Tras la decisión de la UE de que Apple debe pagar 13.000 millones de euros a Irlanda en concepto de impuesto de sociedades, los impuestos de Apple vuelven a ser motivo de conversación. Y es que todos sabemos que la compañía de la manzana es una máquina de hacer dinero y queremos nuestra parte.

Puede que queramos nuestra parte como inversores y tengamos dinero en ella. O tal vez como trabajadores y queramos que nos dé dinero dándonos empleo, como ha prometido Trump. O tal vez simplemente queremos que pague impuestos en nuestro territorio. Recientemente ha salido la noticia de que Apple en España ha pagado sólo diecinueve millones de euros en impuestos en diez años.

Porque pensémoslo de este modo, estamos hablando de una empresa que vende, salvo excepciones, los móviles y ordenadores personales más caros. Además tiene una gran tienda de música y aplicaciones. Se calcula que el volúmen de negocio en España es de 1.100 millones de euros. Parece poco.

Pero la pregunta que nos debe de ver, es que si los impuestos se pagan donde se genera el valor, ¿cuál es el valor que generan las dos empresas que tiene Apple en España? Tanto Apple Marketing Iberia y Apple Retail no son más que empresas que dependen de filiales en Irlanda.

Por comparación, BQ (mucho más pequeña) ha pagado seis millones de euros en impuestos desde su fundación e Inditex (que si es un gigante pero de otro sector) ha pagado 860 millones de euros en 2015 (algo que deberían de plantearse todos aquellos que critican a Inditex con su iPhone en la mano ¿quién contribuye más al estado del bienestar español?).

Eso no implica que Inditex no haya intentado reducir su factura fiscal, ya que tuvo que anunciar que dejaría de tributar desde Irlanda por la presión que hubo cuando salió la noticia que era el país que había elegido para su tienda virtual. Por otro lado, todavía sigue vendiendo desde Irlanda a algunas jurisdicciones.

Utilizando las legislaciones que da la UE y de EEUU

Posiblemente haya llamado la atención que Apple esté usando la jurisdicción de Irlanda para pagar menos impuestos, pero hay que tener en cuenta que no sólo el impuesto sobre sociedades más bajo es lo único que Irlanda tiene que ofrecer a Apple (de hecho el impuesto sobre sociedades más bajos es en Bulgaria). El idioma inglés, junto con una fuerza laboral cualificada (y la capacidad de atraer a trabajadores de toda Europa), un buen marco jurídico y otros factores han hecho que otras muchas multinacionales utilicen Irlanda como base de sus operaciones europeas o incluso mundiales.

Otras empresas que han aprovechado la fiscalidad que les ofrece Irlanda son Google o Amazon. También se ha investigado el uso de Holanda por parte de Starbucks o de Luxemburgo por parte de Fiat. Lo que es normal que empresas de Estados Unidos a la hora de venir aquí opten por estructurar su negocio europeo del modo fiscalmente más ventajoso, pero creo que cuando es una empresa europea (Fiat o el mencionado caso de Inditex) nos duele un poco más.

Aún así las empresas norteamericanas también utilizan las distintas ventajas fiscales que les dan los estados. Google está incorporada en Delaware, al igual que otras muchas empresas. CitiGroup y Wells Fargo no hubieran elegido Sioux Falls en Dakota del Sur si no fuera por las ventajas fiscales que les da este estado. Cuando hay competencia, cualquier soberanía fiscal es trichera. Lo cual a muchos les puede parecer injusto.

Ahora supongamos que conseguimos igualar todos los tipos de sociedades en prácticamente todos los países del mundo (seguramente Corea del Norte querría hacer excepciones), ¿dónde debería de tributar una empresa multinacional para que fuera justo?

Justo no lo sé, pero complicado...

Volviendo a Apple ¿dónde se genera el valor de los productos que vende? Los iPhones se fabrican en China por parte de empresas especializadas, como Foxconn. Pero por lo que lo que pagamos no es por un teléfono Made in China, ya que casi todos se hacen allí.

Así que cuando se compra un iPhone se paga principalmente por la calidad de la fabricación, el diseño y por el software. Porque la verdadera diferencia entre un iPhone y un móvil con Android está en el software y en los valores añadidos de Apple frente a los de Google en el mismo. Por eso el mayor centro de valor de Apple está en Cupertino, California. Ese es el motivo por los que los sueldos que paga Apple en California son mucho más altos que los que paga en cualquier otro lugar.

