El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha revocado un subsidio abonado durante casi tres meses tras detectar que la beneficiaria superaba holgadamente el límite de rentas. La afectada apeló a un error de la Administración para evitar el reintegro, pero los tribunales de Bilbao han avalado la reclamación institucional.

¿Qué ha pasado? La historia, que nos ayuda a comprender mejor los filtros de las ayudas estatales, arranca a principios de 2025 cuando una mujer residente en Euskadi solicita un subsidio de desempleo destinado a víctimas de violencia de género. El SEPE le dio luz verde, pero al revisar el expediente comprobaron que la demandante ingresaba 800 euros mensuales de rentas inmobiliarias y otros 1.834,25 euros de capital mobiliario. Este tipo de rentas computan a la hora de determinar si se cumple el requisito de carencia de rentas, tal y como explica el SEPE.

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El problema: la cuenta bancaria. El organismo declaró indebida la cantidad de 1.615 euros y exigió su devolución. La beneficiaria acudió a los tribunales alegando que ella había actuado en todo momento de buena fe, que aportó la documentación pertinente y que el fallo era exclusivamente de la Administración. Para defender su postura, su equipo legal decidió echar mano de la conocida doctrina Cakarevic.

¿Y eso qué es? Es una jurisprudencia que emana de una histórica sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y que obliga a valorar si el reintegro de una prestación abonada por error supone una carga excesiva o desproporcionada para el ciudadano. La sentencia Čakarević contra Croacia, dictada en 2018, analizó precisamente el reintegro de unas prestaciones por desempleo abonadas por error de la Administración. Hace solo unos meses os hablamos de ella en El Blog Salmón a cuenta de otra trabajadora a la que el Supremo eximió de devolver 18.408 euros.

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Un matiz millonario. Pero la doctrina europea tiene una letra pequeña que la demandante vasca pareció olvidar. Para que el reintegro pueda considerarse desproporcionado, devolver el dinero debe suponer una “carga excesiva” para el ciudadano. Y es justo ahí donde el tribunal zanja el pleito: los magistrados recalcan que la mujer acumula ni más ni menos que 600.000 euros en el banco. Reclamar 1.615 euros a un patrimonio semejante no supone, según el tribunal, desproporcionado.

Vía | Telecinco

Imagen | Jakub Zerdzicki (vía Pexels)

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La noticia Ganaba más de 2.600 euros al mes y tenía 600.000 euros en el banco: un tribunal la ha obligado a devolver 1.615 euros del subsidio por desempleo fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

La reforma laboral aprobada el 3 de febrero de 2022 marcó, en gran parte, la modificación en la contratación de personal que, hasta ese momento, era habitual en España.

Entre sus puntos más importantes, destacaron restringir los contratos temporales y eliminar modalidades como el contrato por obra y servicio. Ahora, tras más de cuatro años y medio en vigor, sus consecuencias en forma de números salen a la luz. Una de ellas: el fuerte incremento de las bajas de trabajadores indefinidos durante el período de prueba.

Desde 2022 y hasta agosto de 2026, 3,18 millones de trabajadores con contrato indefinido causaron baja por no superar el período de prueba, según los datos de afiliación de la Seguridad Social. O lo que es lo mismo, una media cercana a 2.000 bajas diarias.

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De hecho, solo durante 2025 se contabilizaron 723.763 bajas por este motivo, prácticamente diez veces más que en 2021.

Y es que, durante esta fase inicial la empresa puede extinguir la relación laboral sin abonar la indemnización asociada a un despido y, con carácter general, sin necesidad de acreditar una causa equivalente a la exigida para un despido disciplinario u objetivo.

De los contratos temporales al período de prueba

Para los más críticos, la reforma laboral lo que ha producido es limitar las posibilidades de contratación temporal. La desaparición del contrato por obra y servicio y el impulso de modalidades como el fijo discontinuo han elevado el peso de los contratos indefinidos.

El período de prueba permite precisamente que empresa y trabajador comprueben durante las primeras semanas o meses si la relación funciona. Durante ese intervalo cualquiera de las partes puede ponerle fin sin seguir las reglas ordinarias de un despido.

El problema se da, claro está, cuando esta herramienta se utiliza como sustituto de contratos temporales que ya no pueden formalizarse como antes.

Casi 724.000 bajas en un solo año

Los números hablan por sí solos. Las 723.763 bajas registradas en 2025 por no superar el período de prueba suponen un máximo y multiplican aproximadamente por diez el dato de 2021. Y, cómo hemos comentado anteriormente, el acumulado desde la entrada en vigor de la reforma hasta agosto de 2026 alcanza ya los 3,18 millones.

Ojo, no significa necesariamente que esos 3,18 millones sean despidos fraudulentos. El período de prueba es una figura legal y puede terminar legítimamente cuando una empresa considera que el trabajador no se adapta al puesto. Lo que llama la atención es el extraordinario crecimiento de su utilización en apenas cuatro años.

Las empresas tendrán que concretar qué evalúan

El Gobierno ha intentado estrechar el margen para utilizar períodos de prueba excesivamente ambiguos. El nuevo marco normativo refuerza la información que las empresas deben facilitar sobre las condiciones esenciales del empleo.

El período de prueba deberá aparecer expresamente por escrito, indicando su duración. Además, cobra importancia la identificación de las funciones, obligaciones y características concretas del puesto, de forma que el empleado conozca qué trabajo realizará y bajo qué condiciones.

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La norma no elimina los períodos de prueba ni establece automáticamente una indemnización cuando la empresa decide terminar la relación durante ellos. Tampoco convierte cualquier baja en un despido causal. El objetivo es es aumentar la transparencia y dejar mejor documentadas las condiciones de la relación laboral.

Salario, jornada y vacaciones tendrán que detallarse

Los nuevos modelos contractuales exigen, además, una descripción más precisa del empleo y reducen el espacio para expresiones más ambiguas y genéricas.

En materia salarial deberán diferenciarse salario base y complementos, además de especificarse aspectos como la periodicidad del pago y los criterios aplicables a las cantidades variables.

La jornada tendrán que quedar identificadas su duración y distribución, la existencia de turnos o trabajo nocturno y las reglas aplicables a las modificaciones horarias. Si existe distribución irregular, deberán explicarse tanto su funcionamiento como los correspondientes plazos de preaviso.

Las vacaciones deberán incluir su duración y el procedimiento utilizado para determinar cuándo pueden disfrutarse. Para los fijos discontinuos, además, se incorporarán los períodos estimados de actividad e inactividad, posteriormente concretados mediante los correspondientes llamamientos.

Los algoritmos también entran en el contrato

Una de las novedades más llamativas afecta a la gestión automatizada de trabajadores. Cuando una compañía utilice algoritmos o sistemas automatizados capaces de influir en determinadas condiciones laborales, deberá informar de su existencia.

Esto puede afectar a decisiones relacionadas con horarios, reparto de tareas, retribuciones, promociones, lugar de trabajo o extinción de la relación laboral.

La documentación también contempla el procedimiento para finalizar el contrato, los plazos de preaviso y el convenio colectivo aplicable, además de información sobre planes de igualdad, conciliación y protocolos contra el acoso cuando correspondan.

Para los empleados desplazados al extranjero se añaden datos como país de destino, duración prevista, moneda utilizada para pagar el salario, dietas, gastos de viaje y posibles condiciones de repatriación.

La información podrá facilitarse tanto en papel como electrónicamente, pero deberá poder conservarse e imprimirse. Y los trabajadores que ya tengan un contrato vigente podrán solicitar por escrito la información que les falte, disponiendo la empresa de 30 días para facilitársela.

Imágenes | Vitaly Gariev, El Mundo

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La noticia Los despidos sin indemnizar ni justificar se disparan tras la reforma laboral de Yolanda Díaz: ya suman casi 3,2 millones fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia de la Generalitat Valenciana ha extinguido el derecho de Josefa Soria a percibir su pensión no contributiva y le reclama hoara la devolución en bloque de 26.942 euros correspondientes a los abonos de los últimos cuatro años. El motivo alegado por la Administración, que aplica la normativa estatal sobre estas prestaciones, es que la pensionista superó los límites de recursos económicos establecidos por la ley. Esto es, para el sistema, Josefa dejó de cumplir los requisitos económicos necesarios para mantener la prestación.

El desencadenante de este tema no ha sido un esquema de fraude, sino una estricta operación de supervivencia. Tras sufrir graves secuelas en el accidente de la mascletà del año 2000, lo que le generó un 65% de discapacidad reconocido,, Josefa vivía con una prestación que en mayo de 2026 rondaba apenas los 628,80 euros mensuales. “Hace unos años vendí la casa del pueblo, lo hice porque no podía sobrevivir con una pensión de 500 euros”, reconoce la propia afectada. Ese movimiento afloró un incremento patrimonial superior a los 22.000 euros y rendimientos inmobiliarios. De esta forma, el cruce de datos detectó el ingreso, dejó sin efecto la prestación y activó la reclamación de los pagos recibidos en los ejercicios revisados.

