Quedan escasos días. El próximo mes de abril dará comienzo la campaña de la Renta y Patrimonio referente al año 2022, por lo que debes estar muy atento a las fechas y plazos que se abren por la Agencia Tributaria para hacer frente a su declaración. A continuación te detallamos y explicamos cuales son las fechas claves, el modo de presentarla, así como algunos de sus datos más relevantes.

Este es el calendario establecido para la Renta 2022

La campaña de Renta 2022 que se presente en el 2023, pero que hace referencia al ejercicio fiscal del pasado año, dará el pistoletazo de salida el próximo día 11 de abril, y desde ese día se ponen a disposición de los ciudadanos una serie de fechas remarcadas en el calendario para facilitar su ejecución. La fecha límite para presentarla será el 30 de junio.

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¿Cómo puedo presentar mi declaración de la Renta?

A partir de la fecha de inicio de la campaña, los contribuyentes podrán realizar su declaración de tres maneras diferentes en función de su capacidad o entendimiento. Te enseñamos cuales son las opciones:

§ Vía online. Una de las maneras en la que podremos presentar el borrador, y quizás la más cómoda para los más avanzados en las tecnologías es, haciendo uso de la propia página web de la Agencia Tributaria, en su portal de Renta Web. A través de este sistema podremos confirmar, o no, el borrador que se nos ofrece o modificar datos si fueran necesarios.

§ Vía telefónica. Si no nos manejamos lo suficiente con el internet o el proceso nos resulta demasiado complejo, podremos hacerla también por vía telefónica con cita previa, desde la cual un agente de la propia Agencia nos facilitará todo el proceso de una forma guiada.

§ Presencial. Esta es la tercera forma de realizar nuestra declaración pero también la que quizás conlleva más tiempo ya que requiere desplazamiento. De manera presencial y siempre con cita previa, podremos acudir a alguna de las oficinas que la Agencia Tributaria tiene repartida por toda la geografía española.

¿Cuáles son los plazos para presentarla?

Para que no se te pase por alto y lo planifiques con la suficiente antelación, te ofrecemos las fechas más destacadas que debes tener en cuenta para solicitar cita previa en el caso de la presentación telefónica o presencial:

§ El periodo de la Renta 2022 abarca desde el 11 de abril al 30 de junio, ambos inclusive.

§ La consulta y rectificación de datos fiscales estará disponible a partir del 15 de marzo.

§ Declaración de la Renta por Internet: desde el 11 de abril hasta el 30 de junio.

§ Declaración de la Renta por vía telefónica: desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio.

§ Declaración de la Renta de forma presencial: desde el 1 de junio hasta el 30 de junio.

§ La fecha límite para pedir cita previa es el 29 de junio.

§ La fecha límite para aquellos con resultado a ingresar con domiciliación bancaria es el 27 de junio.

¿Cuáles son los plazos para coger cita previa?

Ahora que sabes cuando tienes que presentarla en función del método escogido, debes tener en cuenta como te venimos recalcando, que en el caso de hacerla por la vía telefónica o de manera presencial, necesitarás tener cita previa que podrás solicitar en los números 91 535 73 26 / 901 12 12 24 o 91 553 00 71 / 901 22 33 44.

§ Declaración de la Renta por vía telefónica. Podrás solicitar cita previa para ello desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio.

§ Declaración de la Renta presencial. La cita previa para acudir a una Agencia Tributaria será la establecida entre el 25 de mayo y el 29 de junio.

Las cifras a tener en cuenta para la Renta 2022

Como ocurre en todas las campañas, no todos los contribuyentes están llamados a presentar su declaración de la renta, y es que a aquellos que no perciban más de 14.000 € e independientemente del número de pagadores que tengan o 22.000 € con un solo pagador y el segundo no supere un importe a 1.500 €, estarán exentos. Si deberás tener en cuenta que para el ejercicio fiscal relativo a la Renta 2023, es decir aquel que se presenta en el año 2024, el límite de 14.000 € se ha incrementado a 15.000 €.

Del mismo modo, en este ejercicio ya se aplica el Impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, por lo el que las personas con un patrimonio superior a los tres millones de euros deberán pagar un mayor porcentaje de impuestos.

