España tiene un problema crónico con la vivienda, la escasez de vivienda es algo que hemos tenido durante siglos y sólo ha estado solucionado unas pocas décadas. Además muchas veces es te problema ha sido creado desde el poder político, que con sus decisiones ha acabado provocando escasez de vivienda. Es este mismo poder político el que tiene que solucionar este problema, o al menos dejar de acrecentarlo.

La vivienda en España es un problema histórico que se repite una y otra vez

Cuando Felipe II trasladó la Corte a Madrid en 1561, la ciudad pasó de ser una villa modesta a convertirse en la capital del Imperio español. Esta decisión transformó para siempre la estructura urbana de la ciudad… y también creó uno de los primeros grandes conflictos de vivienda de la historia de España.

Para alojar a los numerosos funcionarios, nobles y criados que seguían a la Corte, la Corona impuso la "Real Cédula del Aposento", una normativa que obligaba a todos los propietarios de casas de más de una planta a ceder gratuitamente la mitad de su vivienda para hospedar a servidores reales. Esta medida, que se conoció como la realía del aposento, se consideraba una carga feudal impuesta por el privilegio de tener la Corte en la ciudad.

La respuesta popular fue ingeniosa: nacieron las “casas a la malicia”. Eran construcciones diseñadas específicamente para burlar esta obligación. Los arquitectos y propietarios se las ingeniaban para edificar viviendas que, aunque aparentaban ser de una sola planta desde la calle, en realidad escondían espacios habitables superiores o interiores ocultos, sin ventanas exteriores o accesos independientes, de forma que las autoridades no pudieran considerar que eran susceptibles de “aposento”.

Esta arquitectura defensiva se multiplicó en barrios como Lavapiés, La Latina o Malasaña, convirtiéndose en una seña de identidad madrileña. En esencia, se trataba de la primera gran “picaresca inmobiliaria” documentada: el urbanismo al servicio de la evasión fiscal y de la privacidad.

Con la industrialización del país y la migración del campo a la ciudad, en España volvií a haber problemas con la vivienda. Entre 1911 y 1939 estuvo en vigor la ley de casas baratas, que daba ayudas a que las personas de bajos ingresos pudieran acceder a una vivienda. En 1939 se sustituyó por el régimen de vivienda protegida, pero durante toda la postguerra hubo una gran escasez de vivienda en España.

En 1958 se estrenó la película El pisito, dirigida por Marco Ferreri y guionizada por Rafael Azcona sátira de la precariedad en la España de posguerra: Rodolfo (interpretado por José Luis López Vázquez) es un modesto oficinista de mediana edad que lleva años comprometido con su novia, Petrita, pero no pueden casarse porque no tienen dónde vivir. El sueldo de Rodolfo no le alcanza para alquilar un piso nuevo (ya no digamos comprarlo), y en la España de los años 50 la escasez de vivienda hacen imposible el acceso a un hogar digno. Petrita vive con sus padres que están realquilados y Rodolfo realquila una habitación a una anciana que cuando fallezca, dejará sin hogar a sus inquilinos.

La pareja acaba llegando a una solución tan desesperada como absurda: que se case con su anciana casera, Doña Martina, para heredar el piso de renta antigua tras su muerte. Rodolfo accede al plan con la esperanza de que la señora fallezca pronto. Esta situación de familias viviendo en habitaciones realquiladas, no era rara en la postguerra española donde hasta el plan de estabilización de 1959 había escasez de todo.

Un inciso, esta situación no me resulta extraña. Mis tataratías tenían un caso muy típico, “re-alquilaban” una habitación para completar los ingresos. El realquilado era un funcionario que todos los días a la vuelta del trabajo le entregaba el periódico a una de ellas.

En general a partir de 1960 la situación mejora gradualmente a base de la construcción de viviendas de protección oficial. Lo que se denominó como un país de propietarios y no de proletarios por parte del régimen de Franco. Planes de vivienda social que realojaron a familias que vivían en infraviviendas como el de Ocharcoaga en Bilbao. Todavía quedan lugares en nuestra geografía, por ejemplo el parque del cerro del Tío Pío conocido popularmente como el de las siete tetas, contiene debajo de los montículos cuya foto acompaña estas líneas los materiales de derribo de incontables casas construidas precariamente.

En Marzo 2006, la ministra de Vivienda María Antonia Trujillo presentó Kellyfinder, un portal online para jóvenes que buscaban piso. Para incentivar inscripciones se repartieron zapatillas (las “kelis”) en una campaña que costó entre 140 000 y 400 000 €, provocando carcajadas y escepticismo en la opinión pública. En esa década, las zapatillas de lona eran el mejor ejemplo de la juventud, el mejor ejemplo es que aparecen en la película María Antonieta de Sofía Coppola unas azules de la marca Converse como un pequeño guiño para destacar la juventud de la monarca enlazándolo a los tiempos de dicha película estrenada en mayo del mismo año.

