La Unión Europea destinará más de 400 millones de euros al sector hortofrutícola español en 2026. La cifra, relevante en sí misma, llega en un momento especialmente delicado para el campo europeo, donde los costes elevados y la presión regulatoria creciente chocan con la aplicación del acuerdo comercial con Mercosur.

En este contexto, la lectura inmediata puede ser clara: Bruselas refuerza el apoyo a uno de los sectores más expuestos. Sin embargo, debemos matizar qué hay realmente detrás de ese dinero: no se trata de una ayuda extraordinaria ni un escudo diseñado para proteger al sector de los efectos de Mercosur, sino un instrumento ya existente dentro de la Política Agraria Común (PAC). Y esto es relevante. Muy, muy relevante.

Mercosur entra en juego

España ha comunicado a Bruselas sus necesidades de financiación para los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas (OPFH) en 2026. Es un mecanismo habitual dentro de la Política Agraria Común: cofinanciado, recurrente y orientado a modernizar el sector, no a protegerlo de shocks externos concretos.

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En pocas palabras, esos 413 millones sirven para mejorar competitividad, organización, sostenibilidad o gestión de crisis, pero no están diseñados para compensar el cambio en las reglas del comercio internacional que se avecina.

Mientras se anuncia ese apoyo financiero, la UE avanza en paralelo en la aplicación del acuerdo con Mercosur. Según la propia Comisión Europea, el tratado empezará a aplicarse de forma provisional el 1 de mayo de 2026.

La lógica del acuerdo es clara: abrir mercados. El Ministerio de Economía resume el intercambio con la idea de que Mercosur eliminará aranceles sobre el 93 % de las exportaciones agroalimentarias europeas, mientras que la UE liberalizará el 82 % de las importaciones procedentes del bloque.

Sobre el papel, esto es un win-win: todos ganan. Más acceso para productos europeos como aceite de oliva, vino, porcino o frutas y hortalizas. Sin embargo, la realidad es más compleja, puesto que abrir mercados también implica abrir la puerta a más competencia.

Las reglas del juego

El verdadero conflicto es que el debate gira en torno a un problema que se ha invisibilizado parcialmente por las administraciones: el campo español se enfrenta más a una asimetría regulatoria que a un problema de falta de ayudas.

Es decir, los productores europeos operan bajo estándares ambientales, laborales y fitosanitarios muy exigentes. Desde límites en pesticidas hasta costes energéticos o requisitos burocráticos crecientes. Por el contrario, los competidores de Mercosur pueden producir en muchos casos con menores costes regulatorios.

El resultado es evidente: no compiten en igualdad de condiciones.

Las organizaciones agrarias llevan semanas señalando precisamente este punto. El malestar no se centra solo en los volúmenes de importación, sino en la falta de reciprocidad en las exigencias productivas.

En este contexto, los 413 millones pierden peso: el dinero puede ayudar a adaptarse, pero no corrige una diferencia estructural en costes y normas.

Ni Bruselas se fía

De hecho, la propia UE ha reconocido implícitamente ese riesgo. El Consejo aprobó el pasado 5 de marzo un reglamento específico para reforzar las salvaguardias agrícolas frente a Mercosur.

El objetivo es poder reaccionar más rápido si el aumento de importaciones provoca daños en sectores sensibles. No obstante, si hace falta diseñar mecanismos de emergencia antes de que el acuerdo entre en vigor, ¿no será que el problema sobrepasa con creces la teoría?

Así, las PAC no son ningún salvavidas frente a Mercosur. La UE enfrenta un desafío más allá de la competitividad, pidiendo a los agricultores que produzcan bajo unas reglas exigentes mientras abre el mercado a productos que no siempre cumplen esas mismas condiciones. Un problema que no se soluciona con financiación.

En el año 1962, se inició la Política Agraria Común (PAC) que se desarrolla hoy bajo el presupuesto de la Unión Europea, aunque inicialmente venía de la mano del llamado Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA).

En los primeros años, compraba la producción agrícola cuando el precio de mercado caía por debajo de cierto nivel. Y a partir de la década de los setenta, la UE comenzó a gravar las importaciones agrícolas y comenzó a subvencionar sus exportaciones.

Tal y como lo define hoy la UE, se trata de una asociación entre la agricultura y la sociedad para apoyar a los agricultores y mejorar la productividad agrícola, mientras que se busca asegurar el suministro estable de alimentos asequibles y que los agricultores puedan ganarse la vida razonablemente bien.

Calificada como vital, viene justificada porque los ingresos de los agricultores son alrededor de un 40% menores frente a los ingresos no agrícolas. Además, la agricultura depende estrechamente de la evolución del clima y existe una brecha de tiempo entre la demanda de los consumidores frente a la capacidad de abastecimiento de los agricultores al mercado ya que conlleva un tiempo desarrollo de todo cultivo.