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La maquinaria burocrática de la Conselleria se activó de forma implacable a raíz de una gestión puramente rutinaria. “En un principio yo lo que solicito es un cambio del número de cuenta bancaria”, explica Esther, hija de la pensionista y encargada de recorrer las distintas Administraciones. Durante ese proceso, el sistema llegó a exigir un acuerdo de divorcio de hace 34 años, paralizando el pago durante tres meses ante la demora en encontrarlo. La familia también relata las dificultades que encontró para aportar toda la documentación requerida. Hoy, el único ingreso de Josefa es una ayuda a la dependencia de poco más de 700 euros que va íntegra a abonar la residencia, por lo que el requerimiento de la Seguridad Social las ha dejado en un callejón sin salida. “¿De dónde va a sacar mi madre 27.000 euros? ¿Qué quieren, embargarle el piso en el que vive? Parece que esa es la intención”, advierte Esther frente a una exigencia que consideran económicamente inviable.

Esta situación pone sobre la mesa el impacto que puede tener la liquidación de patrimonio sobre las prestaciones no contributivas. La normativa permite computar determinadas rentas y ganancias patrimoniales a la hora de determinar el derecho a estas prestaciones. Algo similar ocurre con otras ayudas asistenciales: la Seguridad Social retira habitualmente el Ingreso Mínimo Vital por heredar pequeñas cuantías, obligando a devolver miles de euros de golpe cuando el beneficiario deja de cumplir los requisitos económicos. En otras palabras, un ingreso patrimonial puntual puede acabar teniendo consecuencias importantes sobre una prestación asistencial.

Tratando de entender la noticia

Hay dos factores que ayudan a explicar esta situación. El primero es el propio límite de rentas, fijado en 2026 en 8.803,20 euros anuales para un beneficiario individual. Superar los límites establecidos puede afectar al derecho a la prestación o a su cuantía, en función de las circunstancias del beneficiario. El segundo es el desfase que puede producirse entre la obtención de determinados ingresos y su comprobación administrativa. Tal como ya ocurrió con el SEPE, que llegó a exigir a una desempleada la devolución de 18.408 euros por un subsidio para mayores de 52 años aprobado por error, el sistema público puede reclamar cantidades abonadas anteriormente cuando posteriormente se determina que no se cumplían los requisitos para percibirlas.

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Para una mujer octogenaria sin capacidad de generar nuevas rentas del trabajo y dependiente de cuidados constantes, afrontar una devolución de casi 27.000 euros supone una carga económica difícil de asumir. La legislación contempla mecanismos para reclamar prestaciones percibidas indebidamente y, en determinadas circunstancias, procedimientos de apremio y embargo para recuperar las deudas. Pero eso no significa que el embargo de la vivienda habitual sea automático ni que vaya a producirse necesariamente en el caso de Josefa. El desenlace dependerá de la situación concreta de la deuda y de las actuaciones administrativas y, en su caso, judiciales que se adopten.

Imagen de archivo | Diogo Miranda (vía Pexels). Dos mujeres mayores

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El error más frecuente al hacer un testamento es ir a la notaría y rellenar una plantilla estándar. Cumplir con este trámite burocrático no es suficiente para garantizar un reparto pacífico del patrimonio tras el fallecimiento, sobre todo cuando no se tienen en cuenta las circunstancias concretas de cada familia y el patrimonio que se quiere repartir. Es por ello que especialistas en derecho civil y sucesorio como el abogado Abel Marín advierten de que apostar por modelos prefabricados puede generar conflictos y problemas en el reparto de la herencia. La composición de los bienes y las relaciones familiares exigen en muchos casos disposiciones específicas para evitar interpretaciones posteriores.

"La ley establece que si el heredero no paga el impuesto, lo hará la entidad financiera", explica Marín en declaraciones recogidas por Okdiario, quien insiste en que la composición de los bienes y las conflictivas relaciones familiares exigen siempre disposiciones específicas. En lugar de establecer únicamente porcentajes abstractos sobre la masa hereditaria (es decir, el conjunto de bienes, derechos y deudas que deja el difunto), el testamento puede concretar quién recibirá una vivienda determinada o una cantidad de dinero, según destaca este abogado.

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Más cosas a tener en cuenta

Lo cierto es que los problemas derivados de una planificación testamentaria deficiente pueden ir más allá de la mera tributación. "El testamento no será válido en caso de que una persona desconociera que tenía varios herederos y, por tanto, se regirá lo dispuesto como si no lo hubiera otorgado”, advierte la abogada Blanca Palmero sobre la preterición [la omisión no intencionada de un heredero forzoso], según recoge un análisis de El Blog Salmón. Es decir, en determinados supuestos de preterición no intencional pueden verse afectadas las disposiciones testamentarias, aunque las consecuencias dependen de las circunstancias concretas del caso.

Además, el uso de fórmulas notariales cerradas puede ignorar realidades cotidianas como el disfrute de los inmuebles por parte de uno de los hijos, una situación que puede generar conflictos entre los herederos. "Si un hijo vivió en una casa de sus padres, los hermanos pueden pensar que fue un adelanto de la herencia, pero en principio no es así", señala la abogada Laura Lobo, como recoge un reciente artículo de El Blog Salmón. La legislación civil común reserva de forma obligatoria dos tercios del patrimonio para los herederos forzosos (la legítima estricta y el tercio de mejora), dejando únicamente el tercio de libre disposición para las decisiones más personalizadas del testador.

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Visto de otra manera, heredar una casa o un fondo de inversión no genera por sí mismo una ganancia patrimonial en el IRPF por el hecho de recibirlos, puesto que las adquisiciones por causa de muerte están sujetas al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. No obstante, una posterior venta de esos bienes sí puede tener consecuencias fiscales en el IRPF del heredero. Las renuncias a las herencias, que ya superan los 54.000 casos anuales según los datos del Consejo General del Notariado, muestran la importancia de planificar correctamente la sucesión, especialmente cuando existen bienes y deudas que pueden complicar el reparto del patrimonio.

Imagen | Kindel Media (vía Pexels)

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Domingo por la tarde. Las redes se llenan de vídeos de la Puerta del Sol colapsada por las acampadas contra el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años expulsada de su casa en el madrileño barrio del Retiro tras 70 años de alquiler. La indignación salta de las calles a las pantallas y llega al directo de Ibai Llanos, que decide pausar el ocio para hablar de una crisis habitacional que lleva años enquistada en España. El caso de Maricarmen había provocado además una importante movilización social y nuevas medidas relacionadas con la vivienda. Y no se ha mordido la lengua.

El vasco ha aprovechado el mediático caso de la anciana como detonante para apuntar hacia una crisis estructural mucho más profunda. "Es una señora de 87 años que sale en silla de ruedas... te impacta", arranca el creador de contenido, antes de ampliar el foco hacia su propia generación. "Pero es que, al final, el problema no es solo ese", desliza. El drama, advierte, es el abismo entre el esfuerzo académico de los jóvenes y la dificultad para acceder a una vivienda. Para ilustrarlo, el streamer recuerda a sus antiguos compañeros de la LVP (Liga de Videojuegos Profesional). "Tienen 30 años, han estudiado, tienen una carrera terminada, un máster, trabajan y es imposible tener una casa para ellos", recalca. La estampa que pinta es desoladora: profesionales en la treintena compartiendo piso en Madrid con "dos italianos que no conoce de nada" porque el sueldo apenas da para alquilar una habitación en la capital española.

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Cada vez nos emancipamos más tarde

Una cifra: 30,2. Esa es la edad media estimada de emancipación de los jóvenes en España, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, muy por encima de la media europea. El dato refleja una realidad en la que el 85,5% de los jóvenes de entre 16 y 29 años sigue sin haberse emancipado. "Coño, ¿cómo vas a tener hijos? Si tienes 32 años [...] y los precios de los alquileres y de las casas son una puta vergüenza", abunda visiblemente cabreado ante su audiencia. El propio informe sitúa la tasa de emancipación juvenil en apenas el 14,5% y la edad estimada para independizarse en 30,2 años, tal y como hemos expuesto.

Pero... ¿Por qué es tan inalcanzable? La clave está en un mercado de rentas completamente asfixiante. En marzo de 2026, el precio del alquiler en la Comunidad de Madrid continuaba registrando fuertes incrementos, mientras que en la capital alcanzaba los 23,2 euros por metro cuadrado, según los datos de Idealista. El histórico de precios de la plataforma muestra además cómo el alquiler en la ciudad más poblada del país siguió aumentando durante los meses posteriores.

