Los planes de pensiones son históricamente considerados como un producto de ahorro e inversión a largo plazo, funcionando mediante aportaciones periódicas o puntuales. Además de poder disfrutar del capital aportado una vez llegada la jubilación, presenta la ventaja fiscal de que las aportaciones están exentas de pagar IRPF en la Declaración de la Renta. No obstante, los usuarios no podrán desgravarse más de 1.500 euros anuales.

Todo ello queda recogido en la Ley 12/2022 de 30 de junio, aplicada ya en la Declaración de la Renta de 2022. No obstante, existen excepciones en casos en los que las personas tengan un cónyuge con ingresos anuales inferiores a los 8.000 euros, por lo que podrán aportar 1.000 euros como máximo al plan de pensiones de su pareja, independientemente de lo aportado en su plan. Otra excepción que se contempla son las personas discapacitadas, cuyo límite es de 24.520 euros, mientras que las aportaciones de terceros son de hasta 10.000 euros.

La medida del Gobierno para impulsar los planes de empleo

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de octubre de 2021 recogieron un importante cambio, reduciendo el tope de aportación con desgravación en planes de pensiones individuales a 1.500 euros, siendo hasta entonces de 2.000 euros. No obstante, hasta el año 2020, era de 8.000 euros.

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Sin duda, ha supuesto un duro revés para las gestoras de fondos de pensiones, que han visto como durante los últimos años se ha desincentivado el ahorro para la jubilación. Con este cambio, si una persona gana 30.000 euros al año y su base imponible es de 25.000 euros, solo tendrá que tributar por 23.500 euros.

El objetivo del Ejecutivo de Sánchez sigue siendo impulsar el ahorro mediante planes de empleo, desarrollados dentro de las propias empresas tras una negociación colectiva. En éstos, el límite de desgravación asciende hasta los 8.500 euros al año, por lo que si se aporta a dos figuras sería de 10.000 euros al año. No obstante, los fondosde pensiones públicos, correspondientes a las administraciones públicas, continúan congelados.

Para el Gobierno, los planes de pensiones individuales son calificados como instrumentos de ahorro regresivo (en términos fiscales), ya que permite conseguir mayores desgravaciones a quienes poseen una base imponible del IRPF más elevada, es decir, quienes cuentan con sueldos más altos.

De consolidarse los planes de promoción pública, se podrían extender los planes de empleo a trabajadores de pequeñas compañías e incluso a autónomos.

Claves de los Fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP)

Para constituirse los FPEPP, deben existir planes de empleo antiguos que se adhiriesen a los nuevos fondos de promoción pública, así como sumarse los planes de pensiones simplificados (funcionan sin necesidad de que el dinero esté en un fondo de promoción pública).

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Como ventaja principal, los FPEPP se caracterizan porque la Seguridad Social ha fijado unos niveles de comisiones muy bajas (entre el 0,1% y el 0,25% anual). Además, las gestoras trabajan por tener 500 millones de euros en dichos fondos en tres años y garantizar el acceso a determinadas categorías de activos de inversión.

Los FPEEPP suponen que el Ejecutivo de Sánchez seleccione a las gestoras que los administran, una comisión especial conformada por funcionarios de Seguridad Social. En los fondos de pensiones individuales antiguos, la comisión la conformaban representantes de trabajadores y empresas al 50%. Pese a todo, son las gestoras quienes deciden qué activos comprar para los distintos FPEPP y no el Gobierno. Pese a todo, el Gobierno podría establecer incentivos en el concurso de selección, como apostar por firmas que actúen siguiendo criterios sostenibles.

Pese a que se estableciese un cambio en el Gobierno en la próximas Elecciones Generales, los FPEPP perdurarían. De hecho, el acuerdo alcanzado recientemente en el sector de la construcción permite que en un plazo máximo de 10 años se alcancen los 3.000 millones de euros.

Límites al desgravar un plan de pensiones

Hay que tener en cuenta que, aunque no hayan llegado aún los fondos de pensiones públicos, el límite cuantitativo que en fija en el IRPF para las aportaciones a planes de pensiones es de 1.500 euros para contribuciones individuales, estableciéndose un límite porcentual. De este modo, las aportaciones al plan de pensiones que superasen el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas, no estarán sujetas a desgravar.

Todas las aportaciones a los planes de pensiones se incluyen en la base imponible del IRPF del mismo año, reduciendo el contribuyente el importe del capital a declarar y abonando menos impuestos. Así pues, en caso de generar unos ingresos por valor de 21.000 euros durante el último año y aportar 1.500 euros al plan de pensiones, la base imponible se reduciría de 21.000 a 19.500 euros. De este modo, el tramo del IRPF pasaría del 19% al 24% y a tributar 4.057,5 euros en lugar de 4.465,5 euros.

