La Sociedad Pública del Alquiler arrancó en 2006, como proyecto estrella para revitalizar el mercado del alquiler, apareciendo como intermediaria entre propietarios e inquilinos. Parece ser que toca a su fín, dado que hace unos días se ha instado al Gobierno mediante una proposición no de ley a que se lleve a cabo su disolución

Las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora han sido la formalización de 9.924 contratos de arrendamiento. Cifra por debajo de las previsiones iniciales, en donde es esperaban unos 5.500 contratos a finales del 2006 y autofinanciarse a partir del 2007.

Esta sociedad, se creó con un capital social inicial de 20 millones de euros, y a cierre del 2008, las pérdidas acumuladas ascendían a 21 millones de euros. No he encontrado que se hayan realizado aportaciones adicionales a dicha sociedad, por lo que formalizar los primeros 9.000 contratos han tenido un coste de 2.330 euros por contrato.

Esta sociedad se caracteriza por la opacidad en su gestión. Es casi imposible averiguar el número de trabajadores que tiene, los acuerdos que tiene suscritos con las distintas inmobiliarias ni un detalle provincial de los contratos que ha suscrito por ejemplo.

Pero yo voy más allá, hay una incongruencia de base en el planteamiento inicial de esta sociedad. Si las políticas de vivienda ya estaban transferidas a las distintas comunidades y todas las autonomías cuentan con sus respectivas sociedades de alquiler junto con muchos municipios ¿no hubiera sido mejor alinear a todas estas empresas bajo la misma fórmula jurídica como paso previo?

O mejor aún ¿qué utilidad real tienen estas sociedades en todas sus circunscripciones? ¿Tan dificil es articular una base de datos de alquileres e inquilinos por las propias consejerias? Este tipo de instrumentos públicos no cumplen sus previsiones ni funciones iniciales en casi ningún sitio.

Lo que podemos sacar en claro es que la mentalidad española se inclina por la propiedad, por más que queramos hacer ver las bondades del alquiler de viviendas y esta sociedad pública se puede calificar como un rotundo fracaso desde el punto de vista económico, por los costes efectivos por operación hasta la gestión, dado que no ha llegado a cubrir siquiera las expectativas más pesimistas que se tenía. Esperemos que se cierre cuanto antes.

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