El sistema de la Seguridad Social pasa por su peor momento, y lo más grave y deficiente es que parece que la solución no llegará, al menos por el momento. El sistema de atención al ciudadano de la Seguridad Social parece haber tocado fondo, y es que después de lo acaecido con la pandemia de la Covid-19 el organismo público parece que no remonta.

Con la llegada del virus mundial, la Seguridad Social dejó ver sus problemas y tiempo después de que la pandemia hiciera acto de presencia, la situación no parece haberse subsanado. El organismo que dirige José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, atraviesa una situación crítica y los españoles están siendo testigos directos de ello y los principales perjudicados de una institución que necesita resurgir.

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El colapso en la Seguridad Social

Atendiendo a los datos ofrecidos por el Ministerio que dirige José Luis Escrivá, éste ha empleado una media de tiempo en la resolución de expedientes del año 2022 de 21,15 días en el caso de los trámites de jubilaciones y de 19,46 días en el de las pensiones de viudedad.

Estos datos confrontan con los que manejan desde los sindicatos, quienes estiman que el tiempo de resolución es mucho mayor al indicado. El Sindicato Independiente y de Funcionarios, CSIF, afirma así que la tardanza en ejecutar resoluciones de pensiones de jubilación, viudedad, bajas por maternidad y paternidad o las ayudas para familias con hijos que tienen alguna discapacidad intelectual, se alargan hasta los tres meses de media.

La realidad es que los ciudadanos están encontrando problemas no solo en la tardanza de las tramitaciones de sus jubilaciones o viudedades, sino que están experimentando la dificultad de conseguir citas previas o los retrasos en los pagos de las prestaciones. A este se le une el escollo para conseguir al menos contactar por teléfono con la institución.

Voces políticas como la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, han afirmado que la Seguridad Social es el organismo de la Administración que más quejas ciudadanas encabeza, por lo que considera que es necesario denunciar la situación. La diputada de Ciudadanos María Muñoz expresó igualmente su descontento, insistiendo en la imposibilidad de pedir una cita previa.

Los mayores representan el conjunto poblacional que está siendo más perjudicado, y es que en un sistema donde todo se produce de forma digital, ellos encuentran grandes problemas de atención. Estos ciudadanos recurren de forma asidua a la conexión telefónica, pero sus llamadas siguen sin ser atendidas por lo que acuden a sus oficinas más próximas donde se encuentran largas colas y la imposibilidad de ser atendidos sin cita previa.

Además desde el sindicato se apunta que la problemática es tal, que en 2022 se dejaron 4 millones de llamadas aproximadamente sin contestar. En consecuencia, las quejas de los ciudadanos se han visto aumentadas considerablemente en un 42%. De este modo, las protestas han pasado de 934 en 2020 a las 2.966 en el pasado 2022.

¿Cuál es el problema de la Seguridad Social?

Aunque el 2022 fue el año en el que mayor número de funcionarios fueron contratados, con un total que asciende a los 3.526.200 millones de personas, la Seguridad Social es una de esas administraciones públicas que no ha notado el incremento.

Si continuamos atendiendo a las fuentes del sindicato CSIF, éstas afirman que el bloqueo que vive la Seguridad Social atiende a la falta de personal. Según datos ofrecidos por el propio sindicato, la institución española ha pasado de tener 34.000 empleados a los 24.000 funcionarios que tiene en la actualidad. Así, nos encontramos una reducción de personal para atender a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas y 1,4 millones de empresas.

Ante la situación por la que atraviesa el organismo y que repercute negativamente en los ciudadanos, desde el sindicato se apunta que ahora la intención es de contratar a 2.500 interinos para arrojar un poco de luz al caos que se está viviendo, por lo que ven esta medida como una situación ineficaz a largo plazo.

Otra medida al frente es la de aumentar las atenciones por funcionario y día, por lo que ahora los trabajadores públicos tienen que trabajar por la tarde y atender a los ciudadanos en un tiempo inferior a 10 minutos, un hecho que estiman que no cumplirán ya que hay tramitaciones que necesitan un mayor tiempo de ejecución. En esta atención de emergencia, el organismo da prioridad a los mayores de 65 años y aquellos que son vulnerables a la digitalización.

Además, de cara al año 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto instaurar de nuevo la jornada de 35 horas para los empleados de las administraciones públicas, un hecho que necesitará nuevas contrataciones.