No hay motivos para sonreír. El nuevo año ha traído consigo la revalorización de las pensiones, estableciéndose un incremento del 3,8% con carácter general. Se trata del resultado de aplicar el IPC medio entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. No obstante, pese al leve incremento de las retribuciones, el pensionista no verá aumentado su poder adquisitivo al percibir un incremento generalizado de los precios y del nivel de vida.

Si los productos básicos como la electricidad, los alimentos o el combustible (éste actualmente a la baja) han aumentado su coste en un 9%, la subida de las pensiones apenas será perceptible para los jubilados, que incluso percibirán una pérdida de poder adquisitivo. De este modo, la fórmula adoptada en la Ley 20/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones en base a la evolución del IPC, no tendrá efectos positivos.

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La subida de las pensiones, efectiva desde el pasado 1 de enero, se vende por el Gobierno de Sánchez como la segunda mayor subida en lo que va de siglo. No obstante, la calificación del sistema de pensiones sigue siendo vista como una partida de gastos, mientras que otras como defensa, ayudas estructurales a empresas o a la banca son consideradas como inversiones.

La no deflactación en el punto de mira

A los pensionistas no les afectará tanto el IPC en su poder adquisitivo como la no deflactación del IRPF, también denominada como progresividad en frío o rémora fiscal. Y es que al no acometerse, en términos reales perderán poder económico y se verán obligados a afrontar una carga tributaria mayor. De este modo, la elevada inflación no hará que su capacidad económica aumente.

Las pensiones tienen la consideración de rendimientos del trabajo, tal y como sucede con los salarios. Por todo ello, los pensionistas pagan IRPF igual que cuando estaban en activo.

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La no deflactación del IRPF es una subida de impuestos encubierta. Ésta suele pasar desapercibida, ya que supone una subida que no precisa de la adopción de acciones discrecionales por parte del Gobierno. Se establece un incremento impositivo poco visible que no tiene coste político.

Una subida insuficiente

Pese a la nueva subida del 3,8% acordada por el Gobierno, la cuantía no compensa las pérdidas generadas en años anteriores, pues el indicador del IPC medio utilizado no tiene en cuenta la verdadera situación de la carestía de la vida en términos reales.

La nueva subida de las pensiones afecta a 10 millones de pensionistas (9,14 millones de pensiones contributivas, 700.000 de clases pasivas y 275.000 pensiones no contributivas).

En términos reales, la subida de las pensiones contributivas del 3,8% implicará que los jubilados cobrarán en 2024 unos 52 euros más al mes o unos 734 euros más al año, hasta situarse en unos 1.430 euros mensuales. De nada servirán estas cifras porque su capacidad adquisitiva no aumentará, sino que empeorará y, en el mejor de los casos, se mantendrá idéntica a 2023.

En cuanto a la pensión media del sistema (1.200 euros al mes), aumentará en unos 46 euros mensuales, es decir, en unos 638 euros anuales. La paga media de viudedad se incrementará hasta los 886 euros mensuales (un alza de 32,4 euros de media) y la paga mínima por viudedad hasta los 14.466,20 euros anuales en el caso de cargas familiares.

Si se trata de pensionistas de viudedad con menos de 60 años, pasarán a ingresar 8.752 euros al año de nómina mínima. La pensión mínima no contributiva por jubilación o invalidez (no han cotizado 15 años) aumenta un 6,9%, aunque es insuficiente, ya que no alcanza el 75% del umbral de pobreza.

En el caso de la jubilación de los autónomos se tratará de la más baja de todos los regímenes contributivos de la Seguridad Social, por lo que vuelven a ser los grandes damnificados del Estado. Se situará en torno a los 952,4 euros, pasando a cobrar unos 35,8 euros más al mes.

Se impone así un proceso de destope de la base máxima de cotización hasta los 56.600 euros anuales. De este modo, quienes perciben un salario más alto cotizarán de forma proporcional a sus ingresos.

El plus de la brecha de género

Con el inicio de 2024 se impone la subida del complemento de brecha de género de las pensiones contributivas y de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Queda establecido tras sumar al porcentaje de revalorización del 3,8% un porcentaje adicional del 5% en base al acuerdo con la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo.

