Cada vez los españoles tenemos menos tiempo para disfrutar de la jubilación. Ese sueño dorado que va desde el final de nuestro tiempo como trabajadores, al final de nuestros días. ¿Y por qué? porque cada vez es preciso trabajar más para tener una jubilación digna. Otro tema cuestionable del actual sistema de pensiones en España.

Y es que, a partir del 1 de enero de 2025, la edad ordinaria de jubilación en España se incrementará a 66 años y 8 meses, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 27/2011.

Un cambio que forma parte de una reforma progresiva del sistema de pensiones y que busca adaptarse a las realidades demográficas y económicas del país.

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Con una población cada vez más envejecida y una esperanza de vida que continúa aumentando, estas modificaciones son justificables por parte del Gobierno y de la Unión Europea para poder garantizar la sostenibilidad del sistema.

Evolución de la edad de jubilación

Desde 2013, España ha implementado un aumento gradual en la edad de jubilación. Hasta 2024, esta edad estaba fijada en 66 años y 6 meses para aquellos trabajadores que no alcanzaran los 38 años y 3 meses de cotización.

Sin embargo, a partir de 2025, este umbral se eleva en dos meses, pasando a 66 años y 8 meses. Eso sí, para los empleados que logren acreditar al menos 38 años y 3 meses de cotización, la edad de jubilación se mantendrá en 65 años.

Pero ojo, esta evolución no se detendrá en 2025. El proceso continuará hasta 2027, cuando la edad ordinaria de jubilación llegará a los 67 años para todos aquellos que no cumplan con el mínimo de cotización exigido.

¿Cuáles son los requisitos que necesitamos la cotización?

Para percibir el 100% de la pensión, será necesario haber cotizado un mínimo de 36 años y 6 meses. Este umbral es particularmente importante para quienes planean su retiro, ya que afecta directamente al cálculo de las pensiones. Por lo tanto, los trabajadores deben ser conscientes de la necesidad de completar este tiempo de cotización para evitar reducciones significativas en su pensión final.

La reforma también introduce cambios en la jubilación anticipada. A partir de 2025, los trabajadores podrán acogerse a la jubilación anticipada voluntaria con una edad mínima de 64 años y 8 meses, siempre que no alcancen los 38 años y 3 meses de cotización. Para aquellos que sí cumplan con este tiempo, la jubilación anticipada será posible a los 63 años.

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, los requisitos son más flexibles. Los trabajadores afectados por causas externas, como despidos o cierres de empresas, podrán jubilarse a los 62 años y 8 meses si no cumplen con los 38 años y 3 meses de cotización. Si alcanzan este periodo, la edad mínima será de 61 años.

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Ojo también que estos cambios tienen un impacto considerable en los planes de los trabajadores. Las penalizaciones aplicables a la jubilación anticipada, que reducen el importe mensual de la pensión, hacen que muchos empleados reconsideren esta opción.

Más viejos y menos nacimientos

El retraso en la edad de jubilación está directamente relacionado con el envejecimiento de la población española. Según el INE, la esperanza de vida en España se sitúa entre las más altas de Europa, superando los 83 años y, además, seguirá subiendo.

Esto significa que los ciudadanos no solo vivirán más tiempo, sino que también pasarán más años disfrutando de su pensión. Por lo que para financiar estos años adicionales, es necesario aumentar las cotizaciones y prolongar la vida laboral.

Un ajuste que busca garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones, que en la actualidad enfrenta retos significativos debido también la baja tasa de natalidad y el envejecimiento demográfico.

Pero, ¿tenemos fuerza para trabajar más años? depende del trabajador que conteste. Los hay que se sienten desmotivados ante la perspectiva de trabajar más años. Además, sectores con tareas físicamente exigentes, como la construcción o la agricultura, se plantean dudas sobre la capacidad de los empleados para mantener el rendimiento laboral hasta edades tan avanzadas.

¿Y qué está pasando en Europa?

El caso español no es aislado. En otros países europeos, la edad de jubilación también está aumentando. Por ejemplo, en Francia, el gobierno ha propuesto elevar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, mientras que en Alemania ya se proyecta una jubilación a los 67 años para 2031.

Unas medidas que reflejan una tendencia global hacia la adaptación de los sistemas de pensiones a las presiones económicas y demográficas. Comparativamente, España se encuentra en un nivel intermedio en términos de edad de jubilación, pero con uno de los sistemas más generosos en cuanto a la proporción de pensión respecto al último salario. Esto también ha generado debates sobre la necesidad de equilibrar las prestaciones para garantizar su sostenibilidad.

