Cambiar una cocina no da derecho automáticamente a una subvención. Tampoco renovar un baño. El matiz es importante porque estas ayudas no están diseñadas para abaratar reformas estéticas, sino para empujar una rehabilitación energética que permita gastar menos luz, gas o calefacción.

Según recoge Infobae, el Gobierno mantiene en marcha las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiadas con fondos europeos, con importes que pueden llegar hasta 21.400 euros por vivienda en determinados supuestos. El programa forma parte de la rehabilitación residencial de los fondos Next Generation, con el objetivo de alcanzar 510.000 actuaciones de renovación de viviendas en el segundo trimestre de 2026 y un presupuesto de 3.420 millones de euros.

No es una ayuda para cambiar la cocina: es una ayuda para consumir menos energía

La confusión nace de ahí. Una obra en baño o cocina puede entrar en la subvención, pero solo si forma parte de una intervención que mejore la eficiencia energética del inmueble.

Eso significa que no basta con sustituir sanitarios, cambiar encimeras, renovar muebles o poner azulejos nuevos. Para que la ayuda tenga sentido, la actuación debe reducir la demanda energética o mejorar el comportamiento térmico de la vivienda.

En la práctica, pueden encajar obras como mejorar el aislamiento, cambiar ventanas, renovar instalaciones, sustituir sistemas de calefacción o refrigeración, instalar placas solares, implantar aerotermia o actuar sobre la envolvente del edificio.

En El Blog Salmón

Un inquilino entrega al propietario un piso con un desconchón en la bañera y meses después le reclama 5.100 euros por los daños: la justicia dice que eran desperfectos por el desgaste habitual y no por un mal uso

Y claro, algunas de esas intervenciones pueden afectar a baños o cocinas. Por ejemplo, si la reforma toca instalaciones de agua, electricidad, ventilación o climatización. En ese caso, la actuación sobre esas estancias puede formar parte de una obra subvencionable. Pero la razón de la ayuda no es el baño ni la cocina: es el ahorro energético.

El requisito clave: demostrar el ahorro antes y después

El Real Decreto que regula estas subvenciones exige acreditar una mejora energética real. En las actuaciones sobre viviendas, la obra debe conseguir al menos una de estas dos condiciones: reducir un 7% la demanda energética anual de calefacción y refrigeración o reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable.

Y aquí no basta con guardar facturas. La ayuda exige un certificado de eficiencia energética previo y otro posterior a la obra, emitidos por un técnico competente. La comparación entre ambos documentos es la que permite justificar que la vivienda consume menos energía después de la intervención.

Esa parte es fundamental porque convierte la ayuda en algo técnico, no decorativo. La administración no subvenciona que la cocina quede más nueva, sino que la vivienda sea más eficiente.

Cuánto se puede cobrar realmente

La cuantía depende del tipo de programa y del ahorro conseguido. En el caso de las obras de mejora energética en una vivienda individual, la ayuda cubre el 40% del coste de la actuación, con un límite de 3.000 euros por vivienda.

Ese es el escenario más cercano a una reforma doméstica individual. Y aun así, tiene condiciones: la actuación debe cumplir los requisitos de reducción energética y el coste mínimo de la obra debe encajar en la convocatoria correspondiente.

La cifra de 21.400 euros pertenece a otro nivel de intervención. Aparece en los programas de rehabilitación a nivel de barrio, donde las ayudas pueden alcanzar el 80% del coste si la actuación logra una reducción del consumo de energía primaria no renovable igual o superior al 60%.

En otras palabras: no es que el Estado pague hasta 21.400 euros por reformar una cocina. Esa cantidad se reserva para actuaciones de rehabilitación energética mucho más ambiciosas, normalmente ligadas a edificios, barrios o intervenciones integrales.

Las comunidades autónomas tienen la llave

Estas ayudas no se solicitan directamente de una forma única para toda España. La gestión corresponde a las comunidades autónomas y ciudades autónomas, y en algunos programas también pueden participar los ayuntamientos.

Por eso el interesado tiene que mirar la convocatoria concreta de su comunidad o municipio. Los plazos, formularios, documentación técnica y condiciones pueden variar según el territorio.

En Xataka

Europa vive su mejor momento renovable justo antes de una cuesta de enero eléctrica

El procedimiento suele funcionar por concurrencia simple. Es decir, las solicitudes se atienden por orden de presentación hasta que se agoten los fondos disponibles. Esto hace que preparar la documentación técnica antes de empezar, o dentro de los plazos que marque la convocatoria, sea casi tan importante como la propia obra.

Además de subvenciones, hay deducciones en el IRPF

La otra pata del sistema está en Hacienda. Además de las ayudas directas, existen deducciones temporales en el IRPF para obras que mejoren la eficiencia energética.

La Agencia Tributaria recoge deducciones para reformas que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración, mejoren el consumo de energía primaria no renovable o rehabiliten energéticamente edificios residenciales.

Según la información actualizada por la Agencia Tributaria tras el Real Decreto-ley 7/2026, las deducciones por mejora de eficiencia energética de viviendas se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que la deducción por obras realizadas en edificios de uso predominantemente residencial se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027.

La lectura económica es clara: la reforma subvencionable no es la que deja una casa más bonita, sino la que la convierte en una vivienda menos costosa de mantener. Con la factura energética todavía como una de las grandes preocupaciones de los hogares, la diferencia entre una reforma estética y una rehabilitación energética puede ser de miles de euros.

Foto: Milivoj Kuhar

En la última década, la financiación pública de las organizaciones sindicales en España ha experimentado un incremento sin precedentes. Lo nunca visto.

Lo que comenzó como un periodo de contención bajo los gobiernos anteriores, con cifras que rondaban los 8,9 millones de euros, se ha transformado en un escenario excepcional: 32 millones previstos para 2025.

Este aumento no solo rompe con la tendencia de estabilidad que se había mantenido durante más de un lustro, sino que también marca un máximo histórico en plena situación de prórrogas presupuestarias.

En El Blog Salmón

Despedir en España es caro. Sin embargo, es fácil

El salto presupuestario plantea preguntas inevitables sobre la relación entre el poder político y los sindicatos mayoritarios. En un contexto en el que las negociaciones laborales han tenido como protagonistas a CCOO y UGT, estas cifras evidencian la importancia estratégica que el Gobierno otorga a las centrales sindicales en la arquitectura del diálogo social.

De los 10 millones de euros de Aznar a los 32 de Sánchez

Si se observan las cifras de los últimos veinte años, el recorrido es impactante. A comienzos de siglo, bajo la presidencia de José María Aznar, las subvenciones rondaban los 10 millones.

Con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, el incremento fue notorio, alcanzando picos de más de 15 millones entre 2006 y 2011, en un contexto económico de expansión.

El giro llegó con Mariano Rajoy, cuando las ayudas se redujeron a 11 millones en 2012 y se estabilizaron en 8,9 millones durante toda su legislatura. Este periodo supuso el mayor ajuste en términos de financiación sindical desde el inicio de la democracia reciente.

