La influencia política tras un cambio de Gobierno se extiende como una mancha de aceite en los diferentes cargos ministeriales y empresas públicas. España destaca en un elevado clientelismo en esta materia, buscando colocar en los principales puestos de poder público a los afines a la ideología del partido del Gobierno, lo que supone discriminar la profesionalidad como aspecto prioritario.

En las siguientes líneas vamos a examinar qué grado de penetración en la estructura ministerial tiene la formación de un nuevo Gobierno en España en comparación al resto de países de la OCDE y también, ante el nuevo Gobierno del PSOE, qué cambios se han producido en el liderazgo de las empresas públicas.

La rotación de los altos cargos ante un cambio de Gobierno

Una de las maneras de medir el clientelismo político existente en un país, es ver qué repercusión tiene un cambio de gobierno en los puestos de los altos funcionarios públicos que dependen de un ministerio. A mayor rotación de estos puestos ante un cambio de gobierno, mayor influencia tiene la posición ideológica del nuevo Gobierno frente a la capacidad técnica del personal, lo que implica que el 'nuevo Gobierno' se convierte en una agencia de colocación.

Tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla del estudio 'Government at a Glance 2017', lo habitual ante un cambio de gobierno es proceder a una rotación de los principales responsables del ministerio, la alta estructura ministerial. En total, 21 países de la OCDE realizan unos cambios que compete al 95%-100% de la estructura.

No obstante, hay países que destacan por su bajo grado de alteración en secretarias de estado como Canadá, Alemania, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Noruega que el cambio de Gobierno implica a una alteración de entre el 0% y el 5% en su alta estructura ministerial.

Sin embargo, para rangos inferiores a la alta estructura, no es frecuente que los Gobiernos de los diferentes países que forman la OCDE realicen grandes cambios. En este grupo se incluye a los altos funcionarios públicos por debajo de la ministro o secretario de estado (D1 en la tabla), y los altos directivos justo debajo de las posiciones altos funcionarios (D2 en la tabla).

Para las posiciones D1, sólo 6 países emprenden una remodelación elevada de los cargos entre el 95% y el 100%. Y para los altos directivos por debajo de D1, únicamente 3 países se embarcan a grandes cambios.

Pues bien, España es uno de esos tres países junto a Turquía y Chile, que más interfiere en los cargos D2. Cuando en España se cambia el Gobierno, la nueva estructura penetra en las diferentes capas técnicas del ministerio en sus altos cargos, colocando a sus afines políticos.

¿Cuáles son los problemas derivados de la alta rotación?

Una función pública profesional y políticamente imparcial garantiza un alto nivel de competencia, integridad y continuidad en desarrollar un asesoramiento sobre políticas y una aplicación que sirva para al interés público.

Ejercer influencia política en los altos cargos implica que las decisiones relativas a la dotación de personal pueden derivarse del deseo de un Gobierno de garantizar la capacidad de respuesta de la Administración mediante la dotación de personal con personas que comparten su visión política, por encima de de si esa dotación de personal tiene la cualificación técnica apropiada.

Sin niveles apropiados de transparencia y rendición de cuentas, como es el caso de España, los altos niveles de influencia política dan lugar a la propagación del clientelismo y el favoritismo que puede socavar la profesionalización de la política, saltando de un cargo a otro.

La influencia política también puede resultar en mayores niveles de la rotación en los niveles directivos superiores, lo que contribuye a la falta de estabilidad y continuidad de la gestión, un elemento que puede considerarse como necesario para implantar y supervisar las mejoras y reformas a largo plazo.

En última instancia, esto puede dar lugar a una pérdida de confianza en las instituciones públicas si los ciudadanos perciben a los gestores públicos que son nombrados en base a su afiliación política en lugar de su función de liderazgo y competencia técnica al frente de un cargo.

El clientelismo del PSOE tras su entrada en el Gobierno en las empresas públicas

Más allá de los altos cargos de los ministerios, también tenemos la gestión de las empresas públicas. Y en los primeros dos meses de Pedro Sánchez al frente del nuevo Gobierno socialista, los cambios han llegado a la gestión de las empresas públicas, colocando en los puestos de influencia a personal afín, clientelismo puro.

A fecha de 26 de junio, es decir, 19 días después de la formación del Gobierno, quedó constituido el nuevo Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con diferentes vocales procedentes de las secretarias de Estado del Gobierno.

Este era el primer paso para que ya el 19 de julio se procediera al relevo en la presidencia de ocho empresas del Grupo: Juan Manuel Serrano Quintana (Correos), Susana Sarriá Sopeña (Navantia), Jesús Casas Grande (Tragsa), Gregorio Rabanal Martínez (Hunosa), José Vicente Berlanga Arona (Enusa), Fernando Garea Baragaño (EFE), María Luisa Faneca López (Saeca) y Juan Andrés Tovar Mena (Cetarsa).

