El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha llevado a cabo un gesto político importante en la cuestión migratoria, al poner a disposición el puerto de Valencia para poner solución al caso "Aquarius", un barco que se encontraba detenido en el Mediterráneo desde el pasado domingo con 629 personas para acogerlos en España.
El tema de la inmigración es especial sensibilidad en toda Europa porque, al fín y al cabo hablamos de vidas humanas que se encuentran huyendo, no por gusto y placer, sino en busca de una vida mejor para ellos mismos y sus hijos, ante una situación de terror en sus respectivos países. La desesperación se puede apreciar en los datos oficiales, 2017 fue un año récord en llegadas de pateras en España: 22.103 personas en 1.280 embarcaciones.
Asimismo, Europa se encuentra frente a frente ante un drama. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) un total de 3.115 inmigrantes fallecieron en las aguas del Mediterráneo durante 2017.
No obstante, muchos se preguntan si se puede aplicar la misma política de acogida a la inmigración independientemente del número de inmigrantes ¿Existen riesgos e incentivos a mencionar?
Abrir las puertas a la inmigración: El efecto negativo
En términos económicos no supone un gran impacto para las Administraciones Públicas españolas la entrada de 629 personas adicionales para que puedan ser reubicadas. El problema reside en aplicar esa misma premisa a un número de inmigrantes los suficientemente grande hasta que no se pueda llevar a cabo un reubicación efectiva y que sea un un escenario que dañe los recursos de las arcas públicas.
En Teoría de Juegos, se explica claramente en la Tragedia de los Comunes: La suma de intereses individuales puede dañar un interés colectivo o compartido. Por ejemplo, diversos ganaderos que tienen un campo comunal limitado en el que pastan sus vacas. Todos los ganaderos tienen incentivos en añadir vacas adicionales repartiendo el coste de menor hierba entre el resto de productores. No obstante, si todos hacen lo mismo, el campo comunal no es suficiente para atender los incentivos individuales.
El problema de la inmigración surge cuando tenemos un Estado del Bienestar grande (bien comunal de recursos limitados) que garantice derechos para los inmigrantes que se integran en la economía desde el punto de llegada. Garantizar derechos suena muy bien, pero implica necesariamente para los contribuyentes una extensión de obligaciones/costes o una menor utilidad de los servicios públicos prestados, como mínimo en el corto plazo, hasta que esa inmigración forme parte activamente de la fuerza laboral.
Si desde un inicio el inmigrante puede disfrutar de todo tipo de servicios públicos sin la contribución previa, en la práctica, esos servicios están siendo financiados por el resto de contribuyentes que, consecuentemente, verán un descenso en la utilidad en cualquiera de los servicios prestados: Mayores listas de espera en sanidad, menor número de plazas en las escuelas públicas, etc.
En el supuesto que no exista a un control de algún tipo de limitación de acceso a estos servicios públicos, se produce el efecto llamada con incrementos de la inmigración. La razón es obvia, frente a su realidad económica, un país -o mejor dicho los contribuyentes de ese país- les ofrecen un incremento de la renta en especie en forma de servicios públicos, lo que es un incentivo claro para iniciar el traslado.
En relación al argumento, "los inmigrantes nos quitan nuestros trabajos", es un argumento falaz si lo generalizamos. No obstante, si somos más precisos, la mano de obra inmigrante tiene un bajo grado de cualificación comparativa frente a la residente, por lo que acceden a los trabajos de menor cualificación. Es en ese punto en el que puede existir algún tipo de conflicto, pues conviven en una mayor competencia por el incremento de la oferta de la mano de obra que puede reducir los salarios en esos empleos.
Seguidamente, pueden darse diferentes escenarios según la capacidad de integración. En el escenario negativo, el choque cultural derivado de la inmigración puede, por un lado, impedir o dificultar que los inmigrantes se incorporen al mercado laboral y por otro lado, puede ser interpretado con hostilidad por los residentes de un país (o una parte de ellos), que pudieran identificar que están siendo invadidos por una manera de entender la vida diferente a la propia, lo que impulsa al surgimiento de partidos de extrema derecha.
Uno de los casos más notorios en la Unión Europea lo vemos en Finlandia, un país cuyo Estado pesa el 57% de la economía y elevados salarios, que se ha visto solapada por una oleada de inmigración en los últimos años y que tiene grandes problemas para su integración. El desempleo de los inmigrantes ha sido durante años entre 2 y 5 veces más alto que el de la población nativa, y les toma mucho más tiempo incorporarse en el mercado laboral.
