Muerte súbita de la economía española

Muerte súbita de la economía española
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La crisis es un hecho. En una situación de normalidad, el PIB español en el primer trimestre del año hubiera crecido unas cuatro décimas frente al último trimestre de 2019. Pero la propagación del COVID-19 por el territorio español, nos llevó al Estado alarma y al confinamiento de la población, ocasionando un fatídico terremoto en la economía española.

Por ello, según en el avance del INE, en el primer trimestre de 2020, la caída económica ha sido del 5,2%, un hecho histórico que no vimos ni en 2009.

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Hay que tener en cuenta que el Estado alarma se declaró el 14 de marzo, por lo que estamos diciendo que todo ese varapalo se lo ha llevado por el arrastre de la segunda quincena de marzo que se imputa el conjunto trimestral.

Si la segunda quincena ha supuesto una pérdida en el global del trimestre de más de 5 puntos en el PIB frente al trimestre anterior, ¿cuánto hemos caído en el mes de abril?

Si comparamos el primer trimestre de 2019 y este trimestre que hemos dejado atrás la caída del PIB ha sido del 4,1%, lo que nos da una visión más en conjunto de la evolución en estos últimos 12 meses. A las malas noticias económicas deberemos sumar: el mes de abril de parón económico y que en la etapa de desconfinamiento el sector del turismo, que representa el 14% del PIB, será el último que pueda incorporarse en plenas facultades.

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Estamos ante una en realidad jamás vista con una pérdida de renta para familias y empresas que se han visto obligadas a quedarse en casa sin poder generar ingresos. Esto tiene un impacto severo en el gasto consumo final de los hogares que se ha valorado en una caída del 7,5% el conjunto del trimestre.

La actividad exterior también ha sufrido un duro revés ya que tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios han caído un 8,4%.

Si analizamos la evolución del PIB por sectores actividad económica, únicamente dos categorías analizadas han aportado un crecimiento positivo del PIB en este trimestre. Por un lado, actividades financieras y de seguros y, por otro lado, Administración Pública, educación y sanidad.

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El resto de las categorías han sufrido un retroceso en la actividad económica durante el trimestre, considerando los más relevantes la caída del 10,9% comercio transportes y hostelería y la caída del 11,2% en actividades artísticas recreativas y otros servicios.

La pésima gestión del Gobierno del PSOE-UP

En este tiempo, es difícil imaginar una acción de gobierno más deplorable que la que hemos visto con en el Gobierno de Sánchez. Si nos ponemos en antecedentes, el Gobierno de Sánchez incrementó el déficit el año pasado, por primera vez desde 2013.

A la postre, tras la formación de Gobierno y sin Presupuestos, impulsó la indexación de las pensiones al IPC, el incremento salarial a los funcionarios y la subida del SMI que ha provocado un incremento de los costes laborales del 5,8% en el primer trimestre del año en una base interanual. Unas medidas que implicaban un aporte de 9.000 millones de gasto público sin tener contrapartida identificada.

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Los precedentes no eran especialmente positivos y, para más inri, ante los primeros casos de COVID-19, no solo no se llevaron a cabo test masivos a la población para la detección de los casos en conjunción con otras medidas de prevención, sino que se promocionó inicialmente acudir a actos multitudinarios.

Con este cóctel tan peligroso, vimos una propagación en el número de contagiados, la saturación de sistema sanitario español, con cifras acumuladas que superan los 200.000 casos y los 20.000 fallecidos. Una ratio de mortalidad del 10% y España se sitúa entre los países que más muertes por COVID-19 está teniendo frente a su población, con 507 muertes por millón de habitantes (el mundo: 28 muertes por millón de habitantes).

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Incluso, para maquillar su gestión desde el propio Gobierno, se ha mentido a la OCDE con el número de test realizados a la población, ya que si la ODCE comparaba los test PCR, el Gobierno español incluyó en el total los test anticuerpos.

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Lo más relevante de las medidas del Gobierno es que en esta etapa de parálisis, las familias y empresas deben soportar la misma carga tributaria aún diferendo el pago de los impuestos. No parece demasiado justo impedir la obtención de renta, pero la losa tributaria se mantenga presente.

A raíz de los datos reflejados que hemos visto, y probablemente los datos que se vean dutante el mes de abril, se puede entender que el gobierno tenga ciertas prisas para impulsar la etapa del desconfinamiento porque la economía está destruida.

Una desescalada que no es fácil de ejecutar ya que por ejemplo se está planteando que para el 11 de mayo, bares y terrazas abran al 30% de su aforo. Es decir, que absorban todos los costes laborales previos, toda la carga tributaria previa, añadan los costes vinculados a la higiene, y que el máximo de ingresos posibles que puedan obtener estén vinculados a un 30% de la capacidad del local... Ante esta realidad, muchos concluirán que la mejor alternativa es permanecer cerrado frente a las mayores pérdidas de abrir.

La deuda para el consumo puede llevarnos a un problema mayor

En este tiempo, si las necesidades de consumo básico siguen existiendo y se está impidiendo a la gente generar renta, esas necesidades de consumo se están financiando o a cargo de ahorros ya obtenidos o a cargo de deuda. De ahí que la situación es verdaderamente complicada si se dilata en el tiempo, el margen de maniobra cada vez se estrecha más.

Según las previsiones del FMI, nos dirigimos a una caída del 8% del PIB y tasas de desempleo superiores al 20% cuando acabemos este año. Muchas familias perderán parte o totalidad de la renta por su actividad laboral y es ahí donde el Estado deberá ofrecer prestaciones para que nadie se quede tirado.

El problema de esas prestaciones es que vienen financiadas por la deuda. Y a pesar de que tenemos el BCE con un programa de 1,1 billón de euros encima de la mesa para pedir títulos de deuda en el mercado secundario y así manipular la curva de rendimientos de los bonos para un menor pago de intereses, no hay garantías de que en una situación de tensión de los inversores, y ante la subasta del Tesoro para emitir deuda, continúen presentándose, generando problemas de liquidez que tendría una consecuencia directa para afrontar los vencimientos de deuda y el pago de las prestaciones.

Independientemente del color político, todos los gobiernos lo han hecho mal en materia de reducción de deuda. Y hoy, toda esta deuda acumulada supone, más que nunca, un riesgo en una etapa tan complicada como las que afrontamos.

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