Ir a comprar a una tienda y pagar un importe en monedas siempre suele generar cierta vergüenza, especialmente al ver el rostro del vendedor que mira escéptico la situación mientras cuenta el importe. En la localidad brasileña de Santa Catalina, en un concesionario compra-venta de São José se dio una circunstancia más atípica: un cliente pagó los 17.000 reales del precio de un coche con 13 garrafas llenas de monedas.

Aunque parezca una broma de mal gusto, la noticia es real. El coche era un Honda City del 2015 y su precio de 65.000 reales brasileños, unos 10.600 euros. El cliente había estado ahorrando durante varios años y fue varias veces al concesionario a ver el coche, hasta que finalmente lo compro a golpe de talonario, o, mejor dicho, ‘a golpe de metal’.

Esta venta atípica hizo que los vendedores tuviesen que estar contando monedas de 5 céntimos y de 1 real durante horas, en concreto, 36 horas. Por fortuna para ellos, el resto fue abonado a través de Pix, un sistema de pago electrónico brasileño. La situación fue bastante embarazosa, pues había más clientes y otras negociaciones esperando.

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Llama la atención que se ha podido conocer que el cliente pretende volver a ahorrar, pero en este caso con monedas de 1 real para ocupar un menor volumen.

Algo imposible en España

De haberse efectuado la compra en España, el concesionario lo habría rechazado. En España, según recoge la Ley 11/2021, del 9 de julio, el límite máximo para pagos en efectivo es de 1.000 euros. Es un método de prevención y lucha contra el fraude fiscal.

No obstante, ese límite es mayor si se produce entre particulares. En el caso de lo acontecido en Brasil, lo compró a una empresa por un importe que rondaría los 2.770 euros.

La limitación de los 1.000 euros se encuentra vigente en España desde el año 2012, pues anteriormente el tope estaba fijado en los 2.500 euros. La limitación se aplica en territorio español al pago del equivalente a dicha cantidad en cualquier otra moneda extranjera.

Excepciones para sobrepasar el pago de 1.000 euros en efectivo

En caso de que el pagador tuviese su domicilio fiscal fuera de España y no actuase en calidad de empresario o de profesional independiente, el pago máximo en efectivo sería de 10.000 euros.

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Además, para pagos de efectivo entre particulares (que no fuesen ni empresas ni profesionales independientes), éstos podrían alcanzar los 10.000 euros. En el resto de casos, cualquier cantidad que superase ese límite debería ser abonada mediante pago con tarjeta o transferencia bancaria.

Aspectos a tener en cuenta

Cuando se habla de pagos en efectivo en España, se tendrán en cuenta también cualquier tipo de cheques de viaje, cheques al portador u oro. Además, los 1.000 euros no se referirán al pago en efectivo en sí, sino al coste total de la operación.

Hay que tener en cuenta que no se puede fraccionar la facturación para que los pagos en efectivo no superen la cantidad de 1000 euros, pues se consideraría una acción ilícita. Este hecho se hace extensible, a su vez, a operaciones ejecutadas en plazos diferentes o entregas de material para una obra llevada a cabo en tres momentos diferentes.

No se puede pagar una cantidad inferior a 1.000 euros en efectivo si la operación total es por un importe mayor. De esta manera, si el pago a realizar es de 2.000 euros, no podrán abonarse 900 euros en efectivo y 1.100 euros con tarjeta, ya que se incurriría en un incumplimiento de la norma.

Una excepción importante a la norma es que no se aplican a las operaciones relacionadas con las entidades de crédito, de pago o establecimientos de cambios de moneda. Los establecimientos que están abiertos al público, al ejecutar operaciones de cambio de moneda en efectivo, deberán tener en cuenta estas limitaciones.

Consecuencias de sobrepasar el máximo en efectivo

La Agencia Tributaria ejerce un control exhaustivo para evitar que se supere la cantidad de los 1.000 euros, ya que se podría incurrir en un delito de fraude fiscal y actos ilícitos y fraudulentos.

En cualquier caso, los pagos con transferencia bancaria o con tarjeta (de crédito o de débito), siempre quedan registrados y permiten que la Agencia Tributaria ejerza una fiscalización efectiva.

De superarse el importe marcado por ley, se recibirían sanciones o multas por parte de Hacienda. Es una infracción grave de carácter administrativo, en la que tanto pagador como receptor son considerados infractores. Se establece para los importes que vayan de 1.000 a 10.000 euros, o su contravalor en moneda extranjera, una multa mínima del 25% del valor del pago realizado en efectivo, que puede además aplicarse a ambas partes por igual.

Podría aplicarse un descuento del 50% de pagarse la multa por adelantado. Hacienda también contempla la exoneración de la parte que denuncie el pago en efectivo, aportando datos sobre su contraparte y la cuantía del pago efectuado. De ahí la importancia de conservar los recibos o comprobantes de las transacciones durante cinco años.

