Con toda probabilidad, el Gobierno aprobará este mes una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional que elevará de forma directa la masa salarial de miles de empresas, especialmente pymes y sectores intensivos en mano de obra.

La medida, pactada con los sindicatos y rechazada por las organizaciones empresariales, se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero.

Este nuevo incremento del SMI se produce en un contexto de elevada presión regulatoria y fiscal sobre el tejido productivo. A la mejora retributiva se suma un aumento automático de las bases de cotización y de las cuotas a la Seguridad Social, lo que dispara el desembolso total que deben asumir las compañías por cada trabajador que percibe el salario mínimo.

Un salario mínimo más alto con efectos acumulativos

El SMI se elevará hasta los 1.221 euros mensuales en catorce pagas, lo que supone 17.094 euros brutos al año.

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Trabajo y Hacienda negocian a contrarreloj en cómo indexar el SMI en los contratos públicos. Se supone que el objetivo es no elevar el gasto en todos los sectores

Esta cifra responde a la recomendación del comité asesor del Ministerio de Trabajo para un escenario en el que este umbral salarial permanezca exento de tributación en el IRPF, condición que finalmente fue asumida por el Ministerio de Hacienda durante la negociación.

El incremento acordado representa una subida del 3,1 % respecto al nivel vigente a comienzos de 2025. Aunque el alza salarial beneficia directamente a los trabajadores, su traslación a las cuentas empresariales va más allá del salario en sí, ya que arrastra al alza las cotizaciones sociales al incrementarse la base mínima sobre la que se calculan.

Más de 23.000 euros por trabajador como referencia mínima

Con la nueva cuantía del SMI, las empresas deberán desembolsar un mínimo de 23.470 euros anuales por cada trabajador en plantilla que cobre este salario.

La cifra supone un incremento relevante frente a los aproximadamente 22.780 euros que se abonaban con el salario mínimo anterior, y se ha calculado tomando como referencia sectores con baja siniestralidad laboral.

Este importe no es homogéneo para todas las actividades económicas. En los sectores con mayor peligrosidad, donde se aplican tipos superiores por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, el desembolso total puede ser sensiblemente mayor, lo que introduce diferencias significativas entre empresas en función de su actividad.

El papel clave de las cotizaciones sociales

La base mínima de cotización se sitúa actualmente en 1.381,2 euros mensuales y crecerá hasta los 1.416 euros con la aprobación del nuevo SMI. Sobre esta base se aplican los distintos conceptos de cotización, como contingencias comunes, desempleo, formación profesional, FOGASA y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ha experimentado un ligero aumento al inicio del año.

Como resultado, las empresas abonarán de media unos 6.375 euros anuales en cotizaciones sociales por cada trabajador que perciba el SMI, lo que supone alrededor de 173 euros más que el año anterior.

La mayor parte del incremento del esfuerzo empresarial se dirige al salario neto del trabajador, mientras que el resto responde al aumento de la base mínima sobre la que se calculan las cuotas.

Diferencias sectoriales y presión sobre márgenes

El tipo de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales puede oscilar entre el 1,5% en actividades de oficina y hasta el 7,15% en sectores de mayor riesgo.

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Aunque el discurso oficial diga lo contrario, la inflación moderada sigue sin compensar sueldos y machaca el poder adquisitivo español

Esta horquilla provoca diferencias de hasta 1.120 euros anuales en las aportaciones a la Seguridad Social entre unas empresas y otras, según estimaciones de las organizaciones empresariales.

Estas variaciones tienen un impacto directo sobre los márgenes, especialmente en actividades con alta rotación de personal o con una estructura de costes muy ajustada.

La patronal advierte de que, en muchos casos, la capacidad de trasladar este mayor esfuerzo económico a los precios finales es limitada, lo que reduce la rentabilidad y la competitividad.

El debate fiscal y la exención del IRPF

Para evitar que los trabajadores que perciben el SMI tributen por IRPF, el Ministerio de Hacienda ha anunciado su intención de aplicar una deducción similar a la utilizada en 2025.

Según estimaciones de los técnicos del propio ministerio, esta deducción podría situarse en torno a los 592 euros anuales para los solteros sin hijos, aunque todavía no se han concretado los detalles finales.

Esta solución provisional ha vuelto a generar críticas, ya que implica retenciones mensuales que posteriormente se devuelven al realizar la declaración de la Renta.

El impacto administrativo de la aplicación retroactiva

La aplicación retroactiva del nuevo SMI obliga a las empresas a revisar las nóminas ya abonadas en enero, lo que genera no solo un sobreesfuerzo económico, sino también una carga administrativa considerable.

Este proceso implica recalcular salarios, cotizaciones y regularizaciones, movilizando recursos internos o externos de gestión laboral. Más y más gastos.

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La cuenta atrás ha empezado. Las negociaciones para fijar la subida del salario mínimo interprofesional de 2026 han entrado en una fase decisiva.

El Ministerio de Trabajo, las organizaciones empresariales y los sindicatos vuelven a sentarse con el calendario en contra y con una cuestión especialmente delicada sobre la mesa: cómo aplicar el incremento del SMI en los contratos públicos sin provocar un aumento generalizado del gasto.

El objetivo del Gobierno es cerrar un acuerdo antes de que el debate se enquiste y derive en un nuevo choque entre los socios sociales. Algo típico, por otro lado.

La propuesta de Yolanda Díaz pasa por impulsar un aumento del 3,1% del salario mínimo, una cifra que busca consolidar la senda alcista de los últimos años y garantizar poder adquisitivo a los trabajadores con menores ingresos.

Sin embargo, la clave no está solo en el porcentaje, sino en cómo absorber ese incremento en los contratos que dependen de la Administración, un terreno donde entran en conflicto los planteamientos de Trabajo y Hacienda.

La Ley de Desindexación es clave

El nudo de la negociación se encuentra en la aplicación de la Ley de Desindexación, una norma aprobada en 2015 que impide que los contratos públicos se actualicen automáticamente en función de la inflación o de la evolución de los salarios.