Ibai, contra los especuladores. El propio Ibai, consciente de su estatus de persona millonaria, ha querido también marcar distancias con quienes ven el ladrillo como una simple mina de oro. "A ver, aunque no vayas a manifestarte, puedes estar a favor de que el precio de la vivienda en España es una vergüenza. Yo no invierto en vivienda. Yo invierto en ser muy bueno en mi trabajo y ganar dinero de otra manera".

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Charo Gandia, arquitecta: "Repensar el espacio de tu casa evita que pagues hasta 80.000 euros de más en la reforma"

Para ese antiguo compañero suyo mileurista, dar el salto a la compra supone afrontar una importante barrera de ahorro: los bancos suelen financiar alrededor del 80% del valor de la vivienda, por lo que el comprador debe aportar el resto, además de los impuestos y otros gastos asociados a la operación. El Banco de España recoge además los diferentes gastos vinculados a la formalización de una hipoteca y a la compraventa. "Es que un sueño para una persona, coño, un sueño es tener un Ferrari, tener un Lamborghini, ser CEO de una empresa... eso es un sueño", reflexiona el streamer cerrando su alocución. Para muchas personas, acceder a una vivienda se ha convertido también en una aspiración cada vez más difícil de alcanzar. El propio Ibai resumió esa percepción durante su directo al afirmar que “el sueño para mucha gente es poder comprarse una casa”, una declaración recogida por Telecinco. Ahora mismo, "el sueño para mucha gente es poder comprarse una casa", concluye Llanos en Twitch.

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Stephanie Mullaley, una profesora sustituta de instituto en Iowa, Estados Unidos, cruzó hace unas semanas una línea roja que le ha costado su puesto de trabajo y su acceso a las prestaciones por desempleo. La docente fue apartada de su cargo tras confirmarse que ofreció subir la nota y otorgar puntos extra a aquellos alumnos que donaran dinero a su campaña personal en la plataforma GoFundMe.

El objetivo de la recaudación era obtener 1.800 dólares para sufragar los gastos de transporte y hospedaje de un viaje a Ecuador, donde tenía previsto colaborar como intérprete de un equipo de misión médica. Apenas logró reunir 140 dólares antes de ser paralizada por las quejas de los padres y desencadenar el despido, y provocar también una sanción por la vía administrativa tal y como leemos en medios locales, que exlica cómo un juez ha denegado a Mullaley el acceso a los beneficios por desempleo, argumentando en su fallo que su comportamiento constituía un desprecio deliberado o temerario hacia los intereses del distrito escolar que la contrató. La resolución considera que la conducta de la profesora constituía una falta suficientemente grave como para impedirle acceder a estas prestaciones.

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Está confirmado, los trabajadores que superan un año en la empresa pueden cobrar más por su despido

El tema nos lleva a la pregunta de qué pasaría si algo así sucediera en España. Pues bien, en la legislación del país, una conducta que supusiera un abuso de confianza o una vulneración de las obligaciones derivadas de la relación laboral podría llegar a encajar en la transgresión de la buena fe contractual, una falta de cierta gravedad contemplada en el artículo 54.2.d del Estatuto de los Trabajadores. En cualquier caso, la calificación dependería de las circunstancias concretas y del contexto del caso. Así mismo, es un hecho que los trabajadores pueden tener derecho a una indemnización por despido, que alcanza los 33 días por año trabajado si se declara improcedente, o 20 días por año cuando concurren determinadas causas objetivas. En cambio, un despido disciplinario procedente no genera derecho a indemnización, aunque el trabajador sí conserva el derecho a percibir las cantidades pendientes que correspondan en el finiquito.

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Un juego de mesa tradicional rompe el récord de recaudación de crowdfunding en España: 680.000 euros

Lo que está claro es que, y más ahora en la era de la inteligencia artificial, choque entre lo digital y las obligaciones contractuales exige delimitar los espacios de influencia dentro del entorno laboral. Mientras que el crowdfunding ha sido una fórmula de financiación de empresas y proyectos utilizada en España, su utilización para solicitar dinero a personas sobre las que se ejerce una posición de autoridad puede generar conflictos éticos y profesionales. En el caso de Iowa, precisamente la posición de Mullaley como profesora y la relación entre las donaciones y la obtención de puntos extra fueron elementos relevantes en la decisión administrativa.

Imagen | Eduard Perez (vía Pexels)

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Se acabó lo bueno para una pensionista de 77 años, que tendrá que reintegrar 32.857,20 euros después de que la Justicia haya confirmado la retirada de la pensión no contributiva que percibía en España.

La mujer permaneció durante largos periodos en Marruecos y superó de forma reiterada el tiempo máximo de ausencia compatible con el requisito de residencia.

Ojo, porque la afectada cobraba esta prestación desde diciembre de 2013 y recibía alrededor de 604 euros mensuales.

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A esos ingresos se añadía una pequeña pensión procedente de Marruecos, de 96,68 euros. El caso terminó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ), que ha respaldado la decisión administrativa de extinguir la prestación.

680 días en Marruecos repartidos en cuatro años

Uno de los elementos fundamentales del procedimiento ha sido el tiempo que la pensionista permaneció fuera de España. Entre 2018 y 2021 acumuló nada menos que 680 días en Marruecos.

Las ausencias se produjeron durante todos los ejercicios analizados. En 2018 pasó 135 días fuera de España y en 2019 fueron 136. La cifra aumentó considerablemente durante 2020, cuando permaneció 260 días en Marruecos. Finalmente, en 2021 acumuló otros 149 días.

El problema radica en las condiciones específicas de las pensiones no contributivas. A diferencia de lo que podría pensarse, cobrar esta prestación no impide viajar al extranjero. Sin embargo, para conservarla es necesario seguir cumpliendo el requisito de residencia.

La normativa considera que existe continuidad de residencia cuando las ausencias no superan los 90 días durante cada año natural. También pueden contemplarse determinadas situaciones relacionadas con enfermedades debidamente justificadas.

En este caso, la pensionista rebasó los 90 días en cada uno de los cuatro años examinados.

La pensionista alegó el cierre de fronteras por la pandemia

El ejercicio más excepcional fue 2020. Los 260 días que pasó en Marruecos coincidieron con las restricciones internacionales provocadas por la pandemia.

La mujer argumentó que el cierre de fronteras le había impedido regresar a España. Sin embargo, este razonamiento no ha sido suficiente para mantener su derecho a la prestación.

El tribunal tuvo en consideración que durante aquel periodo existieron posibilidades de entrada para personas que regresaban a su residencia habitual en España, además de excepciones vinculadas a situaciones de necesidad o fuerza mayor.

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A ello se añade otro elemento: las ausencias prolongadas no comenzaron con la pandemia. La mujer ya había superado el límite de 90 días en 2018 y 2019 y volvió a hacerlo durante 2021.

Los ingresos familiares también excedieron el límite

El tiempo pasado en Marruecos no fue el único factor desfavorable para la pensionista. El expediente también analizó la situación económica de su unidad de convivencia.

Durante 2021, los ingresos computados alcanzaron los 73.291,08 euros. Entre ellos figuraba la pensión de incapacidad percibida por una hija que convivía con la mujer.

Y es que, el límite establecido para su situación se encontraba en 33.835,20 euros, de manera que los recursos familiares contabilizados superaban en más del doble ese umbral.

Este aspecto resulta especialmente relevante porque una pensión no contributiva está destinada a personas que carecen de recursos económicos suficientes. Cuando existe convivencia con determinados familiares, no siempre se examinan únicamente los ingresos individuales del beneficiario.

Además, quienes reciben estas prestaciones deben comunicar los cambios que puedan afectar a su mantenimiento, entre ellos modificaciones de residencia, convivencia o situación económica.

Tendrá que devolver 32.857,20 euros

Tras analizar las circunstancias, el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Cataluña decidió extinguir la pensión con efectos retroactivos y reclamar las cantidades consideradas indebidamente percibidas.

El importe exigido asciende finalmente a 32.857,20 euros. La pensionista recurrió la decisión, pero el TSJ de Cataluña ha confirmado la retirada de la prestación.

El caso resulta especialmente significativo porque viajar fuera de España no supone automáticamente perder una pensión. La clave está en distinguir entre las distintas modalidades existentes. Y, al parecer, la mujer o no lo sabia o las ignoró por completo.

Imágenes | Tatiana Zanón, Sergey Pesterev

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Charo Gandia, experta en viviendas tradicionales, detalló hace unos días en una interesante entrevista con La Vanguardia cómo exprimir al máximo los metros disponibles antes de lanzarse a la costosa aventura de encargar una ampliación. Un simple cambio de distribución y la integración de patios o pasillos pueden ahorrar una factura de varios miles de euros que muchos hogares simplemente no pueden asumir.