El panorama cada vez es más complicado por lo que encontrar una solución se ha convertido en una necesidad vital. Los ciudadanos españoles son los grandes afectados de una institución que parece no encontrarse, ahora le toca al Gobierno dar una eficaz solución que acaben con los grandes problemas sociales.

En 2002 el porcentaje del estado era inferior al 40%, en 2021 y previsiblemente en 2022 este es superior al 50%. El estado controla un porcentaje mucho mayor de la economía, ha crecido en los últimos años, especialmente a partir de la pandemia, pero su crecimiento ya venía gestándose años antes.

En cambio, el PIB per cápita en términos reales es aproximadamente el mismo que en 2002. Por ejemplo usando datos del banco mundial en dólares de 2015 en 2002 era de 25.026 y en 2021 de 26.238. Es decir, que en los últimos años estamos entregando cada vez más dinero al estado para que este lo maneje según considere, sin que seamos más ricos.

Podemos estar de acuerdo en que el estado debe tener un mayor porcentaje de la tarta y distribuirla como considere, pero, ya que le estamos entregando un mayor porcentaje de la tarta y que esa parte la perdemos los demás (el sector privado) ¿no deberíamos fiscalizarlo? ¿Qué estamos obteniendo más? Quizás tengamos más y mejores servicios públicos y seamos más ricos y estemos de acuerdo con ello, pero lo cierto es que no.

La prueba de que no nos estamos volviendo más ricos es esta gráfica del Banco Mundial del PIB per cápita español a dólares constantes de 2015. Estamos más o menos igual desde el año 2002, con altibajos. Si lo comparamos con la evolución de los 20 años anteriores veremos la diferencia. Todo esto con el impresionante avance tecnológico que hemos tenido. En 2002 mi teléfono móvil tenía una pantalla monocroma, en 2022 por el mismo precio tenemos uno que nos da funciones que no teníamos en ordenadores entonces.

Entre 1982 y 2002 aumentó el peso del estado y el PIB per cápita, pero llevamos veinte años perdidos en lo que lo único que sucede es que cada vez entregamos al estado una mayor parte de nuestra riqueza.

No tenemos mejores servicios públicos en 2022 que en 2002

Dicen que los impuestos se van a sanidad, carreteras y educación, pero lo cierto es que los servicios públicos de 2022 no son mucho mejores que los de 2002. De hecho algunos hasta han empeorado.

Empecemos por la educación. Las universidades públicas no son mejores en 2022 que en 2002. En el ranking de Shanghai en 2003 no había ninguna española entre las cien mejores y siguen sin haberla), y tampoco hay más (la última pública se fundó en 1998).

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Cómo prepararte para la crisis que viene este otoño

Tampoco hemos mejorado en la educación pre-universitaria. En 2003 el informe PISA nos dio una puntuación de matemáticas de 485, en 2018 esta fue de 481. En ciencias tuvimos una posición en 2003 de 488 y en 2018 de 481. En lectura la posición en 2003 fue de 493 y en 2015 de 496. Los datos de lectura de 2018 los desconocemos porque la organización afirma que hubo anomalías en la prueba de comprensión lectora. Tampoco da un porcentaje de servicios mayor, por ejemplo las guarderías públicas de 0 a 3 años siguen siendo testimoniales.

¿Tenemos mejor sanidad? Bueno, En España la esperanza de vida al nacer en 2002 era de 79,6 años, en 2021 era de 83,06. Pero también es cierto que esta bajó en 2020 (82,33 frente a los 83,58 de 2019). Teniendo en cuenta el salto tecnológico de los últimos años y que ha habido donaciones al sistema sanitario público (cosa que no había en 2002), igual habría que plantearse si de verdad tenemos mejor sanidad o no.

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Esta tabla no significa que el sistema financiero vaya a reventar

¿Tenemos mejores carreteras? Sí, hay carreteras que no existían en 2002 que ahora ya están o que han sido convertidas en vías de alta capacidad, pero estas mejoras han dejado de verse en los últimos diez años. Pero pensémoslo de este modo: en 1992 se abrió la primera línea de tren de alta velocidad, el AVE Madrid-Sevilla. En 2007 se inauguró el AVE que unía Madrid con Málaga y en 2008 Madrid con Barcelona, en 2010 la que unía Madrid con Valencia ¿qué gran cambio hemos tenido? Se ha ampliado la red, pero partiendo de estas líneas no hay tanta diferencia en el uso que le da la mayoría de la población.