Imágenes | Foto 1, Foto 2

Hace más de una década en China idearon un método para evitar el fraude fiscal. Querían que los comercios pagaran sus impuestos y crearon unas máquinas registradoras precintadas que el Gobierno entregaba a los comercios y cada vez que se hacía una transacción quedaba grabada y se pagaban impuestos.

El problema era cómo lograr que la gente pidiera su recibo, ya que no hay incentivos para ello. Y la solución fue muy simple: cada recibo era un "rasca y gana", el cliente rascaba su recibo y podía recibir un suculento premio económico. El sistema empezó en 1998 en una ciudad, en 2002 ya funcionaba en 80 ciudades y hoy en día en prácticamente todo el país.

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El sistema de lotería ha ayudado mucho a reducir la evasión fiscal y por tanto la recaudación de China ha aumentado espectacularmente. Y la gran duda es por qué no se ha implementado dicho sistema fuera de China. La respuesta más lógica es que los problemas que tenía China no son comparables en otros países.

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China tenía una economía muy orientada al efectivo, no como en Europa en donde hay bastantes pagos electrónicos que dejan huella. También es normal que donde el fraude es más alto cualquier medida se pague sola, cosa que quizá no sucedería en Europa donde poner un sistema similar podría costar más de lo recaudado.

Pero la crisis Europea nos ha llevado a sitios insospechados. Los Gobiernos deben sacar dinero de debajo de las piedras y algunos han pensado que el ejemplo Chino bien podría replicarse. Hoy por hoy tenemos dos ejemplos en Europa de loterías fiscales.

Portugal y Eslovaquia lanzan sus loterías

El primero ha sido Eslovaquia. Allí desde 2013 existe un sorteo quincenal, pero el sistema finalizó este año. Para participar únicamente había que tener facturas superiores a un euro y solicitar un número en el sorteo (13 céntimos si se hacía por sms, 20 céntimos si era en una administración de lotería). Los premios iban desde los 1.000 a los 10.000 euros. Me parece un error cobrar por el sorteo ya que si la intención es que los ciudadanos pidan el recibo es un desincentivo. El sistema debería pagarse con el afloramiento de dinero negro. Los efectos fueron positivos pero en febrero de 2021 se decidió parar.

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Portugal puso en marcha su sistema en 2014. Para poder participar hay que pedir factura dando el NIF, y automáticamente se registrará en un sistema. Los ciudadanos pueden ver cuantos números tienen para el sorteo (depende de los importes). Cada semana se sortean coches y dinero en efectivo (90.000 euros). El sistema ha sido útil pero los estudios indican que es más efectivo usar desgravaciones que simplemente sorteos.

Dos países que se han atrevido a replicar el sistema chino. ¿Se apuntará alguien más? Italia de momento parece que lo lanzará próximamente pero no es algo que se haya extendido universalmente.

¿Funcionaría aquí?

Yo personalmente tengo mis dudas. Si hubiera un sistema similar en España y se implementara bien (creo que el rasca es el método más sencillo para todos, dejando además una prueba de la transacción) algo podría aumentar la recaudación, pero donde verdaderamente hay fraude un ticket de lotería no puede ayudar.

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Me refiero, claro está, al típico "¿Con IVA o sin IVA?". Está claro que si en un servicio el comercio te ofrece pagar o no pagar un 21% del importe, un ticket de lotería sale muy caro. Podría ser incluso contraproducente, la gente podría pensar que el 21% de una reparación de un coche de 500 euros es mucho dinero para un sorteo en lugar de pensar en la contribución al mantenimiento del Estado o que se podrá demostrar el trabajo realizado en caso de problemas posteriores.

Y es ahí donde se produce la mayoría del fraude. Esta medida frenaría que los comercios de importes bajos tengan caja B, ya que no sería muy normal que en una cafetería te digan que el café es un euro sin IVA o 1,21 con IVA. Pero en otros ámbitos de mayor importe seguiría habiendo fraude.

Aún así cualquier medida es buena para intentar combatir el fraude fiscal, y si la medida se paga a sí misma por la reducción del fraude merece la pena implementarse.

Más información | CSMonitor, Cinco Días, Gurus Blog

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Imagen | Gaelx

El sistema fiscal en España está en contra de los pobres y favorece a los ricos. Cuando tendría que ser muy diferente la situación que se tendría que dar. Pero como siempre pasa en un sistema fiscal se puede mirar desde muchas perspectivas e intereses.

Los impuestos son uno de los pocos factores que tienen una gran influencia de la lucha contra la pobreza y las desigualdades en cualquier país. España recauda poco y mal, lo que tiene un gran impacto y de forma directa en la capacidad para cumplir su deber de garantizar los derechos sociales de todos.

Nos podemos preguntar: ¿Cómo se puede arreglar el sistema fiscal de España si está roto?

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La lucha contra el fraude un factor clave para los presupuestos de sociales en España

El sistema fiscal español recauda poco, es decir, 7 puntos menos del PIB de lo que se recauda de media en la Europa. Llegar hasta esa media supone 80.000 millones de euros más de recaudación de la Seguridad Social y de Hacienda.