Por otro lado, algunas de las deducciones a aplicar serán:

§ Deducción por maternidad. Este tipo de deducción era de hasta 1.200 € para todas las madres con niños menores de 3 años que estuvieran trabajando, ahora este año también tendrán derecho a esta deducción aquellas madres sin empleo pero que reciban alguna prestación.

§ Deducción por plan de pensiones. Los contribuyentes solo podrán deducir de la base imponible 1.500 € frente a los 2.500 € del pasado año. Quedan excluidos aquellos que su incremento provenga de contribuciones empresariales o un límite de 4.250 € si son aportaciones a planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores autónomos o de aportaciones a un plan de empleo del que sea promotor.

§ Deducciones por mejoras de eficiencia energética. Destinado a las familias que han hecho reformas y que no han sido abonadas en efectivo, para poder abaratar las facturas de electricidad y gas.

Hacienda ya no somos todos, y dudo de que algún día lo fuésemos. Esta es la conclusión que podemos extraer de la primer jornada del juicio por el caso Nóos, que sienta en el banquillo a la Infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin, por varios delitos, entre ellos fiscales.

La Abogacía del Estado utilizó el argumento de que “Hacienda somos todos es solo un eslogan publicitario sin trascendencia jurídica” para intentar que a la hija del rey emérito, Don Juan Carlos de Borbón, salga del proceso penal al que sí se tendrá que enfrentar su marido.

Es decir, tanto la Abogacía del Estado, en representación de la Agencia Tributaria, como la Fiscalía, en representación de todos los españoles, intentan por todos los medios que a la Infanta se le aplique la doctrina Botín –ojo con el nombre-, ya que la acusación de delito fiscal no la ha hecho el Estado, sino un particular, Manos Limpias.

Para ello, no solo se abstienen de acusarla, sino que le están haciendo una defensa mejor que sus propios abogados, dando todo tipo de argumentos para que sea retirada del banquillo. No obstante, al pronunciar semejante frase, la Abogacía del Estado ha echado por la borda la credibilidad que podía tener el fisco y la labor de pedagogía que ha venido haciendo durante estos años para concienciar a la sociedad de la necesidad del pago de impuestos.

Hacienda somos los pobres

¿Qué nos hace pensar todo esto? Que los que contribuimos con Hacienda fielmente somos solo los pobres, los plebeyos que carecemos de títulos o del suficiente dinero para que nos eximan de las graves consecuencias que tiene evadir impuestos.

Porque hay indicios de sobra para acusar a la Infanta por cooperar en delitos de evasión fiscal a través de las sociedades pantalla creadas por su marido, pero el Estado parece pasarlo por alto en esta ocasión. No es así para la esposa del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, a la que se acusa de lo mismo y que no ha recibido esa defensa a ultranza por parte de la Abogacía y la Fiscalía.

Así pues, la Infanta Cristina, con toda probabilidad, será liberada de pagar al fisco y a todos los españoles gracias a una forma de proceder judicial que puso en marcha nada menos que Emilio Botín, el hasta ahora mayor banquero que ha dado este país.

¿Qué pasa ahora con los millones invertidos en publicidad para concienciar a la sociedad para que pague religiosamente sus impuestos? Pues que caen en saco roto. Sí, pagaremos, pero desde luego que con la sensación de que nos están tomando absolutamente el pelo.

¿Y la deuda de Hacienda quien la paga?

A pesar de que parece que para Hacienda hay ciudadanos que no tienen por qué atender con sus obligaciones, como pagar impuestos, debería tener en cuenta que tiene un grave problema que no va a solucionar con los ciudadanos de a pie.

Antes de las navidades se publicó la famosa lista de morosos con las personas y empresas que deben más de un millón de euros al fisco. En ella aparecieron nombres como Dani Pedrosa, Mario Conde, Lorenzo Sanz, Victorio & Lucchino, clubes de fútbol, empresas, medios de comunicación… Una lista por valor de 15.600 millones de euros, cantidad que solo representa un 30% de la deuda que tiene el fisco pendiente de pago.

Actualmente, a la Agencia Tributaria le adeudan 52.200 millones de euros, por lo tanto, el 70% que no aparece en la lista de morosos… ¿dónde está? ¿quién debe tanto dinero al Estado? Tengan presente que en dicho listado no aparecen ni las personas que se acogieron a la amnistía fiscal ni los españoles que aparecían en la Lista Falciani.