Esta ley nació con el objetivo de evitar un aumento descontrolado del gasto público y, desde entonces, se ha convertido en un dique para cualquier intento de repercutir subidas salariales en los contratos adjudicados por la Administración.

Desde el Ministerio de Trabajo se ha planteado la posibilidad de introducir cierta flexibilidad, limitada a sectores o actividades concretas, con el fin de facilitar el acuerdo con la patronal.

La idea es permitir que determinadas contratas puedan reflejar el incremento del SMI sin que ello implique una revisión generalizada de precios. Para ello, se estudia una fórmula jurídica que podría articularse mediante real decreto, evitando así una reforma legislativa de mayor calado.

Las reticencias de Hacienda y el temor al efecto dominó

Sin embargo, el planteamiento choca frontalmente con la postura del Ministerio de Hacienda. María Jesús Montero insiste en que cualquier modificación, por mínima que sea, supone alterar el espíritu de la Ley de Desindexación. El temor es claro: abrir esa puerta podría desencadenar un efecto dominó que elevara de forma estructural el gasto de las administraciones públicas.

En Hacienda consideran que la subida del salario mínimo debe ser asumida por las empresas y no trasladarse a los presupuestos públicos.

De ahí que rechacen de plano una revisión automática de los contratos vinculada al SMI, incluso aunque se limite a determinados sectores.

Aun así, reconocen estar dispuestos a explorar fórmulas alternativas que faciliten el diálogo social, como el mantenimiento de determinadas deducciones fiscales, pero sin tocar el núcleo de la norma.

Una negociación marcada por la urgencia

La situación se complica porque el tiempo apremia. Las conversaciones entre Trabajo, Hacienda y Economía avanzan a contrarreloj, con el objetivo de presentar una propuesta viable a CEOE y Cepyme. Sin embargo, las posiciones siguen alejadas.

Desde el entorno negociador se admite que no hay garantías de que el acuerdo llegue a materializarse y que incluso podría quedarse en nada si no se logra un mínimo consenso.

El problema de fondo es que la patronal considera imprescindible algún tipo de compensación si el salario mínimo vuelve a subir por encima de sus previsiones.

La opción de indexar parcialmente los contratos públicos se había interpretado como una señal de acercamiento, pero el rechazo frontal de Hacienda ha debilitado esta vía y ha vuelto a tensar el diálogo.

El impacto presupuestario como línea roja

La defensa de la Ley de Desindexación por parte de Hacienda no es nueva. Desde su aprobación, el ministerio ha frenado sucesivos intentos de modificarla, incluso en momentos de fuerte presión inflacionista.

Durante la crisis derivada de la guerra en Ucrania, esta rigidez provocó que numerosas licitaciones quedaran desiertas, al no poder las empresas asumir el aumento de precios sin una revisión de los contratos.

Pese a ello, Economía y Hacienda consideran que la norma es una herramienta esencial para contener el gasto y evitar desequilibrios presupuestarios. De ahí que vean con recelo cualquier movimiento que pueda sentar un precedente y abrir la puerta a futuras reclamaciones por parte de otros sectores.

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El incremento del Salario Mínimo Interprofesional planteado por el Ministerio de Trabajo a partir de 2026, no solo tendrá efectos directos sobre la nómina de miles de trabajadores. También arrastrará una consecuencia menos visible pero decisiva para el tejido productivo más frágil: el encarecimiento del empleo para autónomos y pequeñas empresas.

Este nuevo ajuste llega, además, en un contexto de presión acumulada sobre los negocios de menor tamaño. Años de inflación elevada, mayores cotizaciones sociales y una sucesión de incrementos del salario mínimo han reducido el margen de maniobra de muchos empleadores.

Para ellos, la subida no se limita al sueldo que cobra el trabajador, sino al conjunto del coste laboral que deben asumir mes tras mes.

Dos escenarios sobre la mesa del Gobierno

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibió recientemente el informe elaborado por la mesa de expertos designada por su departamento para analizar la evolución del SMI en 2026.

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Finalmente los que cobren el SMI no pagarán IRPF. Y es una mala idea

El documento plantea dos posibles incrementos a partir de enero, con una horquilla que oscila entre el 3,1% y el 4,7%. La diferencia entre ambos escenarios depende exclusivamente de una decisión fiscal: si el salario mínimo continúa exento de tributar en el IRPF o si pasa a hacerlo.

La propia ministra ha reconocido públicamente que su propuesta se moverá entre esas dos cifras. En términos prácticos, la subida situaría el salario mínimo mensual en torno a los 1.220 euros brutos en 14 pagas en el escenario más moderado y cerca de los 1.239 euros en el supuesto más elevado.

El choque con patronales y sindicatos

La propuesta del Ministerio de Trabajo se sitúa en un punto intermedio entre las posiciones enfrentadas de patronales y sindicatos.

Las organizaciones empresariales, encabezadas por CEOE y CEPYME, han defendido un incremento del 1,5%, alineado con la subida aplicada a los empleados públicos.

Según sus cálculos, el actual SMI ya supera el umbral del 60% del salario medio, uno de los objetivos fijados por el propio Gobierno.

En el extremo opuesto, los sindicatos han reclamado un aumento del 7,5%, una cifra muy superior a la evolución reciente de la inflación.

Esta diferencia de criterios anticipa una negociación compleja y abre la puerta a que el Ejecutivo imponga finalmente su propuesta mediante decreto, como ya ocurrió en ejercicios anteriores, sin necesidad de pasar por el Parlamento.

El impacto real para autónomos y pymes

Más allá del porcentaje, el efecto tangible de la subida se mide en euros. Para un autónomo con un trabajador contratado al salario mínimo, el incremento del 4,7% supondría un sobreesfuerzo anual cercano a los 1.000 euros por empleado.

Esta cifra no se limita al salario bruto, sino que incluye cotizaciones sociales, pagas extraordinarias y otros conceptos obligatorios.