Uno de los grandes males de España es el fraude fiscal que está entre los 27.000 y los 70.000 millones de euros, por tanto, reducir estas situaciones supondría una mejora en la sanidad, en la educación o en la protección social en España.

Lo que tiene que tener claro el Gobierno del PSOE es que en el presupuesto también se priorizará la lucha contra la desigualdad y se ponga todas las fuerzas en distribuir el gasto social hacia aquellos que tienen menos recursos.

La fiscalidad española recauda mal

La crisis financiera de hace una década ha supuesto que la recaudación tributaria castigue más aún a la familias, alrededor del 83 por ciento del total frente a un alrededor del 74 por ciento antes del inicio de la crisis.

Lo dos elementos principales de recaudación ha sido a través de aumento del IVA y un IRPF limitado a una progresividad. Los impuestos al consumo y el trabajo frente a los que gravaban a los de la riqueza y el capital.

Esta ha sido una tendencia que en otros países de Europa ha ido unida con un aumento de la desigualdad, claramente que se ha desbordado en nuestro país, el tercer país de la Unión Europa como mayor desigualdad.

Esto ha tenido una serie de consecuencias para las familias que ha sufrido una mayor precariedad. Así, alrededor del 20 por ciento de incremento de la pobreza de la población es el que más impuesto paga en relación con su renta, esto ha sido una prueba de la ir para atrás de un sistema que nos está gravando el consumo de los bienes básicos diarios.

Se necesita urgentemente una reforma a fondo del impuesto de sociedades

Esto era predecible, y se ha ido acentuando, mientras el sistema fiscal siga siendo dual y obligue a pagar impuestos con más intensidad al trabajo de los ciudadanos que al capital que tengan. Mientras se bonifiquen los impuestos de patrimonio y sucesiones, incluso para las grandes fortunas, y mientras no se haga una reforma a fondo del impuesto de sociedades.

Tenemos que echar la mirada hacía atrás para ver cuando se ha recaudado por el impuesto de sociedades y veríamos que este impuesto ha tenido un gran descenso durante la crisis. Son 20.000 millones menos, sin una recuperación en estos últimos años de aumento del IPC y con los grandes grupos empresariales apenas gravados con el 6 por ciento de beneficios en 2016 y en 2015 con un 7,5 por ciento.

Por tanto, ya no hay ninguna excusa. El nivel de los beneficios empresariales, supuestamente, se ha recuperado respecto al inicio de la crisis, y no se ha recuperado el nivel salarial de los trabajadores. La internacionalización de los grupos empresariales es parecido a los niveles del 2018, por lo que la doble tributación no es la causa del descenso.

Puede que si estos grupos empresariales encuentras agujeros en el impuesto de sociedades lo aprovechen, y tal vez en que estos grupos empresariales mantienen alrededor de 1.000 filiales en paraísos fiscales.

El sistema fiscal español necesita un gran reforma

Después de decir todo esto no es raro que os diga que el sistema de tributación española necesita una reforma en profundidad. La medidas que está tomando el Gobierno del PSOE, o más bien aquellas que le dejan tomar sus socios, son positivas.

Se debe considerar un mínimo del impuesto de sociedades para todas las empresas que estén facturando en España, impuestos verdes a las empresas, a las transacciones financieras o a las empresas tecnologías que no contribuyen a los impuestos, son iniciativas que pueden se buenas para poder conseguir más y mejores recursos para las arcas del Gobierno.

Todo esto se debe hacer para tener un sistema tributario más igualitario para todos. Un pago de impuestos progresivo que contribuya a disminuir las desigualdades sociales entre los españoles, y con una recaudación que asegure las políticas sociales. Por decirlo de otra forma, impuestos suficientes y a favor de aquellos que tienen menos recursos en España.

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Imagen | Flickr

El PP y Ciudadanos ratificaron el pasado fin de semana un acuerdo de investidura de 150 medidas con las que intentarán que Mariano Rajoy repita como presidente del gobierno. Aunque todas ellas bien dan para un arduo debate económico, ha habido una que ha desatado todo tipo de comentarios y posturas, tanto a favor como en contra.

Se trata de la llamada ‘medida estrella’ que ha salido de la negociación entre ambos partidos políticos: recuperar los 2.800 millones de euros que se “perdonó” a los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal que el gobierno aplicó en marzo de 2012 para intentar aflorar los bienes que determinados contribuyentes tenían en el extranjero.

En principio se acordó aplicar a esos bienes una carga fiscal del 10%, sin embargo, posteriormente se modificó la mayor, y ese 10% solo sería aplicable a los ejercicios no prescritos en ese momento, los cuatro anteriores. De este modo, apenas se pudieron recaudar 1.190 millones de los más de 40.000 millones aflorados, una nimiedad absoluta. Esa cifra supone que los defraudadores pagaron una media de un 3% por sacar a la luz los bienes ocultos fuera de nuestras fronteras.

