El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha demostrado ser un lastre para la buena dinámica del mercado laboral. Y el Gobierno de Sánchez ha sido su verdadero catalizador en el incremento de estos dos últimos años. En su primer año se elevó un 22% hasta los 900 euros y, este año, fue incrementado hasta los 950 euros en 14 pagas con el Real Decreto 231/2020 de 4 de Febrero.
El año pasado, sin crisis de por medio, vimos la fuerte ralentización de la caída del desempleo. Si en los años comprendidos entre 2014 y 2018 veíamos una caída del desempleo con tasas entre el seis y cerca del nueve por ciento, en diciembre de 2019 la tasa interanual se quedaba en poco más del uno por ciento.
La subida del SMI ha impedido que previamente se sacara muchos desempleados de su situación, especialmente aquellas personas que estarían vinculados a la baja productividad. Si en diciembre de 2018 teníamos 247.212 desempleados menores de 25 años, en diciembre de 2019 esta cifra solo bajó unas 500 personas, hasta llegar a los 246.706 desempleados, una caída del 0,20%. En ese mismo período vimos como la agricultura, un sector caracterizado por su baja productividad, incrementaba su desempleo desde 138.771 desempleados hasta 140.960.
Si en una etapa de crecimiento económico el mercado laboral se cebó con los colectivos de baja productividad ¿Qué debemos esperar tras el hundimiento de la economía, unos ERTEs que esconden el desempleo y unas perspectivas inciertas para los agentes económicos?
Desde luego, no ha sido un buen año para el mercado laboral. Hemos alcanzado la cifra de 3.851.312 desempleados oficiales. Pero si sumamos ERTES (746.900) y beneficiarios por cese de actividad (256.000 autónomos) nos acercamos a una cifra de 5 millones.
Si en crecimiento económico fue del todo perjudicial el incremento del SMI para los colectivos más desfavorables, los menos productivos, en la peor recesión de las economías desarrolladas y con las cifras del mercado laboral presentadas, lo mejor sería apartarnos de la idea de subir el SMI pero parte del gobierno de coalición no lo ve así.
Nadia Calviño el contrapeso pragmático del Gobierno
El Ministerio de Trabajo está en manos de Unidas Podemos bajo la dirección de Yolanda Díaz y su objetivo es sí o sí subir el SMI. Y, sobre esta cuestión, opina que "la subida del SMI es una medida efectiva para luchar contra la desigualdad, que ha demostrado su eficacia". Para ella dejar fuera de la revalorización a los que más lo necesitan es quizás una de las mayores injusticias que el gobierno puede cometer. En definitiva... hay que seguir en la línea de los últimos años y proceder a su alza.
Esa posición esta respaldada por los sindicados. Desde UGT apuestan por una subida del 5% del SMI para llevarlo a la cuota de los 1.000 euros porque, según visión, se trata de un instrumento fundamental para impulsar la demanda interna, al elevar las rentas de los trabajadores peor remunerados e iniciando así el tránsito así hacia un nuevo modelo de generación de empleo digno.
Por suerte parece que Nadia Calviño, vicepresidenta económica en el gobierno de coalición, es el contrapeso del Gobierno y quién parece ser más consciente en el Ejecutivo de las consecuencias de una subida del SMI, especialmente, en el contexto delicado que sufre la economía española.
Lamentablemente ninguna posición se ubica en rebajar el SMI (o incluso eliminarlo). Las posiciones que se están debatiendo a día de hoy es **su congelación para 2021 o bien su incremento entre el 0,9%*¿, la misma tasa de revalorización de las pensiones y el 2,5%, que representa el aumento previsto de productividad.
El objetivo: llegar a un SMI que suponga el 60% del salario medio
Desde que nació el gobierno de coalición, uno de los acuerdos alcanzados era subir el SMI hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea (punto 1.4 del acuerdo de coalición).
En su momento se dijo que para su análisis se tendría en cuenta, entre otras cuestiones, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, y la coyuntura económica general. Pero estas variables parece que se han obviado pues **llevamos una subida acumulada del 28%*¿.
La propuesta de la Comisión Europea es que los trabajadores cobren al menos el 60% del salario medio de cada país. Esta misma referencia es la que persiguen en el Gobierno de coalición para el final de la legislatura. Independientemente de si es positivo o negativo para el mercado laboral, la misión es adecuarse a esos niveles.
Pongámonos en contexto. Dentro de la estrategia Europa 2020 se promueve la reducción de la pobreza, con el objetivo de sacar al menos a 20 millones de personas del riesgo de pobreza y exclusión social. Y uno de los indicadores va referido a las personas con una renta disponible equivalente por debajo del umbral del 60% de la renta disponible equivalente media nacional (después de transferencias sociales).
Para llegar a ese objetivo estaríamos hablando de un SMI de 1.200 euros. Un hecho que parece un absurdo si tenemos en cuenta que las proyecciones actuales, como pronto, España tendrá que esperar a 2023 para recuperar el nivel de PIB anterior a la crisis.