Con el SMI actual, el gasto total anual por trabajador ya supera los 23.000 euros. Si se aplica la subida del 3,1%, ese importe podría situarse alrededor de los 23.700 euros.

En el escenario más alto, con un incremento del 4,7%, el desembolso anual podría alcanzar aproximadamente los 24.050 euros.

La diferencia, aunque pueda parecer asumible en grandes empresas, se convierte en un obstáculo relevante para pequeños negocios con márgenes ajustados.

Inflación acumulada y pérdida de equilibrio

Uno de los elementos clave del debate es la evolución del IPC desde la anterior subida del salario mínimo. Entre el último ajuste y la actualidad, la inflación acumulada se ha movido en torno al 6%, dependiendo del periodo de referencia.

Este dato explica en parte la presión para actualizar el SMI, pero también evidencia que los empleadores han absorbido un incremento generalizado de precios en suministros, alquileres y financiación.

Desde 2018 hasta 2024, el salario mínimo ha aumentado más de un 54%, lo que equivale a casi 400 euros brutos mensuales adicionales. Con la subida aplicada en 2025, el incremento acumulado ya supera el 60% en apenas siete años.

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Este ritmo, muy superior al crecimiento medio de la productividad, tensiona especialmente a los sectores con menor capacidad para repercutir precios.

El conflicto sobre los complementos salariales

A este escenario se suma la intención del Ministerio de Trabajo de limitar la posibilidad de compensar el SMI mediante complementos salariales como la nocturnidad o la peligrosidad.

La ministra ha defendido que estos pluses no deben absorber futuras subidas, una interpretación que choca con la práctica habitual de muchas empresas y con la jurisprudencia existente.

La patronal ha advertido de que un cambio de este calado debería tramitarse mediante una ley y no a través de un simple reglamento.

De aprobarse, la medida añadiría un nuevo elemento de rigidez a la gestión laboral de autónomos y pymes, incrementando todavía más el coste estructural de mantener empleo.

La subida del SMI prevista para enero de 2026 no se limita a una mejora salarial. Para miles de autónomos, puede implicar replantear contrataciones, ajustar jornadas o incluso renunciar a crecer.

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La subida del salario mínimo para 2026 llega envuelta en un mensaje optimista, pero la realidad es mucho menos amable: la mayor parte del incremento no irá al bolsillo de los trabajadores, sino directamente a Hacienda.

Mientras el Gobierno presume de un aumento que debería mejorar la vida de quienes menos ganan, los cálculos de los sindicatos revelan un panorama difícil de justificar: dos de cada tres euros de esa subida acabarán en manos del Estado.

Para cientos de miles de personas que dependen del salario mínimo, la mejora real será mínima, casi simbólica, pese a los titulares triunfalistas.

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La propuesta que presentan CCOO y UGT busca cerrar definitivamente un debate que lleva años generando tensión: si el SMI debe tributar o no. Los sindicatos defienden que sí debe hacerlo, pero siempre garantizando que el salario neto alcance el 60% del salario medio neto del país.

Sin embargo, la fórmula escogida para lograrlo implica que una parte muy relevante del aumento mensual se pierda antes incluso de llegar al poder adquisitivo de quienes más lo necesitan.

Un aumento que beneficia más al Estado que al trabajador

El planteamiento sindical elevaría el salario mínimo desde los actuales 1.184 euros brutos al mes hasta 1.273 euros en 14 pagas, lo que supone un incremento de 89 euros. Pero los cálculos realizados por las organizaciones revelan que, para un perfil de contribuyente sin cargas familiares, unos 57 euros de ese aumento se destinarán al IRPF.

Esto deja una mejora neta de apenas 32 euros al mes. El contraste entre el incremento anunciado y la subida real es tan llamativo que ha generado un profundo malestar entre los trabajadores afectados.

Los sindicatos explican que han tomado como referencia la situación de quienes tributan más, lo que implica que otros perfiles familiares podrían ver una mejora algo mayor. No obstante, el mensaje principal no cambia: una gran parte del esfuerzo económico se la quedará Hacienda.

Un desencuentro prolongado entre Hacienda y Trabajo

El tratamiento fiscal del salario mínimo ha sido un foco recurrente de fricción entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo. Durante 2023 y 2024 se adoptaron medidas para impedir que quienes perciben el SMI tuvieran que pagar IRPF, ampliando mínimos deducibles y ajustando deducciones específicas.

Pero en 2025 el Ejecutivo dejó entrever que no volvería a adaptar el mínimo exento, generando incertidumbre. Finalmente, optó por introducir una deducción de 340 euros que permite a quienes cobran el salario mínimo recuperar lo retenido durante el año, e incluso ofrece una reducción progresiva para quienes ganan hasta 18.276 euros.

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Ante este escenario lleno de parches temporales, los sindicatos sostienen que ha llegado el momento de establecer una regla clara y permanente, evitando que cada año se reabra la discusión. Su propuesta parte de mantener el mínimo exento en 15.876 euros y conservar la deducción especial que afecta al SMI vigente.

Cómo se calculó la cifra propuesta

La cuantía del nuevo salario mínimo no es arbitraria. La comisión asesora del Ministerio de Trabajo —integrada por representantes de diversos departamentos, expertos académicos y sindicatos— utilizó datos de la Encuesta de Estructura Salarial de 2022 y proyecciones basadas en la Encuesta Trimestral del Coste Laboral para estimar el salario medio actualizado.

Con estas cifras, la comisión concluyó que el SMI debía subir un 2,7% para mantenerse en el nivel del 60% del salario medio. Sobre ese porcentaje se añadió un 4,8% adicional para compensar la pérdida derivada del IRPF.

El resultado final es un incremento notable que, paradójicamente, apenas se traducirá en una mejora neta tangible.

La posición del Gobierno y lo que puede suceder

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre ha rechazado que los salarios más bajos deban soportar tributación. Sin embargo, en septiembre pidió a la comisión que incorporara la tributación en su recomendación para 2026, lo que se interpreta como un cambio de enfoque.