Adaptarse a estas nuevas realidades es clave tanto para los ciudadanos como para el sistema público, que busca garantizar su equilibrio y equidad a largo plazo.

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En España, no hay una ley que haya cambiado tanto como el sistema de pensiones. A mediados de septiembre, el Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba el cuarto acuerdo en materia de pensiones entre agentes sociales y Seguridad Social, retomando así la reforma de pensiones aprobada por el exministro José Luis Escrivá, entre 2022 y 2023. Pero pese a las continuas reformas, los esfuerzos gubernamentales resultan en vano y las cuentas del sistema de pensiones no cuadran.

El pulso actual del sistema de pensiones

En octubre de 2024 se han registrado 10,24 millones de pensiones, lo que representa una variación de 1,51% comparado con el mismo mes del año anterior (según datos oficiales). El gasto total de España en pensiones en octubre ha sido de 12.895,77 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 6,79% más con respecto a septiembre.

Las pensiones de jubilación suponen el mayor gasto, pues acumulan 9.431,9 millones de euros sobre las pensiones de viudedad (2.113,11 millones de euros), incapacidad permanente (1.145,34 millones), orfandad (171,03 millones) y las de favor familias (34,4 millones).

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Los datos del Ministerio de Inclusión señalan un aumento de la pensión media, con 1.259,55 euros en octubre. En el caso de la de jubilación, la media está en los 1.447,36 euros.

Se calcula que, de manera anual, el sistema pierde unos 55.000 millones de euros. Esa es la cantidad que el Estado se ve obligado a inyectar en el sistema, ya que con las cotizaciones no consigue cubrir todo el gasto. Son, por tanto, 55.000 millones de euros que se extraen de otras partidas presupuestarias.

No hay que olvidar que los planes de pensiones individuales se crearon en 1988 como productos destinados al ahorro y como complemento a la pensión de jubilación. No obstante, desde enero de 2025, la situación cambiará drásticamente y se volverán más líquidos. Por tanto, los ahorradores podrán rescatar el dinero acumulado y sus intereses generados cuando las aportaciones tuviesen, como mínimo una década de antigüedad.

La realidad es que actualmente en España no existen modificaciones contractuales, pues no hay como tal y contrato en el sistema de pensiones público. Es simplemente un modelo de sistema de beneficiencia financiado con impuestos.

Evolución de las reformas del sistema de pensiones

Llama la atención que en poco menos de 40 años se han estipulado muchos cambios en el sistema de pensiones, con más de 10 leyes y RDLs para modificar las condiciones del sistema, pese no haber llegado al pico demográfico.

En España, la primera reforma de gran calado se realizó en 1985, aumentándose el periodo mínimo de cotización de 10 a 15 años y el número de años empleados para el cómputo de la base reguladora de dos a ocho años previos a la jubilación. Así fue cómo paulatinamente, se mantuvo el incremento en el número de pensiones y en la cuantía de la pensión media. Entre 1980 y 1995, el gasto en pensiones contributivas pasó del 5,6% del PIB al 8,4%, reduciéndose la relación afiliados/pensionistas desde 2,7 hasta 2,1.

Así fue cómo se aprobó por el Pleno del Congreso, el 15 de febrero de 1994, una proposición para crear una Ponencia en la Comisión de Presupuestos, elaborando detalladamente un informe sobre los problemas y las reformas del Sistema de la Seguridad Social.

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Antes la Seguridad Social pagaba la Sanidad y las pensiones contributivas y no contributivas, mientras que ahora únicamente abona una parte de las contributivas. El resto se extrae de los impuestos generales.

Todo comenzó con la Ley 26/1985 de 31 de julio, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, a la que siguió la Ley 24/1997 de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social. Después llegaría la Ley 35/2002 de 12 de julio, de Medidas para el Establecimiento de un Sistema de Jubilación Gradual y Flexible y, anteriormente, el Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

La Ley 40/2007 de 4 de diciembre, de Medidas en Materia de Seguridad Social, se vio seguida por la Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social y la Ley 23/2013 de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.

Posteriormente irrumpirían el Real Decreto-ley 5/2013 de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, y el Real Decreto-ley 28/2018 de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.

La Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, introdujo cambios en la revalorización de las pensiones y en las bases de cotización. Por su parte, el Real Decreto-ley 8/2019 de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo y el Real Decreto-ley 20/2020 de 29 de mayo fijó el Ingreso Mínimo Vital y cambios en la gestión de pensiones no contributivas.

A esto se le suma la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo y la Ley 22/2021 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado. El Real Decreto-ley 2/2023 de 16 de marzo vino a demostrar medidas para la equidad, universalidad y sostenibilidad del sistema público de pensiones.

¿Y ahora qué?

Todas y cada una de las reformas del sistema de pensiones han acabado suponiendo una quiebra para el Estado. En los últimos Presupuestos Generales del Estado de 2023 acumularon 190.684 millones de euros (cuatro de cada diez euros del presupuesto público). Los datos hablan por sí solos y demuestran que el gasto mensual supone un 11,5% del PIB. Una cifra elevada, aunque inferior al 12,4% de 2020. Ahora el horizonte es una incógnita.

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Una búsqueda para googlear más común de lo que, a veces, nos gusta pensar es "cuidado de ancianos" y el gran abanico de relacionados que ofrecen las páginas de resultados.

En España, esta búsqueda se vincula más y más con el destino de muchos pueblos españoles, que han renacido (o, por lo menos, evitado una mayor despoblación) gracias al sector de los cuidados a personas mayores.

Cuidar a la tercera edad

La idea general que todo el mundo tiene quizá se circunscribe a los famosos centros para la tercera edad, pero el alcance del sector es mucho mayor: espacios de día, centros asistenciales, cuidados a domicilio y, por descontado, las residencias.

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Regiones de la conocida como España vaciada han ampliado muchísimo la oferta asistencial y han podido, a la vez, reubicar laboralmente a un gran número de trabajadores.

El diario digital El Confidencial se hacía eco del Centro de Mayores de Arcos de Jalón (Soria), que se ha visto revitalizado gracias a los cuidados asistenciales. Algo similar ocurre en Serón (Almería), Montánchez (Cáceres), Espiel (Córdoba) y muchos otros municipios españoles.

Este aumento de los cuidados orientados a personas de la tercera edad resulta básico para generar empleo y evitar seguir colapsando las grandes ciudades. Un aspecto destacado es que puede evitar que las personas mayores tengan que dejar sus regiones de origen por falta de plazas en un centro, y se vean obligada a mudarse a una localidad desconocida y ajena a lo que ha sido su vida.

Un coste de inversión alto, y privado

No obstante, el sector no está exento de dificultades: la inversión en personal cualificado y los incentivos para atraerlos hacia áreas despobladas, el coste de los servicios privados (el 75 % de las plazas de las residencias), que representa un alto porcentaje de la oferta frente a la escasa pública.

El cuidado a domicilio es una buena fuente de empleo —por ejemplo, en Cádiz— donde las ayudas a domicilio, en zonas rurales, cumplen ese doble papel de bienestar social y reducción de las cifras de paro

En España, el empleo está más orientado a mujeres de la zona, aunque, a menudo, con unos costes para los residentes difíciles de alcanzar debido al precio de servicios no subvencionados.

Atraer familias, revivir municipios

De igual modo, este modelo de negocio atrae a familias con miembros dedicados al cuidado asistencial: el "efecto llamada" no es extraño, y trae sorpresas agradables. Es posible que la revitalización empiece por el centro de la tercera edad y acabe abriendo colegios para los niños, como ha ocurrido en Pescueza (Extremadura), en Ramangordo (Cáceres), que ha reinaugurado la escuela tras veinte años sin niños, o en Tauste (Aragón).

Según comentaba el equipo de Jalón Asistencial en Arcos de Jalón al medio anteriormente citado, los principales retos y problemas se encuadran en:  adaptarse a la zona y establecer servicios de transporte y asistencia médica para viabilizar estos centros en entornos rurales, para residentes; incentivos suficientemente atractivos, para los trabajadores y trabajadoras.

Todo lo anterior va de la mano de las dificultades para atraer inversión y mano de obra cualificada, para un negocio que supone altos costes operativos, pero que ha tenido éxito varias decenas de veces por todo el país: las perspectivas son prometedoras.

Queda la pregunta: ¿esto es todo lo que podemos hacer por la España vaciada o se trata de un plan con fecha de caducidad?

De cualquier modo, repoblar los pueblos requiere de un plan integral, las residencias ponen unos cuantos granos. Y volviendo al refranero más llano y popular: el grano no hace granero, pero ayuda al compañero.