En resumen, la subida de las pensiones por parte del Ejecutivo de Sánchez no genera un efecto real sobre el poder adquisitivo de la población. Además, se abre la puerta a estimular a que los convenios colectivos se deriven hacia sistemas privados de pensiones. Es por ello que los sindicatos vienen trabajando, a nivel sectorial, para evitar que se imponga un sistema insolidario con el sistema público, de elevado riesgo financiero y de un enorme coste.

Aunque el presidente Mariano Rajoy ha asegurado una y otra vez que “no tocará los fondos de pensiones” el tema está que arde y ayer se filtró que el gobierno estudia dos mecanismos para recortar este gasto en al menos 4.000 millones de euros al año y dar una señal de clara disciplina financiera a los jerarcas de la troika. No sería la primera vez que el presidente Rajoy miente, pero sí sería una de las últimas cartas que el gobierno se juega para contener la masiva fuga de capitales y el acelerado aumento del déficit y la deuda pública (ver gráfica).

Esto es porque la próxima semana será la más dura del gobierno de Rajoy en la cual deberá convencer tanto a los jerarcas de la troika como a los inversores de que ha creado un muro de contención lo suficientemente sólido como para resistir los ataques especulativos. Por un lado se dará a conocer el resultado de la auditoria que se espera declare que la banca necesita no más de 60.000 millones de euros de capital fresco y que el gobierno puede recurrir a discreción con los 40.000 millones de euros restantes del paquete de ayuda. Junto a esto, debe entregar un programa sólido de recortes que evite la aplicación de más mano dura desde el exterior. Aquí podrían entrar los recortes a las pensiones.

Por cierto que esta vez el gobierno no utilizaría la palabra “recortes”, con la que ha sido estigmatizado, para dar a conocer el plan que difundió inicialmente Reuters y The Guardian y luego El Economista. Según estos medios, el plan presentaría dos lineas de acción: por un lado adelantar el aumento en la edad de jubilación desde los 65 años actuales a los 67 años, acelerando un proceso previsto a realizar en forma paulatina durante los próximos 15 años, a unos pocos años.

Por otra parte, se buscaría congelar el monto de las pensiones desindexándola de la inflación y de las revalorizaciones presupuestarias. Con esto, el gobierno se evitaría el reajuste de las pensiones de acuerdo a la subida real del IPC y de los incrementos presupuestarios. Como vemos, la palabra “recorte” no figura en ningún lado dado que para las autoridades esto no constituiría recorte sino mero “congelamiento” y “aceleración de proceso”.

Si bien el gobierno se ha encargado de desmentir la información, lo cierto es que el duro golpe de la crisis financiera le ha significado elevar 2,5 veces la deuda publica que se hallaba en minimos el año 2007. En la gráfica se aprecia el desarrollo de esta deuda desde 1940 hasta hoy y a lo largo de estos 72 años se destaca el paulatino descenso de la deuda pública desde el fin de la guerra civil hasta mediados de los años 70. Pero la arremetida de políticas más laxas y el ascenso del neoliberalismo en los 80, también llevó a España al descalabro como ocurrió con gran parte del mundo. Y hoy, al borde del precipicio, los gobiernos echan mano a todo lo que tienen, incluyendo los esforzados ahorros de los trabajadores para contener la ola destructiva de la crisis.

Si el gobierno no muestra cartas sólidas de equilibrio presupuestario la próxima semana, deberá apelar a un rescate forzoso por parte de la troika. Esto implicará medidas de ajuste aún más draconianas como ha sido en Grecia y Portugal, que han visto incrementar el desempleo y el empeoramiento en la calidad de vida. Esto es porque los rescates financieros son sólo un apoyo a la banca y nada hacen por la economía real. La sola idea de postergar la edad de jubilación es algo que aumentará el desempleo, que ya se encuentra en el 25%. No es más que otra medida desesperada que solo amplifica los problemas sin ofrecer una solución real ni al desempleo, el crecimiento o la inversión.

Más información | Reuters, El Economista, The Guardian

Aunque los problemas de la deuda de Grecia están en el centro de la atención, los problemas que enfrenta Japón no son nada menores. Japón camina por la cuerda floja de la mayor deuda pública de las naciones industrializadas. Para este fin de año la deuda pública nipona será equivalente al 200% del PIB, potenciada por la caída de los ingresos fiscales y por los altos costos de bienestar que enfrenta una nación cuya población envejece a un rápido ritmo, como muestra la gráfica. Si Japón es el futuro, conviene revisar el informe del BPI y también el tsunami de los fondos de pensiones.

