Parece que fue ayer pero han pasado ya cuatro años y medio desde que la Unión Europea concedió un préstamo de 100.000 millones de euros para rescatar a las entidades bancarias españolas con problemas. En su día, el gobierno se negó a calificar dicho préstamo como un 'rescate' ya que no estaba condicionado a una intervención en la política económica, como sucedió en Grecia y Portugal. De hecho, el entonces ministro Luis de Guindos aseguró que el préstamo no tendría costes para los contribuyentes.
Tan fantástica afirmación no tardó mucho tiempo en caer por su propio peso, ya que el receptor de las ayudas (y quien debía devolverlas) era el FROB, la entidad pública creada para gestionar la restructuración financiera de las antiguas cajas de ahorros. Y el agujero creado por entidades como Bankia o la antigua Caixa Catalunya era muy superior al valor real de estas. Apenas dos años después del rescate, De Guindos ya no hablaba de que el rescate hubiese salido gratis a los contribuyentes, sino de que nos habíamos 'ahorrado' 14.000 millones respecto a lo que habría costado cubrir el desaguisado con deuda pública en lugar del préstamo europeo.
Pero ¿cuál ha sido exactamente el coste del rescate para los contribuyentes españoles? tras años de especulación, ya tenemos un cálculo oficial: "Según las estimaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, el coste acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba, al cierre de 2015, en 60.718 millones de euros", dice textualmente el informe del Tribunal de Cuentas publicado hoy. Es decir, de momento el estado apenas ha recuperado el 40% del valor total del rescate.
¿En qué se ha gastado el dinero?
El informe completo del Tribunal de Cuentas tiene cálculos detallados. El gasto se ha centrado fundamentalmente en los dos siguientes aspectos:
1. Aportaciones de capital: la principal misión del préstamo de rescate era que el estado pudiese inyectar fondos en una serie de entidades que en la práctica estaban quebradas. Así se pudo mantener dichas entidades a flote y evitar una liquidación que podría haber causado importantes pérdidas a millones de familias españolas (el fondo de garantía de depósitos garantiza un máximo de 100.000 euros por depositante y banco). En concreto se inyectaron más de 60.000 millones en unas entidades que a fecha de hoy tienen un valor neto de apenas 11.000. Considerando esto y las cantidades ingresadas por el estado por la venta de entidades, el coste de las aportaciones de capital ha sido de 46.000 millones.
2. Esquema de Protección de Activos (EPA): las entidades rescatadas y vendidas a terceros lo hicieron con la garantía de que el estado asumiría un porcentaje importante de las pérdidas si estas se produjeran (como por ejemplo, en la adquisición de la CAM por el Sabadell). El estado provisionó este mecanismo, conocido como 'esquema de protección de activos' con más de 28.000 millones. Restando los 18.000 millones de garantías no ejecutadas queda un coste de casi 10.400 millones.
Los restantes costes corresponden a la adquisición de bonos y otro tipo de participaciones en las entidades rescatadas, así como gastos administrativos y de gestión.
Y el ganador es... Catalunya Banc
Durante el rescate bancario, el foco estuvo puesto en Bankia más que en ninguna otra entidad. Bankia era un banco de los llamados 'sistémicos': una de las primeras entidades españolas por activos y por número de clientes, cuya caída podía suponer el colapso del sistema bancario español al completo. Sin embargo, la firma en la que el estado español ha perdido más dinero durante el proceso de rescate ha sido Catalunya Banc, heredera de la antigua Caixa Catalunya y vendida al BBVA por poco más de 1.000 millones de euros, ocasionando unas pérdidas para las arcas públicas de 12.676 millones, por 12.346 de Bankia.
La 'victoria' de Catalunya Banc frente a Bankia admite un matiz, sin embargo. El Banco de Valencia, aunque autónomo, pertenecía a Bankia. Fue intervenido y nacionalizado meses antes del rescate europeo, de ahí que sus pérdidas no se imputen a la entidad verde. Hablamos de la nada desdeñable cantidad de 6.142 millones de euros.
También son espectaculares (sobre todo en relación al tamaño de las entidades) las pérdidas atribuibles a Novagalicia, hoy Abanca (9.159 millones) y a la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, hoy parte del Sabadell (11.064 millones). Hay que mencionar que el estado ganó dinero con alguna de las compañías intervenidas, aunque fuesen cantidades comparativamente ínfimas. En concreto, los rescates de Banca Cívica, Cajatres y Liberbank han resultado positivos.
Más información | Informe completo del Tribunal de Cuentas