El cambio drástico aparece con la entrada de Pedro Sánchez en 2018. Aunque las primeras cifras se mantuvieron estables, en 2021 comenzó un ascenso imparable: 13,8 millones ese año, 17 en 2022 y 2023, y finalmente un salto espectacular a 32 millones en 2025.

El incremento del 88,2% entre 2024 y 2025, aun en un escenario de presupuestos prorrogados, sitúa a esta partida como una de las más llamativas de todo el Estado.

¿Hay una justificación oficial de dicho aumento?

El Gobierno defiende estas cifras argumentando que los sindicatos desempeñan funciones esenciales en la mediación de conflictos, la negociación colectiva y el mantenimiento del diálogo social.

Según el Ministerio de Trabajo, este refuerzo presupuestario es coherente con el crecimiento del IPC desde 2008, que acumula un 34%, mientras que las subvenciones solo se habían incrementado un 7,6% hasta antes de la última actualización.

Además, se señala que las responsabilidades de los sindicatos han crecido no solo en el ámbito nacional, sino también en el internacional, al participar en foros europeos y globales sobre derechos laborales.

Cómo se financian los sindicatos en España y la diferencia con otros países

En España, los sindicatos reciben financiación de diversas fuentes: cuotas de afiliados, subvenciones estatales, ayudas autonómicas y programas europeos vinculados a la formación y la digitalización.

En El Blog Salmón

El truco del parado de 52 años que puede tener varios pisos, cobrar un subsidio y cotizar para la pensión máxima

Según estimaciones oficiales, las subvenciones directas representan entre el 15% y el 17% de sus ingresos totales.

La situación no es homogénea en la Unión Europea. En Francia, por ejemplo, las ayudas públicas representan la práctica totalidad de los ingresos sindicales, ya que las cuotas de afiliados son mínimas.

En los países nórdicos, como Suecia o Noruega, es común que los sindicatos reciban fondos de fundaciones, donaciones privadas e incluso herencias, algo impensable en el contexto español.

En algunos países se permiten impuestos sindicales que afectan a todos los trabajadores, estén afiliados o no, aunque esta práctica genera controversias sobre su carácter obligatorio.

En Estados Unidos el panorama es totalmente distinto: los sindicatos solo se financian con las cuotas de sus miembros, lo que limita su músculo económico pero refuerza su independencia frente al poder político.

Esta diferencia explica en parte la percepción social sobre la autonomía de los sindicatos en España y la eterna polémica sobre si las subvenciones condicionan su papel en la negociación laboral.

El papel de CCOO y UGT en las reformas recientes

No puede pasarse por alto que el incremento coincide con un periodo en el que los principales acuerdos sociales han estado impulsados por las dos centrales más representativas: Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores.

 Desde la subida del salario mínimo hasta la reducción de la jornada laboral, pasando por la reforma del subsidio de desempleo o la segunda parte de la reforma de pensiones, ambos sindicatos han estado alineados con el Ejecutivo.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), aunque relevante en la función pública, ha tenido un papel menos determinante en estas mesas de diálogo.

Otras organizaciones de carácter autonómico, como la CIG en Galicia o ELA en el País Vasco, mantienen una fuerte implantación territorial pero sin la capacidad de influencia nacional que poseen CCOO y UGT.

Un máximo histórico en tiempos de incertidumbre

Lo más llamativo de este incremento es que se produce en plena situación de prórrogas presupuestarias. Desde 2018, España ha aprobado hasta cuatro extensiones de sus cuentas públicas, pero esto no ha impedido que las ayudas a los sindicatos crezcan hasta cifras nunca vistas.

El suplemento de crédito utilizado para cubrir el salto en 2025 confirma que se trata de una partida considerada estructural, independientemente del marco político o financiero del momento.

Imágenes | Pixabay, Wikipedia

El cine español no pasa por su mejor momento, otra vez. Hasta la fecha, la media de recaudaciones de 2024 es dramática, pues apenas se registran 4 millones de euros. Esto supone un 25,5% menos que en 2023, cuando por estas fechas se contabilizaban 5,4 millones de euros, justo antes del impacto de ‘Babenheimer’.

Se puede decir que 2024 está siendo el peor año que se recuerda para las salas de cine en España en las dos últimas décadas. Se han registrado fines de semana en febrero, abril y mayo que han supuesto mínimos históricos. Con respecto a 2005, las recaudaciones han caído un 55% y con respecto a 2014, en un 45%.

El productor de cine, Pau Brunet, recalca precisamente el grave problema que sufren las salas de cine, que van cuesta abajo y sin freno. Con respecto al número de espectadores, han descendido casi un 60%. Esto implica que 6 de cada 10 espectadores de hace 10 o 20 años ya no va al cine.

La taquilla española, ¿en caída libre?

Los datos de ayer viernes son desoladores.

La media de las recaudaciones de 2024 es dramática. Apenas 4M€, un 25.5% menos que hace un año, cuando se alcanzaban los 5.4M€ antes del efecto Babenheimer que levantaría esa media hasta el… pic.twitter.com/YBaS4loD73

— Pau Brunet (@BrunetPau) May 25, 2024

Mucho se habla sobre los nuevos tiempos, tendencias, plataformas y hábitos de consumo. Pero la realidad es que en España el cine no triunfa frente a otros mercados como Italia, con una cuota de un 21,5% más. En otros países, como Francia o México, las cifras llegan incluso a duplicar las de España. Si bien es cierto, Francia sigue bajando, aunque México logra crecer con respecto a 2023.

Un último fin de semana trágico

El último fin de semana de mayo se cierra como uno de los peores en mucho tiempo. Pese a las buenas críticas y las grandes expectativas que tenía ‘Furiosa’, la asistencia a las salas de cine no fue la esperada. Todo ello demuestra que los esfuerzos económicos en producción y marketing no siempre son suficientes.

En El Blog Salmón

No son solo subvenciones y ayudas, la gran ventaja para la industria del cine es fiscal: así se ahorran impuestos los que invierten en películas españolas

Se presentaron los segundos peores datos de recaudación en fin de semana en lo que va de año, con un acumulado de 2,95 millones de euros. Solo por detrás del peor fin de semana que fue el del 12 al 14 de abril (con 2,9 millones de euros).

Estas cifras contrastan con las buenas alcanzadas en el segundo fin de semana del mes de mayo, cuando los estrenos de ‘El reino del planeta de los simios’ y de ‘Garfield’ permitieron unas buenas cifras en medio de una clara tendencia descendente.

Preocupa que ‘Furiosa’ no haya sido capaz de animar al público en su estreno, con una caída del 28% con respecto al fin de semana anterior. Si se comparan los datos, el remake de ‘La Sirenita’ supuso un 60% más que la suma de toda la taquilla del último fin de semana de mayo.

El cine español se estanca

Es una realidad. Hasta la fecha, según datos del Ministerio de Cultura, el mejor estreno de 2024 ha sido el de ‘La familia Beneton’, con 618.882 espectadores y una recaudación de 4.048.542 euros. Le sigue ‘Ocho apellidos marroquís’ con 483.330 espectadores y 3.226.480 euros recaudados.