Os ponemos un caso común que seguro que conocéis más de uno: se hereda una vivienda de pueblo y esta cuenta con pasillos interminables, habitaciones minúsculas y plantas vacías. ¿Qué hacemos? ¿Nos mudamos? ¿Nos pillamos el solar de al lado para ampliar? "Antes de pensar en construir más, hay que olvidarse por un momento de la distribución existente y mirar la casa desde cero", explica Charo Gandia, arquitecta especializada en rehabilitación, al citado medio español. Su receta pasa por estudiar detalladamente dónde entra la luz y qué papel juegan los espacios infrautilizados antes de firmar ningún cheque a la constructora.

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El Gobierno cambia las normas: hasta 3.000 euros para los propietarios que mejoren la eficiencia de su vivienda

Metros fantasma. El recorte más jugoso no está en buscar el azulejo más barato del catálogo. Reordenar los recorridos y otorgar una doble función a las estancias permite esquivar la temida ampliación estructural. En concreto, añadir apenas 40 metros cuadrados para sacar un dormitorio extra obliga a levantar cimentaciones, cerramientos y cubiertas. "Si trabajamos con costes que actualmente pueden rondar los 1.800 o 2.000 euros por metro cuadrado, esos 40 metros cuadrados pueden acabar suponiendo aproximadamente entre 72.000 y 80.000 euros adicionales de obra", sentencia Gandia.

Los distribuidores sobredimensionados (el hall, en la jerga) y los interiores que acaban operando como trasteros pueden el principal quebradero de cabeza de una casa. A veces, basta con adecuar un patio para cambiar por completo cómo ves el lugar. "Una buena distribución no hace que la casa tenga más metros, pero sí consigue que prácticamente todos trabajen a favor de quien vive allí", destaca la experta.

Jarro de agua fría

Y es que meterse en obras de nueva planta en 2026 no es para todo el mundo. Construir cada metro cuadrado en España ha alcanzado los 1.470 euros de coste medio, de acuerdo con los últimos datos de la industria promotora. Si a eso se le suman honorarios técnicos, impuestos y calidades medias, el precio final vuela. Por su parte, la asfixia general del mercado actúa como presión añadida: tal y como recoge El Blog Salmón en sus últimas previsiones inmobiliarias, alquilar será un 10% más caro este año y comprar subirá otro 7%. Ante este escenario asfixiante, rehabilitar con inteligencia lo que ya se posee puede ser una alternativa para el ahorrador medio.

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Es oficial: nuevas ayudas del Gobierno de hasta 18.000 euros por vivienda para reformar el interior de los pisos que estén en una comunidad de vecinos

La buena noticia es que la Administración movió ficha para intentar suavizar el coste de las rehabilitaciones. Enmarcado en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el Gobierno contempla ayudas para determinadas actuaciones de rehabilitación de viviendas, con cuantías que pueden alcanzar los 18.000 euros por vivienda en algunos supuestos vinculados a la accesibilidad y al grado de discapacidad. Las ayudas dependen del tipo de actuación y de los requisitos establecidos por el programa, por lo que no existe una subvención general de esa cantidad para cualquier reforma interior.

Imagen | Tima Miroshnichenko (vía Pexels)

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No todos los testamentos se limitan a repartir bienes. También pueden incorporar mecanismos pensados para evitar que las disputas familiares terminen en los tribunales. Uno de ellos es la cláusula de penalización, una fórmula que, según explica el abogado David Jiménez (vía Lecturas), permite establecer consecuencias sobre la herencia para quienes decidan impugnar las últimas voluntades.

El mecanismo no consiste en prohibir por completo el derecho a la tutela judicial efectiva, algo que no sería válido,, sino en establecer una consecuencia patrimonial. Según Jiménez, el objetivo de esta disposición es que cualquier fricción se resuelva por la vía extrajudicial o a través de un contador-partidor. "Es legal incorporar en los testamentos una cláusula que prohíba la intervención judicial de la herencia" para evitar que el proceso se enquiste, sostiene el experto. La mecánica, de hecho, es clara: si un heredero decide llevar el reparto ante un juez en contra del deseo del fallecido, puede quedar limitado a recibir su legítima estricta. "Es decir, que no se deshereda a nadie ni se hace una desheredación parcial, es sólo que, si lo impugnas, recibes lo mínimo que dice la Ley", recuerda el abogado, asegurando que el excedente puede incrementar la porción de aquellos herederos que sí han respetado las condiciones establecidas.

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¿Qué es la legítima estricta en una herencia?

Lo cierto es que la jurisprudencia española ha reconocido la validez de esta figura jurídica. Según el Tribunal Supremo, la cautela Socini permite establecer un derecho de opción para el legitimario: puede aceptar el reparto más favorable previsto por el testador y las condiciones asociadas a él o puede acudir a los tribunales, asumiendo que su derecho quedará limitado a la legítima estricta. En este sentido, el Supremo ha considerado que la cláusula puede ser válida siempre que respete el contenido de la legítima y no impida materialmente al heredero acudir a los tribunales.

Pero puede tener consecuencias

Ahora bien, blindar un documento notarial exige una precisión milimétrica, toda vez que un error de base puede desactivar hasta la cláusula más férrea. Dejar fuera a un heredero forzoso por ignorancia u olvido, una figura que el Código Civil denomina preterición, puede tener consecuencias sobre las disposiciones testamentarias. Como han señalado distintos expertos patrimoniales, la preterición de determinados herederos forzosos puede afectar a la validez y al alcance de las disposiciones realizadas en el testamento. En estos supuestos de omisión, la cautela Socini tampoco puede servir para desconocer los derechos que la ley reconoce a los herederos forzosos. Por eso, el asesoramiento resulta vital para evitar que el testador construya una falsa sensación de seguridad que acabe dejando a sus herederos al pie de los caballos.

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España vive por encima de sus posibilidades: el ahorro de las familias se hunde, gastan 247.410 millones y solo ahorran algo más de 50.000

Las últimas voluntades son un territorio donde los silencios y los rencores enquistados acaban aflorando tarde o temprano. La ley ofrece herramientas para evitar que la transmisión de la riqueza se convierta en una guerra civil de desgaste, pero exige que las disposiciones respeten los límites establecidos por la legislación sucesoria. Los tribunales, en cualquier caso, siguen siendo una vía disponible cuando existe un conflicto sobre el reparto de la herencia.

Imagen | David Jiménez - Abogado Experto en Herencias (YouTube)

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La noticia David Jiménez, abogado experto en herencias: "Es legal incorporar en los testamentos una cláusula que prohíba la intervención judicial de la herencia" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

El sector de la construcción en España cerró 2025 con 166.833 mujeres afiliadas, un 11,5% del total, marcando su sexto año consecutivo al alza. Entre ellas podemos destacar a Margarita Vidrialesa, que con siete años de experiencia a pie de obra y unos ingresos de 33.000 euros anuales, cuenta en El Español, ilustra cómo la escasez de relevo generacional está abriendo nuevas oportunidades profesionales en el ladrillo.

Y no hablamos solo de dinero, sino de cómo adaptar las tareas a las características ergonómicas sin que la prevención de riesgos se convierta en una barrera. Y es que con más del 55% de los trabajadores de la construcción superando los 45 años, la industria necesita renovar su mano de obra. Sin embargo, la mecanización y el uso de medios mecánicos en las obras siguen siendo fundamentales para reducir el esfuerzo físico y los riesgos asociados a la manipulación de cargas. En España se exige a las empresas proporcionar los medios adecuados y organizar el trabajo para evitar o reducir la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos. Margarita resume este conflicto con estas palabras en una entrevista con el periódico antes mencionado:

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Nerea, albañila de 27 años: "Estudié Medicina pero ganando 32 euros la hora me compensa trabajar en la obra"

"Cualquier oficio, con la maquinaria actual, puede ser realizado por cualquier persona. Muchas mujeres estudian estos oficios porque ven mejores salidas y sueldos más altos. Yo soy un claro ejemplo. Si levantamos un saco de 25 kg y nos lesionamos, la responsabilidad es nuestra. Piensan que las mujeres no pueden levantar 25 kg, pero solo hay que ver a una madre levantando a su hijo".

El problema de todo esto que os contamos aquí es que la falta de carretillas, elevadores y grúas puede exigir a los albañiles un esfuerzo físico mayor. No es casualidad que estemos viendo perfiles que migran hacia la obra buscando sueldos altos y mejores oportunidades en un sector que necesita cubrir el relevo generacional.