El escándalo en la opinión pública fue mayúsculo, y Ciudadanos recogió ese guante desde el principio para pedir que se obligase a estos contribuyentes a pagar lo que realmente debían. Por ello, nada más entrar en contacto con el PP para negociar su sí a la investidura de Rajoy, puso sobre la mesa esta condición, la cual ha acabado plasmada en dicho documento.

Pero, ¿es esto realmente posible? ¿se trata de un brindis al sol de cara a la galería o realmente se llevará a cabo? Preguntas que se hacen la mayoría de los españoles y que no tienen una respuesta absoluta, aunque todo invita a pensar que se trata más bien de un gesto de cara a la galería.

¿Juridicamente imposible?

Recuperar ese dinero que se perdonó en su día no es tarea fácil por multitud de motivos, pero sobre todo por uno: la seguridad jurídica. En 2012 los contribuyentes que estaban en esta situación aceptaron regularizar sus bienes porque se les aseguró que no tenían que pagar por los prescritos -anteriores a 2008-. Si no hubiera sido así, muchos ni habrían ajustado cuentas con el fisco, sostienen los asesores fiscales que llevaron a cabo dichas regularizaciones para sus clientes.

Es decir, los acogidos a la amnistía fiscal lo hicieron así porque se les dio una seguridad y unas condiciones, las cuales el pacto PP-Ciudadanos pretende cambiar cuatro años después, algo que va contra la propia Constitución. Y es que la amnistía fiscal no se reguló por ley, sino por orden ministerial, lo que supone que hay leyes por encima, como el Código Penal y, por supuesto, la Carta Magna.

Por lo tanto, si finalmente hay gobierno y éste empieza a reclamar que se pague por los años no prescritos, los representantes legales de los defraudadores tienen una estrategia clara: apelar al artículo 9.3 de la Constitución, que garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la aribitrariedad de los poderes públicos.

Es decir, las personas que acudieron a la amnistía fiscal lo hicieron con unas condiciones, algo que no puede cambiarse a posteriori según se mueva el aire. Porque lo contrario hablaría muy mal de España a nivel jurídico. Si de por sí el nivel de la Justicia en nuestro país ya es ampliamente criticado, una decisión de este calibre puede sentar precedente y ahuyentar al capital extranjero, ese que nuestros políticos mueren por atraer con ventajas fiscales y legales.

Si las grandes fortunas dispuestas a invertir en España ven cómo una amnistía de este tipo cambia sus condiciones unos años después, no se arriesgarán a que les ocurra lo mismo. Y esto se puede extender a multitud de ámbitos, pues igualmente puede pasar con pequeños empresarios, emprendedores, autónomos, etc.

Una amnistía hecha a medida

El problema de todo esto radica en los orígenes de la propia amnistía fiscal, que para muchos fue una verdadera tomadura de pelo y sirvió para que defraudadores con bienes ingentes ocultos los sacaran a la luz a un precio de saldo. Y es que el gobierno se cuidó mucho de que esta amnistía fuera lo menos lesiva para esas fortunas escondidas fuera de nuestras fronteras.

Bien sea porque algunos de los que se acogieron eran del propio PP o afines o porque realmente pensaran que con estas ventajosas condiciones se iba a recaudar mucho más, lo cierto es que la amnistía fue considerada un insulto para los contribuyentes de a pie que pagan más de un 20% de IRPF e IVA a diario.

Aunque rectificar es de sabios, en este caso es tarde. Sí, la amnistía no se realizó correctamente, pero ahora es muy difícil dar marcha atrás. Los abogados de los acogidos a la amnistía pleitearán hasta donde sea necesario para salvaguardar los intereses de sus clientes. Y en este caso, es casi seguro que saldrán ganando. Lo que se da, no se quita.

En alguna ocasión hemos hablado ya de que la lucha contra el fraude fiscal sigue siendo muy rentable en España. Aunque los partidos suelen siempre prometer medidas de gasto sin subidas de impuestos gracias a un supuesto milagro fiscal, lo cierto es que en cada ocasión vemos como es posible recaudar más con la estructura impositiva que tenemos.

El último caso lo hemos visto esta semana con el IBI. El Catastro ha explorado irregularidades gracias a imágenes de satélite y de drones y se han logrado recaudar 1.254 millones de euros más por este motivo. Espectacular. ¿Cómo de efectiva es la lucha contra el fraude fiscal en España?

Inversión y retorno

En 2005 se lanzó el actual Plan de Prevención del Fraude Fiscal en España que se convirtió en ley en 2006. Este Plan, convenientemente actualizado, ha logrado elevar la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal en España desde el 0,6% del PIB hasta el 1,5% del PIB en 2015.

Aunque el crecimiento de la recaudación del último año es algo engañoso (porque hay algunos factores excepcionales), el incremento de la recaudación por la lucha contra el fraude fiscal es constante. Y parece que cuantos más recursos se dedican se recauda más.