Tampoco podemos hablar de que tenemos una mejor administración pública. Desde la pandemia de la Covid 19 es necesario obtener cita para realizar trámites, si es que llegan a conseguirse. antes uno iba, esperaba y se le atendía. La digitalización de la administración no la ha hecho más rápida, de hecho hay noticias de retrasos en trámites como el de nacionalidad y prestaciones como la de maternidad que son esenciales para el ciudadano.

Quizás la excepción son las pensiones. Estas están creciendo cada vez más y suponen un mayor porcentaje del estado, como ya hemos dicho varias veces. Pero para mantener esto, estamos empeorando otras muchas cosas poco a poco.

En resumen, si la misma administración pública en 2002 con menos dinero era capaz de darme un servicio equivalente y en 2022 me está pidiendo un mayor porcentaje de la tarta y no nos da mejor servicio ¿no deberíamos reclamar a nuestros gobernantes que volvamos atrás? Porque no estamos comparando aquí con otro país donde las cosas puedan ser mejores o peores. No estamos comparando la administración pública española con la danesa, la singapurense, la japonesa o la finesa. Los españoles somos más o menos iguales en 2002 que en 2022.

Pregunta a los lectores ¿les da el estado un mejor servicio en 2022 que en 2002?

Tal y como os avanzamos, ayer se inauguró el Portal de la Transparencia del Gobierno y, como no podía ser de otra forma, una de sus secciones estrellas está siendo la que se refiere a los sueldos de los altos cargos del gobierno. Y es que aquí nos encontramos con situaciones que, pese a que ya se intuían, no dejan de sorprendernos, como por ejemplo el hecho de que los ministros estén peor pagados que sus colaboradores o que 264 altos cargos cobren más que el propio presidente del Gobierno.

Así, si analizamos los sueldos de la Presidencia del Gobierno nos encontramos con que Rajoy cobra un total de 90.365 euros anuales, incluyendo sueldo bruto como presidente e indemnizaciones, cifra bastante inferior a los 113.186 euros (mas 1.823 euros mensuales de indemnización) que cobra su jefe de Gabinete, Jorge Moragas, y no es el único alto cargo que cobra más que el presidente.

Con los ministerios ocurre exactamente igual: secretarios de Estado, subsecretarios y directores de gabinete tienen un salario bastante mayor que el de los propios ministros. Mientras que el salario de los ministros ronda los 75.000 euros brutos anuales, sus colaboradores cobran alrededor de un 30 % más que estos.

El mejor pagado de todos los altos cargos es el presidente de Sepi, con una retribución de 210.000 euros anuales. Le sigue su número dos, con un sueldo de 204.452 euros. El ranking lo completa el representante militar ante los comités militares de la OTAN y de la UE, que cobra 181.770 euros.

Como vemos, esta situación es bastante paradójica: altos cargos con gran responsabilidad que cobran sustancialmente menos que otros con una responsabilidad bastante menor. En mi opinión, nadie debería cobrar más que un presidente del Gobierno. El sentido común dictamina que la máxima figura del Estado debería ser también la mejor remunerada, del mismo modo que los colaboradores de los ministerios no deberían cobrar más que los propios ministros.

Esta falta de coherencia sólo demuestra el sin sentido de los salarios en la Administración Pública y la necesidad de un nuevo cuadro de retribuciones más justo y acorde con la labor y responsabilidad de cada cual.

En El Blog Salmón | El portal de transparencia del Gobierno arranca motores

Más Información | Portal de la Transparencia

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El Gobierno presentó el viernes en el Consejo de Ministros su reforma para la Administración Pública. Como en todos los ámbitos, siempre hay margen de mejora y en estos tiempos con tan poco presupuesto disponible (no hay que olvidar que todas las administraciones tiran de deuda para financiar sus gastos) era imprescindible que se presentara una reforma integral, no meros parches.

Sin embargo las ideas presentadas dejan en el tintero algunas reformas imprescindibles. Como en todo lo que hace, el Gobierno ha sido poco ambicioso en esta reforma. Seguramente porque al final los que más tienen que perder con una reforma ambiciosa son los miembros del PP, que ahora mismo gobierna prácticamente en todas partes.

Eliminar duplicidades, una buena idea

Una de las claves de esta reforma es la eliminación de duplicidades entre administraciones. Y tiene sentido, ya que pagar dos veces por hacer lo mismo no tiene ninguna lógica. Sin embargo parece que la duplicidad en todo momento ha ido por el lado de eliminar organismos de las Comunidades Autónomas.

