El Gobierno ha anunciado que va a prohibir los desahucios de las familias vulnerables mientras dure el Estado de Alarma. Esto afecta tanto a hipotecas como alquileres. Entrará en vigor según se apruebe en el Consejo de Ministros del próximo martes.
El problema es muy real. Muchas familias están siendo golpeadas fuerte por la crisis y el Estado debe brindarles una solución. Sin embargo la respuesta que se le ha ocurrido al Gobierno, prohibir los desahucios, al menos en el caso de los alquileres, es un error.
El alquiler en España
El mercado del alquiler en España está liderado por los particulares. Se estima que entre el 75% y el 90% de las viviendas de alquiler son de particulares, mucho de los cuales usan dicho alquiler para complementar la pensión (por ejemplo, personas mayores que viven en una residencia alquilan la que fuera su vivienda habitual para afrontar los costes elevados de la dependencia) o para pagar una hipoteca por un cambio de vivienda (no olvidemos que mucha gente que se ha cambiado de casa en la última década hubiera tenido que vender su anterior vivienda con pérdidas y eso con una hipoteca es insostenible).
No es extraño que el mercado del alquiler en España esté tan fragmentado en pequeños particulares. En nuestro país las autoridades llevan décadas fomentando la compra de vivienda en propiedad y que gran parte del ahorro de las familias este en activos inmobiliarios. En España, hasta hace poco, la única forma de ahorro que se contemplaba era hipotecarse durante muchos años para al final tener una vivienda en propiedad. Y el alquiler es la forma natural de sacarle una rentabilidad.
Los problemas que puede generar esta medida
Desde siempre el gran temor de los pequeños propietarios que ponían su vivienda en alquiler era el impago. El impago hace que un particular tenga que enfrentarse a meses sin cobrar y a unos gastos y esfuerzos extra, el proceso judicial para lograr que la vivienda se quede vacía.
De hecho durante años la forma de rentabilizar estas inversiones inmobiliarias no era alquilar, sino esperar a una subida de precio. Pero la crisis inmobiliaria de 2007 lo cambió todo.
Por un lado las viviendas empezaron a bajar de precio. Por otro, debido a la inestabilidad del mercado laboral y la crisis financiera, impulsaron a mucha gente a alquilar en lugar de comprar. Por tanto había una demanda de alquiler que subió los precios y animó a los propietarios a buscar rentabilidad alquilando las viviendas.
Ahora el Estado, que en su momento animó las inversiones inmobiliarias primero y los alquileres después, indica a los inquilinos que si no pueden pagar que no lo hagan, que no habrá desahucios. Esto es una estocada para el mercado del alquiler ya que muchos propietarios decidirán no alquilar restringiendo más la oferta o impondrán condiciones muy abusivas (avales, fianzas o precios más altos), justo cuando sigue habiendo mucha demanda.
Además el mensaje que se manda a las familias inquilinas afectadas por la crisis es nefasto: no paguéis y enfrentaos a la propiedad. Es una verdadera barbaridad porque al final del camino va a haber desahucio (aunque sea dentro de muchos meses), se está posponiendo el problema y creando situaciones muy incómodas y onerosas a largo plazo.
Las verdaderas soluciones
La verdadera solución a este problema es que el Estado se haga cargo de las familias afectadas. Es cierto que hemos desperdiciado diez años, desde que se vio que la vivienda de alquiler iba a ser muy importante y no se han dedicado recursos públicos suficientes para este cometido (viviendas públicas de alquiler en lugar de las típicas viviendas protegidas para compra). Pero hay soluciones a corto plazo.
Lo primero habría sido crear una renta básica universal en lugar del ingreso mínimo vital. La demora que tiene el IMV en su concesión hace que haya situaciones temporales muy complicadas. Una renta básica universal que se concediera de forma automática y luego se compensara en la declaración de la renta si no correspondía habría evitado muchas situaciones de desahucio.
Visto que no se aprovechó la oportunidad, se pueden crear rentas de emergencia para que las familias puedan pagar alquiler y suministros. Pero tienen que ser rápidas y no llegar una vez los inquilinos y los propietarios están metidos en juicios como propone el Gobierno.
También podría el Estado intervenir en el mercado de las vivienda alquilando para realquilar (logrando mejores precios por la garantía de cobrar rentas por parte del Estado) y además construir vivienda (o comprando directamente ya construidas) para alquilar a familias vulnerables. Esto podría tener efectos a largo plazo, la solución a corto plazo serían exclusivamente las rentas de emergencia. Aunque ir montando ya un parque de viviendas destinadas para alquiler sería una buena opción para dotar a los inquilinos de una solución cuando se produzca el desahucio.
Sin embargo la propuesta del Gobierno (prohibir los desahucios) es el reconocimiento de que las administraciones no han logrado hacer efectivo con políticas públicas el derecho constitucional a una vivienda y obligan a que sean otras familias (las que tienen viviendas en el mercado del alquiler) las que arreglen el fallo del Estado. Un despropósito.