La realidad es que en 2023, la taquilla general (incluyendo títulos nacionales e internacionales) crecía cerca de un 29% con respecto a 2022, superando los 487,5 millones de euros. No obstante, la recaudación de las películas españolas se redujo en un 2,29%.

En El Blog Salmón

Los cines no pueden impedir que entres con tu bebida ni comida. Así puedes conseguir que les multen si lo hacen

En EEUU, los 39 millones de dólares para ‘Furiosa’ le hacen empatar con ‘Garfield’ y demuestran que es el peor último fin de semana de mayo en 30 años. Incluso las películas más exitosas de 2024 tienen una considerable distancia con las de 2023, pues ‘Dune’ solo se acerca a ‘Fast & Furious X’ y superando por poco a ‘Doctor Strange: En el multiverso de la locura’.

Los factores que influyen

Sin duda, y es casa evidente, las grandes plataformas de streaming triunfan entre los usuarios. Los usuarios saben que la tendrán en casa en poco tiempo, por lo que el cine pierde su carácter de exclusividad histórico.

A esto se le suma la subida desorbitada de los precios y la normativa taxativa de las salas de cine, que prohíben el acceso con comida de fuera a los espectadores, lo que le resta carácter acogedor.

De igual modo, los hábitos sociales están cambiando. De hecho, son muchos los usuarios cinéfilos que denuncian públicamente problemas de ruido y de malas actitudes.

El relevo generacional también influye. Las redes sociales nos han acostumbrado a disfrutar de pequeñas historias en menos de un minuto, lo que hace que muchos espectadores, especialmente los más jóvenes, consideren poco interesante sentarse durante dos horas a ver una película en un cine.

Los salvadores del cine

Pese a que a finales de 2023 conocimos la noticia de que la cadena líder de las salas de cine en España, Cinesa, cerraba con pérdidas de 26,3 millones de euros (en 2022 perdió 26,7 millones de euros), aún quedan esperanzas.

Dichas esperanzas las aportan directores de cine que siguen triunfando con un modelo de película familiar, de comedia sencilla y española, con un tipo de humor blanco que agrada a todos los miembros de un mismo hogar. Así es por lo que Santiago Segura sigue defendiendo el cine español y se proclama el héroe de la taquilla española.

Empezó su incursión en el cine familiar con una sucesión de títulos: ‘Padre no hay más que uno’ (2019), 14,2 millones; ‘Padre no hay más que uno 2: la llegada de la suegra’ (2020), 12,9 millones; ‘A todo tren: Destino Asturias’ (2021), 8,4 millones; y ‘Padre no hay más que uno 3’ (2022), 14,7 millones. Estas cuatro fueron las películas españolas más vistas en los años 2019, 2020, 2021 y 2022, respectivamente.

Otro nombre destacado es el de Emilio Martínez Lázaro, con su mítica ‘Ocho apellidos vascos’; la película española más vista de la historia con 55 millones de euros y 9 millones de espectadores. También es reseñable la figura de Juan Antonio Bayona, con gran proyección internacional. Ha llegado a dirigir una de las películas de ‘Jurassic Park’ y todos sus largometrajes no bajan de los 20 millones de euros recaudados.

¿Qué pasará?

Sin el respaldo del Gobierno y de los impuestos, tal vez no lograría subsistir el cine español. Solo hay que ver que se reservaron 167,14 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado 2023. Un aumento del 72,1%, ya que en los anteriores PGE la cantidad fue de 97,1 millones.

Los presagios para las taquillas de cine no son nada halagüeños y, pese a puntuales estrenos o títulos familiares, se prevé que la industria se siga apagando salvo que haya una reinvención y una adaptación de las salas tanto a los nuevos hábitos y nivel de vida de la población, como a las circunstancias del sector.

El mundo del cine y sus continuos discursos de izquierdas le han llevado a obtener una posición preferente en materia fiscal. Con la nueva reforma de los incentivos fiscales, aumenta el máximo anual de las deducciones por inversiones en producciones en cine y series Españas y extranjeras hasta 400 millones de euros, lo que supone 340 millones más que los 60 que había hasta entonces. En resumen, supone duplicar de 10 a 20 millones de euros el importe máximo de deducción fiscal por película, siendo el máximo por episodio de serie de 10 millones de euros.

Al final, pese a que los actores y directores no han perdido ocasión de manifestar públicamente sus quejas contra el maltrato que padece el mundo del cine, viven en un auténtico ‘oasis fiscal’, en el que son muchos los incentivos, subvenciones, ayudas, deducciones, bonificaciones y exenciones las que reciben.

La ley recoge que los incentivos fiscales en España para producciones cinematográficas y audiovisuales nacionales dan derecho al productor a obtener una deducción fiscal del 25% del primer millón de euros de la base de la deducción, y del 20% si se supera esa cantidad. El máximo establecido es de tres millones de euros por producción. Solo desde 2015, los incentivos fiscales percibidos por las productoras de cine y series han alcanzado los 311,5 millones de euros.

En El Blog Salmón

Esto es lo que hay detrás de las millonarias estrellas de OnlyFans: decenas de empleados, mucha planificación y millones de suscriptores

Supone un cambio importante, pues cuando gobernaba Mariano Rajoy, el Ministerio de Cultura desapareció y se convirtió en una Secretaría de Estado. En aquella ocasión, se aplicó un IVA del 21% al cine y al teatro. De este modo, la izquierda política se situó del lado de los artistas y productores españoles para brindarles exenciones fiscales a cambio de votos. Actualmente, en muchas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, la cultura queda en manos de VOX, aplicándose medidas más restrictivas.

Análisis detallado de sus ventajas fiscales

Con la Ley del Impuesto de Sociedades en la mano, las inversiones en producciones audiovisuales españolas pueden llegar a ser de 10 millones de euros por proyecto, siendo anteriormente de un máximo de tres millones hasta marzo de 2023. Así pues, puede alcanzar el 85% del coste de la producción.

Si se tiene en cuenta que el porcentaje de referencia alcanza el 50%, esto se traduce en que una producción audiovisual de 20 millones de euros puede llegar a beneficiarse de un rembolso de hasta 10 millones de euros. Para los directores que hayan dirigido menos de tres largometrajes a lo largo de su trayectoria y cuenten con un presupuesto inferior a los 1,5 millones de euros, el descuento fiscal podría llegar a ser del 80%.

En El Blog Salmón

Los españoles con offshores... ¿qué destinos eligen principalmente?

A esto se le suma que las producciones dirigidas exclusivamente por mujeres logran una ventaja fiscal del 75%. Los beneficios superan el 50% para las coproducciones con países iberoamericanos, las producciones financiadas por, al menos, dos países miembros de la UE (con un 60%) o las obras de animación con un presupuesto inferior a 2,5 millones de euros. En este último caso, se aplicará una deducción del 70%.