No hay que olvidar que el Estado ha cedido determinadas competencias a las Comunidades Autónomas, como Educación y Sanidad. Y sin embargo, sigue existiendo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad. No digo que no deba haber un coordinador de las políticas públicas de las distintas Comunidades Autónomas, pero la estructura Ministerial no puede ser la misma que antes del traspaso de las competencias.

En definitiva, está bien eliminar duplicidades, pero el Gobierno central sólo ve paja en el ojo ajeno. Y no se ha planteado por ejemplo si era mejor tener un defensor del pueblo en cada Comunidad Autónoma, más cercano, o uno único a nivel estatal. Simplemente se ha optado por la forma de hacer las cosas más tradicional.

Número de funcionarios, reconociendo lo evidente

Una crítica que oye mucho dentro de España es que nuestro número de funcionarios es muy alto. Pero el Gobierno ha puesto las cosas en su sitio: el 75% de los funcionarios son profesores, médicos o forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sólo el 25% de los funcionarios son "burócratas".

Y la burocracia es necesaria, vaya que si lo es. Es lo que nos permite ser un país civilizado. Pero también es cierto que con Internet muchos trámites podrían ser más simples y rápidos. No tiene sentido que haya procesos que sean iguales ahora que hace 30 años. Por ejemplo, registrar una empresa. Hay una serie de comprobaciones que hacer que antes podían demorarse días, y hoy, si tuviéramos los medios necesarios podría ser cuestión de minutos (es cierto que el ejemplo que pongo quizá no sea el mejor, ya que hay procedimientos abreviados para la creación de empresas; la pregunta sería por qué siguen existiendo los procedimientos "clásicos").

Publicidad institucional, ¿sigue teniendo sentido?

Otra cosa que pretende el Gobierno es que la publicidad institucional se contrate agrupando las administraciones, para obtener mejores precios. La idea tiene su lógica, aunque yo veo detrás una estrategia muy poderosa para dar dinero público a los medios afines y tradicionales en detrimento de las nuevas tecnologías.

Lo que deberíamos plantearnos es si realmente es necesaria la publicidad institucional tal y como la conocemos. Miremos por ejemplo la cuenta de twitter de la Policía, que ha llegar recientemente al medio millón de seguidores. ¿Con qué campaña ha logrado jamás la Policía tener tanta atención permanente de sus ciudadanos? ¿Y cuánto cuesta mantener la cuenta? Quizá la publicidad en medios debería limitarse a casos muy concretos y usar herramientas más baratas para explicar a los ciudadanos lo que deben saber (y dejar de hacernos pasar vergüenza ajena como con la campaña del FROB).

Transparencia, lo que apenas se ha tocado

Uno de los pilares que debería ser esta reforma de la administración apenas se ha tocado. La transparencia. Antes era muy difícil ejercer la transparencia de las administraciones. ¿Quién se iba a molestar en ir a un ayuntamiento remoto para ver si la concesión para reparar una calle estaba dentro de lo normal o no? Se requiere un cuerpo de interventores muy poderoso para evitar las corruptelas.

Sin embargo ahora es muy fácil. Todas las administraciones deberían volcar todos sus concursos y gastos a una base de datos única, y esta base de datos debería ser accesible por los ciudadanos. Además debería haber APIs para que cualquiera que lo desee pueda extraer datos. Esto permitiría un control sobre el gasto público brutal. No es la panacea, está claro, pero con tal cantidad de datos disponibles seguro que surgen grupos con ganas de investigar dónde hay corrupción.

Diputaciones y Senado, al proyecto le falta ambición

Y lo más frustrante de la reforma es que apenas se toca la estructura del Estado. En España estamos siguiendo un camino contrario al de Europa. En lugar de reducir el número de ayuntamientos los estamos aumentando. Tenemos más de 8.000 ayuntamientos, una barbaridad. Otros países, como Suecia, Reino Unido o Dinamarca, redujeron el número de ayuntamientos en el pasado, y no superan el millar.

La solución del Gobierno es dejar el número de ayuntamientos, quitarles competencias y dárselas a las diputaciones, cuyos miembros no se eligen en sufragio universal, sino de forma indirecta. Esta es una gran chapuza y denota la falta de ambición de este Gobierno.

