de más de un millón.

De igual modo, ha solicitado endurecer la fiscalidad de las Socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria). Subiendo las rentas del capital en el IRPF, se logrará un acercamiento con las de trabajo. Todo pasa por crear un nuevo tramo en el IRPF para aquellas rentas superiores a los 150.000 euros.

Además de subir la fiscalidad del tabaco, Díaz propone prohibir compras especulativas en zonas tensionadas para acabar con los alquileres turísticos ilegales. De este modo, impondría un IVA del 21% y detraería fondos de las comunidades que no aplicasen la Ley de Vivienda.

Imágenes | Foto 1, Foto 2

La sanidad privada en España sigue cogiendo impulso y los datos demuestran que es un sector en pleno auge. Pese a contar con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, España viene experimentando un crecimiento paulatino en el número de usuarios de la sanidad privada, especialmente impulsados por la reducción de las listas de espera, el alto nivel de cualificación de sus profesionales y un servicio personalizado.

Según el informe ‘Sanidad privada, aportando valor 2023’, elaborado por la Fundación Idis, la sanidad privada vio incrementado durante 2022 el número de asegurados en un 4% hasta superar los 12.000.000 de personas. Estas cifras de récord histórico denotan como la pandemia ha cambiado la mentalidad de la sociedad, que ve ahora necesario invertir en sanidad.

De esos más de 12 millones de pacientes asegurados, 9,4 millones son de asistencia sanitaria (el 79% del total), 1,7 millones son de mutualismo administrativo y 839.000 de reembolso de gastos.

Actualmente en España existen 432 hospitales privados, lo que representa el 56% del total de centros del país, superando por consiguiente a los 345 centros públicos existentes. No obstante, la sanidad pública cuenta con el 69% de las camas de España y la privada dispone del 48% de los equipos de resonancia magnética, el 43% de los de mamografía y el 39% de los de tomografía por emisión de positrones.

Si analizamos las tasas de empleo, la sanidad privada cerró 2022 con un total de 292.828 profesionales, lo que representa un 2,1% más que durante el año anterior, en el que el sector contaba con 286.719 empleados. Cabe destacar que el 39% de ellos trabaja en el ámbito hospitalario y el resto de forma extrahospitalaria.

¿Es un negocio rentable?

El informe del Observatorio Sectorial DBK de Informa recoge que los hospitales privados facturaron en 2022 unos 12.400 millones de euros, un 5,5% más que en 2021. Dicho incremento viene derivado de la ampliación y la mejora de la oferta, así como por la mayor demanda de los servicios privados de salud, ya que las entidades públicas presentan más dificultades para hacer frente a las necesidades de la población.

Los convenios con aseguradoras, mutuas y entidades colaboradoras con la Seguridad Social reportaron una facturación de 6.865 millones de euros, es decir, un 6% más que durante el año anterior. De ahí que el sector represente un 55,4% del total de aseguradoras.

Por su parte, los ingresos procedentes de conciertos con administraciones públicas representaron 4.325 millones de euros, un aumento del 4,8% con respecto al año anterior. Todo ello en un contexto en el que los hospitales contaban con una dotación de 46.681 camas, 53 menos que en 2021. El segmento de clientela privada pura contabilizó una variación del 5,2%, rozándose una facturación de 1.210 millones de euros, lo que representa el 9,8% del total.

Con estos datos en la mano, es indudable que la sanidad privada es un negocio altamente rentable y en continuo crecimiento. Y es que en 2022 consiguió reducir su gasto hasta los 32.140 millones de euros frente a los 33.398 millones de euros del año anterior. A esto se le suma que, según datos de la Fundación Idis, el ahorro total que supuso al Sistema Nacional de Salud durante 2022 se situó entre los 6.185 y los 17.283 millones de euros.

Su índice de repercusión

Marta Villanueva, directora general de la Fundación Idis, destaca que el volumen de asegurados ha aumentado considerablemente en todas las provincias y regiones. Por su parte, el presidente de Idis, Juan Abarca, ha exigido un incremento del gasto sanitario entre el 1 y el 2% del PIB de España para situar al país a la misma altura que el resto de países europeos.

Además, ve necesario reducir los costes del sistema ajustando las coberturas e introduciendo copagos por nivel de renta. Si por algo triunfa la sanidad privada a día de hoy, afirma Abarca, es por la falta de adaptación de la sanidad a la población y el abandono a los pacientes más mayores, denotándose a su vez una falta de colaboración entre las entidades públicas y privadas.

Análisis por segmentos

De estos estudios se concluye que la política de construcción y adquisición de hospitales de los principales operadores sigue impulsando la tendencia de aumentar el grado de concentración de la oferta. De hecho, los cinco principales grupos hospitalarios obtuvieron en 2022, de manera conjunta, una cuota de mercado del 42%. A su vez, puede reseñarse que los diez primeros consiguieron aglutinar algo más de la mitad del volumen de negocio sectorial.

A pesar de todo, la capacidad operativa de los centros hospitalarios privados, pese a la tendencia de crecimiento continuo que venía dándose desde 2019, ha venido condicionada por la pandemia, y en particular, por los rebrotes que se produjeron en los últimos meses de 2021.