También hay que tener en cuenta que las empresas productoras que asumen la ejecución de producciones extranjeras pueden beneficiarse de una deducción del 30% para el primer millón invertido y del 25% sobre cualquier cantidad de dicho importe. El umbral de referencia pasa de un millón a 200.000 euros si se trata de gastos de per-producción o post-producción en la animación y los efectos visuales.

IVA reducido

A lo anteriormente comentado, se le suma el hecho de que las entradas de cine están gravadas con un tipo reducido de IVA del 10%. Éste se aplica también a otros ámbitos de la cultura como el teatro, los espectáculos taurinos o los conciertos de música. No obstante, no se tiene en cuenta el impacto mediático, pues la tauromaquia como espectáculo genera hasta cinco veces más IVA que el cine español.

Ventajas autonómicas

A las exenciones fiscales nacionales se le suman otras ventajas aplicadas por algunas comunidades autónomas. Es el caso de las Islas Canarias, cuya deducción puede llegar a ser de hasta el 50% y el importe deducido de hasta 18 millones de euros por proyecto. En el caso de Navarra, la deducción es del 35-40%, pudiendo alcanzar los 5 millones de euros por expediente.

Un impacto sin precedentes

En el año 2022, las deducciones supusieron un ahorro de 70,6 millones de euros, siendo justificada como una fórmula capaz de cambiar las subvenciones por incentivos.  El objetivo del Gobierno de España no es otro que fortalecer la estructura empresarial de la producción independiente española, históricamente muy fragmentada en tiempos pretéritos, y atraer a nuevos inversores internacionales.

Además de apostar por la inversión privada, los beneficios a la industria del cine permiten a los productores independientes estructurar un modelo de financiación capaz de separar el beneficio comercial y convertirla en una inversión atractiva y segura.

Gracias al incremento del 5% de desgravación fiscal y la imputación del 50% de Bases Imponibles Negativas (BINs), el porcentaje de riesgo de las operaciones se sitúa próximo al 0%. Así pues, al final de la inversión, se podría obtener una rentabilidad próxima al 30% en el peor de los escenarios de explotación.

El Gobierno está preparando una batería de medidas anticrisis que se aprobará previsiblemente en un Consejo de Ministros extraordinario el 29 de diciembre. Entre dichas medidas, que todavía no están muy claras, habrá una que afectará negativamente a mucha gente: la retirada de los 20 céntimos de descuento en combustible.

La idea es que a partir de enero dicho descuento sea específico para unos sectores concretos, como agricultores, ganaderos, transportistas o pescadores. Es decir, aquellos sectores en los los combustibles caros tienen mayor impacto en la inflación. Y esta retirada, por mucho que perjudique a mucha gente, es una buena noticia.

La excepción no puede quedarse para siempre

El descuento en carburantes ha sido una de las medidas que ha usado el Gobierno para reducir la inflación y para ayudar al público general a superar la crisis de la subida de precios, especialmente los energéticos.

En El Blog Salmón

Desinflación, ¿qué sectores ganan en bolsa cuando la inflación se desacelera?

Sin embargo era una medida excepcional y por tanto debe ser retirada en algún momento. Después de la bajada de los precios de los carburantes hasta niveles más normales (aunque sigan altos), es un buen momento para retirar la medida.

Hay que recordar que las medidas excepcionales deben ser eso, excepcionales, y retirarse en algún momento. Y así como en su día criticamos que prorroguen la limitación de las subidas de los precios de alquileres, ahora aplaudimos que retiren esta medida.

El principal problema de esta medida es que, aunque alivia a las familias, en el fondo no estamos dejando que la principal señal que tiene el mercado para avisar de escasez, los precios, llegue de forma completa. Y por tanto se subvenciona una demanda que además no es positiva para la economía, pues todo el petróleo que consumimos es importado.

En El Blog Salmón

¿Mercadona, Carrefour, Lidl o Día? Es hora de evaluar de nuevo dónde hacemos la compra

Como medida temporal estuvo bien pues la demanda de combustibles es bastante inelástica y ya ha habido tiempo para que los consumidores cambien sus hábitos, y además la medida amainó la subida de los combustibles en los momentos más complicados.

El coste de la medida

Por otro lado esta subvención a los combustibles ha sido bastante cara. Ha superado los 5.000 millones de euros y esto es un coste de oportunidad importante: estos 5.000 millones se podrían usar para otros menesteres (o directamente para reducir déficit lo cual sería una buena noticia ahora que suben los costes de financiación).

Por tanto estamos ante una medida cara, que ya no tiene tanto sentido y que además impide que las señales que manda el mercado a los consumidores lleguen correctamente. Es hora, una vez pasado lo peor, de retirar la medida.

En el año 1962, se inició la Política Agraria Común (PAC) que se desarrolla hoy bajo el presupuesto de la Unión Europea, aunque inicialmente venía de la mano del llamado Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).

En los primeros años, compraba la producción agrícola cuando el precio de mercado caía por debajo de cierto nivel. Y a partir de la década de los setenta, la UE comenzó a gravar las importaciones agrícolas y comenzó a subvencionar sus exportaciones.

Tal y como lo define hoy la UE, se trata de una asociación entre la agricultura y la sociedad para apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, mientras que se busca asegurar el suministro estable de alimentos asequibles y que los agricultores puedan ganarse la vida razonablemente bien.

Calificada como vital, viene justificada porque los ingresos de los agricultores son alrededor de un 40% menores frente a los ingresos no agrícolas. Además, la agricultura depende estrechamente de la evolución del clima y existe una brecha de tiempo entre la demanda de los consumidores frente a la capacidad de abastecimiento de los agricultores al mercado ya que conlleva un tiempo desarrollo de todo cultivo.

Por esta razón, la PAC es la principal política que se desarrolla desde la Unión Europea. Si nos vamos a los datos, la Política Agrícola Común (PAC) es la partida presupuestaria única más grande de la UE, ya que absorbe alrededor del 38% de todo el gasto que se impulsa desde la UE en el presupuesto actual de siete años (2014-2020).

El dinero de la PAC se organiza de la siguiente manera: En primer lugar, alcanza un presupuesto de 408.000 millones de euros para el período 2014-2020. Este dinero se destina principalmente al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA, 77%) y el resto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER, 23%).

El FEAGA se utiliza para proporcionar ingresos a los productores agrícolas (se esperan 294.000 millones de euros para 2014-2020) e interviene en caso de perturbaciones adversas en los mercados agrícolas (se esperan 18.000 millones de euros).

Los 96.000 millones restantes, son empleados por el FEADER cuyo objetivo es ayudar a las comunidades rurales a desarrollarse y diversificarse económicamente, financiando proyectos regionales.

Consecuencias de la PAC: la distorsión del mercado agrícola

En primer lugar, es difícil de encajar de que el 38% del presupuesto de la Unión Europea vaya dirigido a una población que representa el 3% de la Unión y que el impacto económico vinculado es del 6% del PIB.

A pesar de la PAC tiene un desarrollo en el mercado común, hay desigualdades en los subsidios que reciben los agricultores de diferentes estados miembros e incluso entre agricultores de un solo estado miembro.