La pregunta es ¿dónde debería de tributar Apple si todos los tipos del impuesto de sociedades son iguales? En el fondo un iPhone vendido en una tienda en España no proporcionaría beneficios sólo a Apple España, sino también a la manufactura en China y al diseño en California. ¿Dónde sería justo que tributaran los beneficios de este iPhone? ¿En California dónde se diseñó? ¿En China dónde se fabricó? ¿O tal vez en España dónde se vendió? Lo único que queda claro es que el IVA se quedaría en España, pero nada más.

Incluso si el tipo del impuesto sobre sociedades en España fuera igual en toda la UE y el iPhone lo hubiéramos comprado por Internet ¿creemos que el impuesto de sociedades se pagaría en España? Muy posiblemente no. Lo más probable es que Apple tuviera una única tienda en toda la UE que sería más fácil de gestionar. En ese caso la tendría en el país que le saliera más a cuenta. Tal vez Irlanda por sus ventajas, tal vez un país con menores costes laborales como Eslovaquia.

No es de extrañar que las multinacionales utilicen la parte fiscal como modo de decidir esto, al fin y al cabo su objetivo es hacer dinero, no asignar del mejor modo posible los impuestos entre jusrisdicciones que no son capaces en ponerse de acuerdo en aquello en lo que quieren.

En El Blog Salmón | ¿Por qué no es aceptable la respuesta de Apple tras la multa de la Comisión Europea?, ¿Dónde va el dinero que las multas de la UE?

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Semana intensa para la Agencia Tributaria y sus efectivos. En los últimos días se han lanzado varias operaciones contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal en distintos sectores empresariales que han destapado nuevos capítulos de fraude en nuestro país, tan golpeado por la corrupción.

En esta semana hemos conocido la actividad delictiva de la cúpula de Vitaldent, de la filial del banco chino ICBC en España y, por último, de un grupo de empresas del sector cárnico. Todos los registros se llevaron a cabo con diferencia de pocas horas, lo que hace pensar que estaban perfectamente orquestados y programados por parte de Hacienda.

En el caso de la cadena de clínicas dentales el fraude no pone en peligro el negocio, ya que se trataba de la actividad delictiva de los directivos, que cobraban a sus franquiciados parte del canon en metálico y lo enviaban a paraísos fiscales, amasando así ingentes fortunas a espaldas del fisco.

Por su parte, la filial del gigante financiero chino enviaba dinero de sus clientes en negro a China para blanquearlo allí. Estos fondos procedían en su mayor parte de los famosos bazares chinos que pueblan España, un caso muy similar al de Gao Ping, pero en esta ocasión con la colaboración de una firma financiera de prestigio mundial.

Por último, el sector cárnico se ha visto salpicado este viernes por una macrooperación de la Agencia Tributaria en 15 comunidades autónomas para inspeccionar a 75 empresas del sector sospechosas de cobrar parte de sus ventas en negro.

Además, hace pocas semanas también tuvieron trabajo en Valencia, donde todo el PP de la ciudad ha sido imputado por blanqueo de capitales, a excepción de la exalcaldesa Rita Barberá, que se ha atrincherado en su aforamiento en el Senado.

Los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía se han tenido que emplear a fondo en estos días de registros y detenciones por doquier, aunque bien es verdad que llevan unos cuantos años de gran intensidad, pues al calor de la crisis han explotado fraudes fiscales que salpican incluso a la Familia Real, como bien sabemos todos.

No obstante, estas detenciones coinciden con un momento crucial en la política española, pues España sigue sin gobierno y las negociaciones del PSOE con los distintos grupos siguen bastante abiertas.

¿Qué intenta demostrar Hacienda?

Muchos os habréis preguntado cómo es posible que la Agencia Tributaria sea capaz de lanzar estos dispositivos en solo una semana y no lo haya hecho mucho antes en otros casos de corrupción que han sacudido y avergonzado al país. ¿Teme algo el personal directivo de la Agencia Tributaria?

Puede que el clima de incertidumbre política en el que estamos inmersos y las probabilidades de que sean partidos de un color muy distinto al actual los que puedan gobernar de aquí en adelante hayan alentado a Hacienda a salir con todo su arsenal para perseguir el fraude fiscal y el blanqueo de dinero en un alarde de efectividad ante los que pueden ser sus nuevos jefes. O quizá es la última intentona del Ejecutivo de Rajoy de demostrar que sí luchan contra la corrupción, algo que, si es así, llega tarde.