El PIB nominal de Japón alcanzará este año los 475 billones de yenes (5,1 billones de dólares), mientras su deuda se empinará en los 950 billones de yenes (10,2 billones de dólares), equivalente a una deuda per cápita de 7,5 millones de yenes (80.000 dólares). Los ingresos de Japón son aproximadamente de 30 billones de yenes y sus gastos son de 44 billones de yenes, un ratio gasto/ingresos superior en un 50 por ciento.

Sin la emisión de más bonos del gobierno, Japón estaría en quiebra. El sistema de bonos del gobierno japonés ha sido clave para que Japón se mantenga a flote desde su desplome en 1990. Pero su riesgo de incumplimiento es bajo porque tiene un enorme superávit en cuenta corriente, generado en la austeridad que caracterizó sus políticas desde el fin de la segunda guerra mundial. Esto permite suponer que el riesgo de Japón de una crisis de deuda estilo griego sea visto como poco probable, pero de convertirse en realidad tendría efectos devastadores. Mientras la capacidad de Japón para financiar su deuda se mantenga, este precario equilibrio puede subsistir. Pero bastaría un pequeño asomo de impago como los vividos en Grecia o Dubai, para precipitar un nuevo colapso.

Las deudas, pero, sobretodo, los impagos, son los que precipitan los colapsos. Por eso que es preocupante la caída de la población económicamente activa, que es la que genera consumo, paga impuestos y financia los fondos de pensiones. Como muestra la gráfica de Alex Dalmady realizada según las propias estimaciones del gobierno nipón, la población total va en descenso y en las próximas décadas la población económicamente activa disminuirá en más de un 20%, restringiéndose aún más las finanzas públicas. El número de japoneses mayores de 65 años llega hoy a los 30 millones de personas, y la tasa de mortalidad supera en un 5% a la tasa de nacimientos. A esto debemos añadir la caída en el PIB de 5,3% el año pasado, y de un 6% este año. ¿Será éste el futuro que nos espera?

Más información | Population Projection for Japan 2006-2055 En El Blog Salmón | El tsunami de los fondos de pensiones, Banco Internacional de Pagos no da buen augurio para la Economía Mundial Imagen | Alex Dalmady,

En su último informe, el Banco Internacional de Pagos, conocido como “el banco de los bancos centrales” realiza un seguimiento a la deuda de los países industrializados y señala que ésta es mucho mayor a lo que oficialmente se transmite, dado que los pasivos contingentes y las deudas de pensiones están excluidos de las cifras oficiales. Este hecho puede implicar que la recuperación de la economía mundial sea aplastada por la maquinaria de la deuda y sus enormes costos asociados.

Este informe se suma al reciente pronóstico de la OCDE que señala que la deuda pública de los países industrializados superará el 100% del PIB en 2011, algo nunca visto en tiempos de paz. A estos malos datos de balance y estabilidad de pagos, debemos sumar un hecho que la crisis ha ocultado: el envejecimiento de la población amenaza con incrementar los costos futuros de las obligaciones por las pensiones. El tamaño de estas obligaciones es incierto, pero de lo que sí hay claridad es que dichos pasivos no están financiados y serán los gobiernos quienes deberán asumir la carga.

El crecimiento de la población va asociado a una edad más avanzada para jubilar, y el tema se está comenzado a discutir en varios países. Este aumento de la edad para jubilar (gráfica superior izquierda) se concentra en países como Japón, España, Italia y Grecia, que ya están cargados de deudas relativamente altas producto de la crisis. Una de las consecuencias que tendrá el envejecimiento de la población será el aumento per cápita del gasto en salud (derecha). Por eso que la edad de jubilación llegará a los 70 años en muchos países antes de lo que se espera.

El Banco de Pagos Internacionales, BPI, increpa a las naciones occidentales por no haber presupuestado el rápido envejecimiento de la población y no haber hecho los resguardos de fondos necesarios durante el período de auge. Una vez más, el espíritu optimista de que todo seguiría igual ayudó a crear un nuevo socavón que ha abierto otro frente de inestabilidad. Las secuelas de la crisis financiera provocarán un problema latente que impedirán financiar los gastos de las jubilaciones.

A medida que la relación deuda pública/PIB se acerque al 100%, las tasas promedio de crecimiento sufrirán una merma del 1%, descendiendo aún más cuando la relación llegue al 200% o 300% del PIB, como se espera para la próxima década. Si bien la experiencia de Japón, Italia y el Reino Unido demuestra que un alto nivel de endeudamiento no es sinónimo de cese de pagos, no se puede garantizar lo mismo para todos los países. Más aún cuando el costo del pago de los intereses (gráfica superior) se eleve desde el actual 5% al 10%-15% en la mayoría de los casos o al 27% que alcanzarán en el Reino Unido.