Pudieramos pensar que existe una función redistributiva, pero lo cierto es que, como podemos ver en la siguiente tabla, los pagos directos mayores han ido a Francia, España, Alemania, Reino Unido e Italia. Además el foco de los subsidios van a los grandes agricultores y las pequeñas granjas están desapareciendo de la UE. Para hacernos una idea, el 70% de los fondos serían destinados a únicamente el 20% de las granjas.

Esta política está distorsionando claramente el mercado global agrícola porque los productores están generando una sobrecapacidad sin mucho sentido que, genera una serie de consecuencias negativas, ya sea desde el punto de vista de los contribuyentes como desde el punto de vista de los mercados locales extracomunitarios fuera de la UE.

En El Blog Salmón

Los Gobiernos de todo el mundo distorsionan la agricultura con sus ayudas

Podemos entenderlo si analizamos el mercado lácteo. En un intento de sostener los precios de una crisis láctea (fin de las cuotas de producción y la prohibición de la importación de alimentos frescos de la UE por parte de Rusia) intervinieron el mercado y provocaron un exceso de leche.

En un mercado libre, un exceso de oferta hunde los precios y tiende a eliminar las ofertas de los productores menos competitivas, con la imputación de pérdidas al capital hasta la quiebra. Esa menor oferta, ejerce finalmente una estabilización en los precios.

Pero, tratando de aguantar los precios, Bruselas ha estado comprando leche desde 2015. La Comisión Europea ha usado dinero público para comprar unas 380.000 toneladas métricas de leche descremada en polvo. Una medida que tampoco ha funcionado y han terminado por acumular leche en los almacenes, principalmente en Francia, Alemania y Bélgica, los sacos de leche en polvo no lograron detener la hemorragia de los precios.

En resumen, primero Europa ha creado un entorno perfecto para la sobreproducción a golpe de subvenciones, con un exceso de explotaciones, y luego se ve obligada a comprar esos productos para sujetar sus cuentas... Una jugada redonda, a cargo del contribuyente.

Estas subvenciones tienen otra consecuencia: se está haciendo dumping, porque cuando estos excesos se llevan a los países en vías de desarrollo se les está obstaculizando combatir la extrema pobreza, al evitar comerciar en condiciones entre iguales. No solo eso, a pesar de que dentro de Europa existe el libre comercio, de cara a terceros establece medidas no arancelarias, de fuerte carácter regulatorio, que impide la entrada de muchos productos exteriores para competir.

En última instancia, existe una clara preocupación por el medio ambiente y también se focaliza en la PAC una serie de culpas porque para garantizar una oferta innecesaria, gracias a las subvenciones hace que valga la pena utilizar una agricultura especialmente intensiva con la ayuda de productos químicos para alcanzar cuotas de sobreproducción de los que realmente exigen por la parte de la demanda de los consumidores.

Nueva Zelanda consiguió eliminar subvenciones a la agricultura

La PAC es del todo innecesaria, fomenta un uso inadecuado de los recursos de los contribuyentes destinados a una sobreproducción no solicitada, para supuestamente garantizar el acceso alimentario. Un acceso que en un marco de mercado libre no está en riesgo si se permite abrir puerta a las importaciones de los países en vías de desarrollo.

La malgama de subvenciones es un error, y esto ya lo entendió Nueva Zelanda en la década de los ochenta.

Antes de 1984, la agricultura neozelandesa estaba fuertemente protegida por medio de subsidios y precios mínimos. Ese proteccionismo dio lugar a distorsiones del mercado, a la sobreproducción y a la degradación de las tierras marginales, justamente los mismos errores hoy vemos con la PAC.

Los subsidios generaban incentivos perversos... Se ponían en producción grandes superficies de tierras marginales y para 1984 más de dos millones de hectáreas se cultivaban sólo porque los subsidios hacían que fuera rentable, y no por una demanda detrás que la respaldara.

La producción ya no se ajustaba a la demanda porque la producción basada en subsidios se disparó. El gobierno pagó por el sacrificio de ovejas que no podían ser vendidas y en 1983, 6.000 toneladas de El excedente de carne de oveja se convirtió en fertilizante.

En 1984, el gobierno se enfrentó a una grave crisis fiscal y aplicó una ambiciosa desregulación que también incluía la devaluación y la posterior flotación del dólar neozelandés y la posterior liberalización de los mercados de capital.

Como parte de esta reforma de toda la economía, el gobierno eliminó todos los subsidios agrícolas. Eso incluía ddjar de apoyar el precio de la lana, la carne de vacuno, la carne de ovino y los productos lácteos, apoyo vía ingresos, fertilizante, transporte y todos los subsidios para el desarrollo de la tierra.

En 1986, Nueva Zelanda eliminó todas las subvenciones a la industria pesquera. Se introdujo la ordenación basada en los derechos junto con un sistema de cuotas individuales transferibles y una compra de derechos existentes.

No fue fácil. El ajuste sectorial en el sector de la agricultura llevó siete años, pero el gobierno apoyó el sector agrícola a través de la transición con la reestructuración de los préstamos y las prestaciones sociales.

¿Y qué consecuencias tuvieron estas ambiciosas reformas?

Hoy Nueva Zelanda tiene alrededor de 80.000 explotaciones agrícolas distribuidas en 15,5 millones de hectáreas. El número de granjas se ha mantenido estable desde que se eliminaron los subsidios. La superficie terrestre ha disminuido ligeramente a medida que la tierra marginal se ha entregado a la silvicultura o se ha permitido volver a los arbustos nativos.

Desde la eliminación de los subsidios el mundo no se ha hundido para Nueva Zelanda, el sector agrícola ha crecido más rápido que el resto de la economía. La contribución de la agricultura al PIB de Nueva Zelanda aumentó del 14,2% en 1986-87 al 16,6% en 1999-2000. La agricultura representa el 11,4% de la fuerza laboral total.

La población rural ha mantenido el ritmo de la población nacional desde 1986. El empleo en las granjas ha disminuido un poco, pero estas pérdidas se han equilibrado con el aumento del empleo rural en las empresas relacionadas con el turismo. Al perder esas subvenciones, la economía rural tomó la iniciativa y se ha diversificado para incluir el turismo y otros servicios que han hecho que las comunidades rurales sean menos vulnerables a los descensos cíclicos en la agricultura.

El número de ventas de explotaciones agrícolas forzadas que resultan directamente de la eliminación de subsidios se estima en 800, o el 1% del número total de granjas.

Y lo mejor de todo... más productividad. La productividad agrícola ha aumentado un 5,9% anual en promedio desde 1986. Antes de 1986, las ganancias en productividad agrícola eran de aproximadamente 1% anual.

El sector de la tauromaquia no es un sector cualquiera, pues es uno de los que más se encuentra condicionado por la acción política de una administración, a través de las subvenciones, o la prohibición de sus festejos en determinados ámbitos geográficos.