Sea como sea, y dejando siempre claro que estas actuaciones son las que los españoles deseamos, esta actitud no compensa la vista gorda que Hacienda lleva practicando tantos años con los poderes fácticos del país. De hecho, no hay que retrotraerse mucho en el tiempo para recordar la bochornosa actitud que tuvo para intentar salvar a la Infanta Cristina del banquillo de los acusados con ese desafortunado “Hacienda somos todos es solo un eslogan”.

La realidad pura y dura es que nuestra Agencia Tributaria es cada vez menos efectiva contra quienes sí cometen delitos fiscales de gran envergadura. Un ejemplo: en 2014 (últimos datos disponibles de las Memorias de la AEAT) se investigó a 29.561 contribuyentes en España, frente a los 26.124 del año 2013. Pues bien, de un año a otro la recaudación se desplomó nada menos que un 22%, hasta los 4.987 millones de euros desde los 5.652 del año anterior.

¿Y esto por qué es así? Porque Hacienda se dedica a lo que se conoce como “menudeo”, es decir, a lo fácil, a investigar a los contribuyentes medios, autónomos y pequeñas empresas, a los que es más sencillo descubrir si cometen cualquier tipo de infracción, pero que a la vez defraudan mucho menos de lo que pueden hacer los grandes patrimonios, que cuentan con sofisticados sistemas fiscales para eludir sus obligaciones con el fisco.

Por ello, este lavado de imagen de última hora, aunque es bienvenido –porque siempre se aplaudirá la lucha contra el fraude fiscal- no es suficiente. Tan siquiera es una tercera parte de lo que cabría esperar de una Hacienda que se paga con el dinero de nuestros bolsillos. Bien es cierto que España cuenta con menos efectivos que la media de la OCDE –algo que tanto Podemos como PSOE se han comprometido a solucionar si gobiernan-, pero los que hay no se están dedicando plenamente a perseguir al que roba a las arcas públicas, si no que se limitan a poner la lupa encima de los que sobreviven como pueden o no tienen los conocimientos fiscales suficientes para afrontar ciertas diligencias con el fisco. Por ello, cada vez está más claro que Hacienda nunca fuimos todos.

España sigue sin gobierno y ya han pasado casi dos meses desde las elecciones. El panorama cada vez está más enconado y parece que nos abocamos hacia otros comicios, sobre todo a tenor del programa que ha presentado Podemos este lunes a su cada vez menos posible socio, el PSOE.

Dejando de lado las cuestiones territoriales y puramente políticas, es hora de centrarse en las económicas, esas que deben marcar la diferencia entre un gobierno de cambio y otro continuista.

Como era de esperar, el partido liderado por Pablo Iglesias propone aumentar el gasto público, como ya había adelantado durante la campaña electoral. En el documento hoy presentado incluye un gasto público que sería de 96.000 millones de euros más que el actual en el año 2019.

Para ello, propone una reforma fiscal que lograría recaudar 40.000 millones para las arcas públicas. Dicha reforma recaería en su mayor parte en las grandes rentas y patrimonios del país, así como también tendría una parte muy importante dedicada a la lucha contra el fraude.

Sobre este último aspecto propone aprobar un paquete de medidas contra los paraísos fiscales –con el objetivo de conocer a los titulares de las cuentas en estos lugares, sobre todo si son multinacionales- o eliminar “pantallas tributarias”, revisando la fiscalidad de las famosas sicav, las ETVE o las sociedades de capital riesgo.

No obstante, el grueso de su reforma fiscal está enfocada a la parte impositiva, donde propone cambiar el sistema tributario español de arriba abajo.

Impuesto al lujo

Como bien decíamos anteriormente, Iglesias quiere penalizar vía impuestos a los que más tienen. Por un lado, subir el IRPF de los que ganan más de 60.000 euros al año del 45% actual al 55%. En este aspecto, su intención es que este impuesto abandone su actual dualidad –rentas del trabajo y del ahorro- y acabe convergiendo en uno solo.

Por otro lado, propone subir el Impuesto de Sociedades al 30% desde el 7% actual, imponiendo un tipo mínimo del 25% a las grandes empresas. También quiere recuperar los impuestos sobre la riqueza, donaciones y sucesiones y modificar el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio.

Sin embargo, la propuesta que más llama la atención de esta reforma fiscal enfocada a gravar más a las grandes fortunas tiene que ver con el IVA. Podemos quiere un IVA superreducido para la mayor parte de alimentos y bebidas no alcohólicas y aplicar un 10% a todos los suministros básicos –gas, electricidad, etc-. Además, propone gravar con el 25% de IVA los “artículos de lujo”.