También tenemos otros nombramientos como el de Óscar López que es ex secretario de Organización del PSOE y exportavoz del grupo socialista y fue designado como consejero delegado de la empresa pública Paradores de Turismo que es uno de los instrumentos de política turística del Gobierno.

Entre los puestos de más influencia ante la opinión pública el PSOE ya ha movido ficha. Se han nombrado a Rosa María Mateo en RTVE y también a José Félix Tezanos, secretario de Estudios y Programas del PSOE, como presidente del CIS, que curiosamente en la primera encuesta publicada en julio, se dió al PSOE un auge de 8 puntos en estimación de voto frente a la encuesta anterior, situándose como el primer partido.

Acabamos de ver cómo en Andalucía el sueldo de los funcionarios se recorta en un 10% para la plantilla y un 15% para los interinos. Esto es una puñalada directa a la economía doméstica que se ve agravada más aún si comparamos con otros recortes o indemnizaciones que reciben los políticos y enchufados de turno en los sillones de las empresas públicas. El recorte salarial se le aplica al populacho, no para los políticos y altos cargos en empresas públicas.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán recorta su sueldo en un 5% en todo un alarde de solidaridad para con los funcionarios. Ahí es nada oiga, que no se diga. Los ocho consejeros cesados del Gobierno anterior, recibirán una pensión de dos años que supera lo 100.000 euros a cargo del erario andaluz y desde Madrid, el Gobierno Central nos toma el pelo con la congelación de salarios en las empresas públicas. Hace un par de meses, el Gobierno de Rajoy aprobó la congelación salarial de los altos cargos de empresas públicas, pero al publicarse el desarrollo ministerial de la norma, nos encontramos con la sorpresa.

La sorpresa se genera porque la limitación real que ha introducido el ejecutivo es de 105.000 euros como máximo en el salario básico y ha dejado en variable el 40% restante. El porcentaje en variable, se cobra en función de objetivos pero tal y como señala Cinco Días, esta norma puede generar una subida de facto de las retribuciones de los altos cargos en empresas públicas de gran tamaño.

Esta subida se genera porque se amplía el porcentaje en variable en las nóminas y la parte anterior consolida dentro de la retribución básica que fija el Estatuto del Gobierno Central. El caso es que como siempre, altos cargos, políticos y designaciones a dedo siguen chupando sin piedad de las arcas públicas. Véanse los ejemplos enumerados en este mismo post por ejemplo y saquen sus conclusiones.

En El Blog Salmón | Griñán saca la tijera en Andalucía: recortes salariales a funcionarios y más impuestos
Imagen | PSOE de Andalucía

El ICO, Instituto de Crédito Oficial ha publicado sus cuentas anuales en el BOE. Estas cuentas requieren un análisis pormenorizado pero hay una partida en especial que duele profundamente dado el entorno actual en el que nos encontramos.

Dentro de los gastos de personal, se detallan las retribuciones percibidas por el/los Director/es General/es de la Entidad y por el resto de personas que ejercen funciones asimiladas. Durante los ejercicios 2007 y 2008 son las siguientes (en miles de euros):

La retribución anual media de estos cinco altos cargos fue de 627.000 euros en el ejercicio 2007. Un salario medio 125.400 euros por cabeza. Haciendo de tripas corazón, este salario medio me puede parecer hasta asumible, pero lo que no me parece asumible, es que con la que está cayendo desde comienzos del 2008, estos cinco altos cargos hayan aumentado sus retribuciones hasta 858.000 euros para el 2008.

De 125.000 euros de media, estos cinco altos cargos del ICO han pasado a cobrar 171.600 euros de media. Eso supone un incremento retributivo mediodel 36,8%. Según el organigrama de personal del ICO, estos cinco altos cargos pueden ser:

• Aurelio Martínez Estévez, Presidente del ICO desde mayo del 2004.

• Ramón Iribarren Udobro, Director General adjunto

• Rosario Casero Echevarri, Directora General de Inversiones y financiación.

• José David Cabedo Sempe, Director General de Control y Administración.

• Enrique Villarreal Rodríguez, Director General Técnico.

Creo que estos incrementos salariales en instrumentos públicos están de más, más aún cuando sus retribuciones en el 2007 ya se podían considerar más que razonables. Eso no son políticas de austeridad desde luego, ni de control del gasto público ni del déficit.

Vía | Depósito cuentas ICO – BOE (PDF)
En El Blog Salmón | ¿Debería el Estado controlar los salarios?>/a>, El sector público no puede montar bancos