Ahora se espera que el grupo de expertos presente sus conclusiones en las próximas semanas. A partir de ahí comenzará el proceso de consulta con la patronal y los sindicatos, con el objetivo de dejar cerrado el nuevo salario mínimo antes de que termine el año y aprobarlo en enero.

Mientras tanto, la polémica crece. El mensaje oficial habla de una mejora salarial significativa, pero la letra pequeña apunta a algo muy diferente.

El incremento nominal es real; el incremento útil, mucho menos. Y en el centro del debate se encuentra una pregunta incómoda: ¿puede considerarse una subida del SMI como un avance para los trabajadores si la mayor parte del dinero termina en Hacienda?

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Nuevo capítulo sobre el eterno debate acerca del salario mínimo. En esta ocasión, la propuesta de indexarlo legalmente a la evolución de los precios y de revisarlo con mayor frecuencia reabre una discusión clave para los pequeños negocios.

No cabe duda que para los trabajadores por cuenta propia con empleados a su cargo, cualquier modificación del umbral mínimo repercute de forma directa en su estructura de gasto y en su capacidad para planificar.

Según ha trascendido, el Ministerio de Trabajo ha remitido a los agentes sociales un borrador que fija un mecanismo de actualización semestral y con referencia explícita al Índice de Precios al Consumo.

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La medida llegaría, además, acompañada de cambios normativos para impedir que los complementos salariales se utilicen como vía de absorción.

El objetivo político es dar previsibilidad a las rentas más bajas; el reto operativo, evitar que la nueva arquitectura de ingresos y pagos lastre la viabilidad de microempresas y autónomos con poca holgura financiera.

Qué se propone exactamente y por qué es relevante para los pequeños negocios

El esquema que se plantea parte de dos anclas. La primera es que el mínimo legal no pueda situarse por debajo del 60% del salario medio, una referencia tomada de la Carta Social Europea.

La segunda es que las revisiones del umbral se coordinen con la inflación observada, de modo que el poder adquisitivo no se deteriore cuando los precios repunten. En la práctica, una revisión dos veces al año traslada a la tesorería de las empresas los vaivenes del IPC con mucha menos latencia que ahora.

Para el tejido de autónomos con empleados, esto significa adaptar nóminas y cotizaciones con mayor frecuencia, revisar precios de venta y renegociar márgenes con proveedores. La cámara de compensación ya no sería la negociación anual, sino una pauta semestral que “pega” el salario base a la inflación y al salario medio.

Esa mayor inmediatez es precisamente lo que puede traducirse en un aumento del coste laboral unitario si los ingresos del negocio no crecen al mismo ritmo.

Qué implicaría la referencia del 60% del salario medio

Los últimos datos disponibles de salario medio sitúan la referencia en una horquilla cercana a los 2.350-2.450 euros brutos mensuales en doce pagas.

Si se confirma esa base, el 60% se movería aproximadamente entre 1.410 y 1.470 euros brutos en doce mensualidades. Trasladado a un esquema de catorce pagas, la convergencia exigiría incrementos adicionales sobre el nivel actual.

En términos macro, esto impulsa la parte baja de la distribución salarial; en términos micro, obliga a absorber subidas acumuladas en poco tiempo.

Aquí es donde la subida del SMI genera tensiones. Si la empresa factura con márgenes estrechos y contratos a precio fijo, elevar el suelo salarial por referencia al salario medio comprime resultados y puede retrasar decisiones de contratación.

Si, en cambio, el negocio opera con demanda resiliente y capacidad de trasladar parte del aumento a precios, el impacto se modera. La clave será la elasticidad de la clientela y la posibilidad de ganar productividad.

Revisión semestral indexada al IPC: efectos sobre la planificación

Imaginemos un escenario con inflación entre el 2% y el 5% anual, coherente con medias recientes. Una indexación semestral aproximaría la senda salarial a esa banda, de forma que la subida del SMI se repartiría en dos tramos cada año.

Para el autónomo empleador esto supone recalcular bases, seguros sociales y provisiones dos veces por ejercicio. La tesorería, más que el resultado anual, se convierte en el talón de Aquiles si los flujos de caja son irregulares o estacionales.

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La ventaja de un patrón automático es la previsibilidad normativa; la desventaja, la menor capacidad de amortiguar ciclos.

En un semestre flojo, una actualización al alza obligatoria puede tensionar liquidez. En uno favorable, el ajuste es más llevadero. Por eso, organismos como la AIReF suelen insistir en acompañar reglas automáticas con evaluaciones de impacto y con colchones transitorios para sectores especialmente expuestos.

Complementos salariales y prohibición de absorber

El borrador también introduce un cambio sensible: impedir que los complementos y pluses computen para absorber subidas del mínimo.

El razonamiento es que los complementos retribuyen circunstancias específicas, no el salario base.

Para el empleador, sin embargo, la consecuencia es directa, porque todo incremento del suelo se traslada íntegramente a la retribución fija, elevando cotizaciones y pagas extraordinarias asociadas. Esta medida, defendida por las centrales sindicales, estrecha el margen de maniobra en convenios con estructuras retributivas complejas.

Seis alzas desde 2018 y el nuevo marco de negociación

Desde 2018 el mínimo legal ha encadenado seis incrementos, hasta alcanzar 1.134 euros mensuales en catorce pagas. Ese ritmo ha ayudado a sostener rentas bajas en un entorno de encarecimiento de la cesta de la compra y de los suministros.

Para la empresa pequeña, ha supuesto una senda de adaptación continua. La novedad que se plantea ahora es sustituir cada negociación tripartita por una regla basada en IPC y salario medio. La subida del SMI, en este contexto, ya no sería materia de pactos puntuales, sino un automatismo.

Cómo se traslada a la economía real

Para un autónomo con uno a tres empleados, el impacto se materializa en mayor masa salarial, cotizaciones más elevadas y necesidad de revisar tarifas. La subida del SMI, repetida semestralmente, empuja también a revalorizar escalones inmediatamente superiores para evitar solapes, lo que amplifica el efecto en la nómina total.