El caso del Catastro ha sido bastante característico. Examinar desde el aire las viviendas no es una labor fácil ni barata. Pero gracias a ello se han descubierto 1,7 millones de construcciones irregulares, sobre todo construcciones complementarias, piscinas y terrenos añadidos, todo ello no declarado ya que incrementa el valor catastral y por tanto el IBI a pagar.

Para realizar toda esta investigación se ha invertido dinero. Pero de cada euro invertido se han sacado 16 en impuestos. Es decir, merece (y mucho) la pena. Muchos ayuntamientos no tienen capacidad para hacerlo pero sí que podían pedir ayuda al Catastro y los que lo han hecho han logrado incrementar su recaudación por IBI.

El caso del Catastro ha sido bastante espectacular pero la lucha contra el fraude fiscal en general también es rentable. Aproximadamente de cada euro invertido en ello se recaudan 8 euros más. La inversión merece mucho la pena.

¿Cuánto podría aumentar la recaudación en España por combatir el fraude fiscal?

Es muy complicado determinar cuánto fraude fiscal hay en España, y también si es viable recaudar por ello (no olvidemos que existen empresas y personas que si no defraudaran quizá su actividad no sería viable, no todos los defraudadores son multimillonarios negocios). Pero se estima que el fraude fiscal en España puede ir de 40.000 a los 70.000 millones de euros al año.

Estas cifras tan abultadas merecen un buen presupuesto de inspecciones. Hay margen para crecer en la lucha contra el fraude y, aunque se redujera la eficiencia, la recaudación aumentaría. No hay más que ver que estamos presionando a Bruselas para que nos deje retrasar un año una reducción de 10.000 millones de euros de déficit y las estimaciones más conservadoras de fraude fiscal hablan de 40.000 millones.

Leo Messi, jugador del FC Barcelona, y su padre han sido condenados a 21 meses de prisión por fraude fiscal. El jugador ha sido condenado por defraudar a Hacienda 4,1 millones de euros a lo largo de varios años al omitir los ingresos de 10,1 millones de euros por explotación de derechos de imagen.

Es muy posible que no ingresen en prisión, pues no tienen antecedentes y la condena es inferior a 24 meses. La sentencia es dura y ejemplarizante y da un toque de atención a todos aquellos que usen estructuras similares para evadir impuestos. Pero, ¿cómo funciona el fraude fiscal que tenían montado?

Paraísos fiscales

La estructura que tenían montada para defraudar a Hacienda es compleja, con múltiples sociedades opacas en paraísos fiscales, contratos cruzados y difícil de deshilar para poner las cosas difíciles a Hacienda. Pero el concepto es sencillo.

Por un lado tenemos países que son paraísos fiscales, donde las empresas cotizan a impuestos de sociedades muy bajos o inexistentes. Además, muchas veces permiten que los dueños estén ocultos, no se sepa realmente quién es el poseedor de la empresa. Messi y su padre tenían este tipo de sociedades en Uruguay, Suiza y Belice.

Por otro lado Messi vendió sus derechos de imagen a este entramado de sociedades por 50.000 euros por 10 años de duración. Por estos ingresos sí que pagó impuestos, pero claro, los derechos valen mucho más.

Contratos de uso de imagen

Una vez establecida esta estructura las empresas que quieren pagar por usar la imagen de Messi no tienen que hablar con el jugador, sino con las empresas que están en paraísos fiscales. En el juicio se ha dicho que entre 2007 y 2009 pagaron 10,1 millones de euros por usar su imagen, una cantidad muy superior a los 50.000 euros por los que "compraron" los derechos. Al ser una operación fuera de España Hacienda no ve nada, y en los países donde radican las empresas el impuesto es muy bajo o nulo.

La trampa está, por supuesto, en que se ha realizado una actividad económica en España. Messi ha hecho anuncios, ha llevado marcas de ropa deportiva, etc. en España, por lo que unas empresas en el extranjero han cobrado mucho dinero. Y se supone que Messi solo ha visto 50.000 euros.

Pero las empresas realmente están a nombre de Messi y su padre. Y disponen del dinero de dichas empresas como si fuera suyo (quizá con tarjetas anónimas, quizá sacando efectivo). En definitiva, es un fraude fiscal en toda regla.

¿Cómo se puede evitar?

Este tipo de estructuras es muy común cuando las cantidades de dinero involucradas son elevadas, y el problema para evitarlas (pues el caso Messi es la punta del iceberg, como demostraron los papeles de Panamá) es que el sistema bancario ayuda a establecer estos sistemas opacos y los políticos también, pues la legislación no impide, de momento, que existan productos tan opacos como las tarjetas anónimas.

Esperemos que esta sentencia al menos meta miedo en el cuerpo a defraudadores y eviten usar este tipo de estructuras para evitar pagar al fisco lo que les corresponde. El combate del fraude fiscal, no lo olvidemos, puede darnos mucho dinero.

El déficit de España obligará al próximo Gobierno (si es que llegamos a tenerlo) a realizar ajustes fiscales inmediatos. Pero todos los partidos proponen medidas económicas que o bien gastan más o bien reducen ingresos. ¿Cómo se puede entonces cerrar este déficit?