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Ángel Flores, albañil jubilado: "Hoy cualquiera de la construcción gana más que quien está en una oficina o tiene una carrera"

Es decir, la mecanización ha dejado de ser únicamente un instrumento de pura eficiencia operativa para convertirse también en una herramienta clave para retener trabajadores. Las empresas necesitan cubrir perfiles cualificados y rejuvenecer sus plantillas, mientras que la amenaza de sufrir lesiones musculoesqueléticas sigue siendo uno de los riesgos asociados al trabajo físico en la construcción.

Imagen | John Guccione (vía Pexels)

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La noticia Margarita, albañila: "No podemos levantar más de 20 kg. Si levantamos 25 kilos y nos lesionamos, la responsabilidad es nuestra" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Hace unas semanas entró oficialmente en vigor el Real Decreto 416/2026, una normativa que modifica las reglas de la jubilación flexible para quienes perciben una pensión por jubilación. “Ya está en vigor la jubilación flexible mejorada“, anunciaba el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para las personas jubiladas que de forma voluntaria quieran volver a la actividad como asalariados o como autónomos.

El nuevo esquema impone tramos matemáticos. Desde ahora, quienes compatibilicen su pensión con un trabajo por cuenta ajena podrán trabajar entre un 33% y un 80% de la jornada, percibiendo una parte de la pensión acorde con esa jornada, además de su salario. Si el horario oscila entre el 33% y menos del 55%, la pensión se incrementa en un 15%; y si se sitúa entre el 55% y el 80%, ese incremento será del 25%, siempre que se cumplan los requisitos. Todo ello en un mes en el que la pensión media de jubilación llega a 1.576,1 euros mensuales, según cifras oficiales.

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Los funcionarios coinciden: "Muchos creen que con 15 años cotizados ya tienen derecho a toda la pensión y no es así"

¿Y para los autónomos? El texto también amplía las alternativas del trabajador por cuenta propia. Las personas jubiladas que no hayan estado dadas de alta como autónomas en los tres años anteriores a su jubilación podrán simultanear su actividad con el cobro del 25% de su pensión; y cuando finalicen su actividad, recuperarán el 100% de la pensión. Es una de las vías maestras para entender qué es la jubilación activa de los autónomos y cómo puede ayudar a que tengan una pensión digna.

Pero otra de las fórmulas que permite compatibilizar trabajo y pensión es la jubilación activa, que ofrece distintos porcentajes de la prestación en función del tiempo que se haya retrasado el acceso a la jubilación. Si el trabajador retrasa su retiro un año, pasa a cobrar el 45% de la pensión. A los dos años, esto sube al 55%; a los tres, al 65%; a los cuatro, al 80%; y a partir de los cinco años se alcanza el 100%. Por ejemplo, para un jubilado con una pensión media de 1.576,1 euros, retrasar un año el retiro supondría percibir unos 709 euros de pensión al mes junto a su salario, siempre que se cumplan las condiciones previstas.

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David, fontanero jubilado de 75 años con una pensión de 500 euros: "Si mi mujer y yo no hubiésemos invertido, no sería suficiente"

La letra pequeña de este decreto llega además en un contexto de cambios en la edad ordinaria de jubilación. A partir de 2027, quienes no alcancen los 38 años y 6 meses de cotización tendrán que esperar hasta los 67 años para jubilarse, salvo las excepciones previstas por la normativa. Esta extensión de la edad legal hace que las fórmulas de compatibilidad entre ingresos laborales y pensión cobren cada vez más importancia para quienes decidan prolongar su vida laboral.

El ministerio argumenta que la medida da más flexibilidad, más incentivos y más opciones para compatibilizar trabajo y pensión, favoreciendo una transición gradual. El nuevo mapa normativo amplía así las posibilidades para quienes quieran continuar trabajando después de acceder a la jubilación, aunque el cobro del 100% de la pensión depende de la modalidad elegida y de que se cumplan todos los requisitos establecidos.

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La noticia Ya entró en vigor: España modifica la jubilación y permite a los pensionistas cobrar parte de su pensión si vuelven a trabajar fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

¿Están las familias españolas preparadas para posibles años venideros de vacas flacas? Los datos demuestran que no. Sí, ingresan más, pero ese dinero se esfuma cada vez más rápido.

El segundo trimestre de 2026 deja un panorama preocupante para la economía doméstica: los hogares dispusieron de una renta de 303.933 millones de euros, y dedicaron 247.410 millones al consumo. O lo que es lo mismo: solo consiguieron ahorrar 57.019 millones, un 0,6% menos que un año antes.

Esa diferencia entre cómo avanzan los ingresos y los gastos explica buena parte de dicho deterioro. Mientras la renta disponible aumentó un 5,5% interanual, el consumo lo hizo un 7,1%. Dicho de otra manera, el dinero que entra en los hogares crece, pero lo que sale lo hace todavía más deprisa.

El consumo crece más rápido que los ingresos

Los datos correspondientes al periodo comprendido entre abril y junio muestran hasta qué punto se ha estrechado el margen de las familias. La tasa de ahorro, una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, se situó en el 11% de la renta disponible.

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Son seis décimas menos que durante los tres primeros meses de 2026. Si se utilizan los datos sin corregir, el ahorro representó un 18,7% de la renta disponible bruta, frente al 19,9% registrado durante el mismo trimestre de 2025.

Detrás de este descenso hay un gasto en consumo que alcanzó los 247.410 millones de euros. Son alrededor de 16.400 millones más que un año antes, cuando se situaba cerca de los 231.000 millones.

El ahorro, en cambio, siguió la dirección contraria: los 57.019 millones acumulados representan un descenso interanual del 0,6%.

El escenario resulta especialmente delicado porque llega en un contexto de presión sobre los precios. El IPC alcanzó en septiembre el 4,9%, impulsado especialmente por carburantes y electricidad, mientras que la inflación subyacente se situó en el 3,1%.

Las familias también invierten más

Que disminuya el ahorro no significa que los hogares hayan paralizado sus inversiones. Entre abril y junio destinaron 21.911 millones de euros a este apartado, un 5,6% más que durante el mismo periodo del ejercicio anterior.

Sin embargo, también se deterioró su capacidad de financiación, es decir, el dinero disponible una vez atendidas determinadas necesidades de gasto e inversión. Esta se situó en 34.967 millones de euros, un 3,9% por debajo del dato registrado un año antes.

Para muchos, la situación es preocupante. Crecen los ingresos nominales, pero aumentan todavía más deprisa el consumo y la inversión, reduciendo el colchón disponible para afrontar imprevistos.

La economía española también pierde capacidad de financiación

Y ojo porque el deterioro no es solo cosa de las familias. El conjunto de la economía española presentó durante el segundo trimestre una capacidad de financiación de 13.654 millones de euros, equivalente al 3,1% del PIB.

La cifra supone 5.804 millones menos que en el mismo periodo de 2025. Una vez aplicados los ajustes estacionales y de calendario, la capacidad de financiación se situó en el 3,3% del PIB, siete décimas por debajo del trimestre anterior.

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Las administraciones públicas, además, registraron una necesidad de financiación de 32.002 millones de euros. Un año antes eran 28.108 millones, por lo que el desfase aumentó en casi 3.900 millones.

Las sociedades no financieras se mantuvieron en terreno positivo, aunque con cifras mucho más reducidas: presentaron una capacidad de financiación de 256 millones, frente a 21 millones durante el mismo trimestre de 2025.

La renta aumenta, pero no evita las señales de alarma

La otra cara de los datos es el crecimiento de la renta nacional. La renta nacional bruta alcanzó los 445.106 millones de euros entre abril y junio, un 5,3% más en términos interanuales.

También la renta nacional disponible bruta avanzó un 5,3%. Una vez corregidos los efectos estacionales, la primera aumentó un 0,5% respecto al trimestre precedente y la segunda, un 0,9%.

El problema para los hogares está en la velocidad a la que crecen sus gastos. Con un consumo avanzando al 7,1% y el ahorro retrocediendo, cada vez queda una proporción menor de los ingresos como colchón. Y eso, siempre, es una mala noticia.

Imagen | Willfried Wende

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El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado el derecho de una trabajador a percibir la incapacidad permanente absoluta por sus dolencias físicas y psicológicas. La resolución judicial pone en cuestión el criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que inicialmente solo le había concedido una incapacidad permanente total para su profesión habitual.

El muro administrativo es duro de roer, pero a veces cede. La historia está protagonista por un taxista de 64 años que ha logrado asegurar una pensión de 2.152,07 euros mensuales en los tribunales, tras recurrir la decisión del INSS. En un principio, el organismo público solo le reconoció una incapacidad permanente total, un grado que le impedía seguir ejerciendo como taxista pero que dejaba la puerta abierta a otras profesiones. Sin embargo, el trabajador acudió a la Justicia para reclamar una protección mayor. Y el TSJ de Asturias le ha dado la razón: su cuadro clínico le impide desempeñar “ningún oficio o profesión en condiciones normales de eficacia y continuidad“, según la sentencia. El caso y la resolución han sido recogidos por NoticiasTrabajo.