Por esta razón, la PAC es la principal política que se desarrolla desde la Unión Europea. Si nos vamos a los datos, la Política Agrícola Común (PAC) es la partida presupuestaria única más grande de la UE, ya que absorbe alrededor del 38% de todo el gasto que se impulsa desde la UE en el presupuesto actual de siete años (2014-2020).

El dinero de la PAC se organiza de la siguiente manera: En primer lugar, alcanza un presupuesto de 408.000 millones de euros para el período 2014-2020. Este dinero se destina principalmente al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA, 77%) y el resto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER, 23%).

El FEAGA se utiliza para proporcionar ingresos a los productores agrícolas (se esperan 294.000 millones de euros para 2014-2020) e interviene en caso de perturbaciones adversas en los mercados agrícolas (se esperan 18.000 millones de euros).

Los 96.000 millones restantes, son empleados por el FEADER cuyo objetivo es ayudar a las comunidades rurales a desarrollarse y diversificarse económicamente, financiando proyectos regionales.

Consecuencias de la PAC: la distorsión del mercado agrícola

En primer lugar, es difícil de encajar de que el 38% del presupuesto de la Unión Europea vaya dirigido a una población que representa el 3% de la Unión y que el impacto económico vinculado es del 6% del PIB.

A pesar de la PAC tiene un desarrollo en el mercado común, hay desigualdades en los subsidios que reciben los agricultores de diferentes estados miembros e incluso entre agricultores de un solo estado miembro.

Pudieramos pensar que existe una función redistributiva, pero lo cierto es que, como podemos ver en la siguiente tabla, los pagos directos mayores han ido a Francia, España, Alemania, Reino Unido e Italia. Además el foco de los subsidios van a los grandes agricultores y las pequeñas granjas están desapareciendo de la UE. Para hacernos una idea, el 70% de los fondos serían destinados a únicamente el 20% de las granjas.

Esta política está distorsionando claramente el mercado global agrícola porque los productores están generando una sobrecapacidad sin mucho sentido que, genera una serie de consecuencias negativas, ya sea desde el punto de vista de los contribuyentes como desde el punto de vista de los mercados locales extracomunitarios fuera de la UE.

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Los Gobiernos de todo el mundo distorsionan la agricultura con sus ayudas

Podemos entenderlo si analizamos el mercado lácteo. En un intento de sostener los precios de una crisis láctea (fin de las cuotas de producción y la prohibición de la importación de alimentos frescos de la UE por parte de Rusia) intervinieron el mercado y provocaron un exceso de leche.

En un mercado libre, un exceso de oferta hunde los precios y tiende a eliminar las ofertas de los productores menos competitivas, con la imputación de pérdidas al capital hasta la quiebra. Esa menor oferta, ejerce finalmente una estabilización en los precios.

Pero, tratando de aguantar los precios, Bruselas ha estado comprando leche desde 2015. La Comisión Europea ha usado dinero público para comprar unas 380.000 toneladas métricas de leche descremada en polvo. Una medida que tampoco ha funcionado y han terminado por acumular leche en los almacenes, principalmente en Francia, Alemania y Bélgica, los sacos de leche en polvo no lograron detener la hemorragia de los precios.

En resumen, primero Europa ha creado un entorno perfecto para la sobreproducción a golpe de subvenciones, con un exceso de explotaciones, y luego se ve obligada a comprar esos productos para sujetar sus cuentas... Una jugada redonda, a cargo del contribuyente.

Estas subvenciones tienen otra consecuencia: se está haciendo dumping, porque cuando estos excesos se llevan a los países en vías de desarrollo se les está obstaculizando combatir la extrema pobreza, al evitar comerciar en condiciones entre iguales. No solo eso, a pesar de que dentro de Europa existe el libre comercio, de cara a terceros establece medidas no arancelarias, de fuerte carácter regulatorio, que impide la entrada de muchos productos exteriores para competir.

En última instancia, existe una clara preocupación por el medio ambiente y también se focaliza en la PAC una serie de culpas porque para garantizar una oferta innecesaria, gracias a las subvenciones hace que valga la pena utilizar una agricultura especialmente intensiva con la ayuda de productos químicos para alcanzar cuotas de sobreproducción de los que realmente exigen por la parte de la demanda de los consumidores.

Nueva Zelanda consiguió eliminar subvenciones a la agricultura

La PAC es del todo innecesaria, fomenta un uso inadecuado de los recursos de los contribuyentes destinados a una sobreproducción no solicitada, para supuestamente garantizar el acceso alimentario. Un acceso que en un marco de mercado libre no está en riesgo si se permite abrir puerta a las importaciones de los países en vías de desarrollo.

La malgama de subvenciones es un error, y esto ya lo entendió Nueva Zelanda en la década de los ochenta.