Si además los insumos suben por la misma inflación que activa la regla, el margen se ve doblemente presionado. De ahí que asociaciones como ATA y la patronal hayan pedido incorporar criterios técnicos de productividad sectorial, calendarios transitorios y acompañamiento en cuotas y fiscalidad.

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En España, muchos ciudadanos sienten que llegan peor a final de mes que hace quince años. Y esto ocurre cuando las cifras oficiales muestran que el salario medio ha aumentado y la renta per cápita es hoy superior a la de 2008.

Sin embargo, una parte importante de la población tiene la sensación —e incluso la certeza— de ser más pobre. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? ¿Es culpa del porcentaje de impuestos? La realidad es que la respuesta es más compleja de lo que parece.

Más salario medio, sin poder adquisitivo

Según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio anual en 2023 fue de 28.049,94 euros (brutos), por encima de los 26.948,87 euros de 2022. En términos nominales, ganamos más que en 2008.

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Pero ese dato tiene trampa: no incluye la inflación acumulada, ni las diferencias por sectores, territorios o tipo de contrato.

De hecho, más del 60 % de los trabajadores españoles cobra menos de 2.000 euros brutos al mes, y casi uno de cada cinco gana el salario mínimo o menos. Es decir, el salario medio no refleja lo que la mayoría de españoles ingresa. Por eso, aunque el dato oficial crece, el poder adquisitivo real no lo hace. Gran parte de la población sigue estancada e incluso ha retrocedido en ingresos netos: en gran medida, lastrados por el coste de vida.

Menor renta disponible

El dato clave está en la renta neta disponible, es decir, el dinero que queda tras impuestos y cotizaciones. Según datos recogidos por RTVE, los hogares españoles tienen hoy menos renta neta que en 2008.

Al mismo tiempo, la carga fiscal que soportan —especialmente a través del IRPF— ha crecido (y acusa una falta de progresividad que viene de lejos). El esfuerzo fiscal de los hogares ha pasado de un índice 100 en 2008 a uno de 114,4 en 2024.

La explicación se encuentra en la falta de una actualización de los tramos del IRPF al ritmo del IPC, lo que ha hecho que muchos contribuyentes pasen a pagar más aunque sus ingresos reales no hayan crecido (lo que podríamos denominar una forma de “progresividad inflacionaria”).

Más impuestos, para casi todos

A todo lo anterior, se suma un efecto fiscal desigual, puesto que aquellos que perciben rentas muy bajas han visto reducirse su presión impositiva gracias al aumento del SMI y del mínimo personal exento de IRPF. 

Según datos recientes, cerca del 40 % de los declarantes se encuentra en los tramos exentos o con cuota reducida del IRPF, gracias a mínimos personales y reducciones fiscales vinculadas al SMI. El mayor peso de la recaudación ha recaído sobre las rentas medias, entre los 20.000 y 50.000 euros anuales, que no solo han perdido poder adquisitivo por la inflación, sino que han visto cómo su carga tributaria aumentaba de forma indirecta.

Además, los datos de recaudación fiscal refuerzan esta tendencia. Según Funcas, la presión fiscal total en España ha alcanzado en 2024 un récord del 30,9 % del PIB, en gran parte a causa del IRPF: el tipo medio del impuesto ha pasado del 12,7 % en 2019 al 14,4 % en 2024, con un peso creciente sobre las rentas medias.

El hecho de no haber actualizado los tramos y mínimos del IRPF con la inflación —lo que se conoce como progresividad en frío— se ha traducido en una recaudación extra de 16.800 millones de euros entre 2021 y 2024. Esta subida silenciosa de impuestos ha frenado el crecimiento real de la renta disponible para muchos hogares.

El salario medio ha crecido, pero la inflación acumulada desde 2008 ha sido superior. Los precios de la vivienda, la energía y los alimentos han subido muy por encima de los ingresos: en la práctica, ha erosionado la capacidad de compra de los hogares.

Mientras tanto, la renta per cápita —otro dato que se suele esgrimir para mostrar progreso— también se ha visto incrementada. No obstante, como advierte Antonio Ortiz, ese dato no refleja ni la distribución ni el acceso real a los recursos: puede aumentar aunque la mayoría se empobrezca, si el crecimiento se concentra en los tramos altos de renta.

Contrato social debilitado

Por último, otra clave está en el uso del gasto público. En los últimos años ha crecido el presupuesto destinado a pensiones, subsidios y dependencia —por razones demográficas evidentes—, mientras que los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, vivienda) han sufrido recortes o no han mejorado sustancialmente. Pagamos más impuestos, pero la percepción generalizada es que los servicios no mejoran.

Esto ha generado una sensación legítima de malestar y desconfianza: los ciudadanos ven que trabajan igual o más, pagan más impuestos y reciben menos a cambio. No se trata solo de un debate económico, sino de un contrato social que parece haberse debilitado.

Así, a pesar del crecimiento de algunos indicadores como la renta per cápita o el salario medio, la mayoría de los ciudadanos españoles no sienten ningún progreso de la economía para su bolsillo. La combinación de inflación, mayor esfuerzo fiscal para las clases medias y servicios públicos tensionados ha deteriorado la renta disponible de muchos hogares.

¿Los impuestos tienen parte de culpa? Sí. ¿Son el único motivo? No. También lo son las políticas fiscales no actualizadas, el estancamiento salarial, y una estructura de gasto público que no responde igual para todos. La desigualdad se ha hecho más visible, y con ella, la necesidad de repensar tanto el modelo fiscal como las prioridades del Estado.

En los últimos años, España ha experimentado un incremento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional como parte de una clara estrategia para combatir la desigualdad salarial y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores con menores ingresos.

Esta política, como no, ha generado un intenso debate entre economistas, empresarios y responsables políticos. Mientras algunos destacan su papel como herramienta redistributiva, otros alertan: tiene efectos no deseados sobre el empleo y la viabilidad de pequeñas empresas.