Pero la juventud española se tomó las Kelly Finder como un insulto, su problema no era no tener zapatillas para buscar casa, su problema era la escasez y altos precios de vivienda respecto a los altos precios. La cuestión es que la escasez de vivienda si tal vez fue paliada por la explosión de la burbuja inmobiliaria en 2008 para aquellos que podían permitirse algo, no ha acabado.

Compartir piso a los 67 años o grúas

Según El Español, personas como Penélope, Augusto o Miguel conviven con desconocidos a los 67 años por no poder afrontar un piso propio. Como Miguel, nacido en 1970, que comparte piso en Barcelona o Penélope que lo hace a los 67. Según Fotocasa, el 20% de las personas que comparten piso en España tienen entre 45 y 75 años. Además les cuesta a los mayores de 55 encontrar compañeros de piso.

El coste de una habitación supera los 520 €/mes de media, absorbiendo el 23 % del salario bruto y llegando en ciudades como Madrid o Barcelona a >600 €. Ahora son personas mayores, no solo jóvenes, quienes sufren la falta de vivienda digna. Como sucedía en la postguerra.

La solución la hemos comentado alguna vez, en Viena o Singapur existe un modelo en el que el sector público promociona la construcción de vivienda fuertemente, de modo que es posible acceder a vivienda masivamente y los precios no son inalcanzables para rentas medias.

España aumenta de población gracias a la inmigración y los nuevos modelos de relaciones (aumento de divorcios, personas que viven solas, etc) incrementan la demanda de vivienda, no la reducen.

España necesita un programa masivo de vivienda pública similar a lo que se vió hace décadas, que permitió a familias acceder a una vivienda digna. Además ese modelo debe de ser nacional y ser acompañado por un alivio a la carga fiscal y una mejora de la tecnología de la construcción, mediante nuevas tecnologías que abaraten el proceso. Este modelo debería aunar el esfuerzo público y el privado, porque las cuentas nacionales no están para aventuras caras.

Modelos exitosos como Viena o Singapur demuestran que es posible construir a gran escala y a precios asequibles. Solo así se podrá frenar la precariedad habitacional, que una vez más golpea a la juventud y empieza a los mayores. Mientras tanto, los experimentos de castigar a propietarios sólo incrementarán los precios y reducirán la oferta.

Llevamos unas semanas oyendo hablar a los arrendatarios de locales comerciales que todavía se rigen por la Ley de arrendamientos urbanos de 1964, más conocida como la de los "alquileres de renta antigua". Los contratos que se rigen por dicha ley se renuevan automáticamente sin que el propietario del local pueda hacer nada y la inflación ha erosionado dichas rentas, que a día de hoy son ridículas.

El problema es que el 1 de enero de 2015 el chollo para los arrendatarios se acaba. Es el fin de la renta antigua, con alguna salvedad, como veremos. Y los que disfrutan de estos contratos están poniendo el grito en el cielo. Como saben que defender su causa es complicado usan la estetagia de los buenos lobbies: hacer ver que su causa es la del interés general. Y por eso dicen que el fin de estos contratos creará mucho desempleo. Veamos lo que ha pasado.

El fin de la renta antigua, pero no para todos

Lo primero, el fin de la renta antigua es únicamente para alquileres de locales comerciales, no para particulares. Y segundo, y más importante: si la persona que firmó el contrato sigue al frente del negocio, el contrato sigue en vigor hasta su jubilación o fallecimiento. Teniendo en cuenta que estos contratos se firmaron antes de 1985, lo normal es que haya pocos casos.

Entonces, ¿quién está afectado? Pues básicamente los herederos. Es decir, alguien firmó un contrato de alquiler antes de 1985 y sus herederos se están beneficiando. Y ya en 1985 se terminó que el 1 de enero de 2015 se extinguirían estos contratos. Han tenido 30 años de moratoria, ni más ni menos.

Pero, ¿cuál es la alternativa?

Es innegable que los alquileres de renta antigua eran un chollo para los negocios. Los costes del local eran irrisorios y seguramente en zonas muy boyantes los alquileres sean disparatados. Muchos negocios tendrán que cerrar. No hay más que ver zonas comerciales de las ciudades y el ritmo de aperturas y cierres de tiendas para ver algo raro en tiendas con pocos clientes y aspecto antiguo. Está claro que no soportan los mismos costes que el resto, estas tiendas o bien son propiedad del dueño del negocio o bien pagan un alquiler de renta antigua.