Otro tema que habría que resolver es el Senado. Tenemos una cámara, con todos los gastos y retrasos en aprobación de leyes que esto conlleva, que no sirve para nada. Y digo que no sirve porque si el Congreso aprueba una ley y el Senado la rechaza, esta ley vuelve al Congreso donde se puede volver a aprobar y ya está. ¿Qué sentido tiene esto? Tenemos dos opciones: o convertimos de verdad el Senado en una cámara territorial (pero entonces el Congreso debe dejar de elegir a sus miembros por provincias, pues al final ambas cámaras son territoriales) o eliminamos el Senado (hay países unicamerales y no hay problemas).

Por supuesto sobre el caso del Senado llevamos hablando años y nadie se decide a hacer nada. Es como casi todo lo que no funciona en España, en lugar de reformarlo lo dejamos como está porque los afectados se quejan mucho. Y así seguimos, con un país con un 27% de paro y haciendo reformas tímidas, poniendo parches pensando que así se arreglan las cosas.

Conclusiones

Tal y como ha planteado el Gobierno, España necesita una reforma de las Administraciones Públicas, que las adapte a los tiempos que corren, necesitando menos recursos para realizar sus tareas debido al incremento de productividad que han traído las nuevas tecnologías.

Sin embargo, y como siempre que el Gobierno aprueba algo, la reforma es poco ambiciosa. Toca cuatro cosas, dice que nos vamos a ahorrar una cifra escandalosa (y falsa) y todos tranquilos. Otra oportunidad perdida.

En El Blog Salmón | La tijera llega a la Administración pública

El Gobierno ha aprobado hoy el informe que sentará las bases de la Administración Pública del futuro. Dicha reforma se basa en un estudio de dos mil páginas elaborado durante los últimos siete meses por una Comisión. El resultado de dicho análisis es un conjunto de 217 medidas que pretender cambiar por fin la cultura de la Administración.

En teoría, y digo esto porque habrá que ver como se lleva este modelo teórico a la práctica, la nueva Administración será más austera, más racional, más moderna, más reducida, más transparente, más orientada al ciudadano y mejor gestionada. Tanto es así que entre 2012 y 2015 se pretende ahorrar 37.700 millones. Habrá que ver si se consigue.

Se habla de que las funciones de determinados organismos sean asumidas por el Estado, de suprimir agencias de todo tipo, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión y otros entes públicos de diversa índole y dudosa funcionalidad. Además se plantea acabar con las duplicidades e ineficiencias entre las distintas administraciones, entre otras medidas.

Sobre el papel, el tijeretazo público es bien recibido. Sin embargo, habrá que esperar, como dije antes, hasta ver como se lleva a la práctica el ajuste. De cualquiera de las maneras, era obvio que España tenía un Estado sobredimensionado en el que resultaba imposible optimizar los recursos y alcanzar la eficiencia económica. ¿Se conseguirá con la nueva reforma? Pronto lo sabremos.

La reforma, sin embargo, nace sin un titular periodístico impactante porque no se han producido grandes modificaciones en el aparato del Estado, así como tampoco medidas espectaculares que nos lleven a pensar que el tijeretazo vaya a poner patas arriba a la Administración pública.

¿Se podría haber conseguido esto último? Por supuesto que sí. Bastaba con dejar de mantener empresas públicas ineficientes, televisiones autonómicas innecesarias, diputaciones provinciales, Senados o consejos de administración nombrados a dedos. Fundaciones, consorcios, observatorios, agencias... No me digan que no hay por donde meter la tijera.

Como ya dije en estas páginas en otra ocasión, si no atajamos este problema de raíz, racionalizamos las funciones de la Administración y eliminamos duplicidades jamás saldremos de este atolladero en el que nos encontramos inmersos. El tiempo dirá si con esta reforma se ha conseguido, porque lo que no puede ser de ninguna de las maneras es que los ciudadanos seamos el único objetivo de los ajustes.

Más Información | La Moncloa En El Blog Salmón | Hay que meter la tijera en el sector público empresarial, Una historia real para llorar sobre tecnología, productividad, Hacienda y las administraciones públicas y Próximo tijeretazo: el sector público empresarial Imagen | mordicuac

Ayer nos enteramos de que la Generalitat valenciana tiene la intención de suprimir 46 empresas públicas y despedir a alrededor de 3.000 empleados, el 40 % del total de la plantilla. De esta forma, tras la reestructuración sólo quedarían 30 entidades, de las 76 que había hasta la fecha. Con estas medidas pretenden ahorrar hasta 315 millones, 100 de ellos por la reducción de personal, otros 200 por la optimización de la gestión y 15 más por “sinergias”.

