Se cumple el primer año de este Gobierno de coalición que integran PSOE y Unidas Podemos, un año de grandes dificultades de gestión por el azote de una pandemia global que ha hundido la actividad económica mundial.
El reto era importante y debía generar una respuesta política de calado, liderado por un Gobierno que ha sido incapaz de tener Presupuestos este año y ha ido improvisando sobre la marcha. Una falta de prevención que nos ha llevado a situarnos entre los países con la peor relación entre muertes por pandemia y caída de la actividad económica.
Si hablamos de hacer un balance, en el primer año de este Gobierno han llevado a una caída récord del 12,8% del PIB (dato proyectado por el FMI) líder entre los países de la OCDE y un total de fallecidos de 50.837 personas víctimas del coronavirus en 2020.
Esta cifra, aunque oficial, no sería del todo correcta porque tenemos una desviación de poco más 70.000 fallecidos frente a la proyección de fallecidos este año, que se concentran esencialmente en la primera ola de la pandemia, en la que la gestión quedaba en manos del Gobierno central, el Gobierno de Sánchez. No hay país que haya visto un exceso de mortalidad como España.
El Gobierno suspende tanto en resultados económicos como en eficiacia en combatir la pandemia. Eso no significa que se haya quedado de brazos cruzados y no haya tomado medidas en este año.
El Gobierno se ve a sí mismo como el protector de la economía, y argumenta que de las líneas ICO han avalado a 578.000 empresas. Al mismo tiempo, argumenta que se ha enfocado el diseño de planes específicos para el sector turístico, el agrario, la automoción, la hostelería, la cultura, el sector financiero y energético.
Es cierto que se han diseñado planes específicos, la pregunta que deberíamos hacernos si han dado o no resultados. Según los datos, del Ministerio de Trabajo, en diciembre teníamos inscritas en la Seguridad Social, 1.295.656 empresas, lo que ha supuesto frente al diciembre de 2019 perder 44.759 empresas.
Llama la atención que desde el Gobierno se hable de planes específicos destinados a la hostelería ya que, no solo han sido señalados como catalizadores de la expansión del Covid-19 sino que en consecuencia han aplicado una regulación abusiva para impedir los ingresos pero, a su vez, dando una mínima alternativa de ingresos para que no pueda solicitar el cese extraordinario de actividad y por lo tanto, la prestación derivada.
Según Competur, se han cerrado en España 65.000 establecimientos hosteleros, y otros 100.000 están en peligro, con una caída del 50% de la facturación.
También se ha llevado a cabo medidas de flexibilización del pago y exenciones, reducciones y bonificaciones en materia de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Esta medida contrasta con bajadas de impuestos de otros países, pero contaban con una situación presupuestaria más consolidada que la española ya que en 2019 Sánchez quebró la senda de reducción del déficit y ha menguado el margen de actuación.
Los números del mercado laboral son los peores de Europa. El desempleo se ha visto incrementado en un 23%, lo que se traduce en 724.500 personas, hasta alcanzar los 3.888.137 parados.
Si bien el sector empresarial experimentó serias dificultades en 2020 y el desempleo está en auge, el Gobierno se ha vanagloriado del llamado escudo social. Unas medidas orientadas destinadas a ofrecer una renta para las víctimas de la crisis. En este ámbito, se ha impulsado el Ingreso Mínimo vital, la protección frente a los desahucios o frente a los cortes de suministros son otras de las más recientes y la extensión de los ERTES, que dieron protección a 3,4 millones de trabajadores.
No obstante, no es lo mismo reconocer una prestación que pagar una prestación. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), apuntan en su último barómetro que el SEPE tiene más de 200.000 trabajadores sin ingresos, unos 300.000 personas siguen sin cobrar las nóminas procedentes de los ERTE y existen problemas de errores en liquidaciones de 500.000 trabajadores.
El relativo éxito: viene el dinero de Europa pero condicionado
Las principales magnitudes de esta crisis apuntan a España como uno de los más afectados por la crisis, pero vendrán las ayudas de Europa. De hecho, en los Presupuestos de 2021 (los primeros desde que Sánchez llegó a Moncloa) se contabilizan parte de los dineros europeos.
En este caso España aportaría 16.543 millones a la UE y le entrarían 22.318, por lo que el saldo neto le quedaría en positivo, 5.775 millones de euros.
Para ponernos en contexto, el pasado 21 de julio se acaban al alza el acuerdo histórico en el seno del consejo europeo que suponía movilizar 750.000 millones de euros en transferencias y préstamos a la inversión y financiados con deuda comunitaria.
A España le correspondían 140.000 millones de de euros procedentes de europa, pero el éxito de la negociación es que 72.700 serían a fondo perdido con ayudas directas en los próximos años y, por lo tanto, no se imputarían a la deuda de España.
El Gobierno había propuesto en la negociación que el dinero viniera gratis y que se destinará a realizar inversiones Verdes y la Transición Digital del país, pero no... no es una ayuda sin más. Se trata de una ayuda condicionada con reformas encaminadas para favorecer el crecimiento y el empleo que vienen dictadas por las recomendaciones periódicas que establece la Comisión Europea. Y, a medida que se vayan cumpliendo las reformas, se iría entregando el dinero.