Un estudio reciente de Fedea, elaborado por los economistas Marcel Jansen, Florentino Felgueroso, Jorge Casanova y David Catalán, ha proporcionado nueva evidencia empírica sobre esta cuestión, centrando el análisis en el impacto de la subida del SMI en 2019, que supuso un incremento del 22% en un solo año (de 735,9 € a 900 € mensuales en 14 pagas).

Este nuevo trabajo responde tres preguntas clave que estaban sin resolver en el debate sobre los efectos del SMI en España:

1. ¿Cuál fue el efecto x tamaño de empresa?
2. ¿Qué efecto tuvo sobre la masa salarial?
3. ¿Hubo relocalización de los trabajadores afectados?

Breve hilo https://t.co/Koq4NoMyBA

— Ángel Martínez (@amjorge15) May 19, 2025

Utilizando datos del Panel Empresa-Trabajadores (PET), se ha podido observar cómo reaccionaron las plantillas de diferentes tipos de empresas, con especial atención a las pequeñas y medianas.

La difícil tesitura de la pyme

El estudio se basa en un enfoque comparativo que permite medir el efecto causal de la subida del SMI sobre la evolución del empleo y los salarios. Inspirado en la metodología de Harasztosi y Lindner (2019), los investigadores han comparado el comportamiento de empresas con distintos grados de exposición al nuevo salario mínimo. Esta exposición se mide a través del porcentaje de trabajadores que cobraban en torno al SMI antes de la reforma.

Aunque no se dispone de datos directos sobre productividad o márgenes de beneficio, los autores han utilizado el tamaño de la empresa como variable proxy, asumiendo que las empresas más grandes tienden a tener mayor poder de mercado y capacidad para absorber aumentos de costes, mientras que las pequeñas son mucho más vulnerables.

¿Quiénes fueron los más afectados?

Los resultados son concluyentes: el 21% de las empresas analizadas se vieron afectadas por la subida del SMI, y en estas, el 12% de sus trabajadores tenían salarios por debajo del nuevo umbral.

La afectación, sin embargo, varía enormemente en función del tamaño empresarial. En las microempresas (menos de 5 empleados), el 100% de los trabajadores estaba directamente impactado por la medida. En contraste, en las grandes empresas (más de 250 empleados), solo un 2% de los empleados percibía un salario cercano al mínimo legal.

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Este dato refleja la alta concentración de salarios bajos en empresas pequeñas, que no solo tienen estructuras más frágiles, sino también una menor capacidad de reorganización interna ante un aumento súbito de costes laborales.

Impacto directo sobre el empleo y los salarios

Uno de los efectos más visibles del aumento del SMI en 2019 fue el ajuste en las plantillas. En aquellas empresas donde todos los empleados se vieron afectados, el crecimiento salarial fue del 11,4%, pero el empleo cayó un 4,5%. Es decir, la política tuvo un efecto redistributivo, pero también implicó pérdidas de puestos de trabajo.

En promedio, el 40% del incremento salarial teórico se vio contrarrestado por despidos o falta de nuevas contrataciones. En el caso de las microempresas, este porcentaje fue aún mayor, evidenciando una mayor rigidez para adaptarse a los cambios normativos.

Además, el estudio revela que los efectos negativos no se limitaron a la reducción del número de empleos. También se observó una mayor rotación laboral, con aumentos simultáneos en los flujos de entrada y salida de trabajadores. Esta volatilidad ha tenido consecuencias en la calidad del empleo, con un descenso en los contratos indefinidos y una mayor recurrencia a contratos parciales y temporales.

Una respuesta desigual entre tipos de empresa

Mientras que las empresas pequeñas registraron los mayores efectos adversos, las medianas también experimentaron dificultades, aunque en menor grado. En muchos casos, las empresas medianas recurrieron a reorganizaciones internas o sustitución de perfiles laborales, priorizando contratos más flexibles para contener el impacto.

En el extremo opuesto, las grandes empresas mostraron una notable resiliencia. Su bajo nivel de exposición al SMI, unido a mayores márgenes y recursos tecnológicos, les permitió afrontar el cambio sin necesidad de reducir plantilla o alterar significativamente sus dinámicas laborales.

¿Qué pasó con los trabajadores desplazados?

Uno de los datos más preocupantes del estudio es la ausencia de movilidad ascendente entre los trabajadores que perdieron su empleo tras la subida del SMI. No existe evidencia de que se hayan reubicado en puestos mejor remunerados o de mayor productividad.

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En algunos casos, los trabajadores pasaron a empleos incluso más precarios, lo que contradice uno de los argumentos habituales a favor de estas políticas: que obligar a pagar más puede “filtrar” a los empleados más productivos hacia mejores oportunidades.

Este resultado sugiere que el mercado laboral español, caracterizado por una alta dualidad y segmentación, no siempre facilita transiciones fluidas hacia empleos de mayor calidad, sobre todo para los perfiles más vulnerables.

En términos agregados, el efecto de la subida del SMI sobre el empleo puede parecer reducido: una caída de entre 0,5 y 1 punto porcentual en la tasa de crecimiento del empleo, que en ese año fue del 3%. Sin embargo, este impacto se concentra en segmentos muy específicos del tejido productivo, lo que genera desigualdades y distorsiones importantes en el corto plazo.

La medida también ha tenido implicaciones fiscales. Por un lado, ha generado un aumento en la recaudación por cotizaciones sociales y un leve incremento del consumo entre los trabajadores que mantuvieron sus empleos. Por otro, ha forzado a muchas pequeñas empresas a operar en condiciones más frágiles, y en algunos casos, a reducir o suspender su actividad.

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Fue un acuerdo in extremis, pero finalmente la sangre no llegó al río entre dos de las voces más destacadas (y enfrentadas) del gobierno de España: María Jesús Montero y Yolanda Díaz.

Los Ministerios de Hacienda y Trabajo han sellado, de momento, la paz. Finalmente, los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no pagarán el IRPF en 2025. Algo que ha sido aplaudido por diferentes actores sociales como un paso más en una fiscalidad más equilibrada y justa, sobre todo para las personas con mayores dificultades económicas.