Más información | BIP
En El Blog Salmón | El tsunami de los fondos de pensiones

El gobierno español, como la mayoría de los gobiernos del mundo, están decididos acceder a toda la liquidez que tengan a mano, y el que no, para inyectarlo a cualquier sector que lo pida a gritos.

Una de las nuevas ideas que ha lanzado el gobierno español, ya comentado por mi compañero IC en estas páginas, es que quieren acceder a fondos que hasta ahora no podían, los ahorros de los trabajadores, los que tienen ahorrados para ayudarles cuando se retiren. Y eso que no han sido especialmente entusiastas en eso de fomentar los planes de pensiones, como hemos criticado en estas páginas.

Además, lo están presentando como si son ellos permitiendo a los trabajadores a acceder a sus ahorros, ahora en su momento de más necesidad. ¡Qué piadosos!

Teniendo en cuenta las continuas inyecciones de los gobiernos y el incremento en sus deudas, es muy posible, por no decir probable, que los gobiernos no tengan fondos para pagar retiros dignos a los mayores. Estaremos pagando las deudas multimillonarias que están generando en nuestros nombres con sus gastos sin apenas impacto. Ya se ha cuestionado la viabilidad del sistema en el pasado en estas páginas, estamos en camino a empeorar las cosas aún más.

En este contexto, no es recomendable para los trabajadores saquear también los pocos ahorros que han podido acumular en los últimos años y que están protegidos de las manos de los políticos.

Por eso los planes de pensiones deben estar fuera de las manos de los gobiernos e, incluso, fuera de las mismas empresas donde uno trabaja.

Otra razón por qué no es buena idea el saquéo de los ahorros de los trabajadores es que continua el camino de la descapitalización del sistema financiero. Es decir, que estamos convirtiendo los ahorros en gastos con la conclusión de que habrá cada vez menos inversión.

Si el único capital que queda en el mercado financiero lo toman los gobiernos a través de sus deudas, los empresarios que necesiten capital para invertir tendrán que competir con los gobiernos en el mercado de capitales y pagar cada vez más para obtener este capital, si queda algo para ellos, después que el gobierno termine con su necesidad voraz de tomar capital prestado para gastar.

Si el hasta ahora capital intocable hasta el retiro, se abre para el consumo actual, redoblará este impacto negativo.

Esto resultará en menos inversión, menos creación de empleo y menos crecimiento. Justo lo contrario de lo que quieren los gobiernos.

En su intento desesperado de obtener capital de donde sea para inyectarlo indiscriminadamente, el gobierno español, y no sólo el español, está siguiendo el camino de la pobreza.

Vía | El País y Telecinco
En El Blog Salmón | ¿Más liquidez en los Planes de Pensiones? y Planes de pensiones para todos

Interesante el artículo de opinión que publicaba El Mundo el pasado sábado, titulado "El capitalismo cierra el ciclo" y firmado por Francisco Salazar-Simpson. Este hombre es, a la sazón, presidente de la Asociación de Concesionarios de Chrysler y supongo que escribe el artículo en el contexto de la venta de Chrysler al fondo Cerberus. Es decir, en la situación de quien ve cómo la compañía de la que depende es adquirida por un fondo de inversión que será quien, a partir de ahora, dirija su estrategia.

Los argumentos recogidos en el artículo son interesantes. ¿En qué medida tiene sentido que un fondo tome el control de las decisiones de una compañía? ¿Qué valor puede aportar esa nueva gestión a la economía productiva? ¿Qué retornos esperan? ¿Qué pasa si no los consiguen con la actividad operativa?

Al final, el planteamiento del artículo viene a decir que si los fondos esperan obtener, de su participación en la empresa, un rendimiento igual al que se obtiene en otras operaciones financieras lo van a tener difícil, porque las actividades productivas (y más en un sector tan maduro como el automovilístico) están lejos de generar esas rentabilidades y además lo hacen con mayores dificultades. Y si no lo consiguen, quizás emprendan una estrategia de salida o, peor aún, de desmembramiento de la empresa.

Es posible que en esta visión haya algo del tan manido miedo al cambio, y que las cosas no sean para tanto. Sin embargo, no deja de resultar paradójica la inversión de papeles que se está produciendo entre la economía real y la economía financiera. La segunda, creada como subsidiaria de la primera, está tomando el papel preponderante hasta el punto de marcar el ritmo de la economía mundial. Pero si no hay economía real... ¿sobre qué se asienta la economía financiera? ¿Quién va a proporcionar los beneficios?

Foto | Uzvards