Aunque haya partidos que insinúan que la solución es no preocuparse del déficit o que pedirán aplazamiento de su cumplimento a la UE, todos saben que presentar unas cuentas en las que aumente el déficit no es muy realista. Y cuando llegan estos problemas juegan una carta mágica: todo se solucionará con la lucha contra el fraude fiscal.

Y no es cuestión de antiguos partidos, los nuevos también se han apuntado al carro. Por ejemplo Ciudadanos cifra en 20.000 millones de euros lo que se puede recaudar de más en la lucha contra el fraude. Podemos, en cambio, lo estima en 12.000 millones extra en 2019. ¿Estamos ante cifras realistas?

¿Cuánto se recauda en lucha contra el fraude en España?

En 2005 la Agencia Tributaria lanzó un Plan de Prevención de Fraude Fiscal que se tradujo en una ley aprobada en 2006. Desde entonces la recaudación por la lucha contra el fraude se ha disparado en España. Si en 2005 la recaudación en este concepto superaba por poco los 6.000 millones de euros (0,6% del PIB) en 2015 hemos llegado a rozar los 16.000 millones de euros (casi 1,5% del PIB).

En los últimos años, los más duros desde el punto de vista fiscal, la efectividad ha ido en aumento. De hecho el año pasado se logró aumentar la recaudación un 27%, desde el anterior récord de 12.318 millones de euros. La efectividad va en aumento.

En el siguiente gráfico elaborado por perpe podemos ver cómo ha ido aumentando esta recaudación desde la aprobación del Plan de Prevención de Fraude Fiscal y la aceleración de los últimos años, curiosamente cuando más sensación de fraude hemos tenido.

¿Hay margen para seguir creciendo?

Para poder seguir creciendo en la recaudación contra el fraude hay que tener dos cosas: primero, más fraude (de donde no hay no se puede sacar); y segundo, capacidad para crecer (si ya estamos saturando a todo el mundo a inspecciones poco más podemos hacer).

Lo primero es complicado de determinar. ¿Cuánto fraude hay en España? Hay varias estimaciones. Las más conservadoras indican que perdemos unos 40.000 millones por fraude fiscal. Las más optimistas indican que 70.000 millones al año (atención, esto es lo que se recauda por IRPF o lo que nos cuesta el sistema sanitario español). Pero tanto en uno como en otro caso contamos con margen para crecer.

¿Y tenemos capacidad para inspeccionar más? Sí, sin duda. Ahora mismo por cada euro invertido en fraude fiscal estamos sacando 8. Si invertimos más seguramente este ratio disminuya, pero sigue siendo rentable. Es más, comparados con otros países tenemos pocos funcionarios en la administración tributaria, tanto en número absoluto como en gasto respecto al PIB.

Por tanto podemos y debemos invertir más en combatir el fraude fiscal. Esto sin tener en cuenta que se podría cambiar legislación, normativas y procesos para hacer más complicado defraudar. Todo lo que invirtamos ahí, con los ratios que tenemos, será efectivo.

¿Son optimistas las propuestas de los partidos?

Ya hemos visto que tanto Ciudadanos como Podemos ofrecen cifras concretas de aumento de la recaudación contra el fraude en sus programas. Desde 2005 tenemos un aumento anual medio de recaudación de un 12%, pero hemos visto como en el último año se ha acelerado. Si suponemos un 15% de aumento de recaudación, siguiendo en esta línea y dedicando más recursos, podríamos llegar en cuatro años a los 12.000 millones extra que propone Podemos. Para lograr lo que indica Ciudadanos el crecimiento debería ser más espectacular, un 22,4% anual durante 4 años (que sigue siendo inferior al del último año).

En el caso de Ciudadanos, si se lograra aumentar la recaudación en 20.000 millones estaríamos en 36.000 millones al año, cifra muy cercana al total del fraude fiscal de algunas estimaciones, aunque lejos todavía de las estimaciones más optimistas. Pero parece dificil cumplir esas cifras.

En el caso de Podemos parece más plausible, aunque arriesgado pues ya hemos visto por experiencias pasadas que la lucha contra el fraude es una guerra que se libra año a año y que a veces hay bajadas.

Sinceramente, ambas cifras parecen difíciles de cumplir pero no imposibles. Siendo algo más conservadores podemos pensar que en los próximos cuatro años podríamos situarnos por encima de los 20.000 millones de euros, y sería una cifra espectacular, un 2% del PIB. Para lograr estos objetivos hay que dedicar más recursos a la lucha contra el fraude, tanto humanos como técnicos.

Defraudar a Hacienda podría ser el deporte nacional en España si no existiera el fútbol, a juzgar por la cantidad de casos y casos que salen cada día en los medios y de los que muchos sabemos por gente de nuestro entorno que no sale en prensa pero que también paga en B alguna que otra factura…

De eso estamos convencidos la mayoría de los españoles, de ahí que los datos que hoy expuso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no nos sorprendan. Según un informe que han hecho público este jueves, siete de cada diez españoles creen que el nivel de fraude fiscal y que Hacienda no hace todo lo posible por evitarlo.

