La sostenibilidad del sistema de pensiones en España pende de un hilo. Un problema latente que ha ido pasando de manos de un gobierno a otro, pero sin una solución eficaz. 2023 se cerró con un agujero de 103.000 millones de euros.
Esto significa que las deudas que acumula la Seguridad Social son bastante superiores a sus activos, generando un saldo negativo nunca antes visto y que hace a España entrar en quiebra interna.
Los datos, publicados por la Intervención General, contemplan únicamente la deuda acumulada y el Fondo de Reserva. De incluirse las transferencias realizadas por el Estado al sistema de pensiones en la última década, se pasaría a un saldo negativo de 345.000 millones de euros.
Transferencias acumuladas del sistema de pensiones
Desde 2014 se aprecia cómo la deuda, las transferencias por clases pasivas y las transferencias del Estado a la Seguridad Social se han ido incrementando. Hasta 2016 se mantuvieron por debajo de los 50.000 millones de euros. La cifra comenzó a incrementarse paulatinamente en los años siguientes, con una subida notoria a partir de 2018, alcanzando el gasto los más de 100.000 millones de euros.
Un paso más allá. ¿Qué ocurre si, además de la deuda acumulada y el Fondo de Reserva, incluimos las transferencias que ha realizado el Estado al sistema de pensiones en los últimos 10 años?
— Jon González (@Jongonzlz) October 17, 2024
El saldo neto del sistema pasa de los -103.000 actuales a -345.000 millones de euros https://t.co/a125NYmpnz pic.twitter.com/Ix8PfdlIpN
Hay que destacar que el Fondo de Reserva se ha ido vaciando, pasando de un saldo positivo de casi 50.000 millones de euros en 2014 a ser prácticamente inexistente desde 2019.
Las imágenes hablan por sí solas. En 2023, el cúmulo de transferencias del Estado a la Seguridad Social, transferencias por clases pasivas y deuda acumulada llegaron a superar los 350.000 millones de euros. Una cifra histórica que, de no ser intervenida, seguirá aumentando año tras año.
La situación: al detalle
Desde 2017, la UE exige a todos los estados miembro que publiquen el valor devengado de sus pasivos por pensiones, es decir, lo que el Estado debe a los pensionistas y cotizantes. Así pues, a finales de 2021, los pasivos del sistema público de pensiones equivalían a 4,72 veces el PIB nacional, es decir, 5,76 billones de euros.
El sistema público de pensiones presenta un agujero financiero de grandes dimensiones. Es 1,30 veces el PIB de 2021, unos 1,58 billones de euros, ya que el valor de los activos financieros por cotizaciones atribuibles al sistema era de 3,42 veces el PIB en 2021 (4,18 billones de euros). Los pasivos eran de 5,76 billones de euros (4,72 veces el PIB).
En los últimos cuatro ejercicios, según datos del Banco de España, la Seguridad Social ha duplicado su deuda pública y ha pasado de un pasivo de 55.000 millones en 2020 a superar los 116.000 millones de euros en 2023.
Todo ello demuestra que, desde comienzos de la pasada década, el sistema es plenamente deficitario y que se está formando una bola de deuda cada vez mayor ante las transferencias corrientes.
Así es cómo la Seguridad Social ha cerrado 2023 con un incremento de deuda de 10.000 millones de euros (un 9,4% más en la comparativa interanual). Esto es como consecuencia de los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social, logrando así financiar su desequilibrio presupuestario.
¿Y ahora qué?
A fecha de febrero de 2024, el gasto en pensiones contributivas se sitúa en el 11,5% del PIB. Si se eliminasen todas las contribuciones del Estado al sistema público de pensiones, la economía española precisaría de un crecimiento económico sostenido del 3,20% anual real acumulativo a largo plazo.
Un objetivo inalcanzable si se tiene en cuenta el crecimiento medio del PIB en los últimos años, de apenas un 1,88% real. Sin un incremento en el crecimiento económico o sin ajustes profundos en el sistema, el desequilibrio entre activos y pasivos se agravará.
De continuar esta tendencia, la deuda pública sería 2,46 veces el PIB (3,01 billones de euros). Por tanto, podría ponerse en riesgo la capacidad de endeudamiento de España en el futuro y generar una situación similar a la vivida en Grecia en 2008, cuando las pensiones máximas cayeron un 50% y las mínimas un 25%.
Para los expertos, la última reforma del gobierno no frenará el déficit contributivo de los últimos años. La solvencia está plenamente deteriorada, las proyecciones son inverosímiles y se pasan en supuestos demográficos y macroeconómicos y el resultado sería un incremento del déficit público de un 1,1% en 2050 y otro 1% adicional en 2070, elevando la deuda pública al 186% del PIB.
El sistema de Seguridad Social atraviesa una situación crítica y en pleno declive. De no controlarse, no se mejorará la equidad intergeneracional, se aumentará la carga fiscal sobre las nuevas generaciones y el agujero aumentará.
El crecimiento sostiene la deuda. El Ministerio de Economía considera que reduciendo a buen ritmo la ratio deuda/PIB máxima alcanzada durante la pandemia, gracias al crecimiento del PIB a precios corrientes, se podrá mejorar el sistema. Esta reducción es compatible con la adopción y mantenimiento de medidas de apoyo a familias y empresas.