Y deja en el aire la pregunta más importante… ¿Qué entiende Podemos por lujo? ¿Un viaje al Caribe? ¿Un Ferrari? ¿Un vestido de marca? ¿Un perfume? ¿Unos pantalones? Si nos atenemos a lo expuesto anteriormente, sería todo lo que no son alimentos ni suministros básicos ni productos culturales –a los que también va a bajar el IVA-, por tanto, puede que al final dicha reforma vaya enfocada a crear un sistema en el que muy pocos se podrán permitir comprar ciertos productos que, desde luego, hoy nadie considera de lujo.

Esperemos a que alguien nos dé esa definición para despejar la incógnita…

Hacienda ya no somos todos, y dudo de que algún día lo fuésemos. Esta es la conclusión que podemos extraer de la primer jornada del juicio por el caso Nóos, que sienta en el banquillo a la Infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin, por varios delitos, entre ellos fiscales.

La Abogacía del Estado utilizó el argumento de que “Hacienda somos todos es solo un eslogan publicitario sin trascendencia jurídica” para intentar que a la hija del rey emérito, Don Juan Carlos de Borbón, salga del proceso penal al que sí se tendrá que enfrentar su marido.

Es decir, tanto la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, como la Fiscalía, en representación de todos los españoles, intentan por todos los medios que a la Infanta se le aplique la doctrina Botín –ojo con el nombre-, ya que la acusación de delito fiscal no la ha hecho el Estado, sino un particular, Manos Limpias.

Para ello, no solo se abstienen de acusarla, sino que le están haciendo una defensa mejor que sus propios abogados, dando todo tipo de argumentos para que sea retirada del banquillo. No obstante, al pronunciar semejante frase, la Abogacía del Estado ha echado por la borda la credibilidad que podía tener el fisco y la labor de pedagogía que ha venido haciendo durante estos años para concienciar a la sociedad de la necesidad del pago de impuestos.

Hacienda somos los pobres

¿Qué nos hace pensar todo esto? Que los que contribuimos con Hacienda fielmente somos solo los pobres, los plebeyos que carecemos de títulos o del suficiente dinero para que nos eximan de las graves consecuencias que tiene evadir impuestos.

Porque hay indicios de sobra para acusar a la Infanta por cooperar en delitos de evasión fiscal a través de las sociedades pantalla creadas por su marido, pero el Estado parece pasarlo por alto en esta ocasión. No es así para la esposa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, a la que se acusa de lo mismo y que no ha recibido esa defensa a ultranza por parte de la Abogacía y la Fiscalía.

Así pues, la Infanta Cristina, con toda probabilidad, será liberada de pagar al fisco y a todos los españoles gracias a una forma de proceder judicial que puso en marcha nada menos que Emilio Botín, el hasta ahora mayor banquero que ha dado este país.

¿Qué pasa ahora con los millones invertidos en publicidad para concienciar a la sociedad para que pague religiosamente sus impuestos? Pues que caen en saco roto. Sí, pagaremos, pero desde luego que con la sensación de que nos están tomando absolutamente el pelo.

¿Y la deuda de Hacienda quien la paga?

A pesar de que parece que para Hacienda hay ciudadanos que no tienen por qué atender con sus obligaciones, como pagar impuestos, debería tener en cuenta que tiene un grave problema que no va a solucionar con los ciudadanos de a pie.

Antes de las navidades se publicó la famosa lista de morosos con las personas y empresas que deben más de un millón de euros al fisco. En ella aparecieron nombres como Dani Pedrosa, Mario Conde, Lorenzo Sanz, Victorio & Lucchino, clubes de fútbol, empresas, medios de comunicación… Una lista por valor de 15.600 millones de euros, cantidad que solo representa un 30% de la deuda que tiene el fisco pendiente de pago.

Actualmente, a la Agencia Tributaria le adeudan 52.200 millones de euros, por lo tanto, el 70% que no aparece en la lista de morosos… ¿dónde está? ¿quién debe tanto dinero al Estado? Tengan presente que en dicho listado no aparecen ni las personas que se acogieron a la amnistía fiscal ni los españoles que aparecían en la Lista Falciani.

De este modo, la situación del fisco no es tan boyante como para ir asegurando en sede judicial que “Hacienda ya no somos todos”, porque precisamente por ese argumento tiene el agujero que tiene.