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En la jerga del sector, la diferencia de grados es determinante. Mientras la incapacidad permanente total te aparta de tu profesión habitual, la absoluta reconoce que el afectado está inhabilitado para toda profesión u oficio. La propia Seguridad Social explica la diferencia entre ambos grados. En concreto, los magistrados han valorado una afección lumbar con afectación nerviosa que convive con una depresión mayor recurrente y ansiedad generalizada. Son patologías que, en el caso analizado y teniendo en cuenta sus limitaciones conjuntas, resultan incompatibles con una actividad laboral desarrollada con los mínimos de profesionalidad, rendimiento, eficacia y continuidad exigibles. Una victoria que eleva su prestación en unos 537 euros mensuales frente a los cerca de 1.615 euros iniciales que habría percibido con la prestación reconocida.

La cruzada judicial contra el supervisor médico puede tener recorrido cuando las limitaciones físicas y psicológicas impiden desarrollar cualquier actividad laboral, aunque cada caso debe analizarse de forma individual. En este supuesto, el tribunal valoró conjuntamente las dolencias del trabajador para concluir que no podía desempeñar ningún oficio o profesión.La cuantía definitiva de esta prestación, eso sí, depende de la base reguladora y del porcentaje aplicable al grado de incapacidad reconocido, por lo que no existe una cantidad fija para todos los beneficiarios. En este caso, los 2.152,07 euros mensuales quedan por debajo del tope máximo, situado en 3.359,60 euros mensuales.

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La resolución del tribunal autonómico, en cualquier caso, no es firme. Contra ella cabe interponer un recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, por lo que todavía podría ser objeto de revisión judicial. Pero el caso deja una conclusión clara: cuando las dolencias físicas y psicológicas, valoradas conjuntamente, cierran las puertas a cualquier actividad laboral con unas condiciones mínimas de eficacia y continuidad, la Justicia puede elevar el grado de incapacidad reconocido inicialmente por el INSS.

Imagen | Tim Samuel (vía Pexels)

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La noticia Un taxista asturiano de 64 años consigue 2.152 euros de pensión al reclamar contra la decisión del INSS fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Las herencias envenenada no son un mito. Una vecina de Valencia acaba de experimentarlo por la vía rápida: la Justicia la obliga a reintegrar 9.685,95 euros al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tras percibir el subsidio para mayores de 52 años entre enero de 2022 y noviembre de 2023. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha respaldado el criterio de la Administración en un caso donde el problema no fue el mero hecho de convertirse en heredera, sino las rentas computables derivadas de las operaciones realizadas con los bienes heredados. A finales de 2021, la mujer y su hermano recibieron una herencia de más de 140.000 euros entre inmuebles y depósitos. Sin embargo, el movimiento determinante llegó en mayo de 2022: vendieron una vivienda y una plaza de garaje por un total de 153.000 euros, correspondiendo 76.500 euros a la beneficiaria.

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Despiden a una mujer italiana tras 27 años en la empresa por mantener 340 productos caducados en el inventario para cumplir los objetivos

El problema de la liquidez repentina. Al cerrar la operación, la beneficiaria ingresó 76.500 euros de golpe. En la jerga laboral, recibir una herencia no implica automáticamente perder el subsidio, tal y como detalla un análisis reciente de El Blog Salmón sobre cómo el SEPE puede retirar la prestación si se supera el límite de rentas. Para conservar el subsidio, es imprescindible no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional en rentas propias. Así, el sistema tiene en cuenta no solo los ingresos laborales, sino también determinadas rentas, rendimientos e incrementos patrimoniales.

Una defensa inútil ante el juez. Ella intentó frenar el golpe. Su argumento principal era que siempre obró de buena fe, demostrando con documentos que había notificado al SEPE tanto la defunción familiar como la posterior compraventa. A su juicio, la devolución debía limitarse a los meses afectados por la operación. Pero el SEPE es un competidor duro de roer y el juzgado de lo Social número 1 de Valencia ya le quitó la razón en primera instancia. El TSJCV ha ratificado ahora el reintegro de las cantidades reclamadas al considerar que durante el período analizado no cumplía el requisito de carencia de rentas.

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María Cristina Clemente Buendía, notaria: "La viuda puede no heredar el piso, pero sí tiene derecho a disfrutarlo"

Quienes perciben esta prestación a veces ignoran que el sistema permite a parados de 52 años con varios pisos seguir cobrando la ayuda y cotizando para la pensión máxima, siempre que cumplan los requisitos de rentas establecidos. En concreto, tener un patrimonio no implica por sí solo perder el subsidio, pero las rentas, rendimientos o ganancias que puedan derivarse de él sí pueden afectar al cumplimiento del requisito de carencia de rentas. La sentencia recuerda la importancia de comunicar y acreditar correctamente cualquier cambio que pueda afectar al subsidio.

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La noticia Tenía un subsidio para mayores de 52 años y vendió un piso que heredó: ahora debe reintegrar 9.685 euros al SEPE fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Pagar 382 euros a Hacienda o no pagar nada. Abonar 4.107 euros por las ganancias de una inversión o reducir la factura hasta aproximadamente 1.581 euros. Estos son solo algunos de los escenarios que deja sobre la mesa la nueva cuenta europea de inversión impulsada por el Gobierno. Pero ojo, también hay muchas dudas.

Sí, son cifras que llaman la atención, pero detrás de ellas hay condiciones y, sobre todo, algo importantísimo a tener en cuenta: para obtener ganancias primero hay que asumir el riesgo de invertir.

La Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa pretende movilizar parte del dinero que los españoles mantienen en cuentas y depósitos hacia empresas y activos europeos.

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España se cuela entre los pocos países europeos donde la pensión pública supera el coste de vida

Y para conseguirlo su gran reclamo será fiscal: hasta 10.000 euros de determinadas plusvalías podrían quedar exentos y, una vez superado ese importe, solo tributaría el 80% de la ganancia restante que cumpla los requisitos.

Pero ¿sirve únicamente para personas con grandes patrimonios?

Qué ocurriría invirtiendo solo 5.000 euros

Pongamos un ejemplo. Supongamos una inversión inicial de 5.000 euros y una rentabilidad media anual del 7%. Transcurridos cinco años, el capital rondaría los 7.000 euros, dejando aproximadamente 2.000 euros de ganancias.

Con la fiscalidad ordinaria y aplicando un tipo del 19%, retirar esas plusvalías supondría alrededor de 382 euros en impuestos. Si se cumplen las condiciones previstas para Financia Europa, esa ganancia estaría por debajo de los primeros 10.000 euros exentos y la factura sería cero.

La diferencia es especialmente relevante para el pequeño inversor. No sería necesario acercarse al máximo permitido para beneficiarse del incentivo.

Algo parecido ocurriría con una aportación de 24.000 euros. Bajo el mismo supuesto de rentabilidad, las ganancias continuarían por debajo del umbral de 10.000 euros. Frente a unos 765 euros que corresponderían con la tributación ordinaria en el ejemplo planteado, con la nueva cuenta podrían quedar exentas.

Con 50.000 euros la diferencia supera el 60%

El salto resulta todavía más visible al elevar la inversión inicial a 50.000 euros. Con una rentabilidad anualizada del 7%, cinco años después el capital superaría los 70.000 euros y las plusvalías alcanzarían aproximadamente 20.128 euros.

Con los tipos utilizados en este supuesto, los impuestos ascenderían a 4.107 euros. Financia Europa cambiaría sustancialmente la cuenta: los primeros 10.000 euros quedarían exentos y, de la ganancia restante, solo el 80% estaría sujeto a tributación.

El resultado sería una factura próxima a 1.581 euros, alrededor de 2.500 euros menos. En términos porcentuales, la rebaja superaría el 60% respecto al escenario fiscal ordinario empleado en la comparación.

Pero aquí aparece una de las principales cautelas: ese 7% no está garantizado.

Hasta 150.000 euros, pero con condiciones

El límite previsto para la cuenta es de 150.000 euros de aportaciones pendientes de recuperar. Siguiendo nuevamente el escenario teórico de ese 7%, esa cantidad podría generar alrededor de 60.000 euros de plusvalías después de cinco años.

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La diferencia tributaria sería considerable. Frente a más de 13.000 euros bajo la fiscalidad ordinaria utilizada en el ejemplo, la factura con el nuevo régimen rondaría los 8.300 euros, un ahorro superior a 5.000 euros.