Y yo me pregunto: si la estructura organizativa de la Generalitat es capaz de funcionar con garantías tras este recorte, ¿por qué no se ha hecho antes? El gigante con pies de barro en que se ha convertido la administración pública española es inmanejable, ineficiente y caldo de cultivo de contrataciones a dedo y sueldos estratoféricos. Los nuevos ajustes y tijeretazos deben enfocarse en el sector público.

Adelgazar el peso de las administraciones públicas para racionalizar sus funciones y evitar duplicidades es esencial para sacar a España del atolladero en el que se encuentra inmersa. Hay que cerrar empresas públicas, recortar en personal, reducir concejales, suprimir entidades locales y ajustar competencias, entre otros ajustes necesarios.

Nuestro país tiene un tejido industrial insignificante y, sin embargo, contamos con un sector público empresarial del tamaño de un elefante. El entramado de fundaciones, consorcios, empresas, observatorios y agencias se ha convertido en un saco roto que necesita ser enmendado cuanto antes. Sin embargo, con las elecciones en el País Vasco y Galicia detrás de la puerta, ¿será capaz el Gobierno de meter la tijera en este terreno pantanoso que da de comer a tantos amiguetes?

Vía | La Información
En El Blog Salmón | Las fusiones de ayuntamientos son necesarias, Los ayuntamientos necesitan un plan de control del gasto público, Una historia real para llorar sobre tecnología, productividad, Hacienda y las administraciones públicas
Imagen | mordicuac

Si de algo podemos estar seguros en los pocos meses que lleva el nuevo gobierno en el poder es de que secunda la máxima de “cuando el río suena, agua lleva”. Digo esto porque cada medida que tímidamente se ha propuesto, finalmente ha sido aprobada y aplicada. Así, el Gobierno presentó en el pasado Consejo de Ministros un avance su programa de estabilidad y de su programa de reformas para el año 2012, donde directamente se apuntaba en una dirección: la fusión de ayuntamientos.

En España existen actualmente 8.116 ayuntamientos, de los cuales el 84% tienen menos de 5.000 habitantes. Cada municipio cuenta con su propia organización de mando sustentada por los concejales. En el caso de los municipios de menos de 5.000 vecinos hay entre tres y once concejales por pueblo, lo que suma la friolera cifra de más de 48.000 concejales. ¿Creéis que esta situación es sostenible a largo plazo? Desde el gobierno opinan que no.

La solución a este desfase administrativo pasa por fusionar ayuntamientos y centralizar la Administración, lo cual es una tarea compleja y lenta. El gobierno no ha concretado cómo se llevaría a cabo la racionalización pero han señalado como criterio lógico la estratificación por tramos de población. Así, los municipios más pequeños y próximos estarían condenados a entenderse y unir las competencias de sus respectivos ayuntamientos en uno solo. El ahorro estimado de esta racionalización sería de 10.500 millones de euros.

No obstante, hay que señalar que el gobierno carece de capacidad para obligar a los municipios a fusionarse. Lo que sí podría hacer sería delimitar las competencias municipales en función de la población y traspasar las de los municipios más pequeños a las diputaciones provinciales. De esta forma, los pueblos afectados no tendrían más remedio que colaborar si quieren seguir prestando servicios mínimos como el alumbrado, la recogida de residuos, la limpieza de la vía, el agua potable o el cementerio a su población.

Sin embargo, no se ha comentado nada acerca de racionalizar también las diputaciones. Con los ayuntamientos pequeños se solucionaría parte del problema, pero excluir del proceso a las 41 diputaciones provinciales y a las 3 diputaciones forales sería un error. La pregunta que os lanzo sin ningún tipo de rodeo es: ¿crees que centralizar la Administración municipal fusionando ayuntamientos ayudará a reducir gastos banales o se condena a la extinción a los municipios más pequeños?

En El Blog Salmón | Atención alcaldes y concejales: se os acabó el chollo de los salarios desorbitados, Ni un ayuntamiento sin su crotal financiero
Imagen | aguaqua

Voy a contaros una historia real que ha caído en mis manos sobre el pésimo uso que dan las administraciones públicas a la tecnología y cómo genera costes y pérdidas económicas a todos los niveles. Muchas administraciones públicas tienen locales alquilados a particulares y lógicamente pagan una renta al propietario. Para no aburriros con los detalles fiscales de la operación, la administración retiene un porcentaje sobre la renta pagada que ingresa en Hacienda y que el propietario descontará de la cuota a pagar de su declaración del IRPF (si es persona física claro).