En las siguientes líneas repasaremos cómo ha estado evolucionando en los últimos años el interés en este tipo de espectáculos y cuáles son los privilegios y reestricciones que cuenta su actividad.

El sector del toro y su decadencia

Atendiendo a los datos del Ministerio de Cultura y Deporte, el número de los festejos taurinos han ido menguando en los últimos años. Si en el año 2013 se celebraban 1.858 eventos, a cierre de 2017 (último año de referencia) se festejaron 1.553 espectáculos, lo que representa una caída del 17% en un lustro. Y si la referencia la extendemos a una década, la caída de los festejos es de un 58% (3.651 festejos celebrados en 2007).

La justificación de esta caída en los últimos años viene dada por un mix de causas. En primer lugar, con la crisis todos los espectáculos han sufrido un fuerte retroceso debido a que se ha contraído el gasto en el ocio que es uno de los menos prioritarios dentro del presupuesto familiar.

Pero esto no lo justifica todo, ya que con la recuperación económica, los festejos han seguido su declive. Y es que en España se está produciendo un cambio cultural en los últimos años, con una mayor sensibilización por este tipo de espectáculos, por la implicación animalista, que finalmente han llevado a una desafección por parte del público.

También nos encontramos con un hecho diferencia al resto de sectores, y es que el sector taurino está especialmente vinculado a criterios políticos, por ello, algunos gobiernos de las administraciones en el territorio español han dado la batalla para la prohibición de este tipo de espectáculos.

Por ejemplo, Canarias los tiene prohibidos desde 1991 y la última gran batalla se dio en Cataluña que en el año 2010, la Generalitat, liderada por José Montilla, prohibió las corridas de toros, aunque blindó los correbous. En 2016, el Constitucional anuló dicha prohibición y, según la Fundación del Toro de Lidia (FTL), volverá este año en Cataluña en la plaza de Olot (Gerona).

Desde las Islas Baleares si bien no se prohibió las corridas de toros, se impidió darle muerte al astado, una manera de sortear al Tribunal Constitucional y no seguir con el ejemplo catalán. Sin embargo, a finales de 2018, el Constitucional dictó la suspensión de varios puntos de la ley: la prohibición de matar al animal, la de utilizar banderillas o cualquier objeto punzante que pueda producir daño al toro

También uno de los eventos más reconocidos en la tauromaquía fue suprimido, el Toro de la Vega. La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid impidió al Ayuntamiento de Tordesillas el permiso correspondiente porque quedaba fuera de la nueva normativa.

Como contrapunto, el toro está muy presente en otras comunidades. El 22% se celebran en la comunidad autónoma de Andalucía, seguido de la Comunidad de Madrid, con el 18,9%, y de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Castilla y León, que acogieron el 14% y el 13,7% de este tipo de festejos respectivamente.

Con relación a la asistencia a espectáculos taurinos, se elabora una estadística oficial por la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales que determina, con una muestra de 16.000 personas, que un global de 9,5 de espectadores asistieron a espectáculos taurinos. A tenor de estos datos, si dividimos el global de personas que asistieron a espectáculos taurinos entre el número de festejos, obtenemos una cifra de 6.117 asistentes por evento.

En comparativa, las cifras del sector de la tauromaquia quedan muy por detrás del resto de espectáculos: Visitaron museos (40,5 millones), asistieron al teatro (31,2 millones), asistieron a conciertos (40,9 millones) y asistieron al cine (58,7 millones).

La mano política condiciona la rentabilidad del sector

Si nos dirigimos al Registro General de empresas ganaderas de reses de lidia, observamos que actualmente están listadas 1.337 empresas. Es una cifra que se ha mantenido sin apenas cambios en los últimos años debido a que si observamos las cifras de 2013, las empresas inscritas en el registro eran 1.341.

Si hemos visto el número de espectáculos ha ido descendiendo en los últimos años y, a su vez, se mantienen el global de empresas en el sector, la pregunta que nos viene a la cabeza es ¿Cómo lo hacen? Probablemente, la respuesta reside en una la mano política que está especialmente presente en este sector y su rentabilidad dependerá de no solo la capacidad de atraer público sino de ser beneficiario del presupuesto público.

Según los Presupuestos Generales del Estado que ha presentado Pedro Sánchez, se asigna una cantidad de 35.000 euros a la Fundación del Toro de Lidia. Este importe es exactamente el mismo que en los Presupuestos Generales que presentó Mariano Rajoy. La cantidad se justifica por "para la compilación del conjunto de conocimientos y actividades artísticas, creativas y productivas que integran la Tauromaquia como patrimonio cultural y su difusión en el entorno digital".

Pero ¿es el único importe que recibe el sector? No. Las diferentes comunidades autónomas, diputaciones y municipios, incluso desde la política europea, han sido pilares fundamentales para sostener las empresas del sector.

Según el informe ANOET recoge que nos recoge las cifras del año 2013 y solo cuatro Gobiernos autonómicos invirtieron en el fomento de la Tauromaquia. Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Madrid destinaron un total de 3,01 millones de euros a esta actividad, un 0,3% de sus. En el caso de la Comunidad de Madrid, se presupuestaron 1.410.851 euros para el programa de Asuntos Taurinos.

Por otro lado teníamos 130 millones que venían dados por la mano europea, a través de la Política Agrícola Común (PAC). De hecho, a raíz de esta situación, el Partido Animalista holandés consiguió que el Parlamento Europeo apoyara a mediados de 2018 su propuesta de cerrar el grifo las subvenciones que recibían los ganaderos por la cría de toros de lidia para los festejos taurinos.

También hay otros privilegios para el sector del toro como es el IVA reducido del 10% para todos los espectáculos taurinos, a través de la Ley 3/2017, de 27 de junio, que fue reducido en el año 2017 desde el tipo impositivo del 21% anterior.

¿Y si desaparcieran las subvenciones?

Subvencionar cualquier actividad económica implica que los clientes no son los únicos que sostienen las empresas que forman el sector sino que se extrae recursos de un público que discrimina dicha actividad por cualesquiera que sean sus razones.

Como hemos visto, es cierto que existen restricciones en el mundo del toro por la mano política pero también, al mismo tiempo, vemos como este sector consigue beneficiarse de los presupuestos públicos para su sostenimiento a pesar de la caída del número de espectáculos en los últimos años.

Deberíamos preguntarnos qué sucedería en un supuesto en el que exclusivamente fueran los clientes aquellos que financiarán su actividad, lo que significa eliminar subvenciones y proteccionismos políticos al sector ¿Conseguiría mantenerse el sector?

Como todo sector que vive a expensas de las subvenciones, siempre se argumenta lo mismo: el empleo que se gener... No se pueden eliminar subvenciones y privilegios porque, consecuentemente, se destruirían miles de puestos de trabajo. En el caso del sector del toro, tiene vinculados 10.959 empleos de profesionales taurinos.

Sin embargo, tendemos a olvidar el coste de oportunidad que representa una subvención. En otras palabras, todas aquellas actividades que podríamos estar realizando en materia de innovación, mejora de los actuales sectores productivos, que generarían sus propias ramificaciones de creación de un empleo más acorde a las necesidades de los consumidores.