De este modo, la situación del fisco no es tan boyante como para ir asegurando en sede judicial que “Hacienda ya no somos todos”, porque precisamente por ese argumento tiene el agujero que tiene.

El mercado de fichajes ya ha cerrado –por mucho que le pese a Florentino Pérez- después de dos meses de rumores, confirmaciones, presentaciones, despedidas, llantos, etc. Aunque lo que más importa a los hinchas es que su equipo haya logrado hacer una buena plantilla para afrontar con garantías la competición, aquí nos vamos a ocupar de la parte que no interesa tanto al aficionado pero que es básica para la supervivencia del club: la económica y financiera.

Este verano, los equipos españoles de primera división se han gastado 528,9 millones de euros, unos . Con una salvedad: ni Real Madrid ni Barcelona han sido los que más han gastado. El testigo del equipo culé lo ha cogido el Valencia, que ahora tiene un multimillonario dueño asiático –Peter Lim- al que no le importa tirar de chequera para hacer un club ganador.

En total, el equipo valenciano se ha gastado 140 millones de euros en ocho jugadores. Por detrás se han quedado el Real Madrid y el Atlético, con unos 100 millones cada uno. Este último, además, ha hecho el fichaje más caro: Jackson Martínez por 35 millones. Por su parte, el Barcelona, que está ‘sancionado’ sin poder fichar hasta enero, se ha gastado 56 millones.

Así, los equipos de fútbol vuelven a la dinámica compradora de 2007, antes del estallido de la crisis, aunque ahora tienen unos límites –el Fair Play financiero de la FIFA o los de la propia Hacienda española- que les hacen ajustar sus presupuestos. Por eso, hay algunos que no pueden permitirse el lujo de contratar ni a un jugador, como es el caso de Sporting de Gijón, Getafe y Eibar, que han tirado de las cesiones para cubrir las posiciones que tenían más débiles.

¿Se está gestando otra burbuja en el fútbol?

Los datos, pues, hablan por sí solos: los clubes de fútbol han vuelto a perder el miedo a gastar tras una dura crisis que se llevó por delante muchos proyectos deportivos sustentados por el ladrillo. Ahora se buscan nuevos patrocinadores, socios e incluso dueños con dinero fresco, que normalmente llega de Asia, para poder relanzar a los equipos.

El Valencia, el Atlético de Madrid y el Málaga –pero con dinero árabe- son algunos de los principales ejemplos de cómo el capital extranjero se ha hecho hueco en el fútbol español. Pero no hay que olvidar que el Real Oviedo cuenta entre sus accionistas con el distinguido Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo con una fortuna estimada de más de 77.000 millones de dólares, según la revista Forbes.

Pero claro, mientras estos multimillonarios llegan y empiezan a comprar jugadores y a hacer nuevas promesas, la deuda va engordando y Hacienda ya no se anda con tonterías –veáse el caso del Elche este año-. Aunque la deuda se va reduciendo, todavía sigue siendo estratosférica. Nada menos que a más de 2.700 millones de euros que deben entre todos a Hacienda, según los últimos datos disponibles de las cuentas de 2014 publicados por la Liga de Fútbol Profesional de los clubes de primera y segunda división.

Y, aunque va en descenso, las cantidades todavía les queda mucho camino por recorrer para librarse de un lastre que pone en peligro hasta su propia supervivencia. Es difícil –por no decir imposible- que un grande desaparezca por esta deuda, pero muchos pequeños se han ido quedando por el camino.

Por eso, los clubes de fútbol todavía no deberían lanzar las campanas al vuelo y mostrarse más comedidos con sus aventuras veraniegas, aunque tengan detrás el brazo protector de un millonario llegado desde otro continente. Al final, eso puede acabar generando otra burbuja y ya saben ustedes lo que acaba pasando con las burbujas.

La OCDE nos ha sacado los colores esta semana. Bueno, más que sacarnos los colores nos ha dejado en evidencia frente al resto de Europa, aunque nos lo hemos ganado a pulso. No nos gusta que digan que somos un país de corruptos, pero tampoco hacemos nada por evitarlo.