Antes de 1984, la agricultura neozelandesa estaba fuertemente protegida por medio de subsidios y precios mínimos. Ese proteccionismo dio lugar a distorsiones del mercado, a la sobreproducción y a la degradación de las tierras marginales, justamente los mismos errores hoy vemos con la PAC.

Los subsidios generaban incentivos perversos... Se ponían en producción grandes superficies de tierras marginales y para 1984 más de dos millones de hectáreas se cultivaban sólo porque los subsidios hacían que fuera rentable, y no por una demanda detrás que la respaldara.

La producción ya no se ajustaba a la demanda porque la producción basada en subsidios se disparó. El gobierno pagó por el sacrificio de ovejas que no podían ser vendidas y en 1983, 6.000 toneladas de El excedente de carne de oveja se convirtió en fertilizante.

En 1984, el gobierno se enfrentó a una grave crisis fiscal y aplicó una ambiciosa desregulación que también incluía la devaluación y la posterior flotación del dólar neozelandés y la posterior liberalización de los mercados de capital.

Como parte de esta reforma de toda la economía, el gobierno eliminó todos los subsidios agrícolas. Eso incluía ddjar de apoyar el precio de la lana, la carne de vacuno, la carne de ovino y los productos lácteos, apoyo vía ingresos, fertilizante, transporte y todos los subsidios para el desarrollo de la tierra.

En 1986, Nueva Zelanda eliminó todas las subvenciones a la industria pesquera. Se introdujo la ordenación basada en los derechos junto con un sistema de cuotas individuales transferibles y una compra de derechos existentes.

No fue fácil. El ajuste sectorial en el sector de la agricultura llevó siete años, pero el gobierno apoyó el sector agrícola a través de la transición con la reestructuración de los préstamos y las prestaciones sociales.

¿Y qué consecuencias tuvieron estas ambiciosas reformas?

Hoy Nueva Zelanda tiene alrededor de 80.000 explotaciones agrícolas distribuidas en 15,5 millones de hectáreas. El número de granjas se ha mantenido estable desde que se eliminaron los subsidios. La superficie terrestre ha disminuido ligeramente a medida que la tierra marginal se ha entregado a la silvicultura o se ha permitido volver a los arbustos nativos.

Desde la eliminación de los subsidios el mundo no se ha hundido para Nueva Zelanda, el sector agrícola ha crecido más rápido que el resto de la economía. La contribución de la agricultura al PIB de Nueva Zelanda aumentó del 14,2% en 1986-87 al 16,6% en 1999-2000. La agricultura representa el 11,4% de la fuerza laboral total.

La población rural ha mantenido el ritmo de la población nacional desde 1986. El empleo en las granjas ha disminuido un poco, pero estas pérdidas se han equilibrado con el aumento del empleo rural en las empresas relacionadas con el turismo. Al perder esas subvenciones, la economía rural tomó la iniciativa y se ha diversificado para incluir el turismo y otros servicios que han hecho que las comunidades rurales sean menos vulnerables a los descensos cíclicos en la agricultura.

El número de ventas de explotaciones agrícolas forzadas que resultan directamente de la eliminación de subsidios se estima en 800, o el 1% del número total de granjas.

Y lo mejor de todo... más productividad. La productividad agrícola ha aumentado un 5,9% anual en promedio desde 1986. Antes de 1986, las ganancias en productividad agrícola eran de aproximadamente 1% anual.

¿Qué ha impulsado a dos diputados socialista, Alejandro Alonso y José Pliego, en calidad de portavoz socialista y presidente respectivamente en la Comisión de Agricultura del Congreso, a solicitar al Gobierno (sus compañeros de partido) que publique con nombres y apellidos las ayudas de Politica Agraria Comunitaria (PAC) provinientes de la Unión Europea?

Según ideal digital, Pliego dice que hay «un problema de legitimación social de las ayudas" y opina que "la mejor medicina es hacerlas públicas». En la proposición se sugiere la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como medio idóneo para publicar dicha información.

Sin lugar a dudas, que los propios gestores de las ayudas pidan esta transparencia confirma que existe en la sociedad un clima generalizado de desconfianza ante estas ayudas y sus perceptores debido a lo generalizado del fraude en las últimas décadas. Por otra parte, también existe un determinado estado de opinión respecto a la subvención de la agricultura en los paises desarrollados en contraposición a las tesis defendidas por el comercio justo.

Las cifras son como mínimo llamativas: 3500 millones de euros (casi 600.000 millones de lasantiguas pesetas) para 854.000 perceptores que han solicitado estas ayudas durante 2006. Recordemos que 854.000 familias podrían ser unos tres millones de personas ¿Qué porcentaje del total de agricultores representa? ¿De qué vivirían estas familias si se suspenden las ayudas comunitarias? ¿Quién le pone el cascabel al gato de la agricultura subvencionada?

Vía | Ideal digital Más información | Agrodigital.com