Recientemente el Gobierno aprobó su nuevo plan de ayudas para alquilar o comprar viviendas, conocido como Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2018-2021 y del que ya hemos hablado con anterioridad en estas páginas. Dos son sus grandes vías de actuación: las ayudas al alquiler y las ayudas a la compra de vivienda.

El límite de ingresos anuales es el requisito más importante para poder acceder a estas ayudas. En ambos casos, se establece el umbral en la cantidad de 22.558,77 euros, es decir, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) por unidad familiar, aunque con algunas excepciones:

• En el caso de familia numerosa general o personas con discapacidad, el límite de ingresos anuales se fija en un máximo de cuatro veces el IPREM (30.078,36 euros).

• Para familias numerosas especiales o personas con discapacidad más grave, el límite se establece en cinco veces el IPREM (37.597,95 euros).

Además, si el solicitante de la ayuda es un mayor de 65 años existe un requisito extra: no podrá tener un patrimonio de 100.000 euros o superior. Por otra parte, los afectados por desahucios no podrán disponer de otra vivienda si quieren acceder a las ayudas del Plan. A continuación lo analizamos con todo lujo de detalles.

Ayudas al alquiler por franja de edad

Los jóvenes entre 18 y 35 años serán los que más "fácil" (y lo entrecomillamos a conciencia) tendrán el acceso a las ayudas al alquiler, que podrán ser de hasta un 50%. Además de cumplir con el límite de ingresos anuales (22.558,77 euros), la mensualidad de la vivienda no podrá superar los 600 euros, con excepciones muy concretas para ciudades como Palma de Mallorca, Barcelona o Madrid en las que los alquileres están por las nubes. En estos casos el límite se fija en 900 euros mensuales.

Por otra parte, se les exige que residan de forma habitual en la vivienda beneficiaria de la ayuda durante al menos tres años y tampoco podrán tener ninguna otra vivienda en propiedad en España.

Las personas entre 35 y 65 años, deberán cumplir los mismos límites que los jóvenes respecto a los ingresos anuales y a la cuota de alquiler, con las excepciones ya explicadas. Sin embargo, en estos casos la subvención pública será de como máximo del 40% de la renta de alquiler. Esto supone una mejora respecto al plan anterior, en el que el límite era de 200 euros mensuales.

Por último, los mayores de 65 años también podrán beneficiarse de una ayuda de hasta el 50% del alquiler. Además de los requisitos del límite de ingresos y del alquiler máximo de 600 euros mensuales, estos no podrán tener vivienda en propiedad o un patrimonio superior a los 100.000 euros.

Como vemos, muchas ayudas por el lado de la demanda y absolutamente ninguna por el lado de la oferta. ¿No tienen la sensación de que esto ya ha pasado antes?

Ayudas a la compra de vivienda

El nuevo Plan Estatal de Vivienda también contempla ayudas a la compra. El importe de estas ayudas será del 20% del precio de adquisición del inmueble, con un límite de 10.800 euros. Los beneficiarios tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

• Ser menores de 35 años.
• Tener unos ingresos anuales inferiores a 22.558,77 euros.
• Que el precio de la vivienda sea inferior a 100.000 euros.
• La vivienda deberá estar ubicada en un municipio de menos de 5.000 habitantes.

Sin entrar aún de lleno en valorar la idoneidad de este tipo de ayudas, bastante cuestionable desde el punto de vista del que escribe estas palabras, parece más que evidente que los requisitos exigidos no tienen demasiado sentido. Que se quiera evitar la despoblación de ciertas áreas es muy lógico, pero tratar de expulsar al los jóvenes de las grandes ciudades y dirigirlos a áreas rurales, más pobres y con menos posibilidades de empleo no parece muy inteligente.

Por otra parte, incluso en municipios tan pequeños es complicado encontrar viviendas de cierta calidad que no superen los 100.000 euros. ¿Se les ocurre algún sitio, llámenlo inmobiliaria, en el que encontrar una amplia oferta de casas baratas en pueblos pequeños sin apenas vida y que exista un interés "público" por venderlas a toda costa? Exacto, Sareb.

Flash back a los mejores años de Zapatero

El nuevo Plan de Vivienda no gusta ni a expertos del sector ni a políticos de la oposición. Ambos grupos critican por igual las nuevas ayudas directas al alquiler argumentando que no fomentan el aumento de la oferta de casas para el arrendamiento. También es curioso que el Gobierno del PP apruebe un plan muy parecido al que hace unos años aprobó Zapatero, que tanto criticó en aquel momento y que el tiempo demostró que fue un fiasco para el mercado del alquiler.

Lo que va a pasar en esta ocasión no será muy diferente de lo que pasó entonces: al subvencionar los alquileres, los precios van a subir y esto perjudicará gravemente a las personas que no puedan acceder a la ayuda del gobierno, que son la gran mayoría. Es como si se intentase precarizar el alquiler para que la compra de vivienda se postulase como una opción más inteligente.

Lo que entre unos y otros le están haciendo al mercado de la vivienda en España no tiene nombre. Con la inestabilidad laboral que tenemos, las nuevas generaciones lo van a tener muy complicado para contratar una hipoteca. Y ya no solo se trata de que el banco se la conceda, que igual lo hace, sino de que estos tengan el valor de endeudarse de por vida.

En El Blog Salmón | Nueva ayuda para compra de vivienda, puede ser una mala idea

El pasado mes de julio, TV3 pasó a ocupar la tercera posición en la autonomía catalana con una cuota de share del 10,1%, Telecinco lideró ese mes con una cuota de pantalla del 12%, mientras que Antena 3 se alzaba en segunda posición con un share de 10,7%.

Esta caída es especialmente llamativa en una cadena que ha sido históricamente líder en Cataluña pero ya en el mes de junio perdió esa hegemonía cuando obtuvo una cuota de pantalla del 10,5%, por detrás de Telecinco, con el 13,5%, siendo ésta la cadena más vista en el territorio catalán.

Sin embargo, detrás de las cifras de share de la televisión pública catalana, se esconde un importante gasto a través de subvenciones para sostener un modelo deficitario desde la Generaitat. A día de hoy, TV3 es la televisión autonómica que cuenta con mayor presupuesto entre las diferentes autonomías.

El despilfarro de la televisión autonómica catalana en cifras

En número de canales en la TDT, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) cuenta con hasta cinco canales públicos: TV3 (generalista), 3/24 (información), Super3/33 (infantil/programación alternativa), Esport3 (deportes) y TV3HD (emisión de TV3 en alta definición).

Asimismo, en términos de plantilla, los empleados de la televisión autonómica catalana suman un total de 2.312 trabajadores. En comparativa, el mastodonte televisivo catalán cuenta con un 82% más de plantilla que Mediaset (1.266 empleados) y un 28% más que Atresmedia (1.800 empleados).

Comparándolo con el resto de televisiones autonómicas, TV3 dispone cerca del doble de plantilla que Canal Sur que ostenta 1.257 trabajadores, mientras que Euskal Televisa y Telemadrid cuentan de respectivamente con 975 y 317 trabajadores.