Un dato que puede sorprender, a tenor de que siempre solemos quejarnos de pagar demasiados tributos, es que el 67% de los encuestados por la OCU piensa que deberíamos pagar más impuestos si queremos seguir teniendo servicios públicos. De hecho, el 85% pagaría gustosamente más impuestos si supiera que iba a tener mejores servicios.

Pero en este sentido, el descontento es elevadísimo, pues nueve de cada diez españoles piensan que reciben mucho menos de lo que pagan a Hacienda. Más de la mitad de los ciudadanos cree que paga impuestos en exceso, un 27% confiesa no saber a dónde va el dinero de sus tributos y solo un 38% asegura que paga a Hacienda lo justo.

Nadie duda de la existencia del fraude

Aunque podamos tener nuestras diferencias sobre si pagamos mucho o poco al fisco a cambio de lo que recibimos, de lo que no hay dudas es de que en España existe el fraude fiscal. El 96% de los encuestados asegura que existe fraude fiscal y el 74% piensa que Hacienda no hace todo lo que puede para evitarlo.

A este respecto, cabe destacar que hace unas semanas la Agencia Tributaria presentó los resultados del plan de control tributario de 2015, año en el que se volvieron a batir récords en la lucha contra el fraude, que recaudó la cifra histórica de 15.664 millones de euros. No obstante, Hacienda “se olvidó de actualizar el dato de delitos fiscales denunciados, que solo entre 2011 y 2014 se desplomaron más del 62%.

Una de las cosas más curiosas de los resultados es que el 92% asegura que todo lo que gana lo declara al fisco, sin embargo desconfía de que lo hagan los demás. De hecho, menos de la mitad –un 48%- cree que sus conocidos actúan de la misma forma.

Semana intensa para la Agencia Tributaria y sus efectivos. En los últimos días se han lanzado varias operaciones contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal en distintos sectores empresariales que han destapado nuevos capítulos de fraude en nuestro país, tan golpeado por la corrupción.

En esta semana hemos conocido la actividad delictiva de la cúpula de Vitaldent, de la filial del banco chino ICBC en España y, por último, de un grupo de empresas del sector cárnico. Todos los registros se llevaron a cabo con diferencia de pocas horas, lo que hace pensar que estaban perfectamente orquestados y programados por parte de Hacienda.

En el caso de la cadena de clínicas dentales el fraude no pone en peligro el negocio, ya que se trataba de la actividad delictiva de los directivos, que cobraban a sus franquiciados parte del canon en metálico y lo enviaban a paraísos fiscales, amasando así ingentes fortunas a espaldas del fisco.

Por su parte, la filial del gigante financiero chino enviaba dinero de sus clientes en negro a China para blanquearlo allí. Estos fondos procedían en su mayor parte de los famosos bazares chinos que pueblan España, un caso muy similar al de Gao Ping, pero en esta ocasión con la colaboración de una firma financiera de prestigio mundial.

Por último, el sector cárnico se ha visto salpicado este viernes por una macrooperación de la Agencia Tributaria en 15 comunidades autónomas para inspeccionar a 75 empresas del sector sospechosas de cobrar parte de sus ventas en negro.

Además, hace pocas semanas también tuvieron trabajo en Valencia, donde todo el PP de la ciudad ha sido imputado por blanqueo de capitales, a excepción de la exalcaldesa Rita Barberá, que se ha atrincherado en su aforamiento en el Senado.

Los agentes de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía se han tenido que emplear a fondo en estos días de registros y detenciones por doquier, aunque bien es verdad que llevan unos cuantos años de gran intensidad, pues al calor de la crisis han explotado fraudes fiscales que salpican incluso a la Familia Real, como bien sabemos todos.

No obstante, estas detenciones coinciden con un momento crucial en la política española, pues España sigue sin gobierno y las negociaciones del PSOE con los distintos grupos siguen bastante abiertas.

¿Qué intenta demostrar Hacienda?

Muchos os habréis preguntado cómo es posible que la Agencia Tributaria sea capaz de lanzar estos dispositivos en solo una semana y no lo haya hecho mucho antes en otros casos de corrupción que han sacudido y avergonzado al país. ¿Teme algo el personal directivo de la Agencia Tributaria?

Puede que el clima de incertidumbre política en el que estamos inmersos y las probabilidades de que sean partidos de un color muy distinto al actual los que puedan gobernar de aquí en adelante hayan alentado a Hacienda a salir con todo su arsenal para perseguir el fraude fiscal y el blanqueo de dinero en un alarde de efectividad ante los que pueden ser sus nuevos jefes. O quizá es la última intentona del Ejecutivo de Rajoy de demostrar que sí luchan contra la corrupción, algo que, si es así, llega tarde.