Imaginemos que el Gobierno decide ampliar el plazo otros diez años, ¿qué pasaría? Pues simplemente que estaríamos, de nuevo, subvencionando a estos negocios que no son viables. Y además la subvención la estarían pagando otras personas que tienen la mala suerte de tener su patrimonio atado a unas leyes muy antiguas y nada normales en una economía de mercado como la que estamos.

¿Y no han tenido tiempo los negocios para adaptarse en 30 años? Claro que sí. De hecho muchos lo han hecho. Lo más fácil era hacer una oferta de compra al propietario del local. Normalmente a nadie le gusta tener su patrimonio atado durante 30 años sin sacarle rentabilidad por un beneficio futuro, beneficio que se puede ir al traste si el Gobierno decide ampliar el plazo por presiones. De hecho conozco negocios que han realizado esta compra hace diez años, es decir, había salida a la situación.

Muchos negocios desaparecerán

Desde luego está claro que el 1 de enero de 2015 muchos negocios cerrarán. Si hubieran estado en el mercado normal hubieran cerrado hace mucho tiempo, pero han disfrutado de un extra que muchos otros no han podido. Es una pena que tengan que cerrar negocios por ser inviables pero seguramente en una zona comercial una nueva apertura pueda generar más actividad e incluso más empleo del destruido.

Los negocios que siguen con alquileres de renta antigua han tenido 30 años para planificar su devenir. Obviamente aprovecharse hasta el último momento es una buena estrategia, pero deberían tener un plan B aparte de presionar al Gobierno para que cambie la ley.

Más información | Nova Ley
Imagen | mabel flores

No le tengo una especial simpatía a Correos. Creo, y así lo he denunciado en Pymes y autónomos, que se ha dedicado durante años hacer dumping, competencia desleal, a las empresas privadas del sector de la mensajería. Y todo ello gracias al monopolio que detentaba respecto a correo ordinario. Dichas práctica no eran inocentes para nada. Buscaban potenciar negocios alternativos para que, cuando ese monopolio despareciese, poder sobrevivir. ¿Sorprendente? Para nada, aunque he de reconocer que a veces consiguen superarse.

Un Juzgado ha desahuciado a Correos de su local sito en Santillana del Mar. Dicho local, que venía ocupando desde 1964, lo ha perdido debido al impago de la renta. A última hora, intento enervar el desahucio consignando judicialmente una cantidad errónea, lo que condujo a que el juez a determinar que en el plazo de mes y medio debía dejar libre el local.

Este suceso me plantea distintas lineas de reflexión:

• Es habitual que los defensores del mantenimiento de la legislación predemocrática de la renta antigua nos saquen a pobres viejecitas como inquilinas. No dudo que las haya, pero lo que yo conozco son casos como el citado, profesionales liberales montados en el euro, prejubilados de empresas públicas, etc. Y todo ello a costa de gente de un nivel socioeconómico mucho más bajo. Pero este es un caso extremo. Una sociedad pública pagando 94,12 euros al trimestre. Tremendo tu. Pero claro, el mercado es salvaje, y estas prácticas son de lo más civilizadas.

• Me pregunto cuántos locales como este ocupa Correos a lo largo de la piel de toro. Me ha ce dudar sobre la viabilidad económica del monopolio sin este goloso aporte. Por cierto, que me gustaría saber si Hacienda no debería considerar esta contribución forzosa de ciudadanos particulares a favor del Estado de algún modo: reducción de base imponible por la cantidad no ingresada, imputación de rendimientos presuntos a Correos, etc…si, ya se que estoy delirando.

• Coincide este episodio con el debate que Remo y un servidor hemos alimentado acerca de la responsabilidad de funcionarios y cargos públicos en la gestión financiera que tienen encomendada. Ya me gustaria comprobar que va a ocurrir con los dos lumbreras que le han hecho perder esta golosina al erario público: el que tuvo el olvido de ingresar las rentas y el Abogado del Estado que no supo calcular la cantidad a consignar.

• Y hablando de sociedades públicas y Abogados del Estado me surge otra cuestión. Y es que entiendo que la Abogacía del Estado debería facturar a precio de mercado a Correos por este asesoramiento jurídico, ya que lo hace a alguien que opera desde ese local ofreciendo servicios monopolísticos como liberalizados. De no hacerlo a mi eso me suena a una subvención encubierta que pone las osas aún más difíciles a la competencia.

Vía | El Diario Montañes
En El Blog Salmón | Si eres alcalde, no hay estafa, Los cargos públicos se mofan de los contribuyentes; el sistema no funciona
En Pymes y autónomos | Yo acuso : es desleal la competencia de las empresas públicas