La cuenta está diseñada para dirigir capital hacia Europa y establece requisitos sobre los activos admisibles. Además, el horizonte de cinco años es fundamental para acceder a las principales ventajas fiscales.

Las dudas que todavía debe tener presentes el ahorrador

La primera cuestión es evidente: una ventaja fiscal no convierte una inversión en segura.

El ciudadano pasa de mantener dinero en una cuenta o depósito a exponerlo a activos cuyo valor puede subir o bajar.

También hay matices fiscales importantes. Los dividendos y otros rendimientos del capital no reciben automáticamente el mismo tratamiento privilegiado y continúan sujetos al régimen general. Las retiradas parciales requieren, además, calcular qué parte corresponde al capital aportado y cuál a ganancias.

Además, el producto todavía necesita desarrollo (y bastante) para poder comercializarse plenamente. La CNMV dispone de un plazo para concretar el registro de los fondos elegibles y el real decreto-ley debe superar su tramitación parlamentaria.

En definitiva: el atractivo de Financia Europa que vende el Gobierno, no dependerá únicamente de cuánto permita ahorrar a Hacienda. Para un pequeño ahorrador será igualmente importante conocer qué productos podrá contratar, sus comisiones, el riesgo asumido, la liquidez y la rentabilidad real obtenida.

Imágenes | Jakub Żerdzicki, El Mundo

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La noticia La nueva cuenta europea rebajaría los impuestos que pagas en más de un 60% pero, ¿puede un pequeño ahorrador sacar partido a la nueva cuenta de inversión que propone el Gobierno? fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Sergio Delgado .

El caso arranca con una sustracción de 7.000 euros, ejecutada a través de múltiples transferencias inmediatas y aprovechando la situación de vulnerabilidad de un anciano. Ahora, una reciente sentencia judicial recogida por el diario AS condena a la responsable a 21 meses y un día de prisión, aunque la pena queda suspendida bajo determinadas condiciones, entre ellas devolver el dinero mediante un calendario de pagos.

La operativa fue sencilla y efectiva. La cuidadora aprovechó la confianza y el acceso al teléfono del hombre al que cuidaba para realizar 17 transferencias mediante Bizum sin su conocimiento ni consentimiento. Las operaciones se realizaron entre enero y marzo de 2025, hasta alcanzar los 7.000 euros. Y como ya hemos advertido al analizar la ciberseguridad en la banca digital, el uso seguro de los dispositivos y de las aplicaciones bancarias sigue siendo importante para evitar operaciones no autorizadas.

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Está confirmado, los trabajadores que superan un año en la empresa pueden cobrar más por su despido

Bizum y las aplicaciones bancarias permiten realizar transferencias de forma rápida, pero las operaciones están sujetas a los mecanismos de autenticación establecidos por cada entidad. En este caso, el problema estuvo en que la condenada tuvo acceso al teléfono del hombre al que cuidaba y pudo realizar las operaciones desde él sin su consentimiento. Bizum explica en su información de seguridad que las operaciones se realizan a través de la entidad bancaria y están sujetas a los sistemas de autenticación correspondientes. Traducido: no fue necesario vulnerar técnicamente los sistemas de seguridad del banco para realizar las transferencias. El caso demuestra cómo el acceso físico a un dispositivo y a una aplicación bancaria puede facilitar operaciones no autorizadas cuando quien tiene ese acceso actúa sin el consentimiento del titular.

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Hacienda multa a un matrimonio por alquilar tractores de hace 30 años como si fueran nuevos para pagar menos impuestos

La resolución judicial establece que la condenada deberá devolver los 7.000 euros mediante 14 cuotas mensuales de 500 euros. La pena de prisión queda suspendida durante dos años bajo las condiciones fijadas por el tribunal, de modo que el incumplimiento de esas condiciones puede tener consecuencias sobre la suspensión de la pena. Todo ello, algo fundamental cuando alertamos sobre cómo detectar estafas y fraudes financieros a través del móvil. La gran pregunta es si la industria financiera sabrá crear salvaguardas reales que protejan a los usuarios más vulnerables sin matar la agilidad que los hizo masivos. El tiempo nos lo dirá.

Imagen | Montaje a raíz de imagen de Vitaly Gariev (vía Pexels)

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La noticia Se envían 7.000 euros por Bizum desde el móvil del jubilado al que cuidaba. Ahora la Justicia le fija un calendario para devolverlos fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

La transferencia de fondos familiares es un clásico que puede acabar bajo el radar de la Agencia Tributaria si, por sus características, se considera una donación encubierta. El riesgo de enfrentarse al Impuesto de Sucesiones y Donaciones hace que muchas familias busquen alternativas para realizar estas ayudas. Frente a ello, el préstamo entre particulares es una operación sujeta pero exenta del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

La clave reside en formalizar el préstamo y establecer un plan de devolución realista. El grifo de la financiación paterna a hijos que estudian o buscan su primera vivienda suele abrirse de manera informal, pero conviene dejar constancia de que se trata realmente de un préstamo. Una de las opciones es establecer un tipo de interés del 0%. "Esta es la forma más barata para pasar dinero", recalca el abogado fiscalista Alejandro Ortiz. Y es que, según recoge El Blog Salmón, donar dinero directamente es neutro en el IRPF, pero queda sujeto al impuesto de donaciones, cuya tributación depende de la comunidad autónoma.

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Desde la Agencia Tributaria advierten, eso sí, que no basta con denominar una operación como préstamo. Para que pueda acreditarse su naturaleza, debe existir un compromiso real de devolución. El contrato puede fijar un calendario de pagos y las devoluciones deben quedar respaldadas por movimientos bancarios trazables. Dicho de otro modo: cuanto más clara sea la documentación y el cumplimiento de las condiciones pactadas, más fácil será acreditar que se trata de un préstamo y no de una donación. Además, los préstamos entre particulares deben declararse mediante el modelo 600, aunque el resultado de la liquidación del ITP sea de cero euros, dentro del plazo establecido por la comunidad autónoma correspondiente.

De hecho, la estrategia cuenta con una derivada más táctica para ir recortando la deuda: las "condonaciones parciales". El hijo paga su cuota, pero los padres le perdonan anualmente un tramo del pasivo. Sin embargo, aquí reside el gran peligro de la operación. La condonación de una deuda puede tener la consideración de donación y, por tanto, quedar sometida al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Como ya contamos en El Blog Salmón, no existe una cifra mágica de 6.000 euros libre de impuestos por defecto; la tributación depende de las circunstancias y de la normativa aplicable.

Las cantidades perdonadas pueden beneficiarse, en determinados supuestos, de las reducciones o bonificaciones que establece cada autonomía, algunas de ellas de hasta el 99%. Sin embargo, estos beneficios están sujetos a requisitos concretos y varían según el territorio. Así, el préstamo puede convertirse en una fórmula para facilitar la financiación familiar, siempre que la operación esté correctamente documentada y las condiciones pactadas se cumplan de forma real.

Imagen | Alena Darmel (vía Pexels)

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La noticia Abogados y expertos en finanzas coinciden: el préstamo entre particulares puede ser una de las vías más baratas para pasar dinero a los hijos fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .

Hay un truco clásico de barra de bar que consiste en sacar todo el dinero de la libreta cuando un familiar entra en cuidados paliativos, pensando que el fisco perderá la pista de los billetes y no podrá reclamar su parte. La realidad, para qué engañarnos, es mucho más terca y viene con el sello del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. A través de la sentencia 269/2022, los magistrados ratificaron una liquidación adicional de 2.606,31 euros a un heredero. En este caso, durante el año previo al fallecimiento se realizaron varias retiradas de efectivo por un total de 27.500 euros, cantidades que finalmente fueron incorporadas al caudal hereditario al no quedar acreditado cuál había sido su destino.

El escudo de la Administración Tributaria se llama artículo 11.1.a de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Este precepto establece que, en principio, los bienes que hubieran pertenecido al fallecido hasta un año antes de su muerte se presumen parte de la herencia, salvo que se pueda acreditar lo contrario. El reglamento de esta norma, por cierto, se aprobó en 1991, una época en la que el control del efectivo era mucho más analógico, pero la presunción sigue vigente. Traducido a tu bolsillo: figurar como un mero "autorizado" en una cuenta corriente permite realizar determinadas operaciones, pero no demuestra por sí solo que el dinero retirado haya sido entregado a otra persona ni evita que pueda aplicarse esta presunción. El caso fue recogido por La Razón.