Uno de los instrumentos financieros más recurrentes, debido a su elevada liquidez, son los planes de pensiones. A partir del 1 de enero de 2025, los partícipes de los planes de pensiones individuales podrán rescatar el dinero acumulado (parcial o total), sin necesidad de jubilarse, de tener una incapacidad laboral o de vivir en una situación de gran o severa dependencia. Tampoco será una condición indispensable ser un desempleado de larga duración. Bastará con expresar la voluntad de rescate a la entidad financiera.

Cuando se contrata un plan de pensiones se piensa en la liquidez, en el capital que se puede ahorrar en la Declaración de la Renta con las aportaciones. No obstante, los planes de pensiones pagan impuestos, incluso, más que otros productos como los fondos de inversión.

Aspectos a tener en cuenta

Para optar a la máxima liquidez, todos los supuestos deberán estar incluidos en el plan de pensiones. Únicamente es posible recuperar el importe resultado de sumar las aportaciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2015 (con al menos 10 años de antigüedad) a los posibles rendimientos generados por éstas, si los hubiera.

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Resulta fundamental definir una estrategia fiscal, pues Hacienda también será beneficiaria de la operación y el capital de los planes de pensiones será considerado como un rendimiento del trabajo que también debe incluirse en la base imponible del impuesto de la renta (IRPF).

El importe a pagar será mayor o menor en función de la base imponible. Con los tipos impositivos actuales, supondrá entre un 19% y hasta un 50% de lo rescatado. El impacto fiscal será más o menos relevante si el rescate se hiciese en forma de renta o capital y si se hubiesen percibido, o no, otros ingresos adicionales.

Condiciones para rescatar un plan de pensiones sin estar jubilado

Parcial o integralmente se podrá rescatar siempre y cuando se diesen una serie de requisitos concretos.

Desempleo de larga duración

La normativa de los planes de pensiones exige que el desempleado haya agotado su prestación contributiva. De este modo, todos los subsidios o ayudas que se percibiesen tras la pensión no son contributivos y son plenamente compatibles con el rescate.

Los planes de pensiones son más líquidos de lo que se piensa, pero puede darse la circunstancia de que el rescate del plan de pensiones, que tributa como un salario, eleve las rentas del partícipe hasta hacerlo incompatible con la percepción del subsidio. En otras palabras, podría darse el caso de que el desempleo superase los límites de la renta que dan derecho a la ayuda no contributiva del Estado.

10 años desde la primera aportación

Como bien se ha comentado con anterioridad, la aprobación de la ley implica que será aplicable desde el 1 de enero de 2025. Desde el próximo año, no existirá otra excusa, más allá del tiempo que ha transcurrido desde la primera aportación, para rescatar el dinero. Tampoco existe un límite en la cantidad a rescatar.

Se permite el rescate a los 10 años de un plan de pensiones, por lo que suma una posibilidad más las seis que ya existían (cuatro contingencias y dos excepciones).

Si se recupera en forma de capital el importe acumulado procedente de aportaciones realizadas antes del 1 de enero de 2007, el partícipe tiene derecho a aplicarse una reducción del 40% sobre dichas cantidades. Así pues, si la cantidad recuperada asciende a 50.000 euros, solo incluirá en su renta el 60% de la misma, es decir, 30.000 euros.

Si se hace uso de esta medida de liquidez y se procede al rescate, se aplicarán los mismos impuestos que en el caso de un rescate por jubilación. De ahí que sea muy importante analizar previamente qué momento es el mejor para disponer del dinero para que el impacto fiscal fuese el menor posible.

Por enfermedad grave

Otra condición para hacer uso del plan de pensiones como medida de liquidez. Para ello, deberán ser acreditadas por un certificado médico. Hablamos de cualquier dolencia o lesión que provocase incapacidad temporal para la ocupación actividad habitual durante un periodo continuado de, al menos, tres meses, y que requiriese de intervención clínica de cirugía mayor o de un tratamiento específico en un centro hospitalario.

También se alude a cualquier dolencia o lesión con secuelas permanentes que limiten la actividad habitual. Se podrá optar por esta medida de liquidez, especialmente, si se precisa de la asistencia de terceras personas para labores esenciales del día a día.

Si se sufre un ERE

Los afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que pasasen a una situación de desempleo, no precisan de acreditar una edad mínima y es compatible con otras prestaciones contributivas.