Los medios catalanes percibirán 315,2 millones de euros de acuerdo con los Presupuestos de 2016. Sobre este importe, la CCMA obtiene el 74% de esta partida, es decir, 233,8 millones de euros (la mayor cifra entre los organismos audiovisuales autonómicos), dejando 81,4 millones para el resto de medios tanto de ámbito privado como público.

La subvención de un modelo deficitario

El despilfarro en los medios públicos catalanes desde la Generalitat no es un evento novedoso ya que en la etapa de Artur Mas, que alcanzó las presidencia en el año 2010, se inyectaron un total de 893 millones de euros.

En el año 2011 Artur Mas concedió 322 millones de euros en subvenciones. A pesar de está inyección de capital la Corporación catalana firmó unas pérdidas de 9,2 millones de euros.

En los años sucesivos la Corporación siguió su senda deficitaria... En el año 2012 el déficit fue de 7,4 millones de euros, en 2013 la cifra se extendió hasta 13 millones y en el año 2014 los resultados negativos llegaron hasta los 25 millones de euros.

TV3 como instrumento de apoyo al movimiento secesionista

La televisión pública catalana se ha doblegado al servicio del independentismo, lo cual ha suscitado una infinidad de críticas por diversas asociaciones, entre ellas el Colegio de Periodistas de Cataluña que ha reclamado la necesaria imparcialidad que deben de tener los medios públicos:

El Colegio de Periodistas insiste que hay que continuar vigilantes para evitar resbalones. Recuerda que los medios públicos de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales disponen de un Libro de Estilo donde queda muy claro que no pueden hacer convocatorias encubiertas de manifestaciones. Se tienen que cubrir las manifestaciones y expresiones cívicas “sin tomar partido por cabeza de las personas o entidades que participan” y no pueden colaborar en “la convocatoria de actas que puedan comprometer el principio de imparcialidad”.

Asimismo, el Confidencial destapó en un documento restringido como en la última Diada de Cataluña, TV3 había planificado su emisión bajo las órdenes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC),entidad independentista que promueve la manifestación y que concurrió a las elecciones del autonómicas catalanas junto a Artur Mas.

En ese documento se fijaron las condiciones de retransmisión de TV3 de las cámaras y realizadores de los que disponía la ANC en todo el recorrido de la Avenida Meridiana de Barcelona.

El sesgo que ha tomado TV3 abarca no sólo los actos políticos sino también los eventos deportivos. El último de ellos que ha trascendido, ha sido el resultado de la prueba de ciclismo en los Juegos Olímpicos, en la que a 'Purito' se le incorporó la bandera catalana en lugar de la española.

Las Televisiones públicas en España

A pesar, de las desorbitadas cifras que se manejan en Cataluña, lo cierto es que las televisiones públicas suponen un importante desembolso anualmente para los ciudadanos del país. En base a los presupuestos anuales del año 2015, estos organismos costaron 1.877 millones de euros.

La Corporación de Radio y Televisión Española (CRTVE) sumó el año pasado un presupuesto de 948,70 millones de euros, con una plantilla de 6.354 trabajadores, cuyo coste era de 377 millones de euros.

En el año 2015, los medios autonómicos presupuestaron 928 millones de euros. De éstos, Cataluña destinó el 24,25% (225 millones), Andalucía el 17,40% (161,50 millones), el País Vasco el 13,22% (122,70 millones) y Galicia el 11,50% (106,80 millones).

En términos estatales, la CRTVE cuesta 20,28 euros por ciudadano. El coste por habitante es más dispar entre las autonomías, el organismo audiovisual autonómico más caro en relación a sus habitantes es el del País Vasco con 56,06 euros por habitante. Le siguen el organismo gallego con 38,85 euros por habitante, el aragonés con 34,72 euros y el balear con 31,73 euros.

Cuatro juzgados de Madrid han abierto investigación debido a un supuesto fraude en la obtención de subvenciones por parte de la industria del cine español. Para que una película obtenga subvención debe llegar a un mínimo de espectadores. Y parece ser que los datos de taquilla estaban hinchados para que películas que no cumplían con este requisito lograran cazar el dinero público.

Esto que se ha destapado ahora es un rumor que lleva años circulando y por fin la justicia está investigándolo. El caso más notorio es el de un inspector del Ministerio de Cultura que visionó solo una película y al comprobar los datos enviados por el cine al Ministerio decía que había más de 50 personas en la sala. Una estafa en toda regla.

Las subvenciones y el cine

El problema de las subvenciones al cine no es algo nuevo. Siempre se cuestiona si es necesario subvencionar, en general, un sector. En el caso del cine se supone que tiene algo de sentido por dos motivos: primero, porque es algo cultural y muchas veces para que haya producción cultural es necesario meter dinero público; segundo, porque es un sector que mueve mucho dinero pero nuestro país no acaba de ser un gran productor y hace falta algo de empuje para lograr serlo.

El primer motivo genera dudas, pues no todo el cine es un producto cultural. A mi, por ejemplo, una película de acción de Hollywood no me lo parece (y si extrapolamos a España, un Torrente no creo que merezca recibir dinero público). Pero tampoco una expresión individual de una persona que no dice nada a nadie más que a su autor. Para justificar que estas subvenciones no sean enterrar dinero público en algo que no interesa a nadie se establecen un mínimo de espectadores para recibir la subvención pero como hemos visto quien hizo la ley hizo la trampa.

El segundo motivo por el que hay subvenciones tampoco me parece suficiente. Es cierto que no somos un país puntero pero se ha demostrado que con ciertos proyectos (Amenábar, Almodovar, Segura, Martínez-Lázaro) se logran taquillas muy dignas en nuestro país y fuera de él. Lo que necesitamos es generar buen producto, no muchos y muy malos.

Por tanto no creo que sea necesario seguir subvencionando el cine, y si acaso con muchos más controles, hay que eliminar a los caza subvenciones que viven de esto sin generar ningún valor para los consumidores (cultura) o para el país (industria). Está por ver si las salas han colaborado (con pagos bajo cuerda) o como se excusan cualquiera puede comprar por Internet cientos de entradas y esto es cosa de las productoras.

¿Quién roba a quién?

Lo curioso de este asunto es que la industria española del cine lleva muchos años tachando a muchos de consumidores de ladrones, por las supuestas pérdidas económicas que les ocasiona la piratería. Y sin embargo, si se confirman estas noticias, parece que es realmente la industria del cine la que roba a todos los españoles a través de subvenciones indebidas que salen de los impuestos.

Me resulta muy curioso que se hable tanto de educación y valores desde el mundo del cine cuando ahora parece que son ellos los que tienen que aprender de verdad los valores que pretenden inculcar. Y es que es muy fácil dar lecciones morales cuando son para el resto del mundo. Es mucho más grave robar dinero contante y sonante (subvenciones) que restar potencial de reaudación a un producto (piratería).

Imagen | Juanedc