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Las renuncias a herencias se han disparado. Pero el motivo no es el Impuesto de Sucesiones

Pero toda imposición tiene su letra pequeña, y aquí el hallazgo jurídico radica en quién tiene la obligación de demostrar las cosas. La presunción obliga al sucesor a aportar pruebas suficientes para acreditar qué ocurrió con las cantidades retiradas. Durante el litigio, la defensa aportó los comprobantes del cajero para acreditar las salidas de dinero, pero para la Sala con sede en Burgos la diferencia entre retirar y justificar resultó ser determinante. Sin aportar elementos objetivos, como facturas, justificantes de gastos médicos u otros documentos que permitan acreditar que el dinero se destinó a cubrir necesidades del fallecido, esas cantidades pueden terminar incorporándose al caudal hereditario y computándose para determinar la base imponible.

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Si tu caso se parece a este, el reloj que verdaderamente importa no es el del luto: es el de los recursos burocráticos, y va muchísimo más rápido de lo que parece. La legislación permite rebatir la aplicación de esta presunción aportando pruebas que relacionen cada salida de dinero con un destino acreditado. Conviene, por tanto, conservar facturas, justificantes y cualquier otro documento que permita demostrar qué ocurrió con los fondos antes de que la Administración pueda incorporarlos al caudal hereditario.

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Bocanada de aire para el barrio de Salamanca. Torre Castelló se alzará con 21 plantas en la manzana delimitada por las calles María de Molina, Castelló, General Oráa y Núñez de Balboa, frente a las seis u ocho plantas habituales en la zona, y lo hará como primer rascacielos residencial del barrio de Salamanca: 158 viviendas de ultralujo a precios de hasta 16.000 euros el metro cuadrado, una residencia de estudiantes de 400 plazas en las plantas uno y dos, y 5.000 metros cuadrados de zonas comunes, con piscina cubierta, gimnasio, spa con cabinas de masaje, salas privadas e incluso un simulador de golf. Detrás del proyecto, un desembarco de capital en toda regla: el grupo inmobiliario español Lar y el fondo estadounidense BlackRock participan en una operación con una inversión próxima a 500 millones de euros.

¿Segunda vida para un edificio brutalista?

El inmueble no nace de la nada. Sobre el solar ya estaba un bloque brutalista de 1975, obra del arquitecto Miguel Oriol, que durante años albergó oficinas del Ministerio de Hacienda y llevaba una década sin utilizarse cuando cuando los estudios AN2 Arquitectura y Alberto Martín de Lucio se hicieron cargo del proyecto. "Estamos dando vida a un inmueble que llevaba 10 años sin utilizarse. Es mucho más complicado rehabilitar un edificio que levantarlo de cero. Hemos mantenido la estructura original del arquitecto Miguel Oriol porque queríamos respetar su esencia. Vamos a envolver la fachada con otra nueva fachada para proteger el hormigón", explica uno de los arquitectos responsables del proyecto. La operación no se limita a cosmética: las siete primeras plantas se reservan para viviendas de uno y dos dormitorios; la banda intermedia, para casas de dos o tres habitaciones; y los tres últimos pisos, para residencias de una única planta. El interiorismo corre a cargo del estudio Vilablanch.

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El modelo de venta rompe también con lo habitual. La inmobiliaria Colliers ha colocado ya más de 130 de las 158 viviendas sin siquiera salir a los circuitos tradicionales, un proceso 'off-market' dirigido a una selección de patrimonios nacionales e internacionales contactados de manera confidencial. «Torre Castelló confirma nuestra tesis de inversión en Madrid: existe una demanda no satisfecha para proyectos residenciales verticales de alto nivel en el Barrio de Salamanca. Junto a BlackRock, hemos renovado el tejido urbano de una de las áreas más demandadas de la ciudad», sostiene Jorge Pereda, director de la División Residencial de Grupo Lar en España. Desde Colliers destacan, además, que la operación ha atraído simultáneamente a grandes patrimonios nacionales e internacionales, en plena vuelta al ladrillo del capital institucional.

El terreno, no obstante, no era fácil. La torre fue adquirida mediante subasta pública por Barnaby Investment, vinculada a Grupo Lar y fondos gestionados por BlackRock, por 204,7 millones de euros, y solo en el tercer intento del Ministerio de Hacienda por desprenderse del inmueble. Aquella antigua sede administrativa encara ahora una segunda vida que transformará el paisaje de una de las zonas más cotizadas de Madrid. Las tareas de demolición del interior comenzaron hace aproximadamente año y medio y durarán un total de ocho meses, por lo que la reforma total del edificio está previsto que finalice en torno a la primavera o el verano de 2028.

Lo que está por llegar

Si bien Madrid no se distingue por sus rascacielos residenciales, Torre Castelló supone una nueva apuesta por la vivienda vertical de lujo en el centro de la capital. Aquella sede de Hacienda, subastada al tercer intento por 204,7 millones, encara ahora una segunda vida a 16.000 euros el metro. La vieja expresión del ladrillo español, 'Comprad ladrillos, comprad', ha encontrado, décadas después, uno de sus escenarios más exclusivos en pleno barrio de Salamanca.

Imagen | Grupo Lar

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Lo paradójico, y casi emblemático, de la historia de Robyn Swan no es que viva en un contenedor marítimo de unos 30 metros cuadrados en una parcela de siete acres cerca de Stirling, en Escocia. Es que una mujer de 33 años, con un compañero de 29 y un negocio de paseo de perros, haya convertido la economía doméstica en un acto de desconexión literal: vendió su coche, sus muebles y su televisor, refinanció la casa que tenía en Stirling para alquilarla y, con el dinero, compró el terreno y un contenedor de almacenamiento de 12,2 metros de largo por 2,4 de ancho. El conjunto, según recoge The Scottish Sun, le costó 4.200 libras el contenedor y 185.000 libras el terreno.

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La decisión, en realidad, no es nueva ni aislada. El caso de Robyn se publicó por primera vez en julio de 2024 y ha vuelto a circular recientemente después de que la protagonista asegurara haber incrementado notablemente su nivel de autosuficiencia. También afirma haber reducido sus gastos mensuales hasta las 260 libras (unos 300 euros) entre alimentación y facturas, frente a las más de 1.000 libras mensuales que decía gastar cuando vivía en una vivienda convencional. El ahorro, según sus propias cuentas, ronda las 750 libras al mes, dinero que reinvierte en mejorar el terreno y las instalaciones.

La letra pequeña del off-grid. El contenedor, ahora aislado y con doble acristalamiento, está equipado con cocina de segunda mano, cama, nevera, congelador, baño con ducha y una bañera de fundición. La electricidad llega vía paneles solares financiados con 4.500 libras de ahorro, tras ocho meses tirando solo de baterías. El agua se recoge y filtra de la lluvia; la calefacción, con estufa de leña, parte de la cual se la regala un cliente. El supermercado, recortado de unas 80 libras a alrededor de 30 libras semanales gracias a un huerto con zanahorias, patatas, tomates, fresas y col rizada, gallinas, conejos, cerdos y ovejas, y al uso de la aplicación para recoger excedentes de comercios locales. "Mi contenedor es ahora una verdadera casa. Elegí el aislamiento y el doble acristalamiento que quería, así que es mucho más cómodo que una caravana", sostiene la propia Robyn, citada por The Sun. Y añade un detalle que revela el trasfondo: "Me tranquiliza: si pasara algo en el mundo, sé que no habría escasez de alimentos para mí ni para mi familia".

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¿Qué quiere decir esto? Simplemente, que el movimiento off-grid ya no se percibe únicamente como una alternativa asociada a ciertos estilos de vida rurales. En un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda en buena parte de Europa, adaptar un contenedor marítimo o apostar por soluciones habitacionales más austeras empieza a verse para algunos como una respuesta económica además de una elección personal. No es el único caso: en Asturias, una mujer llamada María lleva seis años viviendo sola en el bosque en una casa que le costó 6.000 euros y que no tenía ni luz ni agua; en Francia, un desarrollador web vendió su casa para instalarse en una autocaravana y asegura que ahora ahorra varios cientos de euros al mes. Tres historias, tres países, mismo motor: reducir los gastos asociados a la vivienda convencional mediante alternativas más austeras.

Ahora bien, Robyn pasó dos meses durmiendo en un colchón sobre el suelo del contenedor mientras se construía; vivió ocho meses solo con baterías antes de poder instalar los paneles; utilizaba la batería de la furgoneta para cargar dispositivos y reconoce que es "bastante agotador para el cuerpo". El off-grid, en todo caso, no es gratis: exige capital inicial, terreno, contenedor, paneles e aislamiento, además de tiempo y esfuerzo físico

Imagen | Alex Levis (vía Pexels)

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La noticia Robyn, 33 años, vive en Escocia en un contenedor autónomo en electricidad: "Gasto 300 euros al mes en la compra y todas mis facturas" fue publicada originalmente en El Blog Salmón por Redacción El Blog Salmón .