En Finlandia, los inmigrantes procedentes de fuera de Europa son más propensos a estar fuera del mercado laboral, y ciertos grupos étnicos experimentan una tasa de empleabilidad baja, como los iraquíes y somalíes, cuyo estatus jurídico ha sido principalmente el de refugiados y con una tasa de empleo por debajo del 10%.
Abrir puertas a la inmigración: El efecto positivo
Probablemente, Estados Unidos, es el mayor caso de inmigración masiva para analizar y valorar sus efectos. Hoy en día es la primera potencia económica mundial y su sociedad se ha basado históricamente en pura inmigración. Este país vivió una oleada de inmigración entre los años 1830 y 1940, un período en el que llegaron al país unos 40 millones de personas.
Muchos pensarán que ante una inmigración desbordante, la renta per cápita del país se hundió porque la riqueza del país sería repartida en un número mayor de población. Atendiendo a los números no fue así, en 1830 la renta per cápita ajustada a la inflación era de 2.364 dólares y en el año 1940 la renta se multiplicó por cinco hasta 11.307 dólares. A excepción del crack del 1929, la renta de los estadounidense creció intensamente durante todos esos años de la mano de la inmigración.
La fuerte inmigración no supuso un grave problema para Estados Unidos, una economía caracterizada por una gran libertad económica con un bajo peso del Estado y que acogió una inmigración que venían con una mano delante y otra detrás, sin depender de algún subsidio por parte del gobierno federal.
Si examinamos el siglo XIX y principios del XX, observamos claramente como el peso del Estado era muy reducido en el global de la economía. Durante gran parte de la oleada inmigratoria, el Estado pesaba menos de 5%, salvo periodos puntuales como los escenarios bélicos. En términos de la Tragedia de los Comunes, el bien comunal es tan reducido que los productores asumen prácticamente el coste total de incrementar su producción y no lo externalizan.
Bajo ese contexto, el efecto de la inmigración es claramente positivo y no tiene sentido una preocupación sobre si los inmigrantes se aprovecharán de los servicios públicos financiados por los contribuyentes porque, simplemente, no existen esos servicios o bien el importe es muy el reducido para hacer una valoración crítica.
En ese escenario, los inmigrantes que disfrutaban de cualquier mejora de nivel de vida frente a su país de origen era porque se lo ganaban a través del trabajo y de la aportación a la economía sin depender de un programa de ayudas o redistribuciones de servicios públicos.
La inmigración como solución a largo plazo: La necesidad de combatir el envejecimiento de la población
El envejecimiento de la población es la principal razón de la disminución de la oferta de mano de obra en los países desarrollados. Por ejemplo, se producirá un cambio notable en el estructura de la población cuando la generación de los "baby boom" nacidos después de la Segunda Guerra Mundial comience a retirarse en los próximos años.
La tasa de dependencia es una medida que muestra el número de personas a cargo, de 0 a 14 años de edad y mayores de 65 años, con respecto a la población total de 15 a 64 años. Este indicador permite conocer la cantidad de personas en edad de trabajar en comparación con el número de personas en edad de trabajar. En las economías avanzadas, la tasa de dependencia se incrementará en los próximos años, impactando directamente contra los sistemas de pensiones establecidos.
Canadá es uno de los países más generosas del mundo para los inmigrantes y tiene una de las tasas de admisión per cápita más altas. En promedio, ha ofrecido residencia a unos 200.000 inmigrantes y refugiados al año durante la última década. La política de inmigración en Canadá se estructura en torno a tres categorías principales:
Económico: Esta categoría representa la mayor parte de los inmigrantes cada año. La selección se basa en un sistema de puntos que premia a los solicitantes con niveles más altos de educación, experiencia laboral y habilidades lingüísticas (por ejemplo, inglés y francés). Con el declive del sector manufacturero y el desplazamiento del país hacia una economía más basada en la técnica, esta política hace hincapié en las habilidades flexibles y transferibles por encima de las ocupaciones específicas.
Reunificación familiar: Esta clase de inmigrantes incluye cónyuges e hijos que se reúnen con familiares que ya viven en Canadá. Este es el segundo grupo más grande de inmigrantes admitidos anualmente. Canadá reconocerá a las parejas del mismo sexo en esta categoría incluso si no están legalmente casadas debido a restricciones en su país de origen.
Refugiados: Este es el grupo más pequeño de inmigrantes admitidos en Canadá cada año. Incluye tanto programas de reasentamiento humanitario como solicitudes de protección de asilo.
Con la situación demográfica actual, muchos países dependerán cada vez más de los inmigrantes como fuente de ingresos y de desarrollo. Sin embargo, los debates se centran principalmente en la necesidad de trabajadores cualificados, pues el resto de actividades de menor valor añadido, probablemente podrán llevarse a cabo gracias al avance de la robótica.