Seguridad Social

Continuamos viendo el desarrollo de dos impactos demográficos importantes, la baja natalidad y la longevidad, elementos que son los motores del envejecimiento de las poblaciones en los países ricos y que tendrán el resultado de que cada vez más retirados estarán esperando recibir sus pensiones. El problema es cómo y quién pagará, en sistemas de pensiones donde los gastos de pensiones del año se pagan con los ingresos generados cada año y con poco o nada invertido en pensiones privadas.

Con esta longevidad, cada vez más retirados esperarán que sus pensiones las paguen cada vez menos trabajadores, proporcionalmente. Como ya he dicho en estas páginas:

Ahora que estamos con cuentas públicas muy en números rojos, se está hablando de la edad de jubilación. Algunos hemos estado hablando de este tema mucho antes de que estallara la crisis. Cuando hay boom es más fácil introducir cambios aunque es mucho más difícil conseguir que te escuchen mientras la fiesta continúa. Algunos hemos hablado de la edad del retiro pero también del fomento de alternativas de ahorros y de inversiones para cuidar el futuro, temas todavía pendientes.

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Todos hemos oído hablar del caso Madoff, del caso Forum Filatélico / Afinsa, y tenemos más o menos claro lo que es una estafa piramidal, un negocio que consiste en que se paga a uno con lo que se cobra al que entra, mientras entren nuevos ingresos, se pueden ir pagando intereses y el sistema va funcionando razonablemente bien sin que nadie diga nada.

El sistema de pagos e ingresos de la Seguridad Social funciona de una manera parecida, con lo que los contribuyentes ingresan se paga a los que han dejado de contribuir (parados y pensionistas), de tal forma que mientras los ingresos superen a los pagos, no hay gran problema, tal y como pasa en una estafa piramidal.

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En una reciente nota de prensa, la Moncloa asegura haber conseguido ahorrar más de 90 millones de euros al año, gracias a las diferentes medidas de austeridad y eficiencia que han adoptado.

Traslado aquí la noticia porque sería buena cosa que el resto de administraciones, siguieran el ejemplo de la seguridad social, un camino que lleva a la eficiencia en el gasto, sin necesidad de mermar la calidad del servicio; a continuación pongo las líneas de actuación que han seguido:

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Uno de los derechos sociales de los padres europeos son los permisos de maternidad y paternidad que se les permiten en el momento de tener uno hijo. El permiso de maternidad y paternidad es cuando los nuevos padres, por nacimiento o adopción, pueden tomar tiempo libre pagado para el cuidado de sus nuevos niños, sin perder sus derechos salariales ni laborales. En muchos casos este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, en función de las necesidades de los padres.

Llaman la atención dos cosas en esto de los permisos de maternidad y paternidad. Primero, el nivel de estos permisos varía bastante entre los países europeos y, segundo, en general, hay diferencias muy marcadas entre los permisos que ofrecen para la maternidad comparado con los permisos que ofrecen para la paternidad, y el segundo está en muchas peores condiciones que el primero. Además, no se están viendo movimientos para establecer una política social europea para igualar estos permisos de maternidad y paternidad entre países y entre género.

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Leo en Gurusblog que el fondo público de pensiones de Japón empezará a vender bonos en 2011, para poder hacer frente a los pagos a sus pensionistas. Y me ha surgido una pregunta. ¿Cuándo tendrá España que tirar de su Fondo de Reserva de la Seguridad Social?

La respuesta es que si las cosas siguen igual, ese momento está cerca. En Japón han llegado a esa situación cuando gestionan un fondo de 1.4 billones de dólares (sí, billones europeos, no americanos) y con un 23% de la población jubilada. En España estamos a punto de entrar en déficit estando bastante por debajo del 20% de la población jubilada (se estima un 22% en 2020) y con un fondo de reserva de 62.500 millones de euros, que apenas nos da para pagar 6 meses del sistema.

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Los pilares más básicos de la piedra angular sobre la que pivota el sistema de pensiones en España, el Pacto de Toledo, está a debate, y la garantía de sus compromisos pende de un hilo cada vez más fino.

Esta situación se presenta por las dudas que genera el proyecto de ley que verá la luz el próximo 28 de enero, que dejará el mayor poder decisión de su Comisión en manos del gobierno. Terminando con los intereses de las partes al eliminar el quórum de todas las partes que hasta ahora lo integraban, sembrando muchas dudas respecto a su gestión en el futuro.

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Dentro de las reformas que está proponiendo el Ministerio de Trabajo, el nuevo ministro puso encima de la mesa la modificación del régimen actual de las empleados de hogar de tal manera que la persona final usuaria de los servicios de asistencia de domicilio no pueda contratar directamente a la persona que realizará las tareas en casa, sino que se requerirá la contratación a través de una empresa prestataria de servicios de asistencia en el hogar.

Esta modificación persigue mejorar el sistema de cotización del régimen de empleadas de hogar equiparando al regimen general este régimen de cotización mediante la inclusión del derecho a desempleo dentro del régimen y las mejoras en las prestaciones por incapacidad temporal, puntos que actualmente este régimen no cubre. Como es lógico, estas mejoras llevarán aparejado un aumento de la cotización y por supuesto, un aumento de precio.

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Según ha admitido el ejecutivo de Rodríguez Zapatero, el gasto incurrido hasta el pasado mes de noviembre en las cuentas de la Seguridad Social, ha crecido mucho más de lo previsto. Poniendo una vez más en entredicho la sostenibilidad del sistema de pensiones, y manifestando el grave riesgo que se posee ante el fin del superávit del que se ha gozado hasta ahora.

Según los últimos datos disponibles, el crecimiento interanual de los gastos se cifró en el 3,8% al término del pasado mes de noviembre, mientras que la previsión de gasto fijaba como ‘tope’ el 1,9%, habiéndose gastado casi el doble de lo que se tenía previsto.

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En una entrevista realizada esta mañana al Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, éste ha asegurado que se está estudiando mantener la jubilación a los 65 años para aquellas personas que hayan cotizado más de 36 años. También que se está estudiando ampliar el periodo de cálculo de los 15 años actuales a los 20 ó 25 años.

Aunque el debate de las pensiones es muy impopular debido a que todo el mundo quiere jubilarse pronto y con unas buenas condiciones económicas, las propuestas que se están haciendo son razonables. El gasto en pensiones va a ser un problema en los próximos años y de hecho ya es un gasto muy significativo del Estado, que afortunadamente todavía es sostenible (pero gracias a las cotizaciones que hace el Estado a sus parados, no lo olvidemos, así que ya estamos en ese punto en que estamos financiando la Seguridad Social con impuestos).

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