La gallina de los huevos de oro dejó de poner, es decir, la actividad constructora se ha parado, y los ayuntamientos lo están notando. La recaudación fiscal ha disminuido y muchos municipios no son capaces de mantener el nivel de gasto al que estaban acostumbrados. Ya entonces pagábamos los excesos, con un encarecimiento de las viviendas, pero ahora lo vamos a notar más, puesto que los impuestos municipales van a cambiar.

¿Cuáles son los principales cambios que se están estudiando? Cambiar el IAE, el IBI (con progresividad), introducir un tramo municipal en el IRPF y también cambiar el modelo de impuestos a turismos. Es decir, tocar todo lo que se puede tocar y por supuesto al alza.

Pero no nos engañemos, aunque yo soy partidario de unos servicios públicos de calidad y que permitan una igualdad de oportunidades, sobretodo en temas de educación y de acceso a la sanidad, los ayuntamientos derrochan grandes cantidades de dinero. Puedo poner unos cuantos ejemplos que seguro que vemos en todos los municipios: las fiestas patronales, donde se traen a supuestos artistas a precios subvencionados o incluso completamente gratuitos; los jardines de césped, que si bien quedan muy bonitos no son lo más autóctono en ciertas zonas de España; las bibliotecas municipales: esto puede parecer polémico, pero en mi Comunidad Autónoma hay bibliotecas del Estado, de la Comunidad y de los Municipios, cosa, a mi entender, que me parece un derroche de recursos muy innecesario. Y podría seguir.

Los servicios públicos son necesarios, pero los ayuntamientos, ante el exceso de dinero que han recibido estos años, encareciendo las viviendas, por supuesto, han entrado en una dinámica de la que no quieren salir. Piensan que la solución es elevar los impuestos que recaudan.

Creo que deberían replantearse muchas cosas.

Vía | El Confidencial

Igual en estos últimos días estamos hablando excesivamente de política, pero es que cuando las elecciones se acercan no hay más que ver las noticias para ver cómo los políticos se lanzan a hacer propuestas económicas a lo loco que luego no cumplen (acabo de releer un Jueves de hace 4 años en el que se comentaba la noticia de que el PSOE proponía implantar un seguro dental gratuito... hace unos días lo ha vuelto a proponer, y seguramente lo volverán a incumplir). El caso es que muchas de estas propuestas son interesantes (ya sea para alabarlas o criticarlas) así que habrá que convivir con este matrimonio política-economía durante algún tiempo.

La última propuesta que ha hecho el PSM (Partido Socialista de Madrid) es la eliminación del impuesto de patrimonio. El argumento es simple: este impuesto lo pagan las clases trabajadoras (con un nivel medio-alto, hay que reconocerlo) pero las grandes fortunas no, ya que usan sociedades para titularizar el patrimonio. Además tildan el impuesto de injusto, ya que grava algo que ya está gravado. Y por último, indican que la cifra recaudada es despreciable y que además su origen no era recaudatorio sino censal, y ahora mismo Hacienda dispone de otros medios para censar el patrimonio de la gente.

De todos los argumentos los que más me convencen son dos: el de que el origen del impuesto es censal y el de que lo que hace es crear una doble imposición. En cambio los otros argumentos me parecen bastante flojos.

Si fuéramos eliminando impuestos porque las rentas más altas los evaden, nos quedaríamos sin impuestos. Da igual que sea el del patrimonio, el de la renta o los indirectos. Los que más dinero tienen más medios pueden dedicar a evadir impuestos. Si de verdad existe un problema con la evasión del impuesto del patrimonio lo que hay que hacer es invertir más en luchar contra dicha evasión.

El argumento de que los ingresos son escasos... bueno, sí, comparados con otros impuestos sí que la recaudación es escasa. Alrededor de 400 millones de euros al año en Madrid. Pero si de verdad en términos regionales un impuesto es poco importante por ejemplo se podría ceder dicho dinero a la ciudad de Madrid, que por ser una ciudad con un desfase de un millón de personas entre sus residentes y sus trabajadores tiene unas necesidades económicas mucho mayores que una ciudad normal. Seguro que le vendría muy bien a las arcas municipales para amortizar la deuda que ha dejado la M30.

Por tanto se están usando algunos argumentos sin mucho peso. Pero como he dicho, me convence lo de la doble imposición y lo del origen censal. Por mi que lo quiten. Creo que el PP también está de acuerdo (o siempre lo ha defendido) pero ahora seguramente que no lo hagan, puesto que antes de las elecciones (generales en este caso) nunca puedes dar la razón a tu enemigo.

Vía | El País