La fusión entre Caixabank y Bankia generará la mayor entidad en el territorio español. Tendrá activos por valor de 664.000 millones de euros a finales de junio de 2020, lo que refuerza la posición de CaixaBank como mayor actor nacional, que suponen el 25% de los activos totales del sistema, frente al 16%. El nuevo grupo tendría aproximadamente 6.700 oficinas (4.500 en CaixaBank y 2.300 en Bankia) y una plantilla conjunta de aproximadamente 51.500 empleados (35.600 en CaixaBank y cerca de 15.900 en Bankia).
La transacción permite una reducción sustancial de la estructura de costes combinada con sinergias de costes anuales estimadas por valor de 770 millones de euros antes de impuestos (aproximadamente el 40% de la base de costes de Bankia en 2019). La fusión generará una mala voluntad que absorberá completamente el impacto de los costes de reestructuración de alrededor de 2.200 millones de euros. También se espera que la nueva entidad genere sinergias de ingresos por valor de 290 millones de euros en 2025.
Debido al rescate bancario, hoy, el Estado a través del FROB, ostenta una participación del 61,81% de Bankia. Por lo que se considera un actor de suma relevancia en esta fusión.
Y llama la atención el papel Estado en esta operación. Históricamente, desde los tiempos de Banesto hasta el Popular, se abrían pujas para que el Estado maximizara el importe de la entidad rescatada. Pero esta vez, ante una fusión por absorción -no se crea una nueva entidad- que llevaría a la pérdida del control de la entidad resultante, no hay subasta pública sino canje de acciones para que el Estado finalmente se quede con el 16% con la entidad resultante.
La vicepresidenta Nadia Calviño ha participado en estas negociaciones y, hasta la fecha, ni se explica las razones por las que se aparta la subasta y, básicamente, se coloca a dedo una entidad que ha sido intervenida costando a los contribuyentes 24.000 millones de euros.
Debido que no hay explicaciones solo queda especular sobre las potenciales razones por las que no se entra en subasta. O bien se pretende maximizar el valor de la participación de Bankia para seguidamente privatizarla o bien tener una altísima influencia en el primer banco español.
Debido a las sinergias comentadas y velando por el interés de los recursos públicos utilizados, esta fusión tiene sentido para maximizar el valor de la participación de Bankia que en los últimos años ha sufrido un fuerte retroceso. Hay una fuerte necesidad pues, valorando los últimos cinco años y antes de dar a conocer la fusión, Bankia ha visto como su cotización se hundía un 73%.
Ante tal contracción de la cotización, que el Estado busque alternativas para maximizar el valor de su participación es un hecho positivo para que los contribuyentes recuperen parcialmente los dineros destinados a salvar Bankia.
Paralelamente, en 2017 se buscó analizar esta vía cuando se analizaba la fusión de Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), concluyendo que era la mejor estrategia para optimizar la capacidad de recuperación de las ayudas públicas ante un futuro proceso de desinversión.
Dicho esto, el Estado ha estado prorrogando en los últimos años los plazos para la privatización de Bankia. En el último Consejo de Ministros se decidió que el plazo final se orientaba en 2021. Se ha ido prorrogando mientras la cotización se ha ido desplomando. Parece que nunca ha sido buen momento para la privatización de la entidad.
Con el 16% del grupo tras la absorción, el Estado se asegura en el consejo de administración de la futura CaixaBank. Y aquí se abre la segunda posibilidad de las intenciones reales del poder político: tener influencia política en la entidad resultante de Caixabank.
El peligro que tenemos ahora es volver a ese experimento de la gestión pública en las Cajas de Ahorros que no es recordada por su éxito.
Con un movimiento de estas características puede que exista la tentación de olvidarse de la privatización. Y ante la concentración bancaria que experimenta el sector, sería muy peligroso para el sector volver a las andadas, ya que la intervención política estaría inmersa en el primer banco sistémico español cuyo negocio no está internacionalizado y afectaría directamente al riesgo país de España.