El problema arranca cuando al propietario en cuestión, le requiere la AEAT para decirle que las cantidades que se descuenta por las retenciones por alquileres no son procedentes, dado que el inquilino (en este caso la administración pública) no ha procedido a ingresar esas cantidades en las arcas públicas. El propietario se pone en contacto con la Consellería de la Xunta de Galicia a la que le tiene alquilado el local y le dicen que de eso nada, que ellos han ingresado hasta el último céntimo en Hacienda y que no es su problema, que el error lo tiene Hacienda en Madrid (sic). Mientras tanto, Hacienda bloquea la devolución del IRPF de este propietario por las diferencias mencionadas en retenciones y pone todo el tema en manos de un asesor.

El asesor se pone en contacto con la Xunta y le pide que le mande los modelos que se presentan a Hacienda para comunicar las retenciones. En este caso, al ser alquileres, la Xunta tiene que presentar el modelo 180 (modelo que le comunica a Hacienda el propietario del local y las cuantías pagadas anualmente junto con las retenciones) y realizar los pagos mensuales o trimestrales mediante el modelo 115. La Xunta, le dice que sin problema, que en unos días le manda una copia para que los presente en Hacienda y la AEAT pueda arreglar el error que deben tener ellos.

Pasan los días y al asesor le llega el modelo que ha presentado la Xunta. Pero aquí arrancan las sorpresas. La primera, que el modelo presentado está confeccionado a mano y presentado en Hacienda en mostrador y la segunda que el funcionario encargado de presentar dicho modelo ha cometido un error y en lugar de presentar un modelo 180 para este alquiler, ha presentado un modelo 190 (modelo para comunicar las retenciones realizadas a trabajadores y profesionales entre otras cosas) ¿por qué ha sucedido todo esto y cuánto nos cuesta a todos los contribuyentes este fallo?

En primer lugar, no pongo en duda que el funcionario sepa qué modelo es el correcto pero esta persona no cuenta con los medios materiales necesarios para realizar su trabajo. Me explico, la AEAT pone a disposición de todos una plataforma de software gratuito y para todos los sistemas operativos que permiten confeccionar estos modelos sin movernos de la silla. El caso es que los sistemas informáticos de la administración, requieren diferentes grados de permisos para instalar cualquier software, hasta el punto que, dado el caso, es más sencillo que el funcionario se desplace a una delegación de Hacienda, compre el modelo en papel, lo cumplimente allí mismo con un bolígrafo y lo deje presentado. A efectos temporales, este funcionario puede tardar tres horas en cubrir un impreso que podría haber hecho en 5 minutos sin moverse de su puesto de trabajo.

El segundo problema, los errores materiales que se originan por la propia presentación a mano. En este caso, equivocarse en el modelo es imperdonable, pero cualquiera puede cometer ese error; error que nunca hubiera sucedido si este funcionario hubiera tenido una firma electrónica habilitada para realizar la presentación por internet. Es decir, la firma electrónica de las administraciones públicas es configurable para que esta persona sólo tenga acceso a determinadas áreas, en este caso, la presentación de un modelo 180 y los trimestrales de 115 y si hubiera intentado enviar otro modelo, nunca se lo hubiera permitido la propia página web de Hacienda.

Estos dos errores, han generado una pérdida de tiempo, dinero y baja productividad que además se ve agravado por el coste económico que genera de manera adicional al propietario del local y a las propias arcas públicas en la liquidación de intereses favorable a la devolución de Hacienda que ya lleva casi más de seis meses de retraso.

Este tipo de errores que tienen su origen en un diseño anticuado de la administración pública son los que hay que resolver desde hoy, a todos los niveles, con el objetivo de mejorar en productividad y eficiencia a todos los niveles.

Nota: No quiero pensar en ningún momento que el funcionario encargado de presentar estos modelos en Hacienda no supiera cuáles eran los modelos correctos, pensemos que un error lo tiene cualquiera mejor.

En El Blog Salmón | Por qué los funcionarios no pueden ser funcionarios, Mejorar la productividad para salir de la crisis
Imagen | Leonard John Matthews

UPyD presenta en su borrador de programa para las elecciones generales del 20N una batería de reformas en la administración del Estado de bastante calado. Estas propuestas de reforma son revolucionarias para la estructura actual del Estado que tenemos y realmente creo que son muy necesarias debatirlas y marcar ese camino.