El último informe del organismo sobre lucha contra el fraude fiscal es para echarse a llorar. Según la OCDE, España es el séptimo país del conjunto de los 33 más ricos del mundo que menos personal destina a combatir el fraude. Solo nos superan Suiza (cuyos funcionarios solo pueden investigar la recaudación de IVA por las propias leyes del país), Chile, México, EEUU, Corea del Sur y Japón.

Muchos pensarán que el mal no es tan grande si la primera potencia del mundo todavía se esfuerza menos que nosotros. Pero no olvidemos que si es la primera potencia mundial es por algo. Estados Unidos no sufre los problemas económicos de España y no se conocen los gravísimos casos de corrupción en las altas esferas que tenemos en suelo patrio.

En concreto, España destina 5,78 funcionarios de Hacienda por cada 10.000 habitantes para investigar el fraude, mientras que el primer país de la lista, Hungría, destina a 23,2. Lo más triste de la comparación es que Hungría tiene alrededor de 10 millones de habitantes y España, 46 millones.

En total, la Agencia Tributaria dispone de 26.962 efectivos para evitar la corrupción fiscal. Pocos, muy pocos. A la vista está que no son suficientes para cumplir el ingente trabajo que tienen por delante, pues la OCDE calcula que alrededor de una quinta parte del PIB -200.000 millones de euros- escapa del control de Hacienda.

¿Y qué hacemos? Nada, esperar.

Ante este desolador panorama el Gobierno debe actuar. Y cuanto antes. Aunque el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha esforzado para elevar los ingresos por recaudación en estos años de crisis, este ámbito no lo ha tocado. Simplemente se ha dedicado a subir impuestos sin destinar más dinero y personal a la lucha contra el fraude, algo que seguro que subiría de manera importante la recaudación.

De hecho, la OCDE denuncia también que España solo destina el 0,11% del PIB a acabar con la estafa a la Hacienda Pública. Vamos, una miseria. En los Presupuestos Generales para el año que viene recientemente aprobados se ha aumentado esta partida de gasto un 1%. Juzguen ustedes mismos.

Parece que la estrategia del Gobierno en este terreno, que debería ser una prioridad, es ocultar el bulto e investigar a famosos y futbolista para crear conciencia entre la población de que aquí no se salva nadie. Si se salvan, y ya sabemos todos quienes. El Ejecutivo de Mariano Rajoy está haciendo con este tema lo que suele hacer cuando algo grave sucede: escurrir el bulto y esperar a que escampe la tormenta.

El problema es que esta tormenta es de las que hacen naufragar muchos barcos y los ciudadanos estamos ya cansados de ser siempre nosotros los que acabamos con el agua al cuello. La presión fiscal que sufre el ciudadano medio no tiene nada que ver con la de las clases altas, que acaban tributando menos aunque tengan más ingresos. A parte de eso, hay un grupo de personas –y por lo que dice la OCDE, es numeroso- que se lucra de los esfuerzos de todos evadiendo impuestos y sacando su dinero del país para amasar más y más millones.

El tiempo –unos meses- dirá si la cosa cambia a mejor tras las elecciones generales, pero este es un problema al que hay que meter mano de arriba abajo. Si no, no nos quejemos cuando nos tachan de corruptos, por favor.

Otro año más parece que hay que advertir a un grupo de españoles que han tenido la suerte de ganar premios en la lotería, que no se aprovechen de las ofertas de los chorizos.

Parece mentira que todavía hay gente que gana un premio y todavía quieren aprovecharse aún más a costa de los ciudadanos. Que quieran ahorrar un poco en impuestos futuros sobre sus ganancias y ayudando a otros a evadir sus obligaciones de pagar sus impuestos. No hay que pagar impuestos sobre las ganancias de la lotería, pero si sobre sus ingresos posteriores.

Qué lógica tiene meterse en una situación del cual otros quieren salir.

Estando en situación legal, no habría que empezar a manipular la situación para que Hacienda no se de cuenta de las ganancias del nuevo dinero, ni preocuparse de que investiguen de dónde salió el dinero.

Por un beneficio más, se tira toda esta tranquilidad por la ventana y se toma el riesgo de otros, una transferencia de chorizeo.

Y además, si te pillan, se arriesga uno a perder parte del premio (¡debería ser todo!).

¿Alguien entiende que los ganadores necesiten a una de las asociaciones de consumidores que les recuerde lo que deben hacer?

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