Pero ojo, hay letra pequeña. Y es que este “nuevo” esquema de deducciones no hace otra que esconder un efecto perverso. O lo que es lo mismo, una pendiente fiscal que lo que hace es castigar y con dureza a aquellas personas que superen -aunque sea por poco- el umbral del SMI.

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Sí, el pacto alcanzado elimina el IRPF para quienes perciban al año 16.576 euros brutos. Sin embargo, introduce una deducción decreciente hasta 17.256 euros. ¿Y qué significa esto? Que el resultado entre ambas cantidades se mantiene constante en el salario neto, es decir los 15.500 euros, por lo que se genera un tipo marginal del 99% en el IRPF.

O sea, que por cada euro bruto adicional de salario, el trabajador solo va a percibir un céntimo extra.

Así funciona el tipo marginal del IRPF

Cuando hablamos del tipo marginal del IRPF nos referimos siempre al porcentaje que se aplica sobre cada euro adicional ganado. Por ejemplo, si una persona cobra 20.000 euros brutos y el tipo marginal es del 40%, cada euro extra que reciba se traduce en unos paupérrimos 60 céntimos netos. Con el nuevo esquema, ese marginal se dispara hasta el 99% entre el SMI y los 17.256 euros.

Esto significa que si una persona cobra exactamente el salario mínimo no va a pagar el IRPF. Pero si su sueldo sube solo 100 euros, ese aumento no va a verse reflejado en su cuenta bancaria. De hecho, en algunos casos, podría incluso percibir menos ayudas o subsidios por superar el umbral de ingresos. Es decir, dicha mejora salarial puede ser más bien una penalización económica.

El Frankenstein fiscal español

En redes sociales, hay quien ha llegado a calificar esta casuística como "el Frankenstein de los tipos marginales". Un gráfico que muestra cómo entre el SMI y los 17.256 euros, el tipo marginal es del 99%, y entre 17.256€ y 21.100€ baja al 50%. Como paradoja es que, durante todo ese tramo, el salario neto no varía nada.

Incluyo el tipo efectivo para mayor claridad. El marginal es el valor de la pendiente (la primera derivada) del tipo efectivo https://t.co/qa4lOK4TFD pic.twitter.com/MOBFJf06Fs

— Jon González (@Jongonzlz) April 9, 2025

Esto, a su vez, produce una distorsión que puede llegar a desincentivar subidas salariales, promociones o incluso que el propio trabajador no acepte trabajar horas extra. Porque si cualquier supuesta mejora en la remuneración recibida se traduce en prácticamente el mismo ingreso neto, el sistema pierde su función que es básicamente la incentivadora.

Esto también señala un problema de base en el sistema fiscal español: la necesidad de crear deducciones que no generen efectos escalón tan sumamente marcados ni inservibles para el trabajador.

La intención era buena pero el resultado ha sido todo lo contrario

En un primer momento, la intención de Hacienda era aliviar la carga fiscal de aquellos trabajadores que ganan menos. Es decir, algo ya no solo positivo, sino también muy necesario en un contexto aún de alta inflación y guerras arancelarias.

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Finalmente los que cobren el SMI no pagarán IRPF. Y es una mala idea

Pero el diseño de la deducción decreciente no ha sido bien ejecutado y genera un problema de incentivos que echa para atrás cualquier avance. Y es que, al asegurar el mismo salario neto hasta los 17.256 euros, se ha crea ese "escalón fiscal" que anula que cualquier mejora salarial sea vista como tal.

Un ajuste que provoca que el salario neto permanezca plano hasta alcanzar el umbral donde desaparece dicha deducción. Y, cómo no, de nuevo el debate está servido entre las diferentes facciones del gobierno.

Hay quienes apuestan porque la deducción decreciente debería, cómo mínimo, suavizarse mediante una transición mucho más progresiva. Es decir, que el IRPF no alcance niveles extremos.

Y hay otras voces que creen que esta deducción es una trampa. Y que avoca a que los trabajadores con sueldos más bajos no puedan prosperar. ¿Habrá algún cambio más antes de su entrada en vigor? Todo puede ocurrir.

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Durante décadas, la fórmula parecía infalible. Y las familias no se cansaban de repetirla: "Estudia, que te irá mejor en la vida." Más formación era el equivalente a un salario más alto y, por lo tanto, a mejores oportunidades y un nivel de vida superior.

Sin embargo, la brecha podría estar cerrándose. La diferencia salarial entre las personas que han cursado estudios universitarios y los que no cada vez es menor, año tras año. En gran parte, la explicación se encuentra en el aumento de los salarios mínimos, pero hay más.

La universidad (ya) no garantiza nada

Una noticia reciente de The Times, firmada por el analista Tom Calver, pone el dedo en la llaga. Parafraseando su texto, dice algo así: "Antes, ir a la universidad era una forma rápida de aumentar tus perspectivas salarias. Pero ¿hoy? ¿vale la pena?"

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Según Calver, tras el aumento del salario mínimo en el Reino Unido (£12.21, en trabajos de cuarenta horas o más: si bien, su aplicación y traslación no es exacta a la normativa española) ha supuesto una desaceleración de los sueldos de los titulados universitarios, que han perdido parte de la ventaja competitiva de sus salarios.

En su análisis, Tom Calver compara los ingresos de graduados y no graduados en el Reino Unido, mostrando cómo en algo más de una década la diferencia ha pasado de duplicar el salario mínimo a situarse en torno al 40 %, y en retroceso.

🧵 NEW: The erosion of the graduate premium

The minimum wage is now £25k on a 40-hour week. From next year, £25k is also the threshold for repaying new student loans

There are many good reasons to go to uni - but does it still pay in the financial sense?

1/8 pic.twitter.com/qCAgnNAzhX

— Tom Calver (@TomHCalver) April 6, 2025

Si bien el aumento del salario mínimo explica parte de esta tendencia, también influye la pérdida de poder adquisitivo de los titulados: sus sueldos han caído de cerca de las 40.000 libras antes de la crisis financiera de 2008 hasta menos de las 35.000 libras, hoy día.