Sea como sea, y dejando siempre claro que estas actuaciones son las que los españoles deseamos, esta actitud no compensa la vista gorda que Hacienda lleva practicando tantos años con los poderes fácticos del país. De hecho, no hay que retrotraerse mucho en el tiempo para recordar la bochornosa actitud que tuvo para intentar salvar a la Infanta Cristina del banquillo de los acusados con ese desafortunado “Hacienda somos todos es solo un eslogan”.

La realidad pura y dura es que nuestra Agencia Tributaria es cada vez menos efectiva contra quienes sí cometen delitos fiscales de gran envergadura. Un ejemplo: en 2014 (últimos datos disponibles de las Memorias de la AEAT) se investigó a 29.561 contribuyentes en España, frente a los 26.124 del año 2013. Pues bien, de un año a otro la recaudación se desplomó nada menos que un 22%, hasta los 4.987 millones de euros desde los 5.652 del año anterior.

¿Y esto por qué es así? Porque Hacienda se dedica a lo que se conoce como “menudeo”, es decir, a lo fácil, a investigar a los contribuyentes medios, autónomos y pequeñas empresas, a los que es más sencillo descubrir si cometen cualquier tipo de infracción, pero que a la vez defraudan mucho menos de lo que pueden hacer los grandes patrimonios, que cuentan con sofisticados sistemas fiscales para eludir sus obligaciones con el fisco.

Por ello, este lavado de imagen de última hora, aunque es bienvenido –porque siempre se aplaudirá la lucha contra el fraude fiscal- no es suficiente. Tan siquiera es una tercera parte de lo que cabría esperar de una Hacienda que se paga con el dinero de nuestros bolsillos. Bien es cierto que España cuenta con menos efectivos que la media de la OCDE –algo que tanto Podemos como PSOE se han comprometido a solucionar si gobiernan-, pero los que hay no se están dedicando plenamente a perseguir al que roba a las arcas públicas, si no que se limitan a poner la lupa encima de los que sobreviven como pueden o no tienen los conocimientos fiscales suficientes para afrontar ciertas diligencias con el fisco. Por ello, cada vez está más claro que Hacienda nunca fuimos todos.

Hace tiempo que se viene hablando –y no bien- de ellas, pero la campaña electoral en la que nos encontramos inmersos ha reavivado el debate sobre las sicavs, un vehículo de inversión que hace las mieles de los millonarios españoles y que no ha dejado indiferente a nadie desde su creación, pues la polémica siempre las ha acompañado.

Las sociedades de inversión de capital variable (sicav) constituyen un vehículo de inversión que cotiza en el Mercado Alternativo Bursástil (MAB) que goza de un beneficio fiscal que, a día de hoy, no tiene comparación en España. Sus beneficios tributan al 1%, y no al 28% que lo hacen el resto de sociedades. De ahí que las mayores fortunas las hayan elegido para aumentar su ya hinchado patrimonio.

Para su constitución hace falta empezar con un capital mínimo de 2,4 millones de euros y los componentes de dicha sociedad deben ser al menos 100 si quieren beneficiarse de ese 1%. Pues bien, lo que viene ocurriendo es que con las sicavs se está cometiendo un fraude fiscal en toda regla, pues por norma general solo un accionista de los 100 requeridos aglutina al menos el 90% del capital, mientras que el 99% restante solo detenta el 1%. Es decir, solo una persona –normalmente la millonaria- es la que está sacando provecho a su tributación.

Así, los conocidos por “mariachis” o más claramente testaferros no obtienen ni un solo beneficio de dichos vehículos de inversión, lo que supone que gente como la familia del Pino –dueños de Ferrovial-, Alicia Koplowitz o el mismísimo Pedro Almodóvar se estén haciendo de oro con el consentimiento del Gobierno, ya que fue el Ejecutivo de Zapatero el que en 2005 decidió que las sicavs estuvieran bajo el control fiscal de la CNMV, no de Hacienda. ¿La razón? Los inspectores habían redactado centenares de informes sobre sicavs en las que se estaba cometiendo fraude. Por eso, muerto el perro, se acabó la rabia.

¿Se atreverán a tocarlas?

De este modo, en estos días previos a las elecciones generales los líderes de los distintos partidos han vuelto a sacarlas a la luz para ver si pueden arañar algunos votos. Primero fue Pablo Iglesias, quien ha prometido abolirlas si Podemos llega al poder, mientras que Pedro Sánchez y Albert Rivera han asegurado que endurecerán su control fiscal y que se lo devolverán a Hacienda. El PP no se ha pronunciado ni se le espera.

¿Pero de verdad van a atreverse a atacar este privilegiado sistema de enriquecimiento? En el caso de Iglesias, es posible creerlo, pero en el de los candidatos de Ciudadanos y PSOE cuesta más, sobre todo teniendo en cuenta que fue el propio Partido Socialista el que se las quitó a Hacienda de las manos.

Habrá que esperar a después del 20-D para ver si realmente estos políticos cumplen sus promesas o estas palabras se las lleva el viento de cambio ese que los tres dicen traer, pues a ver quién es el listo que se mete con la "jet".