Ya hemos visto en qué puntos estamos fallando actualmente y no hay mejor reforma que aquella que cambia lo que no funciona o puede conseguir funcionar mucho mejor sin perder un ápice de control en la función pública. El primer punto que abora UPyD en esta reforma es la redefinición de un estado federal mediante la toma de control a nivel estatal de las siguientes competencias:

• Educación y Sanidad, con gestión descentralizada

• Medio ambiente y protección civil

• Recursos naturales y gestión del territorio

• En estudio, administración pública, materias fiscales y Seguridad Social

• Representación internacional

A estas competencias habría que sumar las que actualmente ya tiene el Estado como son defensa y justicia. Pero el plato fuerte de la propuesta lo tenemos con la eliminación de los derechos históricos que corresponden a los territorios forales, punto que imagino no será del agrado de dichos territorios.

Una vez realizado este nuevo rediseño competencial, se aboga por la eliminación de las diputaciones provinciales y por un plan de reagrupamiento de ayuntamientos de 5.000 habitantes, siguiendo criterios de proximidad geográfica y criterios de sinergias comunes entre núcleos de mayor tamaño relativamente colindantes.

Esta propuesta, la ha realizado también Felipe González, aunque no me consta que el PSOE la vaya a incorporar en su programa. (Corregidme si alguien ha visto lo contrario por ahí). Y en el blog, también hemos planteado la eliminación de ayuntamientos y cuestionado la figura de las diputaciones.

Todo el pack de estructura territorial culmina con la reforma del Senado, de tal manera que dicha Cámara sirva para representar realmente a las autonomías y no esté en su situación actual y el Congreso se queda para legislar aquellas materias de ámbito nacional.

Verdadera revolución que cambia la administración pública. Revolución que a priori me parece sumamente acertada, dado que se conseguiría una eliminación de competencias duplicadas en materias menores, no existiría el mercadeo actual que hay con educación o sanidad entre comunidades y estoy convencido que esta reforma puede adelgazar sustancialmente los costes de administración sin perder eficacia de cara al sector público.

Nota: Estas medidas llevan un segundo bloque que detallaremos en un siguiente post.

En El Blog Salmón | ¿Para qué sirve el Senado? Paraderrochar 25 millones de euros anuales, Eliminar los ayuntamientos pequeños ahorraría 20.000 millones de euros, El impuesto del lujo que pide UPyD es una mala idea
Imagen | Masjota

Hace unas semanas, el Gobierno abrió la puerta a la modificación de la legislación vigente en materia de empresas de trabajo temporal, ETT´s. Esta modificación va a permitir que las administraciones públicas puedan recurrir a la contratación de trabajadores vía ETT.

Esta medida no tiene por donde cogerla puesto que va a romper todos los esquemas previos en la contratación pública y va a desatar un grado de enchufismo inimaginable hasta ahora por parte de muchas administraciones locales. El resto de problemas intrínsecos a las ETT´s los recoge Jose Luis del Campo de una manera bastante coherente y contundente, con lo cual no voy a redundar sobre ello.

Aún así, por si no lo tenemos muy claro, el Secretario de la Seguridad Social, Octavio Granado va allanando el camino y vendiéndonos la moto para favorecer la contratación a tiempo parcial dentro de la administración. Las declaraciones que recoge El País no tienen desperdicio:

Como no podemos contratar a nadie a tiempo parcial, contratamos a una persona para que esté ocho horas sabiendo que va a estar cuatro horas tocándose las narices

¿Cómo podemos permitir semejante atrocidad y quedarnos tan panchos? ¿No será mejor depurar primero el personal excedente de la administración pública antes que liarnos a hacer nuevos contratos? La administración tiene la mala costumbre de repartir mal las cargas laborales y continuar absorbiendo personal hasta límites inimaginables.

Los avances tecnológicos que van apareciendo cada día, no tienen un reflejo en la disminución de funcionarios, dado que los puestos blindados son el pan nuestro de cada día. Además, si una empresa tiene trabajo para medio puesto solamente, éste se cubre con horas extras o con un reparto distinto de las funciones asignadas.

El camino que vamos a seguir con las ETT´s va a ser muy peligroso y va a provocar un verdadero caos para muchas administraciones al darle carta blanca a la contratación de personal a la administración rompiendo los protocolos actuales, que por cierto no sirven para nada, pero al menos se publican en los distintos boletines oficiales.

Via | El Pais
Imagen | Reinante aka Benquerencia
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