En paralelo, los ingresos de los no graduados se mantienen entre las 25.000 y 30.000 libras, una franja muy próxima al salario mínimo, que ya supera las 25.000 libras anuales.

La tendencia se replica en España

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (Encuesta de Estructura Salarial del INE, 2022), los licenciados universitarios percibieron un salario anual de 44.672,13 euros, superior en un 65,8 % al salario medio.

Por otro lado, los trabajadores con estudios primarios incompletos tuvieron una remuneración anual de 17.333,57 euros, un 35,7 % inferior al salario medio, que corresponde a 26.948,87.

Si bien la diferencia sigue siendo notable, se observa una tendencia a la reducción de esta brecha en comparación con años anteriores, tras el aumento del SMI, que todavía se encuentra por debajo de otros países europeos —sobre todo, si aplicamos el baremo salario-coste de vida.

In the US, as @jburnmurdoch has shown, a huge rise in graduates has barely impacted the graduate premium. But here, that’s not the case: the graduate benefits have been diluted

Indeed since ‘09, the UK’s wage stagnation has been concentrated among higher, mostly graduate earners pic.twitter.com/63z2RfwtVd

— Tom Calver (@TomHCalver) April 6, 2025

En el caso español, la reducción del salario medio por estudios superiores no es todavía tan marcada como en otros países. Según los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, la diferencia entre titulados universitarios y trabajadores con bajo nivel de formación sigue siendo sustancial.

Sin embargo, hay varias dinámicas que invitan a pensar que esto también está cambiando. Por un lado, el aumento sostenido del salario mínimo ha elevado los sueldos más bajos, estrechando la base de la distribución salarial.

Salarios congelados

De igual modo, el estancamiento de los salarios medios y altos en sectores con alta concentración de titulados también ha contribuido a este efecto.

De este modo, aunque el diferencial sigue siendo alto en términos absolutos, el contexto actual podría asentar las bases hacia unos sueldos relativamente convergentes pese al nivel educativo. Por ahora, ir a la universidad sigue siendo rentable en España, pero cada vez menos, lo que explica el repunte de la Formación Profesional.

Además, según Eurostat, el 12,9 % de los españoles con formación universitaria se consideran cada vez más pobres, un aumento respecto al 12,1 % del año anterior, que puede sugerir una reducción de la brecha salarial a la baja.

Por descontado, tanto en Gran Bretaña como en España, la educación superior sigue ofreciendo ventajas salariales, pero la diferencia con respecto a los trabajadores con menor formación se ha ido reduciendo. Como comentaba Calver: en resumidas cuentas, los mayores ingresos están en el bolsillo de los que fueron a la universidad, pero ir a una institución superior, ya no garantiza nada, y la rentabilidad para los recién titulado, después de impuestos, puede ser decepcionante.

Hace una semana se anunciaba que los Ministerios de Trabajo y Hacienda (liderados por Sumar y el PSOE) habían llegado a un acuerdo para que los receptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no paguen IRPF, como parecía que iba a suceder desde la última subida del mismo.

Esta es una buena noticia para los trabajadores que cobran el SMI, ya que tendrán una nueva deducción de unos 200 euros, que sería lo que tendrían que haber pagado este año por el IRPF. Sin embargo no es una noticia buena para todo el mundo.

Chapuzas en el IRPF

Lo primero, eliminar lo que tienen que pagar los trabajadores del SMI en base a una deducción puede tener consecuencias absurdas. Lo más importante del IRPF es una regla universal: "por cada subida de salario bruto tiene que haber subida de salario neto".

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"Escandaloso" Una persona que cobra el SMI tiene un marginal del IRPF mayor que quienes cobran más de 300.000 euros. Necesitamos una reforma del IRPF desde cero

Depende de cómo se establezca la deducción (todavía no hay detalles) puede que esto no sea así, y la gente que sobrepase por poco el SMI no tenga derecho a la deducción y cobren menos neto que una persona que cobre solo el SMI.

Por tanto para hacer esta deducción bien tendría que entrar en efecto si cobra el SMI y desvanecerse progresivamente para los que superan dicho salario siempre cobren más en neto.

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España quiere recaudar más impuestos y se le ha ocurrido una nueva idea: forzar que los salarios crezcan

Esta deducción se sumaría a la reducción de rendimientos del trabajo que también funciona así y que crea distorsiones importantes. La mayor es que el tipo marginal del que supera el SMI roza el 50%. Con esta nueva deducción tiene pinta de que el marginal para estos tramos de renta sería aún más alto (y si se diseña mal superaría el 100%).

Necesitamos un nuevo IRPF

Todas estas distorsiones, además, se introducen en tramos de renta muy bajos, creando pocos estímulos para que los trabajadores busquen sueldos mejores (apenas tendría ventaja en salario neto). Hace poco vimos como en el Reino Unido un mal diseño de las ayudas a la infancia hacía que el marginal para rentas superiores a 100.000 libras fuera superior al 100%. Esto es grave, pero si además pasa en rentas bajas puede ser catastrófico.

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Si queremos que los más ricos de España paguen más impuestos la vía es gravar más las rentas del capital. El problema: mucha menos inversión

En España el IRPF está muy tensionado. Las rentas bajas apenas pagan impuestos y el marginal sube rápido hasta los tipos máximos. Y las sucesivas subidas del SMI y la idea de nuestro sistema de que el SMI y rentas inferiores no paguen IRPF hace que mucha gente no pague nada de IRPF y unos pocos financien completamente este impuesto.

Lo ideal que tendríamos que hacer es dejar de parchear el impuesto de la renta y hacerlo de nuevo, teniendo en cuenta la situación actual. Nuevos tramos, pensar de cero las deducciones y reducciones y pensar que todos los trabajadores deben financiar el IRPF, incluso las rentas bajas, aunque sea a un tipo muy bajo. Así no habrá marginales altos en las rentas bajas y todo el mundo contribuye al mantenimiento del Estado del Bienestar en su justa medida.