Tiene la consideración de rescate anticipado por la contingencia de jubilación. Si se aplica la reducción del 4% que la ley permite para participaciones previas al 31 de diciembre de 2006, no será posible solicitar la reducción en un futuro rescate, ya que el primero se considerará un rescate anticipado del segundo.

Son varios los supuestos y condiciones para retirar dinero sin jubilarse, lo que demuestra que los planes de pensiones son más líquidos de lo que inicialmente podría pensarse.

En las últimas décadas, la proporción de la población de 65 años o más casi se ha duplicado en promedio en los países de la OCDE.

La proporción de la población de 65 años o más aumentó de menos del 9% en 1960 a más del 17% en 2017. La disminución de las tasas de fertilidad y la mayor esperanza de vida han significado que las personas mayores constituyen una proporción cada vez mayor de la población en los países de la OCDE.

Si miramos las proyecciones presentes, vemos un rápido envejecimiento de la población. En promedio, en los países de la OCDE, se prevé que la proporción de la población de 65 años o más continúe aumentando en las próximas décadas, hasta llegar al 27,1% en 2050.

Si bien un gran peso de la tercera edad sobre el total de la población es un problema para los sistemas de pensiones, también representa una oportunidad de crecimiento para las empresas que se orienen a satisfacer las necesidades de este grupo de edad.

Futuras necesidades que abrirán mercados

El mundo, poco a poco, se irá adaptado a esta tendencia y se canalizará flujos de inversión para proyectos empresariales que ofrecerían una respuesta a sus necesidades pero ¿qué productos y servicios serán demandados?

En este punto, es probable que la atención médica se convierta en una parte mayor del gasto de los hogares y del gobierno. Especialmente, las empresas que abordan las enfermedades o patologías más propias de la tercera edad, como puede ser la demencia, artritis o la osteoporosis. Las farmacéuticas que den mayor peso en sus investigaciones al desarrollo de fármacos destinados a nuestros mayores, deberían verse beneficiadas de esta tendencia de cara al futuro.

En términos de infraestructura, veríamos una expansión de los centros de salud de larga duración y residencias, donde el cuidado de los ancianos se ha convertido recientemente en una preocupación con una mayor especialización en geriatría.

La robótica y la automatización presenta ya de por sí una fuente de oportunidades al incrementar la productividad de las tareas en los procesos productivos.

A medida que la población envejece, es cada vez más probable que las empresas utilicen la tecnología para cubrir el déficit de mano de obra. Los robots son más productivos, no duermen, no se enferman, aunque pueden tener problemas técnicos.

También podemos mencionar la robótica para responder a las necesidades de la población envejecida en los cuidados de salud. Ya se han creado robots médicos microscópicos que pueden administrar analgésicos y medicamentos contra el cáncer en lugares específicos del cuerpo, o incluso limpiar las arterias obstruidas. Ya existen robots quirúrgicos que ayudan a los cirujanos cerebrales y cardíacos a realizar operaciones de manera más eficiente, o incluso de forma remota.

Los servicios financieros tradicionales están adaptándose a la digitalización de la industria que lleva experimentando en los últimos años y, el siguiente cambio que le espera es el peso que debería darle a productos financieros destinados a la tercera edad.

Si pensamos en los jubilados de los mercados desarrollados, en particular, necesitarán nuevos productos de seguros y rentas vitalicias que ofrezcan flujos de ingresos rentables y estables, así como una nueva forma de asesoramiento financiero, al entrar en la fase de "desacumulación" financiera tras una vida centrada en la acumulación financiera.

Estos días se está viendo muchos anuncios de Nintendo (aquí tenemos uno de ellos). El producto que siempre veíamos dirigido a los juegos de niños y que les quitaba de estudiar y de dormir, se ha reinventado.

Han decidido que, además de competir con las otras empresas creadoras de juegos para niños y adolescentes, quieren abrir su producto a otros que, anteriormente, sólo protestaban por la falta de atención de sus hijos y de sus nietos. Ahora los abuelos y los nietos tienen razón por compartir aparato, o discutir por ello.

Una idea genial de extensión de mercado para su producto en esta época de regalos y, además, muy útil para los ciudadanos de la tercera edad. Extender el uso de un mismo producto abriendo un segmento distinto de la sociedad, un segmento que es importante y que tiene capacidad de compra, es el sueño de los fabricantes. En este caso parece que lo están consiguiendo.

Nuestros lectores que saben de marketing nos podrán hablar con más conocimiento.

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