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Leyendo un artículo de Gurus que se inspira en el magnífico libro El Economista camuflado me ha recordado la importancia que hay de eliminar los proteccionismos y las subvenciones para ayudar a los países pobres a dejar de serlo. Creo que la mejor forma de ayudar al desarrollo de ciertos países, en lugar de darles ayudas directas del 0,7% de nuestro PIB, sería dedicar ese 0,7% de nuestro PIB en hacer una gran reconversión de los sectores que en la actualidad no son rentables.

Y cuando digo sectores que no son rentables me refiero a aquellos sectores que tienen las importaciones limitadas o que tienen ayudas públicas sin las cuales no serían rentables. La agricultura tiene, desde luego, muchas papeletas para ser la gran perjudicada. No sólo por las ayudas de la Unión Europea, que lo único que hacen es introducir factores ajenos al mercado en la producción de bienes agrícolas, que nos llevan a la estupidez de que ahora hay escasez de cereales o leche, sino también a otro tipo de subvenciones encubiertas como por ejemplo es el precio del agua.

La Comunidad de Madrid ha anunciado la posibilidad de subvencionar la implantación de Internet por parte de locales, bares y comercios.

Me parece bien que se intente crear un espacio amplio de acceso al Internet y, por qué no, un Madrid cubierto por WiFi. Si lo puede hacer San Franciso, por qué no Madrid, aunque el proyecto de los estadounidenses es iniciativa de la empresa privada, como algún proyecto local que estamos viendo por aquí.

Lo que pregunto es cómo se piensa utilizar estos accesos subvencionados.

El Gobierno y la Ministra de Vivienda, Carme Chacón, han anunciado hoy a bombo y platillo su plan de vivienda para fomentar el alquiler. Y se basa en dos pilares: unas ayudas directas para jóvenes con ingresos bajos y unas desgravaciones fiscales para todo el mundo con ingresos algo más altos. Ambas medidas son compatibles, con lo que los jóvenes con bajos ingresos tendrán unas buenas ayudas para alquilar.

La medida para jóvenes de entre 22 y 30 años es aplicable sólo para los que dispongan de una renta bruta anual menor a 22.000 euros. La ayuda es de 210 euros al mes durante 4 años, más un préstamo de 600 euros para la finanza y un aval del Estado por 6 meses.